INTRODUCCIÓN

Los plaguicidas se han empleado durante muchos años en la agricultura para controlar plagas y evitar la pérdida de cultivos, así como alcanzar su máxima producción y calidad. Su potencial tóxico está relacionado con su capacidad para controlar y destruir plagas y enfermedades; sin embargo, esta característica los hace potencialmente dañinos para la salud y el ambiente (^{Plenge-Tellechea et al. 2007}). Es cierto que estos productos han mantenido y mejorado la productividad agrícola; pero, a la vez, han contribuido al deterioro ecológico y de la salud de los seres vivos que forman parte del ecosistema, incluyendo la salud humana (^{Schoijet 2011}).

Los países en desarrollo usan alrededor de un cuarto del total de plaguicidas utilizados en el planeta; sin embargo, presentan más del 50 % de las intoxicaciones y el 99 % de muertes atribuibles a la exposición a estos compuestos (^{Tinoco 2005}). Cada año se presentan en todo el mundo entre 500 mil y un millón de intoxicaciones con dichos productos, de las cuales 70 % se deben a exposición ocupacional en ambientes agrícolas (^{Eddleston et al. 2002}).

México inició el registro de casos de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) en 1993, con un total de 1576 casos. Esta cifra se incrementó a 67 711 casos en todo el país durante el periodo 1995-2012. Los estados que consistentemente presentaron las tasas más altas de incidencia de IAP a lo largo de ese periodo fueron Nayarit, Colima, Morelos y Jalisco. Otros estados presentaron una tendencia hacia el incremento de IAP al final de dicho periodo, entre ellos Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa. El registro se realiza a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, mediante el cual se captan los casos de intoxicación de manera genérica sin considerar el agente específico causante. Dadas las dificultades para el diagnóstico oportuno de las intoxicaciones, es probable que haya un subregistro de dichos padecimientos (^{Gutiérrez 2013}).

Las crecientes ventas de los plaguicidas en las últimas décadas evidencian su continua y permanente utilización a lo largo de todo el territorio mexicano (^{Nivia 2000}). De esta manera, se han incorporado lentamente hasta llegar a zonas rurales habitadas por campesinos indígenas con escasos recursos económicos, particularmente en el sureste mexicano, lo que ha provocado la transformación de un sistema agrícola tradicional, con nula incorporación de insumos externos y autosostenible de manera natural, a un sistema convencional dependiente de insumos químicos, con repercusiones negativas hacia los recursos naturales y la salud de la población (^{Ancury et al. 2001}).

Tal es el caso del estado de Chiapas, México, donde gran parte de la población rural e indígena se dedica a la agricultura. En dicha entidad existen pocos datos sobre la epidemiología de las IAP, así como las condiciones de uso, manejo y exposición a plaguicidas. Los escasos estudios disponibles se han centrado en algunas localidades de la región fronteriza, como la Frailesca y el Soconusco (^{Tinoco et al. 1993}, ^{Tinoco 2005}, ^{Herrera-Portugal et al. 2005}, ^{Ríos-González 2006}, ^{Ventura 2007}), pero hay escasa información sobre otras regiones. En particular la región de los Altos, por sus condiciones de producción agrícola, características socioeconómicas y reportes del uso intensivo de estos insumos (^{Álvarez-Solís y Anzuento-Martínez 2004}, ^{Santiago-Lastra y Perales-Rivera 2007}), pudiera albergar localidades de alto riesgo respecto de la exposición a plaguicidas. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue caracterizar los plaguicidas utilizados, describir los conocimientos y conductas relacionados con su uso y manejo, y conocer los síntomas de IAP en tres sistemas de producción agrícola de comunidades rurales de los Altos de Chiapas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio cuantitativo de tipo transversal y comparativo se realizó en sistemas de producción (SP) ubicados en comunidades rurales de tres municipios de la región Altos de Chiapas, que se caracterizan por el predominio de los cultivos de hortalizas (Chamula), flores (Zinacantán) y maíz (Amatenango del Valle) (Fig. 1). Dichos asentamientos humanos forman parte del grupo de municipios indígenas con población en situación de pobreza y de muy alta marginación en el estado de Chiapas (^{CONEVAL 2012}). Mediante un censo se visitaron todas las viviendas (unidades domésticas, UD) de las comunidades en estudio. Se excluyeron aquellas UD que no se dedicaban a la agricultura, no utilizaban plaguicidas o no quisieron participar en el estudio. La muestra se formó con 523 UD (Chamula, 116; Zinacantán, 149, y Amatenango del Valle, 258).

Fig. 1 Ubicación geográfica de los sistemas de producción estudiados. SPH: sistema de producción de hortalizas, SPF: sistema de producción de flores, SPM: sistema de producción de maíz 

Al jefe de familia (JF) se le aplicó una cédula general estructurada con preguntas cerradas y abiertas formada por dos apartados. En el primero se recolectó información sociodemográfica (edad, sexo, nivel de escolaridad, recepción de apoyos gubernamentales y su destino) y la descripción del SP (superficie sembrada por cultivo, tipos de cultivo, frecuencia de ciclos al año, presencia de plagas y uso de plaguicidas). El segundo apartado contenía preguntas con respuestas dicotómicas que recogió información relacionada con los conocimientos y conductas sobre el uso, manejo y almacenamiento de plaguicidas; aspectos vinculados con el aprendizaje y capacitación; hábitos de higiene; protección personal; almacenamiento y eliminación de envases vacíos, y presencia de síntomas de IAP durante o después de la fumigación. Dicho instrumento fue validado previamente en una comunidad con características similares a las del estudio. Las entrevistas fueron aplicadas por personal previamente capacitado y hablante de la lengua indígena de cada comunidad (tzotzil en Chamula y Zinacantán, tzeltal en Amatenango del Valle), con la finalidad de que los entrevistados comprendieran cada uno de los apartados y, de ser necesario, se aplicará completamente el instrumento en su lengua materna. Por ejemplo, en la sección de síntomas de IAP, previamente se le explicó su definición y posteriormente se le cuestionó sobre los síntomas que ha presentado.

La información se procesó en dos fases. En la primera se realizó un análisis de frecuencias por SP para las principales variables socioeconómicas y productivas (Cuadro I). En la segunda se trató de identificar la relación de las variables socioeconómicas-productivas y el uso de plaguicidas, con las variables de conocimientos y conductas y de IAP. Se utilizaron principalmente pruebas de chi cuadrada para las variables nominales, así como ANOVA y pruebas de Tukey para las variables cuantitativas (^{Gómez-Gómez et al. 2013}). Para este fin se categorizaron las variables relacionadas con los conocimientos y conductas, calificando con un punto las respuestas congruentes con conocimientos y conductas correctas, y con 0 puntos las que se encontraran en el caso contrario. Según las estimaciones obtenidas en la valoración global, se establecieron los puntos de corte a partir del cálculo de los cuartiles para cada conjunto de ítems de cada variable (^{Triola 2004}). Debido a que el conjunto de preguntas para identificar los conocimientos y conductas (cinco y 17 preguntas, respectivamente) presentó diversidad en cuanto a respuestas positivas y negativas, se consideró la sumatoria de respuestas mayoritariamente positivas contenidas en el cuartil IV, para considerarlas como conocimientos y conductas suficientes y apropiadas, respectivamente. Con base en lo anterior, se consideró un máximo de cinco puntos (correspondientes a las mismas respuestas positivas) para identificar si los usuarios poseen suficientes conocimientos sobre uso y manejo de plaguicidas; puntajes ≥ 3 se consideraron indicativos de conocimientos suficientes (cuartil IV), mientras que puntajes ≤ 2 se vincularon con conocimientos insuficientes. De la misma manera, para identificar las conductas apropiadas e inapropiadas, se consideró un máximo de 17 puntos, en tanto que los puntajes ≥ 13 se consideraron representativos de conductas apropiadas (cuartil IV) y los ≤ 12 se consideraron de conductas inapropiadas.

Finalmente, para clasificar los plaguicidas se consideró la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basada en la peligrosidad o grado de toxicidad aguda, que agrupa a estos compuestos en cuatro clases según su toxicidad expresada en DL50 (mg/kg): clase IA (extremadamente peligrosos), clase IB (altamente peligrosos), clase II (moderadamente peligrosos) y clase III (ligeramente peligrosos). Para México se realizó un ajuste en el nombre de cada categoría toxicológica (CT) respetando la clasificación de la OMS, por lo que cada una de éstas se denomina CT I, II, III y IV, respectivamente (^{INE 2004}).

RESULTADOS

Aproximadamente el 75 % de los JF en el sistema de producción hortícola (SPH) y en el sistema de producción florícola (SPF) son menores de 44 años, en comparación con poco más del 50 % en el sistema de producción de maíz (SPM), lo que evidencia las diferencias significativas entre grupos (X ² de Pearson = 48.50, 2 gl, p = 0.001). Se registraron niveles de escolaridad significativamente superiores en el SPF y el SPM respecto a SPH (X ² de Pearson = 16.99, 2 gl, p = 0.001). Resalta que más del 50 % de los JF en SPH no saben leer ni escribir, en contraste con más del 75 % que sí lo hacen en el SPF y el SPM. Las superficies agrícolas son significativamente más pequeñas en SPH y SPF respecto a SPM (2 gl; p = 0.001). En el SPM, se reciben significativamente más apoyos gubernamentales¹ (X ² de Pearson = 17.73, 2 gl, p = 0.001) que en el SPF y SPH. Destaca el programa Procampo, cuyos apoyos son recibidos por más del 50 % de productores de maíz y hortalizas. El programa Oportunidades beneficia a una proporción similar en los tres sistemas. Pocos productores de maíz y flores reciben el paquete gubernamental denominado Maíz Solidario. El programa Amanecer beneficia a más UD en el SPM. Los recursos provenientes del programa Procampo son frecuentemente invertidos en la compra de plaguicidas (principalmente en SPM y SPF), seguido de Oportunidades y en menor proporción de Amanecer y Maíz Solidario (Cuadro II).

En el SPH se siembran 18 especies de hortalizas: cilantro, nabo, rábano, repollo, lechuga, betabel, acelga, papa, perejil, brócoli, zanahoria, hierbabuena, coliflor, mostaza, chícharo, haba, calabaza y espinaca, predominando las cuatro primeras. En el SPF se cultivan nueves especies de flores en sus diversas variedades: crisantemo, áster, rosa, alstroemeria, clavel, dalia, nube, azucena y agapanto, predominando las tres primeras. En el SPM se siembra maíz una vez al año en condiciones de temporal y en menor proporción con riego. En el SPF los daños están relacionados con algunos insectos: trips (Frankliniella occidentalis), araña roja (Tetranychus urticae), diversos gusanos que atacan la raíz y la parte aérea de la planta, mosquita blanca (Bemisia tabaci) y pulgón (Myzus persicae); las enfermedades están relacionadas con la roya (género Puccinia), pudrición de la planta, cenicilla (Oidium sp.) y marchitamiento. En el SPH los daños más considerables se deben a gusanos que dañan raíces, tallo y hojas de las hortalizas, seguidos de insectos chupadores (mosquita blanca, pulgón y araña roja). Las enfermedades más frecuentes son pudrición y deformación y/o marchitamiento de las plantas. En el SPM es considerable el daño por arvenses y el provocado por insectos, como los gusanos que atacan la raíz (complejo gallina ciega Phyllophaga spp.), tallo y hoja, así como el gorgojo (Sitophilus zeamais), que ataca el grano en almacenamiento.

En el SPF se utiliza la mayor diversidad de plaguicidas en comparación con el SPH y SPM (3.2 ± 1.7, 2.6 ± 1.0 y 2.2 ± 1.6 productos, respectivamente (2 gl, p = 0.001). En total se identificaron 55 ingredientes activos: 46 se utilizan en el SPF, 20 en el SPH y 18 en el SPM (Cuadro III). En el SPF y SPH se utilizan con más frecuencia insecticidas organofosforados y carbamatos de CT I y II, y el fungicida ditiocarbamato de CT IV. En el SPM destaca significativamente el uso de herbicidas del tipo bipiridilo (CT II), clorofenoxi (CT III) y fosfonato (CT IV). El SPF y el SPH se hace un uso significativamente mayor de plaguicidas de CT I (X ² = 75.2, 2 gl, p = 0.001) en comparación con el SPM.

En el SPF predomina el uso de siete insecticidas de 19 identificados (abamectina, metamidofos, metomilo, paratión metílico, spinozad, terbufos y carbofuran); para el control de enfermedades fúngicas se detectaron 20 productos de los cuales seis son los más utilizados (mancozeb, myclobutanil, triforine, flutriafol, carbendazim y clorotalonil + cymoxanil). En el caso de las arvenses, aunque no es un problema fuerte, se emplea principalmente el paraquat. En el SPH se utilizan principalmente cuatro insecticidas de 11 identificados (metamidofos, paration metílico, carbofuran y foxim); la prevención, control y combate de las enfermedades fúngicas se realiza mayoritariamente con mancozeb, de seis fungicidas identificados (el herbicida paraquat es poco utilizado, ya que los ciclos agrícolas son cortos y la limpia se realiza de manera manual). En el SPM el crecimiento de arvenses es un problema muy fuerte, por lo cual se utilizan principalmente tres herbicidas de cinco identificados, paraquat, 2-4 D y glifosato, así como cuatro insecticidas de 10 identificados: paratión metílico, fosfuro de aluminio, monocrotofos y lambda cyhalotrina (Cuadro IV).

En los tres sistemas prácticamente no se ha proporcionado asistencia y/o capacitación formal en el manejo de plaguicidas. En este sentido, es notoria la ausencia de intervención gubernamental y de las empresas dedicadas a la venta y distribución de dichos productos. La mayoría de los usuarios ha aprendido a utilizarlos a través de sus familiares, vecinos, amigos y de la observación. Aproximadamente el 50 % de los productores en el SPF y SPM no leen la etiqueta, a pesar de que la mayor parte de los JF cuentan con una escolaridad mayor con relación a los productores de hortalizas. En los tres sistemas, la mayoría de los individuos desconoce el significado de los colores de las etiquetas, independientemente de su escolaridad. La mayoría de los campesinos en el SPM y SPF mencionaron seguir las dosis indicadas en las instrucciones de los productos empleados (Cuadro V). De acuerdo con lo anterior, en el SPH se observaron los puntajes de conocimientos apropiados estadísticamente significativos más bajos en comparación con el SPM y el SPF (1.1 ± 1.1; 1.8 ± 1.1 y 2.0 ± 1.3, respectivamente; 2 gl; p = 0.001), relacionados con su baja escolaridad (r = 0.263, p = 0.001). Por su parte, los productores de maíz, no obstante que presentaron una escolaridad más alta, tuvieron los puntajes de conductas apropiadas más bajos respecto al SPH y SPF (10.2 ± 1.8, 11.2 ± 1.9 y 11.6 ± 1.6, respectivamente; 2 gl; p = 0.000). A pesar de las diferencias significativas e independientemente de la escolaridad, se observó que la mayor parte de la población en los tres SP posee conocimientos insuficientes (87.1.0, 69.4 y 62.4 % para SPH, SPM y SPF, respectivamente; X ² = 20.3, RV = 22.4, 2 gl, p = 0.000), además de conductas inapropiadas respecto del uso y manejo de plaguicidas (90.3, 75.8 y 70.7 % para SPM, SPF y SPH respectivamente (X ² = 25.8, RV = 26.4, 2 gl, p = 0.001).

Al analizar las conductas de uso, manejo y almacenamiento de plaguicidas (Cuadro VI) se observa que la mayoría de los campesinos no se protege al preparar las mezclas y aplicar los productos; quienes sí lo hacen utilizan principalmente bolsas de plástico para proteger sus manos al diluir el agroquímico con agua. Hay mayor descuido en la preparación en el SPM, donde se manifiestan salpicaduras o derrames. Los campesinos utilizan su ropa cotidiana para realizar las labores agrícolas; aquellos que manifiestan protegerse emplean camisa de manga larga, pantalón de mezclilla y botas de plástico. Son pocos los que usan pañuelo para protegerse la boca y bolsas de plástico para cubrir manos y espalda. En el caso de las mujeres, específicamente en el SPH, su vestimenta consta de blusa de manga corta acompañada ocasionalmente de suéter, falda de lana de borrego y sandalias de plástico; son pocas las que utilizan ocasionalmente botas de plástico. La mayoría de los usuarios mencionó lavarse las manos para ingerir sus alimentos después de preparar y/o aplicar los plaguicidas, así como bañarse después de la jornada laboral y cambiarse de ropa. Es frecuente el consumo de alimentos a un costado de la parcela en el SPM. La ropa de trabajo se lava el mismo día que se utilizó; sin embargo, hay un grupo de JF que lava la ropa sucia una o dos veces por semana. Se detectó a usuarios, sobre todo en el SPM y SPF, que duermen con la ropa de trabajo cuando se quedan en las parcelas. El lavado de ropa sucia está bajo la responsabilidad de la mujer (esposa, hija, hermana o madre del usuario); son pocos los hombres que manifestaron lavar ellos mismos su ropa. En el caso del SPH, las mujeres que son JF (23.3 %) son las responsables de las labores agrícolas además de cumplir con funciones domésticas (lavado de su ropa sucia y la de su familia). La mayoría de los JF manifestó que su bomba de aspersión se encontraba en buen estado; sin embargo, aquellos que mencionaron algún daño a su equipo lo seguían utilizando a pesar de los desperfectos. Es frecuente que los dispositivos en buen estado se tapen y que los usuarios los arreglen introduciendo la mano e, incluso, utilizando la boca (SPM). Aproximadamente 80 % de los usuarios en cada sistema lavan su equipo; aquellos que no lo hacen mencionan que no es necesario debido a que serán utilizados nuevamente.

En general, la fumigación se realiza en diferentes horarios y sin previo aviso a los vecinos cuyas viviendas se encuentran próximas a las áreas rociadas. En el SPH los usuarios asperjan sus parcelas con más frecuencia en condiciones de viento. Son pocos los JF que manifestaron la presencia de niños al fumigar la parcela; sin embargo, les están enseñando a utilizar los plaguicidas, principalmente en el SPM y SPF. En el SPM estos compuestos se guardan con más frecuencia en el interior de las viviendas. En el SPF y SPH se observó con más frecuencia la utilización de bodegas exclusivas para el almacenamiento de dichos insumos fuera de la vivienda y en la parcela. La mayor parte de los usuarios quema los envases vacíos; otros los tiran a la basura, los abandonan en la parcela, los entierran o los reutilizan principalmente para el almacenamiento de agua. Una fracción de los usuarios no respondió esta pregunta.

Los productores manifestaron diversos síntomas de IAP después de fumigar sus parcelas. Sólo el dolor de cabeza fue significativo para las diferentes CT (CT I: X ² = 3.92, RV = 3.915, 1 gl, p = 0.048; CT II, III y IV: X ² = 10.75, RV = 10.69, 1 gl, p = 0.001; todas las CT: X ² = 18.77, RV = 19.16, 1 gl, p = 0.000). Aunque los demás síntomas no fueron significativos, se observa que una proporción considerable de productores de los diferentes sistemas manifestó algún tipo de IAP después de emplear los diferentes productos, siendo los floricultores los que mencionaron más molestias, seguidos de los horticultores y los productores de maíz (77.9, 65.5 y 52.7 %, respectivamente). Casi 50 % de los floricultores manifestaron por lo menos cuatro síntomas de IAP, en comparación con el 20 % de los productores de hortalizas y maíz. El principal síntoma fue dolor de cabeza, seguido de problemas respiratorios (resequedad de la garganta, flemas, dificultad para respirar, dolor en el pecho), problemas visuales (irritación, ardor, lagrimeo, visión borrosa), náusea/mareos/vómitos, y en menor proporción dolor abdominal y problemas musculoesqueléticos (principalmente fatiga/debilidad, dolor muscular y nerviosismo). La proporción de casos con síntomas de IAP por CT I en los productores de maíz se incrementó casi un 100 % con el uso de IA de CT II, III y IV, en comparación con los floricultores y horticultores, en quienes no se aprecia este fenómeno. En estos últimos la proporción de casos fue muy similar entre las diferentes CT (Fig. 2).

Fig. 2 Síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas manifestados por los usuarios en el estudio. SPM: sistema de producción de maíz, n = 258; SPF: sistema de producción de flores, n = 149; SPH; sistema de producción de hortalizas, n =116. Categoría toxicológica (CT): I: extremadamente peligroso; II: altamente peligroso; III: moderadamente peligroso; IV: ligeramente peligroso. 1: % de usuarios con un síntoma; 2: % de usuarios con dos síntomas; 3: % de usuarios con tres síntomas; 4: % de usuarios con cuatro y más síntomas; 1-24: % de usuarios con 1 a 24 síntomas. a: dolor de cabeza; b: problemas respiratorios (resequedad de la garganta, flemas, dificultad para respirar, dolor en el pecho); c: náusea/mareo/vómito; d: problemas visuales (irritación, ardor, lagrimeo, visión borrosa); e: problemas en la piel (comezón, ardor); f: dolor abdominal; g: Problemas musculo-esqueléticos (fatiga, debilidad, dolor muscular, calambres /temblor/hormigueo en extremidades, nerviosismo); h: Falta de apetito; i: diarrea; j: salivación 

DISCUSIÓN

A pesar de las diferencias significativas entre los tres sistemas estudiados, los resultados obtenidos en el presente estudio indican de manera general una alta dependencia del uso de plaguicidas. La justificación del empleo de insecticidas y fungicidas en el SPF y SPH radica en el fuerte desequilibrio de los agroecosistemas, provocado por el uso intensivo de pequeñas superficies agrícolas donde se siembran especies vegetales de ciclo corto varias veces al año; incluso es probable que, al incrementarse las superficies agrícolas, también aumente el uso de dichos insumos. Este proceso de intensificación a lo largo de los años ha provocado que los cultivos sean vulnerables al ataque de insectos y enfermedades fúngicas, por lo que su prevención y control se realiza mediante la aplicación de los plaguicidas identificados, de manera similar a lo reportado por ^{Montoro et al. (2009)} para Perú. Por su parte, la justificación del uso de herbicidas (con mayor frecuencia en el cultivo de maíz) radica en el control de arvenses como principal problema, ya que como indican ^{Guillén et al. (2004)} estos compuestos disminuyen la carga de trabajo y el tiempo de las labores de limpieza agrícolas, pues las superficies en el SPM son mucho más grandes en comparación con el SPF y SPH.

Los principales grupos químicos y principios activos identificados en los tres SP son similares a los reportados por ^{González-Arías et al. (2010)}) para el estado de Nayarit, México. El uso de plaguicidas en el SPF (principalmente organofosforados y ditiocarbamatos) coincide con lo reportado por ^{Varona et al. (2005)} para comunidades florícolas de Colombia, con la diferencia de que los productos más utilizados en esas comunidades son los ditiocarbamatos y organoclorados, y en menor proporción los organofosforados. Los herbicidas identificados en el SPM son similares en las zonas agrícolas del norte de México (^{Hernández-Antonio y Hansen 2011}). Los plaguicidas utilizados en el SPH son populares en países centroamericanos (^{Jansen 2002}).

Se observó el uso de varios ingredientes activos (IA) que han sido prohibidos, restringidos o eliminados en Estados Unidos, entre los cuales destacan metamidofos y paraquat. ^{Madeley (2003)}) indica que el paraquat se ha prohibido, se ha cancelado su registro o se ha restringido severamente en más de 80 países, incluyendo algunos latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Costa Rica, donde ya se prohíbe su importación y uso (^{Instituto Laboral Andino 2006}). De acuerdo con la Red Internacional de Acción contra Plaguicidas, 32 IA de los 55 identificados en las diversas categorías toxicológicas (en especial aquellos de la CT I) se encuentran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos, y 27 IA están prohibidos en otros países debido a su alta toxicidad aguda y ambiental, e incluso por sus posibles efectos crónicos sobre la salud humana (Cuadro IV). Tal es el caso nuevamente del paraquat por su alta toxicidad aguda; la abamectina, el fosfuro de aluminio, el metamidofos y el metomilo por su toxicidad aguda y ambiental, y el glifosato y el mancozeb por su toxicidad a largo plazo, posiblemente carcinogénica. Al respecto, el glifosato ha sido clasificado como probable carcinógeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) (^{PAN Internacional 2015a}, ^b).

Lamentablemente, de acuerdo con el presente estudio muchos de estos IA aún se utilizan y solamente algunos (como metamidofos, paraquat, clorotalonil y quintozeno) son considerados de uso restringido en la legislación mexicana mediante la Ley General de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (^{COFEPRIS 2011}). Además, los dos primeros se comercializan libremente sin control y están ampliamente difundidos (el paraquat en el SPM y el metamidofos en el SPH). Algo similar ocurre en Perú (^{Yengle et al. 2005}) y Putumayo, Colombia (^{Salcedo y Melo 2005}).

Los escasos conocimientos y las conductas inapropiadas respecto del uso y manejo de plaguicidas se relacionan con la baja o nula escolaridad de los usuarios. Sin embargo, se identificaron individuos que, a pesar tener una escolaridad más alta, presentan conductas inadecuadas. Lo anterior se explica a partir de la ausencia de capacitación por parte de las empresas comercializadoras, el poco interés de las entidades gubernamentales y la falta de percepción de riesgo de los mismos productores, que si bien conocen algunas características de los plaguicidas no logran traducir ese saber en prácticas adecuadas de manejo, como señalan ^{Isin y Yildirim (2007)}. La nula escolaridad de los usuarios les impide tener acceso a la información de las etiquetas, e incluso aquellos que saben leer y escribir son alfabetos funcionales; es decir, debido a que su lengua materna es el tzotzil o el tzeltal (lenguas mayas) usan el español como lengua alterna, por lo que su lectura en español es deficiente y no comprenden del todo. De acuerdo con ^{Jørs et al. (2006)} se puede afirmar que el desconocimiento, poca compresión y creencias erróneas sobre las prácticas de seguridad, higiene y protección personal, son factores que disminuyen la capacidad de los campesinos para protegerse; ello, además del uso arraigado de estos insumos (^{Souza y Bocero 2008}). Así, las conductas inapropiadas que se identificaron en los tres SP condicionan una exposición más directa a los plaguicidas e incrementan el riesgo de intoxicación en el JF y su familia (^{Montoro et al. 2009}).

La mayoría de los usuarios de plaguicidas en las comunidades estudiadas son jóvenes en edad reproductiva, lo cual incrementa su vulnerabilidad a las consecuencias de salud negativas. La situación de las mujeres JF que pertenecen al SPH es aún más preocupante, ya que debido a su condición de género, edad reproductiva y baja escolaridad, es válido pensar que son aún mucho más vulnerables con relación al resto de la población (^{Zúñiga et al. 2012}). En estas mujeres, la responsabilidad de las actividades agrícolas (específicamente la aplicación de plaguicidas), aunada a las labores domésticas de lavado de ropa contaminada, incrementa el riesgo de exposición y daño a la salud (^{Salcedo y Melo 2005}).

Aunque las IAP no fueron valoradas ni diagnosticadas por personal calificado y pruebas de laboratorio, se puede suponer que el incremento de casos de IAP hasta casi 100 % en el SPM, en el momento o después de fumigar las parcelas, puede estar relacionado con los efectos tóxicos de los herbicidas paraquat (CT II), 2,4-D (CT III) y glifosato (CT VI), como señalan ^{Ferrer (2003}), ^{Madeley (2003}), ^{Salazar y Aldana (2011)} y ^{Harikrishan y Usha (2007)}, lo cual indica su potencial para causar daño a la salud de los usuarios. Además, el glifosato se ha vinculado en diversas investigaciones con posibles efectos citotóxicos y genotóxicos, lo que aumenta su riesgo potencial para la salud pública (^{Villaamil et al. 2013}).

En el SPF y el SPH la proporción de casos de IAP es muy similar entre las diferentes CT. Esto se debe probablemente a que en el SPM se emplean IA más diferenciados (herbicidas) durante la limpia de las parcelas, mientras que en el SPF y SPH se utilizan insecticidas, fungicidas y herbicidas de distintas CT de manera individual y/o mezclados en diferentes momentos durante el ciclo agrícola, lo que dificulta la identificación del IA potencialmente asociado a la sintomatología. Lo anterior pone de manifiesto la complejidad de la exposición a plaguicidas en los tres sistemas. El estudio de los efectos de las mezclas de varios IA es un área poco explorada de la toxicología, por lo que es necesario investigar sus posibles efectos sinérgicos y los posibles daños a la salud pública. Sin embargo, se puede sospechar que los síntomas están asociados al uso de organofosforados, carbamatos y ditiocarbamatos de CT I y II, que son los tipos de plaguicidas más ampliamente utilizados en el SPF y SPH y, de acuerdo con ^{Eddleston et al. (2002)}, son los responsables de la mayor parte de las intoxicaciones agudas y muertes en el sector agrícola. Los resultados son similares a lo reportado para algunas comunidades de Perú (^{Montoro et al. 2009}), Centroamérica (^{RAPAC 2003}) y Nayarit, México (^{González Arias et al. 2010}).

En el presente estudio solamente se consideraron los malestares que presentaba el JF; sin embargo, durante las labores agrícolas se observó la colaboración de niños, adolescentes y mujeres. De acuerdo con ^{Camarena et al. (2012)} dichos actores representan un sector de la población altamente vulnerable a los riesgos de salud que conlleva la exposición accidental o laboral a plaguicidas en el campo agrícola. Por otro lado, debido a que varios de los productos identificados pertenecen a los organofosforados, dicha exposición podría representar un grave riesgo para la salud reproductiva de la familia (^{Pérez et al. 2012}). De mantenerse el uso indiscriminado e incontrolado de los plaguicidas identificados, existe el riesgo de que los usuarios y su familia manifiesten efectos crónicos de salud en el futuro. Esto se debe al potencial tóxico agudo/crónico de los productos utilizados, así como a las posibles consecuencias y desequilibrios ambientales, razones por las cuales diversos ingredientes activos ya fueron prohibidos en otros países, mientras que en México se siguen utilizando sin control y con una legislación laxa en la materia.

Chiapas es uno de los estados que tuvo tendencia al alza en casos de IAP en el periodo 2000 a 2012 (tres a seis casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente); sin embargo, ^{Gutiérrez (2013)} menciona un subregistro de casos en la entidad, lo cual se confirma en el presente estudio, ya que que se detectaron individuos con síntomas asociados a la intoxicación aguda que no han sido atendidos y, por lo tanto, no están considerados en el registro correspondiente del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Por otro lado, ^{Gómez-Arroyo et al. (2000)} y ^{Martínez-Valenzuela et al. (2009)} asociaron varios de los ingredientes activos identificados con daño genotóxico en campesinos de los estados de Morelos y Sinaloa, México. Por lo tanto, se puede suponer que la salud de los usuarios que utilizan estos productos en la región se encuentra en alto riesgo.

Finalmente, destaca la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal, cuyos programas de apoyo al campo y atención a la pobreza están influyendo de manera directa e indirecta en la utilización de plaguicidas. Los recursos monetarios provenientes de Procampo, Oportunidades e incluso Amanecer, en ese orden de importancia, se invierten parcial o completamente en la compra de plaguicidas. Incluso, el Programa Maíz Solidario proporciona herbicidas probablemente asociados con los daños a la salud mencionados anteriormente (2,4-D, paraquat y glifosato).

Los resultados del presente estudio brindan información para que los diferentes actores relacionados con el sector agrícola de la región, propongan y prioricen acciones dirigidas a atender la problemática relacionada con el alto consumo de plaguicidas, y promuevan y favorezcan la salud de la población que se dedica a las actividades agrícolas en los sistemas de producción estudiados.

CONCLUSIONES

La población agrícola que participó en el estudio tiene escasos conocimientos sobre el uso y manejo adecuado de plaguicidas, carencia que está asociada con baja o nula escolaridad (SPH). Sin embargo, indistintamente del nivel escolar, se observaron conductas inapropiadas de manipulación de dichos productos en los tres sistemas estudiados, lo cual provoca que la población usuaria se encuentre altamente expuesta a los riesgos asociados al uso de dichos productos. Los síntomas de IAP manifestados por el grueso de los campesinos de los diferentes sistemas, mayoritariamente jóvenes y en edad reproductiva, alertan sobre el alto potencial tóxico de los diversos productos químicos que se identificaron en el presente estudio, de los cuales varios están restringidos o prohibidos en la legislación mexicana y en otros países, y el riesgo que representa su uso para la salud. Dichos resultados pueden sugerir la aparición a mediano y largo plazo de consecuencias crónicas para la salud y el ambiente debido al uso de agroquímicos. Es necesario que los diversos actores relacionados con esta problemática, principalmente los gubernamentales, se involucren en el establecimiento de una regulación más estricta en materia de uso, manejo y comercialización de plaguicidas extremada y altamente tóxicos en el campo agrícola mexicano, así como en la implementación de estrategias integrales dirigidas a la reconversión a sistemas de producción más amigables con el ambiente y la salud de la población en general.