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A siete meses del terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, se presentó, en el marco del festival Ambulante, el documental #19S, dirigido por Santiago Abreu y Diego Rabasa. Se trata de un corto que reúne tomas aéreas de las zonas aledañas a los edificios colapsados, con un collage sonoro que registra las tareas de rescate. Las imágenes filmadas con el uso de drones muestran los movimientos de centenares de personas -cargando heridos en un camastro rumbo a la ambulancia, levantando bloques de cemento amontonados sobre lo que antes eran unidades habitacionales, esperando en filas ordenadas para entrar a las zonas de derrumbe, haciendo acopio-, mientras el audio reproduce conversaciones entre rescatistas hablando por radios, familiares animando a los que se encontraban bajo los escombros, entre otras actividades organizadas de manera espontánea.
A pesar de lo dramáticas que resultan las imágenes de los edificios colapsados, el documental mantiene una mirada colectiva sobre esta reacción solidaria, bien intencionada, aunque no siempre efectiva, de la población que habita la Ciudad de México. Abona a la elaboración de una narrativa de lo que fue la participación ciudadana tras el terremoto en la capital del país, una narrativa que anuncia la entrada de los llamados millenials a la esfera pública y el posible resurgimiento de la sociedad civil frente a la reproducción de negligencias por parte de las autoridades, quienes, a pesar de los aprendizajes que dejó el terremoto en 1985, se vieron nuevamente rebasadas por la emergencia. En ese sentido, el documental sintetiza representaciones que se fueron tejiendo con el paso de esas primeras semanas en los medios de comunicación, incluyendo los encabezados de los principales periódicos del país que declaraban: “Los millennials del 19-S podrían impulsar la transformación de México”, “La Roma cambia la fiesta por el acopio y brigadeo”, “Como siempre la solidaridad”, así como imágenes de rescatistas ciudadanos levantando escombros y colocando su puño en alto como grito de silencio.1
Sin duda, dicha telaraña de acciones ciudadanas, distribuidas en las zonas céntricas de la ciudad, figura como un aspecto central del recuento de los días posteriores al terremoto. Sin embargo, la participación de la llamada sociedad civil no se reduce a las tareas de búsqueda y rescate; por lo contrario, la densidad de sus acciones tiene capas que se extienden más allá de la temporalidad marcada por tales tareas y se manifiesta en dimensiones más diversas y profundas de la geografía social. Para dar cuenta de las implicaciones que ha tenido el 19S en la vida social de la Ciudad de México, es necesario contemplar este mapa más amplio. Por ejemplo, durante por lo menos dos semanas, los habitantes de la ciudad estuvimos al pendiente de las actualizaciones de la red Verificado19S, cuyo sitio virtual ofrecía información sobre edificios colapsados, campamentos, albergues, centros de acopio y puestos de salud. Otras redes ciudadanas se esforzaron también por canalizar del modo más eficiente y amplio posible la ayuda humanitaria, incluyendo colectivos como Hoy Por México y Sismo. A una escala más focalizada, aunque igual de significativa, se organizaron equipos de psicólogos voluntarios que durante meses se turnaron para ofrecer atención a las y los damnificados, de arquitectos voluntarios que revisaban las edificaciones en riesgo, y de médicos que ofrecían servicios de salud. Y en algunas zonas de derrumbe, rápidamente se organizaron damnificados en asambleas para exigir respuestas de las autoridades.
También el mundo académico contribuyó a las redes ampliadas, no sólo con el fin de prestar ayuda sino también de recabar información para hacer más legible el caos que se apoderó de la ciudad, y así entender cómo actuar de una mejor manera, en especial en zonas fuera del foco de atención mediática. Por ejemplo, algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon una comisión de documentación que recogió información sobre actuaciones de autoridades en diversas delegaciones; otros estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se dedicaron a levantar un diagnóstico de los daños que ocasionó el sismo en la delegación Tláhuac, y varias investigadoras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) realizaron un censo de las personas damnificadas, sobre todo en la delegación Benito Juárez.
Ubicado en este universo más amplio de acciones colectivas, el presente artículo dirige su atención a una iniciativa particular: el proyecto Documenta Desde Abajo 19S. Liderado principalmente por brigadas de estudiantes y profesores voluntarios de diversas universidades y centros de investigación, así como de algunas organizaciones de la sociedad civil, el proyecto buscó documentar las afectaciones ocurridas con ocasión del sismo desde un enfoque de derechos humanos. En concreto, los objetivos del proyecto consistían en trasladar la atención pública a los impactos que el sismo tuvo no sólo en los edificios, sino sobre todo en las vidas de mujeres y hombres que perdieron sus casas, pertenencias, trabajos y, en algunos casos, seres queridos; generar una memoria no oficial de lesiones a derechos para contrastar con los datos gubernamentales, evitar el subregistro, y motivar o encauzar a futuro acciones de carácter jurídico y político para exigir la protección de derechos.
Para lograr los objetivos, a mediados de octubre de 2017, el proyecto aglutinó a 45 brigadas, conformadas por más de 120 personas, que se distribuyeron en múltiples puntos de la ciudad - especialmente campamentos ciudadanos, pero también albergues gubernamentales, calles y algunas residencias- para recoger información durante las siguientes seis u ocho semanas. En ese lapso, las y los brigadistas visitaron regularmente los puntos de interés, entrevistaron (pero también apoyaron como pudieron) a las personas damnificadas, y recogieron información sobre las afectaciones que habían sufrido y sobre el trato que habían recibido por parte de las autoridades. Al concluir el ejercicio de documentación, el proyecto obtuvo más de 200 registros de información en 43 ubicaciones diferentes, distribuidas en las delegaciones Xochimilco, Benito Juárez, Tláhuac, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Coyoacán, Milpa Alta y Álvaro Obregón.
El objetivo del presente artículo no es ofrecer un análisis de los datos recabados a través del proyecto, pues su presentación tendrá lugar en un espacio y un momento especiales, que han sido discutidos por los miembros de las brigadas y que buscarán devolver los principales hallazgos a las comunidades afectadas.2 Más bien, el artículo reflexiona sobre el proceso de recolección y sistematización de datos con el propósito de resaltar un aspecto novedoso del proyecto (y algunos de los desafíos múltiples que genera) para discusiones metodológicas de interés para diversas ciencias sociales. Nos enfocaremos en reflexionar de manera crítica sobre la actuación a través de redes de academia y sociedad civil para llevar a cabo estrategias de investigación-acción en contextos de emergencia.
Antes de ofrecer una descripción detallada del proyecto, nos interesa presentar algunas aclaraciones. Para comenzar, el artículo es heterodoxo, pues busca hacer contribuciones a discusiones académicas desde una perspectiva autorreferencial, dado que los autores forman parte del equipo coordinador del proyecto sobre el cual se reflexiona.3 Esa perspectiva, creemos, no nos impide ofrecer reflexiones críticas sobre el esfuerzo del que formamos parte por al menos dos razones. En primer lugar porque, como otros esfuerzos de investigación-acción, desde el comienzo el proyecto tuvo vocación explícita de incidir en la realidad social, no sólo de comprenderla, y por ende siempre ha transitado entre lo académico y lo político-jurídico.
En segundo lugar, porque las reflexiones que aquí plasmamos han sido elaboradas en su mayoría con posterioridad al desarrollo de la mayor parte del esfuerzo de recolección de datos, lo cual nos ha permitido en todo caso tomar cierta distancia del fenómeno que buscamos comprender. De hecho, el aspecto sobre el que nos interesa reflexionar (las características de la investigación-acción en contextos de emergencia) se deriva de este último punto. Por un lado, el contexto de emergencia en el cual surgió el proyecto nos exigió diseñar una ruta y, posteriormente, unos formularios de recolección de datos que no se basaron (como usualmente lo hacen los proyectos académicos) en un ejercicio previo de formulación de hipótesis o diseño de investigación, sino en intuiciones informadas pero fragmentarias y fugaces derivadas del contexto inmediato. Por otro lado, las dimensiones del proyecto nos hicieron darnos cuenta desde el comienzo de la necesidad de trabajar en red tanto con académicos como con organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil.
Por último, pero no por ello menos importante, la información que sirve de base al artículo es resultado del trabajo colectivo de los miembros del equipo coordinador, las brigadas que recabaron los datos y los estudiantes que participaron en un seminario de análisis de los datos4 en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)5. Por ello, en buena medida todas esas personas son autoras de este texto, y de todos los demás que producirá el proyecto (aunque, obviamente, los errores y las imprecisiones son sólo responsabilidad de quienes firman).
Con estas precisiones en mente, el artículo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección describimos el origen del proyecto Documenta Desde Abajo 19S y su relación con diversos esfuerzos de sociedad civil; en la segunda sección reflexionamos críticamente sobre los principales desafíos metodológicos que encontramos en el camino; en la tercera sección extraemos las principales lecciones metodológicas de este ejercicio, las cuales pueden brindar herramientas para futuros proyectos de investigación-acción.
El origen del proyecto y su relación con diversos esfuerzos de sociedad civil
Lo que se convertiría en una iniciativa dirigida a poner las herramientas de las ciencias sociales al servicio de redes ciudadanas de apoyo humanitario y de derechos humanos surge, inicialmente, no como un proyecto de investigación, sino como un impulso solidario entre habitantes de la Ciudad de México. Al igual que miles de personas en la capital del país y en estados como Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, durante los primeros días después del terremoto dejamos a un lado nuestras respectivas profesiones para dedicarnos de lleno a actividades de emergencia. En el caso de dos de nosotras que coordinamos este proyecto, nuestras actividades se volcaron principalmente a juntar y doblar ropa para bebés y niños en la guardería de nuestros hijos, espacio que durante una semana se convertiría en un centro de acopio en Coyoacán. Aunque ambas somos académicas -una, investigadora de derecho; otra, de antropología-, la investigación era lo que menos nos preocupaba en ese momento; lo prioritario era asegurar que las personas que habían perdido sus hogares, o estaban en la incertidumbre de si podían regresar o no a sus casas, tuvieran lo esencial: alimentos, techo, ropa y medicamentos.
Sin embargo, desde los primeros días posteriores al sismo nos llamó la atención la falta de información oficial que le pudiera ofrecer a la población una base mínima de certezas en medio de tanta inestabilidad, empezando con datos públicos sobre las personas rescatadas, con o sin vida, en las zonas de desastre. A los pocos días, notamos que en varios edificios de la ciudad las autoridades no daban información sobre la suerte de las personas rescatadas, y en varios casos retiraron las listas que vecinos habían colocado en las entradas a las zonas de derrumbe con los nombres de los que se sospechaba estuvieran atrapados, sin reemplazar esa información improvisada con algún mecanismo de comunicación oficial. A la vez, fuimos testigos de la demolición casi inmediata de algunos de los edificios colapsados -como los que se encontraban en la calle Chimalpopoca, en la colonia Obrera, y el de la calle de Puebla, en la colonia Roma- sin que antes se realizaran peritajes para determinar las causas del derrumbe, datos relevantes para deslindar futuras responsabilidades.
Nuestras preocupaciones se unieron a las de Ana Paula Félix, quien pronto se convertiría en una coordinadora más del proyecto, y quien, ante la falta de información oficial disponible, desde los primeros días compiló y contrastó, junto con Volga de Pina, listas de las personas que fueron reportadas como desaparecidas provenientes de diversas fuentes. Ana Paula también llamó nuestra atención sobre la ausencia total de lineamientos para el resguardo de los objetos personales en los edificios colapsados o con daño estructural. Esos objetos personales podían ser claves para identificar a personas desaparecidas o fallecidas, y posteriormente para que las personas damnificadas pudieran reclamar la protección de sus derechos (con credenciales de identificación, escrituras u otros documentos básicos que les ayudaran a comprobar su domicilio y así acceder a los apoyos que otorgaba el gobierno de la ciudad). No obstante, en lugar de asegurar que los objetos personales fueran trasladados a lugares seguros y garantizando una cadena de custodia, en la mayoría de casos las autoridades permitieron que fueran llevados a basureros, como lo constatamos en la Alberca Olímpica pocos días después del sismo.
Como resultado de estas primeras impresiones, decidimos unirnos para elaborar y difundir ampliamente una ruta de documentación con base en la cual cualquier persona u organización pudiera registrar afectaciones a derechos y las acciones tomadas por el Estado frente a ellas en cuatro temas prioritarios para los derechos humanos: las personas fallecidas o heridas por el sismo; el resguardo de objetos personales; la demolición de los edificios colapsados, y las condiciones de vivienda de emergencia. La ruta fue nutrida, retroalimentada y activamente apoyada y difundida por varias organizaciones de derechos humanos, que de manera paralela sostenían reuniones periódicas para definir el tipo de acciones estratégicas que pudieran emprender después del terremoto.6
No sería sino meses después que nos daríamos cuenta de que la defensa y protección de los derechos humanos en contextos de desastre es un campo aún poco trabajado en el país, y que son deficientes los marcos internacionales de derechos para víctimas de desastres naturales (González Napolitano et al., 2015). Cabe recordar que el trabajo de derechos humanos era muy incipiente en México cuando sucedió el terremoto de 1985;7 de hecho, algunas de las primeras organizaciones dedicadas a estas actividades en el país surgen como parte del llamado “despertar” de la sociedad civil cuando el evento telúrico evidencia la corrupción y la negligencia del Estado (Monsiváis, 2005; Poniatowska, 1988). Llama la atención que, si bien ha habido otros eventos de emergencia provocados por fenómenos naturales, incluyendo huracanes e inundaciones, las respuestas de la sociedad civil y del Estado se han enfocado sobre todo en apoyo humanitario, sin que estas actividades se vinculen con la protección y la defensa de los derechos de las personas afectadas.
Respecto a las acciones de la sociedad civil, algunas respuestas se observan a partir de actividades que emprenden organizaciones de derechos humanos en los estados de Chiapas y Guerrero. En 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas coordinaron una misión de observación de la zona costera devastada por el huracán “Stan” en Chiapas. Por ser un año electoral, publicaron un comunicado enfocado sobre todo en las afectaciones a los derechos civiles y políticos de las y los damnificados que recibieron apoyo humanitario condicionado a su voto.8 En 2013, después del paso de los huracanes “Irma” y “Manuel”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, respalda iniciativas emprendidas por comunidades de damnificados en las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, quienes se organizan para exigir sus derechos sociales y económicos, y denunciar las respuestas clientelares del Estado a través de proyectos de desarrollo social como la Cruzada Contra el Hambre. El informe de Tlachinollan se enfoca sobre todo en la falta de acceso a los derechos a la alimentación y a la vivienda (Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 2014).
Ambas iniciativas representan los pocos antecedentes para el tipo de estrategias que emprenderían organizaciones de derechos humanos después del 19S. De hecho, en lugar de apoyarse en respuestas previas frente a desastres, algunas organizaciones de derechos humanos recurrieron a su amplia experiencia en la defensa de víctimas de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo las abogadas y psicólogas sociales de las organizaciones de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes acompañaron a los familiares de las personas fallecidas en los edificios de Chimalpopoca y Álvaro Obregón. Por su lado, organizaciones dedicadas a los derechos a la vivienda, como Habitat International Coalition (HIC-AL), direccionaron sus actividades y pusieron su conocimiento al servicio de los reclamos de las y los damnificados por la protección de sus derechos económicos y sociales, en especial en casos de desalojo.
Estas y otras organizaciones se reunieron poco tiempo después del sismo para trazar estrategias conjuntas, incluyendo la interlocución directa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la finalidad de activar mecanismos de vigilancia y defensa de los derechos de las personas afectadas. A partir de estas respuestas inmediatas, surgen algunas preguntas que con el paso del tiempo cobran mayor relevancia: ¿Cuáles deben ser las respuestas de organizaciones de derechos humanos ante un desastre provocado por un fenómeno de la naturaleza? ¿De qué manera los mecanismos establecidos para la defensa de casos de graves violaciones a los derechos humanos y de derechos sociales y económicos en México pueden guiar la elaboración de protocolos de acción para la prevención y reacción a desastres a futuro?
Si bien la coordinación inicial con estas organizaciones de derechos humanos fue central para el tipo de enfoque que queríamos dar a la ruta de documentación, aún no teníamos claro cómo conseguiríamos la información sobre afectaciones a derechos. Por ello, decidimos establecer contacto directo con un segundo tipo de redes ciudadanas que se activaron tras el sismo: los colectivos que se dedicaban a las tareas de atención humanitaria, principalmente al abastecimiento y la distribución de acopio para por lo menos 78 campamentos ciudadanos que Documenta Desde Abajo 19S identificó que operaban en la ciudad. Creíamos que estas redes podrían darnos información sobre los lugares en los que se concentraban las poblaciones afectadas -que no eran sólo ni principalmente albergues oficiales, sino también campamentos y albergues independientes- y donde podríamos entonces recabar información. Pensábamos también que nuestra recolección de información podría ser útil para canalizar demandas de atención humanitaria de las personas afectadas hacia las redes de apoyo.
En contraste con lo novedoso que fue el trabajo de derechos humanos durante el 19S, las respuestas de apoyo humanitario ciudadano tienen una trayectoria muy amplia en México. El principal referente es, claramente, el terremoto de 1985, pero a escalas menores surgen esfuerzos concretos cada vez que hay inundaciones en las costas o en las periferias de la ciudad, e incluso frente al desplazamiento interno de poblaciones como resultado de actos violentos. Ahora bien, las organizaciones que brindaron atención humanitaria durante el 19S no se limitaron a replicar experiencias previas, sino que también innovaron sustancialmente, al combinar dichas experiencias con aquellas mucho más recientes que han convertido a las redes sociales en el principal vehículo de articulación y movilización social. Son ejemplos de ello redes ciudadanas como Verificado19S y Hoy por México, que lograron -en gran parte gracias al uso de la aplicación WhatsApp y de otras plataformas virtuales- coordinar eficazmente necesidades de acopio entre individuos, colectivos, e incluso con empresas, y al mismo tiempo monitorear necesidades o situaciones de emergencia en distintos puntos de la ciudad.
Para ofrecer una idea de lo amplias que fueron estas redes, Verificado19S no sólo contaba con una plataforma virtual con información que era actualizada constantemente, sino que abrió chats de WhatsApp para los que participaban en las redes de acopio y los que monitoreaban situaciones de emergencia; ambos chats llegaron a tener más de ochenta miembros cada uno, lo que permitía el envío de mensajes en tiempo real sobre necesidades urgentes en diversos puntos de la ciudad. Al mismo tiempo, surgieron redes de apoyo mucho más puntuales, aunque igual de complejas. En la delegación Benito Juárez, por ejemplo, un productor de comerciales, conmovido por la cantidad de vecinos damnificados a su alrededor, decidió suspender sus labores profesionales y durante un periodo de seis meses coordinó una cocina desde la colonia Portales que logró servir dos alimentos al día a las y los damnificados que permanecían en 12 campamentos ciudadanos en distintas colonias de la delegación.
Con todo, la información obtenida por las redes ciudadanas era crucial para la atención inmediata de necesidades, pero no capturaba las particularidades de la población atendida ni las afectaciones de sus derechos. Por eso, desde nuestros primeros contactos, esas redes mostraron mucho interés por que nosotras recopiláramos información que les permitiera satisfacer mejor sus necesidades, y nosotras entendimos que podríamos combinar preguntas sobre necesidades y afectaciones a derechos. Una reflexión retrospectiva nos permite entender la relevancia política de vincular explícitamente el trabajo de derechos humanos con el humanitario. En las últimas dos décadas, documentos de organismos internacionales enfatizan que la atención humanitaria se debe desarrollar desde un enfoque de derechos e integrarse a obligaciones más amplias que tienen los Estados frente a desastres (Brett, 1998). Sin este enfoque, las respuestas a los damnificados de desastres pueden reducirse a atenciones puntuales de corto plazo y acotar las posibilidades de restablecer las condiciones de vida de la población afectada. Al mismo tiempo, acciones humanitarias aisladas desvinculan al Estado de sus obligaciones de protección a los derechos humanos (Kolmannskog y Trebbi, 2010).
Sin embargo, en su momento, nuestras preocupaciones, más que conceptuales, eran de carácter metodológico: ¿Cómo aprovechar las herramientas que ofrecen las ciencias sociales para recabar información que sea útil a las redes de acopio ciudadano y al trabajo de derechos humanos? Al poco tiempo, cuando personas afectadas empezaron a unirse en asambleas y en encuentros, como los promovidos por Damnificados Unidos, agregaríamos un interrogante adicional: ¿De qué manera la recolección de datos puede contribuir a sustentar los reclamos y exigencias colectivas de los espacios organizados de damnificados? Estos interrogantes se convirtieron en los nodos de encuentro que unieron a los equipos de estudiantes, profesores y organizaciones de la sociedad civil que participaron en las brigadas de recolección de datos de Documenta Desde Abajo.
La apuesta metodológica y los desafíos de Documenta Desde Abajo 19S
Muy pronto comprendimos que el aporte clave que desde la academia podríamos hacer era el de idear una estrategia de recolección y sistematización de datos, que pudiera aportar información y a la vez articularse con los diferentes esfuerzos de sociedad civil antes descritos. Por eso decidimos crear nuestras propias brigadas de profesores y estudiantes voluntarios, que aplicaran la ruta de documentación (convertida ahora en formularios). Las redes de acción política suelen estar estrechamente vinculadas con redes afectivas (Cornejo Hernández, 2016); por lo mismo, los profesores universitarios que respondieron al llamado a documentar y formar brigadas son en su mayoría colegas y amigos nuestros, como Mylai Burgos y Jorge Peláez de la UACM, Israel Solorio de la UNAM, Tatiana Alfonso y Juan González del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quienes a su vez invitaron a sus propios colegas y estudiantes a participar en el esfuerzo colectivo.
A finales de octubre y principios de noviembre organizamos tres capacitaciones con estudiantes y profesores en la UACM, la UNAM y el CIESAS.9 Estas capacitaciones pretendían cumplir con dos objetivos. El primero, comunicar a las personas voluntarias los pasos a seguir de manera práctica, incluyendo una descripción de los tres formularios a llenar en línea, cómo recolectar la información, y una guía para establecer contacto ético con las personas afectadas.10 El segundo, formar las brigadas y asignarles albergues oficiales o campamentos ciudadanos a los que, según habíamos verificado previamente, podrían acceder para recabar información en las siguientes semanas.11
De hecho, lograr una lista verificada de albergues oficiales y campamentos ciudadanos resultó ser uno de los primeros y más complejos retos del proyecto. La tarea requirió compilar, contrastar y corroborar listas oficiales e independientes.12 Para el momento de las capacitaciones, Documenta Desde Abajo había identificado 41 albergues oficiales, de los cuales sólo seis se encontraban abiertos, y 78 campamentos ciudadanos, de los cuales pudimos confirmar que 41 permanecían abiertos en el momento de iniciar las tareas de documentación.13
La mayoría de los lugares verificados fueron asignados a las brigadas conformadas durante las capacitaciones, y algunos cuantos a otras brigadas que se ofrecieron a apoyar con posterioridad o que no pudieron asistir a las capacitaciones. Además, algunas brigadas preexistentes se ofrecieron a aportar al proyecto los datos que ya habían recabado o que estaban recabando, o a obtener datos en lugares en los que estaban realizando otro tipo de trabajos. Algunas de estas últimas brigadas se ofrecieron a trabajar en las calles en aquellas delegaciones en las cuales no había o había muy pocos albergues o campamentos.14
Una vez que tenían un lugar asignado, las brigadas se organizaron para programar visitas semanales por un periodo de entre seis y ocho semanas, lo que nos llevó a concluir la fase de documentación durante la segunda semana de diciembre de 2017.15 Estructuramos la recolección de datos en tres fases de trabajo, iniciando con el acercamiento a las personas mediante conversaciones informales y el establecimiento de acuerdos para llevar a cabo el trabajo; seguido por una fase de entrevistas semiestructuradas o conversaciones dirigidas hacia la identificación de afectaciones; por último, recorridos por el barrio con el acompañamiento o las sugerencias de las personas entrevistadas para recabar información adicional sobre edificios dañados o cerrados. En cada visita, las brigadas tenían instrucciones de preguntar sobre las necesidades de acopio y redirigirlas a un formulario en línea diseñado por Verificado19S, que a su vez lo enviaba a sus chats de acopio, o en su caso, directamente a otros chats, como los de Hoy Por México. A la par, en la mayoría de los campamentos visitados, los estudiantes entregaban acopio que ellos mismos habían reunido entre conocidos.
Jorge Calva, estudiante de licenciatura en Derecho de la UACM, describe en su diario de campo las razones por las que decidió participar en una brigada de siete estudiantes en la colonia El Gavillero, delegación Magdalena Contreras:
Escogimos ir a la colonia El Gavillero por recomendación de una compañera de la licenciatura en Derecho [de la UACM], quien vive a menos de un kilómetro de la comunidad y había hablado con los mismos vecinos sobre los daños que habían sufrido sus casas. Era el único lugar que conocíamos en la ciudad adonde no había llegado acopio, por lo mismo los habitantes se sentían abandonados tras el sismo, y era evidente el alto índice de pobreza y marginación. Como brigadistas no contábamos con la teoría para poder desarrollar este trabajo, pero sí teníamos conocimiento sobre el derecho y la experiencia de ser parte de los sectores de la sociedad con pocas alternativas y oportunidades económicas.
Al concluir las visitas, los estudiantes registraron la información pertinente de acuerdo con los objetivos de los tres formularios: el primero, sobre la situación en albergues y campamentos, cuya finalidad es identificar las características y los abusos de autoridad en los sitios donde se alojaban las personas afectadas; el segundo, relativo a las afectaciones y los abusos de autoridad padecidos por las personas; y el tercero, dirigido a identificar las características de las viviendas y los edificios de donde provenían los afectados. En general, cada formulario está conformado por una parte inicial de preguntas cerradas que permiten rescatar algunos datos sociodemográficos, así como la precisión de la ubicación de los lugares afectados y, posteriormente, se incorporan una serie de preguntas abiertas que buscan identificar de forma más amplia los abusos o las omisiones de las autoridades estatales.16 Al final del ejercicio de documentación en red, obtuvimos en el primer formulario 36 registros en 26 ubicaciones diferentes; en el segundo, 207 registros en 42 ubicaciones diferentes, y en el tercero, 45 registros en 38 ubicaciones diferentes.
Dado que nunca nos habíamos encontrado en una situación de desastre de esta naturaleza, y menos emprendido una iniciativa para registrar datos encaminados hacia posibles acciones políticas en una emergencia, la metodología que elaboramos sobre la marcha estuvo rodeada de desafíos importantes. En este artículo quisiéramos referirnos a tres. El primero, al elaborar los formularios para la captura de información, enfrentamos el reto de decidir qué era relevante preguntar y cómo. No teníamos una idea clara de lo que íbamos a encontrar, ni qué iba a ser lo más significativo para las personas afectadas en las diferentes zonas de la ciudad. Con los tiempos tan acotados, tampoco pudimos dedicarnos a estudiar el tipo de formularios que científicos sociales habían elaborado frente a otros desastres.17 Por ello, además de incluir preguntas básicas sobre el perfil sociodemográfico y las características de albergues y campamentos, los formularios incluyeron múltiples preguntas de respuesta abierta que, creíamos, nos permitirían capturar la voz de las personas afectadas, así como identificar las formas de afectación de derechos más importantes a partir de sus experiencias.
Teníamos también la pretensión de cuantificar las respuestas, lo cual nos llevó a un segundo reto: ¿Cómo construir categorías de manera inductiva con base en lo expresado por las y los damnificados y al mismo tiempo asegurar que esas categorías estuvieran vinculadas con conceptos jurídicos preexistentes, para así relacionarlas con estrategias de acción colectiva?
Este desafío fue principalmente enfrentado por uno de los miembros del equipo coordinador, Jaime Vera Alpuche, quien se dedicó durante varios meses a la tarea de limpiar e intentar analizar cuantitativamente las respuestas de los formularios. La tarea resultó heroica, pues las respuestas variaban muchísimo en longitud y contenido, y además habían pasado por diversos filtros de interpretación: los diferentes encuestadores y los múltiples encuestados. Además, detonó discusiones colectivas extensas en un curso de posgrado que impartimos en el CIESAS durante el primer cuatrimestre de 2018. Los estudiantes analizaban los datos de la base en relación con debates recientes sobre el uso crítico subalterno del derecho que ofrecen pautas para ubicar sus posibilidades regulatorias y emancipadoras (García Villegas, 1993; De Sousa Santos, 2002; Rodríguez Garavito y De Souza Santos, 2007). Por ejemplo, en el formulario se pregunta sobre la relación del entrevistado con la vivienda y se ofrecen opciones de acuerdo con categorías legales: propio, rentado, cedido, intestado, etcétera. Sin embargo, las respuestas enfatizan el derecho a la vivienda a partir de elementos que rebasan dichas definiciones: “Está en proceso de escrituración del inmueble como propio”; “Lo está pagando por medio del issste”; “Es suyo pero no puede acreditar la propiedad, lleva 15 años viviendo ahí”; “Si bien vivían desde hace mucho años en ese lugar, no tienen papeles que acrediten la posesión o propiedad”. Después de una conversación profunda, los estudiantes propusieron la construcción de una nueva categoría que tiene en cuenta la perspectiva de los afectados: “Con vocación de propietario pero sin documento que lo acredite de modo suficiente”.
La construcción inductiva de categorías reforzó nuestra idea de que las personas afectadas eran no sólo objeto de la investigación, sino también sujetos constructores de conocimiento. Además, el conocimiento que producían tenía implicaciones en muchos casos inmediatas para la defensa de sus derechos. Por ejemplo, varias brigadas documentaron afectaciones a derechos mientras estaban sucediendo, como cierres prematuros de albergues oficiales o desalojos forzados. Ello nos llevó entonces a enfrentar un tercer desafío: ¿Cómo hacer compatibles los objetivos de, por un lado, sistematizar rigurosamente los datos, y por otro lado, hacer frente a las necesidades urgentes de acción política o jurídica de los afectados?
Referentes importantes de investigaciones académicas que proponen incidir en determinadas problemáticas sociales suelen operar a través de dos pasos secuenciales: el primero consiste en documentar, procesar, sistematizar y analizar hasta contar con datos sustentados; el segundo, en diseñar acciones políticas con base en los resultados (Aubry, 1984; Fals Borda, 1986; Leyva, Speed y Burguete, 2008). Sin embargo, en el contexto de emergencia en el que estábamos operando, contener los datos recolectados hasta finalizar el análisis de la información limitaba nuestra capacidad de denunciar irregularidades del Estado que impactaban de manera inmediata en las condiciones de vida y en los derechos de las personas afectadas.
Aunque corríamos el riesgo de ser cuestionadas por falta de rigurosidad, tomamos la decisión de usar resultados preliminares como fundamento de acciones políticas de denuncia mientras continuábamos con las tareas de documentación. A los dos meses del sismo publicamos, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, un comunicado que denunciaba el cierre prematuro de albergues oficiales y la falta de atención gubernamental a los campamentos ciudadanos.18 La denuncia pública obtuvo una reacción inmediata del gobierno de la Ciudad de México, cuyas autoridades reconocieron sus omisiones y a partir de ese momento empezaron a visitar algunos campamentos por primera ocasión. Luego de ello publicamos otros comunicados sobre irregularidades en los procesos de demolición, dictaminación y reconstrucción. También comenzamos a producir materiales pedagógicos sobre los derechos de las personas afectadas.19
Los tres desafíos arriba expuestos se desprenden de una prioridad que hemos mantenido a lo largo del proyecto: privilegiar las experiencias, las perspectivas y las necesidades de las personas directamente afectadas por el sismo. Por eso optamos por preguntas abiertas, por un método inductivo de análisis y por emprender acciones, aunque no habíamos concluido con la etapa de recolección de datos. Si bien cada uno de esos desafíos genera algunas limitaciones al alcance del proyecto, también nos permitieron redireccionar las narrativas hegemónicas del desastre, que tienden a privilegiar los daños a los edificios y a la infraestructura por encima de las personas, para enfocarnos en ellas y en la protección a sus derechos.20
Hacia una propuesta de investigación-acción en red
La potencialidad transformadora de la investigación científico-social forma parte de las inquietudes políticas que décadas atrás llevaron a estudiosos a replantear el papel que tienen las actividades académicas en la sociedad. Han transcurrido más de cuatro décadas desde que el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda diseñó los métodos y los planteamientos de la investigación-acción participante como parte de un deber de los investigadores a incidir en los cambios sociales desde los intereses de los menos favorecidos (Fals Borda, 1986). Cabe recordar que las contribuciones de Fals Borda al quehacer de las ciencias sociales surgieron en un contexto en el que dominan el positivismo, la insistencia en la neutralidad de la ciencia y el concepto de desarrollo. A contrapelo, y con tal de impulsar proyectos de desarrollo anticapitalista, Fals Borda insistía en una ciencia posicionada políticamente a favor de las clases populares, mediante una praxis que comprometía a los investigadores a participar en procesos organizados, sobre todo en el medio rural. En ese sentido, su apuesta consistía en generar diálogos entre el saber popular y las ciencias sociales, en los que las herramientas de las segundas permitieran la recuperación de los conocimientos de los campesinos, para posteriormente sistematizarlos y devolverlos como parte de un proceso reflexivo colectivo que pudiera detonar acciones políticas.
Ha transcurrido mucho tiempo desde los primeros proyectos de Fals Borda; académicos comprometidos con los principios rectores de la investigación-acción participante han publicado de manera extensa sobre los supuestos y limitaciones de los planteamientos originales (Hale, 2008; Leyva, 2015; Rappaport, 2005; Rivera Cusicanqui, 2010; Tuhiwai Smith, 1999). De particular relevancia son las contribuciones feministas que han cuestionado métodos que privilegian al sujeto transformador a partir de su condición de clase, dejando a un lado construcciones de género, etnicidad y raza (Hernández Castillo, 2003; Hernández Castillo y Terven Salinas, 2017), argumentando que la investigación-acción prioriza un análisis del poder en sus dimensiones estructurales, dejando a un lado cómo las relaciones de poder desiguales entre académico/organización popular generan microdinámicas de opresión (Perry y Rappaport, 2013). Estos cuestionamientos han llevado a otros académicos a preguntarse qué se entiende por transformación social al incorporar modificaciones en las relaciones intersubjetivas como parte de medidas que abonan a la transformación de estructuras de opresión y explotación (Mohanty, 2003).
Independientemente de las modificaciones a los planteamientos originales, algunos supuestos se han mantenido a lo largo del tiempo. En primer lugar, un proyecto de investigación-acción suele acompañar procesos de actores organizados. En segundo lugar, las investigaciones suelen darse en contextos de relaciones desiguales de poder, en las que el actor organizado proviene de una clase social que no es la de un profesionista de clase media. Por último, los métodos utilizados se basan principalmente en la producción de datos cualitativos.
El proyecto Documenta Desde Abajo 19S sacude muchos de estos principios rectores, al mismo tiempo que recupera aspectos fundamentales, sobre todo desde las aportaciones de la investigación-acción feminista que enfatiza la transformación social también desde lo intersubjetivo y lo afectivo. En ese sentido, Yareny Hernández, estudiante de maestría en Antropología Social del CIESAS, señala que el proyecto refleja un trabajo de investigación-acción no sólo porque pretende incidir a favor de los reclamos de las y los damnificados, sino porque:
También trabajamos la parte emocional con ellas [las personas afectadas]. Hasta nos capacitó una psicóloga social. Nos unieron la solidaridad y la empatía. La presencia física constante en los campamentos fue importante en ese sentido, no sólo para recolectar datos, sino para también confirmar que no están solos. En momentos de emergencia eso es a veces igual de importante que los datos que uno puede obtener, es una lucha contra el desamparo que viven frente a las acciones del Estado.
Al mismo tiempo, el proyecto se introdujo en un terreno poco explorado para proyectos de investigación-acción. Para empezar, el actor político, en este caso las y los damnificados, no era un sujeto previamente organizado, ni se encuentra concentrado en un espacio geográfico delimitado. Documentamos en red con grupos de individuos en gran medida dispersos, unidos a veces como vecinos porque todos perdieron los departamentos en el edificio que habitaban, y en algunos casos, porque se habían integrado a las asambleas de Damnificados Unidos. Ello nos lleva a una apuesta de alto riesgo: emprender un esfuerzo mayor en términos de energía humana y recursos logrado entre más de 120 personas cuando no hay certidumbre de si va a haber un interlocutor que retome y use los resultados para movilizar demandas políticas. Esta apuesta representa un contraste notorio con otros proyectos en los cuales hemos participado, donde una investigación comprometida se realiza en diálogo constante con un actor altamente organizado.21
Sin embargo, el hecho de no tener un actor organizado como interlocutor fue parcialmente compensado por una serie de elementos particulares al proyecto. Para empezar, todos somos habitantes de la ciudad, afectados de manera directa por el sismo. Por lo mismo, acudir a los campamentos, hablar con las personas, apoyar en lo que fuera necesario, era una forma de actuar entre habitantes de esta ciudad, de reducir la brecha a veces abismal del día a día que se sustenta en la poca interacción solidaria entre desconocidos. Esta cercanía generada por las circunstancias se vio potencializada por el origen y las experiencias de vida de las personas que llevaron a cabo la documentación. La investigación-acción suele incluir relaciones muy desiguales de poder, con las y los investigadores de clase profesionista apoyando a personas afectadas de clases populares. En este caso, documentamos con damnificados en delegaciones como Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco que también son profesionistas, e incluso algunos tienen trayectorias laborales en el mundo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, muchos de los estudiantes que conformaron las brigadas documentaron en sus propias colonias y unidades habitacionales porque provienen de sectores populares, o incluso son damnificados y veían en este ejercicio colectivo la posibilidad de apoyar a sus familias y a vecinos. En palabras de Sandra Cárdenas, brigadista en la colonia Portales:
Mis expectativas acerca del proyecto eran grandes, puesto que los edificios afectados se encuentran a pocas cuadras del lugar donde habito desde que nací y por tanto los vínculos afectivos y de pertenencia que he generado hacia la zona son fuertes. Hecho que influyó en el impacto que tuvo sobre mí tener un acercamiento mucho más íntimo con los(as) damnificados(as) al momento de realizar las entrevistas.
Al mismo tiempo, Documenta Desde Abajo 19S agrega dos elementos adicionales que consideramos novedosos. En primer lugar, frente a la tendencia de privilegiar lo cualitativo en un proyecto de investigación-acción, uno de los primeros impulsos del proyecto fue ir más allá de edificios específicos o de casos de damnificados específicos, para poder ubicar posibles tendencias o patrones de afectaciones, acciones y omisiones por parte del Estado. Para esta tarea resultó fundamental poder cuantificar experiencias entre personas afectadas. ¿Qué implicaciones tiene el uso de datos cuantitativos en una iniciativa de investigación-acción? ¿De qué forma permite a las personas afectadas reconocer que su experiencia fue compartida y tuvo que ver con acciones del Estado? Dado que nosotras no podíamos apoyar jurídicamente un solo caso, la promesa de acción colectiva futura depende en buena medida de los patrones que podamos identificar.
Al mismo tiempo, este proyecto de investigación-acción se dio en red y con el apoyo de las redes sociales, con el WhatsApp como uno de los principales protagonistas. Para lo que nos estábamos proponiendo, teníamos que unir esfuerzos entre muchos individuos, para así hacer legibles tendencias de afectaciones y las responsabilidades del Estado. ¿Pero cuáles son las implicaciones de llevar la investigación-acción al plan de las redes sociales y a un ejercicio en red?
Reflexiones finales
En este artículo, más que ofrecer descripciones cerradas y argumentos concluidos, nos dedicamos a plantear interrogantes que surgieron como resultado de la iniciativa en red del proyecto Documenta Desde Abajo 19S. Nuestro objetivo ha sido abrir la discusión desde una academia comprometida sobre las implicaciones que tienen acciones ciudadanas cuando la academia se vincula con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de derechos humanos. A partir de un abordaje crítico sobre el proceso de recolección y sistematización de los datos recabados, nuestro interés fue iniciar una conversación sobre las implicaciones que puede tener este tipo de ejercicio de documentación en red para proyectos de investigación-acción a futuro, particularmente los que pretenden contribuir a la exigibilidad de los derechos de poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Consideramos que este tipo de reflexiones abona a diálogos incipientes sobre el papel que tiene la academia comprometida como parte de impulsos sociales más amplios, que si bien surgen desde la solidaridad en momentos de emergencia, trascienden la temporalidad delimitada al tejer y densificar redes como parte de ejercicios que construyen ciudadanía.
