Transformaciones en los grupos de poder económico

En Chile, los grupos de poder económico fueron reconfigurándose en función de las transformaciones históricas del país, que agrupamos en tres etapas: 1) desarrollo hacia adentro (1938-1973); 2) neoliberalismo conservador (1973-1990); 3) neoliberalismo democrático, auge de los commodities y financiarización del capital (1990-). La primera etapa coincide con la crisis económica de 1929 y el gobierno del Frente Popular (1938-1947),² en el que se dieron pasos significativos hacia la industrialización sustitutiva de importaciones, con el Estado como agente central (^{Moulian, 1985}; ^{Mazzei de Grazia, 2006}). En este marco se creó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), mediante la cual se canalizó la intervención estatal en las áreas que alentaron la producción manufacturera, se crearon empresas estatales y se dieron estímulos al sector privado para que se incorporara al esfuerzo industrializador. De este proceso surgieron empresarios industriales de corte liberal (^{Mazzei de Grazia, 2006}).

Durante los gobiernos del derechista Jorge Alessandri (1958-1964) y el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), hubo continuidad de esta matriz de acumulación y se fortalecieron dos áreas de gran importancia: el tradicional sector agrícola y el de la Gran Minería del Cobre, que se nacionalizó en parte durante el gobierno de Frei y se profundizó al 100% durante el mandato de Salvador Allende (1970-1973). Al mismo tiempo, se llevó a cabo una reforma agraria durante el gobierno de la Democracia Cristiana y una más profunda y radical durante el gobierno de Allende, que debilitaron el poder de los terratenientes. La figura típica del empresario durante este periodo fue la del burgués terrateniente o el empresario industrial que crecía amparado por los incentivos estatales. Aunque el proceso de industrialización no fue tan profundo ni alcanzó los niveles de otros países (Argentina, Brasil y México), se desarrollaron empresarios que crecían bajo la protección estatal. Según ^{Gabriel Salazar (2003)}, pese al intento de estatización de la acumulación capitalista, no es posible hallar, en la historia del país, una auténtica burguesía capitalista. Este modelo económico se clausuró de manera abrupta con el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende.

Con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se inició un segundo momento en la periodización de los grupos de poder, que caracterizamos como neoliberalismo conservador, especialmente a partir de 1975 (^{Cypher, 2007}). Se produjo un cambio en el patrón de acumulación económica que se orientó hacia un modelo neoliberal, caracterizado por ^{Salazar (2003)} como un régimen “mercantil librecambista”, con base en una matriz comercial-financiera, con lo que surgió un nuevo empresariado. Los economistas formados en la Escuela de Chicago, denominados Chicago Boys, expresaron la incidencia de la tecnocracia con visión de mercado en el mundo político (^{Nercesian, 2012}). A partir de los cambios producidos en materia económica se produjo la conversión del burgués terrateniente más típico de la década de los años sesenta a la figura del “nuevo empresario” de los años ochenta. A través de la Oficina de Planificación Nacional se desarrollaron polí- ticas económicas que incentivaron la creación de empresas vinculadas a la “nueva economía”, ligada a bienes raíces, finanzas y comercio exterior. ^{Ricardo Lagos (1981)} denominó a estos grupos como una “nueva burguesía”, que ejercía el control sobre el sistema financiero y tenía acceso directo a las esferas del Estado. Este nuevo empresariado poseía características diferentes a las de los empresarios de la fase sustitutiva. A juicio de ^{Cecilia Montero (1996)}, tenían una trayectoria más profesional que patrimonial (o capital acumulado) y apostaban a la diversificación, con una “concepción más pragmática de la empresa y menos ideológica”, lo que los llevó a aprovechar coyunturas favorables o nuevos mercados (1996: 167). Poseían una amplia red de contactos que les permitía acceder a créditos y conocer los procedimientos de inversiones, compras y modalidades de gestión empresarial. Además del surgimiento de un nuevo sector de la burguesía, durante la dictadura hubo un proceso de concentración del poder de los grupos más importantes de Chile.³

Estos nuevos grupos, surgidos durante el gobierno militar y sostenidos sobre la compra de empresas estatales privatizadas, se encontraban asociados al sector bancario y se expandieron rápidamente mediante procesos de endeudamiento interno -con sus propios bancos y financieras- y externo. Este proceso condujo a la consolidación de la especulación financiera, el incremento del déficit comercial, el crecimiento de la deuda externa y la desindustrialización, todo lo cual provocó una importante caída del Producto Bruto Interno (PBI) hacia 1982 que marcó un cimbronazo durante los años del régimen. El impulso a la formación de estos grupos económicos por parte del gobierno militar fue parte de una estrategia de desarrollo orientada a reemplazar al Estado como agente fundamental de la economía (^{Lagos, 1981}). Este modelo centrado en la desnacionalización de la economía, el impulso al sector primario-exportador, la concentración de la riqueza en pocos grupos, la especulación comercial y financiera, es un dato persistente del presente chileno.

La tercera etapa que se inicia con la apertura democrática a partir de 1990, la denominamos, siguiendo a James Cypher, como “neoliberalismo democrático”, en el que el Estado aparece desempeñando un rol “minimalista” (2007: 149). La economía chilena heredada del régimen revigorizó el modelo primario-exportador, con fuerte dependencia de las divisas generadas por la exportación del cobre, a pesar del esfuerzo por diversificar las exportaciones hacia las industrias maderera, pesquera (salmonera) y frutícola (^{Pinto, 2002}). Así como en el siglo XIX se había apostado por un desarrollo dependiente del comercio extranjero del salitre, ahora se hacía lo mismo con el cobre. Durante los 20 años de gobiernos concertacionistas (1990-2010) no se modificó esa estructura productiva -ni el modelo económico heredado de la dictadura-, más allá del continuado impulso a la diversificación de las exportaciones y el proceso nada desdeñable de redistribución de la renta proveniente de estas actividades que implantó Michelle Bachelet (2006- 2010) hacia los sectores más vulnerados por las políticas neoliberales. A lo largo de estos años, la economía chilena se vio favorecida por el crecimiento del precio internacional de los commodities, principalmente los metales. Si bien entre 1960 y 2000 las cifras de participación del cobre en las exportaciones disminuyeron, por la aparición de otros productos transables, el cobre se posicionó nuevamente como el principal producto de exportación, pasando de 40.41% en 2005 a 50.49% en 2009 (^{Cortés, 2012}).

En el caso de Perú también identificamos tres momentos: 1) desarrollo hacia adentro (1968-1990); 2) neoliberalismo autoritario (1990-2000); 3) neoliberalismo democrático (2000-). El surgimiento de los grupos económicos se puede situar entre los años cincuenta y sesenta y vino de la mano del proceso de “expansión hacia adentro” (^{Thorp y Bertram, 2013}), el cual se caracterizó por el pasaje de un país con una vida agraria y provinciana a una más industrial y urbana. La minería se mantuvo en manos de proyectos multinacionales, pero se desarrollaron diversas actividades urbano-industriales (finanzas, industrias, construcción, bienes raíces, automotrices) y la pesca de exportación (harina, pescado enlatado), mediante la cual entraron numerosos capitales pequeños y medianos (^{Durand, 2017}).

En este proceso, algunos capitalistas comenzaron a conglomerarse y se formaron los grupos económicos, en su mayoría provenientes de Lima. La economía peruana continuó articulando sus relaciones externas a partir de la exportación de productos primarios; el sector minero se impuso progresivamente sobre el agrícola (^{González de Olarte, 2015}; ^{Thorp y Bertram, 2013}). Como señala Francisco ^{Durand (2017)}, hubo un pasaje de una cultura oligárquica aristocrática a una burguesa empresarial, sin que cayeran las viejas y tradicionales prácticas racistas. Comenzaron a desarrollarse teorías y prácticas “gerencialistas” auspiciadas por nuevas instituciones educativas destinadas a formar gerentes y nuevos empresarios. Si bien el pasaje hacia un modelo de industrialización y desarrollo del mercado in- terno se perfiló desde las décadas de los cincuenta y los sesenta, cobró un gran impulso con el gobierno reformista del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Hasta entonces, los grupos de poder económico de Lima habían despuntado económicamente, pero todavía no habían construido hegemonía política y seguían a la sombra de los terratenientes y las viejas familias. Tras la reforma agraria de 1969 se terminó de liquidar la fuerza de estos sectores oligárquicos, con lo que se fortaleció, consecuentemente, el poder de los grupos limeños.

Una segunda etapa se abrió con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995/1995-2000). Luego del autogolpe de 1992, se produjo un punto de inflexión en el país, mediante el cual se consolidó un periodo de neoliberalismo conservador. Se implantaron políticas neoliberales, acordes con lo que ocurría en la región, cuyos ejes fueron la liberalización del mercado de trabajo y de las tierras, la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio y la abolición de todos los incentivos a las exportaciones no tradicionales (^{Vásquez Huamán, 2000}; ^{Thorp y Zeballos, 2001}). Las privatizaciones tuvieron como blancos privilegiados las áreas de minería, telecomunicaciones y electricidad. Se produjo el pasaje de una economía orientada a la industria manufacturera y a las actividades extractivas de los años sesenta, hacia una economía minero-petrolero-energética-financiera, en proceso de expansión, donde el capital nacional tendió a fusionarse con el extranjero (^{Anaya Franco, 1990}).

Si bien es cierto que la situación de los grupos económicos y los empresarios no fue homogénea, y por momentos los sectores industriales se vieron desfavorecidos (^{Cotler, 1998}), durante el decenio de Fujimori éstos vivieron un periodo de fortalecimiento a causa de la política de privatización de empresas públicas, la apertura al mercado mundial y la firma de tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, según ^{Durand (2017)}, se produjo una depuración de los grupos que habían surgido en 1960 y aparecieron nuevos grupos, tanto en Lima como en las provincias. Éstos emergieron en actividades urbano-industriales y en las industrias extractivas, tanto tradicionales -como el azúcar- como en algunas nuevas -como el café o los espárragos-, y la minería de oro. También aparecieron estudios de abogados y de tributación, asesoría de imagen, encuestadoras y think tanks, que crearon una superestructura sofisticada de profesionales al servicio de los grupos, fortaleciendo su influencia (^{Durand, 2017}).

La tercera etapa se abrió en el año 2000, tras la caída de Fujimori, y el rumbo económico continuó. A esta etapa la denominamos “neoliberalismo democrático”. Se produjo un doble proceso de reestructuración de los grupos económicos limeños y de surgimiento de nuevos grupos en el interior favorecidos por el proceso de liberalización y ampliación de mercado durante los años noventa. Entre los limeños la internalización es más acentuada, operan en la bolsa y son más proclives a la recepción de capitales trasnacionales. Tienen más capacidad de presión en el Estado y peso en los conglomerados mediáticos como El Comercio, así como también una mayor influencia en los grandes gremios, particularmente en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Los grupos provincianos no surgieron de un capital heredado, son más emprendedores y relativamente renuentes a la recepción de inversión extranjera y a la participación en la bolsa, y más proclives a defender un tipo de economía familiar. Los de origen limeño son de clase media europea, son más antiguos y se han instalado sólidamente en el mercado, la sociedad y la política; los de origen provinciano provienen de las clases populares o de clase media baja, formados más recientemente y con menor peso social y político (^{Durand, 2017}).⁴ El surgimiento de los empresarios provincianos con comportamientos diferentes a los de la capital rompe con la exclusividad de la que habían gozado estos últimos hasta entonces. El resultado de estas transformaciones pareciera ser la existencia de dos tipos de élites poco integradas.

Como hemos podido observar, las transformaciones neoliberales generaron políticas de liberalización del mercado y privatizaciones que contribuyeron al surgimiento de nuevos grupos económicos. Mientras en Chile este proceso fue más homogéneo, en Perú hay una marcada diferencia regional que se solapa con diferencias sociales y culturales, incluso raciales (^{Durand, 2017}).

Los empresarios al poder, el poder de los empresarios

En 2010 Sebastián Piñera se impuso en las elecciones presidenciales de la mano de Coalición por el Cambio, un espacio político creado en 2009 que nucleaba a los partidos de la coalición derechista Alianza por Chile (1988): Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). En un escenario de desgaste de la Concertación de Partidos por la Democracia (1988) tras 20 años de gobierno (1990-2010), Piñera y su equipo desplegaron una campaña atravesada por la idea de renovación. Su triunfo constituyó una novedad, en tanto significó el regreso al poder de una coalición derechista por la vía democrática, después de más de 50 años (la última vez había sido en 1958 de la mano de Jorge Alessandri).

Tras la victoria electoral, Piñera (2010-2014) armó su gabinete apostando al sector empresarial, guiado por la visión de eficiencia en la gestión. El ser empresario y provenir del mundo privado se convirtió en una variable de discriminación positiva. El primer gabinete tuvo un alto porcentaje de figuras que provenían del Grupo Tantauco, un equipo de 1 200 profesionales, empresarios y tecnócratas, que durante dos años se reunieron para elaborar su programa de gobierno.

Piñera puede ser caracterizado como un representante del nuevo empresariado chileno vinculado a las transformaciones económicas ocurridas desde los años noventa. Tras 20 años de realizar tareas de consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue construyendo su propio grupo económico a partir de negocios bancarios y financieros -Bancard y Citicorp Chile- e inmobiliarios -Inmobiliaria Las Américas e Inmobiliaria Aconcagua- (Biografía de Sebastián Piñera, 2018). Sin embargo, fue en 1994, con la compra de acciones de Lan Chile (a partir de 2016, LATAM, tras su fusión con la brasileña TAM), que este empresario inició un proceso de concentración de poder económico a través de su conglomerado. Otro paso decisivo en este sentido fue la incorporación de Chilevisión a su grupo Bancard, cedida a grupos privados en 1993, y su participación en las sociedades propietarias del club de futbol Colo-Colo y la Clínica Las Condes.

Por su trayectoria biográfica en el mundo de los negocios y su inscripción política, Piñera representa a un sector de la derecha liberal diferente a la histórica y tradicional derecha chilena. En efecto, en el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Pinochet, se manifestó a favor del “NO” (el rechazo a la continuidad del régimen), a diferencia del resto de quienes compartían sus inclinaciones políticas. Podría decirse, según señaló un alto funcionario del gobierno de Michele Bachelet, que los antecedentes ideológicos de Piñera no se encuentran en la dictadura pinochetista sino en la derecha liberal previa a la dictadura (Matías, entrevista personal, julio de 2018).

De manera individual y junto con su mujer, Cecilia Morel, creó además múltiples fundaciones: Fundación Futuro (1993), Fundación Mujer Em- prende (2005) y Fundación Avanza Chile (2014). En la gestión pública, se desempeñó como senador entre 1990 y 1998 y fue candidato a la presidencia por primera vez en 2005, al frente de Renovación Nacional, cuando perdió contra la candidata de la Concertación, Michele Bachelet, por una diferencia de siete puntos.

El gobierno de Sebastián Piñera marcó algunos cambios, pero también cierta continuidad en la “manera de hacer política”, privilegiando la tradición de cooperación y consenso que, desde la transición democrática en 1990, mantuvieron los sucesivos gobiernos concertacionistas (^{Fazio Rizazzi, 2011}). Su marca de novedad radicó en la inserción del empresariado y los tecnócratas en las más altas esferas del poder estatal. El propio Piñera fue destacado por Forbes en 2011 como uno de los 15 millonarios más poderosos del mundo y la composición de su gabinete reflejó esta apuesta a un gobierno con impronta empresarial, trasladando los métodos de este ámbito hacia el manejo del Estado (^{Fazio Rigazzi, 2011}).⁵ Sin embargo, poco antes de concluir su primer año de gestión debió modificar el gabinete por las múltiples situaciones de conflictos de interés.

Con el lema “La nueva forma de gobernar”, Piñera interpelaba a la ciudadanía desde un discurso que privilegiaba la tecnocracia sobre el ethos político. Si bien, como señala ^{Alfredo Joignant (2011)}, la incorporación de tecnócratas es un rasgo de continuidad en la formación de cuadros en Chile desde la transición hasta la actualidad, insistimos en que el gobierno de Piñera introdujo un sesgo particular al incluir gerentes y dueños de grandes grupos económicos y empresas multinacionales a la cabeza de importantes ministerios, algunos con antecedentes en carteras ministeriales durante la dictadura militar.⁶ En la composición inicial del gabinete primó también la influencia de think tanks de orientación neoliberal, como Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, con profesionales que provenían de las dos alas de la coalición gobernante (RN y UDI).

La incorporación de este equipo de empresarios al ámbito estatal fue vivida por sus protagonistas como una gesta patriótica de “un grupo de excelencia, con sólida formación e intachable trayectoria académica, profesional y política, férrea honestidad, sentido de servicio público, generosidad y patriotismo” (^{Varas, 2013: 63}).

El aumento en la cantidad de conglomerados empresariales durante el primer año de gobierno -mayoritariamente del área financiera y de obras públicas-, vinculados con miembros del gabinete, refleja la meta fijada por el gobierno de Piñera en su gestión estatal: facilitar nuevos espacios de lucro e inversión privada (^{Fazio Rigazzi, 2011}). El proceso de concentración económica y de imbricación con el mundo de la política ha sido tan fuerte que varios estudios recientes sostienen que no es posible distinguir a la élite política de la élite económica (^{Atria et al., 2017}).⁷

En Perú, la contienda electoral de la segunda vuelta enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, sobre la cual pesaba la historia de la dictadura. Aunque en la elección general PPk había alcanzado un porcentaje muy bajo, en la segunda vuelta se benefició del antifujimorismo que existe en el país y alcanzó la victoria por un margen muy ajustado. La fuerza política con la cual ganó las elecciones se había fundado en 2009 bajo el nombre Alianza por el Gran Cambio; en 2015 decidió aplicar la estrategia de amalgamar las siglas de su referente con las del partido, PPk, dando como resultado un nombre fácil de recordar y, al mismo tiempo, de apelación al futuro: Peruanos por el Kambio.

Aunque en su trayectoria Kuczynski muestra un desempeño mixto (público-privado), su candidatura expresaba la de un técnico formado en el ámbito privado, con vínculos internacionales y visión empresarial. Si bien, a diferencia de Piñera, no era un empresario, sí poseía una larga experiencia de tránsito en el mundo privado y un perfil de éxito profesional que incluso fue utilizado como estrategia para lograr adhesiones. En el acto de cierre de campaña realizado en Lima, la locución que presentaba el acto relató el extenso currículum del candidato y enumeró su formación de grado y posgrado y su “exitosa” carrera profesional y gerencial. La voz destacaba: “a los 22 años lo reclutó el Banco Mundial […], se convirtió en el empleado más joven de la historia de esa entidad financiera”; “un hombre cuyo es- fuerzo y capacidad” lo llevaron a “los puestos más importantes en el mundo financiero y que sin embargo siempre regresa al Perú” (^{PPK Oficial, 2016}).

Kuczysnki había sido candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2011, donde obtuvo el tercer lugar; ministro de Energía y Minas en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que además se desempeñó como primer ministro. Trabajó en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, vivió 11 años en Estados Unidos y fue directivo y accionista de varios emprendimientos ligados a inversiones, servicios financieros y actividades mineras (Compañía de Acero del Pacífico, Magma Copper Company, Toyota, Siderúrgica Argentina, entre otras)⁸ (^{CIDOB, 2018}).

Durante su paso por el Ministerio de Energía y Minas fue parte del proceso de privatizaciones de las actividades vinculadas al sector extractivo y ejecutó la Ley N°23231, mediante la cual se eximía a las empresas petroleras extranjeras de pagar 500 millones de dólares en impuestos. Tras la caída de Fujimori, se incorporó al equipo de Toledo como ministro de Economía. En este cargo duró sólo un año y renunció en 2002, en el marco de una creciente oposición a la privatización de dos compañías eléctricas de Arequipa y Tacna. Sin embargo, volvió a ser convocado por el entonces presidente Toledo en 2004 para ocupar el cargo de ministro de Economía, por el cual sería recordado por el Proyecto Camisea de exportación de gas natural a México, tanto porque él mismo había sido asesor de una de las empresas integrantes del consorcio, como por los bajos precios a los que ofrecía el producto.

En 2005 asumió el cargo de primer ministro, tras la renuncia de Carlos Ferrero Costa. Entre 2006 y 2016 ocupó puestos directivos en empresas mineras y metalúrgicas, mientras gestaba su apuesta a la presidencia mediante organizaciones no gubernamentales, como Agualimpia y el think tank Instituto País.

Durante su presidencia, conformó un gabinete mayoritariamente masculino, con presencia de empresarios y tecnócratas, con funcionarios y funcionarias provenientes de las ciudades más importantes, especialmente de Lima.

Mirada en perspectiva sociohistórica, la participación de los empresarios en la política se produjo durante el gobierno de Fujimori, en el contexto de consolidación de las fuerzas pro-mercado que trajo el modelo neoliberal. Un conjunto de figuras provenientes del ámbito empresarial se incorporó a la cartera de Economía y Finanzas principalmente. Como sostuvo una periodista peruana especializada en esta cuestión, “todos los ministros de Economía de Fujimori eran empresarios. Eran muy de derecha, muy liberales y no creían en un modelo estatista para nada” (Clara, entrevista personal, noviembre de 2018). Según la entrevistada, los ministros de Economía que siguieron provinieron “del lado empresarial”, con las excepciones de Alan la estadounidense International Petroleum Company, huyó clandestinamente del país y se radicó en Estados Unidos, donde reingresó al Banco Mundial, ahora en sus escalafones más altos (^{CIDOB, 2018}).

García, cuyo ministro tenía un perfil más bien tecnócrata, y los dos de Ollanta Humala, que también provinieron de la tecnocracia. En la historia de los gabinetes, desde la década de los años noventa en adelante hubo cierta alternancia entre tecnócratas y empresarios aunque, según la misma entrevistada, el perfil del gabinete de Kuczynski fue el de una “tecnocracia internacional” ligada al sector empresarial.

Desde la clausura del modelo industrializador que promovió el reformismo militar de Velasco Alvarado, la apertura a la inversión extranjera generó una mutación de la economía nacional, hacia una creciente reprimarización (^{Dancourt, 1999}). Sobre estas bases, sumadas a la reforma del sector público de la década fujimorista, se constituyó la economía actual, que expresa una concentración en la explotación minera, petrolera y gasífera, con un Estado cada vez más pequeño.

La presencia, el acceso y la influencia empresarial en el Estado han cambiado dramáticamente. La defensa de los intereses de los sectores empresarios se ha ejercido de una manera cada vez más directa desde entonces, concentrando las decisiones en la figura del presidente y sus principales asesores, y convirtiendo al ministerio de Economía y Finanzas en un super-ministerio. Durante los gobiernos de Fujimori y Toledo esta representación empresarial alcanzó su máxima expresión, lo que se corresponde con el nuevo mapa de poder y la efectividad con que los grandes intereses económicos movilizan sus variados recursos (^{Durand, 2004}). La composición del gabinete, en consecuencia, exhibía una profundización de la injerencia de cierta visión empresarial en la esfera estatal, ya instalada en la década anterior, que se radicaliza con la presidencia de Kuczynski.

Los gabinetes ministeriales: la institucionalización del empresariado en la política

Como vimos anteriormente, la inserción de empresarios y tecnócratas en el ámbito de gobierno no es un fenómeno exclusivo de las administraciones de Piñera y Kuczynski. Sin embargo, el rasgo novedoso que manifiestan ambos casos es el sesgo pro-empresarial de ambos presidentes, así como también cierta institucionalización de la participación de funcionarios y funcionarias con visión empresarial en las distintas carteras ministeriales.

Para medir esta dimensión trabajamos con una base de datos de elaboración propia hecha desde el Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT-FSOC-UBA), acerca de los gabinetes de Piñera (23) y Kuczynski (19), en la que sistematizamos las trayectorias de ministros y ministras identificando variables sociodemográficas, educativas y ocupacionales. La base se configuró a partir de datos públicos confiables, como páginas oficiales estatales, currículums personales, redes sociales laborales, medios periodísticos. Se tomó como unidad de análisis a cada ministro o ministra en el cargo, lo que implica que un mismo nombre puede aparecer ocupando más de un ministerio, caso en el cual se contabiliza la cantidad de veces (52 casos para Chile, 45 para Perú). Se tomó esta decisión porque nuestro interés no es reconstruir trayectorias personales, sino caracterizar los perfiles de los ministerios durante cada periodo de gobierno. En adelante, todos los datos que se mencionan se refieren a la misma fuente.

Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos sostenido que las transformaciones generadas por el modelo neoliberal permitieron el surgimiento de nuevos grupos de poder. Estos grupos crecieron favorecidos por el esquema de privatizaciones y el estímulo a la financiarización y extranjerización de la economía, bajo la lógica de concentración del poder económico. En el siglo XXI, en una etapa del modelo de acumulación marcada por una mayor financiarización y extranjerización del capital, y una complejización de los grupos económicos, se estrecharon los vínculos entre el poder económico y la élite política, y se produjo la ocupación directa de los resortes del Estado por parte de empresarios, empresarias y tecnócratas. En este tipo de sociedades, las posibilidades de desarrollo de un modelo que favorezca a los distintos sectores económicos encuentran relación con la capacidad de ejercer un control directo del Estado. En ambos países la tendencia de los grupos económicos se orientó hacia una concentración en actividades mineras, recursos primarios y servicios financieros. La segunda fase del modelo neoliberal que coincidió con la etapa democrática en ambos países tuvo como rasgo en común la mayor financiarización del capital, la explotación intensiva de commodities y el desarrollo de tareas de asesoramiento técnico y consultoría.

Tanto Kuczynski como Piñera parecieran ser expresión de cierta institucionalización capitalista. El segundo es un típico representante de los nuevos empresarios nacidos de las transformaciones neoliberales, mientras que PPk tiene un perfil más asociado a la tecnocracia internacional. El gabinete de Piñera fue la expresión de una apuesta manifiesta al mundo empresarial, con un discurso basado en la eficacia de la gestión corporativa. Ser empresario y provenir del mundo privado constituyeron, por ello, variables de discriminación positiva para incorporarse a los ministerios. La novedad histórica no fue la incorporación de empresarios y tecnócratas a la esfera política, sino su inserción en las más altas esferas de decisión del poder estatal, principalmente en la cartera de Economía. También resalta la incorporación en su equipo, especialmente en el área de subsecretarios y asesores, de miembros de los think tanks de centro-derecha.

A diferencia de Piñera, Kuczynski muestra una trayectoria público- privada, aunque con vínculos internacionales y un sesgo pro-empresarial. A pesar de su importante paso por la esfera pública, ejerciendo cargos de gran poder de decisión en distintos mandatos, trabajó en organismos internacionales y fue directivo de grandes empresas. También creó fundaciones y centros de pensamiento sociales y políticos que contribuyeron a la construcción de su candidatura. Durante su presidencia conformó un gabinete con mayoría de empresarios y tecnócratas que, al igual que el primer gabinete de Piñera, era mayoritariamente masculino, con funcionarios y funcionarias provenientes de las ciudades más importantes y de una procedencia social similar. Tampoco aquí la alianza político-empresarial representaba una no- vedad, pero sí la ocupación directa de los sectores empresarios de puestos de decisión en la esfera estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas, así como el de Energía y Minas, adquieren un lugar central en este sentido.

En cuanto a los gabinetes ministeriales, se observa un grado de institucionalización y sistematicidad en la ocupación de cargos con impronta o sesgo tecnócrata y empresarial. Respecto al perfil sociodemográfico, encontramos que en ambos casos hay una desigual distribución de género y una concentración de funcionarios y funcionarias que provienen de las ciudades capitales. El perfil educativo expresa, por un lado, la preeminencia de carreras de grado vinculadas al mundo económico y cursadas en establecimientos privados y, por el otro, estudios de posgrado que consolidan una visión empresarial, con fuerte sesgo en Economía, Finanzas y Administración de Empresas.

Una diferencia sustancial indica que, mientras en Chile hay una hegemonía de la formación en Estados Unidos, en Perú está más distribuida, con funcionarios y funcionarias que eligieron, además de este país, otros de Europa y América Latina. Respecto a la trayectoria laboral y profesional, hallamos que en Chile hay una marcada presencia de empresarios y empresarias, mientras que en Perú hay una combinación de empresarios y tecnócratas; en ambos casos también hay perfiles provenientes del mundo de la política, aunque en menor cantidad. Esta variable se hace compleja cuando introducimos el último cargo ocupado, que muestra un alto porcentaje de ministros y ministras cuya ocupación anterior inmediata fue en el sector privado, con una importante presencia del sector financiero, actividades de seguros y consultoría.

El gobierno de PPk fue interrumpido abruptamente en marzo de 2018, en el marco de una serie de denuncias de corrupción ligadas a la constructora brasilera Odebrecht, el indulto concedido a Fujimori que fue frenado por la Corte Suprema y el conocimiento de una serie de videos que explicitaban los vínculos cercanos entre la bancada fujimorista y el poder ejecutivo. En el caso de Piñera, el peso de los conflictos de interés denunciados en el primer momento de su mandato obligó a introducir cambios ministeriales, modificando el perfil de los funcionarios y las funcionarias con los que había asumido. Este aprendizaje político fue fundamental para el equipo de Piñera, quien tras haber concluido su mandato sin haber podido dar continuidad inmediata a su proyecto, comenzó a esbozar el plan de gobierno para asegurarse el regreso a la presidencia en 2018, de la mano de un gabinete notoriamente más político que el anterior.

La participación de funcionarios y funcionarias con trayectoria empresarial en las más altas esferas gubernamentales -cargo presidencial y cabezas ministeriales- es un dato que se observa en varios países de América Latina desde inicios del nuevo siglo. Conocer quiénes son, cómo se insertan en el Estado y manejan los engranajes gubernamentales en cada uno de estos países, constituye una línea de análisis fundamental para caracterizar estos formatos novedosos de ejercicio del poder que concebimos, con Therborn, como institucionalización capitalista.

La profundización del análisis de las formas de reclutamiento de los gobiernos empresarios debería incluir, a futuro, además de la comparación con otras experiencias de la región, otros ejes de indagación como las redes trasnacionales, los think tanks, el vínculo con las cámaras empresariales, el desarrollo de las políticas públicas y eventuales situaciones de conflicto de interés y captura del Estado.

En este artículo sistematizamos y comparamos los resultados de dos países que, a diferencia de gran parte de sus vecinos regionales, evidenciaron una continuidad neoliberal antes que una real impugnación a su hegemonía en los albores del nuevo siglo. Este análisis forma parte de una investigación mayor que incluye ocho países de la región, cuyas lecturas comparadas nos permiten reconstruir un panorama de las formas de reclutamiento del personal político en gobiernos encabezados por presidentes empresarios o con fuertes vínculos con el mundo privado. En un momento complejo en el que las tradicionales formas de la dominación capitalista parecieran verse modificadas, la pregunta por el vínculo entre el poder económico y el político resulta un importante desafío.