La comunidad de antropólogos y sus formas de intervención

Contando ya con tres décadas de actuación, la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) fue creada con la intención de asesorar la presidencia de la ABA, creada en 1955, en lo que se refiere a las manifestaciones oficiales de la entidad relativas a la llamada “cuestión indígena”. A lo largo de ese periodo la ABA ha sido reconocida en el campo indigenista como una voz presente en los más graves problemas enfrentados para hacer viables los derechos indígenas, así como las políticas públicas dirigidas a estos pueblos.

Por sus análisis fundamentados en investigación científica y sus recomendaciones siempre pautadas en el espíritu libre y en el pleno ejercicio de la ciudadanía, tanto como en la necesaria contribución de las instituciones a este proceso, la ABA se convirtió en una referencia importante para organismos gubernamentales y no gubernamentales, y ante instancias parlamentarias, jurídicas, representativas de la opinión pública y de los mismos indígenas. Dada la visibilidad que las cuestiones indígenas asumieron en los medios de comunicación nacionales, incluso aquellos asociados que no suelen tratar temáticas indígenas expresan sus expectativas respecto de las manifestaciones de la entidad en asuntos que integran pautas de las noticias cotidianas.

A diferencia de otras comisiones y grupos de trabajo creados por la ABA, muchas veces orientados a la apertura y consolidación de un diálogo entre los antropólogos sobre un tema específico, la actuación de la CAI está especialmente orientada hacia afuera, es decir, a la opinión pública y a las esferas de decisión. Así, lleva a la atención de estas instancias los conocimientos que los antropólogos, en sus redes de interlocución (frecuentemente interdisciplinarias y sensibles a los problemas vividos por las colectividades investigadas), acumularon en sus trabajos de campo junto a los pueblos indígenas específicos y en sus estudios sobre legislación, prácticas jurídicas y administrativas.

En este sentido, la CAI es integrada por antropólogos de diferentes regiones del país, que reflejan en su diversidad la dinámica de la producción científica y de las redes de articulaciones relacionadas con los derechos y las reivindicaciones indígenas. De esta manera, sus acciones expresan los retos y la complejidad de la investigación en antropología indígena en el país.

Desde una perspectiva histórica puede observarse cómo la CAI y la ABA ampliaron su radio de actuación, producto inicialmente de una función próxima a la opinión pública, exclusivamente crítica y de denuncia frente a los actos y las políticas gubernamentales que contravenían los intereses de los indígenas. Actuó de esta manera sobre todo durante los gobiernos militares, a semejanza de otras entidades de la sociedad civil (como la Sociedad Brasileira para o Progresso da Ciência [SBPC], la Orden de Abogados del Brasil [OAB] y la Associação Brasileira de Imprensa [ABI], entre otras). Es decir, hizo las veces de una caja de resonancia calificada y contribuyó de este modo al retorno a la democracia que sucedió en el país.

Sin embargo, en las últimas décadas, con el proceso de reanudación de las rutinas democráticas en la sociedad brasileña, la CAI estableció una pauta más positiva de interlocución con organismos nacionales e internacionales, incluso colaborando en iniciativas gubernamentales de interés público superior (como en el caso del convenio con la Procuraduría General de la República [PGR]) y la participación de antropólogos en el proceso de reconocimiento de tierras indígenas de delegación legal de la agencia indigenista oficial, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Dentro de ese cuadro asumió gran importancia el debate sobre la construcción de la Represa Hidroeléctrica (UHE, por sus siglas en portugués) de Belo Monte y sus repercusiones para las poblaciones indígenas y ribereñas que viven en esa región. Es importante destacar las gestiones y los contactos realizados por la ABA junto con la FUNAI, el Congreso Nacional y la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Lamentablemente, el gobierno brasileño, teniendo como único articulador y portavoz al Ministerio de Minas y Energía (MME), operó en total sintonía con los intereses del consorcio de empresas contratadas para la ejecución del proyecto, completamente contrario a la discusión de las dimensiones sociales y ecológicas, determinantes para una empresa de esa envergadura.

La poca receptividad de las instancias gubernamentales directamente encargadas del asunto llevó a que la CAI continuara fomentando el debate por medio de foros en congresos y reuniones científicas, como sucedió en la SBPC, en la Asociación Nacional de Posgrados e Investigación en Ciencias Sociales (Anpocs) y en la Reunión Brasileña de Antropología (RBA),¹ manifestándose oficialmente a través de notas y de una gran cantidad de entrevistas concedidas a lo largo de los años 2011 y 2012, por el coordinador y por miembros de la CAI, a radio, televisión y periódicos. En la página web de la ABA fue creada desde entonces (y permanentemente alimentada) una sección de noticias relacionadas con el emprendimiento de Belo Monte. No se registraron, sin embargo, respuestas o tentativas de diálogo por parte de las autoridades gubernamentales.

El proyecto de la hidroeléctrica de Belo Monte y sus antecedentes

La hidroeléctrica de Belo Monte está localizada aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Altamira, en el estado de Pará. La potencia instalada con la que fue planeada es de 11 233 megawatts, lo que representaría, en términos de capacidad de generación de energía, la tercera mayor hidroeléctrica del mundo. Además de una gigantesca represa construida en el río Xingú, incluye un canal de encauzamiento del agua de 20 kilómetros de extensión, que corresponde, en términos de su área total de inundación, a 516 kilómetros cuadrados.

La presa fue construida por un consorcio llamado Norte Energía (NESA), integrado por empresas privadas y por otras de economía mixta. La principal accionista es Eletronorte S. A., empresa subsidiaria de Eletrobrás creada en 1973 por la dictadura militar, vinculada al Ministerio de Minas y Energía (MME) y también constituida como una asociación público-privada. El costo de la obra fue estimado inicialmente en 19 000 millones de reales (aproximadamente 5.4 miles de millones de dólares en moneda actual), pero según las evaluaciones de Norte Energía, aumentarían a más de 26 000 millones de reales. Los recursos invertidos fueron básicamente de origen nacional, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico (Bndes) el financiador directo de 80% de la obra.

Los estudios sobre los impactos ambientales ocasionados por la construcción y el funcionamiento de Belo Monte fueron encomendados por Eletrobrás, como organismo vinculado al MME, para un conjunto de grandes empresas ligadas al sector de construcción de carreteras y grandes obras públicas como Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Odebrecht y Leme Engenharia, que crecieron y prosperaron en los años de la dictadura militar (1964-1985).² Los estudios comenzaron en 2006 y el Informe sobre Impactos Ambientales, divulgado en la página del MME en 2009, relaciona un largo grupo de factores que requieren ser mejor investigados y exigen la definición de instrumentos de control y reparación. La agencia indigenista oficial (FUNAI) también realizó estudios de posibles impactos de Belo Monte sobre las comunidades indígenas que viven en la región directamente afectada por la obra, y al concluir señaló graves riesgos y estableció condiciones al respecto.

También hubo una fuerte actuación de la sociedad civil contraria a la construcción de Belo Monte. En el terreno científico se realizó una evaluación independiente, por iniciativa de diferentes universidades y de formaciones también distintas. En un informe de 2009 se critica la forma en que fue subestimada el área directamente alcanzada y la población afectada, evaluando que la construcción de la hidroeléctrica iba a implicar un caos social para la región causado por el desplazamiento forzado de más de 20 000 personas y por la inmigración de más de 100 000.³ En diciembre de 2009, el Ministerio Público de Pará promovió una audiencia pública con representantes de las comunidades indígenas del río Xingú. A partir de entonces se presentó con diferentes acciones ante la Justicia Federal, solicitando que fuera suspendida la licencia de la obra, que se realizaran nuevas audiencias y que se postergara la licitación (prevista inicialmente para el 21 de diciembre de 2010).

En 2010 se llevaron a cabo muchas manifestaciones internacionales por parte de entidades ecológicas y de derechos humanos (como Greenpeace y Amnistía Internacional, entre otras), contando con la participación de artistas y celebridades. Un libro, Memorias de un Jefe Indígena, basado en testimonios del cacique Raoni, fue lanzado en París, con prefacio de Jacques Chirac; y Raoni fue recibido por el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno brasileño la suspensión temporal del proyecto hasta la realización de consultas con los pueblos indígenas afectados.

En medio de decisiones divergentes de varios niveles jurídicos y de una abierta manifestación de la Advocacia Geral da União⁴ en pro del emprendimiento, se realizó la licitación el 20 de abril de 2010. Las empresas Odebrecht y Camargo Correa, que habían participado en los estudios preliminares, renunciaron a presentase y la preocupación del MME fue que la licitación se declarara desierta. Solamente se presentaron dos consorcios y la decisión fue rápida (¡10 minutos!) y se adoptó en función del precio de las propuestas. Las obras comenzaron el año siguiente.

El 26 de enero de 2011, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), agencia especializada del gobierno del país, justo después de la sustitución de su presidente concedió una “licencia previa” para el Consorcio Norte Energía, la cual estaría orientada a la realización de obras de infraestructura previas a la construcción de la UHE, con una autorización de “supresión de la vegetación” que permitió la deforestación de 238.1 hectáreas (una cuarta parte de esa superficie se encontraba en área de conservación permanente). Las obras, inicialmente previstas para terminar en 2015, deberían extenderse hasta 2019, y solamente la represa fue puesta parcialmente en operación comercial en 2016.

Representantes de las comunidades indígenas, sindicatos y asociaciones locales realizaron en 2007 un encuentro en Altamira, y como resultado se creó el movimiento Xingú Vivo para Siempre (XVS), que cuestiona completamente el proyecto y su ejecución, y que manifestó su oposición al respecto en los años siguientes, con el apoyo de otros movimientos aliados. El 26 de octubre de 2011, cerca de 600 personas, entre ellos indígenas, pescadores y ribereños, bloquearon un tramo de la carretera transamazónica y ocuparon lugares en los que estaban comenzando las obras. Esta ocupación se levantó después de una orden judicial y de la presencia de la policía militar del estado de Pará. En julio de 2012 y abril de 2013 tendrían lugar otras dos ocupaciones, por los indígenas, en el terreno de la construcción.

Las intervenciones de la ABA

Algunos documentos que se transcriben a continuación permiten delinear una cronología de las acciones y disputas relacionadas con la construcción de Belo Monte. También hacen evidente el cuidadoso acompañamiento que la CAI le dio al asunto.

En noviembre de 2009, la Comisión de Asuntos Indígenas de la ABA emitió una nota pública sobre la Hidroeléctrica de Belo Monte, en la cual alertaba “a la opinión pública y a las autoridades máximas del gobierno brasileño sobre la precipitación con la que ha sido conducida la aprobación del proyecto, dentro de una estrategia equivocada que no le da la debida atención a los mecanismos legales”. De seguir de esa manera, evalúa el documento,“el gobierno estará permitiendo que sea configurada una situación social explosiva y de difícil control, en la que el emprendimiento podría traer consecuencias ecológicas y culturales nefastas e irreversibles”.

La nota llamaba la atención hacia tres aspectos fundamentales:

Durante 2010 se sumaron nuevos hechos para empeorar el cuadro general de perspectivas para la región. El 1 de febrero de 2010, el presidente del IBAMA emitió una licencia ambiental parcial supeditada al cumplimiento de 40 condiciones, entre las cuales estaba la aprobación de los programas orientados a los indígenas y las demás condiciones mencionadas en el dictamen técnico citado. Pero hasta el momento no se ha dado atención a estas medidas.

En abril de 2010 la Relatoría Nacional de Derechos Humanos y Medio Ambiente, de la Plataforma Brasilera de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Ambientales (Plataforma DHESCA), observó que

el proyecto actual de la represa Belo Monte contiene graves fallas e impactos irreversibles sobre la población que vive en las márgenes del río Xingú, particularmente los ribereños y los indígenas. La violación más grave de los derechos humanos detectada durante la Misión fue la no realización de las sesiones de audiciones formales⁵ a los indígenas, obligatorias por la legislación brasileña y por la Convención 169 de la OIT, ratificada por Brasil en el 2002 [...]. A pesar de que los millares de indígenas y los 24 grupos étnicos de la cuenca del Xingú afirmaron públicamente que no fueron, en ningún momento, oídos durante la entrega de licencias de Belo Monte, la FUNAI certificó previamente la viabilidad de la represa hidroeléctrica incluso ante la necesidad de estudios complementarios que podrían llegar a concluir lo contrario; e insiste en que estos grupos habrían sido oídos. El derecho constitucional de realización de las Audiciones Indígenas fue sumariamente violado (p. 2).

En abril de 2010 el Ministerio Público Federal juzgó la Acción Civil Pública en la 9^o circunscripción de la Justicia Federal del Estado de Pará, aduciendo la falta de reglamentación del artículo 176 de la Constitución Federal:

§I° la investigación y exploración de recursos minerales y el aprovechamiento de los potenciales a los que se refiere el encabezado de este artículo solamente podrán efectuarse mediante la autorización o concesión de la Unión, por el interés nacional, por brasileros o empresas constituidas bajo las leyes brasileras y que tengan su sede y administración en el país, en la forma de la ley, que establecerá las condiciones específicas cuando esas actividades se desarrollen en franjas de fronteras o en tierras indígenas (Constitución Brasileña, Art. 176).

En dirección semejante, hubo otra acción pública que denunciaba “irregularidades graves en la emisión de licencia previa”, constatadas en el dictamen técnico emitido por el Instituto Brasilero do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)(núm.114/2009COHID/CGENE/DILIC/IBAMA.23/11/2009), entrelascuales estaba la ausencia de análisis profundos de las “cuestiones indígenas”.

El 15 de septiembre de 2010, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, observó que “dada la magnitud del proyecto Belo Monte y sus potenciales efectos sobre las poblaciones indígenas, es necesaria la realización de consulta adecuada a estos pueblos para obtener un consenso sobre todos los aspectos que los afectan” (Human Rights Council Fifteenth Session. Report by the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedom of indigenous people, James Anaya, A/HRC/15/37/Add.1, p. 35, párrafo 53).

El 3 de diciembre de 2010, durante el Encuentro de Ciencias Sociales y Represas, realizado en la Universidad Federal de Pará, en Belém, caciques, líderes de los pueblos indígenas Arara y Juruna de la Volta Grande do Xingu, Kayapó Metuktire, Txukarramãe del Parque Indígena del Xingu y Gavião de la Montanha divulgaron una nota pública reafirmando su posición contraria a la construcción de Belo Monte y solicitando al presidente de la república de Brasil respeto por los pueblos indígenas y por las leyes brasileñas que los amparan. Josinei Arara, presidente del Encuentro, ratificó la disposición de su pueblo para ir a la guerra y si fuera necesario morir para impedir esta represa. En esta ocasión el cacique Raoni pidió que en nombre de la paz no sea construida la represa de Belo Monte.

EL 20 de diciembre de 2010, en una grabación en video, José Carlos y Josinei Arara informaron que nunca fueron oídos ni consultados por la FUNAI con respecto a las condiciones indígenas incluidas en la licencia previa de Belo Monte. Ambos ratifican la falta de conocimiento de las acciones relativas al cumplimiento de las condicionantes y reiteran la absoluta falta de participación de los indígenas en los procesos asociados con la licencia de la obra.

El 11 de enero de 2011, la FUNAI, en cumplimiento de su misión de protección a los indios aislados, vino a emitir la orden de exclusión de un área, denominada Ituna/Itatá, entre los ríos Xingú y Bacajá, a 50 km de la zona del proyecto de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. En ese lugar fueron confirmadas noticias sobre la presencia de indígenas sin contactos pacíficos y regulares con los habitantes regionales, así como sin la protección de equipos técnicos de la FUNAI. Lo cual hace evidente el grado de desconocimiento de las autoridades (e incluso de los organismos técnicos) sobre la región; y da a las iniciativas de aceleración del emprendimiento un carácter particularmente nocivo y dramático.

Pocos días después, el IBAMA, a través de un acto administrativo aparentemente rutinario, vino a conceder autorización para la deforestación de 238.1 hectáreas destinadas a la instalación del sitio de las obras, de alojamientos de los trabajadores y de apertura de carreteras (Autorização de Supressão de Vegetação, núm. 501/2011).

El 2 de enero de 2011, la FUNAI, en dos lacónicos párrafos, afirmó que no existían “obstáculos para la emisión de la licencia de instalación (LI) de las obras iniciales del sitio de obras de la UHE Belo Monte, considerando la garantía de cumplimiento de las condicionantes”.

Esta tímida reserva, aquí resaltada, y que jamás fue cumplida (¡hecho que además la FUNAI no podría desconocer!), toma otra forma en el párrafo siguiente. Allí el IBAMA, caracterizado como el “órgano licenciador”, es llamado a colaborar con la FUNAI en las “acciones de comunicación y protección de la Tierra Indígena Paquiçamba, vista la situación de vulnerabilidad a la que esta podría ser sometida” (Ofício núm. 013/2011/GAB-FUNAI). ¡Que extraordinaria cautela para recordar que la TI Paquiçamba está localizada en el límite del área de instalación de las mencionadas obras!

El 26 de enero de 2011, el presidente sustituto del IBAMA concedió la licencia de instalación número 770/2011, autorizando la instalación de la obra, los alojamientos para trabajadores, la apertura de carreteras y otras obras de infraestructura de la construcción, nuevamente acompañada de condiciones. Más grave aún, apoyado en la inexistencia de “obstáculos” de la FUNAI, no hizo ninguna mención específica de las condicionantes relacionadas con los pueblos indígenas.

Por otro lado, la Asociación de los Pueblos Indígenas Juruna do Xingú km 17 (Apijux Km 17), la Asociación del Pueblo Indígena Arara do Meia (ARIAM), junto con decenas de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, el 27 de enero de 2011, firmaron una “nota de repudio” a la concesión de la licencia de instalación, en la cual responsabilizan “al gobierno brasileño por cualquier gota de sangre que sea derramada en esta lucha”.

El 28 de enero de 2011, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) envió una carta a la presidenta de Brasil denunciando la postura “negligente e irrespetuosa” del gobierno brasileño, la cooptación de indígenas, y reafirmando la disposición de luchar al lado de los Pueblos Indígenas del Xingú.

El 7 de febrero de 2011 la ABA promovió, en articulación con la Universidad de Brasilia, el seminario “La hidroeléctrica de Belo Monte y la cuestión indígena”. Al final de la reunión, la Comisión de Asuntos Indígenas de la ABA elaboró una nota pública cuya conclusión juzgamos pertinente colocar a continuación:

La comprensible resistencia de los indígenas, que no fueron hasta ahora considerados como parte de la planeación y del proceso de decisión, podrá propiciar conflictos de gran envergadura, en los que la vida de los propios indígenas y de funcionarios gubernamentales estarán en riesgo, así como el patrimonio y la seguridad de terceros podrán ser duramente afectados. Nuevas campañas de difamación contra los derechos indígenas podrán alimentarse de sucesos deplorables que resulten de la precipitación, omisión y el incumplimiento de las normas legales oportunas.

Debemos aquí reiterar dos puntos esenciales abordados en aquel documento. Primero, es fundamental observar que las directrices y decisiones relativas a la UHE de Belo Monte están incumpliendo una disposición legal, la Convención 169 de la OIT, ampliamente acatada en el plano internacional y ya incorporada por la legislación brasileña -la cual indica que las poblaciones afectadas sean adecuadamente informadas sobre el emprendimiento y todas sus consecuencias, exigiéndose que sean consultadas con anticipación y según procedimientos legítimos y probos-.

Segundo, las condiciones establecidas por los dictámenes técnicos de la FUNAI y del mismo IBAMA necesitan ser rigurosas e inmediatamente atendidas, antes de que el proyecto pase a fases más avanzadas de autorización. Esto debería ser verificado por evaluadores autónomos.

Así, cabe volver a alertar a la opinión pública y a las autoridades máximas del gobierno brasileño sobre la falta de consideración y la precipitación con la que ha sido conducida la aprobación e implementación del proyecto, dentro de una estrategia equivocada y peligrosa de crear supuestos “hechos consumados” sin tener en cuenta las disposiciones legales y las consideraciones técnicas.

De seguir de esta manera, el emprendimiento podrá traer consecuencias ecológicas y culturales nefastas e irreversibles, configurando para el gobierno federal una situación social explosiva y de difícil control. Además de, en el escenario internacional, poner al país en contravía con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como también de otros segmentos de población, afectados igualmente por grandes proyectos.

La ausencia de consulta previa e informada

A lo largo de ese mismo año 2011, en otra nota pública divulgada por la Comisión de Asuntos Indígenas a través del informativo de la ABA número 07/2011,⁶ el tema de la consulta previa fue retomado y profundizado:“Hay una gran distancia entre ser informado y consentir, así como no se puede confundir un proceso de audición formal con una simple comunicación a los indígenas sobre los resultados de un estudio de impacto ambiental conducido anteriormente.”

Está fuera de discusión, evidentemente, el trabajo desarrollado por los equipos técnicos de la FUNAI y especialistas por ella invitados, que estuvieron en la región participando en reuniones con los indígenas a propósito de informarles sobre la UHE de Belo Monte y sus impactos hasta ahora dimensionados. Cabe igualmente destacar la importancia y seriedad de los levantamientos y estudios realizados con miras al establecimiento de mecanismos de compensación y de mitigación de los impactos y de la formulación de un plan básico ambiental, teniendo en miras a estas poblaciones; y que respondan a sus necesidades reales y a la dimensión de los impactos previstos. Esto hace parte indiscutiblemente de las atribuciones legales del órgano indigenista y está definido por normas vigentes.

No obstante, imágenes ampliamente divulgadas por internet⁷ -y no desmentidas por la FUNAI ni por los técnicos que en ellas aparecen- dejan en claro que las comunidades indígenas continúan sintiéndose amenazadas y poco informadas, formulando dudas y preguntas que los técnicos no están en condiciones de responder, y ante las que no tienen legitimidad para dar garantías en nombre del gobierno o de los emprendedores. En todos los registros vistos es reiterada la preocupación de los indígenas por afirmar que no están de acuerdo con el emprendimiento. Insisten además en la necesidad de realizar una audición formal en el Congreso Nacional (y no en audiencias públicas realizadas en la región), y destacan la importancia de recibir en sus aldeas la visita de autoridades con poder efectivo de mando, entre estas una comisión oficial de parlamentarios.

Desde el punto de vista de dichas comunidades, no queda duda de que no se sienten adecuadamente informadas, y mucho menos oídas. La simple presencia de equipos técnicos de la FUNAI en las aldeas para informar a las comunidades indígenas sobre los estudios previos de impacto ambiental no puede ser comparada con el ejercicio de las audiciones formales.

Considerando la barrera lingüística, la peculiaridad de su organización política y la existencia de fuertes conflictos interétnicos, las audiencias públicas no constituyen de ninguna manera espacios que permitan la libre manifestación de los indígenas ni que les propicien las aclaraciones específicas cuya falta están sintiendo. La demanda de los indígenas de tener una audición formal por parte del Congreso Nacional, o un diálogo con las autoridades superiores, no fue ni siquiera considerada.

En diversas ocasiones, la ABA ha manifestado su posición de que el cumplimiento del cronograma de las obras no puede sobreponerse a las obligaciones que el Estado tiene frente al respeto de los derechos de las personas y colectividades que allí habitan (algunas desde épocas inmemorables) ni puede transformar en letra muerta las normas de protección al medio ambiente (que son las bases del establecimiento de las 40 condiciones formuladas por el IBAMA, cuya gran mayoría se encuentra aún muy lejos de ser atendida).

Para corregir este desfase -que podría ser letal para las comunidades afectadas- es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, solicitó al gobierno brasileño la paralización temporal del emprendimiento, para que los derechos indígenas sean respetados y las condiciones sean transformadas en realidad, y para que estas poblaciones sean debidamente informadas y consultadas.

La privatización de funciones públicas

Otro aspecto bastante preocupante de Belo Monte se deriva de la entrega de funciones de asistencia al consorcio responsable de la construcción del emprendimiento (UHE), lo cual corresponde a una privatización distorsionada de atribuciones públicas que inviabiliza el libre ejercicio de la ciudadanía de las poblaciones que allí residen.

En un informe derivado de una visita a la región en 2011, presentado por el consejero Percílio de Sousa Lima Neto, vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), de la Secretaría de Derechos Humanos, quedó claramente constatada la “ausencia absoluta del Estado” al observarse incluso el desempeño de funciones asistenciales y de interés público por parte del consorcio. El “flagrante desequilibrio entre el consorcio, las poblaciones ribereñas y las etnias indígenas” solo podrá convertirse en un factor que agrave los problemas sociales locales.

La concesión de un poder de dominio casi absoluto sobre partes del territorio nacional a emprendimientos privados, sin una adecuada fiscalización por parte de las autoridades gubernamentales que garantice la observancia de las leyes y el respeto a los derechos de los ciudadanos allí establecidos es una práctica injustificada y condenable. Los encargados de la ejecución física de las obras no podrán jamás, por sí mismos, asumir responsabilidades públicas y dar soluciones legítimas a los conflictos ocasionados por el emprendimiento, ya que no tienen por objetivo la observancia de las leyes y de las políticas públicas, y mucho menos de los derechos de las poblaciones subalternizadas.

La estrategia de actuar como una aplanadora, imponiendo maniobras de “hechos consumados”, reflejan ítidamente eso, en combinación con el cierre de cualquier canal de consulta a los interesados directos y de debate con los estudiosos y la opinión pública sobre los rumbos del proyecto.

Un año después, en 2012, la CAI promovió otras actividades y discusiones públicas, organizó foros de debate sobre Belo Monte durante la XXVIII Reunión Brasileña de Antropología, realizada en São Paulo, en julio, así como en la Reunión Anual de la SBPC, en Goiânia, en julio de ese mismo año, y en el Encuentro Anual de la ANPOCS en Caxambú, tres meses después.

La inversión de mayor aliento, sin embargo, fue la organización de un voluminoso y completo dosier sobre Belo Monte, integrado por 18 textos escritos por estudiosos y especialistas de diferentes disciplinas que analizaron desde múltiples perspectivas los impactos de las obras sobre las poblaciones indígenas de la región. Dicho material fue divulgado en 2014 por medio de un e-book, en una colección editada por la ABA.

La preocupación fue reunir artículos y estudios que hicieran posible una comprensión más amplia y profunda del emprendimiento, frecuentemente transformado por los medios de comunicación en un enfrentamiento caricaturesco entre aquellos que promueven el desarrollo del país y los que, terca e ingenuamente, solo dan prioridad a la protección del medio ambiente. Los textos que integran la publicación, más allá de esa polaridad simplificadora, constituyen un esfuerzo original y pionero de reflexión e interpretación sobre los múltiples aspectos de la UHE Belo Monte.

Las expectativas del mercado versus los compromisos éticos y científicos de la investigación antropológica

Al tomar posición ante un importante debate económico y político ocurrido en el Brasil actual, la ABA destacó la dimensión ética de la actividad científica y los compromisos sociales que esta implica.

Algunos antropólogos participaron aisladamente en los estudios preliminares realizados por empresas consultoras, en evaluaciones independientes conducidas por ONG y universidades y en levantamientos de información realizados por la FUNAI (algunos de estos últimos, incluso, escribieron textos que integraron el dossier elaborado por la ABA). En su condición de profesionales individuales, como productores de conocimientos de cara a los que demandaban esos servicios y que pretendían utilizar el conocimiento generado, estaban bajo el imperio de las relaciones de mercado.

Sin embargo, la corporación a la que pertenecen y que les reconoce el estatus de antropólogos, la ABA, estableció límites para tal relación, firmando un código de ética que está pautado en los principios de la responsabilidad social del científico ante las colectividades que investiga, así como para la propia sociedad a la que pertenece. En este sentido, los antropólogos tienen el derecho y el deber de adoptar posturas éticas y ciudadanas, escoger y tomar decisiones, hablar y actuar como un sujeto colectivo que puede, por lo tanto, seguir objetivos y comportamientos que escapan a las expectativas del mercado y de los gobiernos.

Las acciones y los productos de la investigación antropológica no deben, así, de ninguna forma, ser utilizados contra las personas o los grupos sociales que los acogieron y fueron sus interlocutores. Igualmente, los conocimientos producidos por antropólogos no pueden ser objeto de apropiación privada y restringida, sino más bien deben ofrecer aportaciones para ayudar a resolver problemas sociales más amplios.

El dossier referiado, además de su importancia como análisis y como conjunto de testimonios sobre un momento histórico de antagonismo entre los grandes proyectos de hidroeléctricas y los pueblos indígenas allí residentes, ofrece también contribuciones importantes para algunos asuntos que ocuparán los debates de los próximos años.

La primera es relativa a la conceptualización y la puesta en operación de la consulta previa e informada, un debate aún en sus inicios en Brasil y en diversos países de América (como Bolivia, Colombia y México, por citar apenas algunos). La segunda es la necesidad de un nuevo examen crítico de las nociones de áreas y poblaciones impactadas de modo directo e indirecto, incluso redefiniendo las responsabilidades de los emprendedores en relación con su bienestar y futuro. La tercera es un énfasis en el debate público, democrático y transparente sobre las formas más adecuadas de manejo y ocupación de la Amazonia, considerando las peculiaridades de su ecosistema y los derechos y proyectos de futuro de las poblaciones allí residentes.

Continuidades y límites del modelo brasileño de desarrollo económico y gobernabilidad (1970-2015)

Al tomar como centro un asunto crucial en la vida de Brasil contemporáneo -la apertura de una nueva frontera económica⁸ materializada por el proyecto de Belo Monte-, este artículo pretendió también contribuir a la comprensión de la historia reciente de este país. Aleja así del olvido las acciones realizadas por los tomadores de decisiones oficiales al permitir explicitar cuestiones, posibilidades y alternativas rigurosamente silenciadas por las autoridades públicas y por los intereses privados.

Uno de los pilares del llamado “milagro económico brasileño” en la década de 1970 fue la expansión capitalista sobre la Amazonia, basada en la construcción de una red de carreteras y vías de comunicación y en la instalación de grandes hidroeléctricas. Consideradas como un imperativo para la seguridad nacional, tales actividades fueron impuestas a sangre y fuego por la dictadura militar, que adoptó un complejo patrón de interrelaciones entre lo público y lo privado, entre los intereses estratégicos nacionales (enunciados por los militares) y grupos económicos que asumían posiciones privilegiadas en el mercado; la creación de Eletrobrás, en 1973, empresa de economía mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía, fue determinante al respecto.

La apertura de la carretera Belém-Brasilia, de diversos tramos de la Transamazónica y de la vía Perimetral Norte hicieron posible la primera gran experiencia en esa dirección, la construcción de la UHE de Tucuruí, iniciada en 1974 y que 10 años después alcanzó una potencia de 8 370 megawatts. Completamente financiada con recursos nacionales, sin tener que someterse a las normativas del Banco Mundial o de otras agencias internacionales, afectó considerablemente la flora y la fauna regionales, impactando a pueblos indígenas como los Parakanã, Gavião y Assurini, que se convirtieron en “víctimas del milagro” (^{Davis, 1978}).

La segunda mayor hidroeléctrica del mundo, Itaipú, localizada entre Brasil y Paraguay, con una capacidad de 14 000 megawatts y un área de inundación de 1 350 km cuadrados, inició su construcción en 1975 y fue concluida en 1982. Paralelamente comenzó a ser delineado un ambicioso proyecto de represar dos ríos en la cuenca amazónica, cuyo proyecto de mayor impacto sería la construcción de la hidroeléctrica Kararaô (nombre de un segmento del pueblo indígena Kayapó), anunciada en 1980, teniendo como centro exactamente la región en la que sería implantada tres décadas después la UHE de Belo Monte.

Al finalizar el régimen militar, en una nueva coyuntura económica y política, todo apuntaba a que el nuevo proyecto no fuera impuesto de manera rápida y autoritaria, como los anteriores, sino que buscara financiamientos externos y pasara por procesos de evaluación y debate. En 1989 se realizó en Altamira el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas del Xingú, con la presencia mediática del cantante Sting y con amplia cobertura de los medios nacionales e internacionales. Mientras exponía el proyecto, el entonces presidente de Eletrobrás, José Antonio Muniz, fue abordado por la indígena Tuíra, que en señal de protesta se levantó de la tribuna y apoyó la lámina de su machete en el rostro del presidente de Eletronorte. La escena fue reproducida en periódicos y se volvió emblemática de la resistencia de los indígenas a la interferencia en sus recursos hídricos.

El proyecto fue temporalmente abandonado y solo resurgió bastante remodelado en 1994, con un formato más aceptable para ecologistas y financiadores, siendo menor el área inundada y habiendo sustituido el nombre de Kararaô por el de Belo Monte (para evitar nuevas tensiones con los indígenas).

En el 2001 se divulgó un plan gubernamental que suponía un presupuesto de 30 000 millones de dólares para la ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país, que implicaba la construcción de 15 hidroeléctricas en la Amazonia (entre ellas Belo Monte). La justicia federal, sin embargo, determinó la suspensión de los estudios. Durante el primer mandato de Lula como presidente (2003-2006), el asunto se dejó de lado, pero sería retomado en el segundo mandato (2007-2011), y se convirtió en una pieza importante de la nueva política de desarrollo adoptada, que se expresaría a través de las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Para evitar los inconvenientes de la experiencia de la década de 1980, el proyecto volvió a ser concebido en términos de indiscutible objetivo nacional (se dijo entonces que Belo Monte proveería 10 % del consumo nacional de energía). Eso justificaría la prioridad, urgencia y excepcionalidad de las que fue revestido el proyecto. Fueron restablecidas las asociaciones público-privadas del periodo militar y el proyecto pasó a depender exclusivamente de recursos nacionales (lo que permitió blindarlo ante las normativas establecidas en foros internacionales). Eso reafirma la hipótesis (^{Pacheco de Oliveira, 2016}) formulada sobre el carácter determinante de la cuestión indígena para la comprensión de las dinámicas económicas y políticas de la sociedad nacional.

En contra de las expectativas de las autoridades gubernamentales, los pueblos indígenas continuaron luchando por la preservación de sus territorios, por la autonomía de sus formas socioculturales y por el fortalecimiento de sus identidades. A pesar de la enorme desigualdad de fuerzas, en dos ocasiones precisas, en julio de 2012 y en abril de 2013, los indígenas llegaron a ocupar el sitio de obras y a paralizar temporalmente la construcción de la hidroeléctrica, demostrando con ello una increíble capacidad de organización política y engendrando para sí mismos un poder de negociación completamente sin precedentes. Especialmente en la segunda ocupación, realizada por los munduruku del alto río Tapajós, se estableció con el gobierno una forma de confrontación y de diálogo que les permitió dejar en suspenso de modo victorioso hasta el momento actual la construcción de una hidroeléctrica planeada para operar en su región (véase ^{Loures, 2017}).

Lejos de estar describiendo un proceso unilineal e ineludible de desarrollo, el investigador lidia con una realidad extremadamente compleja que pone en interacción una gran cantidad de variables cuyo sentido y función pueden alterarse de acuerdo con la coyuntura y las interconexiones que se establecen. El modelo de desarrollo e incluso de gobernabilidad que buscamos identificar en esta exposición no asegura por sí mismo la continuidad del proceso, remitiendo por el contrario a sus múltiples virtualidades y límites. La narrativa que celebra o exorciza tales iniciativas es incapaz de hacer explícitas las disputas reales, los cambios de estrategias y los juegos de escala, ya que esto depende de coyunturas específicas, de cambios de estrategia y de formas de resistencia puestas en práctica.

En este escenario, los antropólogos tienen que realizar su etnografía con todo el rigor de los instrumentos y conceptos de su disciplina, pero estando igualmente conscientes de la importancia específica que asumen sus estudios para el destino de las poblaciones que investigan. Según el código de ética de la ABA “constituyen derechos de las poblaciones que son objeto de investigación a ser respetados por los antropólogos y antropólogas: [...] 4. Garantía de que la colaboración prestada a la investigación no sea utilizada con la intención de perjudicar al grupo investigado” (^{ABA, 2018}).

Para terminar, una breve nota sobre el origen del nombre -Belo Monte- que dio origen a la hidroeléctrica. Los representantes de campesinos desplazados para la construcción de la represa (que se calculan en 150 000) siempre insistieron en que desconocen la razón por la que le hayan atribuido ese nombre, ya que allí no existía ningún pueblo llamado así, ni existían montes o elevaciones.

Uno de los mayores clásicos de la literatura brasileña, ^{“Os Sertões” (1902)}, escrito por Euclides da Cunha,⁹ describía cómo fue ahogado, en 1897, por el Ejército Nacional, un movimiento de campesinos reunidos alrededor de un líder mesiánico en el interior remoto del estado de Bahía. Despúes de la cuarta expedición militar, el pueblo en el que vivían los “rebeldes” fue incendiado, 5 200 casuchas destruidas y un estimado de 25 000 personas muertas. Aunque haya sido considerada oficialmente como una hazaña militar, la Campanha de Canudos, según el escritor (que participó en sus últimos momentos) “fue, en estricto sentido de la palabra, un crimen”. Por coincidencia o ironía, la aldea tenía nombre: Belo Monte.