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I. Introducción
En los últimos meses, los hechos de corrupción en los que se han visto inmiscuidos una gran cantidad de servidores públicos acaparan los medios informativos y las redes sociales, sin que exista una distinción de nivel jerárquico o color de partido que sea determinante para este tipo de situaciones. Desvíos de recursos, conflictos de intereses y los actos de colusión, son algunos de los delitos que se les atañen. Unos se encuentran prófugos de la justicia, otros son sometidos a extradición y algunos cuantos bajo investigación en procesos judiciales. Casos como los de Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Rodrigo Medina, resaltan no sólo por la importante cantidad de recursos públicos sustraídos en sus administraciones, sino también por las redes de protección institucional que se les proporcionaron, las acciones de evasión de justicia, así como la falta de una sanción judicial. De las consecuencias que se han identificado, es el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones fiscalizadoras y sancionadoras de la gestión pública. Este trabajo busca conocer la percepción que tienen actualmente los universitarios en las instituciones de Educación Superior sobre el tema de corrupción en Tamaulipas, mediante la aplicación de encuestas a estudiantes en instituciones públicas y privadas. La encuesta aplicada se centrará en las variables de Corrupción, Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas.
II. Metodología
Se realizó una búsqueda de los datos estadísticos más relevantes en materia de corrupción, consultando fuentes como INEGI, Transparencia Mexicana e IMCO, entre otras, con la finalidad de identificar la situación vigente sobre el fenómeno en Tamaulipas.
Para analizar la percepción de los universitarios sobre la corrupción, se seleccionaron a los alumnos que estudian en la capital, Ciudad Victoria, aplicando 720 encuestas distribuidas en los campus de:
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (96 encuestas en la Licenciatura en Ciencias Policiales).
Universidad La Salle Victoria (145 encuestas en la Licenciatura en Ciencias Políticas).
Universidad Autónoma de Tamaulipas (479 encuestas en las Licenciaturas en Derecho, Negocios Internacionales y Comunicación).
Las muestras de estudiantes fueron seleccionadas de manera estratificada por edades y carreras, con un margen de error de +- 5%; los resultados de este estudio refiriendo sólo algunas de las preguntas de la encuesta, se describen en esta presentación.
1. El concepto de la corrupción
El fenómeno de la corrupción se puede definir como el abuso del poder público, cargos o nombramientos, con el fin de obtener utilidad privada propia y/o para beneficiar a terceras personas, a través de violaciones a las normas legales y sociales, que por lo regular se llevan a cabo secretamente y están dirigidas en contra de los intereses públicos en tanto atentan contra el bien común (Nohlen y Schultze, 2006).
Para la clasificación del fenómeno, otros autores han hecho referencia a los contextos en los que se observan esas prácticas. Así, la corrupción de Estado se identifica con aquella que involucra a funcionarios, agencias y organismos, ya sea a un nivel centralizado (Secretarías), descentralizado (paraestatales, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos) u organismos autónomos.
La corrupción política que involucra a miembros de partidos políticos quienes buscan extraer recursos del Estado explotando posiciones de influencia para fines de financiamiento interno, o para el enriquecimiento personal de miembros o fundadores de esos institutos.
En el sector privado, donde los ejecutivos pueden sacar provecho de información obtenida y utilizada de manera asimétrica o privilegiada, sobre asuntos esenciales para el funcionamiento de una empresa, o de información sobre oportunidades de negocio que debiera ser de carácter público y general. Otra forma en que este tipo de corrupción se puede apreciar, es en el momento en que algunas empresas internacionales realizan pagos a agentes locales y funcionarios del Estado e influyen así en decisiones legislativas para obtener tratamientos fiscales o tributarios favorables o de excepción.
Finalmente, la corrupción en el sector no-gubernamental, en la que se puede registrar la utilización indebida de beneficios fiscales, el usufructo de deducciones privilegiadas o la obtención de prerrogativas sobre donativos, que en circunstancias ordinarias no deberían obtener esas organizaciones (Solimano, Tanzi y Del Solar, 2008).
A su vez (Espinosa, 2017) integra una clasificación que permite percibir con mayor amplitud el tema de la corrupción. En su taxonomía destacan:
De acuerdo con el número de personas que se involucran en el acto de corrupción. Puede darse el caso de que sólo una persona realice el acto de corrupción, por ejemplo, el servidor público que aprovecha su posición dentro de una institución para apoderarse de recursos públicos; y otros casos en los que se necesite de la intervención de más personas, de modo que son identificables tanto el que propone la conducta ilícita como aquel que la acepta.
Corrupción negra, gris y blanca. En esta clasificación se toma en cuenta la perspectiva que sobre la corrupción tienen las élites y la opinión pública. Se considera negra cuando existe un acuerdo entre las élites y la opinión pública para reprochar, exhibir y condenar un acto corrupto. Es gris cuando alguno de los integrantes muestra un interés de que el acto corrupto sea penalizado, mientras que otros consideran que debe permanecer impune, al mismo tiempo que la población mantiene una posición ambigua. Y es blanca cuando la mayoría de las élites y la opinión pública consideran algunos actos de corrupción como tolerables y, por ende, no están a favor de su criminalización.
Corrupción sin robo y con robo. El primer tipo es probablemente el más común que se presenta en las áreas de la administración pública, que cuentan con una interacción constante con los usuarios de los bienes y los servicios que ofrece el Estado. Aquí el servidor público cobra al usuario una cantidad adicional a la establecida oficialmente. En el segundo caso, el servidor público utiliza los bienes y los servicios del Estado para obtener un beneficio propio, lo cual ocasiona un quebranto en las finanzas públicas al no ingresar esos recursos.
Corrupción desintegradora e integradora. La primera ocasiona divisiones entre los que participan en un acto de corrupción colectivo y aquellos que son excluidos de tales acciones; la segunda no ocasiona una división y puede fortalecer el poder de un régimen autoritario.
2. La vertiente cultural de la corrupción
En la definición y las clasificaciones sobre corrupción antes descritas, se puede identificar la presencia de un factor de orden cultural que en alguna medida orienta la reproducción del fenómeno en cuestión, factor que en el marco de la presente investigación interesa analizar particularmente en la esfera del dominio político, lo cual de manera inexorable remite al tema de la cultura política.
Hablar de cultura política implica hacer referencia al conjunto de orientaciones de que dispone una población para asimilar e interpretar su forma de convivencia; este conjunto es asumido en forma individual, pero es determinado de manera social, a través de diversos procesos, instancias y acciones que tienen lugar en contextos y tiempos específicos (Almond & Verba, 1963).
Para profundizar en este concepto es necesario tomar en cuenta que a toda acepción de cultura política le es propia una significación de ciudadanía, en tanto es el ciudadano en su contexto quien materializa el conjunto de valoraciones inherentes a la cultura que le otorga un sentido de pertenencia. En ese tenor se puede decir que la ciudadanía es una forma de identidad socio-política (Heater, 2007).
A fin de simplificar el abordaje de las distintas significaciones que históricamente se han otorgado a dicho concepto, Peña (2003) las esquematiza a través de lo que denomina modelos de ciudadanía, identificando tres tipos esenciales: el liberal, el comunitarista y el republicano.
Bajo la concepción liberal, la ciudadanía ha sido enfocada desde una perspectiva individualista, donde los intereses del individuo se suelen anteponer a las prioridades colectivas, de modo que el compromiso cívico queda subordinado a la realización de los fines personales (Peña, 2003: 236). En este modelo, los ciudadanos son pasivos y tienen escasos deberes acerca de lo común (Bolívar, 2007: 17).
En el paradigma comunitarista se plantea la necesidad de referir al ciudadano a un horizonte de valores compartidos en un contexto específico (Peña, 2003: 238); el sujeto se reconoce y es reconocido por su pertenencia a una comunidad a la que debe lealtad, con la que se identifica y en la que asume un rol determinado que da sentido a su acción colectiva; asimismo, hay un solapamiento entre intereses individuales y comunitarios.
Desde el planteamiento republicano, el más antiguo de los tres modelos, se pone énfasis en las obligaciones y las responsabilidades del ciudadano frente al Estado, particularmente en la participación activa para la toma de decisiones vinculantes que posibilita el estatus de igualdad ante la ley (McCowan, 2009). Aquí, la garantía de libertad del ciudadano estriba en el compromiso que asume y ejerce frente a las instituciones republicanas, así como en el cumplimiento de los deberes con la sociedad; es decir, se ensalza la concepción de la ciudadanía activa (Peña, 2003: 240-243).
Con base en los paradigmas referidos, es factible definir el concepto de ciudadanía en términos de derechos, de pertenencia y de participación, respectivamente. Cabe subrayar que el énfasis de cada modelo sobre el papel del ciudadano ha tenido repercusiones directas en la conformación de la cultura política observable en cada contexto específico.
De modo que si bien es cierto que el fenómeno de la corrupción es longevo, debido a la prevalencia del ideario liberal en la ordenación de la convivencia social contemporánea, cabría reflexionar sobre la contribución de éste a la exacerbación del fenómeno de estudio, particularmente en contextos como el mexicano; pues según la máxima liberal, las personas son tanto más libres cuanto más libremente pueden decidir sobre sus intereses, disponiendo del menor grado de interferencia para tal fin, incluidas las obligaciones cívicas.
Al fortalecimiento de esta hipótesis cabría sumar que desde la perspectiva utilitarista de mercado, inherente a la lógica exacerbada del liberalismo, actualmente denominada neoliberal, lo público, incluido lo político, estaría siendo asumido y evaluado por el individuo bajo los criterios de la oferta y la demanda, pretendiendo obtener la mayor utilidad personal al menor costo de inversión posible (Cfr.Arteta, 2009: 25), lógica que contribuye a explicar la decantación sistemática de las personas por prácticas de corrupción, especialmente en la esfera gubernamental.
Este paradigma dominante de ciudadanía, que como se ha dicho ha tenido repercusiones específicas en materia de cultura política, aporta a la exégesis del proceso de trivialización de los fenómenos de corrupción, en cuyo marco viene siendo cada vez más cotidiana la difusión de actos de este tipo en los que suelen estar implicados funcionarios de gobierno y representantes políticos, en detrimento de la confianza y la credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado; y por ende, en perjuicio del respeto y la responsabilidad colectiva ante los temas de interés general. En otras palabras, en perjuicio de la cultura y la convivencia cívicas, sin las cuales difícilmente será posible la vigencia de una convivencia social constructiva a favor del bienestar general.
3. La corrupción en México frente al contexto internacional
Para efectuar este análisis comparativo se recurrirá al Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional, 2017), cuya metodología establece un criterio de medida de 0 a 100, en el que 0 significa altamente corrupto, mientras que 100 representa muy limpio de corrupción.
En los índices que se han publicado de 2012 a 2018, el posicionamiento de los países ha variado año con año, como se percibe en la siguiente tabla:
Tabla 1 Índice de Percepción de la Corrupción1
| Posición | País | Calificación | Región | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
| 1 | Dinamarca | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | Unión Europea |
| 2 | Nueva Zelanda | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 | Asia Pacífico |
| 3 | Finlandia | 85 | 85 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | Unión Europea |
| 4 | Singapur | 85 | 85 | 85 | 88 | 86 | 86 | 85 | Asia Pacífico |
| 5 | Suecia | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | Unión Europea |
| 138 | México | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | América |
| 180 | Somalia | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | África Subsahariana |
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional, años seleccionados.
En el índice de 2015, la media global se situó en una calificación de 43; en la Unión Europea y el Oeste de Europa la media fue de 67 (Dinamarca obtuvo la mejor calificación con 91 y Bulgaria la menor con 41); en la región Asia Pacífico fue de 43 (Nueva Zelanda obtuvo la calificación mayor con 88 y Corea del Norte la menor con 8); en el continente Americano el resultado de la media se situó en 40 (la mejor calificación fue de Canadá con 83 y la peor Venezuela con 17); Medio Oriente y el Norte de África obtuvo una media de 39 (Qatar con la mejor calificación de 71 y la peor Sudán con 12); en Europa Oriental y el Centro de Asia la media obtenida fue de 33 (Georgia con la mejor calificación con 52 y Turkmenistán con la peor con 18); finalmente en la zona de África Subsahariana la media fue de 33 (la calificación mayor la obtuvo Botswana con 63 y en el fondo Somalia con 8).
A manera de resumen, 2 de cada 3 países obtuvieron una calificación menor a los 50 puntos, el 53% de los países integrantes del G20.2 La calificación de la totalidad de los países del BRICS3 fue menor a los 50 puntos, lo que se traduce en que más de 6 millones de personas en el mundo viven con un problema agudo de corrupción.
México ocupó el lugar 95 (con una calificación de 35) de un total de 167 países, situándose por debajo de Colombia (lugar 83), Panamá y El Salvador (empatados en el lugar 72), Chile (lugar 23) y Uruguay (lugar 21), por mencionar algunos.
En la medición de 2016, los resultados obtenidos no variaron significativamente. La media global continuó situándose en 43; en la Unión Europea y el Oeste de Europa la media fue de 66 (Dinamarca obtuvo la mejor calificación con 90 y Bulgaria la menor con 41); en la región de Asia Pacífico fue de 44 (Nueva Zelanda obtuvo la calificación mayor con 90 y Corea del Norte la menor con 12); en el continente americano el resultado de la media se situó en 44 (la mejor calificación fue de Canadá con 82 y la peor Venezuela con 17); Medio Oriente y el Norte de África obtuvo una media de 38 (Emiratos Árabes Unidos con la mejor calificación de 66 y la peor Siria con 13); en Europa Oriental y el Centro de Asia la media obtenida fue de 34 (Georgia con la mejor calificación con 57 y Uzbekistán con la peor con 21); finalmente, en la zona de África Subsahariana la media fue de 31 (la calificación mayor la obtuvo Botswana con 60 y la peor Somalia con 10).
De estos resultados se observó que la calificación promedio de los países del G20 se situó en 54. El 58% de sus miembros alcanzó una calificación menor a los 50 puntos, y el 69% de la totalidad de los países sometidos a medición obtuvo una calificación menor a 50 puntos.
Los datos para México en 2016 no fueron halagadores, pues mientras que en 2015 se situó en el lugar 95, para ese año su situación empeoró, ya que perdió 28 posiciones para ubicarse en el peldaño 123 del ranking mundial con 30 puntos, empatado con Honduras y Paraguay, por debajo de Ecuador (lugar 120), Bolivia (lugar 113), Argentina (lugar 95), Colombia (lugar 90), Chile (lugar 24) y Uruguay (lugar 21), entre otros.
Conforme a los resultados obtenidos por México, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana (TM) establecen que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no han sido suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y, por ende, para revertir su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Por lo que respecta a 2017, su medición contempló a 180 países en comparación con los 176 analizados en 2016 y los 167 en 2015. La primera posición en 2017 la ocupó Nueva Zelanda, mientras que en 2016 y 2015 la primera posición fue ocupada por Dinamarca en ambos años; el país peor situado en las tres evaluaciones fue Somalia. Destaca que los resultados de este índice fueron publicados por regiones.
La última región corresponde a América, donde se ubican algunas de las economías más importantes del mundo (Canadá, Estados Unidos, Brasil). El análisis de esta zona es el más escueto, pues se limita a explicar los resultados de países de América Latina y el Caribe.
De acuerdo al estudio, en los últimos años se ha experimentado un sólido incremento en leyes e instituciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas; por ejemplo, Chile instauró una ley de probidad pública que previene los conflictos de interés en el sector público, de igual forma Bahamas aprobó una ley sobre acceso a la información y Guyana creó mecanismos de transparencia para las adquisiciones públicas, y adicionalmente Jamaica consolidó una agencia anticorrupción para la investigación de este tipo de conductas.
México se colocó en el lugar 135 del total de 180 países evaluados con un resultado de 29. En lo que respecta a su posicionamiento respecto a los demás países del continente, ocupa la posición 27 de 32, situándose por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. No obstante, junto a Rusia, México es el país peor evaluado del G20 y el peor también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El resultado de México se encuentra muy por debajo de las medias global y regional (43 y 44, respectivamente), lo que en 2017 representó un retroceso en esta materia no obstante los esfuerzos y recursos públicos destinados a la promoción de la transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción.
Para entender esta situación, es factible recurrir a lo abordado por Transparencia Mexicana (TM),4 pues como se dijo, su homólogo internacional no hace mayor abundamiento al respecto en su resumen por región.
De acuerdo al reporte publicado por TM el 21 de febrero de 2018, la situación actual sobre la corrupción se resume en tres aspectos principales:
Se continúa sin tener una mejora en el Índice de Percepción de la Corrupción, ya que como se vio en párrafos anteriores se empeoró por un punto de 2016 a 2017, pasando de 30 a 29.
Prevalece una resistencia en prácticamente todo el país respecto a la instalación del sistema anticorrupción, en cuyo marco destaca la ausencia de una fiscalía anticorrupción que conduzca las investigaciones.
Ausencia de sanciones firmes (inclusive la falta de persecución de los delitos) para los grandes casos de corrupción, que abona a la situación adversa.5
Adicionalmente, TM aduce que la implementación de la transparencia como mecanismo para combatir la corrupción, no garantiza una disminución en la incidencia de este tipo de actos. Asimismo, que gran parte de la responsabilidad de esta situación recae en los problemas de índole institucional que tiene el país, al no contar con instancias independientes que persigan, investiguen y sancionan los casos de corrupción en México, de modo que no se dispone de los incentivos institucionales para revertir la comisión de esas prácticas.
Por último, el índice de 2018 (Transparencia Internacional, 2019) no mostró cambios significativos en la lista, situándose Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia en el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, y en la última posición nuevamente se ubicó Somalia como el país más corrupto del mundo. México una vez más mostró un retroceso, ubicándose en el número 138 de la lista, es decir, perdió tres lugares con relación a 2017. Cabe mencionar que la tendencia del país en los últimos tres años ha sido negativa, pues de un lugar 95 en 2015, se pasó a los puestos 123 y 135 en 2016 y 2017, respectivamente.
En relación con este resultado, Transparencia Mexicana aduce que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano se han centrado en la prevención y no se han obtenido los resultados esperados. Al igual se ha demostrado una imposibilidad en desmantelar las redes de corrupción que se han detectado en los diferentes niveles de la administración pública. Del mismo modo, el marco legal anticorrupción no ha sido implementado en su totalidad y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no ha proporcionado los resultados esperados, ya que no está plenamente integrado y no es funcional como sistema, al igual que las entidades federativas no han consolidado sus sistemas locales.
Dentro de las recomendaciones que expresa Transparencia Mexicana se encuentran: la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos, desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno y mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.
4. La medición de la corrupción en Tamaulipas en el contexto nacional
El Índice de Corrupción y Buen Gobierno que emite TM (Transparencia Mexicana, 2010), réplica del elaborado a nivel internacional y que mide la corrupción que afecta a los hogares en México, utiliza una escala de 0 a 100, en el entendido de que a menor valor, menor es la corrupción en una entidad federativa, y que permite distinguir los niveles de corrupción de acuerdo con las características demográficas, sociales y económicas de la población. Particularmente en Tamaulipas, para efectos del análisis retrospectivo, es conveniente hacer mención que el índice mencionado no ha tenido nuevas versiones desde el año 2010.
En este último año se midieron 35 servicios que se ofrecen en las diversas dependencias de la administración pública, tales como el cobro del predial, solicitudes de becas, recepción de pagos por estudios, por inscripción a una escuela oficial, por conexión o reconexión de luz a domicilios particulares, entre otros.
De los diferentes informes (2001, 2003, 2005, 2007 y 2010), cabe observar que en los tres primeros años el comportamiento del gobierno fue estable, al registrar calificaciones de 6.3, 5.1 y 6.8, que a nivel nacional lo colocaron en los lugares 12, 11 y 13, respectivamente; mientras que en el estudio de 2007 la entidad cayó al lugar 25, con una calificación de 9.2, aunque en 2010 se ubicó en el lugar 9, con un índice de 6.5. Salvo el último año, siempre estuvo por arriba de la media nacional.
Tabla 2 Comparativo de Tamaulipas frente a la media nacional
| ICBG | Media Nacional | Tamaulipas | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 6.3 | 10.6 | 12 |
| 2003 | 5.1 | 8.5 | 11 |
| 2005 | 6.8 | 10.1 | 13 |
| 2007 | 9.2 | 10 | 25 |
| 2010 | 6.5 | 10.3 | 9 |
Fuente: Elaboración propia con datos del ICBG disponibles en http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ y http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-incbg-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf. [Consulta: 22 de abril, 2018].
Los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2017)6 de los años 2011 a 2017, arrojan datos interesantes sobre la percepción de la población en las causas de la inseguridad en el país. A nivel nacional, el posicionamiento de la corrupción dentro de los principales problemas se ha ubicado entre los lugares 4 y 6, presentando distintos porcentajes en cada año, y se coloca por debajo de otros fenómenos tales como inseguridad, pobreza, desempleo y aumento de precios.
En lo que respecta a Tamaulipas, en el año 2011 la corrupción se ubicó como la principal causa de preocupación entre la población (37.4%); en 2012 se presentó un importante cambio al situarse en la sexta posición (25.3%), mientras de que 2013 a 2017 se mantuvo estable entre las posiciones 5 y 6 con resultados entre el 26 y 27 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través de la aplicación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, INEGI, 2017, 2015, 2013 y 2011), midió la percepción en la población de Tamaulipas de 18 años o más sobre el grado de ocurrencia de prácticas corruptas en el gobierno estatal durante los años 2011, 2013, 2015 y 2017. Los resultados obtenidos posicionaron al estado en los lugares 26, 10, 17 y 22, respectivamente, como prácticas de corrupción “Muy frecuente” en la ocurrencia de ese tipo de actividades.
Esta misma encuesta mostró que en el estado de Tamaulipas la distribución de la población de 18 años que percibe la ocurrencia de prácticas corruptas como “muy frecuentes”, se situó en porcentajes de 26.2, 48.3, 41.9 y 43.1, respectivamente; y destaca el incremento sustancial de 2011 a 2013, una pequeña disminución en 2015 para repuntar de nuevo en 2017. Los porcentajes de 2011, 2015 y 2017, se mantuvieron por debajo de la media nacional (35.23, 48.9 y 53.6); sin embargo, en 2013 la entidad se ubicó ligeramente por encima de ese nivel.
Como ya se mencionó, estos resultados colocaron a Tamaulipas en los lugares 26, 10, 17 y 22 durante los años 2011, 2013 y 2015, respectivamente, en el entendido que los últimos lugares representan los estados en los que las prácticas “muy frecuentes” de corrupción son pocas; la entidad federativa que se ha ubicado en los primeros lugares ha sido Michoacán de Ocampo en 2011 (49.9), mientras que en 2013, 2015 y 2017 la Ciudad de México fue el primer lugar en esos años.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2011, 2013, 2015 y 2017.
Figura 1 Tamaulipas: Distribución de la población de 18 años o más, según percepción sobre el grado de ocurrencia de prácticas del gobierno estatal
En lo que concierne a la percepción de la población mayor de 18 años de prácticas “Frecuentes” de corrupción, se tuvo una disminución entre 2011 y 2013, pues se pasó del 45.9 a un 34.6, ambos por debajo de la media nacional (47.78 y 40.3, respectivamente); posteriormente se presentó un aumento al 40.2 en 2015, por arriba de la media nacional de 39.9 y continuar con su incremento en 2017 a 42.9, muy por arriba de la media nacional (37.5).
Respecto a la tasa de incidencia de prácticas de corrupción por entidad federativa por cada cien mil habitantes, sólo se cuenta con los ejercicios de 2013 y 2015 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Y de los resultados arrojados se percibe que Tamaulipas se posicionó en el lugar 26 con una incidencia del 11.27%, y en 2015 se colocó en el penúltimo lugar reduciendo su incidencia al 10.44%.
Conforme a las estadísticas anteriores, se destacan los cambios de posicionamiento de las entidades federativas que ocupan los primeros tres lugares: en 2013 Chihuahua se situó en el primer lugar del porcentaje en incidencia con el 44.01, seguido por Morelos y Puebla, 41.50 y 39.89; en 2015 el Estado de México ocupó el primer lugar con 62.16, lo cual representó un abrupto cambio, pues en 2013 se situaba en el lugar 13 con 24.8. A éste siguieron Sinaloa y Chihuahua con 58.23 y 36.47; en 2017 Sonora ocupó la primera posición con 61.65, seguido por Durango con 46.68 y Sinaloa con 40.68. Cabe destacar que al comparar 2013 y 2017 se percibe un aumento significativo en las tasas de incidencia en los primeros lugares de la tabla, pues se pasa de un 44.01 a un 61.65 en cuatro años.
Tabla 3 Comparativa de Tamaulipas respecto a los primeros cinco lugares en percepción de prácticas de corrupción muy frecuentes
| 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Entidad federativa | Muy frecuente | Posición | Entidad federativa | Muy frecuente | Posición | Entidad federativa | Muy frecuente | Posición | Entidad federativa | Muy frecuente |
| 1 | Michoacán | 49.9 | 1 | Ciudad de México | 62.2 | 1 | Ciudad de México | 62.1 | 1 | Ciudad de México | 68.3 |
| 2 | Tabasco | 44.1 | 2 | Michoacán | 58.6 | 2 | Guerrero | 60.5 | 2 | México | 63.3 |
| 3 | Quintana Roo | 41.3 | 3 | Jalisco | 56.4 | 3 | Michoacán | 56.0 | 3 | Michoacán | 59.1 |
| 4 | Sonora | 40.9 | 4 | Morelos | 56.1 | 4 | Chiapas | 55.9 | 4 | Veracruz | 57.9 |
| 5 | México | 40.8 | 5 | Guanajuato | 55.9 | 5 | Tabasco | 55.8 | 5 | Sinaloa | 56.5 |
| 26 | Tamaulipas | 26.2 | 10 | Tamaulipas | 48.3 | 17 | Tamaulipas | 41.9 | 22 | Tamaulipas | 43.1 |
| Nacional | 35.23 | Nacional | 48.0 | Nacional | 48.9 | Nacional | 53.6 | ||||
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental(ENCIG), 2011, 2013, 2015 y 2017.
En el caso de Tamaulipas se percibe una variación mínima en las tasas de incidencia de actos de corrupción, pues en el primer año sólo el 11.27% de los trámites totales fueron susceptibles de ser afectados por prácticas indebidas; en 2015 la incidencia disminuyó al 10.44%, mientras que en 2017 se aumentó a 17.08%, lo que posicionó al estado en esos años en los lugares 26, 30 y 27, respectivamente.
Si se compara esta información con el grado de ocurrencia de prácticas de corrupción en las entidades federativas, puede decirse que aun y cuando Tamaulipas no se caracteriza por tener una alta incidencia de actos de corrupción en los trámites públicos, la percepción de la población mayor de 18 años sobre la ocurrencia «Muy frecuente» y «Frecuente» de este tipo de acciones representó el 82.9% del total de los encuestados en 2013, el 82.10% en 2015 y 86% en 2017.
De acuerdo con la información del Índice de Competitividad Estatal en 2016, recientemente publicado por el IMCO, el porcentaje de la población urbana mayor de 18 años que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes, ascendió a un 82.5%, por arriba de la media nacional de 80.75%.
De igual forma, el mencionado índice determinó que el porcentaje de población urbana de Tamaulipas mayor de 18 años, que considera que las prácticas corruptas en partidos políticos son frecuentes y muy frecuentes, se situó en un 76.7%, también por encima de la media nacional de 62.6%.
Conforme a los datos relacionados anteriormente, se puede establecer que si bien la incidencia y prevalencia de actos de corrupción en Tamaulipas se encuentra por debajo de los resultados obtenidos en otras entidades federativas del país, también la percepción de la ciudadanía sobre este fenómeno es alta, no importando que en los últimos años se hayan establecido una serie de mecanismos tendentes a erradicar los actos de corrupción en los servidores públicos.
Entre los mecanismos que se han aplicado, se ubican las nuevas atribuciones a la Contraloría Gubernamental, la creación de la Ley de Transparencia con la implementación de una gran cantidad de obligaciones a cargo de los entes públicos, el otorgamiento al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas de facultades para sancionar, entre otros. De ahí, que se colige que no puede identificarse una relación directa entre un mayor número de mecanismos, con una menor percepción sobre la disminución de la corrupción en el servicio público.
5. La percepción de la corrupción en Tamaulipas entre los universitarios
Para analizar la percepción de los universitarios sobre la corrupción en el ámbito gubernamental en Tamaulipas, se seleccionó a los alumnos que estudian en la capital, Ciudad Victoria. Se aplicaron 720 encuestas distribuidas en los campus de las universidades de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (96 encuestas en la Licenciatura en Ciencias Policiales), La Salle Victoria (145 encuestas en la Licenciatura en Ciencias Políticas), y la Autónoma de Tamaulipas (479 encuestas en las licenciaturas en Derecho, Negocios Internacionales y Comunicación). Las muestras de estudiantes fueron seleccionadas de manera estratificada por edades y carreras, con un margen de error de +- 5%; los resultados de este estudio se presentan a continuación.
Del total de los encuestados, el 60% opinó que la corrupción se manifiesta en todos los órdenes de gobierno; los restantes consideraron que a nivel estatal existe mayor susceptibilidad de este tipo de actos, mientras que el .97% adujo que no existe en ninguno de los órdenes de gobierno. Por tanto, se encuentra una amplia asociación de los encuestados entre la esfera de gobierno y la comisión de actos de corrupción.
Conforme a las causas de corrupción identificadas en estudios anteriores (Kaiser, 2014), los encuestados respondieron que la impunidad (33%) es determinante en la existencia de conductas corruptas. Como segunda causa se identificó que la práctica constante de actos de corrupción es común en la gente (22%), quedando los bajos salarios de los servidores públicos, la falta de leyes y el exceso de burocratismo, en los últimos lugares. En ese sentido, se puede identificar una relación entre la inacción legal de la autoridad y la cultura, tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos, de corromper las reglas para beneficios particulares.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4 ¿Te has visto obligada (o) a participar en un acto de corrupción?
Más de la mitad de los encuestados (52.36%) contestaron que nunca se han visto obligados a realizar un acto de corrupción; el 35.56% manifestó que alguna vez se lo han propuesto, mientras que el 12.08% sí. Este dato podría entrar en conflicto con los resultados de la ENCIG, pues de acuerdo con ésta más del 80% de los encuestados manifestaron que las prácticas de corrupción en Tamaulipas son “muy frecuentes” y “frecuentes”.
La corrupción no es exclusiva del servidor público; para que esta situación se presente, coexisten forzosamente dos partes: el burócrata y el ciudadano. Cualquiera de los dos puede incitar el acto de corrupción solicitando u ofreciendo un pago a efecto de hacer o no hacer cierto acto o actividad en beneficio propio. Lo argumentado se relaciona con los porcentajes resultantes, donde el 68.33% respondió que en un acto de corrupción confluyen tanto el servidor público como el ciudadano, y el resto lo atribuyen a una de las dos partes.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 6 ¿Conoces o has escuchado sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción?
El Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor el 19 de julio de 2017. Representa un ejercicio por parte de la administración pública para disminuir la incidencia de este tipo de actos; sin embargo, alrededor del 64% de las respuestas mostraron que los universitarios no conocen o en realidad no les interesa el tema, mientras que el 37% manifestó disponer de conocimientos sobre el mencionado sistema. Esto denota que aun y cuando la encuesta se aplicó a alumnos universitarios de las carreras de Derecho, Administración Pública y Ciencias Policiales, el nivel de desconocimiento e indiferencia hacia el SNA es muy alto.
El 35% de las respuestas obtenidas se concentró en que la aplicación de sanciones más severas hacia aquellos que realizan actos de corrupción, es una acción que podría disminuir la incidencia de la corrupción entre los servidores públicos, seguido por una formación cívica de los ciudadanos. Esta acción tiene relación con la impunidad, la cual fue señalada como la principal causa de la corrupción. Es poco fructífero esperar la solución del problema si no existe la aplicación pronta, expedita y eficiente de la Ley, entre otras acciones.
En cuanto a la información que proporciona el gobierno en materia de combate a la corrupción, el 66% de los encuestados le otorgó un carácter de no verídica y el 13% adujo que no le interesa, lo cual pone de manifiesto un alto nivel de desconfianza de la población encuestada hacia la acción del gobierno en ese sentido.
Sería pertinente analizar las causas que generan este tipo de desconfianza, así como que a pesar de las acciones gubernamentales en materia de transparencia y acceso a la información, la credibilidad de los ciudadanos hacia los servidores públicos y las instituciones en general no se acrecienta.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 9 ¿Has cursado alguna asignatura sobre corrupción o transpariencia?
El grado de respuesta a este cuestionamiento muestra una importante área de oportunidad para la formación de los nuevos profesionistas, sobre todo pensando en la necesidad de construir ciudadanía responsable y ocupada en el bienestar general, como se planteó al inicio de este artículo. Debido a que un abrumador 74% de los encuestados resaltó que en el trascurso de su carrera no ha contado con una asignatura que aborde los temas de transparencia y corrupción, cabría subrayar que los programas académicos actuales de las instituciones a las que están adscritos los encuestados, no incluyen de manera ponderada en su estructura curricular temas relacionados con los valores y la formación cívica.
Para ubicar los factores que orientan y dan sustento a la convivencia social, resultan fundamentales las respuestas sobre en quiénes confían más los universitarios y en quiénes menos; en el primer caso están la familia, la iglesia, la Marina, el Ejército y los compañeros, resultando significativo la referencia a las fuerzas armadas a la luz del contexto de inseguridad que prevalece en la entidad federativa. Se guarda similitud con los datos generados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, INEGI, 2018)7 para Tamaulipas, la que sitúa como instituciones de mayor confianza para los tamaulipecos en primer lugar a la Marina (88.8%), después el Ejército y la Policía Federal (84.4% y 70.6%, respectivamente); al igual que los resultados expuestos en el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2013, mismo que posiciona al Ejército por arriba de la Policía y los Partidos Políticos (Casar, 2016).8
Fuente: Elaboración propia.
Figura 11 ¿En la universidad deberían dar cursos sobre prevención y combate a la corrupción?
Conforme a este resultado (55.42%), se puede identificar una vez más la citada área de oportunidad para las instituciones de educación superior, sobre la integración de asignaturas que aborden los temas de transparencia, acceso a la información, combate a la corrupción, ética, ciudadanía; pues como se ha comentado, en la revisión de los diversos programas de estudios se pudo constatar que sólo en algunos casos y de manera marginal se prevén materias en las que se analizan algunos de los temas señalados.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 12 ¿La acción de los ciudadanos organizados puede disminuir la corrupción?
Resulta significativa la alta convergencia de respuestas en el sentido de que la acción organizada de la gente puede contribuir a que disminuya la comisión de actos de corrupción, pues el 54.17% se colocó en esta posición que abre posibilidades para revertir el fenómeno a través de la acción coordinada de los ciudadanos.
En el mismo sentido de enaltecer el valor de la acción ciudadana para contrarrestar los actos de corrupción, sobresale que la gran mayoría de los encuestados dijo estar dispuesto a denunciar estos hechos en caso de presenciarlos; no obstante, más de la mitad optó por la respuesta en torno a que no tendría caso hacerlo. Este último dato también resulta relevante, en tanto pone en evidencia la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades e instituciones.
6. Conclusiones
El fenómeno de la corrupción gubernamental entendido como una conducta ilegal, a través de la cual una persona utiliza su posición privilegiada para obtener utilidad en beneficio propio o de un grupo, afectando con ella el bienestar general, es ampliamente percibido por la población universitaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en todos los órdenes de gobierno.
Entre las causas de los actos de corrupción que los encuestados citan, sobresale la impunidad a la cual le subyace la ausencia de castigo y, por ende, la inobservancia de la ley. Asimismo, destaca el señalamiento en el sentido de que todos practican ese tipo de actos, de lo cual se puede inferir la existencia de un elemento de carácter cultural que contribuiría a explicar la reproducción del fenómeno, como inicialmente fue analizado.
En cuanto a la información sobre el combate a la corrupción proporcionada por el gobierno estatal, la mayoría de los encuestados dijo desconfiar tanto de la fuente como del contenido. Esta respuesta está vinculada con la percepción de los universitarios de que la corrupción tiene verificativo en todos los órdenes de gobierno; de modo que ambas respuestas ponen de relieve la existencia de una amplia desconfianza de la población hacia el ámbito gubernamental.
Resulta significativo que en el contexto de inseguridad que prevalece en la entidad federativa, gran parte de los encuestados haya manifestado confiar en mayor grado en las fuerzas armadas, no obstante que a nivel nacional han sido cuestionadas por presuntos actos de abuso de autoridad y corrupción; mientras las instancias encargadas de la impartición de justicia no están entre las más confiables. De la misma forma, dijeron confiar en la familia y la iglesia, instituciones que tradicionalmente han asumido la tarea de transmitir valores esenciales para la convivencia cívica, de modo que pudiera suponerse que en la actualidad no estarían aportando de manera sustantiva a revertir el fenómeno de estudio.
Un área de oportunidad para las instituciones educativas de nivel superior que permite identificar este estudio radica en que la mayoría de los estudiantes encuestados manifestó no recibir capacitación en temas de corrupción, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, ciudadanía y cultura cívica, debido a la ausencia de tales asignaturas en los programas de estudio respectivos.
Si este vacío es sumado al dominio del paradigma de ciudadanía afín al liberalismo, así como a la desconfianza de las personas en las instituciones y en los servidores públicos, es factible inferir que este conjunto de factores estaría obstaculizando la generación de una cultura cívica y, por esa vía, favoreciendo la desatención de los universitarios sobre problemas de interés general como la corrupción.
No obstante, cabe subrayar la alusión de los universitarios a la acción coordinada de la gente para contrarrestar los actos de corrupción, pues ello apunta hacia el valor de la acción ciudadana en defensa de la ley, frente a la actuación oportunista del individuo que mediante la corrupción pretende maximizar una utilidad en beneficio personal y en detrimento del bienestar general.
