Introducción

Honduras es un país multicultural ubicado en Centroamérica, con una extensión territorial de 112 492 km² y una población aproximada de 9 millones de habitantes. Actualmente existen siete pueblos indígenas que radican en distintos departamentos y dos pueblos afrodescendientes (^{GIZ, 2010}). El entorno hondureño es crítico, dado que la pobreza alcanza el 65.7%, de la cual el 42.5% corresponde a pobreza extrema, rubros en los que ocupa los primeros lugares, tanto regional como mundialmente (^{CEPAL, 2018}; ^{Fosdeh, 2017}). Las dimensiones de salud, educación, trabajo y vivienda son áreas en las que los pobladores tienen alguna carencia, lo que genera pobreza multidimensional. Por tanto, 6.3 millones de personas se encuentran en la línea de pobreza extrema a nivel nacional (^{Fosdeh, 2017}). El país es uno de los más desiguales no solo de Centroamérica, sino del mundo (^{Alas y Moncada, 2010}; ^{Díaz, 2018}).

En general, la nación afronta situaciones de extrema inseguridad y existen violaciones a los derechos humanos en reiteradas ocasiones. El golpe de Estado ocurrido en el año 2009 produjo un aumento en los niveles de corrupción e impunidad. Por tanto, los altos índices de violencia son factores básicos para señalar la inexistencia de un Estado de derecho (^{APUVIMEH, 2015}). En el caso de las comunidades indígenas y negras, ^{Díaz Pérez (2018, p. 8)} menciona que la “anuencia del Estado en asumir la responsabilidad de promover, respetar y garantizar los derechos indígenas ha despertado a las comunidades desde la legitimidad histórica de organizarse y así generar procesos liberadores”.

Producto de los problemas sociales antes mencionados, miles de personas en un éxodo masivo han abandonado el país desplazándose hacia los Estados Unidos y países vecinos, con la esperanza de encontrar una mejor vida. Este fenómeno social migratorio ha desbordado cualquier previsión política e institucional, transformándose en una noticia de impacto mundial (^{Moreno, 2018}).

Con referencia a garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la sociedad hondureña, la ^{ONU (2016)} dice que estos:

Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano (p. 7).

La visión moderna de estas garantías se fundamenta a través de una sólida base jurídica. Estos son inalienables, indivisibles e interdependientes, no pueden ser suspendidos o retirados, imponen obligaciones, han sido reconocidos por la comunidad internacional, están protegidos por la ley y protegen a los seres (^{ONU, 2016}). En diversos casos se inscriben en las constituciones de los distintos países. En el artículo 60 de la Constitución Política de la República de Honduras, se establece que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna por razones de raza, sexo, color, religión, posición social o cualquier otra condición (^{Decreto 131-1982}). De igual forma, el artículo busca asegurar la libertad y la justicia que tiene como base el reconocimiento pleno de la dignidad humana y la igualdad de derechos y condiciones para toda la sociedad.

Aunque se pueden definir los derechos humanos como aquellos inherentes a la naturaleza del hombre y que le dan dignidad y valor, su realización solo puede ser posible cuando tales derechos se materializan en disposiciones legales que permiten tutelarlos, poniendo cotos al poder frente a la libertad del individuo (^{Bailón Corres, 2009, p. 123}).

Bajo tales referencias se sitúa la educación, en donde la enseñanza superior es responsabilidad directa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según la Dirección de Educación Superior de la UNAH (^{DES, 2017}), existen veinte centros de enseñanza en todo el territorio nacional. Este sistema ha desarrollado un crecimiento de manera ordenada y con un estricto cumplimiento de lo establecido en el marco normativo legal vigente en la nación. No obstante, presenta déficits de cobertura y equidad en el acceso a la enseñanza. En efecto, la educación superior está sujeta a tensiones, contradicciones, amenazas, conflictos y crisis (^{Calderón, 2011}). En ese sentido, las universidades públicas tienen una enorme responsabilidad social en la búsqueda de respaldar estos derechos humanos universales y erradicar las brechas de exclusión en y desde el sistema de educación superior (^{Decreto núm. 131, 1982}).

La educación superior cumple un papel fundamental en la formación de profesionales, quienes influyen de manera directa o indirecta en la toma de decisiones en los entes gubernamentales y privados. Por ello, la academia debe profesionalizar a sujetos no violentos que promuevan una nueva situación social, a través de capacidades y habilidades problematizadas desde las prácticas educacionales, desarrolladas durante el tiempo que dure el tránsito del sujeto dentro de la vida estudiantil. Así, estos profesionales deben ser capaces de utilizar métodos de paz para generar cambios sociales en la nación (^{Gualy, 2017}).

Los orígenes filosóficos y sociológicos del concepto de paz son antiguos, pero el tratamiento de la paz como campo epistemológico posee una historia reciente. Iniciar con un diálogo auténtico con relación a las violencias y conflictos, sus características culturales y estructurales tienen que simbolizar una reflexión crítica, ser cuestión de investigación y acción en los espacios de aprendizaje desde un enfoque de educación para la paz. Así, los profesores tendrán que examinar de manera amplia las creencias e ideologías, junto con las situaciones de desigualdad e injusticia que prevalecen en las sociedades actuales (^{Hicks, 1993}).

De esta manera, si desde los profesores universitarios se anhela que los ámbitos donde se desarrollan las prácticas educativas sean verdaderos espacios de convivencia, lo primero que deberá procurarse es el sentido dialógico crítico de la práctica educativa, ya que solidariza el pensamiento y acción de los sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado (^{Freire, 1970}). De este modo, se habla de posibilitar el protagonismo de los estudiantes a ser partícipes, sin ningún tipo de exclusión o discriminación, en la construcción de una democracia activa, mediante el razonamiento y actos individuales como colectivos. Por lo que los conceptos claves son diálogo, reflexión crítica y cooperación, con el fin de crear redes de apoyo, entre los educandos, académicos y, de la misma forma, con la comunidad universitaria (^{Vila Merino, 2012}).

El objetivo central de este artículo es proponer una aproximación teórica sobre los diversos conceptos en torno a la educación para la paz. El acercamiento conceptual permitirá situar reflexiones respecto a los procesos educativos asentados desde la perspectiva de paz en la enseñanza universitaria hondureña y, en específico, se contrastará la realidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En primer lugar, lo relacionado con la política del sistema universitario hondureño. En segundo término, el estudio de la Ley Orgánica, Normas Académicas y Modelo Educativo como parte de la normativa esencial en la organización interna de la UNAH. Además, se presenta una propuesta de ocho capacidades que los programas de profesionalización docente podrían promover en la formación del profesorado; planteamiento construido a raíz de contrastes teóricos, con el propósito de fomentar el enfoque de paz en los espacios universitarios de aprendizaje.

Lo anterior se alcanza con la aplicación del enfoque cualitativo a través del análisis de la información. La finalidad de esta metodología es analizar el contenido en un contexto determinado, para facilitar la obtención y producción de información. También, permite describir documentos que fueron consultados y evaluados con anterioridad (^{Dulzaides y Molina, 2004}).

2. La educación superior ante la situación de violencia en el contexto hondureño

Actualmente, en Honduras existe una situación de violencia que afecta no solamente la educación, sino a toda la sociedad. Como expone ^{Osorio González (2016)}, las instituciones educativas se ven afectadas en su funcionamiento de acuerdo con los acontecimientos que ocurran con la población de un país. En el caso de la enseñanza superior, por el hecho de que quienes a ella asisten son parte de lo social, pertenecen a una comunidad y, por lo tanto, sufren las violencias.

Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (^{IUDPAS, 2018}), en el año 2017 se registraron 7027 muertes por causa externa. Esto significa que no es producto de una patología. Además, ocurrieron 3 866 homicidios. En promedio, perdieron la vida 389 mujeres, es decir 32 por mes. Por otra parte, el 71% de las víctimas fueron jóvenes entre los 15 y 39 años. La tasa de asesinatos fue de 43.6 por cada cien mil habitantes. Esta cifra demuestra la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa el país, ya que sigue siendo cinco veces más alta que el estándar mundial (8.8). Por otra parte, las faltas de índole sexual sumaron un total de 21165 evaluaciones solicitadas mediante requerimientos fiscales. Los casos de mujeres agredidas alcanzaron 3 196 reportes, y los delitos sexuales 3 105. Un panorama bastante desgarrador, considerando que en el territorio nacional apenas residen aproximadamente 9 millones de personas (Véase Figura 1).

^{IUDPAS, 2018}.

Figura 1 Situación de violencia en Honduras año 2017. 

Además, en el año 2017, según el informe anual publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México (^{CCSPJP, 2018}), Honduras fue catalogado uno de los países más violentos del mundo, al poseer dos de las ciudades con mayores índices de homicidios: San Pedro Sula, que ocupó el lugar 26 por haber registrado 392 asesinatos, en una población de 765 864 habitantes; y la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, se ubicó en la posición 35, con 588 muertes en una población de 1 224 897.

La ciudadanía ha demostrado altos grados de desconfianza por las instituciones encargadas de velar por la seguridad territorial. En un estudio realizado con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, se dio a conocer una percepción de inseguridad del 51%, donde se señalaba el desempleo como la principal causa de violencia en el país (^{Paz Mazariegos y Ciudad, 2018}).

Ante esta dura realidad, la Universidad debe asumir una posición protagónica para evidenciar y tratar las causas estructurales y culturales que la producen. En la práctica pedagógica, el profesorado universitario tiene que cumplir un papel de mediación, que evite toda clase de maltrato, exclusión, segregación y marginación entre iguales; además de propiciar espacios en donde el estudiante sea escuchado. De esa manera las diversas realidades violentas habrán de problematizarse críticamente. Prevenir la discriminación y problematizar las violencias en la acción educativa, colabora en la disminución de la violencia y permite a todos los colectivos desarrollarse en convivencia (^{Prieto, Carrillo y Lucio, 2015}).

La educación para la paz y los derechos humanos alcanzan su sentido mediante la programación e implementación de acciones que recurren a la participación de los estudiantes en la praxis educativa, con la intención de asumir un rol de agentes de cambio en los diferentes contextos y comunidades donde habitan (^{Cabezudo, 2013}). De ahí que sea complicado el horizonte de los académicos que realizan sus prácticas pedagógicas en entornos de inseguridad, en los cuales se debe luchar por resguardar la vida de todos los educandos que participan en estos centros de enseñanza superior (^{Figueroa, 2015}).

3. El concepto de paz: negativa, positiva, imperfecta y transformadora

Al momento de abordar las violencias socioculturales -de las cuales las sociedades actuales no se escapan, como la sociedad hondureña- surgen los estudios sobre la paz, con el objetivo de constituir un marco categórico epistémico, en donde se facilite la comprensión de las violencias y, en ese sentido ,se problematicen los conflictos en aras de que los sujetos, las estructuras sociales y los Estados asuman un papel preponderante en la construcción de propuestas que den salida a dichas realidades de inequidad social.

Según ^{Ceballos (2013)}, la paz es una construcción colectiva que camina de la mano junto con la democracia, para la edificación de una sociedad con un apropiado grado de madurez que posibilite lograr el desarrollo humano de sus ciudadanos y garantizar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, este proceso debería ser respaldado por el trabajo formativo de la educación como política social.

^{Ramos (2015, p. 27)} plantea ciertas diferenciaciones en cuanto a conceptualizaciones respecto a la paz negativa, positiva e imperfecta. Para el autor, la paz negativa se refiere a la “relación directa de esta con la ausencia de enfrentamientos armados”. Dicho concepto ha venido prevaleciendo durante siglos, al que podemos visualizar actualmente en los sistemas militares de acuerdo con las amenazas internas y externas que puedan tener los Estados; por ejemplo, el hecho de portar armas “por si acaso”, o hacer uso de mecanismos y programas de seguridad como el de los Barrios Seguros de Tegucigalpa (^{Ramos, 2015, p. 31}). No obstante, el mismo ^{Ramos (2015, p. 29)} manifiesta que “es válido decir que, paradójicamente, desde la concepción que define la paz como antítesis a la guerra es posible justificar, legitimar y asumir principios y lógicas propias de la guerra en aras de la paz”.

Con respecto a la paz positiva, esta deberá ser comprendida en la medida que se abunde en las aseveraciones sobre la paz negativa. Por ello, ^{Ramos (2015)} “ahonda en el aspecto relacional y vivencial de la paz, pues implica la asociación entre seres humanos, la cooperación planificada y el esfuerzo para prever y resolver controversias potenciales en todo ámbito, desde el principio de la sinergia” (p. 36). De ese modo, la justicia social se manifiesta como elemento fundamental para la paz. Esta conceptualización ha puesto en debate a las investigaciones y acciones en la búsqueda de la paz, determinando la necesidad de realizar estudios relacionados con las violencias y los conflictos.

En referencia a la paz imperfecta, según ^{Ramos (2015)}, “se concibe como un proceso activo que permite la atención de las necesidades y la regulación de conflictos y violencias” (p. 42). Aseveración que impulsa a concebir la paz como proyecto inacabado y en constante construcción. Implica además entenderla desde el horizonte en la cual coexisten prácticas e interacciones pacifistas entre seres humanos (^{Ramos, 2015}). Las anteriores conceptualizaciones colaboran en el debate de las tipologías de las violencias para potenciar el enfoque de paz transformadora y participativa.

Relacionados con las violencias, existen grandes avances en su categorización. Se ha planteado que puede ser auto infligida, interpersonal, colectiva, social, política y económica (^{OMS, 2002}). Dentro del mismo enfoque, el sociólogo matemático noruego Johan Galtung, quien es considerado como uno de los pioneros del tema paz y conflictos, la proyecta bajo tres dimensiones, denominado el triángulo de la violencia (Véase Figura 2).

Fuente: Galtung(2003), citado en ^{Calderón Concha (2009).}

Figura 2 El triángulo de la violencia de Johan Galtung. 

La primera es la violencia directa, que, por ejemplo, se refiere a homicidios, acoso, expulsión, etc.; la segunda, designada estructural, existen casos de muerte por hambre, segregación y segmentación; y, por último, la cultural, relacionada con el conformismo, alienación, relativismo, donde las personas se caracterizan por un tipo de conciencia intransitiva ingenua, en la cual la comprensión de las opresiones se basa en elementos simplistas, lo que ahonda la carencia de un compromiso transformador (^{Calderón Concha, 2009}; ^{Freire, 1968}). Esta teoría propuesta colabora como modelo de análisis y de hacer ante los conflictos desde un enfoque de paz.

La paz, con relación a lo anterior, implica colectivización de los seres humanos, participación organizada y la convicción para evidenciar y resolver las controversias manifestadas en todo campo social (^{Ramos, 2015}). Estas exigencias se entrelazan con lo político y pedagógico, entre sujetos y estructuras. Solo en esa medida la paz podría ser vivida en el acto realmente solidario y amoroso, que no se asume, ni puede encarnarse, en la opresión (^{Freire, 1970}).

En la edificación de la paz -desde la postura de Galtung- exige una trascendencia y transformación de los conflictos, lo que implica seriamente reconstrucción, reconciliación y resolución (^{Calderón Concha, 2009}). También sucede en la búsqueda de la liberación: la construcción de la paz trae consigo la transitividad de una conciencia ingenua hacia una crítica, haciendo que las diversas manifestaciones de violencia se hagan visibles mediante la comprensión de la naturaleza que las provoca (^{Freire, 1959}).

En ese sentido, a mediados del siglo pasado y en un contexto postguerra, se buscaban soluciones desde un enfoque de derechos humanos entre las estructuras políticas o Estados respecto a las violencias suscitadas y sus secuelas. De ese modo surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se manifiesta que todas las personas nacen libres, apoyadas por la igualdad, dignidad y conciencia de las garantías humanas (^{ONU, 1948}). Hecho que influyó en gran medida a conversar sobre la paz, aunque el avance en diferentes países se ha llevado a cabo de manera lenta en la búsqueda de un entorno pacífico, igualitario, tolerante y de respeto (^{Hernández-Hernández, 2016}).

Dentro de la variabilidad de propuestas, como posibilidad de superación critica de los conflictos evidenciados por las violencias, ^{Ramos (2015)} propone el enfoque de la paz transformadora y participativa, proposición que responde a desarrollar un marco conceptual vinculando la paz, la convivencia y las diversas necesidades de los individuos, superando con ello dicotomías habituales entre la teoría de la paz, el conflicto con el ejercicio de la paz y el enfrentamiento. Planteamiento que, junto a los demás componentes teóricos, permite claridad en el acercamiento a la paz, ya sea desde movimientos sociales o instituciones educativas formalizadas por los Estados; campos en los que, debido a las realidades inversas que sufren las poblaciones, se ha tomado a manera de exigencia y desafío hablar de educación para la paz.

4. ¿Qué es la educación para la paz?

En busca de la paz deben ser abordadas la pobreza extrema, las escasas oportunidades laborales, el aumento de los índices de analfabetismo, la discriminación por motivos étnicos, edad, orientación sexual, género, condición física, posición económica, social y toda clase de representación de violencia estructural y directa que tenga relación con el abuso de autoridad. Por tanto, este tipo de atropellos deberían ser erradicados con la finalidad de construir un entorno bajo los principios de justicia, desarrollo e igualdad de garantías. Se habla entonces de una distribución democrática del poder. De esta forma, la educación para la paz es una propuesta que busca el reconocimiento, respeto de los derechos y la liberación de todos los seres humanos, con el fin obtener una participación auténtica en los procesos de transformación, con base en la creación de sociedades justas y equitativas.

Por lo tanto, se tiene que considerar desde un modelo multidisciplinar el concepto de educación para la paz, lo que permite valorar sus objetivos con la finalidad de comprobar su aporte con las demandas solicitadas en la construcción de una paz ante la complejidad de las diversas realidades de las sociedades de hoy en día (^{Ospina, 2010}). Sin embargo, la paz no es algo futuro, sino un fenómeno que se construye en la medida que implica desarrollar un pensamiento y actitudes personales, así como colectivas, encausando el reconocimiento y empoderamiento de ciertas habilidades teóricas, políticas y culturales en el quehacer de comunidades no violentas (^{Cerdas-Agüero, 2015}).

Por otra parte, la paz es una vivencia, vinculada con las relaciones y el carácter social, en donde la educación para la paz se convierte en un proyecto político-pedagógico. Así, su base es reconocer la dignidad del ser humano, el respeto de derechos y libertades que permitan su pleno desarrollo, en cualquiera de las estructuras sociales en las que se encuentren los individuos (^{Cerdas-Agüero, 2015}).

El concepto de educación para la paz incluye la formación sustentada en los derechos humanos. Además, la enseñanza bajo este enfoque no está relacionada únicamente a elementos tradicionales, por ejemplo, la violación de garantías individuales, represión, persecución, tortura, privación ilegal de la libertad de los sujetos, sino que también vigila el cumplimiento de los mismos, así como el respeto de los derechos sociales, culturales y políticos por parte de los entes gubernamentales. La educación para la paz, desde un planteamiento de paz transformadora, necesita de un aparato de política pública que garantice, respete y promueva los derechos antes mencionados (^{Cabezudo, 2013}).

De esta manera, es conveniente la investigación de todas aquellas circunstancias de emergencia que generan omisión o falencia en la realidad social de todos los países, aún en las democracias. Sin embargo, la educación para la paz y los derechos humanos no han sido considerados con profundidad como temas centrales en los sistemas de enseñanza formal. Aunque son factores que representan gran importancia en los contextos sociales, se ofrecen en reiteradas ocasiones, a modo de ejes didácticos transversales, como una temática importante pero no esencial en la vida de las personas. En fin, un contenido curricular planificado y desarrollado en las aulas de clase, ausente en la dinámica de los centros educativos (^{Cabezudo, 2013}).

Por tanto, la educación para la paz se concibe como una de las respuestas a los conflictos mundiales, y se establece como uno de los caminos en la formación del ciudadano que se desea en la sociedad actual (^{Castillo y Gamboa, 2017}). La paz es un derecho humano, el cual exige de su organización pedagógica, pues así se convierte en un aspecto trascendental en pro de garantizar los demás derechos universales de todas las personas. No obstante, estos son incumplidos y limitados de forma permanente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Por ello, cuando socialmente estas garantías son quebrantadas y violentadas, se atenta contra la vida y voluntad de los individuos (^{Hernández, Luna y Cadena, 2017}).

Se demandan transformaciones estructurales y culturales en los centros de enseñanza, debido a que la formación institucionalizada ha sido determinada como motor de cambio. Puesto que la educación para la paz va más allá del espacio del aula y busca transformar las políticas públicas y los espacios de participación, pretende generar una nueva concepción de educación para la liberación social (^{Castellanos, Parada-Fuquene y Berríos-Rivera, 2016}). También se constituye en una cultura de paz o, dicho de otra forma, en culturas de paz; instituye una manifestación de identidad que facilita poder construir una frontera en el imaginario que demarca un mundo -nuestro, de otro-, el cual, por oposición, encuentra en la violencia y la guerra una de sus señales definitorios (^{Dueñas y Rodríguez, 2002}).

Diversos conceptos se relacionan con este tipo de educación. Sin embargo, el diálogo es una herramienta primordial en la implementación del enfoque en las universidades públicas hondureñas. Además, es una exigencia existencial y un encuentro que solidariza la reflexión y la acción de la sociedad. De esta forma, influye en una nueva concepción de la enseñanza como una práctica de liberación y de búsqueda de alternativas para transformar el entorno social (^{Freire, 1970}).

Para disminuir la violencia, no es suficiente con denunciarla públicamente. Se requiere ir más allá, en la transformación de las raíces estructurales y culturales que la producen. De ahí que sea urgente crear conciencia crítica sobre dichos actos y su repercusión en la vida de las personas que conviven en una determinada sociedad. Las acciones de paz son eficaces en la promoción del bienestar de todos los involucrados (^{Rivera-Acevedo, 2016}).

Según ^{Patiño-López (2017)}, la construcción de la paz es una práctica de índole social que se realiza a través de las interacciones entre actores en diversos espacios. Además, está íntimamente relacionada con la educación para la democracia. De este modo, ambas son edificaciones sociales que favorecen el desarrollo humano y garantizan los derechos universales de los mismos. Sin embargo, estos procesos requieren de una formación política. Por ello, educar para la paz demanda una enseñanza pluralista. Ambos son aspectos inseparables en el combate a la discriminación mediante el empoderamiento de los colectivos excluidos (^{Ceballos, 2013}; ^{Sacavino y Candau, 2014}).

5. Educación para la paz y la interculturalidad

Es claro que abordar la educación para la paz es un proyecto político pedagógico, en el cual todos los sectores sociales se deben ver inmersos. No obstante, los campos educativos históricamente han sido regidos bajo criterios de homogeneidad, tanto en la creación de políticas educativas como en la construcción curricular, al igual que en la práctica educativa. De ese modo, la educación para la paz es una necesidad y debe ser intercultural (^{Mayor Zaragoza, 2003}).

En ese sentido, existen diversos postulados teóricos y movimientos políticos que parten de la crítica a la homogeneidad. En la complejidad de las realidades actuales, “formadas por personas y grupos con una gran diversidad social, religiosa, ideológica, lingüística, etc., en la sociedad del conocimiento actual y en un mundo cada vez más globalizado, no es admisible sostener un modelo hegemónico que subsuma las diferencias” (^{Herrera, 2008, p. 3}). Por ello, la heterogeneidad en la aproximación se convierte en una exigencia desde la educación superior hondureña.

La interculturalidad es definida como un proyecto pedagógico crítico, en la cual se busca erradicar la segregación, haciendo que los diversos sectores sociales sean protagonistas de las transformaciones (^{Walsh, 2009}). La interculturalidad crítica pasa por la comprensión que los campos educativos son multiculturales, en los cuales las diversas culturas deben estar expresadas, tanto en las diferentes formas de organización de la educacion, como en la práctica educativa. En otras palabras, debe ser un factor en la toma de decisiones en el nivel estructural, y también un principio en el ejercicio educativo protagonizado por educadores y educandos. La relación entre educación para la paz y la interculturalidad se convierte en un fundamento esencial en la valoración de la diversidad cultural manifestada en los espacios universitarios (^{Sánchez-Fernández, 2011}).

6. Análisis de la información

7. Una propuesta sobre las capacidades del profesorado universitario hacia la educación para la paz

En párrafos anteriores, se hizo mención de la responsabilidad académica y política de las universidades como instituciones educadoras respecto a la educación para la paz. Dentro de dicha dimensión estructural se manifiesta una práctica educativa, en la cual educadores y educandos son protagonistas. En ese sentido, a partir de contrastes teóricos y de organización educacional relacionados con el enfoque de paz, se construye una propuesta mínima sobre capacidades que tanto el profesorado y el estudiantado pudiesen asumir.

En el ámbito de las relaciones de los protagonistas principales del proceso educativo: docentes y estudiantes es donde entra en juego el concepto de comunidad de aprendizaje promovido desde el Modelo Educativo de la reforma universitaria, que busca la transformación social y cultural de la universidad y de su entorno a través de la construcción de redes de estudio-trabajo, para la discusión de problemáticas, alternativas, encuentros académicos entre facultades y entre departamentos, disciplinas, bloques de asignaturas; entre grupos inter y multidisciplinarios; programando coloquios científicos, seminarios, conferencias, talleres donde los y las docentes discutan, reflexionen, analicen y construyan colectivamente un clima académico que propicie la generación de conocimientos y de aprendizajes, el cultivo del arte, de la cultura y de los deportes, que capacite a los y las estudiantes para ser ciudadanos comprometidos en la construcción de una mejor sociedad (^{Vicerrectoría Académica, UNAH, 2009, p. 76}).

El profesorado es un factor clave en el sistema universitario, pero debe poseer competencias metodológicas y afectivas, debido a que enseñar es una tarea profesional que demanda amor, creatividad, competencia científica, rechazando del mismo modo la estrechez cientificista y exigiendo la capacidad de luchar por la libertad (^{Freire, 1993}). En ese sentido, tiene a su alcance la consideración de diversas pedagogías para lograr fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes. Entre ellas, la de convivencia, esperanza, paz, indignación, memoria, del empoderamiento de los colectivos marginados y la del amor. Esta última considera la mediación pedagógica en los educandos con el fin de promover la empatía y la cohesión para transformarse unos a otros (^{Hernández-Hernández, 2016}).

Sin embargo, estas competencias solicitan una ideología particular del proceso educativo que facilite a los académicos pasar de una pedagogía de la homogeneidad a una de la diversidad. También es una nueva oportunidad para enriquecer la enseñanzaaprendizaje y lograr progresar en el desarrollo personal, de modo que exista un interés por la cohesión social, alcanzar una vida digna y la plena felicidad de los estudiantes y futuros profesionales (^{Lira, Vela-Álvarez y Vela-Lira, 2014}).

De esta forma, se considera trabajar diversas pedagogías, en especial la de la memoria, para reducir los niveles de violencia en la solución de conflictos y fortalecer la justicia social, la cooperación, solidaridad, la autonomía y la lucha constante por la dignidad. Asimismo, las universidades pueden generar metodologías que propicien la construcción de una cultura de paz en el ámbito educativo y en todo el país (^{Osorio González, 2016}).

Los educadores en la enseñanza pública son agentes que deberían transformar los sistemas educativos y sociales, puesto que tienen un acercamiento directo con los grupos en condición de vulnerabilidad. Por consiguiente, deben utilizar diversos mecanismos en sus prácticas pedagógicas para prevenir y erradicar la exclusión de los estudiantes en riesgo (^{Laorden, Prado y Royo, 2006}).

En este escenario complejo, el profesorado debe poseer un sinnúmero de competencias y capacidades. El respeto y la tolerancia son elementos fundamentales para iniciar el cambio de visión de los académicos en la educación superior. No es con la imposición ideológica que se logrará avanzar en procesos formativos, pero tampoco se puede ser insensible ante una realidad que influye cada vez más en las prácticas pedagógicas en el contexto universitario (^{Paz Maldonado, 2018, p. 25})

A continuación se presenta una propuesta de ocho capacidades, que los programas de profesionalización docente de las universidades hondureñas deberían establecer en la formación inicial y permanente del profesorado, en la búsqueda por fomentar la educación para la paz en entornos de alta vulnerabilidad (Véase Figura 3):

Figura 3 Capacidades del profesorado universitario hacia la educacion para la paz en Honduras. 

Algunas de estas capacidades se llevan a cabo en los espacios de enseñanza a través de acciones personales del profesorado universitario que labora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, los programas de profesionalización docente hasta el momento no las han promovido en la formación inicial y de manera permanente. Por tanto, es vital crear mecanismos que impulsen el desarrollo de este aspecto.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue proponer una aproximación teórica sobre los diversos conceptos en torno a la educación para la paz. El acercamiento conceptual permitió situar diversas reflexiones respecto a los procesos educativos asentados desde la perspectiva de paz, en la enseñanza universitaria hondureña, y, en específico, se contrastó con la realidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La paz es una construcción social que, junto a la democracia, es uno de los elementos vitales para edificar una sociedad con un adecuado grado de madurez, que permita alcanzar el desarrollo humano de sus habitantes y garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos. No obstante, tendría que ser apoyada por el trabajo formativo de la enseñanza como una política social.

El contexto hondureño es crítico debido a los altos índices de pobreza, desigualdad, debilitamiento institucional y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas. Además, la educación superior presenta déficit de cobertura y equidad en el acceso, lo que genera exclusión desde este nivel.

En la búsqueda de la educación para la paz deben abordarse problemáticas relativas a la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales, los altos índices de analfabetismo, discriminación por razones étnicas, edad, condición social, orientación sexual, género, formas de pensar, posiciones económicas, sociales y todo tipo de violencia producto del abuso de poder.

La educación para la paz es el elemento central en el reconocimiento, respeto de los derechos universales y la liberación de todos los seres humanos. Por tanto, tiene que considerarse desde múltiples ámbitos con el fin de construir entornos de sana convivencia ante la complejidad de las sociedades hoy en día.

El diálogo intercultural crítico es una herramienta que facilitará la implementación de la educación para la paz en las universidades públicas hondureñas. Aunque los académicos tendrán que asumir una postura de amor, solidaridad y reflexión para que pueda ser efectivo en la búsqueda de un país transformado en equidad.

En el marco normativo de la formación universitaria en Honduras se considera, en primer lugar, la Constitución Política de la República y la Ley de Educación Superior. En efecto, estos dos elementos normativos garantizan la organización, dirección y desarrollo de la enseñanza en las universidades de todo el país. En cada una de ellas se establecen principios para erradicar cualquier forma de discriminación, exclusión y toda manifestación de violencia en los establecimientos educativos.

Respecto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esta presenta una serie de elementos legales que fundamentan su enseñanza mediante los derechos humanos. Sin embargo, en pos de la disminución de la violencia, se han impulsado otras iniciativas, por ejemplo, el establecimiento del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), el cual tiene a su cargo el Observatorio de la Violencia como un mecanismo para desarrollar diferentes acciones en la sociedad hondureña.

Las prácticas pedagógicas frente al panorama de vulnerabilidad en todo el territorio nacional se ven afectadas directamente. Por ello, se requieren políticas públicas funcionales para disminuir la alta ola de violencia que produce asesinatos, asaltos, secuestros y delitos sexuales. Asimismo, la sociedad hondureña se desenvuelve bajo un entorno de corrupción, impunidad, débil institucionalidad e ingobernabilidad, lo que ocasiona desigualdad, limitado desarrollo económico, político y colectivo. Ante esta difícil situación, los académicos deben afrontar su papel en la lucha por la construcción de una cultura de paz en las distintas disciplinas que forman parte del nivel universitario.

Los programas de profesionalización docente han de considerar competencias en el apoyo a la educación para la paz en la formación inicial y de un modo permanente del profesorado universitario. En consecuencia, se proponen ocho capacidades que los académicos deben poseer o desarrollar en la implementación de dicho enfoque en los contextos de aprendizaje de las instituciones de enseñanza superior: impulsar la investigación basándose en las diversas epistemologías relacionadas con la educación para la paz; promover el pensamiento reflexivo-crítico desde el diálogo intercultural; tener en cuenta las diferencias de los educandos; educar en valores; fomentar los procesos democráticos y acuerdos dialógicos; transformar los espacios educativos con el sustento de la educación liberadora; fomentar iniciativas que contribuyan a disminuir los actos de violencia en las universidades; y propiciar la mediación de conflictos en y desde la academia.

Hasta el momento algunas de estas capacidades son desarrolladas en los espacios de aprendizaje, a través de acciones personales de los académicos que laboran en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por ello, se solicita la creación de mecanismos institucionales que promuevan la formación en dicho aspecto.

Las violencias en su dimensión directa, estructural y cultural en el contexto hondureño han tenido como una de sus consecuencias el éxodo masivo de personas rumbo a Estados Unidos y países vecinos. Realidades ante las cuales las instituciones educativas y principalmente las universidades deben asumir un rol protagónico, a partir de la atención de procesos educativos que incentiven la paz. De ese modo, se visibilizan las causas que producen tales desplazamientos forzados, como también se construyen propuestas de transformación estructural y cultural del país.

Las limitaciones de este trabajo están relacionadas con la falta de investigaciones o aportes académicos propios de cada una de las universidades hondureñas en la comprensión e implementación de la educación para la paz desde el currículo y las prácticas educativas. En síntesis, se sugieren nuevos estudios que profundicen el análisis de esta temática, para contribuir con la elaboración de propuestas de cambio en la nación, que surjan del propio sistema universitario en busca de erradicar la discriminación, violencia y la exclusión que enfrentan los habitantes diariamente en los diferentes contextos sociales.