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Los gobiernos de coalición y su incidencia sobre los presidencialismos latinoamericanos: el caso del Cono Sur

 

Coalition governments and its impact on Latin American presidential systems: the case of the Southern Cone

 

Josep Ma. Reniu* / Adrián Albala**

 

* Doctor en Ciencia Política y de la Administración. Profesor Titular de Universidad y Jefe de Estudios de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona.

** Doctorante en Ciencias Políticas en el Institute de Hautes Etudes de l'Amerique Latine de la Université Sorbonne (Francia), en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República (Uruguay), y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

 

Resumen

Este trabajo se propone realizar una actualización de las teorías de las coaliciones aplicándolas a los presidencialismos latinoamericanos. Para ello se concentra en las experiencias del Cono Sur y trata de demostrar que las coaliciones inciden en la gobernanza y el quehacer político, al tiempo que conducen a un reordenamiento sustantivo en los sistemas partidarios.

Palabras Clave: Sistema presidencial; coaliciones gubernamentales; cultura política; estabilidad política; América Latina, Cono Sur.

 

Abstract

This work proposes to update the coalition theories, by studying closely the Latin American presidentialism. It concentrates the analysis on the Southern Cone and demostrates that the coalitions have huge repercussions on the governance process and fulfilled profound realignments on party systems.

Key words: Presidentialism, Coalition Governments, political culture, political stability, Latin America, Southern Cone.

 

"Los chimpancés tienen jerarquías que se basan en coaliciones. El dominante
no es elindividuo más fuerte sino el que logra más apoyo, a base de dar algo
a cambio a sus partidarios. Son puras transacciones políticas"

Frans de Waal, "Primatólogo", El País, 6/06/06, p. 41.

 

Las palabras de Frans de Waal no son, en ningún caso, manifestaciones raras o fruto de la excentricidad de un científico loco. Efectivamente, todo lo que rodea las interacciones sociales y políticas se basa en el establecimiento de diferentes tipos de transacciones y éstas, en el ámbito de la formación de gobiernos, se concretan en la formación de coaliciones.¹ No obstante, frente a esta constatación de la normalidad de los procesos de negociación, transacción y establecimiento de acuerdos entre los actores políticos, lo cierto es que en la mayoría de los Estados la percepción generada por estos "productos" políticos es —ciertamente— negativa.

A título de ejemplo, las principales críticas se centran en la identificación de las supuestas irregularidades que conlleva el establecimiento de acuerdos interpartidistas, en un continuo que va desde la traición a la voluntad expresada por los electores (en el caso que el partido más votado —o con más escaños— quede fuera del Ejecutivo), a los negativos efectos del chantaje político al que algunos partidos menores pueden desempeñar (en especial referido a los "partidos bisagra" o a los pane en el caso español), pasando por el argumento que incide en que la formalización de un acuerdo es un claro ejemplo de debilidad política, de incapacidad de llevar a la práctica el programa político propio del partido ganador. A ello se suman las consideraciones sobre la inestabilidad temporal y política de los gobiernos de coalición, desmentidas de manera muy clara desde mediados de los años ochenta por los trabajos iniciados por Strom (1990).

Sea como fuere, lo cierto es que el funcionamiento de los sistemas políticos —cualesquiera que sea su régimen— descansa en la necesidad de llegar a acuerdos interpartidistas, de construir consensos y, a fin de cuentas, en la negociación entre los diferentes actores. Un rápido repaso al panorama gubernamental mundial indica que los países más desarrollados y la mayoría de los países europeos llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean éstas mayoritarias o minoritarias (por ejemplo, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Noruega o Dinamarca). Así, la anterior valoración negativa de los gobiernos de coalición se ha basado en la polarización, el maniqueísmo, el recelo, la arrogancia política y la identificación de la negociación política con el caos. A partir de aquí la conclusión a la que llegan los detractores de los gobiernos de coalición es que éstos generan más inestabilidad política.

No obstante, se ha señalado repetidamente que gobernar en coalición permite expresar mejor los principales valores de la democracia. Compartir responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas supone una apuesta decidida por el pluralismo político, ampliando de esta forma la base social del gobierno. Como efectos de estas dinámicas coaliciones de ejercicio del poder compartido, la sociedad obtiene mayores explicaciones sobre la acción de su gobierno, se percibe una mayor sensibilidad gubernamental hacia sus reivindicaciones, los ciudadanos se interesan más por la política y la sociedad en su conjunto gozará de mayor salud democrática.

Los factores que rodean y condicionan la formación de gobiernos de coalición se encuentran íntimamente vinculados con el fortalecimiento del sistema democrático. Por un lado, la necesidad de crear mayorías parlamentarias sitúa al Parlamento en el centro de la actividad política y otorga una importancia central al diálogo político, lo que da paso al co-protagonismo de las fuerzas políticas minoritarias. Por otro, la negociación para la formación de gobiernos de coalición pone de relieve la definición de objetivos partidistas que hagan compatible la más alta expresión de los valores democráticos con la lógica voluntad de influir en el gobierno de la res publica; así como influyen en la consolidación de una opinión pública favorable al respeto por la diversidad, la tolerancia, la solidaridad, el consenso, la integración, la confianza y el gobierno compartido. Finalmente, el proceso coalicional descansa, asimismo, en la interacción de los actores políticos en múltiples escenarios, con lo que la negociación de un gobierno de coalición incluye también la construcción de vínculos sólidos con el resto de ejecutivos, sean éstos estatales o locales.

Pero también es cierto que gobernar en coalición exige más pericia política, un mayor dominio del arte de la política y, sobre todo, el establecimiento de pautas de comportamiento interno, en el seno de la coalición. Un gobierno de coalición debe saber incrementar la comunicación entre gobernantes y gobernados teniendo en cuenta la presencia de una opinión pública progubernamental con criterios dispares, debe exigir a los miembros del gobierno que sigan protocolos muy pautados para la comunicación de políticas, debe diseñar criterios para gestionar posibles crisis de gobierno, debe crear órganos plurales de coordinación de la acción de gobierno, debe clarificar las relaciones entre el gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan, debe evitar una inflación de departamentos y de cargos de sottogoverno y debe compatibilizar el impulso de una acción de gobierno compartido con la identidad partidista de los miembros de la coalición.

 

1. El debate académico sobre el presidencialismo latinoamericano

Dos han sido las grandes posiciones que han venido enfrentándose en la consideración del alcance de las variables institucionales. Por un lado, una aproximación de carácter normativo encabezada por Juan José Linz, que ponía de relieve la superioridad del parlamentarismo (Linz, 1990a; 1990b; 1999), mientras que a esta aproximación se contraponía una de carácter histórico y empírico con Dieter Nohlen al frente y cuya posición de partida es situar los desempeños institucionales en el contexto histórico concreto en que operan (Nohlen, 1991; 1998).

En el caso de Linz, los principales cargos que se imputan a los regímenes presidencialistas son los centrados en su rigidez institucional y las altas posibilidades de "bloqueo" institucional que permiten, así como la escasa existencia de incentivos para la cooperación político-parlamentaria (independencia de poderes; legitimidad doble en origen del parlamento y del presidente; períodos fijos para los respectivos mandatos; dificultades para dirimir conflictos entre ambos polos de autoridad, un juego de suma-cero en el que el ganador se lleva todo...). Estas complicaciones crecen si los partidos y los sistemas de partido son endebles y cuando el número de unidades es nutrido, en situaciones de pluripartidismo que tienden a ser consideradas "problemáticas". Así, desde una parte de la literatura comparativista, estos sistemas multipartidistas presentan como principal dificultad el hecho que se generan Presidentes sin mayorías legislativas —gobiernos divididos— (Linz y Valenzuela, 1994; Mainwaring y Shugart, 2002; Carpizo, 1999 y 2002). Esta situación entraña el potencial riesgo de que el sistema político ingrese en una fase de bloqueos, parálisis o impasse gubernativos frente a la que la respuesta debiera ser la potenciación del papel político del Congreso.

En el extremo opuesto, Nohlen se distancia claramente de las formulaciones ideales y centra toda su atención en el contexto institucional desde una aproximación que bien podríamos catalogar de multidimensional. En cierta medida y de manera curiosa al emplear las palabras de Sartori —más cercano a las tesis de Linz en dicho debate—, que

la mejor forma política es la que sea más aplicable en cada caso. Esto equivale a decir que llegados a este punto del argumento, el contexto es esencial. Por contexto quiero decir por lo menos 1. el sistema electoral, 2. el sistema de partidos y 3. la cultura política o el grado de polarización" (Sartori, 1997: 175).

Esta idea de fondo lleva a Nohlen a defender procesos controlados de reforma de los presidencialismos latinoamericanos que introduzcan dinámicas de funcionamiento parlamentario. El objetivo es fortalecer —en todo caso— al Legislativo, así como incidir en las relaciones de éste con los ejecutivos presidenciales con miras a una mejora sustancial de la gobernabilidad tanto en lo que hace a los rendimientos de las políticas públicas como a la legitimidad de los procesos de toma de decisiones de las mismas. Como no podía ser de otra forma, sus sugerencias inciden en la generación de incentivos institucionales en tanto que factores clave para la parlamentarización de los sistemas presidenciales latinoamericanos. Estos incentivos son básicamente la sustitución de las lógicas basadas en los juegos de suma cero —por un lado— y la creación de figuras institucionales que se sitúen en los nodos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo —por el otro.

En el primer caso, la ruptura de la lógica mayoritaria del presidencialismo puro supone la introducción de mecanismos electorales que permitan generar una mayor diversidad y pluralidad política en el seno de la institución parlamentaria. En otras palabras, la sustitución de los sistemas electorales mayoritarios en las elecciones legislativas, para favorecer un mayor pluralismo político encaminado a facilitar la formación de coaliciones legislativas de apoyo al Ejecutivo. Por otro lado, el segundo incentivo se basa en la introducción de la figura del primer ministro o de un jefe de gabinete. Atendiendo a su extracción parlamentaria, condicionada por la relación entre mayorías y minorías, esta figura sin duda alguna activaría las lógicas coalicionales y de negociación interpartidistas con el correlato de la aparición de mayores incentivos para la cooperación parlamentaria.

A partir de estas dos grandes posiciones teóricas es como debe abordarse el análisis del contexto institucional latinoamericano y la viabilidad de un análisis coalicional. Como punto de partida asumimos que, efectivamente, el contexto hace la diferencia, por lo que es preciso delimitar las características principales del contexto político latinoamericano en el que se circunscribe nuestra aproximación a la política de las coaliciones.

Tras la constatación que el centro del debate se ubica en la discusión sobre las posibles modificaciones de los sistemas presidenciales que los dirijan hacia una suerte de "parlamentarismo presidencializado" o de "presidencialismo parlamentarizado". Así, los procesos de reforma generalizados en la región han estado orientados, con diferentes grados de profundización, hacia la renovación de dichos sistemas presidenciales. Uno de sus principales focos de atención ha sido la modificación —y en cierta medida racionalización— de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, por lo general primando a éste así como consolidando diversos mecanismos de control en la búsqueda de un nuevo equilibro.²

Ello ha motivado —incluso desde mucho antes de abrirse el citado debate— la aparición de diferentes clasificaciones sobre el tipo de presidencialismo en la región. Desde que Lowenstein realizara la diferencia entre presidencialismo puro, presidencialismo atenuado y parlamentarismo aproximado (Lowenstein, 1949), diferentes propuestas han intentado reflejar la incorporación de prácticas y dinámicas parlamentarias en los sistemas presidenciales latinoamericanos, pero ha sido a partir de la "tercera ola democratizadora" cuando éstas han cobrado mayor refinamiento teórico.

Es el caso de la propuesta de Carpizo (2007), quien diferencia desde una óptica normativa constitucional entre sistemas de presidencialismo puro, presidencialismo predominante, presidencialismo atemperado, presidencialismo con matices parlamentarios y presidencialismo parlamentarizado. En la práctica, la clasificación puede reconducirse a los tres grandes tipos que se señalan en la tabla 1: presidencialismo puro, presidencialismo con matices parlamentarios y presidencialismo parlamentarizado.

a) Presidencialismo puro. Aunque se coincidirá en la dificultad de mantener el calificativo de "puro" en la actualidad, no es menos cierto que puede señalarse como tal a aquellos sistemas en los que la referencia sigue siendo el modelo estadounidense: Poder Ejecutivo monista de elección directa; libre designación y remoción de los miembros del gobierno por el presidente; posesión de veto legislativo y carencia de responsabilidad política ante el Legislativo. Siguiendo estos criterios identificamos seis países dentro de esta tipología, aunque hay dos matizaciones que deben realizarse (tabla 1). En primer lugar, la referencia a la ausencia de Chile en dicho grupo y, posteriormente, la inclusión de Venezuela en el mismo. Aunque Zovatto y Orozco ubican a Chile como presidencialismo puro, lo cierto es que el análisis de la dinámica política chilena y las relaciones coalicionales en los gabinetes chilenos muestran comportamientos coalicionales con fuertes anclajes políticos, más allá que en el plano formal el ordenamiento jurídico no consolide definitivamente dichas dinámicas. De modo contrario, aunque formalmente Venezuela encaja dentro del tipo de presidencialismos con matices parlamentarios, lo cierto es que la práctica política se ha decantado hacia un presidencialismo claramente hegemónico, e incluso es difícil clasificar al régimen de Hugo Chávez como democrático.

b) Presidencialismo con matices parlamentarios. Esta tipología, derivada del presidencialismo puro, se justifica a partir de la incorporación de algunos elementos institucionales inspirados en el sistema parlamentario. En este sentido destacan la presencia de un órgano colegiado ministerial con amplias facultades o la posibilidad de censurar alguno de los ministros, aunque la facultad final de su remoción se mantenga en manos del presidente. Ello supone que no pueda hablarse de un grado elevado de parlamentarización del sistema, pero sí que supone la ruptura de la hegemonía presidencial y, por tanto, la toma en consideración de las diferentes correlaciones de fuerzas en la cámara legislativa. En cuanto a la inclusión de Colombia en este tipo de sistema, lo cierto es que la carencia en el uso de la moción de censura en el caso colombiano hace difícil mantener a Colombia dentro del grupo con mayores niveles de parlamentarización, toda vez que ése es una de las instituciones más relevantes en el mismo.

c) Presidencialismo parlamentarizado. Este tercer tipo de sistema presidencial es el más interesante desde nuestro punto de vista, toda vez que incorpora institutos propios del sistema parlamentario que pueden llegar a alterar su funcionamiento. En términos generales, la parlamentarización del presidencialismo toma como referente el establecimiento de responsabilidades políticas "dobles" por parte del gabinete y los ministros: ante el presidente y ante el Legislativo. Ello supone que el Legislativo puede censurar o retirar la confianza a los ministros, debiendo separarse del cargo. Aunque no en todos los casos, incluso el presidente puede disolver anticipadamente el congreso, manteniendo intacto el plazo de mandato que le quede al Presidente.

Sin embargo, la inclusión de un país como la Argentina en este subgrupo demuestra el carácter meramente institucionalista de esta clasificación. De hecho, como lo veremos más adelante (ver infra 5c), la Argentina es uno de los países con los rasgos más personalistas de ejecución del poder. También se podría matizar la inclusión de Brasil como "presidencialismo puro", pese a que en la práctica, los distintos gobiernos brasileños desde Cardoso trataron de colaborar activamente con el Congreso.³

Por ello, toda clasificación de los sistemas ya sean presidenciales u otros requieren de un enfoque más global que el puro enfoque institucionalista. Entre otros aspectos, es necesario estudiar más las dimensiones de sociología política, cultura política y tradición política. Lo que tratamos de hacer modestamente en este trabajo.

 

2. Una aproximación al estudio de los gobiernos de coalición en los sitemas presidenciales

Llegados a este punto pareciera indispensable situar qué elementos son los relevantes para el análisis de las dinámicas coalicionales en el grupo de doce países anteriormente clasificados bajo algún tipo de caracteres parlamentarios. Así, para acercarnos al estudio de los gobiernos de coalición —en cualquier régimen político— debe aclararse previamente un criterio central, esto es, la conceptualización misma de qué sea un gobierno de coalición, qué criterio nos permita considerar de manera fehaciente la existencia de una coalición.

Aunque la nómina es escasa, las aproximaciones académicas al estudio de los gobiernos de coalición en Latinoamérica han obviado en demasía la discusión teórica, núcleo de nuestra modesta contribución. Un repaso a la literatura —sin ánimo de exhaustividad— muestra la ausencia de criterios claros para la delimitación del objeto de estudio (sea éste el gobierno de coalición o las coaliciones parlamentarias), así como una elevada arbitrariedad en la identificación de los casos.⁴ En el mejor de los casos se intenta ofrecer una multiplicidad de opciones coaliciónales que, en el fondo, responden a la dificultad por hacer casar la realidad política latinoamericana y las exigencias teóricas del estudio de los gobiernos de coalición (Amorim, 1998).

a) Los criterios (y las dificultades) para la identificación de los gobiernos de coalición. Para la identificación de los diferentes gobiernos de coalición contamos con un cuerpo de criterios que se han convertido en un protocolo comúnmente aceptado por los estudiosos. A partir de los trabajos de Strom se identifica a un nuevo gobierno sólo a partir de los siguientes casos: i) después de cada elección legislativa; ii) después de cada cambio de presidente; iii) cuando se haya dado un cambio en la composición partidista del gobierno, y iiii) en aquellas ocasiones en que se haya producido un cambio en la fuerza o status político del gobierno: de mayoría a minoría o viceversa.

Estos criterios tienen como principal ventaja que no sólo identifican las tradicionales situaciones de formación de gobiernos (criterios 1 y 2), sino que incluyen dos situaciones a menudo obviadas desde las aproximaciones excesivamente formales. El tercer criterio, cambios en la composición partidista, supone tomar en consideración solamente aquellas remodelaciones del Ejecutivo en las que se modifica la correlación de fuerzas en el seno del gobierno. Así, la simple sustitución de un secretario por otro del mismo partido no tiene como efecto contar con la existencia de un nuevo gobierno. No obstante, sí que lo es el hecho que uno de los socios de la coalición obtenga o pierda una secretaría, puesto que este hecho tendrá, con toda seguridad, un efecto inmediato en la dinámica interna del gobierno. Por otro lado, el cuarto criterio —cambio en la fuerza o status parlamentario del gobierno— es un elemento clave en la identificación de nuevos gobiernos, sea cual sea la razón que haya motivado el cambio.⁵

No obstante la claridad de estos criterios, en el ámbito de los sistemas presidenciales latinoamericanos nos encontramos ante un escenario peculiar. Las dinámicas políticas derivadas del diseño institucional de la forma presidencial de gobierno junto con la consolidación de sistemas multipartidistas pone sobre la mesa la necesidad de clarificar conceptualmente las nociones de coalición política en sus diferentes acepciones. Así, desde diferentes aproximaciones se mezclan casi todas las posibles manifestaciones de la dinámica coalicional.⁶

Por ejemplo, Lanzaro apunta a que "en términos llamativos, habrá en particularun auge importante de las fórmulas de coalición: coaliciones electorales y particularmente coaliciones de gobierno, coaliciones de reforma y lo que algunos caracterizan como coaliciones parlamentarias, que a veces son solamente acuerdos legislativos —pases de compromiso— que también se han registrado en varios países en épocas anteriores y que hoy presentan características renovadas. El "presidencialismo de coalición" —que, como dijimos, tiene en nuestras comarcas sus precedentes históricos— se extiende ahora de manera significativa, con prácticas que según los críticos del presidencialismo, este régimen no alienta, y que muchos suponían privativas del parlamentarismo" (Lanzaro, 2001b:32).

En el caso de Amorim, se opta por la definición de un "gabinete de coalición estricto" en el que las clases son la combinación de un acuerdo presidencial con más de un partido político y, por otro lado, la selección partidista de los ministros o secretarios. Desde esta perspectiva, "refleja el compromiso presidencial con la búsqueda esencial de la implementación de objetivos políticos" (Amorim, 1998:9), motivo por el cual el presidente únicamente cooptará a miembros de los partidos políticos con los que ha llegado a un acuerdo. Si bien éste sería un excelente ejemplo de traslación de las dinámicas coalicionales parlamentarias al ámbito de los sistemas presidenciales, el problema estriba en que "obviamente no es la misma estructura toda vez que el presidente puede en todo momento cesar a un ministro que se haya rebelado contra sus decisiones" (Amorim, 1998:10). Pero es que además debe tenerse presente que habida cuenta de la deficiente configuración de las mociones de censura hacia los gabinetes presidenciales, los partidos carecen de recursos para limitar o condicionar dichas actuaciones presidenciales.

Esta breve muestra de diversidad conceptual en el estudio de los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales latinoamericanos se complementa con los datos generados por Cheibub, Przeworski y Saiegh (2004:575) para el período 1946-1999 (figura 1). El resultado parece evidente: los potenciales problemas coalicionales no vendrán determinados sólo por la dificultad de crear gobiernos de coalición sino que se hallarán, en todo caso, en la difícil combinación entre presidencialismo y multipartidismo, siendo así que la vulnerabilidad de la presidencia tiene poco que ver con la formación o no de gobiernos de coalición.

Así, seguramente la mejor definición de la problemática de análisis es la proporcionada por Mayorga, quien al analizar los gobiernos de coalición en Bolivia expone las dificultades esenciales de dicho análisis.⁷ La principal radica en el hecho que los gobiernos de coalición en estos sistemas se caracterizan por un marco carácter ad hoc, en el que la base de los acuerdos son individuos concretos antes que los partidos mismos (Mayorga, 2001: 119-120).

Es precisamente este problema de reconocimiento político al que antes también aludíamos el que conlleva una mediatización por parte de intereses particulares frente a la asunción de responsabilidades políticas por parte de los grupos parlamentarios. Ello condiciona no sólo su definición, sino muy especialmente su funcionamiento, vinculado en exceso a continuas negociaciones orientadas tanto a incorporar dichos intereses particulares como a generar apoyos circunstanciales toda vez que han carecido de una sólida disciplina de partido en la que apoyarse parlamentariamente. Como corolario, los partidos integrantes, por decirlo de alguna forma, de dichos gobiernos de coalición difícilmente se sienten corresponsables de la política gubernamental con lo que tampoco lo son con su supervivencia a corto, medio o largo plazo.

b) Las variables para el estudio de los gobiernos de coalición. A partir de la dificultosa labor de identificación de los gobiernos de coalición, su estudio se fundamenta mediante la caracterización de un conjunto de variables tradicionales. Así, la configuración institucional de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo conlleva que la unidad de análisis obligada sea el partido político, toda vez que únicamente a partir de su consideración como actor central (y unitario, por paradójico que ello parezca) podemos comprender dichas dinámicas coalicionales.

i) El número de partidos y la importancia de los socios. Desde cualquiera de las aproximaciones teóricas que se empleen —teorías formales o multidimensionales—, el número de partidos presentes en el gobierno se ha interpretado no sólo desde el punto de vista teórico del concepto mismo de coalición, sino también como referente sobre el que predecir la futura estabilidad del mismo. En lo que respecta a la vertiente teórica, si bien desde las teorías formales sólo se tomaban en consideración aquellos gobiernos en los que intervenían más de un partido, desde la aproximación multidimensional se ha ido confirmando la hipótesis que las dinámicas coalicionales se activan también en aquellos casos en los que un partido gobierna en minoría, pero debe estar al pendiente de los apoyos parlamentarios externos, sean formales o informales.⁸

Por otro lado, el número de partidos también se ha usado desde una consideración formal como indicador de la potencial estabilidad futura del gobierno. Así, a mayor número de partidos en el gobierno menor estabilidad futura, siendo el peor de los escenarios políticos posibles la formación de un gobierno de coalición multipartidista similar al tipo italiano del pentapartito. Por otro lado, la importancia de los socios hace referencia a cuál sea la correlación de fuerzas entre los diferentes partidos coaligados, para lo cual el parámetro más utilizado para este tipo de análisis es la diferencia existente entre el número de diputados que cada uno de los socios aporta al sostenimiento del gobierno. De tal forma, el resultado será la clasificación de los gobiernos de coalición como equilibrados o desequilibrados.

ii) La fuerza parlamentaria. La segunda gran variable indispensable en el estudio de los procesos de formación de gobierno, sean o no de coalición, es la fuerza parlamentaria de los actores. El objetivo de todo proceso de formación de gobierno es garantizar que el partido o coalición que pretende acceder al gobierno disfrute de un apoyo parlamentario suficiente. Utilizamos el calificativo de "suficiente" con toda la intención, puesto que las consideraciones tradicionales —de carácter formal— según las cuales era del todo indispensable poseer la mayoría absoluta de los escaños, han dejado paso al uso de fórmulas variadas de apoyo parlamentario externo que en cualquier caso garanticen la viabilidad del nuevo Ejecutivo.⁹

iii) El momento en que se coaligan. Un aspecto que resulta de gran interés en es la consideración sobre el momento en que se coaligan los partidos. Así pueden calificarse los gobiernos de coalición como pre-electorales, post-electorales o mixtos, en aquellos casos en que uno o más socios se incorporan a una coalición pre-electoral tras la celebración de los comicios. Obviamente, la caracterización del sistema electoral —como en el caso binominal chileno— será un elemento que condicionará sobremanera la formación de dichas coaliciones pre-electorales y, llegado el caso, su mantenimiento en el Legislativo y en la configuración del gabinete.

iv) La ideología de los socios. En este contexto el objetivo es calificar a los gobiernos de coalición según el grado de vinculación ideológica existente entre sus socios. Así las calificaciones serán de homogéneo o heterogéneo en función de la mayor o menor cercanía ideológica de los mismos.

v) El ámbito organizativo de los partidos. Uno de los aspectos en los que el estudio de los gobiernos de coalición y de las dinámicas coaliciones tiene más terreno para su desarrollo, es el análisis de las dinámicas multinivel entre los gobiernos de diferentes ámbitos político-territoriales, así como también la actuación de los partidos cuyos ámbitos organizativos difieren entre sí. Se diferencian así entre aquellos partidos de ámbito estatal o nacional (PAE) y aquellos que no extienden su presencia al conjunto del territorio sino sólo a zonas muy concretas del mismo: los partidos de ámbito no estatal (PANE).

vi) La estabilidad de los gobiernos. Además de analizar las diferentes características del proceso de formación de gobierno, es preciso considerar también los rendimientos de los mismos no sólo con criterios meramente retroactivos sino también prospectivos. Una de las variables clave para medir el rendimiento de los gobiernos es su duración o, en otras palabras, su estabilidad.

vii) El rendimiento electoral. La otra gran vertiente del análisis de los rendimientos de los gobiernos de coalición, en cierta medida mucho más interesante y menos explorada es el estudio del rendimiento electoral obtenido por los partidos que han formado parte de la coalición: los estudios sobre el incumbency effect.¹⁰

Así, a partir del análisis institucional, el escenario resultante desde nuestra aproximación gira alrededor de cuatro grandes argumentos:

• Existencia de escasos estímulos para cooperar con el presidente electo, esencialmente derivados de la diferente configuración institucional existente entre presidente y legisladores. El núcleo de esa disonancia se ubica en la existencia de un doble proceso electoral, que aunque concurrente en casi la totalidad de los países, implica una doble legitimidad en origen;¹¹

• Dificultad para el establecimiento y el mantenimiento de una línea de actuación parlamentaria cohesionada entre los diferentes grupos parlamentarios. Tal y como se ha puesto de manifiesto desde diferentes estudios (Alcántara, 2004), los partidos políticos latinoamericanos presentan bajos niveles de institucionalización, lo que dificulta su labor parlamentaria y en especial la observancia de unos mínimos niveles de disciplina interna;¹²

• La configuración institucional de la presidencia en estos sistemas implica déficits de visibilidad y reconocimiento de los integrantes de su gabinete, sean o no de su partido. En este sentido, ello conlleva, por un lado, la ausencia de recursos políticos con qué apoyar la gestión de los diferentes partidos presentes en el gabinete ante su electorado. Por otro lado, esa misma configuración institucional ofrece escasos o nulos incentivos para la supervivencia del gabinete, siendo así que a sus miembros les resulta gratuito enfrentarse al presidente o incluso abandonar su gabinete;¹³

• Finalmente, la deficitaria configuración de los mecanismos de participación del Legislativo en el nombramiento y cese de los miembros del gabinete como complemento a los poderes de veto presidenciales.¹⁴

El cualquier caso, lo cierto es que el hecho de que el partido ganador de la elección presidencial no cuente con la mayoría absoluta del Congreso, debiera ser un estímulo lo suficientemente poderoso como para que el presidente electo negociara apoyos con otros partidos. No obstante, es evidente que para facilitar el establecimiento de verdaderos estímulos para la cooperación interpartidista deberían existir otros factores estructurales, como la baja polarización ideológica, el convencimiento de las dirigencias partidarias sobre las bondades de la cooperación o la existencia de una amenaza potencial para la supervivencia del sistema democrático derivada del proceso electoral.¹⁵

Las dificultades aparecen cuando el contexto institucional en el que debemos operar presenta características radicalmente distintas a las habituales en un entorno parlamentario y —por ende— vienen acompañadas por constraints estructurales que, como hemos visto, tienen una incidencia directa en la delimitación de los posibles acuerdos parlamentarios, así como en la formalización de un gobierno de coalición.

Como se ha señalado anteriormente, entre estos elementos limitadores y condicionantes destacan la doble legitimidad electoral de origen entre el Presidente y el Legislativo; la prerrogativa de éste de nombrar y destituir libremente a los miembros de su Gabinete sin necesidad de atender a los equilibrios parlamentarios existentes; la ausencia de la capacidad de gestión del tempo político debido al carácter fijo de su mandato¹⁶ y, además, los poderes de veto del Presidente en el ejercicio de sus facultades legislativas (tabla 2).¹⁷

Para nuestro objetivo, lo esencialmente importante es la capacidad del sistema político de asumir la necesidad de generar mayores canales de interacción entre Presidente y Congreso, con el objetivo básico de satisfacer mejor las demandas sociales, crear mayor base social y a fin de cuentas garantizar una mejor gobernabilidad que hemos señalado anteriormente respecto de los beneficios de un gobierno de coalición. Si bien se podrá indicar desde posiciones críticas con estos procesos de "parlamentarización del presidencialismo" que dichas dinámicas pueden aparecer (y de hecho aparecen) mediante las interrelaciones —formales o informales— entre los legisladores y los miembros del Gabinete o mediante una mayor facilidad para la creación de comisiones parlamentarias, lo cierto es que el entorno más deseable sería la participación efectiva del Legislativo en el proceso de nombramiento y cese de los miembros del gabinete.

Coincidimos así con lo apuntado por Colomer y Negretto (2003) en el sentido que

las preferencias políticas del Gabinete presidencial deberían ser lo más próximas posible a la preferencia del legislador mediano con objeto de promover acuerdos cooperativos y socialmente satisfactorios entre el Presidente y la mayoría del Congreso. Bajo las otras condiciones institucionales y políticas antes señaladas a favor de una buena gobernanza, en muchas ocasiones este objetivo puede llevar a la formación de un Gabinete multipartidista con apoyo más amplio que el apoyo electoral obtenido por el Presidente.

Ello implicaría obviamente a que el Presidente estuviera en cierta medida obligado casi en todas las oportunidades (a tenor del incremento de escenarios de gobierno divididos) a obtener la ratificación por el Congreso de sus nombramientos, con lo que el legislativo podría también reprobar, censurar y provocar la destitución de los mismos.

Ello no supone en ningún caso la transposición del mecanismo de investidura parlamentaria, sino que este nuevo escenario implica —debido en gran medida al proceso separado de elección de los parlamentarios— una restricción en el abanico de fórmulas para la configuración del gobierno. A nadie se le puede escapar que podría entenderse dicha propuesta como un cierto contrapeso al derecho de veto presidencial, en tanto que ello forzaría al Presidente a buscar la configuración de coaliciones parlamentarias que ofrecieran —en la lógica de las stable voting coalitions— garantías para la supervivencia del gabinete y, por ende, evitar la parálisis legislativa.

El correlato de ello es, como sucede en los sistemas parlamentarios, la posibilidad de ejercer un control político efectivo por parte del Legislativo: la moción de censura. Si bien éste es un mecanismo ya incorporado de forma limitada en algunos ordenamientos jurídicos del presidencialismo latinoamericano, lo cierto es que la ausencia de la medida anterior termina por difuminar su efectividad. Así, si bien en algunos casos su éxito supone la destitución del Secretario censurado (Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela), lo cierto es que en lo general pueden dar lugar a meros comportamientos oportunistas de carácter mediático y en gran medida demagógicos (Bolivia, El Salvador y Paraguay). En otro ámbito, queda la posibilidad, también especialmente relevante, de creación de una figura similar a un Primer Ministro, quien sería el responsable principal del Ejecutivo frente al Legislativo.

 

3. ¿Qué tan "accidentales" han sido los gobiernos de coalición en Sudamérica?¹⁸

Como lo acabamos de ver, según los tenientes del parlamentarismo, los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales son considerados como muy ocasionales, "accidentales", e indeseables porque muy inestables.

Sin embargo, el estudio empírico de los gobiernos de la región, desde la segunda mitad del siglo veinte, contradice el presupuesto de incompatibilidad de los gobiernos de coalición en los regímenes presidenciales. Es más, según los estudios de Deheza (1998), Amorim Neto (1998) y Chasquetti (2001, 2006), más de la mitad de los gobiernos latinoamericanos formados desde 1958 fueron gobiernos de coalición; estas constataciones empíricas vienen, asimismo, invalidar el supuesto accidentalismo de los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales (véase el cuadro 2) (1). Este fenómeno no es entonces algo nuevo, pues desde 1958 hasta 1985 ha habido más de cincuenta gobiernos de coalición (Deheza 1998; Chasquetti 2001, 2006). Sin embargo, desde los años noventa este fenómeno se ha acelerado: entre 1985 y 2007 son más de 20 gobiernos que se formaron por coaliciones¹⁹ (Chasquetti 2001, 2006). Esta aceleración es concomitante con la pluralización o poliarquización (Dahl 1971) de las sociedades latinoamericanas.

 

En los años cincuenta, M. Duverger (1951), gran defensor del sistema bipartidista y admirador del sistema de gobierno anglosajón, presentó al dualismo como el propio de cada sociedad. Al conceptualizar la bipolaridad de las sociedades modernas, Duverger afirmaba que cada opción política se presentaba bajo una forma dualista (en general). Por ello, bastaba con dos partidos para expresar esta dualidad y asegurar la alternancia política; los ciudadanos se dividían entonces entre las dos tendencias, supuestamente representativas. Esta teoría dominante, vigente en un mundo bipolar encontraba eco en Sudamérica, pues la mayor parte de los regímenes de entonces eran dominados por dos partidos a excepción de Brasil, Bolivia y Chile.

Sin embargo, las carencias evidentes de esta teoría (y por ahí de los sistemas bipartidistas) en términos de representación socio-política y concertación de políticas socio-económicas, conllevaron al reconocimiento del pluralismo y de la poliarquía como futuro de la democracia: "la democracia de un Estado moderno radica en una democracia pluralista" (Bobbio, 1984). Por ende, desde estos años se vive una deconstrucción de los bipartidismos (Fregosi, 2004): hoy en día el bipartidismo ha desaparecido completamente de Sudamérica y a nivel latinoamericano sigue vigente sólo en Honduras.

Asimismo, tal como observaron y temieron Mainwaring y Shugart (1994, 2002), el número de partidos en la región explotó a partir de los años 1990, con la aparición de partidos minoritarios o "de minorías"²⁰ (Duverger, 1951). Este período fue marcado también por la multiplicación de movimientos o protopartidos, partidos cuyo único objetivo es el de llevar al poder a su jefe-fundador sin objetivo de perennizar,²¹ supuestamente más representativos y en fase con las nuevas expectaciones de sus conciudadanos. Aunque esta incontinencia partidista se halla generalmente estabilizada o contenida (Alcántara y Freidenberg 2001), se observó sin embargo una multiplicación de gobiernos de minoría (minority president), tan temidos por Mainwaring y Shugart (2002). Paralelamente, y como consecuencia de esto, el alza del número de partidos en la escena política, aumenta la probabilidad de formar coaliciones electorales y de gobierno (Cheibub y Limongi, 2002).

De la misma manera, al observar los cuadros 1 y 2, nos damos cuenta de que donde han habido gobiernos de coalición, en la mayoría de los casos el presidente constaba de un fuerte respaldo en el parlamento. Si eso no generó por lo tanto estabilidad política en todos los casos, este hecho viene a invalidar, a su vez, el supuesto que estipulaba que en un régimen presidencial la inflación partidista provoca la aparición de gobiernos de minoría.²² Por ello, y porque muchos politólogos han constatado la vuelta de los partidos institucionalizados en la escena política latinoamericana (Couffignal, 2003, 2007), el estudio de las coaliciones partidarias y gubernamentales merece, hoy en día, un estudio más profundo en cuanto a su naturaleza, modo de gobernar y mantenimiento/desaparición. En una nota de pie de página, Mainwaring y Shugart lo reconocieron así:

Es necesario investigar más sobre las coaliciones gobernantes en los sistemas presidencialistas. Aunque hay razones para creer que tales coaliciones tienden a ser más frágiles que en los sistemas parlamentarios, hay factores institucionales específicos que afectan a la viabilidad de las coaliciones en los sistemas parlamentarios como en los presidencialistas (Mainwaring y Shugart, 2002: 258).

Por ello es preciso estudiar qué tipo de coaliciones han regido y siguen rigiendo Latinoamérica para poder analizar sus efectos sobre la estabilidad política.

 

4. ¿Y entonces qué posibilidades existen?

Puesto que nuestro objetivo inicial era presentar elementos para alimentar el debate teórico-académico sobre los criterios empleados en la identificación de gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales latinoamericanos, consideramos que ofrecer una conclusión sería un exceso de irresponsabilidad. En cambio, considero más interesante dibujar los escenarios coalicionales posibles que pueden darse tras un proceso electoral en alguno de los países analizados.

Coincidiremos en que son tres los escenarios a los que nos podemos enfrentar tras un proceso electoral en el que ningún partido haya obtenido la mayoría absoluta de los escaños en el Legislativo (esto es, una situación de gobierno dividido): la formación de un gobierno monocolor, la búsqueda de apoyos parlamentarios puntuales y la negociación de un gobierno de coalición²³ (tabla 3).

Aunque el objetivo de todo dirigente es el de no tener que depender de ninguna formación ajena a la suya propia, lo cierto es que en términos de deseabilidad política lo menos deseable es, precisamente, la formación de un gobierno unipartidista, por más que presentara una alta viabilidad habida cuenta del diseño institucional de los presidencialismos latinoamericanos. Las consecuencias no son difíciles de imaginar: la combinación entre gobierno dividido y poderes de veto fácilmente puede desembocar en un bloqueo institucional y una parálisis legislativa, que impida la toma regular de decisiones políticas. Ello habría de suponer, obviamente, una pérdida de legitimidad significativa que podría llevar incluso al cuestionamiento de los niveles de apoyo democrático entre la ciudadanía.

Como segunda posibilidad y opción menos mala, la formación de un gobierno igualmente monocolor pero apoyado externa y coyunturalmente por otras formaciones políticas. La activación de las dinámicas coalicionales obligaría a la apertura de procesos de negociación interpartidista con el objetivo de delimitar —por escueta que fuera— una agenda legislativa en la que se incluyeran únicamente aquellas cuestiones políticas estructurales esenciales para el país, en las que las diferentes formaciones estuvieran además cercanas en cuanto a preferencias políticas.

Finalmente, el escenario más deseado desde una óptica de parlamentarización de los sistemas presidenciales latinoamericanos sería la formación de un gobierno de coalición incluso con las limitantes que hemos descrito anteriormente. Las exigencias serían simples: el establecimiento de un acuerdo político estable, negociado con anterioridad a la formación del gobierno, con miras al conjunto de la Legislatura y en el que los diferentes partidos asumieran la corresponsabilidad de la acción de gobierno. Si bien ya hemos señalado que para ello el sistema debería verse modificado para poder generar suficientes incentivos, lo cierto es que las consecuencias no solamente se limitarían a la incorporación de representantes de los partidos coaligados al Ejecutivo, sino también la mejora en la base social que legitima todo proceso de toma de decisiones. A fin de cuentas, si el objetivo es la mejora de la gobernabilidad, la receta no puede ser otra que la adopción de políticas inclusivas, no sólo respecto de los colectivos sociales a los que se dirigen sino también a las élites que deben asumir su diseño, implementación, evaluación y rendición de cuentas.

 

5. La experimentación de los gobiernos de coalición en el Cono Sur

Desde el retorno a la democracia, Chile y Uruguay no han conocido ninguna crisis política mayor ni menos inestabilidad política. Tampoco se ha experimentado allí casos de delegative democracy (O'Donnell, 1994), ningún outsider carismático y antisistema ha tenido eco en estos países; al contrario de casi todos los otros países de la región, pese a que estos países hayan sido duramente tocados por la crisis económica de principios del siglo veintiuno. La Argentina, por su lado, pasó por todas estas etapas críticas, una sucediéndose tras otra. No obstante, estos tres países vivieron, y en algunos casos siguen viviendo, experiencias de gobiernos de coalición. ¿Cuáles son en estos casos, los fundamentos de la estabilidad de los gobiernos? ¿Por qué en Chile y Uruguay las coaliciones lograron ir hasta el fin de su mandato e incluso se reeligieron? ¿Cuál es el framework de estos países? En un primer momento vamos a estudiar los casos, exitosos, de Chile y (un poco matizado eso sí) Uruguay. Luego vamos a analizar el caso, espinoso, de la Argentina.

a) Las experiencias uruguayas de coaliciones de gobierno. Uno de los elementos que permite explicar la estabilidad de las democracias uruguaya y chilena (véase más adelante) radica en la explicación de la reproducción sistémica de Lechner (1997) y Garretón (1997). En efecto, el hecho que los actores que participaron en el retorno a la democracia en estos dos países fueran grosso modo los mismos que entraban en la competición política antes de la interrupción autoritaria.²⁴ No se ha experimentado, por tanto, una "inauguración democrática" (Garretón, 1997) ni tampoco una pérdida de identidad y marcos políticos (Lechner, 1997). Asimismo, como lo vamos a ver, si bien la tradición chilena y uruguaya de coalición y pragmatismo político (sobre todo en el caso uruguayo) radica en una larga historia política, hemos de notar que la transición hacia la democracia creó, por su parte, las fundaciones del sistema actual. De hecho, más que pactadas²⁵ los militares de entonces trataron de conferirle una dimensión constitucional. El caso uruguayo es, de hecho, estereotipado.

Con la misma voluntad que los militares chilenos tuvieron por querer legitimarse, los militares uruguayos quisieron sellar por referendo la adopción de una nueva constitución, la cual preveía entre otras cosas leyes de amnistía y un calendario de retroceso progresivo del poder. Aquella intentona fue rechazada por los uruguayos, en 1980, y obligó a los militares a volver a hacer concesiones,²⁶ hasta el encuentro en el Club Naval donde la totalidad de los mayores partidos políticos²⁷ —dentro de ellos el Frente Amplio—, negociaron las condiciones del retorno a la democracia (Yaffé, 2005).

La cultura política uruguaya, tradicionalmente consensual y moderada, pesó en el desarrollo de las negociaciones (Lanzaro 2001b; Chasquetti y Buquet 2004). Esta tradición originada en una separación estricta de los poderes y una poliarquía muy fuerte contrasta con las prácticas oligárquicas de poder en la región. Asimismo, la tradición política uruguaya, originada por una atomización del poder (poliarquía muy fuerte y claramente definida) y una negociación sistemática tanto inter como intra partidista, por tanto, garantiza un pluralismo político tanto dentro como entre los dos principales partidos (Partido Colorado y Partido Nacional).²⁸ En efecto, los partidos políticos uruguayos constan tradicionalmente con varias corrientes internas (facciones), lo que hace que la competición política es efectiva, también, dentro de cada partido. Asimismo, la gobernabilidad uruguaya consta de varias experiencias de coaliciones de gobierno, en donde facciones de uno de los dos partidos tradicionales se aliaron con el otro partido. La idiosincrasia política de este país consistía, asimismo, en un "presidencialismo de compromiso" (Lanzaro, 2001a), operado de forma colegiada a través de mecanismos transversales entre gobierno y oposición (también llamada "coparticipación"; Lanzaro, 1998 y 2001b). Con el tiempo, la cartelización de los dos partidos principales²⁹ (Katz y Mair) condujo a la aparición de una "coalición de partidos" de izquierda (Lanzaro 2001b): el Frente Amplio.³⁰

El retorno a la democracia supuso además el retorno a la constitución de 1967, un casi statu quo de las fuerzas en presencia. Los tres partidos obtuvieron, asimismo, grosso modo los mismos resultados que durante las elecciones presidenciales de 1971. Por tanto, la gobernabilidad, así como los marcos y referentes políticos cambiaron radicalmente. Asimismo, la consolidación del Frente Amplio que pasó de ser una coalición de partido a "un partido de coalición" (Lanzaro, 2000) —bajo el modelo de los dos grandes partidos de hecho—, y sus éxitos electorales ininterrumpidos desde el regreso de la democracia,³¹ instaló un tripartismo de hecho y una nueva forma de hacer la política (CEE1815, 1999).

Asimismo, el equilibrio de las fuerzas desde 1989 condujo a los dos partidos tradicionales a formar una coalición (bajo la presidencia de Lacalle 1989-1994), para contrarrestar el peso creciente del Frente Amplio. Poco a poco la ley electoral y el sistema de partido dejaban entrever una posible victoria del Frente Amplio a la presidencia³² (Lanzaro, 2000; Piñeiro, 2004; Yaffé, 2005). Por ello mismo, el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) adoptaron en 1996 una nueva ley electoral oficialmente para responder al nuevo orden político, oficiosamente para impedir toda victoria del Frente Amplio (Lanzaro, 2000, 2001; Buquet, 2000 y Yaffé, 2005) al introducir el ballotage (segunda vuelta) e imponiendo un sistema de primarias en cada partido antes de las elecciones. Esta nueva ley, además de poner fin al viejísimo sistema de doble voto simultáneo (DVS), vigente desde 1908, y que había conducido al faccionamiento de los partidos en sublemasf³³ condujo a una forma más explícita de pacto político y formación de coaliciones. Así, y aunque el PC y el PN ya hubiesen emprendido un acercamiento ideológico desde el regreso de la democracia, y llegaron a formar coaliciones explícitas desde 1989; bajo la presidencia de Sanguinetti (1994-1999) y Batlle (1999-2004), el acercamiento se hizo aún más evidente y sólido. De hecho, al inicio, se coaligaron bajo la forma de un "acercamiento negativo" (Di Tella 2003), o sea, sobre la base de un repudio mutuo en contra del Frente Amplio. Sin embargo, poco a poco la convergencia ideológica se hizo más evidente e ineluctable (Alcántara y Luna, 2004; CEE, 1815, 1999; Yaffé, 2005).

Por lo que respecta a la práctica de la política, se ha notado en Uruguay una evolución de su praxis consensual. Como lo vimos, las relaciones entre las élites políticas de este país han sido tradicionalmente consensuales y no colegiadas. Con la irrupción del Frente Amplio, empieza a aparecer un nuevo clivaje en el país, fundado sobre la dicotomía europea de izquierda/derecha, inexistente hasta entonces en este país. Con el retorno de la democracia, se aceleró la estructuración del Frente Amplio; a través de una de-radicalización ideológica contribuyó en asentar este clivaje. De hecho, para poder acercarse, los distintos partidos que formaban el Frente Amplio tuvieron que operar una convergencia ideológica y dejar de lado el dogmatismo político. Por ello, los partidos de izquierda en Uruguay (y Chile, véase la parte sobre Chile) fueron los primeros de la región en abandonar paulatinamente la herencias del marxismo y de la lucha de clases. Este pragmatismo ideológico consistía —por ende— en una redefinición de la competición política hacia el centro del tablero político. Los partidos de la izquierda "fueron a buscar a los electores donde se encontraban" (Lanzaro, 2005). Del otro lado del tablero —como lo hemos visto— la "derecha" operaba también una convergencia ideológica, quizá más evidente.

Asimismo, si bien observamos que la competición político-electoral funcione de manera centrípeta, fruto de la desdogmatización ideológica de los distintos partidos, observamos por tanto que la relación entre los partidos de cada borde del clivaje se ha puesto más conflictiva. En efecto, la consensualización se operó en Uruguay esencialmente de forma intrapartidista o intrabloquista. Aunque se experimentara una convergencia ideológica (fusión; Di Tella, 2003) entre los dos partidos tradicionales, el Frente Amplio³⁴ adoptó una táctica más europea de oposición frontal, desde que llegara Tabaré Vázquez a la cabeza del partido a principios de los 1990 (Alcántara y Luna, 2004). Esta práctica más conflictiva (comparada con la praxis tradicionalmente consensual en el país), concomitante con los éxitos crecientes del Frente Amplio,³⁵ no condujo por tanto a un quiebre de la estabilidad política del país. Es más, de ser más congruentes y homogéneas las coaliciones partidarias resultaron más sólidas. Asimismo, mientras la coalición gubernamental de Lacalle (PN, 1989-1994) se desagregó después de dos años de gobierno, víctima de los cálculos electoralistas de sus miembros provenientes del Partido Colorado, las coaliciones de Sanguinetti II (PC, 1994-1999) y Batlle (PC, 1999-2004) consiguieron la cohesión hasta el final del mandato.

Asimismo, la cohesión interna parce prevalecer por sobre los aspectos institucionales como el mandato fijo y la imposibilidad de reelección directa —introducida por la reforma de la Constitución en 1997— que supuestamente debilitan los pactos políticos (Linz, 1990; Chasquetti, 2006), en cuanto a la supervivencia de los gobiernos, y más aún los gobiernos de coalición. En el caso uruguayo, la cohesión interna de cada bloque parece establecerse, de manera clara, en torno al clivaje-eje intervención del Estado/recurso al mercado (Acántara y Luna, 2004). Por ende, si bien los otros clivajes contribuyen en formar cohesiones internas como en el caso del clivaje autoritarismo/democracia y las políticas de amnistía, la competición político-electoral en Uruguay está dominada por este mismo eje a través del tema de la "segunda transición" (Lanzaro, 1993; 2000) aun sin comenzar.

b) El sistema coalicional en Chile. La formación de gobiernos de coalición encuentra, en Chile, su origen en una larga tradición política. Asimismo, los primeros casos remontan a mediados del siglo XIX, bajo la presidencia de Manuel Montt (1861-1873). Es más, Valenzuela ha mostrado que las coaliciones gubernamentales formaron la gobernabilidad chilena, pues desde 1891 "ningún partido por sí solo ha contado con una mayoría absoluta del electorado chileno y, por tanto, una constante en la política del país ha sido la formación de coaliciones para las elecciones presidenciales y para crear mayorías parlamentarias operativas" (Valenzuela, 2004:79)³⁶ Históricamente, las coaliciones de partidos (y por ende, de gobierno) se definían según su cercanía u oposición a la Iglesia. Más tarde llegaron los movimientos socialistas y marxistas formándose, asimismo, una competición electoral más próxima a la vigente entonces en Europa latina: socialistas vs. antisocialistas, en torno a tres polos: la izquierda, el centro (radicales, luego remplazados por los democristianos) y los conservadores.³⁷ La tradición política en Chile radica en una polarización muy fuerte (división, diría Huneeus, 2003), con su paroxismo tras la elección de Salvador Allende en 1970. El sistema político de aquella época, muy fraccionado, hacía que el pacto más votado fuera elegido, por lo que se observaron muchos gobiernos minoritarios o muy minoritarios, y hacían por ende los gobiernos y alianzas muy frágiles.

El golpe de Estado de 1973 vino a poner fin a este período. El gobierno militar quería acabar con el alto nivel de politización del país, y la división de la sociedad; enfocando la mira hacia los asuntos económicos. Con el fin de una salida del gobierno lo más suave y "protegido"³⁸ posible, el gobierno militar hizo adoptar por referendo popular, en 1980, una nueva constitución para el país.³⁹ Además de la clásicas medidas de amnistía, esta constitución (aún vigente pese a haber sido modificada en el 2005), establecía una nueva ley electora y sistema político, y preveía un plebiscito para 1988 para mantener al general Pinochet como presidente de la República, de no ser mantenido Pinochet se preveía entonces la organización de elecciones para el año siguiente.

La ley electoral y el sistema político generado por la nueva constitución abocaban en una limitación del número de partidos, considerados éstos como responsables de la inestabilidad de los gobiernos anteriores; también consistía en la adopción de una nueva carta electoral y del sistema binominal de elección. La binominalización de la representación electoral, a pesar de ser considerada como un "enclave autoritario" (Garretón), es un facilitador al acercamiento partidista. Asimismo, el sistema binominal funciona de tal manera que los pequeños partidos no tienen casi ninguna opción de ser representados en ambas cámaras del congreso al ser un sistema tremendamente anti-representativo (véase cuadro 2). Se prevén que dos diputados (y senadores a nivel regional) sean elegidos por circunscrip-ción,⁴⁰ y para llevarse los dos escaños, la lista más votada ha de obtener cerca de dos tercios de los votos, o el doble de votos que su primer contrincante. De no ser así, los escaños se reparten entre las dos primeras listas. Por consiguiente, este sistema genera problemas en términos de legitimidad del voto.⁴¹

El vacío político de los años ochenta, así como una coyuntura económica muy desfavorable al régimen militar, generaron las grandes protestas de los años 1983-1984, y favorecieron asimismo el retorno de los partidos políticos como catalizadores (Moulián, 2002; Kirby, 1997).⁴² De ahí y acercándose los comicios de 1988, los partidos prohibidos hasta entonces empezaron a reformarse y acercarse (alrededor del PDC primero) y formular paulatinamente acuerdos y convergencia ideológica y programática.⁴³ Esto condujo al abandono progresivo por parte de los partidos de izquierda —de la misma forma que en Uruguay— de las herencias del marxismo y del dogma de la lucha de las clases y en el reconocimiento de la economía de mercado.⁴⁴ Esta convergencia entre los partidos de oposición al régimen militar se estructuró en torno al clivaje apoyo y legado a la democracia/autoritarismo; este mismo clivaje fue el dominante de la competición política chilena durante toda la década de los noventa, y el elemento mayor de los éxitos ininterrumpidos de la Concertación. Sin embargo, este mismo clivaje empieza ahora en perder relevancia, sobre todo después de la muerte de Pinochet, y del esfuerzo de reconsideración, por parte de la derecha chilena, de sus lazos vis-á-vis de la dictadura (tanto económica como ideológicamente).⁴⁵

Asimismo, asistimos en Chile, grosso modo, en la rehabilitación del sistema de representación política vigente antes de 1973 (sin contar la profunda reorganización social, tras la "revolución capitalista" en Chile; véase Moulián, 2002), aunque ya no tripolarizado sino bipolarizado.⁴⁶ La pacificación ideológica de los partidos políticos se acompañó asimismo de una consensualización de las relaciones inter e intrapartidistas. De hecho, el "Chile dividido" (Huneus, 2003), en el que se oponían dos lados irreconciliables antes del golpe de septiembre de 1973, se cambió en un "sistema legítimo, competitivo y consensual" (Matas, 2000).

Es preciso por tanto poner de relieve además de los éxitos electorales de la Concertación, su estabilidad inédita. Aunque el sistema electoral favorezca la formación y el mantenimiento de las coaliciones al minimizar el riesgo de walk away value, es notable subrayar que la Concertación ha logrado mantener una cohesión muy fuerte durante casi veinte años, conservar un proyecto político y programático fuerte y bien definido, y repartir entre todos los integrantes las parcelas del poder. Eso se logró, de manera indiscutible, mediante una cohesión ideológica y una congruencia gubernamental muy elevada, y una disciplina partidaria en el parlamento (Carey, 1999; Alemán y Saiegh, 2005). Eso a pesar de que haya en Chile incentivos negativos al mantenimiento de las coaliciones (como la no reelección inmediata del presidente). Por otra parte, la oposición, conservadores o gremialistas han logrado, de manera más lenta y menos cohesiva eso sí, una convergencia ideológica, pero aún no programática.

Por ello, tanto la coalición de gobierno como la de oposición (Unión Para Chile, hoy llamada Alianza) no han logrado imponerse como "meta-partido" (Garretón). Los partidos dentro de cada coalición no son simples corrientes (como en el caso uruguayo, por ejemplo) sino partidos estructurado y autónomos los unos vis-à-vis de los otros. Tienen, asimismo, cada uno su propio modo de designación de candidatos (aún no se generalizan las primarias a nivel coalicional); por tanto, la competición electoral puede ser tan fuerte entre las coaliciones como dentro de cada una. Finalmente, como lo hemos visto, los partidos en presencia son básicamente los mismos que formaban la vida política en el Chile antes de Pinochet. Por lo que el deseo del gobierno militar en disminuir el número de partidos no se logró. Por otra parte, esos partidos, pese a haber formado coaliciones electorales gubernamentales/de oposición, siguen dando la batuta en la política chilena al formar cada uno la "columna vertebral" (Garretón) de las coaliciones que forman. Estas coaliciones no tienen una base social propia, sino que dependen de las de los partidos que las forman (Valenzuela, 1999; Siavelis, 2005; Ruiz Rodríguez, 2007b).

Por otro lado, los últimos años han marcado una distensión de los lazos entre los miembros de la Concertación. De hecho, la salida de los "Colorines" tras la expulsión de Adolfo Zaldivar (PDC), así como la excisión de miembros del PS como Navarro o Marcos Enríquez Ominami (y de su padre Carlos Ominami), tras la negativa por parte de la cúpula directiva de la DC a hacerlos participar en las "primarias" en vista a las elecciones de 2009, así como otros miembros significativos (Shaulsohn, del PPD; Arrate del PS...), condujeron a preguntarse sobre la estabilidad afichada de la coalición. Elementos recientes, tras la derrota electoral en las elecciones de 2009-2010, que vio por primera vez en veinte años una alternancia gubernamental en ese país, relanzaron las especulaciones sobre el "fin de la Concertación" (Siavelis, 2004). Eso viene sobre todo a alimentar la necesidad de estudios "desde adentro" sobre las coaliciones, ya que "quedarse en el único criterio de presencia o ausencia de una formación política al estudio de las coaliciones, hace invisible todo el trabajo de las transacciones cruzadas y recomposiciones internas que colaboran a su mantenimiento o fragilización" (Bué y Desages, 2008: 26). Dicho de otro modo, la estabilidad institucional o "externa" (inter-partidaria) no refleja por sí la estabilidad interna (intra-partidaria).

Por ende, vimos que en Chile y en Uruguay el sistema y/o la tradición política condujeron a la formación y —sobretodo— el mantenimiento en el gobierno, de coaliciones mayoritarias, homogéneas, equilibradas y estables; de formación esencialmente pre-electoral (o entre dos vueltas en Uruguay) y duraderas (Matas, 2000). Estas coaliciones generaron estabilidad política y social en estos países cuando en el resto de América Latina se observaban períodos de inestabilidad e ingobernabilidad socio-política. También es preciso subrayar que en estos dos países se observó una vuelta de los partidos tradicionales y su mantenimiento en la competición política. De hecho, Chile y Uruguay una vez en democracia no tuvieron, como la mayor parte de los países de la región, que construir (inaugurar diría Garretón) su organización socio-política; por tanto, los sistemas de partidos en Chile y Uruguay son los más institucionalizados de la región y, también, los mejores estructurados (y más claros) a nivel de la ideología.

Otra consecuencia de la formación de estas coaliciones es el desplazamiento de la competición electoral hacia el centro del tablero político, debido a la adopción por parte de casi todos los partidos de posiciones más pragmáticas y menos dogmáticas particularmente para los partidos de izquierda). Hemos de notar, por ende, que esta re-centralización de la competencia se hizo en detrimento del partido tradicionalmente más influyente y dominante en cada uno de estos dos países: la democracia cristiana en Chile, que pierde cada año más influencia a nivel nacional como dentro de la Concertación; y el Partido Colorado en Uruguay (históricamente el partido progresista en Uruguay, pero derrotado muy fuertemente en las elecciones de 2004, donde sólo consiguió abarcar el 10% de los votos, víctima del sinistrismo, Duverger, 1951). Por ende, se observa una polarización de la competición electoral. Cuando antaño operaba la regla de los "tres tercios" en Chile (un tercio para la derecha, un tercio para el centro y último para la izquierda) y que en Uruguay operaba uno de los sistemas más antiguos del mundo, aunque debilitado desde la puja del FA en 1971; los dos países experimentan desde entonces una polarización competitiva, pero no —o poco— conflictiva⁴⁷ y de forma centrípeta (Lanzaro, 2001).

Por lo que respecta al fundamento del aprendizaje político, las élites tienen un papel importante que emprender (Garretón, 1993; 2001). El pragmatismo político y programático —y por ende ideológico— (Ruiz Rodríguez, 2006b) de las élites chilenas y uruguayas son, por ende, el elemento fundador de la vida política contemporánea en esos dos países (Alcántara y Luna, 2004). Es preciso notar que la parlamentarización de la praxis en estos dos países se operaron, sin embargo, bajo marcos institucional y constitucionalmente desfavorables al parlamento (Lanzaro, 2001; Godoy, 2003 y Nolte, 2003); además, en esos dos países los presidentes benefician de poderes proactivos y reactivos a la vez (véase el cuadro 3).

Sin embargo, tanto Chile como Uruguay han de enfrentar metas para su estabilidad política y social. La multiplicación de las protestas de toda índole bajo el gobierno de Michelle Bachelet,⁴⁸ así como la escisión de miembros de la Concertación dentro de los más destacados, "los colorines". Esto es la muestra de una codificación y regimentación interna incompleta, y/o mecanismos de disuasión a la deserción debilitados. Implica, además, que la Concertación tendrá que reforzar su cohesión con los objetivos de llegar a un consenso en cuanto a un proyecto político común, acuerdos en cuanto a la distribución de asignaciones (y dentro de éstas un acuerdo sobre la forma de designación del candidato a la presidencia aun sin acabar) y por fin, en su posicionamiento claro dentro de un nuevo clivaje más relevante y actual que el de autoritarismo/democracia. Y eso particularmente tras su primera derrota política en 2009. También habrá que renovar el personal político y darle visibilidad a las nuevas generaciones que siguen sub-representadas. De no ser así, la Concertación tendrá que enfrentar una próxima derrota electoral, que a la vez serviría para medir su grado de cohesión y el de la Alianza. Por otra parte, Chile tendrá que emplearse tarde o temprano al tema de la modificación del sistema binominal, y eso pese a que ambas coaliciones salgan aprovechadas del sistema (se dice que con la desaparición del sistema binominal desaparecen también las coaliciones vigentes hoy), para mejorar la representabilidad del sistema y de la arena política chilena.

En Uruguay, los problemas son más de corte socio-económicos. Como bien lo ha mostrado Lanzaro (1993, 2001), el país no ha emprendido todavía, de manera muy neta, su "segunda transición" (socio-económica ésta, con el abandono progresivo del Estado de bienestar). Por ello, reformas estructurales poco populares habrán de ser votadas de forma consensual para evitar un tropiezo electoral, pero sobre todo un rechazo y desconfianza política por parte de los ciudadanos en contra de los partidos políticos en general.

Por fin, la asceptización de la competición electoral, aunque menos pronunciada que en otros lugares de la región, conllevó una des-ideologización acelerada de las sociedades de ambos países, y por rebote, una despolitización inédita de los electores. El hecho más notable es una caída de la participación electoral⁴⁹ estos diez últimos años (Moulián, 2002; Huneus, 2003; Navia, 2002). Esto puede ser, también, considerado en ambos casos como un desinterés a la forma consensuada de hacer la política por parte de los ciudadanos. Este fenómeno se percibe aún más dentro de las poblaciones más jóvenes, sobre todo en Chile; por tanto, hay que matizar esta constatación al comparar los resultados con los de las naciones democráticamente consolidadas, para darse cuenta de que si bien retrocede, la participación electoral permanece constante frente a países como Gran Bretaña o Estados Unidos (Angell, 2003).

Hemos visto, asimismo, el efecto de las coaliciones en Chile y Uruguay sobre el sistema de partido y la estabilidad política. Vimos también, que estas coaliciones tienen por ende metas y desafíos importantes para su porvenir y mantenimiento. Veamos ahora en una tercera, y corta, parte el caso de la Argentina en cuanto a su única experimentación, reciente, de gobierno de coalición.

c) El caso de la Argentina, ¿una espina en el pie? Desde el retorno de la democracia, la Argentina ha experimentado un solo gobierno de coalición, con el éxito que sabemos. ¿A qué se debe este fracaso? ¿La crisis económica lo explica todo? La tradición política en la Argentina es muy distinta de la de los dos otros países conosureños. Tradicionalmente, el sistema argentino se desarrolla —como en Uruguay— a través de un bipartidismo. Los dos grandes partidos son la UCR (desde inicios del siglo XX) y el Partido Justicialista (desde 1943). Sin embargo, en esta configuración, las relaciones entre los partidos han sido más bien conflictivas. Con el auge del Partido Justicialista, bajo patrocinio estatal, el grado conflictivo se incrementó aún más, ya que el clivaje socio-político, de corte simbólico y no ideológico,⁵⁰ correspondía al posicionamiento pro/anti-peronismo (Cavarozzi, 2004). Por ende no se encuentra en Argentina ninguna gobernabilidad de negociación sino más bien una tradición de oposición y de conflicto abierto generalizado. Hasta 1976, los presidentes solían no intermediar su relación con "el pueblo", lo que ha generado un grado muy elevado de escepticismo y desconfianza en contra de los partidos y políticos. Por ello, los partidos son también menos estructurados e institucionalizados. El patronazgo y el clientelismo predominan, facilitado por el recorte federal del país (aunque las provincias no tengan mucho poder). Además, los numerosos golpes de Estado en la historia del país no ha conducido al apaciguamiento de la competición política ni las relaciones entre las élites (Escudero, 2001).

Con el retorno de la democracia, se va a experimentar un nuevo clivaje entorno a la acción del Estado en la esfera económica. Sin embargo, el grado de institucionalización y homogeneización de los partidos, por ser muy bajo, no permite una distinción clara entre la ideología de cada partido. Cada uno defendió en su tiempo la intervención estatal y luego la liberalización de la economía y la privatización de las grandes compañías. El salto más destacado proviene del Partido Justicialista, tradicionalmente defensor de los "descamisados" y que bajo la presidencia Menem, defenderá uno de los planes de liberalización más drástico del mundo.

Es necesario, sin embargo, precisar que la transición democrática no se hizo en la Argentina, al contrario de Chile y Uruguay, de forma concertada y pactada sino en la urgencia, después de la fracasada guerra de las Malvinas contra Inglaterra, en 1982. Por ello, los partidos argentinos no tuvieron que acercarse demasiado ni encontrar acuerdo y consensos en vista de la vuelta a la democracia, como lo hicieron los partidos chilenos o uruguayos. Por tanto, no se experimentó un apaciguamiento de la competencia interpartidista, ni menos una redefinición profunda de sus ideologías y programas.

Asimismo, no hay ninguna tradición de coalición en este país. Desde 1983, los presidentes monarcas (o imperiales, Cox y Morgenstern, 2001) se mantienen, hasta que se vuelven impotentes (casi en todos los casos, salvo en el caso de Néstor Kirchner, quien debutó con mucho escepticismo y terminó con el grado de satisfacción mayor desde Perón). La cuestión política allí es una cosa de un solo hombre (o mujer). El parlamento actuando como facilitador o enemigo, el ejemplo del último paro de los agricultores y las vivas tensiones resultada desde enero de 2008 lo demuestra. Sin embargo, el sistema político desde el pacto de Olivos que condujo a la reforma constitucional de 1994, tiende a limitar los poderes del presidente. Este no tiene, por ejemplo, poderes proactivos (no puede gobernar por decreto ni imponer la agenda)⁵¹ Como lo hemos visto, esto ha de limitar el poder entre las manos de un solo hombre. Por otro lado, el sistema electoral,⁵² aunque muy imperfecto, es bastante más proporcional que el sistema binominal chileno. También hemos de precisar el peso creciente de las provincias en el sistema organizacional del país. No obstante, estos desincentivos a la concentración de poderes no han alcanzado a cambiar la tradición política de oposición frontal y conflictiva entre el presidente y la oposición.

La experiencia de la Alianza. De ser muy poco congruentes e institucionalizados, los partidos han perdido su grado de ideología y de su visibilidad por parte de los ciudadanos (Ollier 2001; Chasquetti, 2006). El de hacer prueba de un oportunismo político constante, le dejó la puerta abierta a la emergencia de nuevos movimientos políticos, con personal escindido de los dos partidos tradicionales. Así es como apareció el FREPASO (Frente País Solidario), como sinistrismo de los dos partidos (sobre todo del PJ). Ello con base en sus buenos resultados en las elecciones locales desde mediados de los años noventa. Se pensó entonces que el movimiento había llegado a una homogeneidad y congruencia interna muy fuerte al oponerse a las políticas económicas del Consenso de Washington, emprendidas por el presidente Menem. Sin embargo, el partido seguía siendo muy heterogéneo por la diversidad de sus miembros y por la falta de una ideología muy bien definida. Al formar la Alianza con la UCR (el otro gran partido argentino), podría asimismo haberse operado una institucionalización del pacto y una homogeneización de los miembros, al menos adentro de cada uno de los partidos. Pero una vez ganadas las elecciones a presidencia de 1999, se notó el alto grado de amateurismo y heterogeneidad dentro de la coalición (Novaro, 2001; Ollier, 2001; Chasquetti, 2006). Al cabo de un año, el vicepresidente Álvarez daba su dimisión, dejando un gobierno que ya daba signos de cojear. El estallido de la crisis del 2001 (que no es fruto —completo al menos— de la política de la Alianza) supuso el fin de la coalición. El FREPASO desapareció, y la UCR sigue en "vida terapéutica".

Después de este fracaso rotundo, la vida política argentina ha vuelto a ser dominada por un solo partido de envergadura nacional: el PJ (Cavarozzi, 2004). Si bien hayan aparecido otros tantos (dentro de los cuales muchos partidos provinciales, Alonso 2005), y aunque la presidenta Fernández de Kirchner haya sido elegido mediante un acuerdo político (el frente para la victoria), este pacto se revela muy desequilibrado en cuanto a las fuerzas en presencia y finalmente no corresponde a un pacto político entre fuerzas políticas diferenciadas. Por ende, la ejecución del poder continúa expresándose bajo el principio tradicional de oposición/confrontación. Pues toda la coalición está formada en torno al Partido Justicialista, los demás partidos recogiendo las migas o haciendo jugar su poder de chantaje (como en la actual e interminable crisis con los agricultores, en donde el gobierno salió puesto en minoría por el mismo vicepresidente). Por tanto, y pese a que la oposición parece estar tratando de constituir un proyecto común (a través de la Coalición Cívica, la UCR y los Socialistas, por un lado, y los intentos de acercamiento entre los peronistas anti-kirchneristas, por el otro), las coaliciones políticas son consideradas, aún, como meros pactos de circunstancia. Sin embargo, el deleitamiento del poder y de la influencia del matrimonio presidencial, a través de la erosión cada vez más pronunciada de su respaldo parlamentario y civil, puede que suponga un cambio en el ejercicio del poder en este país. Asimismo, el caso argentino demuestra de manera clara la necesidad de una institucionalización de los partidos políticos, así como el de la adopción de una manera más consensual o pragmática (en vez de conflictiva) de gobernar. La cultura política tiene, por ende, tanta importancia como el aspecto institucional.

Vimos que los procedimientos de acercamiento política requieren mucho más que meros incentivos institucionales. Tal como lo muestra Gallo (2006), la adopción de medidas y elementos consociativos no generan per se una práctica consociativa (o negociada) del poder; y no garantiza, tampoco, la estabilidad política del régimen. De hecho, como lo muestra el cuadro 3, pese a que haya incentivos institucionales mayores para compartir el poder en la Argentina, la gobernabilidad de este país sigue siendo unilateral ("presidencialista") y no negociada ("partidista"). Por tanto, elementos extra-institucionales desempeñan un papel muy importante (Lupia y Stram, 2006). Otro aspecto ha tomar en cuenta es la valoración por parte de los agentes para formar parte de coaliciones y su desempeño dentro del bloque. De ahí surgen varias preguntas aún sin responder sobre la anatomía de las coaliciones y sus garantías de funcionamiento.

¿Cuáles son las metas "generadoras" de coaliciones? O sea, entender cuáles son los objetivos de cada partido dentro del pacto. Luego ¿cuán implicados son los distintos socios (partidos y agentes)? O sea, entender las relaciones entre los partidos dentro de los pactos y el reconocimiento (valoración) del pacto por estos mismos socios. Esta pregunta alberga también la necesidad de un análisis que considere el grado de integración dentro del pacto, en función de la autonomía de los partidos y sobre todo de los hombres políticos (si se consideran como socios de la coalición o si tienden a hacer valorar, primero, su pertenencia partidaria), así como las medidas internas de regimentación de los acuerdos y los procedimientos formales o informales. Y por fin, ¿cómo se recompensan los éxitos electorales?, o sea, entender cuáles son los procedimientos de reparto de las parcelas de poder (previstas de manera formal o informal) y cuáles son los elementos de "castigo" en caso de operarse escisiones (de agentes o de partidos enteros). Un análisis de corte sociológico es indispensable para, asimismo, entender estos procedimientos de formación de coaliciones, su mantenimiento y, finalmente, los elementos debilitantes de estas mismas.

 

6. A modo de conclusiones

Se mostraron en este trabajo las relaciones sinergéticas entre la formación de coaliciones y la estabilidad política en los regímenes presidenciales. La necesidad del recurso a la negociación le confiere a los gobiernos de coalición una postura en apariencia más débil, porque menos imperial (Cox y Morgenstern, 2001), pero más longeva en la práctica. El de negociar la formulación de leyes con aliados políticos no conlleva de hecho, en renunciar al emprendimiento de políticas (ya sean de corte formales o éticas), sino que al contrario, consiste en consentir en matices más o menos profundos de forma que una mayoría llegue a aprobar dicha política. El Poder Ejecutivo se revela, por tanto, menos impotente al modificar o matizar sus proyectos iniciales. Por el contrario, los gobiernos que no consiguen obtener la mayoría o que sólo poseen una mayoría crítica (loose majority) tienden a aprobar su política a través de la fuerza (política: recurso al decreto; o física). De todas formas, estos casos suponen unas relaciones con el Legislativo mucho más conflictivas que pueden desembocar en una parálisis de la vida socio-política, tal como la experimentó la Argentina durante casi cinco meses entre marzo y julio de 2008. Es la negociación (bargaining) por contra del statu quo. Por ende, coincidimos con que "las coaliciones de gobierno siguen siendo el mejor remedio contra los males del presidencialismo multipartidista" (Chasquetti, 2006: 184).

Sin embargo, reconocemos que de ser efectivas estas coaliciones requieren de un escenario positivo, facilitado a la vez por mecanismos institucionales y políticos y, sobre todo, por una tradición política apaciguada. Los casos chileno y uruguayo vienen a convalidar nuestra hipótesis de que cuanto más abiertas, homogéneas y precoces son los pactos políticos, más longevos resultan. Por tanto, reconocemos que ello requiere la adopción de reglas y cultura política más centrípetas y pragmáticas, así como la identificación en torno a clivajes sociopolíticos claramente definidos. No obstante, las formas coalicionadas de gobierno han de enfrentar límites y metas internas que si bien existen de forma global en todos los modos de gobierno, se revelan ser más peligrosos en éstos.

Asimismo, la consensualización de la política conduce a un des-apasionamiento por la cosa política. La rutinización del recurso a la negociación conduce por ende a una baja de la participación política (caso chileno) y/o una desconfianza en los partidos coaligados a favor de partidos más incisivos (caso uruguayo). También enfrenta la adopción de políticas menos consensuales pero no menos cruciales, tal como la orientación hacia una "segunda transición" (económica ésta; Lanzaro) o la adopción de leyes de corte ético. Eso supone un cierto coraje político, en donde el titular del Ejecutivo ha de gobernar de la forma menos Rousseauista posible, o sea, como político y no mandatario (Bobbio, 1984). Esto supone, por tanto, una renovación de los partidos en cuanto a su ideología y pactos; y pasa por ende por una renovación de las élites partidarias.

Consideramos, por fin, como pistas de estudios que seguir, dos pistas imprescindibles en el estudio de las coaliciones en Sudamérica. En un primer momento, el cómo se reparten las parcelas de poder, a saber el qué (qué carteras, si prevalece lo cuantitativo o lo cualitativo) se reparte con quién (qué rol tiene el partido del presidente, quiénes influyen dentro del reparto); y el cómo (de forma preestablecida y formal o de forma más opaca, según el peso político o posicionamiento ideológico). También por lo que toca a los sistemas políticos sudamericanos parece necesario estudiar las incidencias que tiene la organización del Estado sobre la forma de gobernar y la competencia partidista, vía un análisis comparado. Asimismo, parece de primera vista más simple gobernar un Estado centralizado (Chile y Uruguay) que una federación ya sea más formal que real (Argentina).

 

Abreviaturas:

Partidos uruguayos:

PC = Partido Colorado

PN = Partido Nacional / PB = Partido Blanco

EP/FA = Encuentro Progresista / Frente Amplio

NM = Nueva Mayoría

 

Partidos Chilenos:

PS = Partido Socialista

PPD = Partido Por la Democracia

PRSD = Partido Radical Social Demócrata

PDC = Partido Demócrata Cristiano

RN = Renovación Nacional

UDI = Unión de los Demócratas Independientes

 

Partidos Argentinos:

UCR = Unión Cívica Radical

PJ = Partido Justicialista

FREPASO = Frente País Solidario

 

 

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Notas

¹ No nos vamos a ocupar aquí del debate teórico sobre las diferentes formas que puede adoptar dichas colaboraciones interpartidistas: coaliciones electorales, coaliciones legislativas y coaliciones ejecutivas o gobiernos de coalición (véase RENIU, 2002).

² En los últimos treinta años, la mayoría de los 18 países han aprobado nuevas constituciones (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) o introducido algunas reformas relevantes en la dirección señalada en las vigentes cartas magnas (Argentina, Bolivia, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay).

³ Véase, entre otros, Limongi (2006), Amorim Neto (1998 y 2003).

⁴ Entre esta carencia de estudios sobre el tema destacan dos obras colectivas, encabezadas por Zovatto y Orozco (2008), Cheibub (2006) y por Lanzaro (2001a) que si bien adolecen de las dificultades señaladas, intentan ampliar el abanico de variables a considerar en el análisis de los gobiernos latinoamericanos. Complementan esta visión las aportaciones de Gallo (2006) para el caso sudamericano y de Corral y Vargas (2007) para el centroamericano.

⁵ El listado de causas puede ser amplio y variado, desde el abandono de alguno de los socios de gobierno o de alguna parte de sus parlamentarios, hasta la celebración de elecciones parciales o intermedias, así como la inclusión de algún nuevo socio de gobierno.

⁶ Un ejemplo de lo señalado es que Deheza (1998) identifica para América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) desde 1958 hasta 1994 un total de 123 gobiernos, de los cuales 48 monocolores y 69 de coalición (el 56,1%).

⁷ Hasta tal punto es evidente dicha problemática que la expresa sin tapujos: "cabe preguntarse si es pertinente utilizar el término de coalición para este tipo de pactos de gobierno. Coaliciones son —como afirma Sartori— acuerdos entre partidos, que suponen un mínimo de solidez y entendimiento duradero que abarca una gama congruente de temas, y no acuerdos sobre cuestiones particulares que se asemejan más a parches cotidianos" (Mayorga, 2001: 120).

⁸ Aunque ello pudiera dar mayor credibilidad a las diferentes acepciones de gobierno de coalición empleadas en los estudios latinoamericanos al respecto, lo cierto es que debe constatarse fehacientemente la existencia de acuerdos parlamentarios. Esto es, uno de los errores más habituales ha sido el equiparar cualquier tipo de coincidencia parlamentaria (por ejemplo, en una votación) con la existencia de una coalición parlamentaria o incluso con un gobierno de coalición (sic). Por otro lado, el segundo error cometido de manera reiterada es obviar el necesario reconocimiento de los miembros políticos individuales que se integran en un gabinete presidencial o, lo que es lo mismo, que el partido al cual pertenecen asuma coherentemente la corresponsabilidad política con la gestión del Ejecutivo y por lo tanto con todos sus miembros.

⁹ Este cambio en la consideración de la mayoría absoluta como requisito indispensable para la formación de gobierno se ha dado al mismo tiempo que la constatación de los buenos rendimientos políticos derivados de las experiencias de apoyos parlamentarios externos (vid. para el caso, los ejemplos protagonizados por CiU en España durante las legislaturas de 1993-1996 y 1996-2000), así como por el hecho de que en los sistemas basados en fórmulas de parlamentarmismo negativo únicamente se precise que el candidato a la presidencia sea tolerado por la cámara. Para un análisis más detallado véanse Bergman, 1993 y Reniu, 2002.

¹⁰ En pocas palabras puede definirse el incumbency effect como los efectos, en términos electorales, de la pertenencia al gobierno. Este efecto puede ser doble: positivo si creemos que la participaicón en el gobierno producirá beneficios a los partidos o, como han señalado Strom (1990b) o Narud (1996), negativos: se juzga con más dureza al gobernante que a los partidos opositores, de manera que es de esperar la obtención de pérdidas electorales tras el paso por el Ejecutivo.

¹¹ Una de las reformas electorales generalizadas en los países de la región ha sido la introducción de la segunda vuelta en la elección presidencial. Aunque se ha señalado el fortalecimiento de la legitimidad electoral del presidente y por ende de la gobernabilidad mediante la creación de coaliciones electorales, lo cierto es que en muy pocos casos éstas devienen coaliciones de gobierno. La experiencia muestra que mientras que las alianzas partidistas que enfrentan la primera ronda de votación se vehiculan a través de acuerdos políticos sólidos y estables, las generadas frente a la segunda ronda —mucho más decisivas en términos de éxito electoral— tienden a ser meros acuerdos coyunturales orientados a la maximización electoral, en un contexto de urgencias temporales.

¹² Buena parte de los problemas para la construcción de coaliciones parlamentarias en estos sistemas se encuentran condicionados por la escasa continuidad de diputados. Bien sea por restricciones a la reeleción inmediata (como en el caso de México) o bien por una ausencia de vocación parlamentaria, lo cierto es que la ausencia de una clase política parlamentaria estable impide contar con una suficiente masa crítica de familiariedad entre los diferentes grupos políticos y parlamentarios individuales (Cfr. Corral y vargas, 2007:26), o si se prefiere, la capacidad para el armado de voluntades de que habla Lanzaro (2001b:20).

¹³ De hecho, desde la perspectiva del presidente, las ventajas de contar con un gobierno de coalición son básicamente dos: por un lado, amplía el apoyo parlamentario a sus propuestas legislativas y, en segundo lugar, intenta maximizar el compromiso de los diferentes partidos en el establecimiento de la agenda política. En cambio, desde el punto de vista de los partidos integrantes del gobierno, podríamos aventurarnos a señalar que la única ventaja reside en el intento —generalmente fallido por la hegemonía política presidencial— de maximizar su capacidad de influencia política, así como controlar espacios dentro de los niveles más elevados dentro de la administración pública.

¹⁴ Se afirma que, por sí misma, la moción de censura a los miembros del gabinete no es suficiente para garantizar que se activen las dinámicas de cooperación entre Ejecutivo y Legislativo, sino que incluso puede darse la problemática de una doble responsabilidad de los ministros. De acuerdo con Colomer Y Negretto, las fórmulas más capaces de favorecer relaciones consensuales y cooperativas son "la ratificación congresual de los nombramientos ejecutivos o la ratificación y la censura vinculante, pero no la censura simplemente" (2003:49).

¹⁵ Este es el caso, especialmente, del escenario acontecido tras las elecciones presidenciales y parlamentarias mexicanas de julio de 2006 (Aguilera de Prat y Reniu, 2007).

¹⁶ Esta cuestión del diferente origen electoral de los diputados y senadores hace referencia obviamente al carácter mayoritario o de representación proporcional de los mismos. Somos de la opinión que buena parte de las dificultades por mantener una disciplina de partido homologable a la experimentada en sistemas parlamentarios europeos se debe a dicha división. Consideramos que los parlamentarios elegidos por lista proporcional no pueden aducir motivos de peso para la ruptura de la disciplina del partido y, por tanto, su carrera política se deberá en gran medida al seguimiento del dictado del partido. Pero, por otro lado, los diputados de mayoría (aunque la no reelección es una variable que no puede desdeñarse en el análisis) se encuentran vinculados no sólo al partido sino sobre todo a la base electoral de su distrito. Así, si determinadas propuestas políticas implicaran un efecto directo sobre determinados distritos, podría inducir a los respectivos diputados/senadores a no rechazarlas apelando únicamente a la identificación partidista.

¹⁷ Uno de los factores clave es precisamente las atribuciones presidenciales. Así se asume que a mayor concentración de facultades presidenciales menores estímulos para las dinámicas colaborativas. Incluso en los presencialismos latinoamericanos con algún matiz parlamentario, el presidente cuenta con poderes significativos como actor proactivo (iniciativa legislativa, legislación por decreto), así como especialmente como actor reactivo (veto parcial y/o total). En este sentido, un poder reactivo (veto) fuerte en manos del presidente puede provocar con relativa facilidad situaciones de bloqueo en la toma de decisiones y la consiguiente parálisis política. Como puede apreciarse en la tabla 2, los presidentes de todos los países del grupo de estudio cuentan con poder de veto total, e incluso en algunos casos con veto parcial. Lo significativo es la disparidad de criterios para la superación del veto por parte del Legislativo, siendo que sólo Uruguay impone una dificultad significativa al exigir las 3/5 partes de los miembros presentes.

¹⁸ De aquí en adelante nos interesaremos esencialmente en Sudamérica, pues ahí los años 1980-1990 constituyeron el retorno de la democracia, lo que supone que esa región constaba, antes de los golpes militares de los años 1960-1970, de una cultura democrática relativamente fuerte (según los países) por el pasado; al contrario de Centroamérica —con la excepción notable de Costa Rica—, que experimentó una inauguración democrática (Garretón, 1997) tras la "tercera ola" de democratización (Huntington).

¹⁹ Este número varía según los autores. No contamos aquí los cambios de gobierno ni los gobiernos monocolores que han conseguido el respaldo de otros partidos dentro del parlamento.

²⁰ Estos son partidos indigenistas, neo-corporatistas (Bobbio, 1984) o regionalistas.

²¹ El análisis de estos movimientos creados para dotar a su jefe-fundador de una vitrina programática, entra en el análisis de la delegative democracy de O'Donnell; en este sentido Perú y Ecuador son los ejemplos más destacados a un punto tal que se llegó a hablar, mencionando el caso peruano, de "primera democracia sin partido" (De Gregori, Grompone).

²² Además, autores como Stram (1990), Negretto (2003) y Cheibub (2003) mostraron que los sistemas parlamentarios, y precisamente los sistemas dominados por dos grandes partidos, no están vacunados contra los problemas de gobierno de minoría.

²³ Descartamos voluntariamente la formación de gobiernos apartidarios y/o sin respaldo en el gobierno, aunque estos formatos hayan concurrido en la historia reciente (Perú y Ecuador, entre otros).

²⁴ De hecho, observamos en Uruguay y también en Chile que los principales partidos de la escena política en los años 1970 volvieron a establecerse como fuerzas centrales, con excepción notable del Partido Comunista en Chile.

²⁵ Al contrario de la Argentina que experimentó su transición de manera casi catastrófica después de la guerra de las Malvinas (1999).

²⁶ Aunque permanecían en el poder, tuvieron que nombrar civiles en los puestos claves.

²⁷ Sin embargo, hay que notar que el representante del Partido Nacional, Wilson Ferreira, no estuvo presente en este encuentro, ya que se encontraba en el exilio en Buenos Aires y luego encarcelado e impedido de presentarse para la campaña. Ello viene a matizar el supuesto de transición "modelo" a la uruguaya.

²⁸ El sistema de partido uruguayo —entonces uno de los más antiguos del mundo— era hasta los años setenta formado por un bipartismo puro; sin embargo, el partido Colorado (progresista y urbano) es tradicionalmente el partido dominante en la escena política desde la presidencia de Batlle y Ordóñez a principios del siglo veinte. Véase CEE1815 (1999) y Lanzaro (2001b).

²⁹ Para una definición del concepto de partido cartelizado véase: Katz y Mair: "Changing Models Party Organization and Party Democracy: the emergence of the cartel Party", Party Politics, 1 (1), 1995, pp. 5-28. Para una crítica de este concepto, véase Aucante y Dézé (eds.) Les systèmes de partis dans les démocraties occidentales: Le modèle de parti-cartel en question, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2008.

³⁰ Es preciso notar que es más la aparición de esta nueva fuerza política en 1970 (con un 18%) que condujo al golpe de Estado de 1973, más que la supuesta "amenaza" Tupamara, casi anihilada a principios de 1972. Pues el Frente Amplio amenazaba la hegemonía de los dos partidos tradicionales y el sistema cartelizado creado por éstos. Véase Fregosi, 2005.

³¹ La primera gran victoria fue la conquista de la intendencia de Montevideo en 1989, y el "empate" de 1994, en donde los tres partidos "empataron" sus votos al obtener un tercio de los votos del electorado. Finalmente fue Sanguinetti (Colorado) quien salió elegido con el 24.68%.

³² De ser a una sola vuelta el sistema electoral, sólo bastaba que el Frente Amplio fuese el partido más votado, lo que fue, efectivamente en 1999.

³³ El elector votaba, al mismo tiempo, por un partido y un lema o lista al interior del partido votado, a una sola vuelta. Para más información, véase Buquet (1997).

³⁴ Aunque naciera como una coalición de partidos, no consideramos a los gobiernos del Frente Amplio como coaliciones de gobierno. Asimismo, observamos que desde la vuelta a la democracia ése se volcó en un partido confederado o "partido de coalición" (Lanzaro, 2001b), contando con varias corrientes más o menos institucionalizadas y organizadas, pero no independientes.

³⁵ En menos de quince años, el Frente Amplio liderado por T. Vázquez se llevó la Intendencia de Montevideo (1989) y logró conservarla; y sobre el ámbito nacional pasó de 30.61% de los votos en 1994 (casi empata con los dos otros partidos) a obtener la mayoría absoluta desde la primera vuelta (51.7%) y logró la mayoría de los escaños en el parlamento en las elecciones de 2004.

³⁶ Es preciso subrayar que 1891 coincide con el inicio de la República Parlamentaria de Chile. Período que duró hasta el golpe de 1924 y la instauración de la nueva constitución, presidencialista, el año siguiente.

³⁷ Este sistema se llamó la ley de los tres tercios, pues cada polo abarcaba más o menos un tercio de los votantes.

³⁸ De hecho, Chile es con Paraguay el último país de la región en haber lanzado su transición democrática y por ende, el último (con Paraguay) en haber recobrado la democracia.

³⁹ Si bien hubo fraude, la mayor parte de los estudios muestran que la mayoría de los chilenos votó, entonces, a favor de esta adopción (Kirby, 1997 y Moulián, 2002).

⁴⁰ Este recorte pone problemas, pues las circunscripciones como Puente Alto, con unos 500,000 habitantes, traen tantos diputados como Melipilla (con 50,000 habitantes).

⁴¹ De hecho, una lista que obtuvo menos del 40% de los votos a nivel nacional puede llegar a obtener el 50% de los escaños; al inverso, una lista (hecho hipotético) que lograse el 66% de los votos en todas las circunscripciones se encontraría asimismo sin oposición. Por otra parte, en las elecciones de 2005, 13% de votos emitidos a favor de un partido que no formara parte de las dos grandes coaliciones, no tuvo representación política en términos de escaños (Carey, 1999; Siavelis, 2001; Godoy, 2003 y Nolte, 2003).

⁴² Tan sólo el Partido Comunista y algunas facciones del PS se negaron a "jugar el juego de los militares" y persistieron en su postura de oposición frontal y resistencia (política y/o armada).

⁴³ Es preciso notar que si ello pudo ocurrir, fue por dos razones: al abandono progresivo de las teorías marxista por los socialistas y sobre todo la certidumbre de los militares en cuanto a su victoria en el referendo, gracias a los buenos resultados de la economía en aquella época. Por ende, se puede concebir que la derrota electoral marca el inicio de la transición democrática.

⁴⁴ Aparte del PC. Estos procesos dolorosos eran la condición sine qua non exigida por los militares para entrar en la mesa de negociación, al imponer el reconocimiento del nuevo sistema económico. Además, al notar que la mayoría de la población defendía ese sistema económico (pero no la parte social), a través de los resultados del jaguar de Chileno, la conversión fue menos complicada y llevó el PS en adoptar una línea completamente socialde-mócrata. Véase Kirby (1997), Moulián (2002), Huneus (2003) y Santiso (2005).

⁴⁵ Asimismo, la derecha chilena trató de deshacerse paulatinamente de su herencia pino-chetista.

⁴⁶ Sobre este tema de la reformación de los tres tercios más o menos bipolirizados, los autores divergen. Véanse Siavelis, "Continuity and Change in the Chilean Party System: On the Transformational Effects of Electoral Reform", en Comparative Political Studies, 30 de junio, 1997, 651-674; y Valenzuela y Scully, "Electoral Choices and the Party System in Chile: Continuities and Changes at the Recovery of Democracy", en Comparative Politics, julio, 1997, 511-527.

⁴⁷ Aunque se haya demorado un poco más en Uruguay (Chasquetti, 2001; Alcántara y Luna, 2004, y Lanzaro, 2001b).

⁴⁸ El último año de gobierno de Michelle Bachelet y sumanejo de la crisis económica, aunque lejos de ser revolucionaria ni muy exitosa, hace olvidar que la mayor parte de su mandato fue marcado por duras y profundas manifestaciones.

⁴⁹ Vía una baja de las inscripciones en las listas electorales en Chile, pues el voto es obligatorio en este país y las sanciones en caso de no producirse son muy incitativas. Véase el nivel de participación en anexos.

⁵⁰ Observamos de hecho de que los partidos argentinos son más de corte movimentista. Esto implica una ideología bastante laxa.

⁵¹ También se introdujo el sistema de ballotage, en caso de que ninguno de los candidatos en primera vuelta haya obtenido más del 45% o del doble de su seguidor; así como la posibilidad de reelección.

⁵² El partido mejor votado, cualquiera sea su número de votos, obtiene 2 diputados (y senadores a nivel federal) por distrito. El segundo mejor votado, uno.