Agrobiotecnologías en Uruguay: posicionamiento de actores en torno a un debate incierto

 

Agrobiotechnologies in Uruguay: positioning of the players around an uncertain debate

 

Mariela Bianco-Bozzo*, Marta Chiappe-Hernández*, Matías Carámbula-Pareja*

 

* Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Av. Eugenio Garzón 780, Montevideo. 12900, Uruguay (sur@csic.edu.uy), (mchiappe@fagro.edu.uy), (mcarambula@fagro.edu.uy)

 

Resumen

En Uruguay, la introducción y el uso de semillas transgénicas es un proceso intermitente de encuentros y desencuentros entre actores diversos. Desde la introducción de semilla de soja (Glycine max) transgénica en 1996, se ha ido configurando una arena de conflicto con escenarios cambiantes de acuerdo al grado de involucramiento de distintos actores. Entre ellos se cuentan las organizaciones de productores con distintos matices sobre el tema, las empresas de insumos agrícolas que comercializan las semillas transgénicas, la comunidad de investigadores que detenta el saber experto sobre la temática, el Estado y la política pública que ha sido cambiante en relación a la autorización, supervisión y control de OGM, algunas ONG ambientalistas que han mostrado su rechazo a la autorización de eventos transgénicos, y los consumidores en general. La polémica ha estado sujeta a los vaivenes de los protagonismos que los distintos actores han asumido en diferentes momentos sin lograr, por ello, involucrar masivamente a la sociedad civil, que ha permanecido, en gran parte, desinformada y ajena al debate. En este contexto se analizan los distintos significados, representaciones sociales y estrategias en torno a las agrobiotecnologías, sustentados tanto por partidarios como por detractores de estas tecnologías.

Palabras clave: Agrobiotecnología, OGM, Uruguay.

 

Abstract

In Uruguay, the introduction and use of transgenic seeds has become an intermittent process of agreements and disagreements between the players involved. Upon the introduction of the transgenic soybean (Glycine max) in 1996 an area of conflict began, with the scenarios changing in accordance with the degree of involvement of the different players. These include the producers' organizations with differing nuances on the subject, the companies of agricultural inputs which commercialize transgenic seeds, the community of researchers that hold the expert knowledge about the subject matter, the State and political policies that have changed with regard to the authorization, supervision and control of the GMOs, some environmentalist NGOs that have rejected the authorization of transgenic events, and the general consumers. The controversy has been subject to the unsteadiness of the prominent role that several players have assumed at different moments, failing to involve en masse the civilian society which has largely remained misinformed and alien to the debate. In this context, the different meanings, social representations and strategies around agrobiotechnologies are analyzed, sustained by supporters as well as by detractors of these technologies.

Key words: Agrotechnologies, GMO, Uruguay.

 

Introducción¹

El escenario mundial tiene hace más de una década un prolongado debate, por momentos encendido y por momentos latente, acerca de las bondades y perjuicios de las tecnologías de ingeniería genética aplicadas a la agricultura. En particular, los organismos genéticamente modificados (OGM) constituyen el centro de las disputas, atrayendo opiniones a favor y en contra basadas en argumentos de tipo ético, ambiental, productivo, y socioeconómico.² Los distintos grupos sociales que sustentan posiciones en defensa u oposición de estas tecnologías han desplegado narrativas opuestas que dominan el debate (Scandizzo, 2009). Estas narrativas proporcionan a sus partidarios un marco cognitivo adecuado para la interpretación y búsqueda de significados acerca de los eventos sobre los que polemizan. Para el caso del Sur de Brasil, los argumentos y estrategias desarrolladas por unos y otros en concordancia con los diferentes significados sociales atribuidos a los OGM se enfrentan en un espacio social definido por un polo dominante representado por los "optimistas tecnológicos" y otro que encarna la fuerza opuesta, y que se identifica con los "críticos de la cautela" (Silveira y Almeida, n/p).

En otros contextos, la controversia asociada al uso de OGM se plantea en torno a una diversidad mayor de actores que se configuran en una arena de conflicto en base a sus diferentes composiciones sociales, incidencias en la toma de decisiones, estrategias y formas de lucha. En este sentido, caracterizando los movimientos de gran parte de los conflictos sociales contemporáneos Bartra (2008: 193) subraya "La otra cara del pensamiento critico ambiental es un variopinto movimiento que resiste airada y puntualmente a las expresiones más visibles de la agresión tecnológica: presas, minas...comida chatarra, agroquímicos..."

En Uruguay, el debate supone un proceso intermitente de encuentros y desencuentros entre actores diversos, definido por escenarios cambiantes de acuerdo al grado de involucramiento y las relaciones de poder establecidas entre los actores implicados. Entre éstos se cuentan los investigadores involucrados con el dominio de la técnica y el conocimiento experto sobre OGM, los productores agropecuarios nucleados en organizaciones que representan sus intereses productivos, las empresas de insumos agrícolas que comercializan los paquetes tecnológicos, el Estado encargado de diseñar políticas que establecen las reglas de juego para los cultivos transgénicos definiendo el marco regulatorio para los mismos, las ONG ambientalistas que sustentan una visión opuesta a la utilización de cultivos transgénicos y despliegan una práctica de denuncia en contra de su autorización, y organizaciones de defensa de consumidores y usuarios que intentan asumir los intereses de la sociedad civil. En el presente trabajo se explora el posicionamiento asumido por cada uno de estos actores en el marco del actual escenario uruguayo definido por un contexto de expansión de la agricultura de secano liderada por el cultivo de soja transgénica, otros dos cultivos transgénicos en producción (Maíz Bt y Maíz 810) y una nueva normativa en materia de bioseguridad puesta en práctica para la autorización de nuevos eventos. No se intenta realizar un análisis de las trayectorias específicas de cada uno de los actores involucrados desde el momento de la introducción al país de la primera semilla transgénica, sino que se intenta comprender sus lógicas actuales a efectos de caracterizar el debate.

Luego de esta introducción, se presenta la situación de los cultivos transgénicos en Uruguay y el marco regulatorio actual. En la siguiente sección se describen las posiciones de los distintos actores estudiados, presentando sus principales argumentos a favor y en contra de los cultivos transgénicos. En la última sección se discute de forma preliminar el tema en conjunto señalando las principales tendencias en el debate, e identificando posibles implicaciones del mismo.

 

Antecedentes de los cultivos transgénicos en Uruguay

En Uruguay existen tres cultivos transgénicos autorizados para su producción: la soja RR, el maíz MON810 y el maíz Bt11. Según datos correspondientes a 2008, el área total cultivada es aproximadamente de 700 mil hectáreas, superficie que coloca a Uruguay en el noveno lugar del mundo en adopción de cultivos transgénicos (James, 2008). Los tres cultivos mencionados fueron aprobados en diferentes momentos a partir de 1996, y su introducción se procesó con distinto grado de información a la población, discusión y debate entre representantes de empresas, técnicos, sociedad civil y funcionarios del gobierno. Mientras en 1996, la semilla de soja transgénica se autorizó para su producción, importación y consumo humano y animal sin la menor difusión ni cobertura de prensa, en 2003 la autorización del primer maíz transgénico implicó una gran campaña de oposición planteada por organizaciones ambientalistas, productores orgánicos, académicos y algunos parlamentarios, que culminó con la suspensión de la única audiencia pública realizada para discutir el tema. En 2004 se concedió, sin mayor repercusión, y sin audiencia pública, la autorización al segundo maíz transgénico.

Años más tarde, en julio de 2008 se estableció, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo (Decreto 353/008), la política de coexistencia regulada entre vegetales genéticamente modificados y no modificados. Esta nueva política en materia de biotecnología terminó con una moratoria de 18 meses establecida por el gobierno en enero de 2007 para el ingreso de solicitudes de nuevos eventos transgénicos al país. Durante dicho periodo se conformó un grupo de trabajo (conocido como Comité Nacional de Coordinación) integrado por representantes de cuatro ministerios y con participación de diversos actores (academia, sociedad civil y empresas) con el propósito de establecer las bases de un marco regulatorio sobre bioseguridad.

El nuevo marco regulatorio establecido en julio de 2008 tiene tres componentes principales:

a) Promueve una política de coexistencia regulada entre plantas genéticamente modificados y no modificados a través de una autorización caso a caso, que tenga en cuenta los resultados de las correspondientes etapas de evaluación y gestión del riesgo.

b) Crea una nueva estructura institucional en materia de bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas integrada por cuatro instancias encabezadas por el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) con responsabilidad por la autorización de vegetales genéticamente modificados y la definición de los lineamientos de la política de bioseguridad.

c) Asigna al GNBio la promoción de acciones tendientes a implementar el etiquetado voluntario en los alimentos en los que se pueda comprobar la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificadas.

Se crea, a partir de esta normativa, un nuevo contexto para los cultivos transgénicos en Uruguay estableciéndose por primera vez una política expresa del gobierno en el tema. En virtud de las nuevas reglas de juego, los actores podrán reconfigurar sus estrategias y asumir posturas que los posicionen en el debate en torno a los cultivos transgénicos.

 

Los argumentos planteados, los intereses en juego

En esta sección se examinan los posicionamientos de los distintos actores implicados en el tema, analizando las representaciones sociales que los transgénicos invocan, a efecto de configurar un mapa nacional de posturas y argumentos. El análisis está basado en un relevamiento de artículos publicados en la prensa escrita en el periodo 2000-2008, y la realización de entrevistas abiertas a representantes de organizaciones de productores rurales, técnicos de empresas proveedoras de insumos agrícolas, instituciones académicas, ONG ambientalistas, asociaciones de consumidores y organismos del Estado, efectuadas durante 2009.

Los productores agropecuarios y sus organizaciones

Este apartado incluye las posiciones de los agricultores en tanto usuarios directos, reales o potenciales de la tecnología, en un espectro relativamente amplio de situaciones productivas. Opinan actores de la producción agropecuaria y no exclusivamente agricultores, ya que el conjunto incluye a aquellos que operan esquemas productivos mixtos en los que se combina la agricultura con la producción pecuaria. Las posiciones se sustentan tanto en opiniones contrarias a los OGM expresadas por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay y la Comisión Nacional de Fomento Rural, como en visiones positivas recogidas de representantes de la Asociación Rural del Uruguay y de la Cooperativa Agraria Nacional.

La ACA es la organización gremial que agrupa a los productores arroceros. Su argumento en contra de los OGM es que el rechazo de esta tecnología es la mejor estrategia comercial para el sector arrocero, en tanto que su producción se dirige a mercados que privilegian la demanda de alimentos naturales como la Unión Europea y Japón, así como a otros que por razones de índole religiosa se oponen a los transgénicos, por ejemplo Irán. En línea con esta estrategia está el reclamo de posicionar a Uruguay en el mercado internacional como un "país natural" orientado al sector de consumidores preocupado por el cuidado de su salud y su alimentación. Como forma de consolidar su estrategia comercial en los mercados más exigentes, la gremial de agricultores junto a la Gremial de Molinos Arroceros (que representa a la fase industrial del complejo arrocero) se propone lograr en los próximos años la certificación ambiental del arroz uruguayo.

La posición del sector arrocero de no apoyar la introducción ni explotación comercial de variedades de arroz genéticamente modificado, definida expresamente por su organización gremial hace más de una década, es particularmente influyente en el escenario nacional, en tanto este cereal es el principal cultivo uruguayo de exportación en miles de dólares (DIEA, 2009). A modo de ejemplo, cabe señalar que su argumento es asumido por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que, consecuentemente, para lograr la resistencia a herbicidas opta por trabajar en el desarrollo de variedades de arroz mutante, una tecnología alternativa a los OGM que no encuentra oposición en los mercados internacionales.

Por su parte, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) despliega una serie de argumentos en contra de los cultivos transgénicos alineados, lógicamente, con la defensa de su propia opción productiva. La APODU es una organización de alcance nacional con algo más de una década de existencia, y formada fundamentalmente por agricultores comprometidos con la producción agroecológica y una visión alternativa de la sociedad actual (Blum, 2007).

En defensa de sus intereses, estos productores entienden que en Uruguay la expansión de la agricultura de base transgénica refuerza la actual tendencia a la concentración en empresas de gran escala, siendo una amenaza para la viabilidad económica de la pequeña producción que practican. Asimismo, defienden su derecho a decidir qué producir y el de la sociedad civil a decidir qué consumir, asumiendo que los cultivos transgénicos ponen en peligro la producción orgánica, y que los productos transgénicos que se introducen en numerosos alimentos elaborados limitan las posibilidades de alimentación de acuerdo con ciertas preferencias y obstaculizan un consumo informado.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) es la organización de productores que representa más claramente al sector que se identifica con la producción de tipo familiar. A nivel nacional, agrupa 84 entidades de base que involucran a unos 15 mil productores con presencia en casi todos los rubros de producción. Su postura en relación a los cultivos transgénicos se incluye en un cuestionamiento genérico al modelo del agronegocio, (orientado al mercado externo y con control de la agroindustria), que oponen al de agricultura familiar, (caracterizado por la pequeña escala de producción, el predominio de trabajo familiar y tradicionalmente orientado al mercado interno) del cual se sienten parte (CNFR, 2009). Las consecuencias de este modelo refieren a procesos de concentración y extranjerización de la tierra, degradación de recursos naturales y exclusión social, que en conjunto atentan contra la sustentabilidad de la producción familiar. En este sentido, no se oponen específicamente a los cultivos transgénicos en tanto tales, sino como parte integral del modelo del agronegocio.

En particular, la tecnología transgénica les merece una cierta cautela porque no creen que esté saldada la discusión en relación con los efectos nocivos que puede ocasionar a nivel humano o animal, ni que se haya procesado una discusión sobre la conveniencia de que Uruguay los adopte como estrategia tecnológica. En palabras de uno de sus dirigentes, es necesario que "tomemos nuestros tiempos para conseguir la información a nivel internacional y también que nuestra universidad y el INIA investiguen y vean si realmente vale la pena avanzar hacia ese tema o si no. porque nos consta que hay países que son demandantes de nuestra producción y que tienen problemas con ese tema." Adicionalmente, entienden que el país rápidamente ha cedido a presiones económicas de las empresas multinacionales estableciendo la política de la coexistencia regulada que es una "salida diplomática" con la que no están de acuerdo. En relación con las implicaciones de esta decisión su representante considera que "son temas que pueden significar que el país puede hipotecar cosas que el país ha venido cultivando hace muchísimo tiempo, como es el tema de Uruguay Natural."

En contraposición a los argumentos planteados hasta aquí, naturalmente existen visiones positivas acerca de los cultivos transgénicos en las organizaciones que agrupan productores que ya han optado por estos cultivos. En la Asociación Rural del Uruguay (ARU), primera gremial agropecuaria del país, fundada en 1871, integrada por empresarios de gran escala mayoritariamente ganaderos y que ha mostrado a lo largo del tiempo un gran peso político ante el Estado, prima la opinión de que la biotecnología es una clara fuente de competitividad de la empresa agrícola y como tal debe ser defendida. Ante la moratoria para la autorización de nuevas semillas transgénicas establecida por el Poder Ejecutivo en 2007, uno de sus directivos manifestó su rechazo a la política de suspensión de nuevos eventos opinando que el hecho "tiene el agravante de que estaríamos perdiendo cuatro años para la aprobación de nuevos eventos, lo que implica un rezago en la competitividad de la producción agrícola" (Semanario Búsqueda, 2007:17). Como puede verse, el sustento económico comercial de su argumento se basa en la concepción de que la tecnología en cuestión aporta competitividad a la agricultura uruguaya en comparación con la de otros países, razón por la cual no debe ser obstaculizada.

Finalmente, la Cooperativa Agraria Nacional (COPAGRAN) es una organización que surge de una fusión de once cooperativas y tiene una fuerte presencia en la zona litoral de Uruguay, en la cual se está dando un intenso proceso de expansión de la agricultura con presencia de agricultores extranjeros, fundamentalmente argentinos. La organización reúne a unos 2000 socios que comercializan su producción a través de la cooperativa, con una extensión promedio por productor de 250 ha. La soja, en su totalidad transgénica, es el principal producto comercializado por COPAGRAN lo cual la convierte en un referente obligado sobre la perspectiva de los productores en relación con los cultivos transgénicos.

El argumento de carácter productivo-agronómico es el principal criterio aducido por un directivo de COPAGRAN para sustanciar la elección de los productores por los cultivos de tipo transgénico. En el caso de la soja, el fundamento es muy claro: la tarea agrícola se ha facilitado enormemente con el paquete de la semilla transgénica. Las innovaciones químicas (el herbicida glifosato), biológicas (semilla de soja resistente a glifosato) y mecánicas (sembradora de siembra directa, maquinaria para la aplicación de fungicidas y herbicidas) que caracteriza al denominado paquete de la siembra directa permiten la simplificación del manejo del cultivo, del proceso y del sistema. La ventaja para el agricultor no está en la rentabilidad del cultivo en sí misma sino en la simplificación del proceso productivo. Paralelamente, en plena zona de expansión de la soja y el maíz transgénico los productores no visualizan ningún efecto negativo por su uso en el ambiente; les preocupa de alguna manera la sustentabilidad en el uso del suelo, no necesariamente por los cultivos transgénicos sino por efecto del monocultivo y la agricultura continua, pero consideran que con rotaciones adecuadas el recurso puede manejarse correctamente. En categóricas palabras del directivo de la cooperativa entrevistado, el hecho de que los cultivos que plantan sean transgénicos "para los productores no es un tema, para nada; para mi tampoco porque sé que es totalmente inocuo, no tengo ninguna duda."

Las empresas de insumos agrícolas

La Cámara Uruguaya de Semillas (CUS) es una asociación de 30 empresas dedicadas a la producción y comercialización de semillas que opera en Uruguay hace más de 20 años. En virtud de su actividad económica, las empresas que la integran tienen un interés genuino en la promoción de los cultivos transgénicos, convirtiéndose en uno de los actores más visibles en la defensa de los nuevos eventos. Los argumentos que esgrimen, como partidarios del uso de esta tecnología, se orientan a las tendencias internacionales de crecimiento de los cultivos transgénicos por preferencia de los productores, y a la debilidad de las pruebas aportadas en su contra en relación con las eventuales consecuencias negativas sobre el medio ambiente o la salud humana.

En términos generales, la visión de la asociación hacia los transgénicos se expresa en el siguiente fragmento extraído de su sitio web: "las considerables ventajas de productividad y los beneficios económicos, ambientales y sociales que ofrecen los cultivos biotecnológicos explican que en 2009 se haya alcanzado el récord de 134 millones de hectáreas plantadas por 14 millones de pequeños y grandes agricultores en 25 países, lo que supone un incremento de 7% (9 millones de hectáreas) sobre la cifra de 2008" (CUS, 2010).

En palabras de su gerente general, la soja transgénica "está desde hace más de diez años, no debe haber habido nada más estudiado que la soja transgénica desde el punto de vista de su inocuidad y no ha aparecido absolutamente nada. [...] Lo que muestran los análisis de riesgo son las equivalencias, las comparaciones, este producto transgénico es equivalente a su versión convencional, la soja resistente a glifosato por lo menos es tan segura como la soja común, con el maíz lo mismo, y así, caso a caso" (El Espectador, 2007).

En la opinión de este representante de la industria semillera, las preferencias de los productores uruguayos han demostrado las ventajas de los cultivos transgénicos, en virtud de que en la actualidad más de 80% del área de maíz en Uruguay se planta con una semilla Bt que, a pesar de ser más cara que la convencional, fue preferida por los productores por el resultado final (El País, 2009). No obstante, señala que la situación de Uruguay en relación con la aprobación de nuevos cultivos transgénicos es de varios años de rezago en comparación con otros países de la región que ya cuentan con nuevos eventos de maíz transgénico que Uruguay recién comienza a analizar y que de ser aprobados podrían utilizarse a partir de 2011.

Los investigadores

Los investigadores en disciplinas vinculadas a las agrobiotecnologías tienen el conocimiento experto en la materia, conocen los fundamentos biológicos del comportamiento de las plantas y los procedimientos y técnicas a partir de los cuales los objetos tecnológicos se constituyen en tales. Por tal razón, aparecen como un actor multifuncional en la sociedad actual desplegando diferentes roles en la creación, constatación y solución de problemas ocasionados por el avance de las biotecnologías. La ciencia (y consecuentemente, los investigadores) constituyen una de las causas de los riesgos que como sociedad enfrentamos, a la vez que constituyen el actor invocado para definirlos como tales y evaluar su peligrosidad, así como también la fuente de las posibles soluciones a los problemas que provocan (Beck, 1994).

En este estudio se examinaron posturas en torno a los cultivos transgénicos sustentadas por investigadores de la Unidad de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de grupos de investigación en mejoramiento genético vegetal y protección vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República ubicados en la Estación Experimental Mario Cassinoni que se encuentra en el litoral, zona del país en la cual se expanden los cultivos objeto de estudio.

El INIA es la institución pública de carácter nacional dedicada a la producción de conocimiento y tecnología aplicada al agro. Opera con financiamiento público y privado y su órgano directivo está integrado por representantes del gobierno y de cinco de las organizaciones agropecuarias del país.³ En su Unidad de Biotecnología se concentra el equipamiento más moderno del país para la investigación y desarrollo de agrobiotecnologías y un conjunto de técnicos especializados en la temática. Sus líneas de trabajo responden, mayoritariamente, a los lineamientos generales de política establecidos por el órgano directivo de la institución, prioridades indicadas por grupos de trabajo organizados por cadenas de producción y consejos asesores regionales integrados por representantes de cinco regiones productivas del país.

La biotecnología, en sentido amplio, viene siendo priorizada como una de las áreas estratégicas en las políticas de ciencia, tecnología e innovación desde al comienzo del actual gobierno.⁴ En consonancia con el gobierno, el INIA ha decidido impulsar la biotecnología buscando oportunidades para su incorporación en procesos productivos en los que permita capitalizar ventajas competitivas del país. Esta visión, en opinión de los investigadores consultados, es compartida por todo el cuerpo técnico de la institución, no detectándose controversias internas en relación con la promoción de oportunidades tecnológicas vinculadas a distintas agro-biotecnologías y a los OGM en particular. Uno de los investigadores entrevistados manifiesta en este sentido que "en general, hay buena sintonía con el sector productivo, así que si allí es valorado positivamente, llega a los programas de investigación rápidamente [...] nos llega muy rápido el sentir de las gremiales del sector productivo y así se va delineando el trabajo nuestro."

En el marco de la nueva normativa nacional establecida para OGM que fue descrita en la segunda sección, el INIA se integra a la nueva estructura institucional en calidad de organismo asesor. A solicitud del GNBio, sus técnicos intervienen en los procesos de evaluación técnica de los riesgos asociados a los eventos que solicitan autorización tanto comerciales como de investigación. A su vez, el director de su Unidad de Biotecnología integra el Comité de Articulación Institucional que oficia como instancia consultiva en materia de bioseguridad. Claramente, el conocimiento especializado que tiene estos investigadores juega un rol experto en la evaluación de riesgos, aportando valoraciones técnicas que serán insumos para la toma de decisiones en materia de bioseguridad.

Consultados acerca de su parecer, los investigadores en biotecnología señalan que su papel en el tema es meramente técnico, asignándole a la sociedad en su conjunto y a la política en particular, la responsabilidad de adoptar decisiones de acuerdo con la conveniencia del país. En este sentido, no se involucran en el debate acerca de la viabilidad de la coexistencia regulada de los sistemas de producción sino que descuentan que las instancias de evaluación y consulta pública que se han establecido permiten alcanzar consensos entre las partes involucradas. En tanto expertos, consideran que su cometido es participar en los procesos técnicos estudiando los objetos y aportando evidencia científica sobre las temáticas bajo estudio para contribuir a la toma de decisiones en cada caso concreto. Un entrevistado nos relata de la siguiente forma cómo entiende su competencia específica como técnico. "Es interesante que se logró comprender que la decisión última es social y política, la técnica es así y nosotros nos ocupamos de reunir la mayor información pero las decisiones no son correctas porque alguien lo apruebe, puede decirse que algo es inconveniente por razones comerciales, sociales, éticas, políticas, y es tan válido como decir esto es un negocio porque sirve para tal cosa; es decir todo tiene que ser tomado en cuenta y sin embargo no todo eso es materia de nuestra propia investigación. Capaz que hace un tiempo, como biotecnólogo te decían, júreme si esto es bueno o malo. [...] El que sabe, sabe de una cosa específica y la decisión es de un conjunto."

Por su parte, los investigadores universitarios consultados realizan docencia e investigación en la Estación Experimental cuya zona de influencia es precisamente la de expansión de la agricultura. Esta ubicación en la zona litoral del país, más su especialización académica en temas como mejoramiento genético, fitopatología y manejo de malezas los vincula con la temática objeto de estudio y los identifica como informantes autorizados dentro del sector académico. No obstante, estos investigadores no han atacado la temática de evaluación o los impactos de los cultivos transgénicos en sí misma dentro de sus líneas académicas de largo aliento sino que han atendido tópicos puntuales, por ejemplo vinculados al manejo de enmalezamiento y evaluación de herbicidas alternativos al glifosato, a solicitud de empresas que a través de contratos de consultoría intentan promover sus propios insumos agrícolas. En este sentido, destacan la dificultad para contar con financiamientos de investigación de largo plazo para desarrollar estudios sostenidos y con un alcance de tipo regional.

Como colectivo, su preocupación central se vincula al tema de los recursos naturales ante el avance de los sistemas de siembra directa desde mediados de los años 90. Consideran que en la evaluación de ventajas y desventajas de la siembra directa, el tema de los cultivos transgénicos es importante en la medida en que profundiza la tendencia a la agriculturización. Su visión acerca de los transgénicos es bastante crítica, pero se refiere más bien a que su difusión refuerza tendencias negativas anteriores aun cuando tanto en soja como en maíz los desempeños productivos no son extraordinarios. En virtud de que el grano obtiene muy buenos precios en el mercado internacional, el negocio resulta muy atractivo. Si además se considera que para el caso de la soja RR, el productor se despreocupa del tema de las malezas y el técnico asesor "no tiene que tomar decisiones, sólo hacer tres aplicaciones de glifosato" el cultivo a gran escala se torna muy sencillo, puesto que no requiere un manejo ajustado a las condiciones especificas de cada ambiente. Sin embargo, los investigadores no creen que la transgénesis como herramienta sea una solución mágica. Según la opinión de uno de los entrevistados "en la concepción de la mayoría de nosotros, no consideramos que los transgénicos sean una herramienta demasiado fundamental y definitivamente no atacan ninguna de las limitantes clave."

Las ONG ambientalistas

Este actor es probablemente el que expresa una posición más clara en contra de los cultivos transgénicos y el que ha tenido una visibilidad más notoria en la polémica sobre su uso a lo largo del tiempo. Incluimos en la categoría de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas a entidades privadas que operan como colectivos de la sociedad civil, que comparten una visión crítica al actual modelo productivo y promueven distintas alternativas basadas en el paradigma de la agricultura sustentable; entre ellas a la Red de Ecología Social-Amigos de la Tierra (REDES-AT), Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas para América Latina (RAPAL-Uruguay) y el Centro de Estudios Uruguayos de Tecnologías Apropiadas (CEUTA). Su actividad incluye la participación en campañas de difusión y denuncia de los efectos negativos de la agricultura industrial que consideran orientada por intereses de un conjunto de empresas multinacionales, así como sobre los riesgos asociados a los cultivos transgénicos. Varias de sus actividades se realizan en coordinación con organizaciones internacionales de las que reciben abundante información y evidencias de los impactos ambientales y socioeconómicos de los transgénicos. Las intervenciones públicas de estas organizaciones en Uruguay, en relación con el tema objeto de estudio han estado articuladas entre sí y usualmente han incluido también a APODU, entidad examinada en el apartado referido a los productores y sus organizaciones.

El eje central de sus argumentos en contra de los cultivos transgénicos se enmarca en una crítica más general al modelo identificado con el agronegocio, cuyo crecimiento en la región acentúa los procesos de concentración y extranjerización de la tierra produciendo impactos socioeconómicos, por ejemplo sobre el empleo; y ambientales como el deterioro de suelos y pérdida de biodiversidad.

En particular se oponen a la política de coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y convencionales y orgánicos adoptada por el gobierno, por entender que los primeros implican graves riesgos de contaminación genética a otras plantaciones ante los cuales los productores no tienen forma real de protegerse. La consolidación de esta política amenaza la viabilidad de la pequeña producción con la cual se identifican, y opera como un factor de exclusión para numerosos productores.

Pero uno de sus principales cuestionamientos al gobierno en relación a la política adoptada es su renuencia a propiciar un real debate nacional acerca de la conveniencia de optar por un país con o sin transgénicos. En momentos en que se elaboraban recomendaciones y sugerencias previas a la normativa que establecería el sistema de coexistencia regulada de sistemas de producción, los representantes de las ONG ambientalistas se retiraron del proceso de discusión en el que participaban junto a representantes del sector empresarial, del sector académico, los productores y los organismos del Estado por entender que no se estaba fomentando una evaluación participativa de los impactos económicos, sociales y ambientales de los cultivos transgénicos. En tal sentido manifestaron, al abandonar el Comité Nacional de Coordinación junto a los productores orgánicos, "la ausencia total de un debate a nivel nacional en torno a los transgénicos, que garantice la transparencia y el carácter democrático de un proceso que compromete el futuro de todo el país. El derecho a elegir sólo se puede ejercer cuando se respeta el derecho a saber. El principal responsable de que toda la población pueda ejercer estos derechos es el Estado" (Rapal, 2006).

En su visión, el país desperdició la oportunidad de estimular la participación ciudadana a partir de un proceso de información sobre el tema durante el periodo de la moratoria de 18 meses establecida a principios de 2007. En relación con este punto, un entrevistado de una de las ONG consultadas reflexiona de la siguiente manera: "se supone que un gobierno de izquierda debería promover el debate social, ciudadano, pero no ocurre; es lo más doloroso, lo más terrible. [...] Nosotros hasta podríamos entender que el Uruguay decidiera que quiere transgénicos por la razón que sea, podría pasar, pero después de un debate y no porque sí; ¿en función de qué se toman las decisiones? No lo sabemos."

Los consumidores

Un último actor en nuestro mapeo de posturas en relación a los cultivos transgénicos son los consumidores en general, es decir a la población que sin estar directamente vinculada a la producción o uso de cultivos trans-génicos se encuentra expuesta al tema como potencial usuario de alimentos que pueden incorporar productos de origen transgénico. Por este motivo conviene conocer la perspectiva de los consumidores y de las organizaciones que pretenden representar sus intereses. El consumidor es un tímido actor que apenas asoma en escena, ya que a pesar de su gran dimensión tiene escasa visibilidad, amén de presentar gran heterogeneidad y dispersión.

En 2006 se realizó un estudio de opinión pública en el marco del proyecto nacional para la elaboración de recomendaciones de política con vistas a un marco nacional de bioseguridad (referido anteriormente como Comité Nacional de Coordinación). Esta encuesta manejó opiniones del público en general a partir de una muestra nacional de 933 casos, siendo el único antecedente específico que existe sobre el tema a nivel de opinión de los consumidores. Sus resultados destacan el desconocimiento general de los uruguayos sobre organismos vivos modificados (terminología que se utiliza en el estudio), así como una amplia desconfianza y rechazo de los encuestados, con bastante independencia del conocimiento de la temática (DINAMA, 2007). En las recomendaciones del mismo referidas a mecanismos de acceso a la información y participación, se incluye la creación de instancias formalizadas de consulta amplia al público. Asimismo se especifica que "dichas instancias deberían asegurar un acceso transparente a la información para garantizar una participación informada" (DINAMA, 2007).⁵

La nueva normativa para la autorización de semillas transgénicas prevé una instancia de información a la población y de consulta pública luego de la etapa de evaluación de riesgos en bioseguridad y previo a la decisión de autorizar o no una solicitud. No obstante, estas instancias no se efectúan de forma presencial a partir de una convocatoria a interesados en recibir información, conocer las características de las semillas que se encuentran bajo estudio y opinar en consecuencia. La información a la población se efectúa divulgando a través del sitio web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca⁶ informes técnicos relativos a la evaluación de riesgos de los eventos específicos que solicitan autorización ante el GNBio. La consulta pública se instrumenta, durante un cierto plazo de tiempo que se estipula en cada caso, a través de la recepción de comentarios que cualquier interesado puede enviar de forma electrónica o en papel en respuesta al contenido de los informes técnicos difundidos.⁷

El muestreo de prensa efectuado para el presente estudio nos permitió identificar tres organizaciones de consumidores que en algún momento se habían manifestado en relación a los cultivos transgénicos. Dos de ellas, con las cuales no fue posible concertar entrevistas, se habían movilizado en 2001, junto a las ONG ambientalistas, reclamando el etiquetado obligatorio de los alimentos de origen transgénico. La tercera organización; Consumidores y Usuarios Asociados, es una asociación civil con algo más de una década de existencia, que opera en defensa de los derechos de los consumidores en los más diversos temas, promoviendo una mirada crítica frente al acto del consumo basada en la información y la representación de los consumidores en distintos ámbitos de decisión (CUA, 2008). Aunque no mantienen una actividad específica en relación a nuestro tema de estudio pudimos recoger la postura de su presidente en contra de los cultivos transgénicos debido a que desde su punto de vista "profundizan las alergias y te hacen inmune a los antibióticos, y para nosotros eso ya es suficiente."

Su planteo en el tema está orientado a que los ciudadanos puedan disponer de la información necesaria para tomar opciones conscientes sobre su alimentación. En este sentido, el representante entrevistado considera que el etiquetado voluntario de los alimentos que contienen transgénicos "es horrendo, tiene que ser obligatorio y la gente elige [...] porque estás envenenando a la gente sin que nadie sepa nada."

 

Discusión

En Uruguay, la polémica en torno al uso de cultivos transgénicos ha estado sujeta a los vaivenes de los protagonismos que durante la presente década distintos actores han asumido sin lograr, por ello, involucrar masivamente a la población, que ha permanecido mayormente desinformada y ajena al debate.

El muestreo de prensa efectuado y las entrevistas realizadas a actores vinculados con las agrobiotecnologías señalan que no está planteada, en el presente, una gran polémica con argumentos polarizados sobre el tema. Si bien existen diferentes posturas y representaciones sociales en torno a los transgénicos que encarnan posiciones contrapuestas en la temática, no se podría asegurar que haya un conflicto explícito con estrategias de acción en torno al mismo desplegadas por los actores involucrados. De las posiciones descritas en este trabajo se desprende una cierta preeminencia de argumentos de carácter productivo y socioeconómico (competitividad, diferenciación de productos, acceso o exclusión de mercados, concentración económica, desplazamiento o exclusión de sectores particulares de la producción agropecuaria), en las posturas planteadas tanto a favor como en contra de los transgénicos. Resulta interesante que ninguno de los actores consultados fundamenta su postura en razones de carácter ético sobre la tecnología en cuestión, utilizando argumentos dirigidos específicamente a la manipulación genética y los cambios radicales en los germoplasmas.

Las relaciones de fuerza entre los actores son desiguales, y aquellos que concentran la posibilidad de hacer valer su postura presentan mayores oportunidades para imponer al resto su propia verdad, constituyendo así el discurso dominante. De esta forma, el gobierno ha establecido como válida la política de coexistencia entre distintos sistemas de producción, lo cual legitima las visiones optimistas acerca de los transgénicos y el rol del conocimiento experto para definir las normas que aseguren la convivencia. Las visiones opuestas, planteadas, con distinto nivel de participación en el tema, por organizaciones ambientalistas, productores orgánicos y productores familiares, no logran articularse entre sí o involucrarse activamente en el debate como para extenderlo a la sociedad civil y agudizar la polémica. Leff (2007) plantea que una de las dificultades de los movimientos ambientales es la construcción de una identidad, explicada entre otras cosas por el transclasismo que los caracteriza. En el caso estudiado, la escasa construcción de identidad colectiva y nivel de desagregación de los grupos contrarios a la utilización de OGM en la agricultura uruguaya seguramente debilitan su incidencia en la arena pública e inciden en las posibilidades de construir una perspectiva crítica consensuada con otros sectores de la población en relación con la utilización de los cultivos transgénicos.

La equidad en el acceso a la información y la participación ciudadana en ámbitos de decisión constituye un requisito básico para el funcionamiento de un sistema democrático. Ante situaciones cambiantes y crecientemente complejas (como pueden ser los impactos ambientales) sobre las cuales tenemos como sociedad un conocimiento limitado, la articulación de saberes y construcción de diálogos entre actores insertos en distintos sectores parece ser una estrategia razonable. No obstante, la información en materia de bioseguridad no fluye fácilmente; es de difícil acceso para la población en general y sus formatos están teñidos de jerga científico técnica, por lo cual resultan de difícil comprensión para los legos. Adicionalmente, los mecanismos puestos en práctica por el actual marco regulatorio en materia de bioseguridad otorgan mayor participación y, por tanto incidencia, al conocimiento experto que a la opinión ciudadana. Resulta evidente que la mayoría de la población se mantiene al margen del tema y la discusión le es ajena.

Mientras tanto, es interesante cómo las narrativas propias de cada uno de los actores que sí se involucran en el debate construyen significados propios para la tecnología con independencia de la propia lógica técnica inherente de esta última (Pinch, 2008). Así en la consideración de sus posibles impactos sobre la salud, la soja transgénica no presenta ningún riesgo para la salud humana o animal según los productores que la plantan en el litoral del país, mientras que para quienes hablan en nombre del interés de los consumidores es evidente que, por el hecho de ser transgénica, la soja tiene efectos nocivos sobre la salud de la población. De ahí que la consideración de los riesgos a nivel "objetivo" resulta irrelevante para este análisis; la percepción de los riesgos por los distintos actores involucrados es lo trascendente, porque esta noción orientará sus acciones en el tema.

Según Bijker (2008), las sociedades basadas en culturas tecnológicas, (es decir, sociedades moldeadas predominantemente por el conocimiento y la tecnología) se constituyen inevitablemente en sistemas vulnerables en tanto presentan una escasa capacidad de tratar y sobreponerse a impactos y daños causados por perturbaciones imprevistas. La tendencia creciente a la expansión de una agricultura basada en paquetes tecnológicos estandarizados con componentes transgénicos parece agudizar la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Una estrategia para disminuir tal vulnerabilidad sería la diversificación de estrategias productivas y el mantenimiento de sistemas paralelos. Por contraposición, la expansión de una agricultura basada en un modelo único aumentaría la fragilidad del sistema en su conjunto en tanto disminuiría la flexibilidad para reaccionar ante cambios significativos, por ejemplo en los precios del mercado internacional de granos o en las políticas de protección de la propiedad intelectual vinculada a los objetos técnicos. Si a ello le agregamos una sociedad como la uruguaya, en gran parte desinteresada o desvinculada con la toma de decisiones en materia de producción y consumo de transgénicos, la vulnerabilidad podría alcanzar niveles preocupantes.

 

Conclusiones

En Uruguay, la polémica en torno al uso de cultivos transgénicos ha estado sujeta a los vaivenes de los protagonismos que durante la presente década distintos actores han asumido sin lograr, por ello, involucrar masivamente a la población, que ha permanecido mayormente desinformada y ajena al debate. El establecimiento relativamente reciente, por parte del gobierno nacional, de una política de coexistencia regulada entre sistemas de producción, junto a la creación de un ámbito formal especializado en la bioseguridad ha encapsulado la discusión sobre el tema restringiéndola al área de actuación de los expertos en la que la incidencia de la opinión ciudadana y el conocimiento lego es muy limitada. Así se cierra una etapa en la evolución de la polémica aún sin haberse logrado un consenso sobre el tema, ya que la percepción de los riesgos en torno a los transgénicos enunciada por los distintos actores involucrados mantiene diferencias. En este sentido, el debate en torno a la producción y uso de transgénicos se sostiene de forma latente. Las distintas percepciones de los actores y los significados atribuidos a los transgénicos, eventualmente orientarán acciones específicas y reabrirán una nueva etapa en el debate en la medida que el diálogo e intercambio de saberes logre permear el ámbito reducido al que parece haber sido confinado.

 

Literatura Citada

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Notas

¹ Este estudio es parte del proyecto "Sistemas de relaciones, intereses en disputa y políticas públicas en torno a las agrobiotecnologías en Uruguay y el Sur de Brasil" (Directores: Dr. Jalcione Almeida en Brasil y Dra. Marta Chiappe en Uruguay) financiado por el Convenio CAPES-UdelaR.

² Por ejemplo, doce años después de la última autorización, la Comisión Europea aprobó recientemente, con la oposición de organizaciones ambientalistas y parlamentarios de los partidos verdes, la comercialización de tres nuevos maíces genéticamente modificados de la empresa Monsanto (MON683xMON8'0, MON683xNK603 y MON683xMON810xNK603) y el cultivo con fines industriales de la papa Amflora producida por la empresa BASF (Deutsche Welle, 2010).

³ Al menos dos de ellas presentadas en el apartado anterior tienen posturas enfrentadas en relación con los cultivos transgénicos: la Asociación Rural del Uruguay y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

⁴ El impulso a la biotecnología se traduce en su selección como una de las áreas estratégicas dentro del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación que se encuentra próximo a su aprobación (Bianchi y Snoeck, 2009).

⁵ Grice y Lawrence (2004) examinan numerosos estudios orientados a determinar las actitudes del público sobre la biotecnología realizados en Europa, Estados Unidos y Asia desde fines de los años 80, en los que sistemáticamente se detecta la voluntad de éste de recibir información balanceada que le permita tomar sus propias decisiones.

⁶ http://www.mgap.gub.uy/Cartelera/BIOSEGURIDAD/Gabinete_Bioseguridad.htm

⁷ Cabe consignar que al momento de escribir este artículo se encontraba abierta la consulta pública referida a dos eventos de soja que estaban solicitando autorización para producir semilla con destino a la exportación. Para ambos eventos, el plazo estipulado para enviar comentarios sobre los informes, de marcado carácter técnico, era de 15 días.