Artículos

 

Segregación y condiciones residenciales de los inmigrantes africanos en Almería (España)

 

Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona Garrido

 

* Universidad de Almería.

 

Fecha de recepción: 7 de junio de 2005.
Fecha de aceptación: 13 de noviembre de 2005.

 

Resumen

En este artículo se analiza la situación residencial de los inmigrantes africanos en la provincia de Almería, en España. Para ello se estudian dos aspectos: por un lado, la segregación residencial; por otro, las condiciones de los alojamientos habitados por los inmigrantes, con base en los indicadores de estabilidad, adecuación, habitabilidad y accesibilidad residencial. Los resultados muestran una segregación residencial elevada y una situación residencial deficiente, pues casi tres de cada cuatro inmigrantes africanos ocupan una residencia no digna. La razón principal de esta situación es la discriminación étnica.

Palabras clave: inmigración, segregación, discriminación, Almería, España.

 

Abstract

In this article the residential situation of the immigrants coming from Africa to the province ofAlmería in Spain is described, analyzing mainly two aspects. Firstly, the residential segregation. Secondly, the characteristics of the lodgings inhabited by the immigrants, taking as reference the indicators of stability, adequacy, habitability and affordability. The results show a high residential segregation and a deficient residential situation, where almost three out of every four African immigrants live in a residence not decent. The main reason that explains this situation is the ethnic discrimination.

Keywords: immigration, segregation, discrimination, Almería, Spain.

 

1. Introducción

La vivienda, como el trabajo o la alimentación, es una necesidad básica que todo ser humano tiene, y es amparada por derechos de carácter estructural y fundamental en la mayoría de las constituciones internacionales. Ahora bien, estos derechos se quedan, en todos los casos, en una declaración de buenas intenciones y nunca son una imposición a la acción política e institucional, situación que, unida a otros factores, genera el llamado "problema de la vivienda", no entendido exclusivamente por el desequilibrio entre la demanda y la oferta, sino también por la valoración que hacen los usuarios de las necesidades y su grado de satisfacción. No obstante, la segregación residencial y la ocupación de viviendas en condiciones indignas se ha producido a lo largo de la historia humana, aunque fue en el pasado siglo cuando el proceso de segregación se acentuó de manera notable, con la aparición de casos extremos como el apartheid en Sudáfrica, los judíos en Europa y la segregación que todavía viven los negros y algunos colectivos de hispanos en las grandes ciudades estadunidenses (véase Bureau of the Census, 2000). De allí que en el marco de las migraciones internacionales y del mundo globalizado seguimos asistiendo a una segregación basada en criterios étnicos y raciales y que genera una circunscripción vital a ámbitos espaciales determinados (Wacquant, 2001). Por ello, las diferentes respuestas que se han venido dando a estas situaciones permiten que presentemos especial atención a los factores contextuales que explican la inserción social de los inmigrantes (Portes y Borocz, 1992).

La incorporación de Almería al campo migratorio global en forma de contexto receptor de nuevos inmigrantes,¹ debido al desarrollo de la agricultura en invernadero, no ha significado que la inserción residencial de éstos se haya producido de manera satisfactoria, más bien lo contrario: altas tasas de segregación étnica y deficientes condiciones de residencia y servicios que acentúan las desigualdades entre los diferentes colectivos. De este modo, y tomando como principio axial el concepto de habitar, el objetivo de este trabajo es conocer y evaluar la localización y las necesidades de residencia que tiene la población inmigrante procedente de África.

 

2. Fuentes y métodos

En este trabajo se estudian dos aspectos fundamentales de las residencias ocupadas por los inmigrantes. En primer lugar, su localización en el espacio y, en segundo, el estado de dignidad de sus residencias.

Los datos se obtienen de dos fuentes diferentes. Primera, de los padrones² de los municipios y ciudades de la provincia de Almería con mayor tasa de inmigración africana -El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vícar y Níjar-; segunda, de la administración de un cuestionario a una muestra de la población inmigrante asentada en esos lugares, cuyas viviendas registradas en las fuentes oficiales suman 4 495. El muestreo fue realizado por cuotas con afijación proporcional atendiendo a la nacionalidad de los ocupantes y la ubicación de las viviendas -diseminadas o en centro urbano-, con un nivel de confianza de 95.5 por ciento y con un error muestral de ± 2,3. Para los inmigrantes diseminados se recurrió, por un lado, a fotos aéreas cedidas por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Almería y, por otro, a informantes clave que demostraban la ocupación de muchos entornos no contabilizados en las fuentes oficiales. De este modo, el universo se hizo mayor y el número de alojamientos³ visitados fue de 1 648.

Para el cálculo de la segregación residencial⁴ hemos aplicado los instrumentos de medida más utilizados en la literatura internacional sobre el tema (Massey y Denton, 1988):

El índice de disimilitud compara la localización residencial de varios grupos poblacionales en un contexto determinado, de acuerdo con su proporción en el total de la comunidad:

El valor oscila entre 0 y 1, de tal forma que cuánto más bajo es el valor más homogénea es la distribución espacial y menor la segregación.

El índice de aislamiento no sólo refleja la distribución espacial de las poblaciones, sino también las posibilidades de contacto o interacción entre los miembros de los grupos mayoritarios y minoritarios. De igual forma, sus valores oscilan entre 0 y 1.

Por último, el índice de absoluta centralización, cuyas medidas se refieren a la proximidad que tienen las residencias de los grupos al centro de las áreas urbanas.

Los rangos oscilan entre 1 y (-1). El valor positivo indica la tendencia del grupo X a vivir junto al centro del contexto estudiado; el valor negativo señala la tendencia a vivir fuera del centro, y el valor 0 denota una distribución uniforme de la población a lo largo de todo el espacio.

Para la evaluación de las características y condiciones de las viviendas partimos del concepto de residencia digna, entendida como aquella que posibilita el desarrollo normal y adecuado de sus moradores y que, asimismo, cumple con una serie de requisitos básicos articulados en los siguientes derechos (Cortés, 2004): 1. la estabilidad, que define la posibilidad de establecer un proyecto de disfrute y uso a largo plazo. Las variables principales que la determinan son el régimen de tenencia, la existencia de contratos y la movilidad residencial; 2. la adecuación, y no sólo en el ámbito privado sino también con el entorno más próximo. De tal forma, existe inadecuación cuando las características de la vivienda impiden un uso normalizado y autónomo. Las variables que la miden son el acceso a la vivienda, las características y equipamiento del entorno, el hacinamiento, la separación de los habitáculos y el grado de satisfacción; 3. la habitabilidad, que hace referencia a los niveles mínimos de construcción, servicios, infraestructura y equipamiento de las residencias, y 4. la accesibilidad, vinculada a una ocupación y disfrute que no suponga un gasto excesivo que afecte el desarrollo normal de otras necesidades básicas. Así, tendremos en cuenta, por un lado, el gasto realizado en materia de vivienda -alquiler o préstamos-, los desalojos por falta de pago o cortes de suministros de luz y agua, y por otro, la capacidad de endeudamiento de los moradores -tomando como referencia una inversión en vivienda del 35 por ciento de los ingresos-.

En suma, la hipótesis de partida es que los inmigrantes africanos asentados en Almería, en su mayoría, están segregados y no ocupan una vivienda digna. Este hecho se explica, fundamentalmente, por el rechazo y la discriminación hacia los inmigrados -contexto de recepción- y por la reducida capacidad de endeudamiento de estos demandantes -estatus económico-.

 

3. Entorno dual entre el gueto y la ciudad dispersa⁵

La ubicación de los alojamientos de los inmigrantes en Almería presenta una doble tipología: por un lado están los núcleos urbanos y por otro los diseminados, aunque ambas formas de asentamiento comparten las características de segregación e indignidad residencial.

Cuando hablamos de "diseminados" hacemos referencia a habitáculos residenciales ubicados fuera de los núcleos urbanos -ciudad dispersa-, en suelo no urbanizable. Éste tipo de construcción residencial ha sido una constante no sólo en Almería sino en gran parte de Andalucía (López, 2002); pero en la actualidad se ha consolidado como residencia permanente o temporal de los inmigrantes en muchas de las ciudades o pueblos andaluces que requieren de su trabajo. La tipología de "diseminados", a su vez, es amplia; podemos encontrar como viviendas diseminadas a los tradicionales cortijos, pero también los inmigrantes utilizan como alojamiento a almacenes de productos y aperos del campo, chabolas, autoconstrucciones, naves, lonjas, coches abandonados, etcétera, todos ellos dispersos por el campo.

En un primer momento las viviendas-cortijo en Almería estuvieron ocupadas por los agricultores y sus familias;⁶ pero desde finales de los ochenta y principios de los noventa estos cortijos fueron abandonados por sus propietarios, que buscaban las comodidades y recursos que ofrecen los ámbitos urbanos.

Este progresivo abandono coincidió con la incorporación de mano de obra extranjera al mercado de trabajo hortofrutícola bajo plástico, la que tuvo acceso a esos intersticios residenciales que quedaron vacíos. La llegada masiva y prolongada de inmigrantes provocó una saturación en la capacidad de acogida de los cortijos, y ello generó dos procesos: por un lado, la aparición de otras formas de habitáculos residenciales en disperso (chabolas, almacenes, etcétera) y, por otro, la ocupación del espacio urbano, que hasta ese momento era muy escasa.

De esta forma se cumple, en cierto modo, sobre todo en los cortijos, el proceso de invasión-sucesión y filtrado del que hablaban los ecólogos de Chicago. Desde la década de los ochenta del siglo pasado, los antiguos inmigrantes españoles, que construyeron los cortijos, han venido abandonando paulatinamente ese hábitat, siguiendo pautas parecidas a las que se-ñalaTurner (1968, 1972): los recién llegados valoran más la proximidad a los trabajos (oportunidad) que la propiedad y ubicación de la vivienda (seguridad) o la calidad de la habitación (identidad). Una vez consolidada la capacidad económica de las unidades domésticas, los inmigrantes aspiran a ser propietarios de una vivienda digna.

Ahora bien, ¿va a ocurrir el mismo proceso con los inmigrantes extranjeros? Aunque actualmente es arriesgado responder rotundamente a esta cuestión, hay elementos que indican que no sucederá así. La movilidad residencial de los inmigrantes no solamente está relacionada con su ascenso en la escala económica y con el tiempo de residencia, sino que responde también a factores sociales y valorativos, como la discriminación, que se manifiesta al negarse los propietarios a alquilar o vender viviendas dignas a los inmigrantes. Éstos dependen fundamentalmente de las estrategias de arrendamiento y venta de los propietarios.

En la actualidad existe un submercado de la vivienda para inmigrantes que está en manos de pequeños propietarios y no tanto en empresas inmobiliarias (Martínez, 1999; Checa, 2004). De tal manera, el alquiler de esas viviendas se ha convertido en una renta complementaria de otra actividad, puesto que quienes la ejercen no son gerentes de compañías inmobiliarias. Las familias especulan con sus viviendas, muchas de ellas en estado casi ruinoso, a la vez que los ingresos obtenidos les permiten acceder a otra vivienda o mejorar su nivel de vida. Por ello, en la provincia de Almería, que cuenta con un cuantioso colectivo de población africana, en años recientes se han estado configurando ingentes gated communities fortificadas, en las que los inmigrantes tienen "prohibido" vivir, y especialmente en las zonas turísticas. En efecto, según la población autóctona, lo ideal es confinar a los inmigrantes en habitáculos dispersos. Tanto es así, que cuando algunos inmigrantes entran en algún barrio o edificio los autóctonos empiezan a abandonar el lugar.⁷

De esta forma, la llegada de los inmigrantes a los ámbitos urbanos fue posterior a su ocupación de viviendas dispersas y como consecuencia de su saturación. Además, esta incorporación no siempre se da entre los inmigrantes que más tiempo llevan residiendo en España, ni en las ciudades principales, sino que, en muchas ocasiones, los inmigrantes viven en las diferentes entidades locales dependientes. Ahora bien, la incorporación a los ámbitos urbanos no significa que la población no esté segregada y que sus condiciones de vivienda sean mejores. Los inmigrados, principalmente africanos, viven en áreas totalmente degradadas y en proceso de exclusión; de ahí que a estas nuevas zonas las denominamos "gueto almeriense", aunque sus características y configuración distan bastante de los ghettos⁸ americanos e incluso de las banlieue francesas.

En efecto, los niveles de segregación residencial tanto en el ámbito urbano como en los espacios diseminados son muy altos, especialmente si los comparamos con las cifras mostradas por otros estudios, sea para el resto de Europa, para Estados Unidos o para otras zonas de España.⁹ En el cuadro 1 se puede observar que los inmigrantes procedentes de África son quienes mayores cifras de segregación presentan,¹⁰ seguidos por los latinoamericanos y por los europeos del este. En algunos casos, incluso, se puede hablar de hipersegregación (Massey y Denton, 1989), por las elevadas cifras y por la nueva reconfiguración social, económica y política (Wacqant, 2001) que presentan esas zonas -diseminados y núcleos urbanos-. Este fenómeno se produce, principalmente, por la negligencia o ausencia del Estado. Dicho de otro modo, estas zonas, construidas como lugares de transición en una etapa del desarrollo económico local, con la llegada de los inmigrantes se han convertido en hábitats permanentes.

Los resultados de los tres índices de medida para los inmigrados procedentes de África muestran que, además de estar concentrados en determinadas áreas (disimilitud), las cifras se elevan en referencia a la falta de contacto con las poblaciones autóctonas (aislamiento) y la distancia al centro del núcleo principal (centralización).¹²

Sin embargo, los latinoamericanos y los europeos del este también presentan altas cifras de segregación en cuanto al índice de disimilitud, pero suelen disminuir en los índices de aislamiento y centralización, lo que nos indica que se ubican principalmente en las propias entidades urbanas o en los diseminados más próximos a éstas, y por tanto, tienen una mayor probabilidad de contacto con los nacionales, bien en el vecindario, bien en los espacios públicos.

En consecuencia, la segregación residencial de los inmigrados en la provincia de Almería muestra un marcado carácter racial y étnico. Esto es, la población procedente de África, principalmente negros y musulmanes, vive más segregada que las comunidades de otros países. Pero la gran diferencia de este modelo con respecto a otros, como el estadunidense, y con relación a otras ciudades españolas, es que los inmigrados africanos viven, sobre todo, en cortijos dispersos por todos los términos y en la periferia de las ciudades, y no tanto en los centros antiguos de las ciudades; sin embargo, los latinoamericanos y los europeos del este (blancos) se localizan en los diferentes suburbios junto a población española. Por tanto, esto evidencia la importancia que tiene la variable racial y étnica amparada en la percepción que tiene la población autóctona del choque de civilizaciones. Como se desprende de los datos que se exponen a posteriori, el contexto de recepción, como se ha puesto de manifiesto en los estudios internacionales, es el que determina y define fundamentalmente la incorporación de los inmigrados con relativa independencia de su capital humano.

Tomando como variable dependiente el índice de aislamiento -el mejor instrumento de medida para este contexto- y los datos obtenidos mediante la encuesta que se levantó entre los inmigrantes, hemos determinado, a través de un análisis de regresión, las principales variables que actúan en el modelo de segregación residencial de la provincia de Almería (cuadro 2).

El cuadro 2 muestra que la variable discriminación, en sus manifestaciones tanto individuales como sociales e institucionales, es la que más peso tiene para explicar la segregación de los inmigrantes africanos en Almería. La correlación es evidente: a mayor discriminación más segregación. Para los autóctonos la visión del espacio, que en un principio es instrumental y de uso -el medio donde se vive y se consiguen los fines-, con la llegada y ocupación de las calles por parte de los inmigrantes toma un sentido y sentimiento de arraigo e identidad.¹⁴ Se produce así una dualización del mercado habitacional de acuerdo con las líneas étnicas y de color (Berry, 1979), hasta el punto de que los africanos que intentan salir del territorio prefijado generan inquietud y resistencia violenta, como ocurrió en la ciudad de El Ejido en febrero del 2000.

A esta situación hay que sumar, por un lado, la escasa intervención o incluso negligencia de las administraciones públicas a la hora de hacerle frente al problema de la segregación y de las condiciones deficientes de la vivienda.¹⁵ En ningún caso abordan la equidad habitacional ni ayudan en su renovación. Por otro lado, hay la negativa de las entidades financieras a conceder préstamos a los inmigrados, aunque éstos muestren solvencia económica o sean avalados por sus empleadores; el miedo de los bancos a convertirse en la entidad financiera de pobres e inmigrantes cierra la puerta a las operaciones de préstamo, pero en ningún caso les niegan la apertura de cuentas de ahorro o el envío de dinero. Evidentemente, el achicamiento planificado (Fisher, 1984) es obra de las relaciones entre las acciones social y económica y los descuidos o negligencias de los actores políticos y de las administraciones.

En suma, es manifiesta la importancia del contexto de recepción (Portes y Borocz, 1992) para explicar y definir la incorporación de los inmigrantes, no sólo a los mercados de trabajo, sino también al residencial, hasta el punto de que estamos, mayoritariamente, en un contexto hostil que actúa sobre una necesidad fundamental amparada en un derecho internacional básico.

El segundo elemento explicativo de la segregación son los ingresos: a menor capacidad económica, mayor segregación, tal como preconizaban los teóricos clásicos de Chicago. El mercado residencial almeriense, especialmente el de las ciudades próximas al mar y de agricultura intensiva, se caracteriza por unos precios muy altos, determinados principalmente por el precio del suelo. La existencia de invernaderos en la periferia o incluso en los propios núcleos urbanos limita la expansión urbana; de esta forma el costo del suelo se triplica, lo que incrementa el precio final de las viviendas. Es por ello que los inmigrados se ubican fundamentalmente en aquellos lugares donde el precio de la vivienda, en teoría, es menor:¹⁶ centros antiguos, barrios de casas cedidas por el Estado o en los diseminados, donde las viviendas presentan un estado de deterioro y tienen menor prestigio social. Los inmigrados concurren en un mercado de trabajo muy inestable y temporal, donde la norma es emplearse sin contrato o con contrato por días, ya que el empleador no hace uso de la mano de obra durante todo el mes sino durante algunos días alternativos, a lo que se debe sumar que en muy pocos casos los patrones pagan a sus trabajadores lo que estipulan los convenios. De ahí que los ingresos mensuales de los inmigrados sean reducidos. Esta situación se manifiesta de manera más marcada con los trabajadores irregulares, debido que a su incapacidad legal los hace víctimas de mayores abusos.

Sin embargo, en parte, la explicación de la reducida capacidad de endeudamiento de los inmigrantes tiene también fundamento en la discriminación étnica:¹⁷ parecen estar condenados a ubicarse en diseminados y emplearse en los invernaderos, a los que se ven reducidos por su escasa movilidad laboral. Esta discriminación se acentúa en el caso de los africanos; pero los latinoamericanos y los europeos del este, pese a ser de migración más reciente, además de los invernaderos, encuentran un mercado laboral donde los salarios son más altos y les permiten, cuanto menos, insertarse en los núcleos urbanos. Por tanto, con los matices de Almería, esta situación tiene algunos puntos en común con la spatial mistmach hypothesis,¹⁸ ya que en los diseminados entre invernaderos se asienta, durante buena parte del año, un gran contingente de inmigrantes que esperan trabajar en la agricultura y que encontrarían cerradas las puertas de otros empleos. Ese ejército de mano de obra de reserva es idóneo, no obstante, para un funcionamiento rentable del sistema agrícola almeriense, porque es irregular, flexible y temporal.

El tercer elemento explicativo, aunque con menor peso, son el grado de conocimiento del entorno y la asimilación a él:¹⁹ cuanto mayor es el número de años de estancia, menor es el grado de segregación. La presencia prolongada de los inmigrados les permite tener un mejor y mayor conocimiento del funcionamiento del mercado residencial y una información más exhaustiva de las ofertas existentes. No obstante, este elemento funciona mejor para el caso de los inmigrantes europeos del este y latinoamericanos, porque a los africanos les cuesta más salir de los diseminados o de los microguetos de las ciudades y su movilidad residencial se reduce a las diferentes áreas degradadas (Checa, 2004). El grueso de los movimientos residenciales de los inmigrantes africanos, entonces, se produce mayoritariamente entre los diferentes alojamientos en diseminado. En suma, su movilidad genera circuitos residenciales de marginación social y de estigmatización que los relegan socialmente en todos los aspectos -económico, social, laboral, residencial, afectivo, etcétera-.

El último elemento que influye en el proceso segregativo del Poniente almeriense son las preferencias residenciales de los inmigrados. En Almería, la mayoría de éstos muestran el deseo de insertarse en zonas con población mixta; incluso, el principal motivo de la elección de aquellos que declaran querer vivir en zonas exclusivamente coétnicas es el resguardo de los enfrentamientos interétnicos y, en menor medida, el mantenimiento de su cultura.

En definitiva y como conclusión, la segregación residencial de los inmigrados en Almería es fruto de la existencia de un mercado de viviendas dual controlado principalmente por pequeños propietarios que, por rechazo étnico y por motivos económicos, frenan la incorporación de los inmigrados -sobre todo los africanos- a los lugares ocupados por los autóctonos. Del mismo modo, la reducida capacidad de endeudamiento de los inmigrantes limita su acceso a cualquier zona.

 

4. La residencia vetada

Las condiciones y características de las viviendas que las definen como indignas se han convertido, junto con la segregación espacial, en otro desafío para la plena integración e incorporación equilibrada de los inmigrantes africanos a la sociedad almeriense. Tomando como referencia los conceptos de residencia²⁰ (Kemeny, 1992) y vivienda digna, vamos a analizar, por separado, el grado de cumplimiento de los diferentes requisitos básicos que tienen las viviendas/alojamientos de los inmigrados africanos, aunque, en cualquier caso, la definición de "vivienda digna" es temporal y coyuntural e incluso depende del contexto en que se analice.

Estabilidad

El alquiler es la forma más habitual de acceso a la vivienda de los inmigrados africanos (55%), seguido de la cesión (25%) y la ocupación (11%); finalmente, sólo 9 por ciento son propietarios. La cesión y la ocupación (36%) son formas que generan gran inestabilidad entre los moradores de las residencias: la primera está estrechamente vinculada con el empleador; esto es, el propietario de la vivienda la cede a los inmigrantes que se emplean, principalmente, en sus explotaciones agrícolas. Esto no quiere decir que todos los ocupantes sean sus trabajadores, pues algunos se emplean en otras explotaciones y otros actúan como ejército de mano de obra de reserva. Además, sólo en 35 por ciento de los casos existe un contrato que los vincula con las temporadas agrícolas. La ocupación, por su lado, es la máxima expresión de la inestabilidad por varias razones: en primer lugar, porque se trata de lugares inhóspitos que, en la medida de las posibilidades de quienes los ocupan, serán abandonados lo más rápido posible; en segundo lugar, porque el desalojo del sitio depende de sus propietarios.²¹ Y por supuesto, en ningún caso existe contrato. La propiedad y el alquiler son las formas de incorporación residencial más estables, aunque hay casos de alquiler en los que no existen contratos que regulen la estancia. Pero, como ocurre con la cesión, la duración de estos contratos no es elevada: sólo 3 por ciento duran tres años, dos años el 7 por ciento y un año el 15 por ciento; el resto dura menos de un año -en general, entre seis y nueve meses-.

En consecuencia, la inestabilidad residencial que presentan los inmigrados es muy alta. Cuando analizamos el número de residencias habitadas por los inmigrados desde su llegada a la provincia de Almería, observamos que son numerosas: 70 por ciento declaran haber ocupado más de un alojamiento; 25.5 por ciento, dos; 18.9 por ciento, tres; 15.6 por ciento, cuatro; 6.9 por ciento, cinco, y 3.1 por ciento seis o más. Ahora bien, en 85 por ciento de los casos la movilidad no equivale a mejora residencial, pues se produce de manera limitada, con movimientos entre los distintos cortijos o las diferentes zonas o edificios degradados de los centros urbanos. Sólo en 15 por ciento los inmigrados africanos consiguen una movilidad residencial hacia un sitio mejor o, lo que es igual, alojamientos con mayores prestaciones -ascensor, agua caliente, habitabilidad óptima, etcétera- y zonas con reconocimiento social, donde existen equipamiento e infraestructura importantes: centros de salud y educación, lugares de ocio, tiendas, bancos, etcétera. Esta circunstancia se produce, fundamentalmente, en el municipio de Roquetas de Mar, con familias totalmente reagrupadas y con aportaciones económicas de varios miembros al núcleo familiar. En los demás municipios esta realidad se reduce, aunque se produzcan las mismas condiciones, y entra en juego la política del contexto de recepción.

En efecto, la inestabilidad residencial afecta a 77 por ciento de los inmigrados -ocupados, cedidos y que alquilan por menos de un año-, lo que genera una gran incertidumbre y ansiedad entre los moradores.

Adecuación

La ubicación espacial de las residencias habitadas por los inmigrados africanos en Almería, como vimos, es mayoritariamente en disperso, frente a la ubicación en los espacios urbanos. No obstante, en ambos casos la tipología de viviendas habitadas por los inmigrados es múltiple. De este modo, en las ciudades podemos encontrar que se alojan en pisos, casas independientes, cocheras, locales comerciales, huecos de escalera, terrazas de edificios, etcétera, y en disperso, como se señaló, cortijos, almacenes de aperos y productos fitosanitarios, chabolas, coches abandonados, etcétera.

El hábitat en disperso es uno de los elementos que mayormente expresan la exclusión y el aislamiento residencial que enfrentan los inmigrantes y que, en la mayoría de los casos, deriva en una residencia no adecuada. Francisco Checa (2003) y David Callejón y Aurora Casado (2004) muestran las escasas relaciones interétnicas que se producen entre los diferentes colectivos en Almería, debido, entre otros factores, a la ocupación de espacios diferentes; ello significa que los lugares de copresencia son reducidos más allá del ámbito laboral. Por tanto, el hábitat es un indicador fundamental para explicar el proceso de integración o segregación de los inmigrados, ya que delimita tanto las relaciones sociales como las laborales. Los inmigrantes deben recorrer largos trayectos entre caminos sin asfalto y sin iluminación para llegar a los diferentes núcleos urbanos donde se sitúan los espacios verdes, el ocio, etcétera. De igual modo, la residencia en disperso es un gran obstáculo para la incorporación laboral a un sector que no sea la agricultura.

Asimismo, los accesos de las viviendas pueden servir para medir la adecuación de éstas, puesto que toda vivienda debe tener un acceso que garantice la seguridad de sus ocupantes. Por lo tanto, es imprescindible que aceras, iluminación y señalización se encuentren en buen estado. Para el primer caso, 45 por ciento de las viviendas tienen un acceso adecuado -rodado y peatonal o exclusivamente peatonal-; el resto de ellas tiene un acceso inadecuado (carreteras sin arcenes o aceras para viandantes) o inexistente (erial), sobre todo en los diseminados. Por su lado, la iluminación y señalización en los diseminados es nula: solamente los cortijos ubicados junto a los núcleos urbanos o en las carreteras principales tienen iluminación externa. Esta ausencia ha ocasionado el atropello de inmigrantes que transitaban por esos parajes. Del mismo modo, en los diseminados no existe alcantarillado público ni se recoge la basura a diario. Y por supuesto, en ningún caso se encuentran centros de salud y de educación o lugares de expansión, como parques y jardines. Es una situación que ha favorecido la aparición de empresarios étnicos entre los invernaderos que ofrecen múltiples servicios (Arjona, 2004).

Otro de los factores que definen la adecuación de una vivienda es el hacinamiento. Stephen Castles y Godula Kosack (1973) señalan que los motivos que lo generan son diversos y de origen diferente. Nosotros resaltamos los más representativos e importantes para el caso almeriense: en primer lugar, los inmigrados llegan a una zona donde encontrar una vivienda accesible es problemático para todos los demandantes -inmigrantes y españoles-, y ello los obliga a explotar al máximo el espacio libre que encuentran. En segundo lugar, los ingresos que se obtienen con las peonadas agrícolas son insuficientes para pagar de manera individual o familiar el costo de una vivienda alquilada o comprada. Por tanto, para abaratar este costo se reparten los gastos con otras personas.²² En tercer lugar, el desconocimiento del medio y la falta de información llevan a los inmigrados, a través de las redes de apoyo, a vivir juntos. Casi todos traen una dirección en destino donde ir y allí permanecerán hasta que encuentren un trabajo u obtengan información sobre algún otro sitio. En último lugar, la permisividad de los arrendatarios. El cobro por número de moradores es más beneficioso para el arrendador, puesto que sus ingresos son mayores cuanto más inmigrados se alojen (Checa y Arjona, 2001; Martínez, 1999). Por tanto, el hacinamiento, que en un principio parece ser sólo una estrategia de reducción de gastos del inmigrado, se convierte en un negocio de rentabilidad absoluta para el propietario, ya que la vivienda alquilada a inmigrados es una mercancía en cuya conservación, reparación y adecuación no abundan las inversiones realizadas, pero sí son elevados los ingresos obtenidos.

Ahora bien, medir el hacinamiento en una residencia conlleva analizar el número de personas que viven y el espacio que disponen, pero su definición depende del momento histórico que tomemos de referencia y de los estándares definidos para la ocasión, aunque en la elaboración de éstos no existe una concepción unánime. Nosotros, tomando como referencia los estándares ofrecidos por la OCDE, el Banco Mundial y la literatura internacional sobre el tema más relevante, utilizamos los siguientes para definir el no hacinamiento: primero, que exista un máximo de 1.25 personas por dormitorio; segundo, que cada sujeto disponga de un espacio -contando los lugares comunes- de 20-25 metros cuadrados; tercero, que exista una separación entre los dormitorios de los hijos y los padres, y cuarto, que no convivan varios núcleos familiares.

En cuanto al primer criterio, los inmigrantes africanos en Almería presentan una media de 2.4 personas por habitación, que se eleva a tres en los diseminados; de tal forma que sólo 7.3 por ciento de los africanos cumple con los estándares de 1.25 personas por habitación. Para el segundo caso, 85 por ciento de los inmigrados disponen de menos de 15 metros cuadrados²³ y sólo 5 por ciento cuentan con 20 metros cuadrados. El tercer y el cuarto criterios de no hacinamiento son los que menos cumplen los africanos: en 15 por ciento de las familias los hijos mayores de 6 años duermen con los padres y en ningún caso hemos encontrado hermanos de distinto sexo -mayores de 16 años- que duerman juntos, y sólo en 12 por ciento de los casos conviven varias familias en un mismo domicilio, circunstancia más común entre los europeos del este (más concretamente, entre los rumanos). En cualquier caso, el hacinamiento se produce en residencias en régimen tanto de alquiler como de cesión, ocupación e incluso de propiedad.

En último lugar, la adecuación también viene definida por la percepción que tienen los propios habitantes. En nuestro caso, solamente 8 por ciento están totalmente satisfechos y 13 por ciento bastante satisfechos con las oportunidades que le ofrece su vivienda y entorno; por el contrario, 76 por ciento de los inmigrados africanos declaran insatisfacción. Las causas de esta insatisfacción son: a) la precaria habitabilidad de las viviendas y las deficientes condiciones de los caminos/calles, especialmente para los habitantes de chabolas, almacenes y cortijos; b) lo poco adecuadas que son las viviendas para un desarrollo vital normal, sobre todo por las distancias que se tienen que recorrer para realizar la compra, acceder a los centros de diversión o llevar a los hijos a la escuela (en ninguno de los casos existen autobuses urbanos que ofrezcan el servicio de recogida de personas entre los invernaderos, y en consecuencia, los desplazamientos se realizan, generalmente, a pie o en bicicleta); c) el elevado costo económico de la vivienda con respecto a los ingresos obtenidos, o lo que es igual, la escasa capacidad de endeudamiento, y por último, d) el hacinamiento que prevalece en los alojamientos.

En resumen, 93 por ciento de los inmigrados habitan alojamientos con un indicador de inadecuación, 77 por ciento con dos y 58 por ciento con tres.

Habitabilidad

La habitabilidad de las viviendas es el elemento por excelencia para la definición de una residencia digna. De la calidad de la construcción depende la seguridad de los ciudadanos, de tal forma que una vivienda con condiciones deficientes en cubierta, paredes o suelo pone en grave peligro la vida de los habitantes. De forma parecida, la ventilación o la humedad definen la habitabilidad residencial. En el caso de los alojamientos habitados por los inmigrados africanos, 43 por ciento presenta alguna de esas deficiencias, 32 por ciento dos y 21 por ciento todas. Esta inhabitabilidad ocurre en mayor medida en los diseminados, puesto que en los núcleos urbanos sólo se produce en 11 por ciento de las viviendas. Sin embargo, según el censo de viviendas de 2001, sólo 6 por ciento de las viviendas ocupadas por españoles presentan alguna de esas deficiencias.

La habitabilidad de la vivienda también viene determinada por tener agua potable y caliente, electricidad o calefacción/refrigeración: 68 por ciento tienen agua potable; 55 por ciento, agua caliente, y 71 por ciento, electricidad; sin embargo, sólo 0.3 por ciento de las viviendas tienen calefacción o aire acondicionado. Son cifras que distan bastante de las que presentan las viviendas ocupadas por españoles: 95 por ciento con agua potable, 93 por ciento con agua caliente y 99 por ciento con electricidad. En los alojamientos que no disponen de agua potable los inmigrantes la recogen en las balsas de almacenamiento que dan riego a los invernaderos, con lo que se exponen a un grave riesgo de insalubridad, tanto si la consumen directamente como si la emplean en las comidas o en el aseo personal. De igual forma, en las viviendas sin luz eléctrica se utilizan velas o linternas para su iluminación.

Asimismo, hacen mayoría las viviendas cuyos elementos habitacionales están separados del resto. Por ejemplo, en 75 por ciento de los casos existe una cocina u hornilla para cocinar, pero en 35 por ciento ésta normalmente se encuentra en el salón o fuera del propio alojamiento. Lo mismo ocurre con el baño: 72 por ciento de las viviendas lo tienen, pero 38 por ciento no cuenta con una tabicación que aísle el baño o éste se encuentra afuera. Ésta es una precariedad que se repite con los dormitorios, pues en 18 por ciento de las viviendas algún dormitorio coincide con el salón.

En resumen, 43 por ciento de los inmigrantes habitan alojamientos sin alguno de los elementos fundamentales de la vivienda (baño, cocina, etcétera), lo que la hace inhabitable.

Accesibilidad

Un indicador muy importante desde la perpectiva de los inmigrantes es la accesibilidad de la vivienda, la inversión económica que debe hacer una persona para acceder a ella. Las encuestas nacionales de presupuestos y gastos familiares han puesto de manifiesto que los costos del uso y ocupación de una vivienda son muy elevados,²⁴ hecho que en el caso de los inmigrantes adquiere tintes dramáticos.

Todos los inmigrados africanos que afirman vivir en régimen de propiedad en Almería han necesitado ayuda financiera de otras fuentes: 95 por ciento exclusivamente de bancos y el resto de una combinación de familiares y/o amigos y bancos. En cualquier caso, el costo mensual en promedio de sus pagos asciende a 330.5 euros. Sin embargo, la media de los ingresos de estos inmigrantes es de 611.9 euros; dicho de otro modo, más de la mitad de sus ingresos (54%) se destina exclusivamente al pago de la vivienda. Ahora bien, normalmente, las familias con viviendas en propiedad tienen varios miembros que trabajan fuera del hogar; es decir, además del sueldo del cabeza de familia hay otras aportaciones para el pago de los préstamos de la residencia, hasta el punto de que el gasto familiar por concepto de vivienda asciende a 38 por ciento del presupuesto total. Por su parte, el costo medio de los inmigrados que residen en casas de alquiler es de 114.76 euros al mes, lo que equivale a 18.75 por ciento de sus ingresos. Este dato, que a priori no es elevado, esconde una realidad diferente, puesto que en ningún caso el inmigrado vive solo, ya que comparte casa en condiciones de hacinamiento, entre otras razones, para abaratar los costos. Evidentemente, esta realidad limita otros derechos fundamentales: el reagrupamiento familiar, la intimidad, la adecuación, etcétera. Por tanto, si el inmigrado tuviera que hacer frente al pago sin ayuda de los demás, la inversión media ascendería a 85 por ciento de sus ingresos.

No obstante, el número de viviendas vacías y secundarias en las ciudades de Almería es muy alto. Así, en Roquetas de Mar y El Ejido, según se desprende de los datos del censo de viviendas, alrededor de 15 por ciento de éstas se encuentran vacías. Por tanto, el problema no es tanto la ausencia de viviendas, sino su puesta en el mercado. A esto hay que añadir que un importante número de viviendas sólo se habilitan durante el verano para alquilarlas a los turistas extranjeros de Europa²⁵ o a vacacionistas nacionales. Los elevados ingresos obtenidos durante esos meses permiten a los propietarios tenerlas cerradas durante el resto del año, y cuando las rentan piden un alquiler similar al que obtienen en esa temporada, y en consecuencia, los grandes perjudicados son los inmigrantes pobres.

Los inmigrados que residen en régimen de cesión,²⁶ en teoría, no pagan por el alojamiento. Sin embargo, en algunos casos (42%) la realidad es diferente: los empresarios no cobran un alquiler de manera directa, pero los inmigrados pagan su residencia mediante trabajos fuera de la jornada laboral, como subir y bajar las bandas del invernadero, regar de madrugada o vigilar la explotación, y en otros casos los empresarios se los cobran descontándolo del sueldo. Estamos hablando, es evidente, de micromercados de base local,²⁷ parcialmente desgajados de la competencia general (Bourdieu, 2003).

Los impagos de recibos de luz y agua son comunes. De hecho, 43 por ciento de los inmigrados en algún momento no han podido hacer frente a las facturas a tiempo y han tenido que pagar posteriormente el recargo o el nuevo enganche. Además, 12 por ciento de ellos han sido desalojados alguna vez debido a las políticas higienistas locales, aunque en ningún caso se ha ofrecido una alternativa residencial, por lo que han vuelto a construirse una vivienda o reubicarse en otro sitio de iguales o peores características. En suma, 31 por ciento de los inmigrantes tienen problemas de accesibilidad en la vivienda que ocupan actualmente, y para conseguir una el resto recurre al hacinamiento o a la ayuda económica de uno o varios miembros familiares.

En conclusión, y derivado de la acumulación de carencias en los requisitos de adecuación, estabilidad, acceso y habitabilidad, podemos mantener que 71 por ciento de los inmigrados africanos asentados en la provincia de Almería residen en infraviviendas.²⁸

 

4.1. El inmigrante africano en un mercado residencial rehabilitado

Las razones que explican la ocupación de viviendas no dignas son múltiples y de diversa índole. Para delimitarlas, hemos realizado otro análisis de regresión, ahora con la habitabilidad como variable dependiente (cuadro 3).

Según se desprende de este análisis de regresión, el primer elemento que explica las malas condiciones de habitación es el grado de discriminación: cuanto mayor es la discriminación, peores condiciones de habitabilidad tienen los alojamientos. Los inmigrantes aseguran que, aun teniendo capacidad económica, son muchas las trabas que encuentran para ocupar una vivienda digna. En la encuesta levantada 30 por ciento de los inmigrados afirman que estarían dispuestos a pagar hasta 300 euros mensuales por una casa en buenas condiciones.

La discriminación es la razón, entonces, de que los principales lugares que ocupan los inmigrantes sean diseminados esparcidos entre invernaderos, en los que es mayor su invisibilidad, y cuando viven en los núcleos urbanos se concentran en los barrios o edificios con mayor deterioro. La discriminación tiene dos vectores: uno, como ya vimos, es la preferencia de los autóctonos por tener como vecinos a unos colectivos y no a otros; dos, los intereses económicos, ya que se ha rehabilitado un mercado residencial de escasa solvencia, caracterizado por viviendas con graves deficiencias y nula inversión, y por supuesto, las que ningún autóctono está dispuesto a ocupar.

El segundo elemento que define a una vivienda no digna es su ubicación. De tal forma, las viviendas/alojamientos en disperso son las que peores condiciones presentan en todos los aspectos. Esta situación se hace dramática, sobre todo, en Campos de Níjar, donde los inmigrantes africanos están condenados a residir en espacios dispersos, puesto que la población autóctona tiene muchas reticencias a tenerlos como vecinos. Así, por ejemplo, junto al municipio de San Isidro hay un invernadero de unos siete mil metros cuadrados en desuso, donde se han ubicado más de cien chabolas que dan cobijo, según la época, a 400 o 500 subsharianos. En esa comarca también se pueden encontrar a inmigrantes que habitan antiguas cochiqueras y cuadras de animales, así como coches, furgonetas o el remolque de un camión. Todos estos lugares se han convertido, pues, en enclaves de supervivencia y pobreza extrema.

Al tercer elemento explicativo de la ocupación de infraviviendas lo hemos llamado "temporalidad" y se define por los años de estancia, la documentación y el conocimiento del entorno con que cuente el inmigrante, de tal forma que cuanto más tiempo se lleve residiendo, mejores son las condiciones residenciales adquiridas. La razón es que con más tiempo de asentamiento, por un lado, la documentación puede ser un freno superado y, por otro, hay un conocimiento mayor, en todos los aspectos, de la dinámica social del lugar de acogida. Sin embargo, este elemento tiene determinadas aristas que vuelven a remitir a la discriminación étnica, dado que los inmigrantes procedentes de África son los que mayor tiempo de estancia acumulan en la provincia de Almería, frente a los latinoamericanos y rumanos, cuya inmigración masiva se produce a partir del 2000, pero ocupan mejores viviendas. De forma correspondiente, la irregularidad de la situación migratoria afecta más a los latinoamericanos y a los europeos del este, porque su reciente arribo a España no les ha dado tiempo para acogerse a las diferentes regularizaciones extraordinarias, las que sí han podido aprovechar de manera "más fácil" los subsharianos, que han demostrado una estancia más larga en el país.

El cuarto elemento de la precaria ocupación de los inmigrantes africanos es su escasa capacidad de endeudamiento. Ello obedece a la premisa de que cuanto mayores son los ingresos, mejores son las condiciones residenciales. Como ya se dijo, gran parte de la población africana tiene grandes problemas para acceder a la vivienda, incluso invirtiendo más de 35 por ciento de sus ingresos. Ahora bien, si los inmigrantes de otros lugares tienen mejores condiciones de habitación, esto significa que ganan más dinero que los subsaharianos o que están dispuestos a invertir más cantidad de dinero en la vivienda. Checa (2004) muestra que las diferencias salariales entre esos grupos no son tan elevadas; sin embargo, mientras los africanos parecen resignados a insertarse laboralmente en los invernaderos y quedar así reducidos a una escasa movilidad laboral y a ganar un pobre salario, los otros grupos poblacionales, si bien se emplean en la agricultura, también lo hacen en una industria auxiliar, en la construcción, en el servicio doméstico o en la restauración. Pero en todos los casos se trata de empleos en la economía informal y de baja remuneración. Así, excepto en las viviendas cedidas y/o ocupadas, los precios que pagan los inmigrantes por los espacios que ocupan, sea por el alquiler o por su compra, son similares, aunque con diferentes condiciones de habitabilidad, adecuación y estabilidad; por tanto, otra vez, se reafirma la discriminación como el elemento fundamental que explica esta situación. De igual forma, tal y como señalamos, la tenencia de los documentos en regla afecta a los inmigrados en sus posibilidades económicas y, por ende, en la posibilidad de que se instalen en una vivienda digna.

La reagrupación familiar y las preferencias residenciales se erigen como el quinto y el sexto elementos explicativos de que los inmigrantes no cuenten con una vivienda óptima. Los miembros familiares -mujer y/o hijos-, por un lado, posibilitan y justifican que el cabeza de familia busque un lugar más adecuado para el desarrollo familiar, y por otro, la población autóctona pone menos trabas cuando la familia está completa, debido a la suposición de que habrá un mejor mantenimiento por la presencia femenina. Cuando los inquilinos van a ser exclusivamente hombres los propietarios ponen muchas trabas para su alquiler, incluso aunque los potenciales residentes aporten un seguro contra los posibles deterioros. No obstante, y de igual modo, cuando los demandantes son exclusivamente mujeres también tienen serias dificultades, ya que se piensa que la vivienda puede ser utilizada como prostíbulo. En efecto, en la ocupación se pone de manifiesto la importancia que tienen los estereotipos y prejuicios de la población autóctona -contexto de recepción- a la hora de poner su vivienda en valor, y, evidentemente, las preferencias residenciales no son el mejor factor para explicar el proceso, puesto que quedan muy reducidas, no más allá del mercado residencial diseñado para los inmigrantes.

 

5. A modo de conclusión

Los datos mostrados a lo largo del texto muestran que la población africana asentada en Almería sufre altas tasas de segregación y un derecho de habitar truncado, puesto que casi tres de cada cuatro inmigrados se alojan en una vivienda no digna. Por tanto, los inmigrantes en Almería habitan enclaves de pobreza, espacios de supervivencia para vivir transitoriamente. Así, se pone al descubierto una línea étnica urbana que separa a los segregados e indeseables del resto de la población. Esta línea urbana, casi dual, genera un mercado de vivienda segmentado cuya diversidad no es relacional, sino que está producida con función de las condiciones del contexto social. Ese mercado residencial también es jerarquizante y desigualitario, porque implica juicios de valor y relaciones de poder. Esto es, el "diferente", el que no se quiere como vecino, es producido y definido según ciertos prejuicios, en un proceso que, además, rehabilita un mercado residencial no rentable, controlado en mayor medida por los empleadores y no tanto por las agencias inmobiliarias. En consecuencia, se ha establecido una frontera que tiene su principal base en la discriminación deliberada desde todos los ámbitos: ciudadanos, actores políticos, entidades financieras, administraciones, etcétera, de ahí que estemos ante una miseria modernizada en la que todo el mundo tiene responsabilidad pero nadie se hace responsable.

Las acciones de política nacional en este ámbito han sido deficientes. La primera se tomó tras el conflicto étnico-racial de El Ejido en febrero del 2000, y consistió en la instalación de 42 módulos de 13.8 metros cuadrados donde estaba previsto albergar a 252 inmigrantes. En cada módulo se pensaba alojar a ocho inmigrantes, pero sus reducidas dimensiones obligó a adaptarlo para seis. Entre los argumentos utilizados para ello estaba "ceder un alojamiento más digno y cercano al trabajo". Pero, ¿vivir ocho o seis personas en escasos 14 metros cuadrados es digno?, ¿mejora su situación de partida?

Por su parte, la administración regional andaluza firmó en 1999 un convenio con algunos ayuntamientos de la provincia para establecer las líneas generales de colaboración para erradicar la infravivienda existente en estos núcleos de población; la idea era crear un programa de intervención y así atenuar la situación gravísima que sufrían los inmigrantes. Pasados más de seis años no se sabe nada de las propuestas ni de las actuaciones. Posteriormente, el 9 de enero de 2001 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 2/2001, en el marco del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 19992002, por el que se regulan y convocan apoyos a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad laboral, entre los que se encuentran los de la provincia de Almería. Pero este decreto sólo recoge la posibilidad de otorgar ayudas con motivo de la nueva construcción de viviendas y alojamientos, siempre y cuando se destinen al alquiler. ¿Por qué no contempla ayudas a la propiedad y para la rehabilitación o eliminación de la infravivienda? Además, se encuentra con el gran freno de la disposición de suelo público, pues los ayuntamientos de Almería niegan tener suelo y mucho menos para contribuir a una política de discriminación en favor de los inmigrantes en detrimento de los almerienses. Sólo en las provincias de Huelva y Jaén algunos ayuntamientos han cedido suelo público para construir albergues. De todos modos, los albergues en la provincia de Almería no son una solución viable, ya que en ella la temporada agrícola se extiende durante diez meses, cinco más que en Huelva y siete más que en Jaén. De igual forma, se calcula que en Almería en la etapa de recolección y siembra se pueden llegar a emplear unos 50 mil inmigrantes, muy lejos de las cifras de Huelva y, sobre todo, de Jaén.

El sector empresarial, por su lado, también ha hecho poco por solventar la problemática residencial. Sólo en algunos casos cumple el convenio colectivo o brinda a los trabajadores una vivienda digna; la tónica general es ceder o alquilar viviendas en malas condiciones y no pagar lo estipulado en el convenio (35 euros), especialmente a los inmigrantes irregulares. No obstante, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), asociación de empresarios del campo, tiene en marcha en la actualidad unos pocos albergues o alojamientos colectivos para el caso de que el agricultor no pueda ofertar vivienda a sus trabajadores temporeros solteros. Pero como ya apuntamos, la medida es insuficiente, además de que esos albergues se ubican en diseminados rehabilitados para el efecto o son pisos de reducida capacidad en los que es imposible la reagrupación familiar.

Por último, las ONG y los sindicatos, a pesar de hacer un esfuerzo enco-miable, tienen una capacidad de actuación muy reducida, más allá de la presión, puesto que la administración pública y los empresarios, como vimos, no están dispuestos a realizar acciones en pro de la mejora residencial de los trabajadores africanos.

En suma, las diferentes administraciones públicas, los empresarios, los arrendatarios y la sociedad en general deben evitar la conceptualización de la vivienda como una realidad económica. Con la reducción de la vivienda única y exclusivamente a su estructura de cambio estamos negando a los inmigrantes los derechos de estabilidad, propiedad y privacidad imprescindibles para la constitución de una familia.

 

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Notas

¹ Utilizamos el concepto nuevos inmigrantes para describir el fenómeno de la migración extracomunitaria que se emplea en las agriculturas mediterráneas (Hoggart y Mendoza, 1999; Mottura, 1992).

² Es necesario aclarar que el uso de esta fuente estadística presenta algunas lagunas difíciles de resolver en el estudio de las migraciones. Por ejemplo, no mide a la población flotante, que migra no sólo entre los diferentes municipios o ciudades de la provincia, sino que también se desplaza a otras provincias para emplearse en otros mercados de trabajo, aunque con carácter temporal. Por otro lado, existe la voluntad clara de los municipios de empadronar a los inmigrantes para inflar sus datos de población, con independencia de si el inmigrado vive realmente en esa localidad, ya que permiten a las ciudades acceder a determinadas ayudas públicas de mayor cuantía.

³ Hasta el momento nos hemos referido a viviendas o residencias, pero con la aparición de habitáculos residenciales que en un principio no tienen como objetivo albergar a la población, utilizamos también el concepto de alojamiento.

⁴ Para todas las medidas la unidad de análisis espacial son las manzanas. Su delimitación es propia y se realiza atendiendo, por un lado, sus límites geográficos y físicos y, por otro, la fecha de construcción de los edificios. La delimitación de las residencias dispersas se realizó a partir de áreas con un kilómetro cuadrado. La distancia que se toma como referencia es la que tienen con los edificios o delegaciones de los distintos ayuntamientos.

⁵ El planteamiento de un entorno como dual, al igual que ocurre con el del mercado de trabajo, es reduccionista por sus lagunas empíricas y conceptuales. La ciudad se divide en más de dos segmentos. Nosotros utilizamos aquí esta acepción entendiéndola como los dos hábitats diferentes donde se inserta la población inmigrada, y no tanto por las características y ubicación de las viviendas de los inmigrantes, frente a los autóctonos. Sin embargo, en el caso almeriense, como veremos a lo largo del texto, la evidencia empírica muestra unos espacios muy dializados entre los españoles y los africanos.

⁶ Antes de los años sesenta del siglo pasado, las comarcas almerienses de agricultura intensiva estaban totalmente despobladas debido a las escasas posibilidades económicas. Ahora bien, tras que el Estado las declarara zonas de colonización la situación cambia radicalmente: se abren casi un centenar de pozos de agua, se reparte tierra y vivienda entre los colonos, con unos intereses muy bajos a devolver en 30 años, y se apoya técnicamente en el uso del enarenado y el invernadero. Estas acciones posibilitaron una gran trasformación económica, lo que provocó, a su vez, una inmigración procedente de las comarcas del interior de la provincia de Almería y de las Alpujarras, que con el paso del tiempo se ha extendido a otras provincias colindantes ("viejos inmigrantes"). La consolidación del modelo económico favoreció la salida del trabajo agrícola de algunos miembros familiares, bien hacia empleos que requerían menos esfuerzo, bien a realizar estudios universitarios. Fue así que este vacío de mano de obra fue cubierto por los "nuevos inmigrantes" extranjeros, lo que con el progresivo incremento del número de hectáreas invernadas -que parecen un mar de plástico- ha ocasionado, por un lado, la reducción de los espacios residenciales y, por otro, el mantenimiento de los flujos migratorios.

⁷ Algunos analistas norteamericanos sitúan el límite de tolerancia -tipping point- de copresencia entre blancos y negros en un 30 por ciento de presencia negra (Meyerson y Banfield, 1955:135).

⁸ Véase Wacquant (1997, 2001), quien ofrece una definición de ghetto en función de las características que estas áreas presentan. Algunas cualidades se encuentran en Almería, aunque muchas otras no.

⁹ Teniendo en cuenta la salvedad de que nuestras medias se han realizado a nivel de manzana, diferentes a las utilizadas en otras investigaciones, las cifras para Almería son superiores a las obtenidas en otros lugares europeos y americanos (véase, entre otros, Petsimeris, 1998; Doherty y Poole, 1995; Musterd y Deurloo, 2002; Friedrichs, 1998; Massey y Denton, 1993; Bureau of the Census, 2000; Martori y Hoberg, 2003).

¹⁰ De forma general, los nacionales de los países comunitarios son quienes presentan unas cifras más acentuadas. Así, por ejemplo, los británicos en El Ejido tienen un índice de disimilitud de 86.55 y los alemanes en Roquetas de Mar, de 83.03. Ahora bien, las circunstancias y los procesos son distintos a los que padecen los inmigrados extracomu-nitarios. La población comunitaria se asienta en zonas junto a la playa con un carácter exclusivamente turístico, como son Aguadulce y la Urbanización, en Roquetas de Mar, o Almerimar, en El Ejido.

¹¹ De las más de 110 nacionalidades presentes en la provincia de Almería, sólo hemos tenido en cuenta aquellas que tienen una representación numérica y proporcional importante en los distintos municipios y ciudades estudiadas.

¹² Así, por ejemplo, 86 por ciento de los inmigrados procedentes de Mauritania, 84 por ciento de Mali y 80 por ciento de Nigeria y Ghana deberían cambiar de áreas residenciales para que su distribución en el espacio sea homogénea. Estos porcentajes se repiten para explicar la reducida probabilidad que tiene la población de esos países de residir junto a un español. Por último, las cifras negativas próximas al (-1) nos indican la distancia de sus viviendas al centro de la ciudad; de esta forma, los gambianos son los que más lejos residen del centro.

¹³ Variables independientes como edad, sexo, estado civil, nivel educativo, régimen de tenencia de la vivienda, tipo de residencia en origen, ubicación de la residencia en origen, documentación, etcétera, fueron incluidas inicialmente en el modelo, pero ninguna cumplió con los criterios de significación estadística del modelo Stepwise; de ahí que no aparezcan en la tabla de regresión.

¹⁴ Martínez (2001), Checa y Arjona (2001) y Arjona (2004) resaltan que el miedo y la inseguridad ocasionada por los inmigrantes fue uno de los argumentos utilizados por los autóctonos en sus ataques a los negocios urbanos regenteados por marroquíes en la ciudad almeriense de El Ejido. Díez (1998:92), por su parte, muestra cómo 45 por ciento de los españoles piensan que la última prestación a la cual deberían tener acceso los inmigrantes irregulares es la vivienda.

¹⁵ Los ayuntamientos almerienses, al contrario que algunos onubenses o jienenses, son reticentes a acogerse a las subvenciones que la administración regional ofrece, en el marco de los planes andaluces de vivienda, para construirle casas a los inmigrados, escudándose en el agravio comparativo que esta política supondría para los autóctonos.

¹⁶ Hemos comprobado que el precio que pagan los inmigrantes por alquilar los cortijos no varía mucho del que tienen que pagar por los pisos ubicados en los centros urbanos, a pesar de que el hábitat en diseminado presenta enormes carencias en infraestructura y equipamiento. Por eso, una de las formas que tienen los inmigrantes para abaratar los costos del alquiler es el hacinamiento. De manera similar, en las zonas más degradadas también se han elevado los precios de los pisos en venta, debido a un incremento en la demanda de los inmigrados. Así, viviendas por las que los autóctonos no aceptarían pagar ni seis mil euros se venden a los inmigrados por 42 mil. Esto ha dado origen a un nuevo negocio: el de los almerienses que compran pisos a bajo precio para venderlos a los inmigrados.

¹⁷ Véase, entre otros, Juan Carlos Checa (1995), Foro Cívico (2000), Ubaldo Martínez (2001), Emma Martín etal. (2001) o Ángeles Arjona (2004), quienes describen el proceso de discriminación laboral de los inmigrados africanos en la agricultura almeriense.

¹⁸ John Kain (1965, 1968) propone tres hipótesis para explicar las diferencias del acceso al trabajo entre los blancos y negros en las ciudades estadunidenses: primera, la concentración de los negros en los vecindarios del centro; segunda, la localización de los negros reduce sus oportunidades de trabajo; tercera, la suburbanización y dispersión de los empleos en las áreas metropolitanas reduce las oportunidades de trabajo de los negros que viven en el centro de la ciudad. Julius William Wilson (1987, 1997), posiblemente, ha sido el autor que mayor esfuerzo ha realizado en sus investigaciones para comprobar estas hipótesis.

¹⁹ Investigaciones como las de Callejón y Casado (2004) muestran, para el caso almeriense, que para los autóctonos el mejor modelo de incorporación de los inmigrados a las sociedades de acogida es su asimilación total.

²⁰ En la concepción tradicional el problema de la vivienda ha sido definido básicamente como un desequilibrio entre lo necesitado y lo producido, sin tener en cuenta la relación entre la vivienda y la estructura social. De ahí que se proponga el concepto de residencia como elemento aglutinador de las dimensiones sociales y físico-espaciales.

²¹ Así, en ocasiones, con la intención de crear una "ciudad purificada", de preocupaciones higienistas, insalubridad o moralizadoras se convierten en causas para el desalojo, encubriendo el deseo de convertir esos hábitat en nuevos edificios, locales, etcétera. Y, por tanto, se enmascara un incipiente proceso de gentrification en nombre de una ciudad-jardín. En los diseminados, por su parte, la cesión y ocupación actúan como bolsa de trabajadores en reserva y tanto los inmigrados como sus hábitat son "invisibles" y no necesitan tanto de políticas higienistas.

²² A lo que hay que sumar estrategias económicas de los inmigrados que impiden gastar grandes cantidades en la vivienda. Así, gran parte de ellos mandan dinero a sus países de origen o lo ahorran para futuros desplazamientos a lugares con mejores posibilidades económicas, etcétera. En cualquier caso, ello reduce más su capacidad de ahorro e inversión en materia de vivienda, que es suplida insertando nuevos individuos.

²³ Según la Convención Europea de Colonia y el Comité Parker Morris del Reino Unido, la superficie neta recomendada es de 98 metros cuadrados útiles. Sin embargo, la superficie media para nuestro caso es de 61 metros cuadrados.

²⁴ España es el país de la Unión Europea -de los 15- que menos gasta de su producto interno bruto (PIB) en materia de vivienda: 0.9 por ciento, frente al 4.1 por ciento, por ejemplo, que gasta Suecia.

²⁵ Debido al clima y las playas, el Poniente almeriense se ha convertido en una zona de atracción de turistas extranjeros, llegados principalmente del Reino Unido y Alemania, y españoles, que se asientan en amplias zonas residenciales junto al mar, lo que ha provocado un incremento notable de los precios de la vivienda, pues se trata de una demanda muy solvente. Ésta es una tendencia que se ha generalizado en casi todas las zonas.

²⁶ En un 94 por ciento la cesión se produce en los diseminados que están junto a las explotaciones; el resto ocurre en algunas entidades locales dependientes, como Cortijos de Marín, en Roquetas de Mar.

²⁷ Evidentemente, cuando los inmigrados habitan un alojamiento en régimen de ocupación o cuando se realizan autoconstrucciones chabolísticas el pago en materia de alojamiento es nulo.

²⁸ Diversas investigaciones (véase, entre otros, Martín et al., 2001; Martínez, 1999, 2001; Foro Cívico, 2000; Defensor del Pueblo Andaluz, 2001; Girón, 2002; Checa, 2004), centradas también en el caso almeriense, utilizando determinadas metodologías y procedimientos, describen como graves y extremas las condiciones de exclusión residencial, segregación y ocupación de infraviviendas de los inmigrados.

²⁹ Las variables independientes: edad, estado civil, nivel educativo, régimen de tenencia de la vivienda, tipo de residencia en origen, etcétera, al igual que en el caso anterior, no cumplen los criterios de significación estadística.

 

Información sobre los autores:

ÁNGELES ARJONA GARRIDO es licenciada en sociología por la Universidad de Granada y doctora en antropología social por la Universidad de Almería, y actualmente es profesora de antropología social en la última institución. Sus principales líneas de investigación son mercados de trabajo, economía étnica, modelos de integración de los inmigrantes y migraciones de retorno. Es autora de La inmigración y el mercado de trabajo: el caso de la economía étnica en Almería (2005) y coeditora de Convivencias entre culturas (2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) e Inmigración y derechos humanos (2004). Dirección electrónica: arjona@ual.es.

JUAN CARLOS CHECA OLMOS es licenciado en sociología por la Universidad de Granada y obtuvo el doctorado en sociología en la Universidad de Almería. Es profesor de sociología en el Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería. Su interés de investigación gira en torno a segregación espacial, mercados de trabajo, modelos de integración de los inmigrantes y migraciones de retorno. Es autor La diferenciación residencial de los inmigrados (2004) y coeditor de Convivencias entre culturas (2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) e Inmigración y derechos humanos (2004). Dirección electrónica: jcheca@ual.es.