Introducción

La presente investigación se ocupa de la desigualdad de género, la vulnerabilidad social de la mujer y su empoderamiento en contextos de exclusión social, en particular en Ciudad Guzmán, Jalisco. Para conocer el problema de primera mano, es necesario precisar algunos antecedentes sobre estas problemáticas en el panorama nacional y mundial.

El rol de la mujer ha sido históricamente reducido a un estrato inferior o de cuidado, comúnmente asociado a la crianza, la alimentación y el cuidado del hogar -incluyendo menores de edad, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes.

Esta percepción de alcances limitados se ha mantenido debido a la ideología machista imperante, lo que aunado a situaciones de represión y de violencia expusieron al género femenino a situaciones de vulnerabilidad psicológica, económica y social.

Sin embargo, la introducción de una nueva ideología y política de género gestada durante el siglo XX trajo un proceso de lucha para que las mujeres tuvieran derechos y garantías. Dentro de esta transición, el empoderamiento se convirtió en una parte fundamental para que cada vez más mujeres ganaran independencia, libertad y respeto, con lo que pueden asumir el control sobre su vida y sus decisiones.

Con estos antecedentes, y la necesidad de visibilizar el problema y proponer soluciones en todas las regiones del mundo, la Organización de las Naciones Unidas (^{ONU: 2015}) ha hecho hincapié en que “la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son prioridad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable”, propuestos para disminuir las brechas y focalizar la cooperación y la generación de programas que promuevan la inclusión y equidad; esto en un marco de derechos que a su vez permita construir más ciudadanía para las y los mexicanos.

Se trata de 147 objetivos y 169 metas dirigidos a “poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para el 2030”, de forma que estas directrices incidan en las causas estructurales de la pobreza, combatan las desigualdades y generen oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población.

Para el tema que atañe a esta investigación, el Apartado 5 de estos objetivos se refiere a la igualdad de género, y agrega que se implementan estrategias para poner fin “a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas”, ya que además de ser un derecho humano básico, este aspecto es crucial para acelerar el desarrollo sostenible: “Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”, se remarca.

Visto así, el incremento en el acceso a la educación y una mayor inclusión de las mujeres a la fuerza laboral remunerada no agrícola, del año 2000 a la fecha, son logros que los Objetivos de Desarrollo Sostenible toman como base para garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo. No obstante, los obstáculos que aún persisten hacia la mujer son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público.

Desde aquí se remarca que garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir la igualdad entre los géneros.

Bajo esta óptica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entiende al empoderamiento como el proceso de adquirir o encumbrar una serie de capacidades definidas como “poder”, tanto para controlar los recursos externos como para el crecimiento de la autoestima y la capacidad interna (^{Sen, 1997}).

De este modo, en primera instancia el empoderamiento designa la capacidad del individuo de actuar de manera independiente, de establecer los medios necesarios y el proceso para efectuar su capacidad de tomar decisiones con respecto a su vida y a su lugar en la sociedad.

Este proceso bilateral es, entonces, “una construcción de identidad dinámica con una doble dimensión: individual y colectiva” (^{Caubergs et al., 2007: 10}), que comprende en primer plano el enfoque individual del empoderamiento que engloba la autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad para tomar decisiones que involucran el rumbo de la propia vida, sin dejar de lado el aspecto colectivo del concepto.

Para fines de esta investigación, la concepción “empoderamiento” se toma desde la perspectiva de la mujer. Sobre el término, ^{Batliwala (1997: 191-192)} considera que el empoderamiento femenino es el resultado del proceso por el que las mujeres ganan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, desafiando así la ideología del patriarcado y la discriminación por género.

En este sentido, el empoderamiento abarca varios conceptos: por un lado, “tener una elección más amplia en la realización de su proyecto de vida”, recuerdan Caubergs et al. (ibid, 12); por otro, señalan que el empoderamiento garantizaría la transformación de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, “para lograr una justicia social”,

Sus metas, además, detalla Batliwala (ibid: 193), se enfocan a transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la desigualdad social, y en “capacitar a las mujeres pobres para que logren acceso y control de la información y de los recursos materiales” de su entorno, con el fin de incidir en la toma de decisiones.

Sobre lo anterior coinciden autoras como ^{Schuler (1997)}, quien identifica al empoderamiento como un proceso que ayuda a las mujeres a ser independientes, a aumentar su capacidad de configurar y tener mayor control sobre sus propias vidas y sobre su entorno.

En ese contexto, el concepto de empoderamiento resulta ser determinante si se considera la situación de vulnerabilidad a la que las mujeres se ven sujetas. Según ^{Kliksberg (2003: 7-8)}, a pesar de las largas luchas por la equidad de género, todavía las mujeres constituyen un grupo vulnerable, expuesto en mayor medida que los varones a verse afectadas por problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión; así como por la violencia intrafamiliar, con frecuencia aunada a los estereotipos patriarcales.

Se trata, pues, de una vulnerabilidad social propia de las mujeres, “distinta a la de los hombres”, según Quintal y Vera (2004: 201), quienes agregan que esta situación es acumulativa, y va “en función de la edad, la clase social, el nivel educativo y la etnia a la que se pertenece, entre otros factores”. Por si la situación no fuera menor, con esto las mujeres quedan en indefensión para asumir el control sobre su salud sexual y reproductiva.

De este modo, señalan las autoras (ibid: 211), la vulnerabilidad se configura al exponerse a relaciones de sometimiento y subordinación; “es decir de violen cia material y simbólica, que debilitan sus recursos y capacidades, y por ende su autonomía y toma de decisiones”.

Esta preocupante situación también es visibilizada por ^{Hernández, Rodríguez y Salvador (2014: 289)}, quienes consideran que de poco ha valido introducir la perspectiva de género en las políticas sociales, ni hay medidas gubernamentales que reduzcan la “brecha de género, o que eviten el aumento de las situaciones de exclusión social de las mujeres”.

Para hacer hincapié en la vulnerabilidad que padece el género femenino, ^{Larrubia y Navarro Rodríguez (2006: 493)} expresan que los procesos de marginación suelen ser reforzados por situaciones de carencia o pobreza económica, explican que la exclusión social puede tomar forma en cualquiera de los ámbitos vitales básicos de las personas, “con una gran variedad y gravedad de las situaciones que desencadena o sostiene”, por lo que para estudiarla y atenderla se requiere una perspectiva multidimensional: “lo económico, lo laboral, lo formativo, lo sociosanitario, lo residencial, lo relacional, y el ámbito de la ciudadanía y la participación”.

La brecha salarial; el trabajo no remunerado

En este punto cabe mencionar que una de las desigualdades más acentuadas entre los géneros es la brecha salarial, donde las mujeres llegan a percibir hasta una cuarta parte menos de ingreso por el mismo trabajo que un hombre (^{Larrubia y Navarro Rodríguez, 2006: 9-10}), aunado a que fuera de las labores domésticas (ampliamente desvalorizadas), gran parte de los trabajos realizados por las mujeres se originan en la informalidad; esto es, sin prestaciones del Estado.

Sobre la visión de que las responsabilidades domésticas deben estar a cargo casi de manera exclusiva de la mujer, ^{Kliksberg (2003: 20)} señala que las mujeres que se integran al mercado laboral lo hacen “en condiciones muy desfavorables”, ya que “su retaguardia, la situación en el hogar, no está cubierta, sino que [en muchas ocasiones] sigue estando a su cargo integralmente. Tienen una doble jornada”.

También se advierte que uno de los factores que influye en el nivel de vulnerabilidad de la mujer, es la falta de recursos económicos, ya que según ^{Casique (2010: 37)} se considera que el acceso a ellos y su disponibilidad hace más sencillo el empoderamiento de las mujeres, lo cual les permite acceder a mayores recursos, iniciándose un proceso de enriquecimiento y empoderamiento circular.

En estos casos, coincidiendo con ^{Deere y León (2002: 38)}, las posesiones de bienes económicos y de tierras de las mujeres están relacionadas con la capacidad de actuar de forma autónoma y de expresar sus propios intereses en las cuestiones que repercuten en sus vidas y en las de sus hijos.

Ambas autoras (ibid: 38) confirman que el acceso y la disponibilidad de recursos es un aspecto central en el empoderamiento de las mujeres, dando acceso a mayores y nuevos alcances (ibid: 38), siendo este “un aspecto central en el proceso de empoderamiento de las mujeres”

De acuerdo con ^{Casique (2010: 72)}, esta situación desvela la importancia de promover políticas y legislaciones que favorezcan el acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos, y que además se cuente con indicadores que den seguimiento a esta situación.

Otro de los aspectos que se suma al panorama descrito, es el planteado por ^{Caubergs et al. (2007: 12)}, quienes recuerdan que las mujeres -como grupo- tienen acceso más limitado que los hombres a la educación, “a los recursos productivos y a las oportunidades económicas y sociales”, con lo que “sufren más la rigidez y el desequilibrio al nivel de la repartición de las tareas y los papeles atribuidos a los hombres y a las mujeres, y participan en menor medida que los hombres en la toma de decisiones”.

Al respecto, ^{Stromquist (1995: 13-14)} asegura que, si bien el trabajo fuera de casa a veces suele considerarse como una doble carga, son los recursos que proporciona este tipo de labor los que incrementan la independencia económica y por ende la emancipación en general; la autora (ibid: 15-16) recalca que no hay políticas públicas o estrategias de intervención que enseñen confianza en sí misma y autoestima, sino que “one must provide the conditions in which these can develop¹; así pues, el empoderamiento no puede germinar entre “beneficiarias” de los programas asistencialistas, sino entre “participantes”, ya que se requiere involucrar a la mujer directamente en la planeación e implementación de proyectos.

Esto quedó de manifiesto en un estudio realizado por ^{Flores Palacios (2014: 422 y ss)}, el cual se enfocó en mujeres de una comunidad migrante asentada en el estado de Morelos. La autora define a la población que investiga como “vulnerable”, pues “integra aspectos objetivos y subjetivos de acuerdo a la propia historia y condición de las personas”; se trata de un elemento latente en la constitución del sujeto, la cual emerge de un contexto de interacción específico.

Sobre el concepto de “vulnerabilidad”, Quintal y Vera (2014: 201) abundan en que se trata de situaciones de inseguridad y desamparo “que experimentan comunidades, fami lias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia de los impactos que provoca algún evento social o económico de carácter traumático”.

Con estas nociones, Flores Palacios (op cit.) expone los resultados de su estudio, que revelan una clara desigualdad de género sustentada, entre otros factores, en las dificultades económicas: pese a que la falta de recursos fue expresada como una de las mayores tensiones familiares, las mujeres mostraron un marcado rol de sometimiento a la figura masculina, mediante un arraigamiento al hogar y a permanecer dedicadas sólo al cuidado de los hijos y a la atención al marido, dejando de potenciar otras alternativas que pudiesen proveer de mejoras económicas a sus núcleos familiares.

Por otro lado, retomando las dimensiones del empoderamiento colectivo, diversos estudios destacan la importancia de empoderar a la mujer en beneficio de su comunidad, y de crear herramientas para medir su vulnerabilidad, con la premisa de que las mujeres y sus capacidades tengan los elementos para ser de relevancia estratégica en el desarrollo social.

^{Aguayo y Lamelas (2012)}, por ejemplo, consideraron 20 países latinoamericanos con el fin de medir el empoderamiento de la mujer en esta región, ello desde la perspectiva de los Informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. El estudio permitió demostrar que el empoderamiento femenino es un factor determinante para reducir las disparidades de género que dificultan los avances hacia mayores niveles de desarrollo socioeconómico, y concluyó que “los avances en la capacitación de las mujeres para el liderazgo, junto a vías que garanticen su mayor y real participación social, constituyen estrategias claves del empoderamiento femenino” (^{Aguayo y Lamelas, 2012: 130}).

Por su parte, ^{Canaval (1999)} elaboró un instrumento para medir la percepción del empoderamiento a nivel comunitario en mujeres de barrios colombianos, para lo cual abarcó cuatro dimensiones: participación e influencia, liderazgo, interés comunitario y control personal. En los resultados, la autora resalta la importancia del empoderamiento sobre toda una comunidad, de modo que los esfuerzos, los recursos y las habilidades puedan conjuntarse para satisfacer las necesidades de los individuos que la integran.

La autora agrega que la medición del empoderamiento por medio de escalas puede ser un instrumento útil para rastrear, diagnosticar o bien evaluar el efecto de intervenciones específicas emprendidas por instancias gubernamentales.

Contexto local, programas de asistencia

Aunque para el desarrollo comunitario resulta importante empoderar a la mujer, es necesario conocer el nivel de vulnerabilidad y empoderamiento del sector femenino para determinar estrategias de desarrollo en este rubro. En este sentido, se volvió imperativo analizar las acciones relacionadas con la mujer en las políticas públicas en México vinculadas al combate de la vulnerabilidad.

En México, en las últimas décadas se han instituido diversos programas gubernamentales con la intención de cubrir las deficiencias de los sectores vulnerables de la población mexicana; en particular, los programas de apoyo a los que acceden las mujeres están orientados a suplir o mejorar la alimentación de las familias mexicanas, puesto que es la mujer quien adquiere la responsabilidad de velar por la alimentación de la familia entera como figura materna, aunque es el hombre quien por lo general provee.

En la década de los ochenta, por ejemplo, se creó el programa “Solidaridad”, que luego fue denominado “Progresa” (Programa de Educación, Salud y Alimentación) y más tardeen la década del 2000 “Oportunidades”. Conocido en la actualidad como “Prospera”, el programa está orientado a brindar acceso a la educación, salud y alimentación para las familias, y es el principal programa social del gobierno federal mexicano.

Otro instrumento de apoyo social puesto en marcha por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es el Programa de Apoyo Alimentario, el cual tiene el propósito de cubrir los mínimos necesarios en materia de alimentación de las familias de zonas rurales, las cuales reciben un apoyo en efectivo o un paquete alimentario con la condición de asistir a charlas sobre alimentación, nutrición y salud.

Más recientemente se emprendió la llamada Cruzada contra el Hambre como un programa de asistencia que pretende la inclusión y bienestar social, “que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance” orientado a atender “a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación” (SSN-DIF, 2016: 10).

Más adelante (ibid: 50) se detalla el objetivo de la llamada asistencia alimentaria, “contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria”.

No obstante, a las beneficiarias se les otorga el apoyo y se cumple escasamente con lo establecido en una recomendación en particular de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que solicita a los gobiernos fomentar “el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo de los beneficiarios” del programa, esto a través de acciones que generen la participación social de los ciudadanos.

En el contexto local, en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco, se implementa el “Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, que forma parte de la referida Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, apoyo que adquiere validez a través del Subprograma de Ayuda Alimentaria Directa, del cual se encarga el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia por medio del DIF municipal, que ofrece “despensas con productos básicos y pláticas orientadas a fomentar los buenos hábitos alimenticios de las familias, coadyuvando así a mejorar su calidad de nutrición” (DIF, 2016).

Para que este beneficio sea entregado por el gobierno a las familias, éstas deben cumplir los siguientes requisitos, o con al menos uno de ellos:

La finalidad de este programa es apoyar a las personas con inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social, y tiene como prioridad atender “a grupos de riesgo, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos” (^{DIF Jalisco, 2016}). Se debe señalar que estos objetivos siguen la misma línea planteada por las estrategias asistenciales revisadas líneas arriba e implementadas por diferentes gobiernos.

Asimismo, a través del Programa de Abasto Social de Leche, las familias beneficiadas pueden adquirir, por un módico precio, cuatro litros de leche a la semana por cada miembro beneficiario registrado en el padrón (^{Sedesol, 2015}).

Aunque se entregan apoyos en despensa y descuentos preferenciales, queda de manifiesto que el sector femenino es uno de los grupos vulnerables considerados por dicha institución gubernamental, y que requiere de estrategias prioritarias para cambiar su realidad como mujeres y como miembros de su comunidad.

Si bien el apoyo que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia otorga a la mujer vulnerable de la región sur de Jalisco contribuye a su empoderamiento, al proveerla de un recurso económico o alimenticio entregado en especie, no se debe pasar por alto que éste, al igual que el apoyo de otros programas gubernamentales, no cubre en la totalidad las necesidades que este sector presenta, puesto que es solamente coadyuvante en la satisfacción o complemento de una necesidad básica.

Por todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es medir el nivel de empoderamiento de las mujeres vulnerables de la región sur a las que el DIF municipal otorga despensas, además de reconocer cuál es el perfil demográfico de este sector. Ello con la finalidad de proponer medidas que permitan potenciar un proceso de empoderamiento completo, saludable y trascendente, en estudios posteriores.

Programas “maternalistas” y casos de empoderamiento exitoso

Sobre el particular, Ochman (2015) realizó un estudio para evaluar los programas y políticas sociales de empoderamiento en México, y encontró que los programas implementados hacen imposible el empoderamiento de las mujeres, pues aunque se promueve la independencia económica, aun reproducen y refuerzan los estereotipos y roles tradicionales de género, por lo que terminan siendo negativos, generando menos empoderamiento; en otras palabras, el ser blanco de programas sociales “ha traído ventajas, pero también costos significativos para las mujeres pobres, y su empoderamiento (…) sigue siendo una promesa no cumplida” por los tres órdenes de gobierno.

Detalla la autora (ibid: 36-37) que tanto los programas “Progresa”, como “Oportunidades” y “Prospera” se han mantenido como programas “emblemáticos” de combate a la pobreza en el imaginario de México, aunque su diseño se ha mantenido prácticamente “igual” a lo largo de los años. Funcionan basándose en la transferencia de dinero condicionada a las familias en pobreza extrema; tales recursos “se entregan de manera preferencial a las mujeres y vienen etiquetados para educación y alimentación”, y aunque tienen impacto a corto plazo, no generan cambios de fondo en lo tocante al empoderamiento de la mujer.

Debe señalarse que el diseño mismo de este tipo de programas “fortalece los roles tradicionales de las mujeres como cuidadoras desinteresadas de otros, al mismo tiempo que aumenta la jornada laboral y el estrés”. Incluso, otro de los riesgos es que fomenta la trampa de inactividad, debido a que el tiempo y las obligaciones que las mujeres deben asumir para ser beneficiarias del subsidio, inhiben sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral, sobre todo el formal.

Por otra parte, ^{Pinzón y Aponte (2013)} lamentan que las políticas asistenciales de los diferentes gobiernos afecten el desarrollo del capital social; los llamados programas de transferencia condicionada de dinero manifiestan un diseño maternalista donde el acceso a “a una cantidad de dinero pequeña y etiquetada para satisfacer las necesidades de la familia no fortalece la autonomía de las mujeres ni dentro del hogar ni en la comunidad”; con esto, se explica que muchas de las mujeres “se han acostumbrado a las ayudas del Estado y a la calidad de vida que éstas le permiten, sin preocuparse por buscar mejores condiciones a través del trabajo que puedan desarrollar ellas mismas al interior del barrio”.

Entonces, sea como se planteen, para ser exitosas las políticas públicas o estrategias que busquen promover el empoderamiento de las mujeres tienen que intervenir a nivel de la “condición” de las mujeres, mientras que al mismo tiempo se está transformando su “posición”, lo que de acuerdo con ^{Batliwala (1997: 207)} permite abordar simultáneamente las necesidades prácticas y las estratégicas.

Asimismo, este tipo de procesos políticos y sociales deben tomar en cuenta, según ^{Bianchi (2014: 65)}, “las necesidades y los intereses de mujeres y hombres, y las relaciones que propician una redistribución más equitativa, justa y democrática de responsabilidades y recursos, en el mercado laboral, en el Estado y en los hogares, contribuyendo así a superar la división sexual del trabajo”, garantizando así sus derechos para transformar las desiguales relaciones de poder, a fin de que ellas sean agentes de su propio desarrollo.

De esta forma se asientan las bases para generar “visiones alternativas de la mujer”, que se convertirán en realidades a medida que cambien las relaciones sociales; con esto en mente, ^{Gómez y Rodríguez (2016)} implementaron en Logroño, España, un proyecto grupal denominado EMPODERA-T, en el que -explican- las mujeres tuvieron grandes avances en lo personal, así como en lo formativo, laboral y social herramienta eficaz en la prevención e intervención de la violencia de género.

Se realizó trabajo social de grupo, que es un método educativo a través del cual se refuerzan los valores del individuo, “ubicándolo en la realidad social que lo rodea para promover su cooperación y responsabilidad en una acción integradora en el proceso de desarrollo”.

La intervención se llevó a cabo en 21 módulos (un tema por semana); cada sesión se conformó como un espacio para que las participantes desahogaran sus problemas, se educaran sobre diversos temas y compartieran sus sentimientos y experiencias, así como para identificarse entre sí.

Tras cumplirse las 21 sesiones del programa, las autoras hallaron la “formación de una relación de ayuda positiva y sana entre las participantes y las trabajadoras sociales”, que creó “vida grupal basada en el respeto, el aprendizaje y la cooperación”.

Asimismo, tras la implementación del proyecto, las autoras advirtieron rasgos positivos en las mujeres, como pensamiento optimista, control de impulsos, autoconocimiento y conexión con las emociones, hablar en público, defender creencias, tomar conciencia acerca del machismo, desarrollar habilidades parentales y educativas.

Otros ejemplos de casos de éxito, promovidos por la ONU, refieren cómo las mujeres de comunidades alejadas de las metrópolis han encontrado la manera de salir de la pobreza y generar beneficios a su comunidad; por ejemplo, en Honduras, unas “ingenieras solares” trabajan en la instalación y mantenimiento de plantas con este tipo de energía, lo cual fue posible gracias a apoyos gubernamentales que buscan fomentar estrategias de cuidado medioambiental; para esto, se ha destinado en capacitación a mujeres e inversión en materiales por 2.5 millones de dólares a fin de apoyar proyectos como el hondureño, beneficiando a más de 22 mil 500 personas en 52 comunidades de 28 países del mundo.

También, hay otros casos de éxito, en Ghana e Indonesia se ha empoderado a las mujeres agrícolas, particularmente vulnerables porque se ha visto medrado su derecho a la propiedad de las tierras; además, recuerda la ONU, “las mujeres indígenas trabajan con mayor frecuencia con contratos a corto plazo en las plantaciones, lo que reduce sus posibilidades de seguridad y estabilidad laboral”.

Al brindarles capacitación sobre diversos temas, las mujeres de pequeñas aldeas asentadas en esos países desempeñan un papel importante en cuanto a “difundir del uso de nuevas técnicas de cultivo y a la hora de influir a los demás para que se invierta en mejores prácticas”, gracias a lo cual luchan contra la pobreza y la deforestación en sus comunidades.

Ello es posible debido a que las beneficiarias y otros agricultores de la región “han podido realizar sesiones de capacitación del PNUD sobre buenas prácticas agrícolas, legislación y normativa forestal y derechos de tenencia comunitaria de árboles”, donde se empodera a la mujer como figura de conocimiento que incide en su medio.

Los casos descritos serían definidos por ^{Silvestre, Royo y Escudero (2014: 13)} como “empoderamiento de grupo”, que más que la suma de empoderamientos individuales, se trata de una estrategia que “permite generar estrategias de afrontamiento a través de redes de cuidado”, y a la vez incrementar la autoestima de las personas involucradas en ellas.

Así pues, la intervención social de un grupo en particular (^{Hernández, Rodríguez y Salvador, 2014: 298}) debe atender la dimensión de empoderamiento personal y social, conformando redes “que deben ser utilizadas para ampliar la capacidad de superación de los problemas o mejorar las condiciones de vida”, centrándose en las aptitudes de las mujeres para potenciarlas, ello sin dejar de lado sus relaciones sociocomunitarias.

Las autoras van más allá, pues sugieren para la intervención técnica:

el enfoque apreciativo (resumido en el ciclo 4D: Discover, Dream, Design, Destiny), la elaboración de Mapas de Redes (mapeos de redes sociales), el análisis de redes, mapas de relaciones, Ecomapas, DAFCO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Capacidades y Oportunidades); todas ellas herramientas que favorecen el diagnóstico, o la evaluación e intervención posterior con la persona.

Educación e inserción laboral, dos caminos para el empoderamiento

Como piedra de toque, en la bibliografía revisada se encontró que el elemento educación puede ser un factor decisivo para empoderar a las mujeres, aunque las políticas públicas que se pretendan implementar -a grupos vulnerables como el que se ocupa este estudio- deben contar con un componente que, asimismo, “encare las problemáticas de las situaciones en que viven”; recalcan ^{Pinzón y Aponte (2013: 114)}: “Una educación que les permita ser conscientes de sus capacidades y utilizarlas para mejorar sus propias vidas”.

De esta forma, subrayan ^{Hernández y García (2015: 422)}, la educación se vuelve “probablemente la condición previa más importante para mejorar la posición de las mujeres, ya que la ignorancia es una de las razones para mantenerla sometida”. No obstante, pese a esto recuerdan que la educación por sí misma no garantiza el empoderamiento de las mujeres, ya que “muchas mujeres con altos grados de estudio, no ejercen, o no se atreven a incursionar a la vida pública o al liderazgo”.

Sobre este particular, ^{Horbath y Gracia (2014: 469 y ss)} señalan que la educación y capacitación de la mujer no sólo repercute en ellas, sino que, “de manera particular, puede coadyuvar al bienestar de las familias”.

Incluso, desde el punto de vista de la sexualidad, Quintal y Vera (2014: 213) añaden otro tipo de estrategias a la mesa del empoderamiento de la mujer, como las pláticas que se brindan en los centros de salud de sus comunidades, como parte del programa de gobierno “Oportunidades”, a las que asisten como fuente de conocimiento sobre sexualidad.

Aunque si las mujeres “se preparan” y continúan estudiando, el problema de la brecha salarial se mantiene latente, desde el sector empresarial, pasando por la vida académica, donde las mujeres se casan menos y tienen menor número de hijos para especializarse; no obstante, “la sociedad les sigue exigiendo como responsabilidad primaria ser las protectoras del hogar y la familia antes que cualquier otro tipo de desarrollo profesional o personal”. (ibid: 475-478).

Sumado a lo anterior, recuerdan las autoras (ídem) que “existen estudios que demuestran” que entre quienes perciben un salario, la escolaridad promedio de las mujeres supera la de los hombres, “aunque ello no se traduce en mejores ingresos para ellas”, lo que en concordancia con ^{Espino y Sauval (2016: 328)} apunta a brechas en el mercado laboral asociadas a restricciones determinadas por la división sexual del trabajo.

Por su parte, Buedo (2015: 75-76) propone un “empoderamiento socio-laboral de género”. Para esto se requeriría “introducir masivamente a las mujeres en el ámbito formativo y educativo”, lo que conduciría al empoderamiento “necesario para balancear la situación de inequidad laboral genérica”. Señala que la educación es la herramienta más eficaz para erradicar estas desigualdades, debido a que genera empoderamiento personal y colectivo.

Aunque como afirman ^{Idrovo y Casique (2006: 30)} la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no constituye por sí sola una vía de empoderamiento, sí representa un elemento importante en la consolidación de este proceso.

Sobre esta cuestión ^{Sierra (2015: 187 y ss)} aborda la situación española, donde la interrelación entre los mecanismos de exclusión basados en la etnia, el género, la clase social, el desconocimiento del idioma, “dibujan un escenario en el que algunas mujeres inmigrantes viven situaciones de vulnerabilidad”.

Para paliar esta realidad, la autora plantea un modelo de acción de competencia dirigido a mujeres marroquíes, a través de la acción socio-educativa, fomentando en el aprendizaje de una segunda lengua, lo que da pie a abordar “de manera transversal gran cantidad de las necesidades” de estas mujeres, permitiendo centrar la intervención en las herramientas y potencialidades existentes en ellas mismas.

De esta forma, las mujeres recibieron clases de español para extranjeras en aulas españolas; dichos cursos fueron capaces de generar entre las mujeres una cualidad de “mediadoras culturales”, pues “su presencia en multitud de ámbitos, debido a su responsabilidad como cuidadoras, facilita que actúen como vínculo y transmitan las necesidades de la comunidad migrante a las instituciones”. El conocimiento del español, a la vez, les permite actuar como “remedio a la incomunicación” con la sociedad ibérica, y a la vez supone la ampliación de sus posibilidades laborales, ambos aspectos del empoderamiento personal y de su núcleo comunitario.

En otro estudio de 2015, Hernández y García entrevistaron a cinco mujeres en puestos de elección popular; analizaron cómo vivieron el proceso de empoderamiento desde los ejes de educación, crianza y ambiente familiar. En los resultados, destacó el eje integrador de las entrevistadas, las cuales provenían de familias relacionadas con el ámbito de la política

Método

Para determinar la relación entre empoderamiento y vulnerabilidad social de mujeres beneficiadas por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria en la zona sur de Jalisco, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de carácter descriptivo y correlacional.

La muestra del estudio se integró por 130 mujeres seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple de un universo de 920 mujeres. Se llevó a cabo una prueba piloto a 50 mujeres para saber si el instrumento planteado era comprendido a la perfección y después se procedió a su completa aplicación. Para ello se empleó el siguiente criterio de selección:

Exclusión: Mujeres que se encuentran conscientes de un estado excluyente de condiciones vulnerables y no requieren ayuda bajo los requisitos que establece el DIF municipal.

Inclusión: Mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y por tanto solicitan ayuda al DIF municipal para recibir despensas.

Instrumento

Se utilizó el Instrumento para Medir el Empoderamiento de la Mujer, diseñado por ^{Hernández y García (2008: 10-11)}, cuyo objetivo es determinar la medida, así como las características propias del proceso del empoderamiento en mujeres mexicanas dentro de sus ámbitos de acción.

El cuestionario consta de dos secciones: la primera concierne a variables sociodemográficas -para dar cuenta del nivel de vulnerabilidad social del grupo- y se utiliza para obtener datos personales de las informantes como control para la investigación.

La segunda parte está relacionada con la medición del empoderamiento y consta de 34 reactivos tipo Likert, que exploran siete factores, a saber: participación, temeridad, influencias externas, independencia, igualdad, satisfacción social y seguridad.

Para obtener la calificación total de empoderamiento se suman las calificaciones de todos los factores involucrados y el total se evalúa conforme la escala proporcionada en el instrumento.

El instrumento califica en una escala de respuesta de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. Entre los ítems se encuentran oraciones que involucran aspectos como temeridad, independencia, participación: “Mi pareja o padres deben saber siempre donde ando”, “Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres para obtener puestos de poder y liderazgo”, “Es necesario que las mujeres tengan conocimientos para que la mujer participe en procesos políticos”, “Alguien siempre me ayuda a decidir qué es bueno para mí, “Las mujeres tienen la capacidad de dominar el mundo”, entre otros.

Para la recolección de los datos, se visitó a las personas beneficiadas, y el análisis de la información obtenida se condensó en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Resultados

Tras ser aplicado el instrumento de medición, se llegó a los siguientes resultados: el perfil de la mujer que recibe despensa en el municipio, se pudo identificar a través de tres variables que permitieron conocer de manera general sus características, así como el nivel de oportunidad para su empoderamiento. Las variables analizadas fueron: 1. nivel de vulnerabilidad; 2. su escolaridad, y 3. su ingreso promedio mensual.

La primera variable considerada fue la vulnerabilidad, desde el aspecto sociodemográfico. De la muestra de 130 mujeres, el grupo más vulnerable fue el de las mujeres embarazadas, ya que correspondió al 35.40% de las participantes; después el de las ancianas, con el 18.50%; seguido por el 16.90% de mujeres con discapacidad.

Por su parte, los grupos de mujeres en periodo de lactancia y de mujeres solas o en estado de viudez, que también constituyen un grupo vulnerable sujeto de estudio, representaron el 29.20% de la muestra. Véase Tabla 1.

En la Tabla 2 se analiza la variable correspondiente al nivel de escolaridad, donde se advirtió que el 28.5% de mujeres indicó no haber estudiado; en tanto, comparten el mismo porcentaje de 27.70% quienes estudiaron la primaria y las que terminaron la secundaria, mientras que el 12.30% concluyeron la preparatoria y sólo el 2.30% de ellas estudió una licenciatura.

En cuanto a la variable que se refiere al ingreso mensual de las mujeres, de acuerdo con los datos de la Tabla 3, los resultados indican que la mayor parte de ellas (54 mujeres, 41.5% de la muestra) tiene un salario que va de los 1,501 a los 3,000 pesos, el equivalente a 33 días de salario mínimo, calculado a 2018.

Asimismo destaca que el 37.70% (49 mujeres) revelaron que sus ingresos se ubican entre los 3 mil y 4 mil 500 pesos; es decir, 50 salarios mínimos mensuales. Debe señalarse que solamente 6.90% de las entrevistadas cuentan con un salario mensual mayor.

A continuación, se revisaron los factores de empoderamiento de la mujer que corresponden a compromisos de los estados para promover políticas públicas y ofrecer las condiciones necesarias en el acceso a los servicios, la disponibilidad de recursos económicos, sociales y educativos, ya que estos son herramientas de crecimiento personal.

De acuerdo con los datos expuestos en la Tabla 4, el empoderamiento de las mujeres es un proceso que permite delinearla autonomía de sus propias vidas en su entorno, dispuestas a participar en actividades productivas que les permitan mejorar sus ingresos, como lo indican los resultados de cada uno de los factores analizados:

Participación. - El resultado encontrado es medio, aunque ellas no se perciben como mujeres pasivas, tímidas, tampoco resultan personas activas con alta participación en actividades de autosuficiencia.

Temeridad. Las informantes se perciben como valientes, con capacidad para tomar decisiones y seguridad en sus acciones.

Independencia. Las entrevistadas señalan dependencia familiar, por lo que cualquier decisión la consultan, dependiendo siempre de la opinión de los demás.

Igualdad. El resultado arroja que aunque no son mujeres con un sentido elevado de igualdad de género, tampoco se limitan para alcanzar mejores posiciones; no se aprecian limitaciones psicológicas o bien de otro tipo.

Satisfacción social. Son mujeres que no presentan alto grado de confianza con respecto a su entorno social, aunque tampoco sienten que se les falte al respeto o que están desvalorizadas. No se aprecian problemas de autovaloración, ni de reconocimiento personal y social.

Influencias externas. Asimismo se observó que el liderazgo en estas mujeres está en función de situaciones ajenas a ellas.

Seguridad. En las mujeres vulnerables, no indica alta seguridad de sí mismas, pero tampoco confianza para realizar acciones y buscar mejores posiciones en cualquier ámbito.

Empoderamiento. Según lo reportado en el estudio, se precisa que incrementen su capacidad para configurar sus propias vidas, su entorno y lograr evolucionar en la concientización sobre sí mismas, su estatus y suficiencia en las relaciones sociales, debido a que su nivel de empoderamiento es medio.

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). Existe una relación negativa y significativa entre vulnerabilidad e influencias externas, satisfacción social y empoderamiento, todo lo cual apunta a que entre menos satisfacción social tengan, la capacidad de influir en el medio y el empoderamiento es menor. Además, se evidencian incrementos en la vulnerabilidad de la población estudiada.

Discusión

En la revisión bibliográfica se observó que las mujeres en condición de vulnerabilidad social estudiadas, se encuentran amparadas por políticas públicas en México, lo que constituye un apoyo para el desarrollo de esta población. Sin embargo, al tener una postura asistencialista, los programas de apoyo pueden resultar contraproducentes para el empoderamiento de la mujer mexicana.

Por esto se sugiere -tal como se plantea en otros contextos-, el desarrollo de políticas económicas, sociales y productivas, que transformen de fondo la realidad de estas mujeres.

Con la finalidad de generar empoderamiento económico y mayor equidad de género, se coincide con lo planteado por ^{Bianchi (2014: 4 y ss)}, quien analiza programas de este tipo en Uruguay. En su investigación, la autora se cuestiona si las 22 políticas sociales que analiza no son “más de lo mismo”, pues encuentra que de ellas sólo 6 se enfocan realmente -desde su origen hasta sus fines- en procurar “la inserción laboral y el empoderamiento económico de las mujeres”.

Entre otros estudios, el realizado en Chile por ^{Espino y Sauval (2016)} resalta la necesidad de que las mujeres cuenten con un empleo y educación para lograr este fin; ambas autoras se centran en que las elecciones laborales de las mujeres suelen darse en función de aceptar trabajos mal pagados con horarios “amigables”, para continuar con sus responsabilidades familiares, hecho que merma su empoderamiento.

En el presente trabajo, elaborado en Ciudad Guzmán, se encontró que las mujeres de la muestra resultan ser grupos más vulnerables en términos económicos, con impacto a nivel personal y social: se trata de mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad, solas o en estado de viudez. Tales condiciones de vulnerabilidad social constituyen la base para que se les dificulte el acceso al trabajo y generar ingresos por sí mismas.

En el caso del presente estudio, la muestra arrojó que las mujeres con ninguna educación, con educación básica y secundaria, abarcan alrededor de 85% del grupo observado, en tanto que las mujeres con educación preparatoria y superior componen poco más del 15% del total.

Sobre esto, ^{Hernández y García (2015: 422)} insisten en que la educación se vuelve “probablemente la condición previa más importante para mejorar la posición de las mujeres, ya que la ignorancia es una de las razones para mantenerla sometida”. La educación por sí misma no garantiza el empoderamiento de las mujeres, ya que “muchas mujeres con altos grados de estudio no ejercen, o no se atreven a incursionar a la vida pública o al liderazgo”.

En cuanto al resultado por dimensiones del empoderamiento, la participación está en un nivel medio, por lo que las estrategias de cambio deben orientarse a potenciar una mayor participación de estas mujeres, tal como plantean ^{Caicedo y Solarte-Pazos (2015)}, quienes proponen programas y estrategias en una población similar a la estudiada en Colombia. En este caso, concluyen que debe tomarse en cuenta que el empoderamiento es un proceso interdependiente y emerge como producto de la participación de las mujeres en los problemas sociales de su comunidad.

Referente a la dimensión de independencia, resultan mujeres dependientes de su familia y en relación a los otros, pues para tomar decisiones requieren de los demás. Ello predispone a la violencia hacia la mujer, sobre todo por parte de las parejas, según estudio de ^{Aiquipa (2015)} realizado en Perú, cuyo objetivo fue identificar la relación entre dependencia emocional y la violencia de pareja.

Entre el grupo estudiado se percibe un nivel medio en la dimensión igualdad de género, por lo que se hace preciso incidir en el tema, ya que éste es, de inicio, un factor clave para lograr la justicia y la cohesión social. En este sentido, como se ha venido señalando, la educación de las mujeres debe plantearse como una estrategia prioritaria para transformar modelos, valores y vínculos, que reproducen relaciones inequitativas; tal es el planteamiento de ^{Márquez, Gutiérrez-Barroso y Gómez-Galdona (2017)}, quienes asumen que la educación es una estrategia fundamental, misma que aún no se hace efectiva en este contexto.

En cuanto al nivel de influencias externas, el liderazgo en estas mujeres se presenta en función de situaciones ajenas a ella, probablemente con locus de control externo, esto en relación con la dimensión dependencia; y tal como se plantea ésta en criterios externos, limita la influencia de las mujeres en los otros y en su proceso de empoderamiento.

Respecto de la dimensión seguridad, el nivel que se encontró fue medio; por tanto, como proponen por diferentes programas, es necesario visibilizar la necesidad de trabajo de estas mujeres, así como el trabajo doméstico. En Latinoamérica, estas condiciones han ido cambiando, según reporta un estudio realizado en Colombia por ^{Pinzón y Aponte (2013)}, debido precisamente a programas sociales de empoderamiento.

El nivel de empoderamiento de las mujeres estudiadas es medio, por lo que se precisa que incrementen su capacidad para configurar sus propias vidas, su entorno y lograr una alta evolución en la concientización sobre sí mismas, su estatus y su eficiencia en las relaciones sociales.

Y tal como se muestra en la presente investigación, la relación entre la vulnerabilidad y el empoderamiento se confirma con diferentes estudios, los cuales exponen que a menor empoderamiento mayor es la vulnerabilidad social de las mujeres (^{Larrubia y Navarro, 2006}; Quintal y Vera, 2014; ^{Flores Palacios, 2014}; Hobarth y Gracia, 2014; ^{Espino y Sauval, 2016}).

Para el caso particular, los resultados se orientan hacia una visión crítica desde la concepción de la política para generar programas y estrategias de intervención multidisciplinarios y que sean acordes al grupo vulnerable en cuestión, para facilitar procesos auténticos de empoderamiento en las mujeres del sur de Jalisco, tanto desde la perspectiva personal como comunitaria.

Conclusiones

Tras la obtención y el análisis de los datos, se encontró que el empoderamiento de las mujeres en condición de vulnerabilidad social estudiadas en la zona sur de Jalisco presenta un nivel medio, por lo que se precisa visibilizar esta problemática para incidir en el desarrollo integral de la referida población.

Asimismo, se debe advertir que la dimensión influencias externas es la más afectada en esta población, por lo que se determina la necesidad de generar estrategias integrales, pero focalizando las acciones de intervención en este particular. Ello sin caer en el riesgo de implementar “programas de corte maternalista”, o que funcionan solamente en el corto plazo, como algunos otros que se revisaron en el estudio.

Como se pudo observar, en muchos casos el apoyo que reciben del gobierno a mujeres en situación de vulnerabilidad, dificulta que realmente se empoderen. Asimismo, resulta notorio que si la intervención se aplica con otro tipo de herramientas, es decir, desde una perspectiva multidisciplinaria, como en el caso de la ciudad de Logroño, España, es posible dejar huella en las participantes y sus comunidades, además de que ellas mismas adquieran elementos para tomar decisiones sobre sí mismas.

A partir de la investigación, parece significativo, que mientras menos satisfacción social hubo entre el grupo estudiado había menor capacidad de influir en el medio y menos empoderamiento, hecho que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres de Ciudad Guzmán en situación vulnerable.

De esta manera, la implementación de programas que intervengan a nivel psicosocial para potenciar la satisfacción social, la capacidad para influir en el medio, y por tanto para empoderar a estas mujeres, en función de reducir su condición de vulnerabilidad social, se convierte en una actividad prioritaria.

Por último, se precisa una revisión exhaustiva a las políticas públicas encargadas de atender a las personas que conforman este sector vulnerable y sus comunidades, y también visibilizar las problemáticas -el escaso cumplimiento de los objetivos planteados por las instituciones- desde una perspectiva de género y empoderamiento, que incida legalmente en los derechos de estas mujeres.

Además, resulta necesario que las posturas que brindan las instancias públicas en torno al empoderamiento tengan sesgos mayormente enfocados hacia la equidad de género, a fin de resquebrajar la reproducción de modelos y estereotipos machistas, que inhiben la participación de estas mujeres, su capacidad de educarse para decidir libremente y de influir en los otros; su seguridad e independencia personal, y sus posicionamientos sociales.