Introducción

El discurso de la sustentabilidad ha sido ampliamente empleado por las organizaciones empresariales en todo el mundo, casi siempre en el sentido de presentar una salida para la crisis del actual modelo civilizatorio. No obstante, el concepto de sustentabilidad aún permanece vago, así como también su aplicación, hasta el punto de orientar las más diversas prácticas no siempre convergentes.

Este artículo, derivado de la tesis de Maestría de H. ^{Kavinski (2009)}, busca identificar cómo surge históricamente el concepto de sustentabilidad y cómo se produce su apropiación por las organizaciones, centrándose especialmente en el discurso de las grandes empresas en Brasil. Para ello se emplea la teoría de la racionalidad ambiental, propuesta por Enrique ^{Leff (2006)}, como parámetro para el análisis de cinco informes de sustentabilidad divulgados por las grandes corporaciones con sede en el país. En la elaboración de este trabajo se ha optado por el uso del término sustentabilidad por su amplitud, ya que en este concepto se engloban también los debates acerca del desarrollo sustentable. En cuanto al concepto de organización, aquí utilizado, se refiere a instituciones empresariales y se acerca al sentido que le atribuye Srour (1992), quien la concibe como una colectividad especializada en la producción de un determinado bien o servicio, que combina agentes sociales y recursos, y se convierte en un instrumento económico. Para el autor, las organizaciones se planean para la realización de objetivos determinados y se constituyen en unidades sociales portadoras de necesidades e intereses propios.

Se destaca que todo el esfuerzo de la investigación realizada ha buscado responder a una cuestión fundamental: ¿cuál es el concepto de sustentabilidad del que se han apropiado las grandes organizaciones empresariales del Brasil?

Se parte de la premisa de que las organizaciones no toman como base para sus prácticas teorías solidificadas, sino que, en la mayoría de los casos, actúan buscando el respaldo de elementos tales como la orientación de liderazgos empresariales y la propia dinámica generada por la interacción con instituciones de representación de clases, en el área de la Responsabilidad Corporativa, tales como el Instituto ETHOS, el Grupo de Institutos Fundaciones y Empresas (GIFE), y el Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

En la primera parte de este artículo se presenta la descripción de la trayectoria histórica del concepto de sustentabilidad y su apropiación como base para las prácticas empresariales. En la segunda se presentan los aspectos metodológicos que han orientado el presente trabajo. A continuación se realiza el análisis a posteriori del discurso sobre sustentabilidad de las grandes empresas a la luz de la teoría de la racionalidad ambiental de Enrique Leff. Y, finalmente, se señalan sinergias y baches presentes en el discurso de la sustentabilidad apropiado por las empresas investigadas, siempre bajo la óptica de la racionalidad ambiental.

De la causa ambientalista al desarrollo sustentable

Actualmente padecemos una grave crisis de modelos teóricos, debido a que las visiones del mundo que han pautado hasta ahora a la sociedad resultan insuficientes. En un pasado reciente, hace cerca de 40 años, ya existía alguna conciencia de que el mundo pasaba por una fase de transición. Sin embargo, se creía que pasaríamos a una etapa más rica y abundante que la anterior. En los años setenta, con la entrada de la electrónica y de la informática de una forma más efectiva en la vida de las personas, el futuro empieza a ser vislumbrado de forma menos entusiasta y se hace presente una sensación de degradación (^{De Masi, 1999}). Para De Masi (1999), desde entonces la sensación de "crisis" ha aumentado. No se trata de una crisis de la realidad, sino del modo de entenderla y analizarla. En otros momentos de transición, las organizaciones sociales también fueron afectadas, como en el paso de la sociedad rural a la industrial. Pero los procesos de industrialización se produjeron de manera más lenta y casi siempre implicaban un aumento de recursos, de poder de compra y de bienestar para algunas comunidades.

Se puede afirmar que en nuestros días el método más apropiado para cuestionar el modelo civilizatorio vigente, que resulta ser ineficaz ante los nuevos retos encontrados, es la proposición de modelos alternativos. De acuerdo a la perspectiva de ^{De Masi (1999: 76)},

Para elaborar los contra-modelos, los usuarios necesitan contar con el apoyo de los científicos y de los intelectuales capaces, con su actividad inventiva, de demostrar a los dirigentes que no existe solamente la solución impuesta por ellos, sino que es posible encontrar un número infinito de otras soluciones, mucho mejores.

En ese camino, en medio de la fuerte tendencia a la globalización, surgieron hace algunas décadas varias visiones del mundo que proponen nuevas alternativas, como la descentralización de las decisiones -por medio de acciones participativas y una convivencia organizada a nivel comunitario- tomando en cuenta los límites del planeta: son las corrientes teóricas vinculadas con la temática de la sustentabilidad, en su sentido más amplio, como el eco-desarrollo, propuesto por Sachs, y la racionalidad ambiental, sugerida por Leff.

Si en los años setenta esas corrientes parecían marginales, en el siglo XXI se presentan como centrales en los debates públicos y privados. La temática de la sustentabilidad, que por cerca de 20 años fue considerada como un tema secundario, hoy en día está presente en los portales electrónicos y en los informes anuales de las principales empresas mundiales, y es obligatoria en los círculos de la Responsabilidad Corporativa, prestigiando a las marcas y buscando la fidelidad del mercado consumidor. ¿Pero cómo ha sucedido la migración del discurso de la sustentabilidad de un campo teórico y "marginal" a los espacios empresariales?

Hay que considerar que, desde el principio de la historia de la sociedad occidental moderna, los modos de producción capitalista se apoyaron en prácticas predatorias que generaron un gran impacto sobre el medio ambiente y sobre las condiciones de vida de los seres humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de crecimiento adoptado se reveló cada vez más ineficiente, generando desequilibrios y fomentando el surgimiento de movimientos de protesta.

Sin embargo, como veremos a continuación, el debate ambientalista y las movilizaciones sociales a favor de los derechos humanos ya estaban presentes desde mucho tiempo atrás, variando sólo en cuanto a su nivel de representatividad y de repercusión social.

En 1788, Gilbert White editaba su obra intitulada The Natural History of Selborne, que se convertiría en un clásico de la literatura inglesa. En esta obra, el autor, párroco y botánico, exponía su visión científica de la naturaleza, cargada de emoción y sentimiento poético. El escrito sería posteriormente considerado de suma importancia para la germinación de ideas ambientalistas entre el gran público (^{Leis, 1999}).

Casi un siglo más tarde, también en Inglaterra (1824), se fundó la Sociedad Protectora de Animales, que actuaba promoviendo campañas contra la crueldad en el trato con los animales domésticos. A finales del siglo XIX despuntaron en Europa numerosas organizaciones con propuestas similares, en defensa de los derechos de los animales domésticos y salvajes (^{Leis, 1999}).

En Estados Unidos, los trabajos de investigadores como George Catlin (1796-1872), Henry Thoreau (1817-1862), George Marsh (1801-1882) y John Muir (1813-1914) influyeron fuertemente sobre el pensamiento de los gobiernos y de la sociedad en lo referente a la relación hombre / naturaleza.

Para el científico Henry Thoreau, el hombre debería extraer lo mejor de la vida natural y de la vida civilizada, combinándolos. Para este autor, todo conocimiento debe tener una dimensión ética: el verdadero conocimiento de la realidad es aquel que tiene como base el amor y la simpatía. Además, según el mismo autor, a la sabiduría del hombre de ciencia debería integrarse la sabiduría del hombre nativo, para que sea posible sentir intensamente el lazo que une a los organismos en el universo (^{Leis, 1999}).

En convergencia de ideas, para George Marsh la civilización habría provocado una ruptura en la armonía natural del medio ambiente, y el hombre habría olvidado que la tierra le ha sido entregada para usufructo, y no para consumo. El ambientalista creía que el hombre podía aprender de las experiencias negativas del pasado, que culminaron, por ejemplo, en la decadencia de los imperios de la antigüedad. Para este autor, la preservación de la vida se justifica por cuestiones económicas y políticas, pero también poéticas y religiosas (^{Leis, 1999}).

El surgimiento, en este mismo escenario, de otra corriente de defensa del medio ambiente, denominada conservacionista, fue tan importante como el movimiento a favor de la preservación, algunos de cuyos representantes acabamos de citar. Este otro grupo de pensadores, liderado por Gifford Pinchot, defendía la posibilidad de una explotación racional de los recursos naturales. La fuerza del movimiento conservacionista permitió que sus ideas se diseminaran internacionalmente, y su proximidad con el liderazgo político provocó que en 1909 se organizara la Primera Conferencia Internacional sobre Conservación de la Naturaleza, que reunió a representantes de México, Canadá y EE.UU.

Como resultado de las dos guerras mundiales, los ímpetus ambientalistas fortalecidos a principios del siglo XX tuvieron que esperar un nuevo contexto favorable. Mientras los gobiernos y la sociedad estaban empeñados en reconstruir ciudades y en dar condiciones de supervivencia a las personas afectadas por los conflictos, en los años 50 les correspondió a los científicos protagonizar los debates en favor de la causa ambiental. En la posguerra, la preocupación central de los Estados era la reconstrucción económica y la rehabilitación social del mundo, teniendo como prioridad la solución del problema del hambre. Muchos economistas y ambientalistas empezaron a darse cuenta de que la mala administración de los recursos naturales era un obstáculo para la solución de la crisis de alimentos, y aprovecharon la oportunidad para enfatizar la necesidad de que personas y gobiernos se preocuparan más de las relaciones entre el hombre y los recursos naturales, ante el riesgo de que no se alcanzara nunca más la prosperidad (^{Leis, 1999}).

Como un testimonio más de la importancia de los científicos en la consolidación del movimiento ambiental de posguerra, en 1949 se llevó a cabo en Lake Sucess, Nueva York, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de Recursos, que reunió a ingenieros, economistas y ecologistas para tratar aspectos científicos de la conservación de recursos. En esa ocasión fueron abordadas cuestiones relacionadas con la situación global de los recursos minerales, combustibles, energía, agua, bosques, tierra, vida salvaje, pescados, alimentos y tecnologías apropiadas para cada tema en cuestión (^{Leis, 1999}).

En 1968 se llevó a cabo en París la Conferencia sobre la Biosfera, que marcó también el despertar ecológico mundial. Como resultado del encuentro, se creó en 1971 un programa de cooperación científica internacional sobre las interacciones entre el hombre y su medio, llamado Man and the Biosphere (MaB). La iniciativa buscaba comprender las repercusiones de las acciones humanas sobre los ecosistemas más representativos del planeta. El Programa está en vigor hasta la fecha y promueve actividades intergubernamentales e interdisciplinarias con el objetivo de conocer la estructura y el funcionamiento de la biosfera y de sus regiones ecológicas, por medio del monitoreo sistemático de las alteraciones producidas sobre la propia especie humana.

Prosiguiendo el proceso de consolidación del debate sobre las cuestiones ambientales, en 1968, por iniciativa del industrial italiano Aurelio Peccei, se reunieron algunos economistas, pedagogos, humanistas e industriales con la finalidad de debatir sobre la crisis vivida en ese entonces y el futuro de la humanidad. Denominado Club de Roma, el grupo tenía por objetivo examinar los problemas que desafiaban a la sociedad, como la pobreza, la degradación del medio ambiente, el crecimiento urbano, la pérdida de confianza en las instituciones, la inseguridad, la enajenación de la juventud, el rechazo de los valores tradicionales y las rupturas económicas, entre otros (^{Araújo et al., 2006}).

El primer estudio realizado por el Club de Roma, conocido como The Limits to Growth, dirigido por D. Meadows, proponía el análisis de la concomitancia o proceso combinado de algunos fenómenos de importancia vital para la humanidad (Calabretta citado por ^{De Masi, 1999}). Como resultado, el estudio comprobó que con sólo la mitad de la superficie cultivada a nivel mundial, como sucede, cerca de un tercio de la población mundial continúa subalimentada, y que el incremento de la superficie cultivada exigiría inversiones tan elevadas, que en el momento se consideraban "socialmente inconvenientes". Sin embargo, el estudio muestra que el notable crecimiento de la población conduciría, aún si se produjeran significativos aumentos de la productividad, a una escasez crónica de alimentos. En efecto, incluso una eventual producción masiva de alimentos sintéticos se basaría, en último análisis, en recursos naturales en gran medida no renovables, que ya fueron consumidos de manera considerable por el fuerte desarrollo de las últimas décadas (Calabretta citado por ^{De Masi, 1999}).

El documento The Limits to Growth fue criticado, en especial en los países latinoamericanos, por la mayor importancia dada a los asuntos ambientales en detrimento de los sociales. Como protesta, la Fundación Bariloche contrató a un grupo de científicos argentinos que hicieron consideraciones críticas al Club de Roma y expusieron su propia opinión condenando el énfasis dado a los límites naturales del crecimiento. Para el grupo argentino los verdaderos problemas radican en las condiciones sociales y políticas a las que están sometidos los países en desarrollo (^{Leis, 1999}).

Para superar las limitaciones principales del primer informe, en 1974 se elaboró un segundo informe, esta vez dirigido por M. Mesarovic y E. Pestel. El documento, que fue publicado en Italia bajo el nombre de Strategie per Sopravivere, buscaba articular los problemas ambientales por áreas geográficas, lo que permitía la formulación de indicaciones concretas relativas a las diferentes realidades del mundo. Los resultados ponen de manifiesto la insuficiencia y la estrechez de las actuales políticas nacionales ante los problemas de la humanidad (Calabretta, citado por ^{De Masi, 1999: 376}).

Consecutivamente a estos dos primeros informes, fueron publicados ocho más. En su conjunto, estos informes concluyen que los problemas ambientales son globales y evolucionan a ritmo exponencial. En esta línea, existía un consenso científico en los países industrializados a favor de la limitación del crecimiento de la población y de la economía, lo que se consolidó en una propuesta llamada de Crecimiento Cero.

Los autores de la propuesta de Crecimiento Cero estaban conscientes del carácter teórico de sus observaciones, pero tenían interés en mostrar que el único camino para evitar el colapso era el equilibrio. Para estos científicos, el equilibrio no era sinónimo de estancamiento del progreso, sino una posibilidad de reconversión de los modos de producción y consumo mediante el aumento de la inversión en actividades que generarían una satisfacción más auténtica, como la educación, el deporte, la cultura y las artes, por ejemplo.

La década del setenta fue de suma importancia para el debate sobre medio ambiente y la reflexión sobre el modelo de desarrollo vigente. En 1971, Georgescu Roegen publicó su obra The Entropy Law and the Economic Process, que se convertiría en hito de la economía ecológica y de las consideraciones sobre el papel de la termodinámica para el estudio del desarrollo y de la sustentabilidad.

Tanto en los países de Europa como en los EE. UU. y en Brasil, fue también a partir de mediados de la década de los setenta cuando el movimiento ambientalista empezó a cobrar mayor fuerza y expresión. Desde el exterior, los ambientalistas brasileños fueron influenciados por la Conferencia de Estocolmo (1972) e internamente fueron beneficiados por la superación del mito desarrollista y por la formación de una nueva clase media, que ampliaba los debates sobre la calidad de vida, en los cuales la ecología encajaba bien (^{Jacobi, 2009}).

También bajo la influencia del contexto mundial, en la segunda mitad de los años setenta los países en desarrollo fueron objeto de duras críticas por parte de los países del norte en relación con la ausencia de normas de control ambiental. Para los brasileños, las restricciones ambientales propuestas por los países de economía estable entraban en conflicto con las estrategias de crecimiento nacional fundadas en la implantación de industrias con un alto potencial contaminante, como la petroquímica, o bien relacionadas con la instauración de grandes proyectos energéticos, como ocurría en esta época en el país.

En medio de esta ebullición de ideas y movimientos ambientalistas, en 1972 se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, que reunió a los líderes de todos los países. Esta fue la primera iniciativa que logró reunir a los representantes de los gobiernos para discutir a nivel mundial sobre la necesidad de tomar medidas efectivas de control de los factores que causan la degradación ambiental.

La participación de Brasil en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable produjo resultados significativos. El Secretario General del Ministerio del Interior, Henrique Brandão Cavalcanti, miembro de la delegación brasileña, promovió al retornar al país la elaboración del decreto que instituyó la Secretaría Especial del Medio Ambiente, con la función de trazar estrategias para la conservación del medio ambiente y para el uso racional de los recursos naturales en el país. Esta Secretaría comenzó a operar el 14 de enero de 1974 (^{Jacobi, 2009: 7}).

En 1974, Ignacy Sachs publica su estudio intitulado Environment and styles of development, en el cual formula el concepto de eco-desarrollo, formulando críticas a las relaciones globales entre subdesarrollo y superdesarrollo, así como también a la modernización industrial como método de progreso en las regiones periféricas. Para Sachs, las regiones de África, Asia y América Latina necesitan de un desarrollo autónomo centrado en las peculiaridades de sus aspectos sociopolíticos y enfocado a las cuestiones ambientales (^{Silva, 2009}). Con énfasis en los aspectos sociales del desarrollo, Sachs propone seis requisitos para el eco-desarrollo: a) la satisfacción de las necesidades básicas; b) la solidaridad con las generaciones futuras; c) la participación de la población involucrada; d) la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente en general; e) la elaboración de un sistema social garantizando empleo, seguridad social y respeto de otras culturas; y f) programas de educación. Para Sachs, el proceso de desarrollo debería llevar a un crecimiento estable con distribución equitativa de la renta, así como también a la disminución de las diferencias sociales y el aumento de la calidad de vida (^{Benetti, 2006}).

Pese a todo, sin dejar de estar conscientes de los límites naturales y de los males sociales generados por el modelo económico vigente, una década después de la Conferencia de Estocolmo los países del Tercer Mundo se vieron amenazados por graves procesos de recesión e inflación y optaron nuevamente por dar prioridad a la recuperación económica. En este periodo se vieron muy pocas acciones concretas orientadas a la disminución de los impactos ambientales, ya que se tomaba como modelo a los países-símbolos del modelo económico capitalista.

Ante la vigencia de una crisis económica que afectaría a una gran parte del mundo, y a pesar de la complejidad creciente de los problemas ambientales, incluso los teóricos con discursos más críticos se vieron obligados a someterse a los dictámenes de la globalización económica. En el transcurso de este proceso se flexibilizaron los argumentos a favor de la necesidad de reducción del crecimiento, o crecimiento cero, y nació un nuevo discurso amparado por la teoría emergente del desarrollo sustentable.

Una década más tarde, la persistencia y el agravamiento de la explotación económica de la naturaleza, de la degradación ambiental y de la marginalización social, dieron por resultado la creación, en el año de 1984, de una Comisión Mundial para el Medio Ambiente. Esta Comisión recibió la misión de evaluar los avances de la degradación ambiental y la eficacia de las políticas ambientales para enfrentarlos. Al cabo de tres años, el grupo de especialistas designado para este trabajo publicó sus conclusiones en el documento intitulado Nuestro Futuro Común (1988), conocido como Informe Brundtland (^{Leff, 2001}).

Nuestro Futuro Común reconoce las disparidades entre las naciones y el agravamiento de la crisis provocada por la deuda de los países del Tercer Mundo. Busca sin embargo un terreno común para proponer una política de consenso capaz de trascender las distintas visiones e intereses de los países, pueblos y clases sociales que plasman el campo conflictivo del desarrollo. De este modo empezó a configurarse una estrategia política para la sustentabilidad ecológica del proceso de globalización y como condición para la supervivencia del género humano a través del esfuerzo compartido de todas las naciones del orbe. El desarrollo sustentable fue definido como un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras (^{Leff, 2001: 19}).

En este escenario mundial, la problemática de la degradación ambiental no sólo entró en escena, sino que se manifestó como síntoma de una crisis de civilización marcada por la ineficiencia del modelo de modernidad sustentado en el desarrollo económico y tecnológico, en menoscabo de la complejidad del mundo, que integra también los valores y potencialidades de la naturaleza y las "externalidades" sociales (^{Leff, 2001}).

En 1991, un año antes de la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, algunas organizaciones empresariales, atentas a la intensificación de los debates públicos acerca de la sustentabilidad, decidieron la creación del Business Council for Sustainable Development (BCSD), vinculado a la ONU, con sede en Ginebra. La consolidación de esta idea fue incentivada por Maurice Strong, importante investigador en el área del desarrollo sustentable.

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El encuentro reafirmaba la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en Estocolmo en 1972 y buscaba avanzar. Para ello, las naciones participantes se comprometieron a establecer una nueva y justa alianza global, mediante nuevos niveles de cooperación, trabajando para la creación de acuerdos internacionales que respeten el interés de todos y el sistema global, y reconociendo que el hogar de la humanidad es sólo uno: la Tierra.

Como fruto del encuentro, también conocido como Eco92, surgió la propuesta de un programa global que reglamente el proceso de desarrollo, amparado por los principios de la sustentabilidad: la Agenda 21.

La Eco92 fue considerada un hito global en el debate sobre medio ambiente y desarrollo, y tuvo como resultado, además de la Agenda 21, el documento intitulado Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que sustituyó temporalmente a la Carta de la Tierra.

El Comité de Redacción de la Carta de la Tierra trabajó conjuntamente con la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (IUCN). El documento amplía las leyes internacionales ambientales y de desarrollo sustentable, y refleja las preocupaciones y aspiraciones de las siete cumbres de las Naciones Unidas realizadas en la década del 90 sobre temas de medio ambiente, derechos humanos, población, niños, mujeres, desarrollo social y ciudades, además de reconocer la importancia de la divulgación de la democracia participativa y deliberativa para el desarrollo humano y la protección ambiental (^{Carta da Terra, 2009}).

El texto final de la Carta de la Tierra fue aprobado en marzo del 2000 en el encuentro de la Comisión de la Carta de la Tierra en la sede de la Unesco, y contiene un preámbulo, 16 principios primordiales, 61 principios de apoyo y una conclusión bajo el título: El Camino hacia Adelante. La Carta de la Tierra incentiva a todos los pueblos para que reconozcan una responsabilidad compartida, cada uno de acuerdo con su situación y capacidad, por el bienestar de toda la familia humana, de la comunidad mayor de la vida y de las futuras generaciones. Al reconocer la interrelación de los problemas ambientales, económicos, sociales y culturales de la humanidad, la Carta de la Tierra presenta un andamiaje ético inclusivo e integrado (^{Carta da Terra, 2009}).

La Agenda 21, a su vez, está dividida en cuatro secciones: dimensiones sociales y económicas, conservación y administración de los recursos para el desarrollo. Las secciones se dividen en 40 capítulos que abordan temáticas como: base para la acción, objetivos, actividades, estimativa de costos, medios técnicos y científicos, desarrollo de recursos humanos y capacitación.

Según ^{Oliveira (2009)}, después de la Eco92 el discurso del desarrollo sustentable se configura como ideología dominante y asume un carácter genérico y global, incorporando un contenido incompleto y alejándose cada vez más de la propuesta de crecimiento cero y de las ideas de la Conferencia de Estocolmo. En opinión de este mismo autor (2009: 78), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo tuvo como principal objetivo la ratificación de la propuesta neoliberal recomendada por el gobierno norteamericano. La agenda internacional ya estaba planeada, y faltaba la cooptación universal de los países periféricos y de los propios movimientos contestatarios. Para eso sirvió la Eco92, que fue una puesta en escena teatral, con tomas de decisiones teatralizadas, cuyo objetivo era informar solemnemente a la "platea" sobre las decisiones tomadas en torno al desarrollo sustentable. La firma de la Agenda 21 fue el acto simbólico central para la consagración y consolidación de este modelo como nuevo orden.

Diez años más tarde se pudo constatar que los documentos firmados en Río de Janeiro, tan celebrados en su momento, contribuyeron muy poco a la transformación de la sociedad y no lograron modificar la realidad. La forma en que se afrontaron los retos ambientales, bajo la égida de un complicado sistema de instituciones, programas y secretariados de Convenciones de las Naciones Unidas, se mostró cada vez más frágil e ineficiente para responder a las expectativas de la sociedad (Clique Rio+10, 2002).

En vísperas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (Rio+10), los países pobres se veían con poca influencia sobre la toma de decisiones globales y eran marginados en las negociaciones multilaterales. Los países industrializados dominaban los debates ambientales, que eran determinados por intereses económicos y científicos del norte, mientras que seguían siendo menospreciadas las dimensiones de equidad y justicia social en la agenda del desarrollo sustentable (Clique Rio+10, 2002).

A fines del siglo XX y principios del XXI, se intensificaron también los conflictos entre el norte y el sur, y entre la sociedad civil y la industria. Los países económicamente dominantes defendían la globalización dirigida por las corporaciones, con base en la liberalización del mercado y en la privatización de los servicios públicos. El concepto de desarrollo sustentable era utilizado para describir las propuestas de los líderes de esos países, sin importar cuán inadecuadas pudieran ser ante la crisis social y ecológica vigente.

En este contexto, en febrero de 1998 se reunieron en Ginebra movimientos sociales de todos los continentes con la intención de lanzar una acción coordinada a nivel mundial contra el mercado globalizado, que se denominó "Acción Global de los Pueblos". Este movimiento, que permanece activo hasta la fecha, tiene como principios (www.agp.org, 2009):

I. El rechazo muy claro del capitalismo, del imperialismo, del feudalismo y de todo acuerdo comercial, instituciones y gobiernos que promuevan la globalización destructiva.

II. El rechazo de todas las formas y sistemas de dominación y discriminación, incluyendo el patriarcado, el racismo y el fundamentalismo religioso de todos los credos.

III. Una actitud de confrontación, pues el movimiento no cree que el diálogo pueda tener efecto en organizaciones profundamente antidemocráticas y tendenciosas, para las cuales el capital transnacional es el único sujeto político real.

IV. El llamado a la acción directa, la desobediencia civil y el apoyo a la lucha de los movimientos sociales, proponiendo formas de resistencia que maximicen el respeto a la vida y a los derechos de los pueblos oprimidos, y promuevan la construcción de alternativas locales frente al capitalismo global.

V. Una filosofía organizacional basada en la descentralización y en la autonomía.

(http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/pgainfos/hallmspa.htm)

Además, como fruto del movimiento iniciado en Ginebra en 1998, surge en el escenario mundial una nueva propuesta de debate, incentivada por la "Acción por la Tributación de las Transacciones Financieras en Apoyo a los Ciudadanos" (ATTAC), vinculada al periódico Le Monde Diplomatique. En esta nueva propuesta se sugiere el abandono del término "antiglobalización" y su sustitución por el término "altermundista", que tiene su origen en el lema "Otro mundo es posible". Con este espíritu nace la propuesta de organización de un Foro Social Mundial, realizado por primera vez en la ciudad de Porto Alegre en 2001.

En noviembre de 2001, los ministros de comercio de 140 países se reunieron en Doha, Qatar, en un encuentro donde se decidió otorgar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) un nuevo mandato que permitía al organismo arbitrar en materia de crisis de los recursos naturales, considerando que era el foro adecuado para la concertación de acuerdos internacionales relacionados con conflictos que tienen que ver con el tema: comercio y medio ambiente.

Según la "Clique Rio+10" (2002), los acuerdos firmados en Qatar, también denominados Acuerdos de Doha, otorgaron poderes a la OMC para: a) aumentar el control de las corporaciones sobre los recursos naturales, permitiendo de este modo que las decisiones sobre su explotación tuvieran como base, cada vez más, las demandas a corto plazo de los mercados financieros mundiales; b) intensificar la explotación de los bosques, la agricultura y la pesca orientadas a la explotación, como también la quema de combustibles fósiles, la minería y la exploración de otros recursos naturales; c) impedir el surgimiento de nuevas políticas de conservación y de desarrollo comunitario, por considerarlas barreras injustas para el comercio; d) determinar quién debe apropiarse de los remanentes de los recursos naturales mundiales en grave proceso de degradación; y e) subordinar los acuerdos ambientales multilaterales (MEA, por su sigla en inglés) a los derechos de las corporaciones establecidas en las reglamentaciones de la OMC.

Un año más tarde, en 2002, se realiza la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, evento en el que los debates giraron en torno a la creación de un plan de instrumentación de acciones con el objetivo de orientar las políticas nacionales y mundiales en la búsqueda del desarrollo sustentable (World Rainforest Movement, WRM, 2002).

Cuatro años más tarde, en 2006, Brasil sirvió de sede para la Octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Húmedas (COP 8), donde los temas fueron la diversidad biológica de las islas oceánicas, las tierras áridas y subhúmedas; la iniciativa sobre taxonomía; el acceso al reparto de beneficios; la educación y toma de conciencia pública; la implementación de los derechos de las poblaciones tradicionales; el progreso en la aplicación del Plan Estratégico de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), el monitoreo rumbo al objetivo de 2010 y el perfeccionamiento de los mecanismos de apoyo de la CDB (^{SESI, 2008a}).

Paralelamente a la COP 8, se realizó el Meeting of Parties (MOP 3), reunión de los países miembros del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, en el ámbito de la CDB. El encuentro trató de establecer un consenso sobre cultivo y comercialización de productos orgánicos modificados por la biotecnología, y sobre el modo de garantizar la seguridad ambiental y familiar (^{SESI, 2008a}).

Desde la Clique Río+10, se realizaron numerosos eventos enfocados en la temática de la sustentabilidad. Estos eventos fueron dirigidos por organizaciones públicas, privadas y ONG de todo el mundo con intereses muy diferentes. Es de notar que el término sustentabilidad (o sostenibilidad) se ha vuelto usual en los más diferentes ámbitos, desde campañas publicitarias para promoción de marcas, hasta programas que lo asumen como tema en series enteras de televisión. Pero sin duda las organizaciones empresariales sobresalen en esta carrera por la apropiación del mencionado término.

Aspectos metodológicos

La elección de las cinco organizaciones cuyos discursos sobre sustentabilidad analizamos, se fundamenta en el reconocimiento social de sus prácticas sustentables. Los datos analizados fueron recogidos de los últimos informes sobre ese tema que fueron publicados por dichas organizaciones y, por lo tanto, son de dominio público. La identidad de las organizaciones se mantendrán en el anonimato.

Los informes se estudiaron reorganizando las informaciones proporcionadas en un cuadro de análisis intitulado "Modelo de análisis de los informes sobre sustentabilidad", que permitió la sistematización de los datos. Ese cuadro presenta, en forma condensada, los fundamentos de la teoría de la racionalidad ambiental (^{Leff, 2006}), que son los siguientes: a) preservación de los recursos naturales y prevención de catástrofes; b) autogestión de los recursos ambientales (a partir de los diferentes valores culturales); c) apertura a una diversidad de estilos de desarrollo sustentable, fundados en las condiciones culturales de cada localidad; d) derecho de los seres humanos al pleno desarrollo de sus capacidades; e) eliminación de la pobreza y de la miseria absoluta; distribución (descentralización) de la riqueza y del poder; y f) fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las comunidades y autodeterminación tecnológica de los pueblos. Nuestro objetivo es identificar las prácticas sustentables desarrolladas por las organizaciones en función de estos fundamentos de la racionalidad ambiental.

La primera columna contiene los fundamentos de la racionalidad ambiental que acabamos de enumerar. La segunda columna enumera la cantidad de acciones o de prácticas empresariales relacionadas con algunos de los fundamentos señalados. En la última columna se detallan y especifican la naturaleza de dichas prácticas. La tercera columna es una columna de colores que insertamos para la visuali-zación gráfica de los resultados de la investigación. El código para interpretar los colores es el siguiente: el color rojo indica la ausencia de proyectos y programas relacionados con algunos de los fundamentos señalados; el color amarillo indica la presencia de al menos 3 proyectos y programas que sí se relacionan con algunos de ellos; y el color verde indica la existencia de 4 proyectos o más, también relacionados con determinados fundamentos. De esta manera pretendemos facilitar la comprensión del nivel de convergencia entre los proyectos y programas desarrollados por las organizaciones, por un lado, y los principios de la racionalidad ambiental propuestos por ^{Leff (2006)}, por otro.

Análisis de los informes sobre sustentabilidad

El primer Informe analizado se refiere a una empresa de energía eléctrica. En ese Informe no está explícito el concepto de sustentabilidad adoptado por la empresa (Cuadro I).

Fuente: Datos de la investigación.

Cuadro I - Análisis del informe de una empresa de energía eléctrica 

La empresa declara que cree que "la construcción de una sociedad más justa y auto-sustentable sólo es posible con el compromiso de todos con el desarrollo económico, social y ambiental" y cita la Carta de la Tierra, el Protocolo de Kyoto y los Objetivos del Milenio como las bases teóricas de sus prácticas de sustentabilidad.

La empresa declara que "tanto la excelencia económica y tecnológica como la búsqueda de la eficiencia y de la eficacia social forman parte de su negocio"; también afirma que la responsabilidad socio-ambiental forma parte de la gestión de su negocio y está alineada con los principios de desarrollo sustentable de la empresa. Sin embargo, la empresa no explica estos conceptos. Esta segunda empresa, cuyo documento acabamos de analizar, pertenece al sector financiero, y publicó su último Informe en 2007 (Cuadro II). Es una gran organización transnacional que actúa en 83 países y posee cerca de 300 mil empleados. Lo mismo que en el primer caso, la empresa tampoco proporciona mayores explicaciones sobre el concepto de sustentabilidad que orienta sus acciones. Solamente declara que, bajo su óptica, "el éxito empresarial y el desarrollo sustentable están estrechamente relacionados y actúan como conceptos inter-dependientes". Según el Informe, los elementos teóricos que dan fundamento a la práctica de la organización son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Global de las Naciones Unidas, los Principios Globales Sullivan -que tratan de temáticas de igualdad de oportunidades-, la Declaración de Principios y Valores y el Código de Conducta de la propia empresa.

Fuente: Datos de la investigación

Cuadro II - Análisis del informe de una empresa del sector financiero 

En el Informe se declara que:

... solamente si logra éxito, la empresa podrá ofrecer productos y servicios confiables a los clientes, remunerar adecuadamente a los accionistas, aportar -por medio del pago de impuestos- recursos para el financiamiento de servicios públicos, generar empleos e invertir directamente en proyectos socio-ambientales.

En otra parte del documento se expone que:

... la consolidación de un sistema económico de baja emisión de carbono representa, al mismo tiempo, un gran reto y una oportunidad de mercado, con el formateo de nuevas líneas de crédito que garanticen la implantación de negocios sustentables, especialmente en el sector de energía.

Finalmente, la empresa presenta en su Informe una serie de proyectos orientados a su público interno y a sus proveedores. La mayoría de estos proyectos no ha sido considerada en el cuadro de análisis por su incompatibilidad con la propuesta de los fundamentos de la racionalidad ambiental.

Señalamos a continuación las prácticas contempladas con menor énfasis por esta empresa: a) decisiones colegiadas; b) planeamiento estratégico; c) generación y distribución de la riqueza; d) actuación pautada por el respeto; e) la empresa proporciona a los colaboradores un ambiente laboral seguro; f) la empresa tiene un compromiso con la verdad; g) atención y comunicación; h) mercado en la base de la pirámide; e i) programa de crédito popular (para la empresa este programa es una forma de "dar ciudadanía a las personas").

Esta tercera empresa, cuyas prácticas sustentables acabamos de analizar, desarrolla actividades en el ramo de cosméticos, cuenta con cerca de 80 mil colaboradores y publicó su último Informe en 2007 (Cuadro III). Al igual que en los otros casos, la empresa no explicita en su Informe el concepto de sustentabilidad adoptado. Declara entender la organización como:

... un organismo vivo y un conjunto dinámico de relaciones, cuyo valor y longevidad están vinculados a la capacidad de contribuir a la evolución de la sociedad y su desarrollo sustentable.

Fuente: Datos de la investigación

Cuadro III - Análisis del informe de una empresa de cosméticos 

En el documento también se afirma que es intención de la empresa:

... crecer reforzando sus compromisos con el desarrollo sustentable y con modelos de negocio que no sólo generen, sino también compartan con la sociedad resultados sociales, económicos y ambientales.

Para esta empresa, "ciudadanía global significa actuar como organización protagonista en la búsqueda de la sustentabilidad y de un futuro mejor para todos". No se señalan las posibles bases teóricas que apoyaron a la organización en la definición de conceptos y en la proposición de prácticas alineadas con la temática de la sustentabilidad.

La cuarta empresa analizada pertenece al sector de gas y energía, y publicó su último Informe sobre sustentabilidad en 2007 (Cuadro IV). La empresa expone en el documento que está fundamentada en tres factores de sustentabilidad de su estrategia corporativa: "crecimiento integrado, rentabilidad y responsabilidad social y ambiental". Además, declara que busca alinear sus actividades e iniciativas con los diez principios del Pacto Global de la ONU. Al igual que en los demás casos, la organización no explicita su concepto de sustentabilidad, aunque define su concepto de responsabilidad social como:

... la forma de gestión integrada, ética y transparente de los negocios y actividades y de su relación con todas las partes interesadas, promoviendo los derechos humanos y la ciudadanía, respetando la diversidad humana y cultural, no permitiendo la discriminación ni el trabajo infantil o esclavo y, finalmente, contribuyendo al desarrollo sustentable y a la reducción de la desigualdad social.

Fuente: Datos de la investigación.

Cuadro IV - Análisis del informe de una empresa de gas y energía 

Dentro de la política de responsabilidad social divulgada en este Informe, la empresa propone:

... conducir los negocios y las actividades de la organización con responsabilidad social, estableciendo sus compromisos de acuerdo con los principios del Pacto Global de la ONU y contribuyendo al desarrollo sustentable.

Esta quinta empresa analizada pertenece al sector de muebles y madera, y cuenta en el presente con alrededor de 3,400 colaboradores. Su último Informe se publicó en 2003 (Cuadro V), y la empresa declara que fue elaborado con el propósito de llevar al público los parámetros filosóficos que rigen sus actividades, así como también sus resultados económicos, ambientales y sociales. Según se expone, el Informe constituye una prueba del entusiasmo y de la profundidad con que los colaboradores adoptaron los principios del desarrollo sustentable como estrategia empresarial. Pero en ningún momento se explicita estos principios. La empresa adopta como base teórica de sus prácticas el Pacto Global de la ONU.

Fuente: Datos de la investigación.

Cuadro V - Análisis del informe de una empresa de muebles y madera 

Consideraciones finales

De la investigación se desprende que ninguna de las empresas analizadas explicita en sus informes respectivos el concepto de sustentabilidad que fundamenta sus prácticas. Utilizan muchas veces las expresiones "sustentabilidad" y "desarrollo sustentable", pero en ningún momento se detalla su contenido. Por ejemplo, una de las empresas declara que en la gestión de sus negocios se alinea con los principios del desarrollo sustentable, pero nunca dice cuáles son esos principios.

El análisis de los documentos también revela que la mayoría de las organizaciones invoca como sustento teórico de sus prácticas ambientales los principios del Pacto Global (ONU). Los demás documentos citados son: la Carta de la Tierra, el Protocolo de Kyoto, la Declaración de los Derechos Humanos y los Principios Globales Sullivan. En los materiales analizados no existe referencia alguna a los teóricos de la sustentabilidad, ni se invoca alguna base científica que haya servido para elaborar los discursos o dar base a las acciones. De este modo se soslaya en los informes sobre sustentabilidad uno de los principios de la racionalidad ambiental planteados por Leff, que establece la importancia de la elaboración de un pensamiento complejo que permita articular los diferentes procesos que constituyen la complejidad ambiental, comprender las sinergias de los procesos socio-ambientales y sustentar un manejo integrado de la naturaleza (Leff, 2006: 257). Ello implica una carencia de racionalidad teórica en los discursos que sustentan las prácticas de las organizaciones analizadas, siendo así que este tipo de racionalidad (teórica) es postulado por Leff (2006) como fundamental para la construcción de los conceptos base de la racionalidad subjetiva; esta última responsable de establecer normas para los comportamientos sociales y orientar acciones para la construcción de una nueva racionalidad social (sustentable).

Al analizar comparativamente en los cuadros de sistematización las prácticas de sustentabilidad en relación con los fundamentos de la racionalidad ambiental, se pudo comprobar -e incluso visualizar- que la mayoría de las acciones desarrolladas por las organizaciones se orientan a la preservación de los recursos naturales. La opción por este enfoque en los programas ambientales parece haber sido facilitada implícitamente por su afinidad y convergencia con una racionalidad cartesiana y una visión mecanicista de las cosas. En general, las propuestas planteadas para la preservación ambiental, la minimización de impactos, la reducción del consumo y el reaprovechamiento de los materiales, entre otros, no exigen más que una adecuación de los procesos productivos que puede ser realizada por profesionales insertos en el propio sistema. En esta perspectiva, no se necesitan cambios profundos ni rompimiento de paradigmas, sino sólo adaptaciones. De aquí se infiere que las organizaciones tienen en mente y valorizan sólo la racionalidad técnica o instrumental, definida por ^{Leff (2006}) como productora de vínculos funcionales y operacionales entre los objetivos sociales y las bases materiales del desarrollo sustentable. Sin embargo, si la racionalidad teórica tiene sus bases debilitadas, como se ha dicho anteriormente, existe un alto grado de probabilidad de que los objetivos sociales sean poco claros, y que estén fundamentados en valores también debilitados y sujetos a constantes cambios.

Por otro lado, el análisis comparativo de los cuadros pone de manifiesto que el tópico menos contemplado en las prácticas sustentables propuestas por las organizaciones es la prevención de catástrofes, ya que registramos sólo una ocurrencia a este respecto. Podemos imaginar que para las empresas, como también para las personas, el abordaje pesimista de muchos científicos ambientales no sea atractivo, sobre todo porque adoptar una postura de prevención no parece práctica en Brasil. En efecto, debido a una especie de limitación cultural en nuestro país, no existe el hábito del pensamiento prospectivo, y mucho menos el hábito de un pensamiento prospectivo de prevención de riesgos. Ahora bien, tomar en serio la prevención de catástrofes ambientales significa también asumir que éstas ya están a las puertas del siglo XXI, y que su alcance e intensidad van aumentando gradualmente. Esta amenaza latente constituye probablemente uno de los grandes tabúes contemporáneos.

Seguidamente, en el ranking de los temas menos contemplados en las prácticas sustentables de las empresas encontramos los siguientes: el fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las comunidades y la autodeterminación tecnológica de los pueblos (3 ocurrencias), la autogestión de los recursos naturales (4 ocurrencias), y la eliminación de la pobreza y de la miseria absoluta (4 ocurrencias). Su escasa presencia puede explicarse si se toma en cuenta que todas estas temáticas -que también son componentes básicos de los fundamentos de la racionalidad ambiental, como la entiende Leff-, cuando se llevan a la práctica en su conjunto y en forma convergente, presuponen un cambio drástico en los modelos de producción y desarrollo. En primer lugar, porque su puesta en práctica exige la adopción de una postura altruista de empoderamiento y emancipación. En segundo lugar, porque demandan un esfuerzo de reorganización política y de redistribución de poder y, por consiguiente, implican la extinción de las relaciones de dependencia que se han establecido entre las comunidades y las grandes industrias, las cuales se atribuyen hoy unilateralmente la capacidad motora del desarrollo. Con esto se vuelve aún más patente la distancia entre las propuestas de sustentabilidad declaradas por las organizaciones analizadas y la teoría de la racionalidad ambiental propuesta por ^{Leff (2006)}.

Las empresas aquí evaluadas tampoco toman en consideración uno de los principios más importantes señalados por este autor como fundamental para un cambio efectivo de racionalidad: la apertura de la globalización económica a una diversidad de estilos de desarrollo sustentable, fundados en las condiciones ecológicas y culturales de cada región y de cada localidad.

Una lectura más detallada de los informes permite percibir que los discursos allí contenidos están más orientados a la formulación de un conjunto de políticas destinadas a la racionalización y administración de los ecosistemas, antes que al planteamiento de una nueva posibilidad de organización de los modos de producción y de estructuración social. Queda claro en algunos fragmentos de los documentos el propósito de las organizaciones de aumentar la capacidad de rendimiento de los modelos industriales, como en el ejemplo:

[...] solamente si tiene éxito la empresa podrá ofrecer productos y servicios confiables a sus clientes [...], y para ello, necesita invertir en acciones socio-ambientales que le den garantía de continuidad de los recursos naturales y condiciones sociales estables.

En todo momento se puede observar que la lógica de la racionalidad económica es aún predominante en los discursos de las organizaciones, por ejemplo en declaraciones como la siguiente: "[...] tanto como la excelencia económica y tecnológica, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia social forman parte de su negocio". En esta expresión, la empresa emplea conceptos construidos bajo la lógica del mercado, transfiriéndolos a todo el universo social. Sin embargo, en ningún momento se detalla lo que se entiende por eficacia y eficiencia social; al contrario, lo que se verifica es la apropiación de conceptos del universo restricto de los negocios y su generalización al universo social. Esta apropiación contribuye al vaciamiento de contenido de las prácticas socio-ambientales preconizadas por las empresas, ya que se presentan como soluciones basadas en una racionalidad limitada y objetiva, mientras que su plena configuración exigiría una reflexión de bases mucho más complejas.

Los discursos que defienden como preocupación primaria las ganancias y la generación de beneficios para los accionistas son una constante en el mundo de los negocios. Aun cuando se afirme que "la responsabilidad socio-ambiental forma parte de la estrategia de negocios y está incorporada a todas las prácticas de la organización", podemos observar cada vez con mayor frecuencia, en estos momentos de crisis, recortes drásticos en los recursos destinados a los proyectos sociales y ambientales desarrollados por las organizaciones.

Dentro de la lógica de la racionalidad ambiental, el concepto de sustentabilidad se relaciona mucho más con los procesos participativos de construcción del futuro, en los que las instituciones políticas y la sociedad civil desempeñan su papel exigiendo el respeto de sus límites y de sus potencialidades, antes que con el discurso vacío de la ciudadanía y del mejoramiento de la calidad de vida, supuestamente garantizados por el Estado y por las grandes corporaciones.

Luego de analizar los informes, no podemos menos que preguntarnos: ¿dónde está la palanca para el gran cambio de paradigma proclamado por las empresas a través del discurso de la sustentabilidad?

Sin una reforma en las bases de nuestro modelo civilizatorio, las prácticas desarrolladas por las empresas en favor de la sustentabilidad serán siempre insuficientes. Para alcanzar una nueva racionalidad guiada por la lógica ambiental, compleja y sistémica, las comunidades tendrán que reapropiarse de sus patrimonios, de sus recursos naturales y culturales y, a partir de ellos, definir nuevos estilos de vida en un escenario de diversidad, soberanía nacional y autonomía local.