Materiales

 

¿Nuevos actores, nuevas prácticas? Los casos de reordenamiento de los bipartidismos en Argentina, Colombia y Uruguay desde la década de los años ochenta

 

New actors, new practices? The cases of realignment of bipartisanship in Argentina, Colombia and Uruguay from the 1980s

 

Adrián Albala* / Esther Parra Ramírez**

 

* Candidato a doctor en Ciencia Política, IHEAL/Sorbonne Nouvelle Paris III; Universidad de Chile. Profesor honorario en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

** Candidata a Doctora en Ciencia Política, Universidad de Barcelona. Investigadora del grupo de investigación Instituciones Políticas y Opinión Pública IEP/UNAB.

 

Resumen

Durante los años ochenta y noventa se observó en América Latina un reordenamiento concomitante a toda la región de los sistemas de partidos, cuya principal consecuencia fue la deconstrucción de los bipartidismos. A través del estudio de los casos de Colombia, Argentina y Uruguay, se observa que aquello consistió más bien en un realineamiento de los patrones de representación dentro de los sistemas de partidos.

Palabras claves: bipartidismo; deconstrucción; realineamiento; clivajes; presidencialismo.

 

Abstract

In the late 1980's we observed a profound shift in the political systems of Latin America. The most visible consequences of this changes were the more or less progressive deconstruction of bipartisanship. Through the study of Colombian, Argentinean and Uruguayan cases, the present work shall demonstrate that this shift consisted in a profound realignment of the patterns of representation within party systems.

Keywords. Bipartisanship, deconstruction, realignment, cleavages, presidentialism.

 

Introducción

Las elecciones británicas del 6 de mayo de 2010 marcaron un hito en la ciencia política moderna, pues por primera vez en tiempo de paz se formó un gobierno de coalición¹ entre tories y libdems. Ese suceso constituye un evento en sí, pues pone cara abajo la supuesta supremacía del sistema británico, de corte mayoritario, y capaz de generar gobiernos fuertes y sólidos,² frente a los sistemas supuestamente más laxos e imprevisibles del continente. Sobre todo, viene poniendo en jaque la acepción tradicional sobre la dualidad de las opciones políticas (Duverger, 1951), así como los presupuestos de auto–regeneración del sistema bipartidista de estilo Westminster. A la vez, esa erosión de los dos grandes partidos británicos no es más que la prueba de la resistencia de los mismos en cuanto a una tendencia global surgida desde mediados de los años 1980 (Royed, 1996), de transformaciones políticas mediante la aparición de nuevas líneas de división o "descongelamiento de clivajes tradicionales", que los partidos tradicionales se revelaron incapaces de canalizar políticamente de forma completa.

Este artículo propone un análisis de esta misma "deconstrucción" de los bipartidismos (Fregosi, 2004), en la región latinoamericana. Enfocamos nuestro análisis sobre los bipartidismos, partiendo de una definición Sartoriana (1976) del mismo, considerando más relevantes los casos de América del Sur de no constituir allí los años 1980 una inauguración democrática (Garretón, 1997); por otro lado, la comparación es relevante entre sistemas de partidos decimonónicos (Colombia y Uruguay) y otro más reciente y caótico (Argentina).

Observamos que los procesos de realineamiento partidario (Key, 1957; Martin, 2002 y 2003) tuvieron repercusiones tanto sobre las estructuras de competencia política y las relaciones de representación. Dicho de otra manera, la aparición de uno o varios partidos dentro del sistema de competencia partidaria tuvo consecuencias sobre el mismo y a la vez sobre la organización y estructuración de los partidos tradicionales.

La "digestión" o estabilización del proceso dependió a la vez del grado de institucionalización del sistema de partido, de representatividad y legitimidad de los partidos, de las tentativas de resistencia (Luhmann, 2008) por parte de los mismos, así como del carácter sistémico de dicho proceso. De allí presentamos en conclusión que Uruguay es el único de los tres casos en haber digerido dicho proceso.

 

1. El(des)orden partidario como análisis estructural

Como todo orden sistémico, el orden político consta de procesos y evoluciones que evidencian su carácter moldeable frente a presiones internas y externas. Se preconiza, asimismo, prevalerse de todo análisis mecanicista, meramente institucionalista, a la hora de estudiar los cambios y realineamientos sistémicos y partidarios. Consideramos a la vez, la necesidad de asumir dicho fenómeno como un proceso, realimentándose constantemente en torno a motivaciones individuales o colectivas de preservación o cambio, evitando el de considerar todo re–ordenamiento partidario como fruto o expresión de una inestabilidad sistémica.

De ahí que se necesite establecer, más que una jerarquización, un entendimiento de la noción de "cambio".³ Al aplicarse, asimismo, la idea de transformación se requiere de una visión bi–temporal en torno al tiempo corto y el tiempo largo (Key, 1959; North, 2006; Nardulli, 1994). Por ende, los "eventos críticos" (Collier y Collier, 1991) o de variación (Luhmann, 2009) pueden abarcar tanto reformas políticas que pueden tener grandes consecuencias en un tiempo largo (por ejemplo, un cambio de ley electoral), como abruptos cambios (cambio de régimen). Por lo tanto, los re–ordenamientos (o realineamientos, Key, 1959, y Martin, 2002), siguen procesos cíclicos alrededor de una lógica avances–estabilización–retrocesos, más o menos brutales. Por ello nos enfocamos en analizar las transformaciones de los órdenes políticos en Argentina, Colombia y Uruguay de forma bi–dimensional, macro (sistema institucional) y meso (sistema de partidos y relaciones entre partidos). Dejamos el análisis micro (en cuanto a los aspectos de militancia) en afiligrano, tratándolo en cuanto a respaldo de los partidos de forma comparada y participación electoral.

Toda consideración del cambio, entendido como proceso, supone la existencia de una oportunidad o de diversas alternativas al orden establecido. Esto se manifiesta en cuanto a i) la estructura de representación, ii) de competencia entre actores alrededor de capacidades de movilización, y iii) referentes culturales y valóricos materializados como recursos políticos por los mismos agentes políticos (Di Tella, 1990 y 2003; Kitschelt et alii, 2010). Eso —como lo hemos visto— se genera en un contexto de resistencia por parte de agentes favorecidos por el orden establecido. Esas luchas pueden nacer tanto dentro de los partidos como entre esos partidos.⁴ A la vez, en el caso de sistemas de partidos estructurados con tendencias hegemónicas (Sartori, 1976) y/o cartelizadas (Katz y Mair, 1995), como fue el hecho en los tres países de nuestro estudio, esas luchas se hacen más difíciles fuera de los partidos establecidos. Las motivaciones e intereses en mantenerse dentro de los partidos y, asimismo, mantener el orden político recaen en la utilidad que obtienen los diferentes agentes dentro de ese campo político (Bourdieu, 1980). Ese mantenimiento del orden depende, por ende, de la conservación de los intereses y ventajas de los agentes, los cuales a la vez consideran que todo cambio llegaría a constituir un prejuicio para la sociedad. Esas mismas inestabilidades de actores y coaliciones presentan —de hecho— transformaciones constantes en cuanto a ideología, plataforma u organización (Harmel y Janda, 1994; Harmel y Taylor, 2007; Mair, 2007). Asimismo, el Frente Amplio Uruguayo tuvo que abandonar de manera paulatina su discurso e ideología marxista, en pos de un posicionamiento más social–demócrata, para poder mantenerse y seguir progresando electoralmente. Ese giro ideológico condujo a un cambio de actitud y de organización por parte de los partidos uruguayos "tradicionales", para mantener su hegemonía en la escena política uruguaya (Yaffé, 2005; Lanzaro, 2004). Por lo tanto, los re–ordenamiento se producen o materializan elecciones tras elecciones, o tras el suceso de una "elección crítica" (Key, 1959).

 

2. Los realineamientos a la luz de la teoría de los clivajes

En su obra liminar, Lipset y Rokkan (1967) establecieron que los sistemas de partidos de Europa Occidental se habían ordenado y estructurado paulatinamente en torno a cuatro clivajes mayores representando la idea de un centro frente a una periferia: i) económico (propiedad/ fuerza de trabajo), ii) religioso (laicos/ creyentes, y dentro de ese mismo sub–grupo existen distintas tendencias), iii) étnico y lingüístico, y V) de localización urbana o rural. Estos clivajes de corte socio–económico tuvieron una expresión política, pues son los mismos partidos los que alimentan o recuperan esos clivajes, y no lo contrario (Daalder, 1966).

Esto ha generado que los sistemas de partido de Europa se estructuraran rápidamente en torno a divisiones ideológicas y programáticas emanando de los mismos clivajes estructurantes (Zuckerman, 1975), pero que no condujera necesariamente a una polarización de las sociedades europeas. De hecho, donde varios clivajes se cruzaran ('cross–cutting" cleavages) se podía observar una verzuiling o "consensualización" de la competencia política (Lijphart, 1984; Taylor y Rae, 1969; Powell, 1976); al inverso, sociedades más homogéneas tienden según la teoría a organizarse alrededor de un clivaje dominante, o clivajes "amontonados" (overlapped). Por ende, el estar estructurados en torno a clivajes condujo a que los partidos constaran de una fuerte estructuración programática (Bartolini y Mair, 1990), el orden político de estas democracias europeas funcionando; asimismo, en torno a esa estructuración programática (Seiler, 2003; Defosse, 2007), ello contribuiría a la institucionalización de los partidos europeos, y su mantenimiento en el tiempo. En consecuencia, como lo subrayan Seiler (2003) y Mair (2007), los re–ordenamientos políticos habrían de considerarse acerca de esa competición, en vez de limitarse a los actores políticos presentes. Sin embargo, la borrosidad del concepto presentado por Lipset y Rokkan condujo a numerosos gato–perros (Sartori, 1994) en la literatura, empezando con la adjetivación de nociones⁵ al propio concepto (Bartolini 2005).

Asimismo, el clivaje entendido como una combinación de orientaciones en torno a intereses anclados en la estructura social, cultural o ideológica, que permiten establecer una separación clara entre diferentes grupos de pertenencia; para ser total, debe de expresarse de forma tridimensional: 1. de punto de vista estructural (estar presente en la sociedad), 2. institucional (tener una representación) y 3. actitudinal (los agentes se relacionan en torno al mismo). Como lo presenta Deegan–Krause (2007), sin esas tres dimensiones estamos en presencia de "algo menos" que un clivaje. Hecha esta aclaración conceptual, observamos cómo lo relatan Dix (1989), Bendel (1998), Roberts (2003) y Mainwaring y Torcal (2007), que esa visión ordenadora de los clivajes parece padecer de un eurocentrismo y no aplicarse realmente a la realidad latinoamericana⁶ y tal vez aun menos a los bipartidismos sudamericanos. De no constar de forma precoz de un proletariado industrial muy desarrollado ni de sindicatos con alcance muy fuerte, la región no se ha constituido en torno a la clásica disyuntiva trabajadores/patrón, lo que generó una heterogeneidad estructural de las clases trabajadoras y bajas. Los clivajes en la región padecen de raíces superficiales en cuanto a una forma de distinción estructural o sociológica. En los bipartidismos "históricos", esa lógica es todavía más relevante, pues los clivajes estructurantes de la competición política nacen con las independencias y son el fruto de divisiones inter–oligárquicas, organizadas de forma vertical en donde el electorado es relativamente indiferenciado (Roberts, 2003:60).

Asimismo, los bipartidismos uruguayo y colombiano, muy próximos del modelo norteamericano, se estructuraron de forma clientelar, en torno a la dicotomía liberal/conservadores (Fregosi, 2004) y sobre bases iniciales comunes. De ser los actores principales de los distintos conflictos armados y guerras civiles oponiéndolos entre sí, y tras largos períodos de "intolerancia", esos partidos vinieron en sus respectivos países estructurándose como partidos de "cadre" (Duverger, 1951) con una relativamente fuerte estructuración programática, en cuanto esencialmente a lo valórico (secular/cristiano, en Colombia), o políticas redistributivas (alrededor de la implementación de políticas de corte social, sobre todo en Uruguay).⁷ Eso mismo condujo al apaciguamiento político y la conformación de la poliarquía en esos dos países. Ahora bien, a pesar de contar (sobre todo en el caso uruguayo) de una capacidad de movilización partidaria que los asemejara a partidos de masa, las numerosas facciones internas (lemas en Uruguay, roscas en Colombia⁸), que componen esos partidos, condujeron a que se consideraran ésos como "partidos de coalición" (Lanzaro, 1993), descripción muy cercana al concepto de partido atrapalotodo ("catch all party", Kirshheimer, 1966; Wolinetz, 2002).

Esa característica genera que la competencia política sea más fuerte de forma intra partidaria que inter partidaria (Sartori, 1996; Albala, 2010); y se encuentra organizada y establecida sobre bases esencialmente clientelares y localistas.⁹ A la vez, esa fraccionalización interna conduce a que el sistema no sea tan polarizado, debido a que los mismos partidos abarcan posiciones internas tan diversas y no dependen de un electorado "cautivo". Los fundamentos de las relaciones principal–agente entre electorado y partidos se encuentran, entonces, en los casos colombiano y uruguayo de antes del "realineamiento",¹⁰ rediseñados. De hecho, la estructuración del mismo orden político evolucionó a partir de la década de los años cincuenta en Colombia, en donde mediante acuerdos semiformales y legales los partidos se comprometían con alternarse a cada elección los puestos de poder;¹¹ y los años sesenta, en Uruguay, donde tras la crisis del modelo socio–económico de substitución de importaciones, los partidos empezaron a alternarse en el poder.¹² Paulatinamente, los partidos al profesionalizarse (Fiorina, 1997) vinieron colonizando cada vez más el aparato de Estado, dependiendo cada vez más de éste, lo que constituye una cartelización del sistema por los partidos (Katz y Mair, 1995; Wolinetz, 2002). Esta evolución se caracterizó por una fuerte vertiente excluyente a cualquier otro actor, cortando todo grado de representación programática (Kitschelt et alii, 2010). Eso condujo de a poco hacia una indiferenciación no sólo programática e ideológica de esos partidos, sino que en cuanto a la visibilidad e identidad o "marca" propia de los mismos. Esta lógica auto–reproducente vino a ser contestada de forma más precoz en Uruguay, con la aparición de una coalición de partido de corte programática (marxista), y subversiva (Bourdieu, 1980)¹³ en cuanto a denuncia del orden partidario.¹⁴ La elección de 1971 en Uruguay constituye el "evento crítico" de reo–ordenamiento partidario. La aparición del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda parecido al modelo de la Unidad Popular Chilena aunque más moderado, condujo a una reconsideración del bipartidismo uruguayo, y los patrones de representación política en Uruguay. En el caso colombiano, el re–ordenamiento es mucho más paulatino y se habrá de esperar hasta finales de los años ochenta y durante la década del noventa cuando por efectos constitucionales y de crisis política se da la inflexión del orden político.

El caso de Argentina es algo distinto a los dos presentados previamente. Antes que todo, el formato bipartidista es mucho más reciente. Ambos no participaron ni en la independencia del país ni fueron la expresión política (o artífices) de episodios de violencia.¹⁵ La Unión Cívica Radical (UCR) se creó a finales del siglo XIX, con una lógica organizativa y la meta de acabar con el orden político vigente, "propiedad" de la oligarquía del país. Con una visión en contra del orden oligárquico establecido, es un partido que siempre tuvo fuerte respaldo por parte de los sectores intelectuales y clases medias que aspiraban a participar en la vida política del país. Por ello, la UCR fue el principal catalizador a la inclusión de esos sectores que vendría a ser efectiva recién en 1912,¹⁶ hasta su llegada al poder con Hipólito Yrigoyen en 1916, quien constituye la máxima figura del partido. Aunque constara de un respaldo electoral relativamente asegurado, la UCR nunca llegó a ser un partido de masas o de "militantes" ni organizado en torno a una ideología muy propia y definida (Malamud, 1997; Escudero, 2001). La identidad de dicha tienda política se caracteriza por un liberalismo político con una tendencia al "progresismo" social, en cuanto a la defensa de los intereses de las clases medias en un país de clase media (Mora, 1991). Eso mismo genera relaciones conflictivas con la oligarquía tradicional, y de hecho ésta no sólo reprimió severamente el movimiento radical a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que también entre 1930 y 1966 depuso a tres gobiernos dirigidos por radicales.

El otro gran partido argentino, el Partido Justicialista (o peronista), surge en 1946 de una coalición de movimientos: el Partido Laboral, una parte disidente de la UCR y una parte del socialismo. Desde sus orígenes se caracterizó por sus fuertes lazos con la poderosa Confederación General de los Trabajadores, imponiéndose como el prototipo del partido populista. Sin embargo, el grado muy débil de institucionalización del mismo, debido al aspecto instrumental de ese partido con el objetivo de favorecer el acceso al poder de Juan D. Perón (Levitsky, 2002), le permitió tener mayor grado de flexibilidad (Panebianco, 1988), aunque al igual que la UCR y debido a su naturaleza propia, no consta de una ideología particularmente estructurada.¹⁷ Apareció compitiendo sobre las bases de la UCR, aunque su "blanco político" más cautivo eran las masas más desfavorecidas. Precisemos que desde el primer mandato de Perón y hasta 1983 nunca la UCR consiguió ganar una elección frente al PJ, mientras éste estuviera autorizado (Ollier 2001). El PJ consigue una institucionalización paulatina, en la oposición y la clandestinidad, gracias también a la ausencia del fundador, tras el exilio de Perón (1955–1973).

La competencia partidaria en Argentina hasta el año 1976 no recae de forma muy evidente sobre bases programáticas ni ideológicas de la misma manera que los otros dos bipartidismos. No obstante, el orden político argentino se revela mucho más precario e inestable, y por tanto menos institucionalizado que los demás (Lorenc Valcarce, 1998), puntuado por cuatro golpes de Estado entre 1955 y 1976.

No obstante esta inestabilidad estructural, los dos partidos mantuvieron su base electoral y su legitimidad, lo comprueba el mantenimiento de las etiquetas partidarias tras cada golpe y aún más tras la "última" vuelta a la democracia en 1983. Eso sí, como lo muestra Levitsky (2002), el PJ ha mostrado una mayor flexibilidad en su orientación organizativa, abandonando progresivamente, a fines de los ochenta, su relación exclusiva con la CGT, por una postura netamente clientelar.

En conclusión a esta parte, podemos avanzar varias pistas. Primero que al inverso de lo que afirma Coppedge (1998), los sistemas latinoamericanos no son tan propicios al cambio. De no estar estructurados alrededor de la dimensión programática o ideológica, no hace que los sistemas partidarios sean menos estables; eso sí, más flexibles. Los ordenamientos en torno a estructuras clientelares se revelan, asimismo, muy estables y, también, institucionalizados. Tercero, lo observado en esos bipartidismos, parece, hasta cierto punto, confirmar el argumento de Downs (1957) sobre la dimensión no programática de la competición en los bipartidismos en sistemas partidarios; y el argumento de Sani y Sartori (1980) en cuanto a que el número efectivo (o relevante) de partidos no tiene incidencia sobre el grado de polarización de un sistema político. Vimos, por ejemplo, que los bipartidismos uruguayo y colombiano solían ser —a su inicio— particularmente polarizados desde arriba, sin que aquello sea la prueba, por tanto, de fuertes clivajes políticos dentro de la sociedad.

Ahora bien, siguiendo a Harmel y Taylor (2007), la conservación partidaria se debe a cuatro factores "cristalizadores" que vendrían a ser: a) la "juventud" democrática; b) un grado importante de volatilidad partidaria debido a "b"; c) el ordenamiento del sistema de forma presidencial, y las atribuciones al mismo presidente entendido como ausencia de verdaderos "checks and balances", y d) un grado importante de informalidad en la práctica política.

Observamos que la parte "c" y en cierta medida la "d", ninguna de esas dimensiones se aplica realmente en los tres casos. Podemos resaltar, de hecho, como primera conclusión, que las estructuras clientelares se revelan mucho más ordenadas de lo que pretende la teoría y generadoras de partidos y sistemas de partidos bastante institucionalizados. Consideramos también que el grado de violencia ya sea por parte, o en contra, de los partidos tiene incidencia en cuanto a la cristalización de las fuerzas en presencia (Di Tella, 1990), sobre todo cuando son el fruto de divisiones de elites (Roberts, 2003).

Sin embargo, ese tipo de relacionamiento partidario padece de cambios constantes y presiones re–ordenadoras¹⁸ (Kitschelt et al., 2010). Por lo que respecta a los bipartidismos, observamos así que el re–alineamiento se opera en cuanto a una transformación, mediante previa condena de las posturas y estructuraciones clientelares, aunque no desemboca necesariamente hacia una reestructuración de corte programática. Como lo subraya Martin (2001:785), "los realineamientos electorales son principalmente el resultado de un desfase creciente entre el funcionamiento ordinario del sistema político y las aspiraciones de la población". Asimismo, se opera a través del mantenimiento de ciertas lógicas organizativas y con la aparición de actores nuevos. En la segunda parte veremos cuáles son las lógicas que operan y qué factores incidieron al re–ordenamiento de los bipartidismos sudamericanos.

 

3. El reordenamiento político como redefinición de los bipartidismos sudamericanos

Consideraremos el reordenamiento de la competencia en los bipartidismos argentino, uruguayo y colombiano en torno a cuatro elementos causales: i) el monopolio estatal de la fuerza; ii) dimensiones institucionales, iii) elementos socio–económicos, y iv) v) aspectos más relativos a la video–democracia y casos de corrupción.

3.1 Transferencia del poder coercitivo y del monopolio de la fuerza

El contexto en el que se desenvuelve el re–ordenamiento político tiene que ver con una transferencia del monopolio de la fuerza.

En Argentina y Uruguay, la década de los ochenta estuvo marcada por un proceso de transición democrática aunque se realizara de forma distinta (Albala, 2009). Asimismo, el colapso y la deslegitimización total de los militares argentinos tras la derrota de la Guerra de las Malvinas, hizo que el proceso no se hiciera mediante largas negociaciones. Los actores centrales en ese proceso volvieron a ser los partidos políticos, los cuales regresaron a sus esquemas tradicionales, marcados por una propensión a un diálogo muy débil (Ollier, 2001). El propio deterioro del prestigio y de la influencia de los militares condujo a numerosos juicios a pocos meses del retorno de la democracia. Sin embargo, las leyes de Punto Final (1986), Obedencia Debida (1987), así como los indultos realizados por Menem (1991–1995), marcan un paso atrás en esa lógica. A la vez, esa decisión no supuso grandes luchas a nivel de las élites políticas, donde aparte de la izquierda y una franja minoritaria de la UCR, esas leyes se aprobaron bajo consenso global entre los dos grandes partidos, aunque según ciertos autores ésa fuera la "gota que rebasó el vaso y aceleró la escisión del futuro FREPASO (Ollier, 2001), pero sí dentro de la sociedad civil".

En Uruguay, los militares, pese a haber perdido el plebiscito sobre el cambio constitucional, y tras la colocación de un gobierno civil, siguieron presentes en el poder. Eso mismo hace que la transición uruguaya fuera de tipo "pactada" en el llamado "Pacto del Club Naval", en cuanto que supuso una negociación semi–abierta,¹⁹ y desembocaron a una recuperación de la democracia en el país, sobre las mismas bases de 1973, con un Frente Amplio manteniendo sus resultados. La Ley de Caducidad de 1986 va a venir marcando un punto "crítico" y desatador. Esa ley, a los pocos meses de recobrar la democracia, suponía una amnistía hacia los militares, y desembocó en fuertes oposiciones a nivel político entre la izquierda (Frente Amplio) y los partidos tradicionales, menos un franja minoritaria del Partido Nacional.²⁰ Ese quiebre se materializa también en la sociedad de forma muy intensa, de tal modo que se obtiene el número de firmas suficiente para que la ley fuera sometida a consulta popular, para abril de 1989. En ese contexto, el Frente Amplio (FA) desempeñó un papel muy importante, siendo el elenco del "voto verde" (en contra de la amnistía). El resultado es una victoria de los partidos tradicionales (a favor del mantenimiento de la Ley de Caducidad), por un margen de 14 puntos (57% contra 43%). Si ese plebiscito no supone una gran puja del Frente Amplio a nivel nacional,²¹ se produce un hito, ya que el FA conquista la primera intendencia del país: la de Montevideo.

El factor de transferencia del monopolio de la fuerza se aplica en Colombia de manera distinta a los anteriores. La violencia bipartidista de los años cincuenta se atenuaría a través del apoyo a un gobierno militar (1953–1957) que difiere significativamente de las experiencias del Cono Sur, toda vez que son facciones de los partidos tradicionales las que apoyan dicho gobierno con el fin de hacer una pausa en el camino hacia el reacomodamiento a través de la consolidación de un pacto bipartidista (Frente Nacional 1958–1974) que les posibilitase seguir manteniendo el control sobre el régimen político. Una vez superado el gobierno militar y logrado el pacto de paz entre las dos colectividades, la experiencia frente nacionalista vería surgir en los años sesenta y setenta distintas fuerzas políticas excluidas por la mecánica del sistema de paridad (movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, partidos de izquierda, movimientos indígenas y grupos guerrilleros), es decir, mientras la sociedad colombiana se abría permeada por los cambios en el contexto internacional, el régimen político bajo el mando de los dos partidos tradicionales se cerraba (persistencia del Estado de sitio). Fuerzas no convencionales empezarían desde entonces a desafiar a los distintos gobiernos liberales y conservadores que se sucedieron, actuando especialmente allí donde el Estado no tenía presencia o donde ésta era mínima.

El conflicto armado que se complejizó aún más en los años ochenta con la inclusión de nuevos actores provenientes del narcotráfico y de grupos paramilitares, no constituía por sí mismo una línea divisoria entre las dos colectividades que se alternaban en el poder, ya que tanto una como otra aplicaron fuerza y consenso en el tratamiento del problema. No obstante, si bien la fragmentación partidista aumentó paulatinamente desde 1958,²² la coyuntura que aceleró dicho proceso de deconstrucción del bipartidismo estuvo a finales de los años ochenta, pues en la contienda electoral y en respuesta al asesinato de tres candidatos presidenciales y la guerra desatada por el sicariato al servicio de los grupos de narcotraficantes, movilizó diversos grupos sociales para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que cambiase la Constitución y constituyese un pacto político que a diferencia del pasado no fuese el fruto del simple acuerdo bipartidista. De esta manera, la criminalización de la política debilitó a los partidos tradicionales,²³ creando incentivos para nuevas alternativas que se harían visibles en el pacto incluyente de la nueva constitución²⁴ que llevaría a la escena política actores sociales (indígenas y negritudes) y políticos (ex–guerrilleros) con la apertura del sistema de partidos de un modelo con predominio bipartidista a un multipartidismo extremo.²⁵

Observamos, asimismo, un doble proceso articulador. La desmonopolización de la violencia por parte del Estado. En los casos argentino y uruguayo se expresa en un apaciguamiento de las relaciones con las fuerzas armadas (mediante clausulas de amnistía). En el caso colombiano observamos una atomización del recurso de la fuerza. Si los fenómenos de guerrillas no son nuevos allí, su intensidad inédita y la aparición de nuevos actores (narcotraficantes, paramilitares) vinieron a desposeer al Estado de una de sus prerrogativas: el mantenimiento del orden.

3.2 Dimensión de los cambios institucionales

Hasta qué punto el marco institucional y las reformas constitucionales pudieron haber incidido en el reordenamiento partidario en Argentina, Colombia y Uruguay?

Para el caso colombiano, los cambios constitucionales contribuirían a acelerar el proceso hacia la transformación del sistema bipartidista en dirección a un multipartidismo atomizado. A través de la introducción del tarjetón electoral, el sistema de representación proporcional de elección y las innovaciones de la Constitución de 1991 favorecerían el surgimiento de partidos pequeños y obligaría a los dos partidos tradicionales, especialmente al Liberal, a readaptarse.²⁶

A su vez, la incorporación del mecanismo de las candidaturas independientes, en donde los políticos pueden ganar las elecciones por medio del uso intensivo de los medios de comunicación y de asesores de campaña sin que sea necesario el aval partidista —recolección de firmas entre los ciudadanos para la inscripción de las candidaturas presidenciales— (Zovatto y Orozco, 2008:183), ha tenido incidencia directa en el caso colombiano. La deslegitimación del sistema de partidos, unido a que "en los sistemas presidencialistas los incentivos para desarrollar organizaciones partidistas y para construir lazos perdurables entre partidos y votantes pueden ser más débiles" (idem: 155), ha motivado esta nueva forma de participación que viene siendo recurrente y está siendo utilizada por las disidencias de los partidos tradicionales con bastante éxito, como en el caso del ex–presidente Álvaro Uribe Vélez, quien utilizó esta figura en sus candidaturas presidenciales de 2002 y 2006.²⁷

En los casos argentino y uruguayo, las reformas fueron más bien de corte conservador con vista a "preservar" los partidos y/o los actores en presencia. En el caso argentino, la reforma constitucional de 1994, cuyo objetivo inicial fue búsqueda de la reelección de Menem, tendría un efecto directo sobre los poderes presidenciales al acentuarlos²⁸ y en cuanto al régimen de partidos políticos las reformas terminaron consolidando un sistema altamente fragmentado a nivel intra–partidario, desnacionalizado y con una gran descentralización partidaria. El "pacto de Olivos", que constituye de hecho el primer hito en la historia argentina de consenso entre los dos partidos tradicionales, no generó como en Colombia una "incontinencia partidaria", sino que condujo a una percepción de indiferenciación entre Radicales y Peronistas. De hecho, aquel primer acto consensuado supuso un cambio de patrón de la competencia partidaria argentina, tradicionalmente conflictivo. Eso mismo va a potencializar al FREPASO como principal opositor a Menem, al denunciar el acuerdo. Esto se va a materializar en las mismas elecciones presidenciales de 1994, en donde, pese a la reelección de Menem, el FREPASO consigue abaratarle el segundo puesto a la UCR de más de diez puntos (28.4% contra 16.2% para la UCR). Este evento obligó a la UCR a cambiar de estrategia organizacional y de oposición al menemismo (Navarro, 2001), abriendo la posibilidad, manifiesta con las elecciones legislativas de 1997, a una alianza electoral con el FREPASO (Ollier, 2001).

En tanto, en Uruguay la reforma electoral de 1997 se inscribe en un contexto más profundo y precoz de debilitamiento de los partidos tradicionales, y se vino acelerando a principios de los noventa. Tras el empate electoral de 1994, donde los tres partidos recogieron alrededor de un tercio de los votos,²⁹ y frente a las progresiones constante del FA (véase la tabla 1), los partidos tradicionales viendo la posibilidad de un triunfo frenteamplista con la vigente ley electoral,³⁰ y con el argumento de dotar al presidente electo de una legitimidad "mayoritaria", decidieron implementar una reforma electoral, incorporando el recurso al ballotage.³¹ Esa reforma, respondiendo a una lógica del dos contra uno (Caplow, 1956) o "coalición negativa", condujo a una polarización creciente de la competencia política, de forma bipolar en torno a dos bloques, Partidos Tradicionales/Frente Amplio. Esa polarización se consolida desde las siguientes elecciones en 1999,³² es decir, el año 2004, constituyendo el cierre del ciclo con la vuelta a una configuración casi bipartidista,³³ el PC siendo la principal víctima de este reordenamiento electoral.

3.3 Dimensión socio–económica

Las crisis económicas experimentadas en los años 1990–2000 parecieron tener una incidencia directa, por sí mismas, en la generación de crisis políticas que afectasen directamente la dinámica bipartidista y que implicase un reordenamiento programático al interior de las dos fuerzas tradicionales.

En el caso argentino, la década de los noventa fue de bonanza económica, pero a partir del año 2001 se hizo sentir una grave crisis económica afectando a la coalición electoral establecida en 1999, conocida como el FREPASO, de la que hacían parte disidencias de los dos partidos tradicionales, el Frente Grande y otros grupos minoritarios. En medio del desprestigio generalizado —tanto para radicales como para justicialistas—, las escisiones se hicieron presentes reconfigurando el carácter personalista del sistema de partidos sin una clara identificación ideológica; la recuperación económica luego del 2003 le permitiría a una facción del peronismo —actuando en alianza— cierta estabilidad en el poder desde entonces. Por tanto, el realineamiento político se operó de forma previa. El giro hacia las reformas económicas de inspiración neoliberal generó una limitación de los recursos disponibles por el Estado para alimentar y mantener las redes clientelísticas que solía contener, especialmente con el sindicalismo (Levitsky, 2003). Eso mismo condujo a un debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación y movilización, esencialmente del PJ. Ese partido experimentó vaivenes entre patrones de representación neoligarquizados (Roberts, 2003) y una vuelta a los fundamentos de tipo populista, más recientemente (Levitsky y Murillo, 2008).

En medio de un ambiente externo desfavorable para América Latina, Colombia, por su parte, experimentó una crisis económica en 1998–1999, considerada la más grave para el sector financiero en toda la historia del país. Aquello tuvo —sin embargo— un costo muy bajo para la legitimidad del sistema de partido si se analiza, por un lado, la dinámica que desde principios de los noventa venía dándose en términos de dispersión partidista que no estaba determinada por la situación económica del país, la cual tradicionalmente ha sido estable. A su vez, en términos relativos, el costo de la crisis para Colombia fue bajo³⁴ (inferior al 4% del PIB), en tanto que la evidencia internacional indica que el costo las crisis osciló entre 7.3%–9.7% del PIB.

En la misma década pero con resultados diferentes³⁵ al caso argentino, en Colombia un gobierno liberal se encargaría de llevar a cabo amplias reformas de corte neoliberal (1990–1994), y aunque se dieron importantes manifestaciones de rechazo por parte de diversos grupos sociales afectados por las medidas, no significó un debilitamiento de los mecanismos de representación y movilización por parte de dicha fuerza política.

En Uruguay, en cambio, los partidos fueron bastante reacios a la hora de implementar profundas reformas económicas de corte neoliberal. Como dirían Cavarozzi y Casullo (2003: 16), "nunca dejaron de ser liberales en el sentido en que ningún partido o coalición acumuló grado de legitimidad y fuerza necesaria para impulsarlas".³⁶

 

4. Persistencia partidaria

Como ya se ha dicho, los sistemas políticos en América Latina no son tan propicios, per se, al cambio. Los partidos "tradicionales" tienden en un primer tiempo a producir mecanismos de producción y reproducción de dominación social y política, con afán de conservación de las redes clientelares y los recursos etáticos de los que se encontraron cada vez más dependientes. Aquellos mecanismos fueron operacionalizados mediante acuerdos informales (Colombia) y/o reformas institucionales (Argentina y Uruguay); parecen confirmar la tesis de Michels (1911) sobre el carácter oligárquico de los partidos políticos, y de Katz y Mair (1995) sobre la colonización del Estado por los partidos cartelizados. Los partidos generaban una simbólica de conservación motivada y confundida con el mismo bien de la nación.

Por tanto, los realineamientos ya sean de origen endógenos o exógenos al sistema de partido, condujeron a una re–organización de los mismos partidos, cuando no una cuasi desaparición de los mismos.

En el caso argentino, el estallido de la crisis del 2001 acabó con el proceso de realineamiento a mitad de camino. Desapareció el FREPASO, confirmando su escasa institucionalidad, sus miembros "vuelven" casi todos al  Peronismo y satélites.³⁷ El PJ se visibiliza como alianza legislativa y de gobierno (intrapartidaria) como PJ–FPV, pero evidencia al mismo tiempo sus divisiones internas y su carácter heterogéneo³⁸ (Levitsky y Murillo, 2008). La UCR, luego de experimentar una "travesía del desierto" tras la renuncia del ex–presidente Fernando de la Rúa a finales del año 2001, ha sido incapaz de reorganizarse como partido nacional al no superar las divisiones internas que le caracterizan, tuvo que lidiar con numerosas defecciones internas por parte de personal político esencialmente porteño deseoso de emanciparse de la imagen negativa lastrada por la "marca" radical.³⁹ Sin embargo, la experiencia de la Alianza parece haber echado las bases a una nueva lógica organizativa, inusual para el partido más que centenario: el recurso a alianzas electorales (Ollier 2001). De la misma manera, desde el 2005 y en particular desde 2007, se observa una generalización de los acuerdos entre el Pan Radicalismo⁴⁰ y el socialismo.⁴¹

Para el caso colombiano y siguiendo la tradición, algunos de los nuevos grupos que compiten con los dos tradicionales no son tan ajenos a él;⁴² para la Legislatura 2010–2014, dos de los principales partidos políticos, entre ellos el del Presidente juan Manuel Santos, devienen del Partido Liberal. Las terceras fuerzas totalmente ajenas al bipartidismo tendrán para este periodo una representación del 24% en el Senado y 12% en la Cámara.⁴³ Partiendo de que se inicia un gobierno de "Unidad Nacional", del que hacen parte los dos partidos tradicionales como gregarios, el Polo Democrático Alternativo y el Partido verde serán las únicas fuerzas que harán oposición al nuevo gobierno y su representación sólo alcanza el 13% en el Senado y 4% en la Cámara. Se observa, a su vez, que en el caso de este país, las terceras fuerzas con origen en alguno de los dos partidos tradicionales han estado motivadas por un factor que empieza a mostrarse recurrente en estos últimos años en países como Argentina y Colombia; tiene que ver con la "presidencialización de las elecciones" derivado de la consolidación de liderazgos desde el Ejecutivo.⁴⁴ En los dos últimos periodos de gobierno presidencial tanto el kirchnerismo como el uribismo han dejado su huella en los regímenes políticos de estos dos países; en este último caso, el Presidente entre los años 2002 y 2010 aglutinó en torno a su figura a varios partidos de corte personalista que constituyeron la base de la alianza que lo mantuvo en el poder durante este periodo.

Es a partir del fenómeno anterior que puede entenderse en parte el descongelamiento del bipartidismo, por ejemplo, para el caso colombiano, si bien la dispersión empezó a generarse desde 1978 y el faccionalismo ha sido un elemento característico de las dos colectividades tradicionales. A partir del año 2002 ya no puede hablarse de sistema bipartidista debido al triunfo de los "transicionales" y "nuevos" con relación a los "tradicionales"; los primeros corresponden a liderazgos formados en los partidos tradicionales pero que decidieron independizarse y serían los mayores ganadores con el deshielo; en tanto, los segundos corresponden a los grupos cristianos, los verdes y la izquierda que han logrado ganar en alcaldías importantes y una representación en el Congreso que en conjunto no sobrepasa el 15% en las dos últimas legislaturas; los tradicionales, por su parte, perdieron la Presidencia desde entonces y en la Legislatura 2010–2014 su representación alcanza el 38% en el Senado y el 43% en la Cámara, recuperando levemente la tendencia decreciente que traían desde 1998. Esta situación evidenciaría cierta persistencia partidaria en medio del descongelamiento gracias a las estrategias de reordenamiento de los partidos tradicionales.

Finalmente, el caso uruguayo, único caso en el que el realineamiento se haya producido y operado desde dentro del sistema de partidos, parece haber cumplido con el ciclo de realineamiento partidario. La competencia electoral quedó estructurada y "estabilizada" en torno a clivajes estructurantes de tipo europeo, de derecha/izquierda, con una fuerte representatividad de las divisiones societales en la arena política. La institucionalización precoz de la fuerza desafiante (el FA), sobre bases de corte programática e ideológica (Lanzaro, 2007; Albala, 2010), así como su irresistible progresión electoral, orientaron el realineamiento del sistema de partido en torno a sus propias lógicas internas, conduciendo los partidos tradicionales a rutinizar unas políticas de alianza electoral a nivel nacional y últimamente a nivel local.⁴⁵ Cabe destacar que las variables institucionales en cuanto a la naturaleza de los partidos uruguayos y la reforma constitucional de 1996, desempeñaron un rol central.

Por otra parte, desde el índice de confianza en los partidos políticos (Tabla 2), podría verse el impacto que el factor "imagen" en estos tres casos.⁴⁶ Para el caso argentino y colombiano, la confianza en promedio se mantiene por debajo de la media latinoamericana, contrario a lo que sucede con Uruguay.

 

Conclusiones

Los bipartidismos uruguayo, colombiano y argentino experimentaron transformaciones y de–construcciones similares en el tiempo, pero no en cuanto a la forma y la reorganización partidaria. Si el caso uruguayo constituye un caso aparte en donde se experimentó un re–ordenamiento de corte bipolar, ese re–ordenamiento está fundado sobre una línea de división de corte programática e ideológica cercana a los estándares europeos (Kitschelt et alii, 2010). Este proceso fue llevado a cabo de forma endógena al sistema de partido, en donde fueron los mismos actores políticos los que desataron el realineamiento, lo condujeron y por ende lo clausuraron.

En los casos argentino y colombiano se dio el momento en el que los dos partidos tradicionales dejaron de competir como opciones excluyentes para generar un espacio compartido de competencia (en Argentina luego del golpe del año 1973, en Colombia a partir del Frente Nacional en 1958); desde entonces se fue dando de forma gradual el realineamiento a partir de dos formas: escisiones en cada una de las colectividades y/o establecimiento de alianzas de carácter intrapartidario, interpartidario o una combinación de las dos anteriores (experiencia FREPASO en Argentina; "Gran Alianza para el Cambio", y "Coalición Uribista" en el caso colombiano), más de carácter electoral y legislativo que de gobierno.

Los casos colombiano y argentino experimentaron un re–ordenamiento que aun no acaba de arrancar, por su origen exógeno, operado sobre bases más personalistas teniendo en cuenta que la línea divisoria entre las dos colectividades tiende a ser bastante difusa. La crisis del sistema de partidos en Colombia parece producirse por una combinación de efectos institucionales (poderes legislativos del Presidente, reforma política 2003) y desde el año 2002 permeado por el manejo del conflicto armado interno. Los dos partidos tradicionales empezaron a despolitizarse desde los años sesenta cuando cambia el sistema de reproducción desde entonces sobre bases clientelares, para mantenerse en los años ochenta y noventa bajo esta lógica, pero reacomodándose a los nuevos diseños institucionales sin perder el predominio bipartidista por lo menos hasta el periodo 1998–2002. A partir de entonces variará el sistema de partidos con la presencia de actores transicionales, que si bien se muestran como nuevos, dejan ver en sus orígenes el carácter de "preservación" de los partidos tradicionales que se resisten a desaparecer.

En el caso argentino observamos en un primer tiempo (bajo la presidencia de Menem) una re–estructuración de la contienda política sobre bases claramente programáticas; la experiencia efímera de la Alianza y desaparición del FREPASO, principal motor y catalizador del realineamiento condujo a un estallido partidario, cuya principal víctima fue la UCR (Cavarozzi, 2004), pero también dentro de los partidos. La fulgurante adaptación del PJ (Moreira, 2005) debida a la heterogeneidad de sus miembros y su plataforma clientelar

Uno de los aspectos fundamentales es el estudio de la (des)estructuración de clivajes y el (des)congelamiento de los mismos. Si bien en los tres países las lógicas solían ser bipartidistas sobre una base conservadores/liberales, esa lógica estalló rápidamente ya en los 1950's–1960's en la Argentina y Uruguay. Los partidos ordenaban la clase política en torno a clivajes que no eran muy marcados (centro urbano/periferia rural, etcétera…). Esas estructuras de partidos más (Uruguay y Colombia) o menos institucionalizados (Argentina) condujo a una practica de clientelismo y "red" clientelar muy arraigada.

Desde las dinámicas de estructuración de los mismos partidos, vemos que unos cuantos tienden a reproducir lo de siempre (el PJ argentino y un "clivaje" peronista/anti–peronista), los otros tienden a ordenarse en eje de competición política más visible: Estado/mercado (Uruguay); e intransigencia/política de paz en Colombia.

 

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Notas

¹ Hubo gobiernos de "coalición nacional" en el pasado, pero abarcando a los dos partidos tradicionales de forma de Unión Nacional, y eso en momentos extraordinarios como durante las dos guerras mundiales (1915–1918 y 1940–1945) y a los pocos meses que siguieron a la gran depresión de 1929.

² Strøm (1990) ya había mostrado previamente la existencia de gobiernos minoritarios en ese país reputado por privilegiar la "gobernabilidad" por sobre la representatividad.

³ Norbert Elias (1991) solía hablar de la plasticidad (entendida como "moldeabilidad") del orden político debido a la tendencia "natural" del hombre hacia el cambio.

⁴ El caso argentino con un doble realineamiento ideológico dentro del PJ es típico de esas conjeturas. De tal modo que no se pueda considerar a los partidos como actores unificados, aun menos los partidos de corte atrapalotodo o con estructuras clientelares muy fuertes, como es el caso en Argentina. Véase Levistsky (2003), Malamud (2003) y por una visión más general, Norris (2004).

⁵ Se suele hablar de "clivaje político" o "clivaje social", por ejemplo. Pero tal como lo subraya Bartolini (2005), de ser un fenómeno con carga social, con potenciales de división, los clivajes no precisan que se les coloque sufijos.

⁶ Con excepción, quizá, del caso chileno.

⁷ Eso sí, esas dicotomías no se pueden "calcar" de un país al otro. Por ejemplo, en cuanto a la dimensión centralizadora/federativa (o descentralizadora en el caso uruguayo), los partidos supuestamente progresistas de ambos países tienen visiones opuestas. Lo mismo en cuanto a políticas económicas (apertura de mercado/protección de la artesanía y proto–industria local). Lo cual demuestra la vacuidad en cuanto a generalización en ordenar tal o tal partido a la "izquierda", de forma comparada a (muy) gran escala. Los trabajos de ese tipo precisan de una mayor prudencia heurística y metodológica (véase Seiler, 2003).

⁸ Lo que condujo Sartori (1996) a dudar de la "bipartidad" de los sistemas políticos uruguayo y colombiano.

⁹ Esta dinámica de acuerdos haría parte de lo que se denomina "democracia consocional", que significa arreglos institucionales y acomodación integral entre las élites con miras a mitigar el conflicto real o potencial. "Dicha cooperación se caracteriza generalmente por la formación de una gran coalición generada entre los representantes de los segmentos más importantes; otros elementos comunes incluyen un poder de veto mutuo, proporcionalidad en la distribución de puestos burocráticos y el gasto público y autonomía de los segmentos en el manejo de sus asuntos internos" (Lijphart, 1977:25).

¹⁰ Hay que subrayar que en el caso uruguayo se observó una representación de base programática, esencialmente a principios de siglo XX y justo después de la Segunda Guerra Mundial; eso mismo viene matizar la característica "oligárquica" de representación, donde según Roberts, la ideología y el programa tienen un rol pequeño.

¹¹ En el caso colombiano, durante el pacto del Frente Nacional (1958–1974) se vio generalizándose la práctica del co–gobierno. El "reparto" de las elecciones se mantuvo hasta 1991. Véase Ungar y Arévalo (2004).

¹² Hasta la fecha, la tradición uruguaya era la del co–gobierno, donde varios lemas del PN solían integrar gobiernos colegiados, dominados por el PC. Sin embargo, como lo muestra Albala (2010), hasta 1958 lo que prevalecía en Uruguay era esencialmente un sistema de partido dominante.

¹³ Se entiende aquí la noción de subversión en cuanto al posicionamiento y actuación de agentes con objeto de poner fin a prácticas y mecanismos que garantizan el orden político vigente (Lagroye et al., 2002).

¹⁴ Muchos académicos consideran, de hecho, que esa emergencia del Frente Amplio, la cual vino a poner en peligro el orden partidario de entonces, fuera la razón principal del golpe de Estado de 1973, ya que la supuesta "amenaza interior" encarnada por los Tupamaros fue aniquilada ya en 1972.

¹⁵ Globalmente fueron más bien víctimas de los mismos, ya que lo largo del siglo veinte se fomentaron no menos de ocho de golpes de Estado, promovidos por la oligarquía argentina, lo que condujo que hasta 1989 ningún paso de mando democrático había ocurrido, y desde 1922 jamás dos mandatos seguidos habían podido llevarse hasta el final.

¹⁶ A través de la "ley Saenz Peña", que establecía el voto universal masculino, en remplazo del voto censitario.

¹⁷ Aunque se pudiera resaltar una aversión, original a las políticas económicas de corte liberal, y una fuerte tendencia estado–céntrica.

¹⁸ La naturaleza de los mismos debe conducir a una mayor prudencia a la hora de establecer taxonomías y clasificaciones alrededor del famoso eje izquierda/derecha, el cual se aplica de forma más evidente en los casos europeos de organización y ordenamiento programático (Seiler, 2003; Rihoux, 2005; Lipset y Rokkan, 1967; Bartolini, 2005). Esas mismas taxonomías, que constituyen en realidad más que una dimensión funcional, el objeto mismo de numerosos trabajos no conllevan a un mejor entendimiento de los sistemas de la región, ni menos permiten entender las lógicas internas de re–estructuración y re–ordenamiento, lo cual presenta por la misma razón muchas flaquezas de corte epistemológico y heurístico.

¹⁹ Los líderes blancos, Wilson Fereira Aldunate, y Frenteamplista, Liber Seregni, no fueron autorizados para participar en las negociaciones. Sin embargo, el Frente Amplio fue representado en las mismas. El Partido Nacional, al no poder acudir su líder, no participó en las negociaciones.

²⁰ Aunque el propio Partido Nacional se oponía inicialmente a todo proceso de amnistía, su jefe Fereira Aldunate concluyó al final que las disposiciones ya estaban establecidas desde el pacto del Club Naval.

²¹ Debido esencialmente a la escisión de una de sus fracciones, el Nuevo Espacio, que totaliza casi 10% en las elecciones generales de 1989, manteniendo al Frente Amplio con la misma votación de 1984, con lo cual podemos resaltar que los 21.3% del FA de entonces constituye un respaldo electoral captivo. Véase Yaffé, 2005.

²² A partir del Pacto Consocional entre los dos partidos conocido como "Frente Nacional" 1958–1974, se debilitaron las jefaturas naturales de los partidos y se fortalecieron los operadores regionales, conllevando la desintegración organizacional de las dos colectividades.

²³ Generando una "democratización anómala" que distanció a los partidos de las élites socioeconómicas y produjo la nostalgia en diversos sectores sociales de querer volver a la "buena política". Así, "algunos empresarios ilegales captaron el mensaje y descubrieron por distintas vías la antipolítica y al rentabilidad de los movimientos cívicos". F. Gutiérrez (2007: 405), ¿Lo que el viento se llevó?: los partidos políticos y la democracia en Colombia, Bogotá, Norma.

²⁴ No obstante, no existe la evidencia empírica que demuestre que la nueva legislación electoral (fórmula Hare) y algunos diseños institucionales introducidos por la Constitución de 1991 expliquen por sí mismos la fragmentación partidista y el comportamiento político de los colombianos.

²⁵ Desde las elecciones de 1994 se empezaría a evidenciar esta tendencia, por ejemplo, en "los partidos liberal y conservador, en la AD M–19, en los movimientos cristianos e indígenas, el número de aspirantes aumentó significativamente. En total se presentaron 254 listas para el Senado y 674 para la Cámara (incluyendo 12 planchas de las comunidades negras para su circunscripción especial), para un gran total de 928 listas". E. Pizarro, "Elecciones, partidos y Nuevo Marco Institucional: en qué estamos?", Revista Análisis Político, no. 22, mayo–agosto, 1994, 92 pp.

²⁶Por ejemplo, a través de la multiplicación del número de listas por partido/circunscripción llegando incluso a presentar más listas por partido que cargos por proveer.

²⁷ Según el reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral de Colombia: "Los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales también podrán inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales, en cuyo caso deberán acreditar el número de firmas señalado". Para las candidaturas presidenciales del 2010, el número de firmas fue de 350,000. Ver http://www.cne.gov.co/

²⁸ Le abroga la facultad de promulgar decretos de necesidad y urgencia, vetar parcialmente las leyes y permite la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Las contrapartidas obtenidas por Alfonsin fueron esencialmente el "premio" a la minoría en las elecciones a senadores (estableciendo que en distritos trinominales, la fuerza que llegara en segundo lugar se llevaría automáticamente un puesto), y la creación de la figura del jefe de Gabinete, responsable delante del parlamento. Véase Dalla Vía (2008).

²⁹ El Partido ganador, el Partido Colorado, imponiéndose por 1.75% sobre el tercero, el Frente Amplio.

³⁰ Fundada sobre una elección "total" donde todos los órganos de poder representativos eran elegidos simultáneamente, en una sola vuelta, marcada por el sistema de Doble Voto Simultáneo (véase Buquet, 1997).

³¹ Así como el carácter obligatorio de las internas, para las elecciones presidenciales y el fin del carácter "total" de la elección, el proceso electoral duró así más de un año.

³² Impidiendo al FA ganar las elecciones pese a haber sido el partido más votado en primera vuelta con más de 40% de los votos.

³³ Según Buquet (2005), el NEP del 2004 obliga entonces a caracterizar al actual sistema uruguayo como bipartidista. Las elecciones de 2009 marcan un repunte del Partido Colorado, incentivando la competencia electoral dentro del bloque de los "partidos tradicionales".

³⁴ Véase datos del Banco Central Colombiano http://www.banrep.gov.co/documentos.

³⁵ Según Pizarro y Bejarano (1994: 5), se debió a que "En primer lugar, el modelo mixto de desarrollo que prevaleció en Colombia durante las últimas décadas propició una transición menos traumática hacia el modelo de apertura. En segunda instancia, el proceso también fue facilitado por la adopción tardía y moderada de las medidas de estabilización y ajuste estructural, modalidad que fue posible gracias a que Colombia logró evitar lo peor de la crisis económica de los ochenta. Pero sobre todo, el leve impacto de la reforma económica tiene que ver con el hecho de que el Estado colombiano nunca logró constituirse en un Estado desarrollista o benefactor, al estilo de otros Estados latinoamericanos. Nuestro Estado ha sido históricamente débil, pequeño y pobre". "Colombia: neoliberalismo moderado y liberalismo social–demócrata", Nueva Sociedad, núm. 133, septiembre–octubre, 1994.

³⁶ Aunque la presidencia de Lacalle, en Uruguay, haya tenido una vertiente más liberal, las propuestas de privatización de las grandes empresas nacionales y reforma de los atributos del Estado de bienestar no han logrado ser implementadas, siendo rechazados en varias oportunidades de forma plebiscitaria. En Colombia, se ha observado una liberalización de la economía con Uribe, pero de forma mucho más gradual que en la Argentina, por ejemplo.

³⁷ Esencialmente con el kirshnerismo.

³⁸ Asimismo, la principal oposición al kirshnerismo se encuentra dentro del justicialismo o sus aliados del ala más "derechista". Aquella falta de coherencia partidaria genera una responsabilidad partidaria y rendición de cuenta particularmente dificultada.

³⁹ El personaje principal de este proceso es, sin lugar a duda, Elisa Carrió.

⁴⁰ Con los partidos escindidos como el ARI, luego "Coalición Cívica" de Elisa Carrió.

⁴¹ Aunque en la práctica, este socio se revele menos "estable", concordando a menudo con el oficialismo kirshnerista.

⁴² Líderes de los dos partidos tradicionales, para sobrevivir luego de la apertura constitucional de 1991, aprovecharon las ventajas que daba el sistema que permitía la repartición de avales —cada partido podía apoyar varias listas para la misma corporación— y por ello tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador aunque muy fraccionados hasta 1998 siguieron siendo mayoría en el Congreso y gracias al sistema clientelar se imponían aún en las poblaciones medianas y pequeñas.

⁴³ "Resultados 14 de Marzo", en http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn699–resultados–de–las–elecciones–al–congreso.htm

⁴⁴ En el contexto latinoamericano los casos más llamativos se presentan en venezuela, donde el Presidente Hugo Chávez ha construido una arquitectura institucional que permite concentrar en sus manos la suma del poder público; desde 1989 Argentina vive bajo un estado de emergencia permanente; Lula, en Brasil, reforzó las atribuciones legadas por su antecesor, y Uribe en Colombia obtuvo entre 2000 y 2004 un cúmulo inédito de superpoderes; Morales en Bolivia y Correa en Ecuador batallan por lograr atribuciones excepcionales y otros presidentes, abiertamente o no, reclaman actualmente facultades excepcionales. En Índice de Desarrollo Democrático de América Latina —Polilat—, 2008, http://www.idd-lat.org/

⁴⁵ En las últimas elecciones municipales de 2010 se observaron, asimismo, unas lógicas semi–estructuradas de cooperación electoral entre blancos y colorados.

⁴⁶ Considerando, por ejemplo, los casos de "affaires" de corrupción estallido y evidenciada con la video–política.