Leímos con interés el artículo “El consentimiento informado: recomendaciones para su documentación” escrito por Celis et al.,¹ publicado en el número 6 de 2018, de Gaceta Médica de México.

En el artículo se señala acertadamente que el consentimiento informado (CI) es un acto de igualdad que va más allá de la declaración de riesgos y beneficios. Consideramos importante insistir en la diferencia fundamental entre el CI y el documento del consentimiento informado (DCI). El CI es un proceso complejo que requiere cinco elementos: capacidad de decisión, explicación de la intervención propuesta, entendimiento, voluntariedad y autorización.²,³ Primero, el paciente (o su representante) debe tener capacidad de decisión. En seguida, el médico (idealmente quien realizará la intervención o quien conozca la intervención a fondo) debe asegurarse que el paciente entienda el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, y explicar de forma entendible la naturaleza y propósito de la intervención planteada, los riesgos y beneficios, y las alternativas disponibles.⁴ Finalmente, el paciente decide sin coerción y consiente o no a la intervención. El CI es un proceso de comunicación³ y el DCI es solo una forma de plasmar la autorización del paciente.²-⁴ Que un paciente firme un DCI no implica la existencia del CI.⁴

Además, en el artículo se señala que el propósito del DCI no es proteger al médico (este uso distorsionado está bien documentado⁴,⁵), “sino proteger a los pacientes de eventuales abusos y omisiones del personal de salud”.¹ Resulta alarmante pensar en esos “abusos” al paciente, que nos hacen cuestionar la idoneidad para ser personal de salud de quienes violan deliberadamente los principios de beneficencia y no maleficencia.