Introducción
En términos de Chesnais (1979), el concepto de transición demográfica designa el pasaje desde un régimen demográfico tradicional, con altas tasas de mortalidad y natalidad, a un régimen moderno1 con tasas de mortalidad y natalidad bajas. Como consecuencia del proceso de transición demográfica se produce un cambio paulatino en la estructura por edades de la población, a partir del cual la cantidad relativa de menores de 14 años se reduce mientras aumenta la de mayores de 65 años. Este fenómeno, conocido como envejecimiento poblacional, es el responsable de la reducción de la base de la pirámide de población y del ensanchamiento de su cúspide.
Las consecuencias económicas de la transición demográfica y del envejecimiento de la población han sido arduamente discutidas en la literatura económica. El menor crecimiento poblacional resultante de la transición demográfica puede incentivar el crecimiento económico en la medida en que favorece un aumento en el capital per cápita disponible y de la experiencia promedio de la fuerza laboral (producto de su envejecimiento). Ambos factores permitirían incrementar la productividad del factor trabajo (Kuznets, 1967).
Sin embargo, si los adultos mayores son sostenidos económicamente mediante transferencias monetarias intergeneracionales, ya sea de sus propios hijos o a través de un sistema previsional organizado bajo un esquema de reparto,2 el envejecimiento podría aumentar la carga para la población activa, disminuyendo la tasa de ahorro agregado. Más aún, aunque los adultos mayores se autofinanciaran con el desahorro producido durante su etapa activa, la tasa de ahorro no dejaría de caer (Lee, 2003). En cualquier caso, una menor tasa de ahorro implicaría menor capital per cápita disponible.
Por otra parte, los cambios en la estructura por edades de la población guardan íntima relación con los perfiles epidemiológicos. El concepto de transición epidemiológica se refiere a la disminución diferencial en las distintas causas de muerte en todas las edades: los patrones de morbilidad y mortalidad transitan desde una situación en que predominan enfermedades infecciosas y agudas, a otra en que prevalecen las crónicas y degenerativas de costoso tratamiento, las cuales afectan fundamentalmente a individuos de la tercera y, en mayor medida, cuarta edad.3 En este sentido, Ordorica (2007) advierte que la diabetes, los infartos, las enfermedades pulmonares, la insuficiencia cardíaca y la neumonía representan alrededor de la tercera parte de las muertes en el mundo a partir de los 65 años. Por tal motivo, el envejecimiento también podría implicar un mayor gasto en salud, financiado en muchos países mediante la recaudación de tributos que recaen sobre la población ocupada.
Los potenciales efectos negativos del envejecimiento sobre el desempeño económico pueden ser mitigados a partir de los llamados “bonos o dividendos demográficos”. El denominado primer bono alude a la situación transitoria en la que aumenta la proporción de población en edad de trabajar, al comenzar a retraerse la natalidad durante el proceso de transición demográfica (United Nations, 2005). Un segundo bono podría ocurrir en la medida que la menor cantidad de nacimientos favoreciera un aumento en el capital humano per cápita, entendido como el nivel de inversión en salud y educación disponible para cada nuevo individuo que entrara a formar parte de la población. La mayor disponibilidad per cápita de capital humano permitiría que la fuerza laboral fuese más productiva, lo cual impactaría en forma positiva sobre el crecimiento (Lee y Mason, 2010).
Los bonos demográficos representan oportunidades que pueden -o no- ser aprovechadas.4 En el caso del primer bono, por ejemplo, el aumento de la proporción de población en edad de trabajar puede impulsar el crecimiento económico en la medida que i) se traduzca en un incremento en la proporción de población económicamente activa, y ii) exista pleno empleo. Asimismo, la explotación del segundo bono sólo será posible en la medida que exista una fuerte inversión en capital humano, especialmente pública.
En vista de lo expuesto, este trabajo tiene por objetivo general estudiar para el caso argentino las consecuencias económicas del proceso de transición demográfica y el consecuente envejecimiento poblacional. Con este fin se plantean dos objetivos específicos: a) presentar formalmente los conceptos de primer y segundo bono demográfico derivados de la teoría económica, y b) estudiar en qué medida se están generando las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades que éstos presentan.
Metodología
Para desarrollar el objetivo a, se efectuó una revisión no sistemática de los principales trabajos de la literatura económica que introdujeron el concepto de bono demográfico desde principios de la década del 2000. Previamente se introduce brevemente la discusión que dio origen a tal concepto y que consiste en determinar la relación entre variables económicas y demográficas, fundamentalmente entre el crecimiento económico y el demográfico.
Para desarrollar el objetivo b, se emplearon técnicas de estadística descriptiva para representar la evolución de distintas variables asociadas a cada uno de los bonos demográficos, todas provenientes de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas efectuados en Argentina por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante INDEC) en 1960 y 2010.
El cambio en la participación laboral producto del primer bono demográfico se estudió a partir de la transformación de la población económicamente activa (en adelante PEA), integrada por las personas que tienen trabajo o, sin tenerlo, lo están buscando activamente. La misma se compone de la población ocupada más la población desocupada a partir de los 14 años de edad. Se supuso que esta variable representa la oferta laboral y que la proporción de PEA ocupada representa la demanda efectiva de dicha oferta. Este análisis se hizo diferenciando por todos los grupos de edad y sexo.
El análisis de la evolución de la inversión en capital humano que podría dar lugar al segundo bono demográfico se subdividió en dos dimensiones. En primer lugar, se estudió la evolución de la dimensión educativa analizando el grado de acceso a la educación en términos de asistencia escolar y niveles educativos en curso, distinguiendo en cada caso entre hombres y mujeres de entre 5 y 29 años. Posteriormente, se analizó la evolución de la dimensión sanitaria de la inversión en capital humano empleando variables que, si bien no reflejan directamente el estatus de salud de la población, se espera que estén positivamente correlacionadas con él. Tales variables aportan información acerca de la calidad de las viviendas (tipo de construcción edilicia y material predominante en pisos, paredes y techos) y de la calidad de vida de las personas que las ocupan (tipo y disponibilidad de agua, retrete, cocina y heladera), sin diferenciar en este caso por edad y sexo.
Resultados
Primer y segundo bono demográfico
El concepto de bono demográfico se originó a partir de la discusión acerca de la relación entre variables demográficas y económicas, en particular la relación entre la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento económico. La corriente clásica de pensamiento económico asume que el producto per cápita es función del capital per cápita, considerando al capital en un sentido amplio, tanto físico como humano. En términos matemáticos:
donde y =Y/N es el producto per cápita que equivale al producto total Y sobre la cantidad de población N, y k = K/N es el capital per cápita que equivale al stock de capital K sobre la cantidad de población N. Esta concepción está en línea con la idea malthusiana de que la oferta fija de recursos naturales limita la productividad cuando aumenta la población (Malthus, 1798). En este sentido, Ashraf et al. (2013) llaman “efecto Malthus” al hecho de que el crecimiento poblacional vuelve más escasos los recursos físicos como la tierra, y “efecto Solow” al hecho de que el crecimiento de la fuerza laboral disminuye el capital per cápita (Solow, 1956).
Para Kuznets (1967) el crecimiento económico y el poblacional se relacionaban negativamente en la medida en que un aumento de la fuerza laboral disminuiría tanto el capital como el producto per cápita. A su vez, el autor sostiene que una fuerza laboral más joven (en ausencia de envejecimiento) implicaría menor experiencia y por lo tanto menor productividad. Así, el cambio en la estructura por edades producto del proceso de envejecimiento tendría efectos beneficiosos para la economía al incrementar la productividad promedio y aumentar el capital per cápita.
Kuznets (1967) y otros autores en trabajos posteriores pudieron demostrar empíricamente estos postulados para los países desarrollados, pero no para los países subdesarrollados (Chesnais, 1985). Estos trabajos no lograron demostrar una relación estadísticamente significativa entre el crecimiento de la población y el crecimiento del producto per cápita. En tal sentido, Ashraf et al. (2013) advierten que regresar la tasa de crecimiento económico en función de la tasa de crecimiento poblacional padece de serios problemas econométricos. El inconveniente no es sólo que la relación entre las variables puede ser no lineal, sino también el carácter complejo y recíproco de las mismas (Mason y Lee, 2007); es decir, las variables demográficas afectan a las económicas y éstas a su vez afectan a las demográficas.
Chesnais (1985) sostiene que si bien en muchos países no es posible establecer una relación entre las tasas de crecimiento económico y poblacional, la realidad histórica indica que estas variables fueron en el mismo sentido, al menos en los países desarrollados: “la transición demográfica no es más que una dimensión del proceso global de desarrollo: el calendario de la transición demográfica está estrechamente ligado al del crecimiento económico moderno” (Chesnais, 1986: 1070). Según el autor, el comportamiento de la tasa de mortalidad en Europa estuvo vinculado con el crecimiento económico: la disminución de la mortalidad a partir del siglo XVIII resultó del crecimiento económico secular, y a su vez contribuyó a él (Chesnais, 1986).
Por otro lado, Bloom et al. (2003) advierten que el debate acerca de la relación entre crecimiento poblacional y económico ha prestado poca atención al cambio en la estructura por edades de la población, dimensión crítica de la dinámica poblacional. Los autores basan su teoría del bono demográfico en la hipótesis del ciclo de vida:
[…] cada grupo de edad en una población se comporta de manera diferente: los más jóvenes requieren una inversión intensiva en salud y educación, los adultos ofrecen horas de trabajo y ahorro, y los más viejos requieren cuidados médicos y el pago de pensiones [Bloom et al., 2003: 21].
De tal manera, cuando cambia la estructura por edades cambia también la intensidad de cada uno de estos perfiles de comportamiento.
En términos matemáticos (Mason y Lee, 2007):
donde:
El primer bono demográfico estaría dado por un aumento en el consumo per cápita
A su vez, si la generación del primer bono demográfico es consciente de que las generaciones siguientes serán menos numerosas y por ende tendrán dificultades para sostenerla económicamente, puede anticiparse a tal situación acumulando riqueza suficiente para autoabastecerse. Esa riqueza acumulada es la fuente de lo que Mason y Lee (2007) originalmente llamaron segundo bono demográfico; es decir, el efecto procrecimiento generado por la acumulación de riqueza de la generación del primer bono demográfico. En términos de la ecuación (1), el ratio de consumo
c
(t) ya no se supone constante. Por el contrario, se espera que el consumo per cápita
Un trabajo posterior de los mismos autores (Lee y Mason, 2010) sugirió que la inversión en capital humano sería la vía a través de la cual se materializaría el segundo bono demográfico al reemplazar una población en edad de trabajar más numerosa por otra menos numerosa pero más productiva, gracias a un mayor nivel de inversión en salud y educación per cápita. En términos de la ecuación (1), permitimos que en el momento t + 1 varíe la productividad de la fuerza laboral
Condiciones para el aprovechamiento del primer bono demográfico
En Argentina, al comparar las pirámides poblacionales correspondientes a los años 1960 y 2010 se observa un aumento en la proporción de jóvenes de ambos sexos de entre 15 y 29 años, evento que sostiene la hipótesis de que Argentina continúa generando las oportunidades demográficas del primer bono. En tal sentido, predicciones de Pinto (2016) con base en datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (en adelante Celade) del año 2012, sugieren que en Argentina y otros tres países envejecidos de América Latina el primer bono demográfico podría tener un efecto reducido debido al envejecimiento acelerado que se estima tendrán sus poblaciones durante el periodo 1995-2025. Según el autor, esto significa que “no se producirá un crecimiento de la fuerza laboral suficiente como para impulsar la economía” de estos países durante el periodo analizado (Pinto, 2016: 11). La Gráfica 1 muestra la transformación que sufrió la pirámide poblacional entre 1960 y 2010.
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Se observa entre estos años una marcada reducción de la base, fundamentalmente en el grupo etario de entre 0 y 4 años. Entre los 30 y los 49 años se retrajo levemente la población, en mayor medida en el caso de los hombres. Con respecto a la cúspide, la transformación más importante (ocultada por la gráfica) es el aumento en la proporción de mujeres en los grupos etarios mayores a 50 años, fenómeno conocido como “feminización del envejecimiento poblacional”. La proporción de hombres resultó mayor en 2010 con relación a 1960 en todos los grupos etarios a partir de los 55 años.
Para determinar en qué medida nuestro país está aprovechando las circunstancias favorables asociadas al primer bono demográfico, se estudió la transformación ocurrida en la estructura poblacional de la PEA durante los últimos 50 años y, en particular, se comparó qué proporción de ella se encontraba ocupada en cada caso. El propósito es determinar, en primer lugar, si aumentó la oferta laboral (aumento de la PEA) y, en segundo lugar, qué proporción de dicha oferta fue efectivamente captada por la demanda (porcentaje de PEA ocupada). El análisis se realizó separando la población femenina y masculina. Las Gráficas 2 y 3 presentan los resultados obtenidos.
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010).
Tanto en 1960 como en el 2010 más del 80% de la PEA en todos los grupos de edad y sexo se encontraba ocupada. El cambio más evidente reside en el aumento sustancial de la participación femenina en la PEA en todos los rangos etarios. En 1960 la proporción poblacional de mujeres en cada rango etario que formaba parte de la PEA aumentaba hasta un máximo de 1.54% en el rango de entre 20 y 24 años (equivalente al 40% de las mujeres de esa edad) a partir del cual comenzaba a disminuir hasta alcanzar apenas un 0.03% en el rango de mayores de 75 (equivalente al 3% de las mujeres de esa edad). En 2010 dicha proporción aumentó hasta un 2.8% en el rango de entre 30 y 34 años (equivalente al 71% de las mujeres de esa edad), a partir del cual comenzó a disminuir hasta alcanzar 0.29% en el rango de mayores de 75 años (equivalente al 10% de las mujeres de dicha edad).
En el caso masculino, hasta los 54 años la PEA disminuyó y a partir de los 55 aumentó como porcentaje del total poblacional en cada rango etario, representando una disminución neta de 1.5 puntos porcentuales. En 1960 alcanzaba un máximo de 3.79% entre los 30 y 34 años (equivalente a un 98% de los varones de esa edad) y un mínimo de 0.17% en mayores de 75 años (equivalente a un 25% de los varones de esa edad). En 2010 el máximo fue de 3.55% para los individuos de entre 30 y 34 años (equivalente a un 94% de los varones de esa edad) y el mínimo de 0.31% para los mayores de 75 años (equivalente a un 19% de los varones de dicha edad).
Si bien los porcentajes de ocupación fueron altos en todos los grupos de edad y sexo, los censos nacionales no indagan directamente acerca del nivel de informalidad laboral, el cual se deja ver indirectamente al cruzar tales guarismos con los porcentajes de población sin cobertura por obra social, prepaga voluntaria o prepaga a través de obra social. Asumiendo que los individuos no cubiertos por el sistema de seguridad social ni por una empresa de medicina prepaga no forman parte de la PEA o se encuentran desocupados o trabajando en condiciones de informalidad, se espera que el porcentaje de población sin cobertura en cada grupo de edad y sexo no supere al porcentaje de población inactiva y desocupada; caso contrario podría suponerse que no todos los ocupados se desempeñan en el mercado formal. La información no se encuentra disponible para 1960 debido a que la obligatoriedad de la afiliación a una obra social comenzó a regir apenas en la década de 1970. No obstante, los resultados para 2010 indican que para el caso masculino el porcentaje de población sin cobertura superaba en más de 20% al porcentaje de población inactiva o desocupada en todos los grupos etarios entre los 20 y 59 años, revelando que entre al menos un cuarto y un tercio de la población ocupada masculina no se desempeñaba en el mercado de trabajo formal. La situación femenina fue menos alarmante: la población sin cobertura superaba entre apenas 2 y 7% a la población inactiva o desocupada en todos los grupos de edad entre los 20 y 49 años, indicando que al menos entre 2 y 11% de la población ocupada no se desempeñaba en el sector formal.
Condiciones para el aprovechamiento del segundo bono demográfico
En lo que respecta al segundo bono demográfico, se analizan los logros de la población joven en términos del acceso a la salud y la educación, dimensiones fundamentales del capital humano (Ashraf et al., 2013).
Con respecto a la dimensión educativa, uno de los logros más evidentes de los últimos 50 años fue el aumento de la proporción de la población joven que asiste a un establecimiento educativo. Las Gráficas 4 y 5 expresan el porcentaje poblacional de la asistencia escolar por edad y sexo para 1960 y 2010, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960).
Se observa un aumento de la asistencia escolar en todos los grupos de edad y sexo. El mayor aumento en el porcentaje de individuos que asisten a la escuela se produjo en el grupo etario de niños y niñas de 5 años, de los cuales sólo el 19% asistía en 1960 y el 91% lo hacía en 2010. En segundo lugar, el grupo etario que aumentó en mayor proporción la escolaridad fue el de jóvenes de entre 15 y 17 años, de quienes apenas 33% asistía en 1960 y cerca de 82% lo hacía en 2010. Los grupos etarios de entre 12 y 14 años y de entre 18 y 24 años experimentaron un aumento similar en el porcentaje de escolaridad: pasaron de 71% en 1960 a 97% en 2010 el primer grupo, y de casi 10% en 1960 a 37% en 2010 el segundo grupo. Finalmente, el grupo etario de entre 6 y 11 años fue el que experimentó un menor aumento, pasando de 83% de escolares en 1960 a 99% en 2010.
Para complementar el análisis, las gráficas 6 a 11 muestran la distribución de la asistencia escolar según niveles educativos.
En primer lugar, se observa un cambio en la distribución de la asistencia en niños y niñas de 5 años: mientras en 1960 el 69% de estos niños asistía al nivel inicial y el restante 31% lo hacía al nivel primario, en 2010 casi el 100% asistía al nivel inicial, probablemente por la obligatoriedad del nivel preescolar introducida en 1993 (Gráfica 6).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
En el grupo etario subsiguiente la distribución de la asistencia no cambió sustancialmente: 99% de los niños y niñas de entre 6 y 11 años asistía al nivel primario en 1960 y el 1% restante lo hacía al nivel inicial, mientras que en 2010 el 95% asistía al nivel primario y al nivel inicial (Gráfica 7).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
En el grupo etario de jóvenes de entre 12 y 14 años cambió la distribución de la asistencia a favor del nivel secundario: en 1960 el 76% de los jóvenes de esa edad asistía al nivel primario y sólo 24% lo hacía al secundario, incluyendo las escuelas de formación técnica; en 2010 el 54% asistía al nivel primario y el 46% lo hacía al secundario, el cual se sustituyó en algunas provincias por los ciclos de Educación General Básica y Polimodal (Gráfica 8).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Si se agrupan los niños comprendidos entre los 5 y 14 años no existen diferencias significativas en la distribución de la asistencia a los distintos niveles educativos por sexo, las cuales sí aparecen a partir del grupo etario de jóvenes de entre 15 y 17 años. En 1960 el 72% de los varones y el 76% de las mujeres con edades entre 15 y 17 años asistían al nivel secundario, porcentajes que pasaron a 81 y 85% en 2010, respectivamente; el complemento de estos porcentajes en cada caso asistía al nivel primario (Gráfica 9).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre los 18 y los 24 años la transformación en la distribución de la asistencia fue mucho más evidente para las mujeres: en 1960 sólo 38% de las jóvenes asistía a un nivel superior o universitario, mientras que en 2010 lo hacía el 61%, al tiempo que el porcentaje de varones cursando estudios superiores se mantuvo cercano al 50% en ambos años censales. El complemento de esos porcentajes asistía al nivel secundario y en menor medida al primario, con una mayor participación del secundario en 2010 (Gráfica 10)
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Algo similar sucedió en el grupo etario de entre 25 y 29 años: mientras el porcentaje de hombres con estudios superiores se mantuvo en 75% en ambos años censales, el porcentaje de mujeres cursando estudios superiores pasó de 53 a 79%, en detrimento de los niveles secundario y primario (Gráfica 11).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Para concluir el análisis de la dimensión educativa, un dato relevante disponible sólo para el año 1960 son las principales causas de abandono del último nivel educativo alcanzado en la población de entre 7 y 21 años, equivalente a 17% de los varones y a 19% de las mujeres de ese grupo etario. El 31.7% de los varones y el 21.4% de las mujeres alegó que abandonó sus estudios por razones de trabajo, lo que indica que los jóvenes tenían un elevado costo de oportunidad de estudiar. El 10.7% de los varones y el 11.3% de las mujeres manifestó que la causa de abandono fue mera negligencia, lo que indicaría que un porcentaje no despreciable de los jóvenes elegía no estudiar. El 8.4% de los varones y el 8.5% de las mujeres aludieron causas económicas, dando a entender que sus familias no contaban con el ingreso suficiente para permitirles seguir formándose. El 7.2% de los varones y el 9.1% de las mujeres alegaron causas de distancia, denotando barreras en el acceso geográfico a las instituciones educativas. El 3.3% de los varones y el 3.7% de las mujeres manifestaron la falta de vacantes como causa principal de abandono, lo que podría interpretarse como una inversión pública insuficiente en educación. El 2.7% de los varones y el 4.2% de las mujeres manifestaron causas de enfermedad, lo que evidencia otra de las dimensiones fundamentales de la inversión en capital humano que se analizará a continuación: la dimensión sanitaria. Finalmente, 36% de los varones y 41.9% de las mujeres declararon otras causas no especificadas de abandono de sus estudios.
Evaluar la dimensión sanitaria de la inversión en capital humano no resulta tan sencillo como evaluar la dimensión educativa. En ésta, puede suponerse que si los jóvenes asisten más a la escuela y alcanzan niveles educativos superiores, efectivamente se están alcanzando mayores estándares de educación de la población. Sin embargo, en la dimensión sanitaria, una mayor inversión en infraestructura hospitalaria no se traduce necesariamente en un mayor estatus de salud de la población. En este sentido, podría ser de utilidad observar los cambios en los perfiles epidemiológicos, donde, por ejemplo, la reducción de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual permitiría asegurar mejoras en la salud poblacional. Sin embargo, la información epidemiológica de Argentina es limitada o nula para los años sesenta.
En respuesta a esta dificultad metodológica se seleccionaron una serie de variables que, si bien no representan en sí mismas indicadores de salud, la Organización Mundial de la Salud (Vega Romero, 2009) las reconoce como determinantes sociales del estatus de salud de una población, y en nuestro análisis se agrupan en: indicadores de calidad de la vivienda (tipo de edificación y material predominante en pisos, paredes y techos) e indicadores de calidad de vida de sus ocupantes (tipo y disponibilidad de agua, de retrete, cocina y heladera). Esta información recopilada por los censos 1960 y 2010 se presenta en las gráficas 12 a 19.
Se observa que entre 1960 y 2010 aumentaron 11% las viviendas construidas como casas o departamentos, al tiempo que disminuyeron 10% las construidas como casas precarias o casillas, casas rústicas o ranchos y casas móviles, y 1% otro tipo de viviendas como piezas de inquilinato o pensión y locales no construidos para vivienda (Gráfica 12).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre 1960 y 2010 aumentaron 12% las viviendas construidas con piso de baldosa o cerámica, mosaico o mármol y madera o alfombrado y 3% las construidas con piso de ladrillo fijo o cemento, al tiempo que disminuyeron 15% las viviendas con piso de tierra o ladrillo suelto. El porcentaje de viviendas con otro tipo de piso no especificado se mantuvo cercano al 1% (Gráfica 13).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre 1960 y 2010 aumentaron 17% las viviendas construidas con paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón, mientras que disminuyeron 11% las construidas con paredes de madera o adobe y 6% las construidas con paredes de otro tipo como chapa, chorizo,5 cartón, palma, paja o material de desecho y otros tipos no especificados (Gráfica 14).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre 1960 y 2010 aumentaron 14% las viviendas construidas con techo de baldosa o losa, 4% las construidas con cubierta asfáltica o similar y 2% las construidas con pizarra o teja, al tiempo que disminuyeron 4% las viviendas con techo de chapa y 16% las viviendas con otro tipo de techo como fibrocemento o plástico, cartón, madera o tabla, paja o rama y otros no especificados (Gráfica 15).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Puede concluirse que todas las variables que aportan información acerca de la calidad de las viviendas han experimentado una mejora notable durante los últimos cincuenta años, tanto en términos del tipo edilicio como constructivos. De la misma manera, las variables que aportan información acerca de la calidad de vida de las personas que residían en las viviendas censadas también demostraron una evolución positiva.
Se observa que entre 1960 y 2010 aumentaron casi 35% las viviendas con agua de red pública dentro de la vivienda, y cerca de 1.5% aquéllas con agua de red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno, al tiempo que disminuyeron casi 4% las viviendas con agua fuera del terreno por grifo público, cerca de 16% las que obtenían el agua por bomba manual o automática, poco más de 10% las que obtenían agua de pozo, agua de lluvia o acequia, y casi 6% las viviendas que adquirían agua de otras fuentes como transporte por cisterna y otras no especificadas (Gráfica 16).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre 1960 y 2010 aumentaron 26% las viviendas con disponibilidad de retrete con descarga, al tiempo que disminuyeron en ese mismo porcentaje las viviendas que, o bien no tenían retrete, o bien tenían otro tipo de retrete sin descarga de agua (Gráfica 17).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Entre 1960 y 2010 aumentaron 33% las viviendas con cocina a gas, al tiempo que disminuyeron 19% las cocinas a leña o carbón y 14% otros tipos de cocinas como las de kerosene y eléctricas, muchas de las cuales se sustituyeron por el uso de garrafas6 (Gráfica 18).7
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Finalmente, entre 1960 y 2010 aumentaron 46% las viviendas con disponibilidad de heladera (Gráfica 19).
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 1960 y 2010).
Conclusiones
La información analizada para Argentina durante el último medio siglo revela que están dadas las condiciones para beneficiarse del primer bono demográfico, dado por el aumento de la proporción de población joven de entre 15 y 29 años, la reducción de la proporción de niños y el aumento de la proporción de adultos mayores. Este cambio demográfico generó un aumento transitorio en la proporción de la PEA, con mayor participación del género femenino: mientras la PEA femenina pasó de representar 0.51% en 1960 a 1.34% de la población en 2010, la PEA masculina se redujo de 1.84 a 1.75% en el mismo periodo.
Este aumento sustancial de la participación femenina en la PEA también se manifestó en otros países. Bloom et al. (2009) lo atribuyen al descenso de la fecundidad, que permitió liberar horas de trabajo femeninas. Sin embargo, para Lee (2003) la direccionalidad se dio al revés: el progreso tecnológico alcanzado por la acumulación de capital físico logró reducir, o eliminar, las diferencias de productividad entre hombres y mujeres al sustituir a la fuerza humana. Esta idea fue señalada originalmente por Becker y Barro (1988), para quienes la fecundidad dependía negativamente de la tasa de progreso técnico y de la existencia de sistemas de seguridad social que separaban las decisiones de procreación individual de la sostenibilidad económica de los adultos mayores. Como resultado, para las mujeres aumentaron los costos de oportunidad de criar niños, actividad intensiva en tiempo, y ello impactó directamente en la fecundidad.
Las oportunidades económicas del bono demográfico requieren para su aprovechamiento que la mayor oferta laboral sea captada por la demanda de trabajo. La información de los censos poblacionales de 1960 y 2010 indican que en promedio el 95% de la PEA se encontraba ocupada en ambos años censales, aun cuando la misma aumentó en casi 0.75% durante ese periodo.
Es importante mencionar al menos tres aspectos de nuestro análisis que podrían limitar el aprovechamiento del primer bono. El primero es que si bien los censos poblacionales no captan directamente la existencia de trabajo informal, el estudio de los porcentajes de población sin cobertura de salud para 2010 permite concluir que cerca del 50% de los jóvenes menores a 29 años se encontraba desprotegido, con lo cual se deduce que, o bien no se encontraban ocupados, o bien estaban siendo empleados en el mercado informal de trabajo, sin aportes al sistema de seguridad social. El segundo aspecto es que pese a los aumentos de la PEA, las transferencias intergeneracionales a los adultos mayores podrían erosionar los efectos positivos de la transición demográfica sobre la acumulación de capital físico (Mason y Lee, 2007). El tercer aspecto es que si bien el porcentaje de la PEA ocupada en cada año analizado es alentador, no puede asumirse constante en el tiempo, ya que el periodo considerado oculta los niveles de desempleo que pueden darse en el corto plazo debido a factores coyunturales.
El segundo bono demográfico surge por la oportunidad que presenta una menor proporción de niños y un potencial aumento del capital humano per cápita en la medida en que cada nuevo individuo reciba mayor inversión en salud y educación que sus antecesores. Esta ventaja con la que cuentan los más jóvenes les permitiría ser más productivos en el momento de ingresar a la fuerza laboral debido al disfrute de un mayor acceso a la salud y a la educación.
En cuanto a la dimensión educativa, la información analizada indica que se produjo un aumento en la asistencia escolar en todos los grupos de edad hasta los 29 años para ambos sexos. Al mismo tiempo, la distribución de la asistencia escolar por niveles educativos evidenció un sesgo a favor del nivel secundario entre los 12 y 17 años y, para el caso femenino, a favor del nivel superior o universitario entre los 18 y 29 años.
Para el análisis de la dimensión salud se consideró la evolución de ciertos determinantes sociales, los cuales muestran cambios que afectan positivamente el estatus de salud a través de las mejoras en la calidad de las viviendas y en la calidad de vida de sus ocupantes. Estas condiciones fueron evaluadas según el tipo de acceso al agua, higiene, seguridad en la cocción de alimentos y su almacenamiento. En todos los casos, los determinantes de la salud considerados revelan mejores condiciones para alcanzar un mayor estatus de salud, lo cual se evidencia en la mayor esperanza de vida al nacer y en las reducciones de la tasa de mortalidad infantil.
Es posible asegurar que en el último medio siglo Argentina ha desarrollado las condiciones para el aprovechamiento del primer y segundo bonos demográficos, los cuales han sido impulsados en mayor medida por la población femenina debido a su participación en el aumento de la PEA y a que ha sido el género que ha logrado incrementar en mayor medida la asistencia a instituciones educativas, especialmente las de nivel superior.