Introducción¹

Desde mediados de la primera década del siglo XXI, América Latina ha sido el teatro de un sinnúmero de movilizaciones sociales y protestas de diferentes tipos y reivindicaciones. Asimismo, la ocurrencia y el carácter masivo de estos movimientos, acciones, manifestaciones y piquetes contradice empíricamente la literatura de los años 1990-2000, la cual, a partir de la observación de una situación de desencanto casi generalizado en la región, diagnosticaba el advenimiento de un estado de apatía política o despolitización en esta región (^{Colburn, 2002}; ^{Avritzer, 2002}; ^{Levitsky & Roberts, 2011}).

En 2011 estalló en Chile lo se ha considerado como el punto de partida de una potencial “primavera movimentista latinoamericana”, un fenómeno marcado por la intensificación de las acciones colectivas de protesta y un posicionamiento desafiante ante los gobiernos en turno.

Pero no todos los movimientos han tenido el mismo desempeño ni la misma organización en todos los países. En varios casos, lo que más impactó fue la espontaneidad de estos movimientos y su desvinculación manifiesta respecto de los órganos tradicionales de la representación política: los partidos. Chile (2011-2013), Colombia (2011-2012), México (2012) y Brasil (2013) son el paradigma de estas protestas que se expresaron en paralelo o incluso en contra de los partidos y/o sistemas de partidos. Allí se pudo ver que las pautas de identidad social y política tendieron a forjarse fuera de los partidos (en las universidades, por las redes sociales y a través de organizaciones de la sociedad civil, entre otros sitios). En otras palabras, los partidos que durante décadas fueron teorizados como los actores centrales en la expresión, canalización y procesamiento de las demandas sociales, como representantes de la sociedad (Offerlé, 2003), parecerían haber perdido su protagonismo.

Sin embargo, llama la atención que, en paralelo, en otras naciones los partidos parecen haber conservado su centralidad en la gestión de demandas sociopolíticas (Argentina, Uruguay), o incluso han desarrollado o reforzado esas capacidades (Bolivia, Ecuador). ¿Por qué se registra un “desapego” entre sociedad y partidos políticos en algunos países, y en otros no?

Este trabajo se inscribe en una agenda de investigación de la ciencia política global sobre la existencia de una “crisis” de la representación o crisis de los partidos (entre otros: ^{Norris, 1999}; ^{Przeworski, Stokes & Manin, 1999}; ^{Mair, 1997}; ^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}), o de “transformación” de las pautas de representación (^{Katz & Mair, 1995}; ^{Manin, 1996}).

Aquí se procurará contestar a dicha pregunta a partir del análisis de los movimientos sociales que constituyeron lo que varios órganos de prensa internacionales llamaron “la primavera latinoamericana”. Así pues, se han de destacar las condiciones -sociales, societales y políticas- que permiten explicar los motivos de la autonomización de los movimientos sociales con los partidos.

En un primer momento se abordan las cuestiones teóricas y conceptuales para entender de qué se trata cuando hablamos de sociedad civil, movimientos sociales y representación política. En un segundo momento se aterrizarán estas nociones en la experiencia latinoamericana, con especial énfasis en el periodo postransicional. Luego se realizará un estudio comparado de los ocho casos más significativos del periodo. De este modo se habrá de entender cómo se diferencian entre sí y cuáles son los mecanismos causales que permiten entender la presencia o ausencia del fenómeno de declive de la representación política.

Sociedad civil, movimientos sociales y representación política: entre confianza y desconfianza

Los principios democráticos gozan hoy de un amplio consenso, ya sea como horizonte deseable o como una realidad en constante perfeccionamiento. A partir de esta constatación, en los últimos años han surgido sinnúmero de estudios e informes sobre la “calidad de la democracia” en el mundo, y los ingredientes para mejorarla o profundizarla. Por tanto, porque un gobierno representativo constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para que una sociedad pueda considerársele como democrática (^{Manin, 1996}; Munck, 2012), el grueso de la literatura se ha concentrado esencialmente en los mecanismos de generación o consolidación de la “confianza” acerca del sistema político y sus principales actores, esto es, los partidos. Este rubro abarca trabajos sobre sistemas electorales (^{Przeworski, Stokes & Manin, 1999}; ^{Thomassen, 2014}), inclusión de pautas de democracia directa (^{Rosanvallon, 2006}; ^{Alonso, Keane & Merkel, 2011}), perfil de las élites políticas (^{Putnam, Leonardi & Nonetti, 1993}; ^{Higley & Gunther, 1992}; ^{Von Beyme, 2007}), etc. Un tema recurrente de esta literatura apunta, tras los progresos de la abstención en las democracias occidentales, a una supuesta “crisis” de los partidos o, de forma más amplia, a una crisis de la representación.

Por otro lado, llama la atención la escasez de trabajos sistemáticos sobre los mecanismos y actores de la “desconfianza” (^{Rosanvallon, 2006}), los cuales podrían consistir en la vigilancia, la obstrucción o fiscalización de la política, por parte de una ciudadanía crítica (^{Norris, 1999}) formada por ciudadanos comunes y corrientes. Estos mecanismos de desconfianza se expresan visible durante el ejercicio del poder, o sea, en los momentos que se encuentran entre dos episodios electorales, y constituyen la principal expresión de lo político (^{Mouffe, 2007}). Entendemos, por tanto, que este es el espacio en el que se expresa y materializa la llamada “sociedad civil”.

Asimismo, siguiendo a ^{Wnuk-Lipinsky & Bukowska (2011)}, podemos analizar la relación de la sociedad civil con el Estado de tres formas dinámicas: a) la sociedad civil como un complemento de la acción del Estado (Estado de bienestar); b) un precursor a la acción del Estado (p. ej., el Estado mínimo), y c) “un competidor” de la acción del Estado (p. ej., la lucha contra una dictadura). Desde ya podemos subrayar que recientemente en América Latina, en su mayor parte, la sociedad civil ha pasado a alternar relaciones con el Estado siguiendo los modelos b y c. Y que la adopción de políticas neoliberales y la consecuente transformación de la matriz socioeconómica (^{Maillet, 2015}) han contribuido varias veces al desmantelamiento del Estado de bienestar dificultando la ocurrencia de una relación de corte “complementario” entre sociedad civil y Estado (el caso a).

Vemos, no obstante, que estas relaciones con el Estado y sus órganos de representación pueden abarcar una multitud de hechos de acciones colectivas y expresiones de la ciudadanía. Dado que el objetivo de este trabajo consiste en entender cómo esta última se vincula visiblemente con la representación política, en otras palabras, cómo los ciclos de protesta encuentran eco o respaldo en la esfera política, delimitaremos en este trabajo la concepción de sociedad civil en su expresión de mayor índole participativa (por ende “visible”), materializada a través de su expresión movimentista, en oposición a su expresión organizacional/institucional (p. ej., las ONG). Asimismo, entendemos los movimientos sociales, siguiendo a ^{Tarrow (1998)}, ^{Della Porta & Diani (2006)} y ^{Goodwin & Jasper (2015)}, como colectivos organizados cuyo propósito consiste en desafiar o impugnar la acción de un gobierno, democrático o no, o influir en la adopción de cambios culturales y/o legales (p. ej., la adopción de una ley de aborto).

Finalmente, en cuanto al distanciamiento o autonomización (Hannagan, 1998) de los movimientos sociales vis-à-vis de los partidos políticos, parece necesario tener mucho cuidado cuando se discute este fenómeno. De igual modo, como señalan ^{Gurza & Szwacko (2015)}, la autonomía no supone ausencia de relación; en tanto que la capacidad de inclusión de la mayor parte de las preferencias de los representados depende del grado de representatividad de un sistema político (^{Dahl, 2002}).

En consecuencia, si la autorización y fiscalización de los representantes opera por medio del mecanismo de la elección, la captación de los intereses y preferencias de los representados es entonces el elemento más crítico de la representación política. En efecto, la identificación y defensa de los intereses de los representados proceden de un doble origen: son a la vez expresadas desde la base por los propios representados, y son “producidas” por los propios representantes o candidatos a representantes (^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}; ^{Alonso, Keane & Merkel, 2011}). De esta forma, la responsividad supone a la vez una aplicación congruente de los intereses de los ciudadanos, y una aplicación de las prioridades expresadas por los propios representantes.

En las democracias modernas, este proceso de representación, expresión y defensa de las prioridades se ha canalizado y publicitado mediante agremiaciones institucionalizadas: los partidos políticos (Offerlé, 2003). De hecho, durante la mayor parte del siglo XX los partidos encarnaron la principal fuente de formación y construcción de identidades colectivas, ideologías e intereses políticos y sociales (^{Diamond & Gunther, 2001}). En consecuencia, los partidos son actores centrales en cuanto a la emergencia, articulación y regulación de conflictos sociales (^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}). En otras palabras, los partidos actúan como intermediarios entre la sociedad, o las partes de la sociedad que representan, y el Estado.

Pero el fin de la guerra fría y el derrumbe de las ideologías marxistas produjeron a nivel global una convergencia creciente de las ideologías y programas partidarios, lo que ha llevado a una pérdida de los marcadores de identidad política y partidaria por parte de los ciudadanos.

Por otra parte, el rol de los partidos políticos y su legitimidad para representar efectivamente los intereses de los ciudadanos han sido cuestionados y criticados de forma repetida, lo que ha motivado una creciente desconfianza ante ellos (^{Przeworski, Stokes & Manin, 1999}; ^{Alonso, Keane & Merkel, 2011}). Paradójicamente, como lo señalan ^{Bardi, Bartolini & Trechsel (2014b)}, pese a este descontento y decepción vis-à-vis del accionar de los partidos, nunca en la historia estos tuvieron personeros tan cualificados para diseñar políticas públicas y, sobre todo, un acceso tan grande a los recursos del Estado.

Para otros autores, la representación política entró en una fase aún sin acabar de profunda reestructuración o “metamorfosis” (^{Manin, 1996}; ^{Mair, 1997}). Para estos autores, esas nuevas pautas de la representación están marcadas por una relación más fluida y volátil con los partidos, en la que la principal característica es una desintermediación o personificación creciente del vínculo entre el/los representante(s) y los representados. Los aparatos partidarios se limitan, en esta nueva configuración de la representación, al papel de maquinaria institucional y plataforma de selección de los candidatos, con el principal objetivo de asegurarse un acceso a los recursos del Estado (^{Katz & Mair, 1995}; ^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014a}).

Finalmente, para concluir estas consideraciones conceptuales, es necesario insistir en que tanto los movimientos sociales como los partidos políticos son actores heterogéneos dentro de los cuales suelen existir controversias y desacuerdos sobre los objetivos y las estrategias a seguir (^{Tarrow, 1998}; ^{Mair, 1997}).

El Estado, los movimientos sociales y los partidos políticos: modelizando las pautas de interrelación

El primer postulado considera la presencia del Estado, materializado por su gobierno, en la esfera socioeconómica. En un primer tiempo se mostró que la ciudadanía mantiene una relación con la acción del gobierno que puede oscilar entre la complementariedad, la sustitución y la competición. De esta forma, siguiendo a Liebermann (2002), ^{Soifer (2012)} y ^{Maillet (2015)}, consideramos la acción del gobierno a través de su “capacidad de acción”, expresada en recursos disponibles para el desarrollo de programas sociales y/o de intervención en la economía (en otras palabras, su “tamaño”). Por ende, cuanto mayor es el gasto público de un gobierno -en relación al PIB-, mayor es su papel intervencionista. Por otra parte, si el gobierno tiene un bajo grado de intervención, menor es su propensión y “capacidad” para financiar medidas sociales (^{Henjak, 2010}; ^{Roberts, 2015}). Si los recursos son muy limitados, la sociedad civil deberá buscar otras fuentes de financiamientos, o actores capacitados para llevar a buen puerto sus reivindicaciones (^{Della Porta & Diani, 2006}; ^{McCarthy & Zald, 2001}). Entonces nuestra primera hipótesis establece que:

Hipótesis 1. Cuando el gobierno está poco presente en el desarrollo socioeconómico, la sociedad civil asume una postura más autónoma.

El segundo postulado trata de la cultura política como condición que produce una relación entre partidos y sociedad civil. De hecho, bastante se ha escrito sobre la importancia de la presencia o desarrollo de una cultura política democrática cuando se producen cambios y resoluciones de conflicto (^{Putnam, Leonardi & Nonetti, 1993}). El concepto de cultura política democrática está fuertemente vinculado con la noción de tradición democrática, la cual remite a un “legado” en términos de instituciones y accionar político y democrático. El concepto contiene, por tanto, una dimensión dinámica y fluctuante, por lo que puede ser marcado por distintos procesos de avances, consolidación y retrocesos (^{Kitschelt, Hawkins, Luna, Rosas & Zechmeister, 2010}). De igual modo, la producción y el desarrollo de un capital político y democrático proceden de una experiencia prolongada de contienda democrática. Es decir, se requieren muchos años de vivencia democrática para que una sociedad desarrolle una cultura política democrática y las élites políticas adopten visos democráticos (^{Diamond & Gunther, 2001}). Mientras que la formación de alianzas entre los distintos sectores de la sociedad civil con los actores políticos son frutos de aprendizajes, creación de confianza recíproca e institucionalización de las pautas de relacionamiento (^{Gerring, Bond, Barndt & Moreno, 2005}). Todo esto requiere de tiempo. Sin contar que retrocesos democráticos (p. ej., los golpes de Estado) pueden venir a debilitar esta relación o, peor aún, romper la confianza entre los diferentes actores. Por ello es que se espera que ahí donde la experiencia democrática es más larga, la relación entre partidos políticos y sociedad civil tendría que ser más fluida. De aquí resulta una segunda hipótesis:

Hipótesis 2. Ahí donde la tradición democrática es larga, la sociedad civil habrá desarrollado relaciones estrechas con la clase política.

El tercer postulado tiene como punto de partida la identificación de las ofertas políticas. En las democracias representativas, la organización y la estabilidad del sistema recaen tradicionalmente en marcadores identitarios. Los partidos se reconocen entre sí y se oponen o alinean alrededor de elementos estructurales de demarcación, también llamados clivajes (^{Evans & De Graaf, 2013}; ^{Mair, 1997}). El principal interés de la teoría de los clivajes consiste en el estudio de la materialización de la representación de los conflictos sociales sobre la escena política y, en particular, sobre el sistema de partido. Entendemos aquí el concepto de clivaje como una combinación de orientaciones en torno a intereses anclados en la estructura social, cultural o ideológica de la sociedad, ordenándola en torno a polos de pertenencia identitaria identificables (^{Bartolini & Mair, 1990, p. 216}). Tales intereses se expresan de forma tridimensional desde la esfera i) estructural, esto es, estar presente en la sociedad; ii) institucional, como representación de oposiciones identificables de manera durable, y iii) actitudinal, si los agentes se relacionan en función y alrededor del clivaje.

Ahora bien, hemos visto que los partidos han operado profundas transformaciones en sus estructuras y formas de actuación (^{Manin, 1996}; ^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}). En tanto que el principal objeto de la contienda política radicaría en el control de las prebendas del Estado, antes que en la oposición de ideas e ideologías (^{Katz & Mair, 1995}). Es así que las posiciones ideológicas de los partidos se vuelven más borrosas y fluctuantes, y menos previsibles (^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}). En consecuencia, la confianza de los movimientos sociales, y de la ciudadanía en general, en los partidos políticos se encontraría alterada: la incapacidad o dificultad en identificar posturas claras dentro del sistema de partidos aumentaría los costos de apoyo -en imagen, credibilidad y organización- hacia uno u otro partido. Y al contrario, si un sistema político se encuentra alineado alrededor de un clivaje fuerte, la oposición de posturas políticas claras volvería más identificable su traducción en políticas públicas. En este caso, el costo del apoyo para un partido político que proviniera de un movimiento social vendría a ser menor. Así surge una tercera hipótesis:

Hipótesis 3. Cuando las opciones políticas son bien identificables, los vínculos entre los movimientos sociales y los partidos políticos son más fuertes.

El cuarto y último postulado se refiere a la intensidad del conflicto político y la polarización de la sociedad. Este postulado se inscribe en la continuidad del anterior sobre los clivajes, pero introduce la noción de radicalización e intensificación del conflicto sociopolítico. Si en presencia de una contienda los partidos pueden ocupar un rol de mediadores o reguladores serán también actores de la radicalización de la sociedad, alimentando e incorporando elementos de tensión entre oposiciones preexistentes (^{Sani & Sartori, 1980}). Aquí la noción de “polarización” de la contienda política quiere decir expresión confrontacional o “centrífuga” (Sartori, 1976) que va más allá de una oposición política entre dos polos.

Así, en sociedades consensuales, la supervivencia o el acceso al poder, se hace de forma pacífica siguiendo los marcos ya determinados (Lijphart, 1999). El costo de una derrota no sería tan vital para los actores si mantienen su presencia. Mas cuando el costo de perder el poder o de quedar en la oposición se vuelve intolerable para estos actores, sus posiciones se radicalizan (^{Moraes, 2015}).

De este modo, una situación se polariza cuando las posturas se vuelven centrífugas, esto es, que se mueven hacia los extremos ideológicos y comportamentales. En este aspecto la polarización o radicalización de los antagonismos recurre tradicionalmente al registro de las emociones como catalizador o amplificador de las posturas (^{Berezin, 2001}), con una fuerte dualidad lexical de la relación Amigo/Enemigo, à la Carl Schmitt. En estas condiciones, las tentativas de mediación o pacificación son extremamente difíciles. E igualmente se vuelve difícil para cualquier actor el adoptar una posición neutral (^{Cohen & Arato, 1992}). Con el miedo de una derrota, o buscando derrotar a un enemigo definido, cada bando o polo procura agregar apoyos en los diferentes niveles de la sociedad (Ribeiro & Borba, 2015; ^{Roberts, 2012}). Tenemos así la cuarta hipótesis:

Hipótesis 4. Cuando una sociedad se polariza, los partidos políticos se (re)aproximan a la(s) sociedad(es) civil(es).

Esta hipótesis se vincula estrechamente a la precedente, pero incluye una dimensión suplementaria. De hecho, sin la presencia de una fractura política o clivaje, no hay polarización. Pero puede haber clivajes que no generen polarización de la sociedad. Y el timing es importante. Un clivaje puede eventualmente llevar a una polarización de la sociedad. Y el antagonismo entre bandos o líderes políticos, factor de polarización de la sociedad puede plasmarse también en un clivaje político. Por ello, se ha decidido separar estas dos condiciones.

Delineado el modelo teórico de este trabajo, enseguida se procederá al estudio empírico. Aunque primero se presentarán los sistemas políticos de la región y un levantamiento de los indicadores para el posterior testeo de las hipótesis arriba propuestas.

Dichas hipótesis se fundamentan en la naturaleza exploratoria de este trabajo. Si bien los fenómenos sociales -y en particular los movimientos sociales y relaciones políticas- admiten diversas explicaciones, más aún cuando se analizan diacrónicamente, seguimos las consideraciones de ^{Gerring & Mahoney (2012)} y Lijphart (1999) en relación con el espectro de las comparaciones. Lo que también se aplica si para un estudio de caso los mecanismos causales precisan de un grado de refinamiento y precisión importantes. Y cuando en los estudios de n grande prevalece la tentación de medir la probabilidad del impacto de una o pocas variables sobre un resultado, se adopta una perspectiva intermedia. Dado que se trata de ocho casos y que la perspectiva comparada limita la posibilidad de casuística, se ha de procurar seleccionar esas cuatro variables explicativas intervinientes dejando abierta la posibilidad de incluir nuevas condiciones, sean por separado o en “combinación” con una o algunas más.

Tenemos conciencia de que la pregunta acerca del número suficiente y/o relevante de las condiciones testeadas es lo propio de todo trabajo de tipo comparado. Esta preocupación sobre “omisión de variables” (King et al., 1994) supone que al omitir o descartar una variable se abre la posibilidad de que el análisis causal sobre el fenómeno por explicar se corrompa (Radaelli & Wagemann, 2018). Esta es una de las principales características que diferencian el enfoque cualitativo del cuantitativo, la cual consiste en que el cuantitativo concibe como “resto” (“μ”) o error (“ε”) lo que queda fuera del modelo. Ya la perspectiva cualitativa deja espacio para posibles caminos alternativos (principio de multicausalidad y equifinalidad).

Por ello aquí se acepta la posibilidad de caminos alternativos, que a fin de cuentas no invalidarían necesariamente los hallazgos que se presentarán en la próxima sección.

Partidos, sistemas de partidos y la emergencia de una ciudadanía de la “desconfianza” en América Latina

En 2001, en pleno “corralito” y en medio de sus efectos directos y devastadores sobre la matriz socioeconómica en la Argentina, apareció la consigna “¡Qué se vayan todos!” contra la clase política, y más precisamente contra el gobierno de De la Rúa. Este, efectivamente, acabaría yéndose por helicóptero a los pocos días, y solo dos años después de asumir como presidente. Vale recordar que a esa petición famosa le siguió de inmediato otra: “¡Elecciones ya!”, demostrando así que los argentinos no renunciaban al juego democrático ni dejaban de confiar totalmente en sus partidos políticos. De hecho, la crisis del 2001 tuvo como principal consecuencia la atomización de la centenaria Unidad Cívica Radical (UCR) y la aparición de una miríada de pequeños partidos “panradicales” más o menos estructurados. Llama la atención que, desde un punto de vista sociopolítico, desde entonces no se ha registrado ningún movimiento importante en contra de la clase política de este país. Es más, los partidos se conservan como los principales interlocutores y canalizadores de las demandas y movilizaciones sociales. Contra lo esperado, la crisis de 2001 en Argentina, con sus consecuencias sociales desastrosas, no produjo una apatía política generalizada ni un distanciamiento de los argentinos con su clase política.

Esta primera gran confrontación de la ciudadanía con su clase política inauguró una ola de desconfianza hacia los partidos en América Latina. En tanto que la aparición mediática de casos de corrupción en varios países condujo a un auge de la fiscalización de los gobiernos y un empoderamiento ciudadano en relación con la rendición de cuentas. Este auge de la desconfianza en la región parece haber influido en la confianza en los partidos y en la participación política.

La forma más utilizada y publicitada para visibilizar y materializar la desconfianza ciudadana proviene de encuestas de opinión sobre temáticas generales y variadas. De estas una de las más comentadas en los años recientes, ha sido el sondeo del grado de desconfianza o confianza de las sociedades con sus partidos políticos. Cabe acotar que la tendencia global es la de una ciudadanía cada vez más crítica de sus representantes y órganos políticos (^{Norris, 1999}). Por su parte, se ha constatado que en Latinoamérica, desde la primera década de los dos mil, numerosas encuestas presentan la creciente pérdida de crédito de las instituciones políticas.

En la Tabla 1, a partir de datos de Latinobarómetro, se han computado dieciocho años de la evolución de la confianza hacia los partidos políticos para los países involucrados en el presente estudio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, y se observa que el grado de confianza general en sus partidos políticos de las sociedades latinoamericanas es bastante bajo: en torno al 21% como promedio, tomando como horizonte el 2011, es decir, el año en que se inició la ola de movilizaciones en Latinoamérica.

Antes de sacar conclusiones, es interesante comparar los datos de América Latina en general con los de democracias supuestamente “rutinizadas” como las de Europa. Sorprendentemente, el nivel de confianza de los latinoamericanos en sus partidos (véase más abajo) se encuentra por encima del de los europeos. La falta de crédito de los partidos políticos parece que no solo es un fenómeno latinoamericano sino mundial (^{Albala & Vieira, 2014}).

Ahora bien, el impacto y las consecuencias de estos bajos niveles de confianza en los partidos son diversos en función del grado de cultura política y democrática de los países citados. En efecto, para las democracias consolidadas el crecimiento de la desconfianza ocurriría, aparentemente, sin poner en peligro el orden político y democrático² (^{Norris, 1999}; ^{Bardi, Bartolini & Trechsel, 2014}). Sin embargo, la situación es preocupante cuando existe una cultura democrática débil y/o sociedades civiles poco desarrolladas, o donde la tentación autoritaria tiene mayor probabilidad de presentarse como alternativa viable o aceptable (Moisés, 2011, 2017).

Por otro lado, los datos de las encuestas muestran una cierta correlación entre los niveles de confianza en los partidos con el advenimiento de crisis económicas en la región. Las fechas seleccionadas (1997, 2002, 2007, 2011) se corresponden con los niveles inmediatamente previos y posteriores a las mayores crisis económicas experimentadas en Latinoamérica (entre 1998 y 2001) y con la reciente crisis económica mundial que sacudió en particular a Europa (2008-2012).

De esta forma, los niveles de desconfianza en los partidos parecen vincularse al contexto y a la percepción de la performance, sobre todo económica (^{Della Porta & Mattoni, 2014}), de los gobiernos de los países considerados. No obstante, un dato llama la atención: los países con los niveles más bajo de confianza en los partidos en 2011 son también los que experimentaron las principales movilizaciones sociales recientes, de tipo apartidista o antipartidista, a saber: Brasil, Chile, Colombia y México (con 16, 17, 17 y 18% de confianza en los partidos, respectivamente). Esta tendencia se confirma e incluso se profundiza, cuatro años después (2015), con niveles a la baja.

Pero aun con estos indicios, es muy temprano para sacar conclusiones vinculando la desconfianza hacia los partidos políticos con el desapego de estos vis-à-vis la sociedad civil, situación en la que la desconfianza sería expresión del desapego.

Testeo del modelo teórico: las vinculaciones entre partidos y sociedad civil en América Latina

Dado el número relativamente bajo de casos considerado en este estudio (8), el enfoque metodológico que aquí se adopta -con tal de determinar cadenas de causalidad para explicar el fenómeno de autonomización de los movimientos sociales en la región- será de corte cualitativo-comparado. Por ello, para el testeo de las hipótesis propuestas, se retoma en este artículo el enfoque de comparación configuracional QCA (Qualitative Comparative Analysis), método que permite la posibilidad de rastrear “configuraciones de causalidad” a partir de un “resultado” dado (Ragin & Rihoux, 2009).

Este método es cualitativo por esencia debido a que no procura construir una relación probabilística para explicar la ocurrencia de un fenómeno, sino que incorpora las nociones de equifinalidad y asimetría causal (^{Gerring & Mahoney, 2012}). Por equifinalidad se entiende el hecho de que varios caminos o configuraciones causales pueden explicar un mismo resultado. O sea, que la ocurrencia de un resultado Y puede explicarse tanto por la presencia de una condición o variable X, como, eventualmente, por W o Z. Un ejemplo típico de esto es el fenómeno de la obesidad. Una persona obesa puede serlo tanto por un disturbio alimenticio (X), como por una vida sedentaria (W) o un problema hormonal (Z). De esta forma, el resultado Y sería potencialmente explicado por X+W+Z.³ Desde luego, es posible que una persona sea obesa por la conjunción de estas tres condiciones (X*Y*Z).

Por otro lado, se entiende por simétrica una relación causal donde un aumento de X produce un aumento de un resultado Y, o cuando la disminución de X produce la disminución de Y. Una relación causal asimétrica significa entonces que la ausencia de una condición no conduce necesariamente a la ausencia del resultado. Dicho de otro modo: si X produce Y, entonces ~X no lleva necesariamente a ~Y.⁴ Por ejemplo, la ausencia de un disturbio alimenticio (~X) no supone necesariamente que una persona no sea obesa (~Y).

Como se observa, el recurso del QCA permite la materialización de los distintos caminos causales para un resultado (“equifinalidad”) y supone el testeo constante de un resultado positivo (presencia) o negativo (ausencia) con tal de testear lo verosímil de los caminos encontrados. Así, un mismo camino no puede producir al mismo tiempo un resultado positivo (1) y uno negativo (0).

Por otro lado, el QCA, además de contemplar las nociones de equifinalidad y simetría, incorpora una dimensión configuracional, entendiendo esto como que una condición por sí no tiene necesariamente un impacto directo sobre un resultado. Una condición a veces necesita operar en combinación con otra para producir un resultado. Por ejemplo, el agua que se calienta a 100° no hierve necesariamente, para ello precisa que esa temperatura la alcance bajo cierta presión atmosférica (cercana al nivel del mar). Sin una de estas condiciones, el agua no hervirá. El QCA opera igual, busca combinaciones de condiciones (X*W).⁵

Este método tiene la gran ventaja de mantener un contacto constante con los casos en presencia, y que mantiene un control total sobre las variables y los valores que a estas se les atribuye, limitando de este modo las confusiones o errores en el cómputo de los datos y valores asignados. Además, visibilizar todos los casos al mismo tiempo en una tabla simple, permite una comparación sistematizada de los diferentes caminos causales. Mientras que generar configuraciones de variables da la pauta para considerar y presentar relaciones causales más complejas.

La lógica del QCA consiste, asimismo, en establecer los caminos causales, o “configuraciones de condiciones” (^{Schneider & Wagemann, 2012}), que lleven a explicar un resultado dado siguiendo las nociones de suficiencia y/o necesidad. Se considera que una condición o conjunto de condiciones es “suficiente” para explicar un resultado cuando su sola presencia explica el resultado. Es decir, que basta que una condición X esté presente para que se produzca el fenómeno Y (X => Y). Se entiende como “necesaria” una condición, o conjunto de condiciones, sin lo cual el resultado no existiría. Dicho de otra forma, para que tengamos Y, es preciso que haya X (X <=Y). De la misma manera, considerando que el QCA es un método configuracional que incorpora las nociones de equifinalidad potencialmente permite que sean varias configuraciones de condiciones (X*W + X*~Z) que expliquen un resultado (Y).

El formato más conocido del QCA, el “crisp set” QCA o CS QCA, supone una dicotomización (1/0) de los valores de las condiciones, lo que equivale a operacionalizaciones de tipo ausencia/presencia o alto/bajo, en función de la hipótesis a testear. Lo mismo vale para los resultados que se van a explicar (presencia/ausencia o alto/bajo). Por tanto, este método representa una línea de corte bastante clara y/o justificada teórica o racionalmente, con base en la literatura o argumentos racionales. Aun así, aquí se ha elegido adoptar un recurso más refinado que el QCA original, y se adoptará el método multi value QCA (notado mvQCA) que conduce a un refinamiento mayor, que da la posibilidad de tener valores intermediarios para algunas condiciones con tal de obtener jerarquías del estilo alto/mediano/bajo (2/1/0). Enseguida se describe el proceso y los criterios de operacionalización y calibración.

Operacionalización de las hipótesis

En esta sección se presentan los indicadores y fuentes utilizados para operacionalizar las hipótesis arriba enunciadas a partir de variables, o “condiciones”, siguiendo la terminología del método configuracional. Se comienza con el fenómeno por explicar, esto es, la variable dependiente o resultado, y luego se codificará cada condición siguiendo el orden de las hipótesis. Más adelante se recapitulará todo en un cuadro, lo que permitirá vincular cada condición con la hipótesis a la que se remite.

Visibilización y comparación de los caminos de causalidad

Antes de proceder al testeo de las variables, vale la pena computar todos los casos en función de los criterios de calibración resumidos en la Tabla 2, con el fin de mantener un contacto con la empiria. A partir de esto, se describirá el proceso metodológico para identificar los caminos causales que implican el mantenimiento de los lazos entre partidos políticos y movimientos sociales o, por el contrario, su desapego.

Por otra parte, en la Tabla 3 se han ordenado los nueve casos de este trabajo, inscribiendo de forma visible los valores atribuidos para cada país comparadamente. En la última columna se observan los valores dicotomizados (1/0) con el resultado (result), es decir, si los partidos mantuvieron lazos con los movimientos sociales (1), o no (0).

Así, siguiendo la discusión teórica arriba citada, y con base en los datos de la Tabla 3, se puede resaltar que la “combinación teórica ideal”, o más propensa para entender la permanencia, o creación, de fuertes lazos entre sociedad civil y partidos político, se podría notar como EST(1)*CULT(2)*CLIV(2)*POL(1) =1.⁸

Esta combinación teórica ideal se lee así: cuando un Estado intervencionista (EST=1) combina con una Tradición democrática alta (CULT=2) un fuerte clivaje sociopolítico (CLIV=2) y una polarización de la sociedad (POL=1), esto produce que los partidos mantienen o tienen una relación fuerte con los movimientos sociales (RESULT=1).

Por lo contrario, para explicar el resultado 0, es decir, la autonomización de los movimientos sociales con los partidos políticos, el camino teórico ideal sería EST(0)*CULT(0)*CLIV(0)*POL(0)=0. Que se leería: si a un Estado poco intervencionista (EST=0) se le suma una tradición democrática baja (CULT=0), una competición política sobre bases borrosas (CLIV=0) y una sociedad consensual (POL=0), entonces tendremos movimientos sociales autonomizados de los partidos políticos (RESULT=0).

La idea de usar este método consiste, justamente, en valorar si alguna condición o conjunto de condiciones consiguen ser más relevantes para explicar el fenómeno observado.

Resultados

Para procesar el testeo de las hipótesis se ha recurrido al software simplificado Tosmana. A continuación, se describen los resultados y hallazgos de esta investigación. Comenzaremos analizando los caminos causales conducentes a los resultados positivos (RESULT=1), luego los negativos (RESULT=0). Por tratarse de una contribución exploratoria, el analisis QCA será limitado a los casos existentes, es decir, que no se incluirá el análisis de los remainders (remanentes lógicos), los cuales consisten en casos ocultos que podrían teóricamente existir, pero que no encuentran expresión empírica en nuestro muestreo (^{Medina, Castillo, Álamos-Concha & Rihoux, 2017}).

El mantenimiento o creación de vínculos entre partidos políticos y sociedad civil

El primer hallazgo es bastante significativo, pues muestra que para que los partidos políticos mantengan o creen lazos con la sociedad civil es preciso que su oferta política sea identificable. La presencia de un clivaje fuerte (CLIV=2) aparece como condición suficiente y necesaria para prevenir de la autonomización de los partidos, lo que confirma nuestra tercera hipótesis (H3): Cuando las opciones políticas son bien identificables, los vínculos entre los movimientos sociales y los partidos políticos son más fuertes. Este proceso causal admite la siguiente notación: CLIV(2) < = > RESULT (1).

De igual modo, si la polarización de una sociedad parecería una condición suficiente para que la sociedad civil deba mantener vínculos con los partidos (POL(1) => RESULT (1)), el caso uruguayo (con los datos CLIV=2/ POL=0) muestra que no es una condición necesaria. Esto es, que no hace falta que una sociedad se polarice para que sus partidos forjen vínculos con la sociedad civil. Este hallazgo, que da la pauta a diferenciaciones entre los casos (Figura 1), propone la pregunta sobre la deseabilidad de la polarización. Si en términos de calidad de la democracia aparece como deseable que los partidos mantengan ciertos vínculos con la sociedad civil para asegurar y reforzar su responsividad y rendición de cuenta (^{Rosanvallon, 2015}; Munk, 2012 ; ^{Moises, 2010}), ¿a qué costo se debe realizar esta relación?

Figura 1 Relación entre polarización de la sociedad y autonomización de los movimientos sociales (2011) 

Uruguay, como se constata, constituye el caso equilibrado de una sociedad consensual que convive con un sistema partidario responsivo y responsable. En tanto que la polarización reciente de la sociedad brasileña, signada por un reacercamiento entre partes de la sociedad civil con los partidos políticos alrededor de la oposición de apoyo o rechazo al proceso de impedimento de la presidenta Dilma Rousseff, origina ciertas dudas sobre el costo de dicho reacercamiento. Esto confirma nuestra hipótesis 4, la cual afirma que allí donde haya polarización, la sociedad civil y los partidos políticos tienden a crear o volver a crear lazos fuertes.

En otro aspecto, se observó que en Brasil, desde el inicio del segundo mandato de Rousseff (Partido de los Trabajadores), los principales movimientos (Vem Para Rua y Movimento Brasil Livre) que demandaron desde marzo de 2015 la destitución de Rousseff, se acercaron a los partidos de oposición para conseguir su objetivo, esencialmente al partido Movimiento Democrático Brasileño (pmdb), al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y al Demócrata (DEM). Enfrente, después de cierto alejamiento, el Partido de la presidenta ha vuelto a tejer lazos con los movimientos sociales: Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) y Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre otros, con los cuales solía mantener vínculos fuertes hasta mediados de la primera década de los dos mil, con tal de generar una base de apoyo para impedir la destitución de Rousseff. Todo este contexto condujo, y alimentó, una fuerte e inédita polarización de la sociedad brasilera, y su corolario de intolerancia política. Eso confirma nuestra hipotesis 4 dado que, en un clima de (re)polarización de la sociedad, los movimientos sociales tienden a (re)acercarse a los partidos políticos.

Estas consideraciones se suman a la temática de la confianza. En la Tabla 3 puede mirarse que lo países de la muestra de este artículo que contienen los sistemas políticos más identificables (véanse los valores de CLIV=2) son también los países donde los partidos políticos gozan de la menor desconfianza en la región.

El proceso de autonomización de los movimientos sociales con los partidos políticos

El análisis para indagar cuáles son los caminos que llevan a la autonomización de los partidos trae hallazgos con dos caminos causantes del resultado.

Primero, se confirma la importancia de los clivajes. Cuando la competición política es borrosa -allí donde el clivaje sociopolítico es poco identificable- se dio un desapego de los movimientos sociales con los partidos políticos. Así, de acuerdo a la Tabla 3, Brasil y Colombia son los únicos casos que muestran un sistema de partidos sin clara definición de las líneas de demarcación entre los distintos polos. Esta aseveración tiende, sin embargo, a matizarse en ambos países. Por otro lado, Chile y México, con un sistema de partidos ordenado alrededor de un clivaje moderado, presentan una autonomización de sus sociedades civiles con los partidos políticos. Se puede adelantar entonces que un clivaje débil (CLIV=0) o moderado (CLIV=1) es suficiente para producir el desapego entre estos dos actores.

De hecho, los procesos de desintermediación partidaria de los movimientos sociales en Brasil podrían compararse con los de Chile, en cuanto a que los partidos que tradicionalmente tuvieron capacidad de convocatoria y fuerte vinculación con los movimientos sociales están hoy en el poder y lo están ocupando o lo ocuparon por un tiempo bastante largo: quince años para el Partido dos Trabalhadores (PT) y aliados en Brasil, y 23 años para el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) en Chile. Al estar en el poder todo este tiempo, esos partidos han perdido motivación para mantener en alerta sus bases (no iban a movilizarse contra sí mismos), y se han dedicado a controlar la captación de los recursos del Estado, siguiendo la definición de los partidos cártel de ^{Katz & Mair (1995)}. Un buen ejemplo en este sentido es el PT brasilero, tradicionalmente vinculado a movimiento sociales como los Sin Tierra (MST) o Sin Techo (MTST), los cuales se distanciaron ya en el segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. En Chile no se debería subestimar el impacto del sistema electoral binominal que desmotivó la competición partidaria y la emergencia de identidades políticas alternativas.

Pero la posición intermedia (valor 1) de esta condición no supone la negación de su presencia. El valor intermedio consiste en una posición metodológicamente neutral. La definición misma de “clivaje moderado” debe tomarse con cautela, dado que puede corresponder a realidades muy distintas.

Respecto a Chile, desde la vuelta a la democracia el clivaje estructurador del sistema de partidos se resume en la oposición apoyo/rechazo al legado de Pinochet. Durante veinte años los partidos se ordenaron alrededor de esta línea, consiguiendo unir casos tradicionalmente opuestos, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. No obstante, desde 2010 este clivaje se debilitó. La emergencia del Partido Progresista (PRO), fuera de las líneas establecidas, es sintomático de esta pérdida de relevancia (^{Alcántara & Tagina, 2013}).

En México, el sistema de partidos inició un (re)ordenamiento en torno a líneas de oposición que tienden a asentarse, por lo que se estaría ante un clivaje en vías de estructuración y consolidación. Por ello, solo se han considerado los valores bajos de esta condición suficiente, cuya notación sería CLIV(0) => RESULT (0).

Nuestro estudio muestra que la presencia del Estado es de suma importancia para entender la autonomización de los movimientos sociales. Como lo constata el Gráfico 1, los tres países con el menor grado de intervencionismo del Estado en el desarrollo socioeconómico, por debajo de la línea de corte (Chile, México y Colombia), reportan el resultado 0, lo que confirma nuestra hipótesis 1. La negativa es cierta también: ningún caso con resultado 1 registra bajos niveles de intervencionismo del Estado en el proceso desarrollista. La ausencia del Estado es entonces suficiente para producir el desapego de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos. Podemos notar la relación causal como EST(0) => RESULT(0).

Notas: La línea horizontal fijada en 31.5% representa el punto de corte para determinar si un Estado es intervencionista o no. Notemos que algunos niveles, como el de Colombia, se elevan por los gastos militares, si por carecer de un vínculo desarrollista capaz de influir sobre la sociedad civil, se les eliminara, Colombia estaría al nivel de Chile.

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{FMI (2102)}.

Gráfico 1 Grado de intervención del Estado en el proceso de desarrollo socioeconómico 

El caso de Brasil matiza esta evidencia, pues este país cuenta con el tercer nivel más alto de intervención, pero con resultado 0. Por eso se concluye que esta condición no puede calificarse como necesaria, lo que quiere decir que son dos caminos los que producen el resultado: i) la baja identificación de la oferta política, y ii) la baja presencia del Estado. Uno u otro generan el resultado 0. Esta relación admite que se note como CLIV(0) + EST(0) => RESULT(0).⁹

Como se observa, la condición “tradición democrática” (CULT) no tiene particular impacto para la producción de resultado 0 o 1, lo que falsifica nuestra segunda hipótesis (H2). La alta tradición democrática o la baja no parecen tener un efecto significativo sobre la autonomización o mantenimiento de los lazos entre sociedad civil y partidos políticos.

Conclusión

En este trabajo se ha procurado entender por qué en algunos países de América Latina la sociedad civil se expresa de forma relativamente espontánea a través de los movimientos sociales, esto es, sin la intermediación de los partidos, y en otros no.

Los resultados del testeo del modelo teórico aplicado son relevantes pues indican tres pistas para comprender en qué escenario se autonomizó la sociedad civil respecto de los partidos políticos. Primero, se demuestra que la existencia de una clara diferenciación de las ofertas políticas constituye una condición suficiente y necesaria para que la sociedad civil pueda identificar las opciones de colaboración. El caso uruguayo señala que esta delimitación no requiere estar polarizada; mientras que el brasilero de 2015 ejemplifica que cuando una sociedad se polariza, los movimientos sociales y los partidos políticos operan un acercamiento. Estos hallazgos dejan abiertas cuestiones sobre la calidad de la democracia y la deseabilidad de las opciones: si bien es primordial que los partidos sean responsivos y responsables ante la sociedad.

Segundo, hay dos caminos para explicar una baja conexión entre los movimientos sociales y los partidos políticos: uno corresponde a la respuesta inmediata al fenómeno opuesto de fuerte relación. Y, dado que se necesita de una fuerte identificación de las ofertas políticas para dar lugar a una fuerte relación entre sociedad civil y partidos políticos, la condición contraria (baja identificación de las ofertas políticas) debería ser analizada. De hecho se observa que, cuando no hay un clivaje fuerte, el resultado conduce a una autonomización de los movimientos sociales (Colombia y Brasil en 2013). Se verifica y confirma así el carácter primordial de la visibilidad de las ofertas políticas.

Sin embargo, esta condición no explica todo, la “presencia del Estado en el proceso de desarrollo socioeconómico” es igual de determinante. Ello puede verse porque, ante una baja presencia del Estado (Chile, Colombia, México), hay también bajos niveles de conexión entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Esta relación lógica se puede resumir así: ya que el Estado y, por ende, el gobierno, no gastará nada, o poco, para su causa, los movimientos sociales se procurarán recursos por otras vías. Lo contrario opera, pues ningún caso con fuerte interrelación entre sociedad civil y representación política ha mostrado bajos niveles de presencia del Estado.

Se puede teorizar esta relación señalando que el incremento del gasto social o de la intervención pública en la economía genera el mantenimiento o reacercamiento de la sociedad civil con los partidos políticos.