Introducción

Es ampliamente conocido, que la región suroeste de México, formada por los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es la de mayor concentración de niveles de pobreza, extrema y moderada, del país (^{Coneval, 2018}). El rezago económico y social de esa región es el resultado de multiplicidad de causas que, a pesar de las políticas públicas implementadas, sobre todo después de 1994, no han sido superadas. Ha continuado el proceso de deterioro económico y social expresado en los indicadores de pobreza, extrema y moderada (^{Oliva-Vela y López-Arévalo, 2019}). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2018 constató, que en el periodo de 2008 a 2018, la pobreza (moderada y extrema) se elevó en términos absolutos en los tres estados mencionados, en cerca de un millón de personas. En términos relativos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza oscila entre el 77 y 66% de la población, muy superior al resto de las entidades del país (^{Coneval, 2018}).

La pobreza ha sido ampliamente estudiada como una condición humana inaceptable, frente al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y acumulación de riqueza en los países más avanzados y en grupos privilegiados en los países subdesarrollados. Sin embargo, con relación a la desigualdad hay una relación diferente. En los último veinte años, se han multiplicado los estudios relativos al incremento de la desigualdad en los países desarrollados; se ha constatado que es un fenómeno continuado y expresado también en los países menos desarrollados. Por el contrario, la desigualdad, no es tan ampliamente rechazada como la pobreza. Existe una perspectiva académica ampliamente difundida que afirma que determinada desigualdad es necesaria como incentivo a la productividad. ^{Roemer (1993)} es el primero que formaliza en la ciencia económica el fenómeno de la desigualdad, distinguiendo dos tipos de desigualdades económicas. Una, la desigualdad originada en la distribución de resultados, que puede ser de ingresos, patrimonio o de otros tipos. Según ^{Roemer (1993)}, este tipo de desigualdad es producto del esfuerzo particular y los individuos son responsables de ella, por lo que es éticamente aceptable. La otra desigualdad, que antecede a la primera, es aquella que tiene su origen en condiciones previas (por ejemplo, raza, género o antecedentes familiares) y de las cuales no se pueden responsabilizar a los individuos, lo que la hace éticamente inaceptable. Con esa distinción de las desigualdades, la posición de la economía convencional es que la política pública no debe estar orientada a eliminar cualquier tipo de desigualdades, sino solamente las que surgen de circunstancias previas y que dan origen a la desigualdad de oportunidades (^{Ferreira y Gignoux, 2011}; ^{Marrero y Rodríguez, 2013}).

La pobreza y la desigualdad se han estudiado en contextos muy variados y se han relacionado con otras variables como crecimiento, desarrollo, criminalidad. ^{Marrero y Rodríguez (2013)} han relacionado la desigualdad y el crecimiento, hallando que la desigualdad en oportunidades y desigualdad de esfuerzos tienen efectos distintos, negativo y positivo respectivamente, sobre el crecimiento económico. En el caso de la relación con el crimen, la desigualdad tiende a propiciar decisiones antisociales. ^{Pridemore (2011)} encontró una relación positiva y robusta entre pobreza y delitos. En otros trabajos los resultados son diferentes y probablemente ambiguos (^{Pridemore y Trent, 2010}). Entre desigualdad y crimen, medido por número de homicidios, robos, etc., diversas investigaciones descubrieron relación positiva (^{Blau y Blau, 1982}; ^{Enamorado, López-Calva, Rodríguez-Castelán y Winkler, (2016)}. En cambio, ^{Neumayer (2005)} y ^{Pridemore (2011)} hallaron resultados negativos.

En México, están los estudios desarrollados por ^{Ramírez (2014a}, ^2014b) y ^{Díaz (2016)}. ^{Ramírez (2014a)} ha examinado desde el punto de vista teórico y empírico, los determinantes económicos del crimen y hace un análisis profundo de las diferentes causales desde una perspectiva sociológica. Para ello ha revisado los estudios previos sobre el tema y ha verificado la relación entre pobreza (privación absoluta), desigualdad, desempleo y desarrollo económico. En ^{Ramírez (2014b)} se concluyó, que la desigualdad es el mejor predictor del crimen. El autor estudió otras variables predictoras como pobreza absoluta, desempleo y desarrollo económico. Sin embargo, la variable desigualdad logró mantenerse en el modelo general y mostró el mejor poder explicativo para los años 2000, 2005 y 2010. ^{Díaz (2016)} también intentó probar la relación predictora del pobreza y desigualdad con el crimen. ^{Díaz (2016)} a diferencia de la mayoría de los estudios que utilizan las variables de Coneval para medir la pobreza, utilizó el Método Integrado de Medición de la Pobreza. Los resultados fueron opuestos a lo que sustenta la teoría, por lo que no se pudo probar la relación predictora de ninguna de las variables.

En otros trabajos, que han seguido un enfoque espacial, se ha seleccionado el robo de vehículos como la variable dependiente en delitos, debido al número elevado de averiguaciones previas, a diferencia de otros tipos de delitos que no son denunciados. En el estudio de ^{Sánchez-Salinas y Fuentes-Flores (2016)} se obtuvo que existe una relación entre el robo de vehículos y las variables uso de suelo de comercio y servicio, el grado de escolaridad y la baja densidad de población. Los resultados del modelo mostraron, una relación estadísticamente positiva del robo de vehículos con el grado de escolaridad, uso de suelo y una relación negativa con la densidad de población. A pesar de la amplitud de trabajos, no existen trabajos relativos a la relación de la desigualdad, con la pobreza y el crimen en contextos estatales dónde existe mayor precariedad.

El objetivo del trabajo, precisamente, pretende establecer la relación entre la desigualdad y la pobreza y crimen en los estados del sureste mexicano: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Para ellos se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la dirección de las relaciones entre desigualdad, pobreza y crimen? ¿Con qué delito se relaciona más la desigualdad? ¿Con qué delito se relaciona más la pobreza?

El crimen y su relación con la pobreza y desigualdad

Según ^{Banfield (1974)}, el crimen es un producto de factores culturales y personales que determinan la propensión individual a delinquir, además de factores situacionales que pueden inducir o disuadir la comisión de delitos. La pobreza y la desigualdad son dos fenómenos altamente relacionados, pero diferentes. El concepto de desigualdad se refiere a la forma en cómo se distribuye una variable en una población determinada. En la medida en la que la distribución de esa variable se encuentra más concentrada, mayor es la desigualdad existente. La medición de la desigualdad se realiza a través de indicadores que captan la dispersión de la variable (^{Alonso, 2005}).

En cambio, pobreza es un concepto referido a una situación específica de vulnerabilidad de una parte de la población, expresada en carencias específicas o limitaciones de acceso a determinados servicios básicos. La condición de pobreza en una población determinada implica, que al menos tenga una carencia social: alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y/o de servicios básicos de la vivienda, además de ingresos insuficientes para disponer de los bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias (^{Huerta-Pineda, 2016}; ^{Coneval, 2018}).

Desde el último decenio del siglo XX y durante los dos primeros de este siglo, los temas de pobreza y desigualdad han sido muy recurrentes en el debate económico, sobre todo este último, debido al incremento exacerbado que ha tenido lugar en todo el mundo, subdesarrollado y desarrollado. Varios economistas, e instituciones internacionales, han estado alertando sobre el incremento de la desigualdad y sus efectos negativos en la criminalidad, la corrupción, el crecimiento económico (^{Berg y Ostry, 2017}; ^{Piketty, 2013}; ^{Stiglitz, 2012}).

Los efectos de la actividad criminal parecen depender del tipo de crimen. Por ejemplo, factores como la urbanización parecen ser más relevantes en crimen contra la propiedad. En cambio, la pobreza parece más asociada a crimen contra personas. Esta perspectiva situacional del crimen, implica comprender aspectos más complejos de la relación entre crimen y pobreza. Para una compresión más amplia se tendría que considerar aspectos motivacionales de los perpetradores y cómo la pobreza afecta la vulnerabilidad y atractivo a potenciales víctimas. ^{Sharkey, Besbris y Friedson (2016)} identifican dos dimensiones de la relación crimen y pobreza: crímenes de pobreza individual y crímenes de pobreza comunitaria. En la pobreza individual los factores que inciden son: un bajo ingreso, el estatus educativo y ocupacional. Desde esa perspectiva, el crimen es una consecuencia de la privación económica asociada con el autocontrol, habilidades cognitivas, el estructural familiar, la empleabilidad, el tipo de vecindarios donde residen. En este sentido, la relación entre pobreza y crimen refleja la combinación de estos factores. ^{Sharkey et al. (2016)} señalan que uno de los factores que más pesan en la relación es el desempleo. El subempleo y los bajos salarios están causalmente relacionados con crímenes contra la propiedad más que con crímenes violentos. Bajo esta perspectiva el crimen funciona como un sustituto del mercado laboral formal.

Con respecto a la pobreza comunitaria, se refiere a la agregación de personas que cuentan con incentivos para cometer crímenes. Eso no significa que haya más crímenes en la suma total. Sin embargo, la relación está mediada por el nivel comunitario que facilita procesos de confianza y cohesión social limitando la actividad criminal. Por consiguiente, la pobreza es vista como una de las distintas características que la organización comunitaria padece con capacidad de generar mayores tasas de crímenes (^{Sharkey et al., 2016}).

La relación entre desigualdad y crimen ha sido investigada desde varias perspectivas teóricas. Los principales enfoques que han investigado esa relación son: ^{Becker (1968)} y la teoría económica del crimen, ^{Merton (1938)} y la teoría de la frustración, por último, ^{Shaw y Mckay (1942)} con la teoría de la desorganización social. Becker (1968) establece una lógica económica del crimen al considerar al individuo en un contexto de desigualdad. ^{Becker (1968)} se basa en la perspectiva neoclásica de la economía, bajos los supuestos de la racionalidad del individuo y de la elección en la relación costo-beneficio para la toma de decisiones. Un individuo comete un delito, según ^{Becker (1968)}, si la utilidad esperada del mismo, supera el beneficio que obtendría utilizando su tiempo y recursos en actividades lícitas. Es decir, los individuos asignan su tiempo entre actividades lícitas de mercado y las no lícitas o actividades criminales, en función de los rendimientos esperados y de dos factores: la probabilidad de condena por delitos cometidos y la severidad de la pena a cumplir.

Desde una perspectiva sociológica, ^{Merton (1938)} propone la teoría de la anomiatensión. La idea de la anomia en Merton, proviene originalmente de Durkheim, en sus trabajos El suicidio y la División del trabajo. Se considera la primera explicación del crimen violento desde el punto vista sociológico. En esos trabajos se encuentran dos conceptualizaciones del fenómeno anomia, ambos resultados de problemas de regulación social (^{Ramírez de Garay, 2013}). ^{Merton (1938)} redefine el concepto de anomia y establece una relación estrecha entre anomia y cultura, relación que según ^{Ramírez de Garay (2013)}, es una de sus debilidades. En ^{Merton (1938)} la redefinición del crimen (o conductas desviadas) depende de la clasificación de las estructuras en social y cultural. En ese contexto, es que según ^{Ramírez de Garay (2013)}, Merton extrae los conflictos o actitudes delictivas que se producen, derivadas de una estructura social que tiende a generar desigualdades en la distribución, mientras que la estructura cultural tiende hacia la homogeneidad. Precisamente, resultado de esa no correspondencia (tensión), entre las desiguales oportunidades económicas y la admisión de los valores culturales afines, surgen “los contextos anómicos” y, por consiguiente, la posibilidad de actitudes delicuenciales. ^{Ramírez (2013},²⁰¹⁴⁾ considera que la teoría de Merton muestra varios puntos débiles. Uno, que la validación empírica de su teoría se presenta más consistente en delitos de tipo patrimonial, mientras que, en los crímenes violentos, no ocurre igual. Dos, la teoría de Merton es válida para explicar la actividad criminal en estratos bajos y enfrenta dificultad para explicar los crímenes en estratos medios y altos de la sociedad. Tres, la teoría de Merton posee limitaciones para explicar la variación de la criminalidad en contextos fuera de los Estados Unidos. Es una teoría más adecuada para el contexto histórico político e institucional de Norteamérica.

A diferencia de ^{Becker (1968)}, ^{Shaw y McKay (1942)} consideran factores de índole social y cultural en su teoría de la desorganización social. Entre esos factores están el estatus socioeconómico, heterogeneidad étnica y la movilidad residencial, los cuales contribuyen a debilitar la efectividad de los mecanismos de control social. Según Shaw y Mckay (1948) los factores mencionados afectan el papel de las redes de control social y la capacidad de las familias y comunidades para ejercer un control efectivo e informal sobre sus miembros. En estudios influyentes como los de ^{Kennedy, Kawachi, Prothrow-Stith, Lochner y Gupta (1998)} y ^{Kelly (2000)} interpretan que de forma indirecta la desigualdad también está en estos elementos estudiados por Shaw y Mckay. Desde esa perspectiva, estos autores consideran que la desigualdad está relacionada con la pobreza y en esa medida es factor determinante de la criminalidad.

Trabajos empíricos que relacionan crimen y desigualdad

La mayoría de los trabajos que abordan la relación entre pobreza y crimen se enfocan en las condiciones de los Estados Unidos y Europa y han hallado relación positiva y robusta entre ambas dimensiones (^{Pridemore, 2011}). Sin embargo, en las investigaciones sobre la relación entre desigualdad y crimen, los resultados han sido diversos y no tan convincentes (^{Pridemore y Trent, 2010}; ^{Pridemore, 2011}). ^{Ehrlich (1973)}, ^{Blau y Blau (1982)}, ^{Kelly (2000)}, ^{Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002)}, ^{Lee, Wexler y Gillian (2014)}, ^{Coccia (2017)} y ^{Costantini et al. (2018)} observaron una relación positiva entre desigualdad y nivel de homicidios, robos, ataques a la propiedad, entre otros. Algunos trabajos han encontrado una relación inversa. En cambio, otros autores no detectaron una relación positiva clara (^{Neumayer, 2005}; ^{Pridemore, 2011}). Por ejemplo, ^{Chintrakarn y Herzer (2012)} obtuvieron, en un estudio realizado a nivel nacional en Estados Unidos, con base en una muestra de 2091 observaciones en el periodo de 1965-2005, resultados negativos: a mayores niveles de desigualdad menor crimen.

En trabajos con análisis desagregados a nivel vecindario, los resultados son contradictorios. Por un lado, están trabajos de ^{Chamberlain y Hipp (2015)} y ^{Metz y Burdina, (2018)}, los cuales hallaron una relación positiva entre desigualdad y crimen. En este caso, la desigualdad es medida en la interacción entre barrios estadounidenses de mayor ingreso con los de menos ingreso. Por otro lado, ^{Kang (2016)} documentó que las relaciones positivas señaladas en reportes nacionales, cuando se trasladan a un nivel desagregado no son del todo claras. Este estudio ubica a la concentración de la riqueza como predictor de crimen.

Contexto del área de estudio

La zona de estudio, compuesta por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se encuentra al suroeste del país (Figura 1) y cuenta con la característica de ser una de las regiones con mayores niveles de pobreza en México (^{Coneval, 2018}). Debido a las particularidades de la región resulta necesario revisar la evolución de los indicadores de pobreza, desigualdad y crimen de cada uno de los estados, para contextualizar el área de estudio respecto al resultado nacional. En este sentido, se realizan la comparación de las variables del análisis para identificar las diferencias.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2019

Figura 1 Mapa de localización de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

El Coneval distingue diferentes tipos o niveles de pobreza. Una primera distinción se refiera a la pobreza extrema y pobreza moderada. En el caso de pobreza moderada, esta se determina por el porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar, que consta de bienes básicos alimentarios y no alimentarios (^{Coneval, 2018}). En el caso de pobreza extrema esta se conforma a partir del porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, que consta solo de bienes alimentarios. La pobreza general se refiere a la suma de pobreza moderada y pobreza extrema (^{Coneval, 2018}).

En lo que refiere a pobreza general (Figura 2), los estados que conforman el área de estudio muestran una brecha significativa respecto a los resultados nacionales, una diferencia de más del 20%. Otra cuestión que destacar es la poca variación a través del tiempo en los tres estados, manteniendo un ritmo estable en su presencia. Por eso se les conoce como el cinturón de la pobreza en México.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}

Figura 2 Evolución de la pobreza general en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Al desglosar pobreza moderada (Figura 3) se observa una variación más marcada. Los estados, objeto de estudio, mostraron un aumento a través de los años, a diferencia de la dinámica mostrada a nivel nacional. A partir de 2008, de niveles relativamente similares entre el resultado nacional y los estados, tiene lugar el incremento sostenido de la pobreza moderada en los estados, mientras se mantiene relativamente constante a nivel nacional. En 2016, aumentó la brecha de forma amplia. En el año 2018 se registra un ligero descenso en todas las unidades geográficas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}.

Figura 3 Evolución de la pobreza moderada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2008-2018. 

En la pobreza extrema (Figura 4), se aprecia de forma consistente una distancia entre el resultado nacional y los de la zona de estudio. Se puede distinguir una clara tendencia de reducción sostenida con ligeras variaciones (^{Coneval, 2018}). La reducción constante de la pobreza extrema puede explicarse en parte al aumento sostenido de la pobreza moderada. Las personas al rebasar la línea de bienestar mínima, gradúan su condición de tipo de pobreza, colocando a la población en la categoría de pobres moderados. Este acceso a la línea de bienestar mínimo puede deberse a distintas causas como; la aplicación de programas sociales, remesas, establecimiento de obra pública o crecimiento económico en la región.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}.

Figura 4 Evolución de la pobreza extrema en Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2008-2018. 

La desigualdad está relacionada con la distancia entre grupos poblacionales que cuentan con recursos y aquellos que no. En el caso de la medición de desigualdad que realiza Coneval para su Informe de Cohesión Social en México (^{Coneval, 2015}), el indicador se construye a partir de la distancia entre la población no pobre y no vulnerable, respecto a la que se cataloga como pobre. El indicador se presenta con el índice de Gini que se expresa de 0 a 1. Una población está más cercana al 0, esa población cuenta con baja desigualdad y entre más cercana a 1, presentará una alta desigualdad.

Al comparar el resultado a nivel nacional con los estados de la región de estudio (Figura 5), se puede ver que la intensidad de la desigualdad no difiere mucho y cuentan con una tendencia similar. Al observar que la desigualdad presenta una disminución en la misma proporción que la pobreza extrema, se infiere que el acceso a los niveles de bienestar mínimos en entornos pobres tiende a homogenizar en términos económicos a la población, generando preguntas sobre cómo afecta al comportamiento de otros problemas sociales como la presencia del crimen. En poblaciones mayoritariamente indígenas, se produce una especie de democratización de la pobreza, como en la mayoría de los municipios indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde el coeficiente de Gini es bajo y eso puede generar que la incidencia del crimen sea menor que en los territorios que exhiben mayor desigualdad (^{López-Arévalo y Medina-Nuñez, 2015}).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}.

Figura 5 Evolución de la desigualdad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2008-2018. 

Para conseguir un panorama más amplio, con relación al crimen, se diseñaron tres tablas, una agregando el total de delitos, la segunda con homicidios y la tercera con el delito de robo común. Lo anterior con el fin de diferenciar el comportamiento de cada tipo de delito en el tiempo.

En la Figura 6, se puede percibir que la tasa de delitos a nivel nacional es superior a esas tasas en los estados de la región objeto de estudio, con una particularidad en el año 2010, donde el estado de Oaxaca aumenta su tasa de forma pronunciada. Guerrero muestra un incremento moderado y Chiapas, en contraparte, se mantiene en una tendencia de reducción. Una respuesta aproximada es que hubo una posible alteración del orden público en el 2010, donde la estrategia del combate al crimen organizado estaba siendo aplicada.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval 2018}.

Figura 6 Evolución tasa de delitos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2000-2015. 

A pesar de que la tasa total de delitos resulta inferior a la tasa nacional, no ocurre lo mismo en la tasa de homicidios, dónde en el año 2000, los estados de la zona de estudio se encontraban por encima de la tasa nacional. En el 2010 ocurre un descenso en Chiapas y Oaxaca, pero no así en Guerrero, que aumentó su tasa de forma acelerada. Lo anterior puede deberse a distintas causas como, por ejemplo, la presencia de municipios urbanos de alta concentración poblacional en algunos estados, frente a otros, donde predominan poblaciones de ámbito rural.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}.

Figura 7 Evolución tasa de homicidios en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2000-2015. 

A diferencia de la tasa de homicidios, la tasa de robo común de los estados se encuentra muy por debajo de la nacional (Figura 8). Se registran aumentos en los estados de Guerrero y Oaxaca, muestra que Chiapas se comporta estable con una breve diminución en el año 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2018}.

Figura 8 Evolución tasa de robo común en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2000-2015. 

Metodología y tratamiento de datos

Los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales de INEGI, Coneval y ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) (2020)}. Se identificó el 2015, como el último año dónde las tres variables mostraron coincidencia en el tiempo de recolección de datos, a nivel municipal, por lo que el estudio se ajustó a esa fecha.

La unidad de análisis son los municipios de los estados objeto de estudio: Chiapas, Guerrero y Oaxaca; conforman, en conjunto, un área regional donde la pobreza es predominante (^{Coneval, 2018}). Chiapas cuenta con 125 y Guerrero 81 municipios. Oaxaca cuenta con 570 municipios, sin embargo, el estudio se ajustó solo a 34, debido a que los datos de delitos de 2015 se agregan al resto de municipios en una sola categoría denominada “otros municipios”. Estos 34 municipios registraban, en 2015, una población de un millón 927 mil 48 habitantes, lo que representaba el 49.5% de la población total. Debido a la magnitud de la proporción se valoró como pertinente, ser integrada al análisis de la región, pero no así para su análisis individual, debido a la poca cantidad de observaciones.

Desigualdad y crimen

A nivel municipal, la variable de desigualdad se obtuvo a partir de la medición de Cohesión Social por municipio en 2015, realizada por el Coneval. En el caso de los municipios de Chiapas, se detecta un rango de coeficiente de Gini desde 0.3419, el municipio con más baja desigualdad, al 0.5624, el municipio con la más alta desigualdad (Figura 9). En la misma figura se visualizan la intensidad de crímenes por municipio. En un análisis visual se destaca que los delitos se comienzan a intensificar en los municipios con una desigualdad mayor a 0.4025 del coeficiente de Gini.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Coneval, 2015}; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 9 Mapa de desigualdad y crimen en Chiapas 2015. 

En el estado de Guerrero, el rango es de 0.3515 a 0.5050. Se aprecia que comparativamente, el límite superior es inferior al reportado en Chiapas. De un mismo modo, se aprecia una mayor extensión territorial de municipios con coeficiente de Gini menor a 0.4015. También se observa que la intensidad de delitos aumenta a partir 0.4015.

Fuente: elaboración propia a partir de 2015; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 10 Mapa de desigualdad y crimen en Guerrero 2015. 

Como se mencionó previamente, Oaxaca no cuenta con la información de delitos de forma desagregada. De tal forma que la Figura 11 muestra de forma separada a los municipios por su desigualdad y los delitos en los reportados en la base de datos. En primer lugar, resalta el hecho que el límite inferior se encuentra por debajo de los otros dos estados con un 0.3063. Al mismo tiempo, el límite superior está por encima de los otros dos estados, con un 0.5760. Lo anterior muestra que el estado tiene un mayor grado de heterogeneidad. En la Figura 11 se observa la incidencia de delitos en las áreas que contempla la base de datos.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Coneval, 2015}; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 11 Mapa de desigualdad y crimen en Oaxaca 2015. 

Pobreza y crimen

A nivel municipal la variable pobreza se obtuvo de la medición de pobreza multidimensional por municipio en 2015 realizada por Coneval. El indicador está construido como la proporción de la población de una unidad territorial que está en condiciones de pobreza. Se observa en Chiapas (Figura 12), la proporción de la población en Pobreza y la intensidad de delitos en cada municipio del estado. Es destacable la existencia de un rango muy alto de municipios en condiciones de pobreza, que van del 41% de la población a otros con el 99.6% de la población en esa condición. Del mismo modo se percibe que, en el caso de Chiapas, los municipios con mayor intensidad de pobreza muestran baja intensidad en delitos totales y los municipios con menos porcentaje de población en pobreza, muestra alta incidencia de delitos.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Coneval, 2018}; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 12 Pobreza y crimen en el Estado de Chiapas 2015. 

En Guerrero, se repite el patrón del caso anterior (Figura 13). La magnitud de la pobreza por municipios es muy alta y el rango de pobreza estimada también, con un límite inferior en municipios con el 48.18% de la población en pobreza y el 99.30% como límite superior. De una misma manera, los municipios donde más pobreza existe, la tasa de delitos es baja en comparación con municipios con menor porcentaje de pobreza.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Coneval, 2018}; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 13 Pobreza y crimen en el estado de Guerrero 2015. 

En Oaxaca la pobreza en los municipios es más pronunciada, con un rango que establece su límite inferior en 27.80 % y su límite superior en 99.93% de habitantes en condiciones de pobreza (Figura 14).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Coneval, 2018}; INEGI, 2019 y ^{SNSP, 2018}.

Figura 14 Pobreza y crimen en el estado de Oaxaca 2015. 

El modelo

Tomando en cuenta el análisis precedente, se percibe como factible una relación positiva entre desigualdad y crimen, así como una relación inversa entre pobreza y crimen. Para constatar lo anterior se propone realizar dos ejercicios estadísticos para verificar las relaciones entre pobreza con crimen y desigualdad con crimen.

En primer lugar, una correlación de Pearson, para verificar si estas relaciones son significativas. Las correlaciones se desagregarán por tipo de delito y total, para tener un marco más amplio. El modelo de la correlación se desglosa de la siguiente forma:

Dónde:

x = Coeficiente de Gini/Porcentaje de población en pobreza

y = Tipo de delitos

N = Número de casos

En segundo lugar, se propone que la desigualdad cuenta con la capacidad de predecir la cantidad de delitos en los municipios de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De tal manera que se plantea una regresión múltiple para comprobar la capacidad predictiva de la desigualdad y la pobreza sobre el aumento del crimen. El modelo se describe de la siguiente manera:

Donde:

Y: número de delitos

b₁: coeficiente o parámetro del índice de Gini

X_i es Coeficiente de Gini

Z₁ es Porcentaje de población en pobreza absoluta.

ε_i es el error

b₀ es la constante

Resultados

Los resultados del ejercicio de correlación parecen soportar las suposiciones iniciales (Tabla 3). La tasa de delitos totales indica, que entre más pobreza extrema y total existan, se asocian a una menor tasa de crimen. También se destaca que pobreza moderada y desigualdad comparten tendencia en las direcciones de las relaciones. Por otro lado, la tasa de homicidios no mostró significancia frente a ningún tipo de pobreza. Robo de automóvil y homicidios muestran estar más asociados con desigualdad.

En el caso de Chiapas, los resultados no varían respecto a los de la región (Tabla 4), donde pobreza total y extrema significan una reducción en tasa total de delitos, lo mismo que para delitos patrimoniales. Sin embargo, no muestran significatividad en tasa de homicidios. En el caso de desigualdad, robo de automóviles no mostró significatividad, pero sí en homicidios que presenta una correlación significativa.

Un caso distinto es Guerrero (Tabla 5), que no muestra significatividad en la relación de pobreza moderada y desigualdad con los delitos, con la excepción de delitos contra libertad personal donde hay una relación positiva y significativa. Salvo la excepción del delito contra la libertad personal, pobreza total y pobreza extrema muestran la misma tendencia que los resultados por región.

En la Figura 15 se muestran los efectos de la desigualdad y pobreza sobre crimen por separado. La desigualdad muestra una (r2 = 0.037), significando que influye sobre el 3% de la varianza de los datos. Por su parte pobreza, cuenta con una relación inversa y su coeficiente de determinación es de (r2= 0.13), lo que representa el 13% de la variación de los datos.

Fuente: elaboración propia.

Figura 15 Dispersión simple con ajuste de línea de tasa total de delitos por desigualdad y pobreza. 

En la Figura 16 se muestra un gráfico tridimensional de las tres variables en un mismo plano. Se puede apreciar como los delitos se agrupan cuando la desigualdad se incrementa solo hasta cierto punto (.35-.50). También se presenta una agrupación de casos cuando la desigualdad es baja, la tasa de delitos es baja y la pobreza es alta. Al mismo tiempo, cuando la pobreza es menor se observan casos con altas tasas de delitos, pero estos se dan de forma aislada, es decir, no agrupados. Esto, tal vez originado por factores no contemplados en el modelo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Coneval, 2015}; ²⁰¹⁸ y SNPN 2018.

Figura 16 Dispersión simple 3D de tasa total de delitos por desigualdad y pobreza general. 

En el ejercicio de regresión lineal múltiple, se introdujeron las variables de forma escalonada. En el primer modelo se relaciona desigualdad con la tasa total de delitos. El valor del coeficiente de determinación es de (R2 = 0.037), significando que la pobreza explica el 3% de la varianza de los datos. Al agregar desigualdad en el modelo 2, se incrementa el coeficiente de determinación a (R2 =.157), explicando juntas casi un 15% de la varianza de los datos, al aplicar todas las variables control en el modelo 6 el coeficiente fue de (R2 = 0.209), lo cual explica el 20% de la variación de los datos (Tabla 6).

En relación con los coeficientes Beta (Tabla 7), los resultados del modelo 2 señalan que cada punto porcentual en la proporción de pobreza habrá una reducción de (b= -.001) en la tasa de delitos. En el caso de desigualdad, por cada punto del índice de Gini habrá un aumento de 0.231 en la tasa de delitos. Al incorporar las variables de control se observan modificaciones en pobreza y desigualdad. Por ejemplo, cuando se considera al porcentaje de ooblación de 15 a 24 años, pobreza no sufre modificaciones tanto en significancia como en magnitud, sin embargo, desigualdad, reduce su beta a (b=0.187) y aunque no pierde significancia sí la modifica (p<0.040). En el modelo 4, se incorpora la variable desocupación, la cual no tuvo significancia, pero modificó de forma leve los valores a pobreza y desigualdad. Al incorporar la jefatura de familia monoparental resultó significante, pero con un (B=0.008), pobreza mantiene sus valores, pero desigualdad pierde significancia. En el último modelo, se introduce la variable escolaridad, la cual no reporta significancia y hace que la pobreza pierda la suya, no obstante, jefatura de familia monoparental mantiene su significancia.

Los resultados anteriores parecen reforzar la idea central de este trabajo. No obstante, debido a la censura en los datos, se aplicó un modelo Tobit (Tablas 8 y 9) para observar el comportamiento de las variables. En el modelo 1 Tobit, solo están consideradas desigualdad y pobreza. Ambas cuentan con alta significancias y mantienen los signos de betas de la misma manera. Entre mayor desigualdad, mayor crimen y entre mayor pobreza menor crimen.

El segundo modelo Tobit incorpora las variables de control. Desigualdad mantiene significancia con un signo de beta positivo. Pobreza en cambio, no es significativo; es la jefatura de familia monoparental otra variable con alta significancia y signo positivo.

Discusión

Oaxaca, Chiapas y Guerrero, conforman la región más empobrecida de México, con elevados niveles de pobreza y desigualdad. La pobreza y la desigualdad son dos fenómenos diferentes, aunque cercanos teóricamente, muestran diferentes efectos en la comisión de delitos. Se ha obtenido, que la pobreza en la región estudiada corresponde con menores niveles de criminalidad, medido por tasa de delitos. La desigualdad se asocia a mayor criminalidad. Del análisis de correlación realizado por los pares de variables (desigualdad y crimen, pobreza y crimen) se obtuvo, que esa relación existe a nivel de estado y se comprobó por municipios. La pobreza total y extrema y el crimen están relacionados de forma inversa (excepto en delitos contra la libertad personal), medido por número de delitos. A medida que la pobreza extrema disminuye, porque el total de individuos en esa condición disminuye y aumenta la pobreza moderada, disminuyen los delitos. La variable de desigualdad, medida por el índice de Gini, se relaciona en todos los casos, con mayor criminalidad. A diferencia de la pobreza y pobreza extrema, la pobreza moderada tiene un comportamiento parecido a la desigualdad.

Los modelos de regresión lineal MCO y Tobit mostraron que, a mayor pobreza, se reduce el crimen y que al existir desigualdad corresponderá mayor crimen. Cuando se incorporan variables de control ocurren modificaciones relevantes, en el modelo Tobit: pobreza pierde significatividad, pero desigualdad la mantiene. Del mismo modo se destaca que jefatura familia monoparental parecer tener un efecto pequeño, pero altamente significativo en el modelo. Lo que corresponde con lo establecido por ^{Sampson (1987)} quien agrega estabilidad familiar a la teoría de la desorganización social desarrollada por ^{Shaw y McKay (1942)}. Por lo que se sugiere profundizar más en esta variable.

El modelo de MCO, muestra la relación entre pobreza y crimen, r2 apenas alcanza a explicar un 3%. Al agregar pobreza, se incrementa hasta cerca de un 15%. Lo anterior refleja una explicatividad limitada en la varianza total de los datos; no obstante, al ser un fenómeno complejo, en un área extensa, donde pueden intervenir una gran cantidad de factores aleatorios no visibles y al encontrar significatividad en las pruebas estadísticas, es posible asumir una relación entre las variables propuestas. Es decir, que los resultados aportan indicios para señalar que la desigualdad cuenta con mayor peso en el momento de predecir crimen.

Lo anterior parece estar en concordancia con la tesis de ^{Merton (1938)} relacionada con la estructura social y la estructura cultural. Precisamente, en la estructura social se expresa el acceso desigual a las oportunidades de desarrollo que tienen las diferentes clases socioeconómicas. En la anomia de Merton, se encuentra ese conflicto de la desigualdad derivada de las limitadas oportunidades, más que la pobreza total y la pobreza extrema mismas, lo que presiona a los individuos hacia la utilización de lo que llama “medios ilegítimos”, es decir, la actuación delictiva para alcanzar el éxito económico. Los delitos no responden directamente, o solo, a las condiciones económicas, aunque la distribución desigual de las oportunidades y la concentración de las mayores en los estratos favorecidos es una fuente de tensión que provoca la elección de actividad criminal (medio ilegítimo), como vía para acceder a satisfacer necesidades de desarrollo individual.

Existen probablemente otros factores que influyen en la determinación individual de cometer un delito. Esto sigue a Banfeld (1974), el cual defendió la tesis de que los individuos cometen delitos debido a factores situacionales y no necesariamente como ^{Becker (1968)} planteaba, utilitaristamente, de que los individuos hacen una comparación entre costos y beneficios para delinquir. Aunque el trabajo se delimita a un área con características especiales, como el sureste mexicano, se pudieron encontrar coincidencias con el estudio de ^{Ramírez de Garay (2014)}, quien también observó que desigualdad predice de mejor manera el crimen que la pobreza. Caso contrario al trabajo de ^{Díaz (2016)} quien no encontró relación significativa entre pobreza y tasa de homicidios. En este trabajo se realizó una regresión Tobit por tipo de delito (Anexo 1) y se encontró que hay una relación inversa. También se pudo encontrar que tanto homicidios como robos se predicen por un aumento en desigualdad. Es posible que las diferencias en este trabajo se deban al tipo de universo de estudio, que son 199 municipios de población mayor a cien mil habitantes. En el caso de ^{Sánchez-Salinas y Fuentes-Flores (2016)}, considerando que en este trabajo no se usaron métodos espaciales, la variable escolaridad como variable de control no mostró un efecto importante en las regresiones realizadas respecto a crimen. Todo lo anterior destaca lo diverso que es la discusión sobre los efectos de la desigualdad.

Conclusiones

La criminalidad, la pobreza y la desigualdad son características de las sociedades de la mayoría de los países del mundo incluso de los países más desarrollados. En América Latina son rasgos comunes de los entornos urbanos y rurales, con muy pocas excepciones. En este trabajo se buscó establecer la relación entre crimen, pobreza y desigualdad en los estados más pobres de México, para intentar constatar que incluso en estados con altos niveles de pobreza, la desigualdad es un factor relevante en la criminalidad. Aquí se sugiere que, en las condiciones presentadas de estados precarios, la desigualdad pesa más en el comportamiento criminal y la información obtenida puede proporcionar orientación a la política pública para actuar sobre situaciones de actividad delictiva en regiones de pobreza extrema y moderada.

En cuanto a las diferencia entre los estados, las correlaciones muestran similitudes en Guerrero y Chiapas en la forma en que se relacionaban los tipos de pobreza y desigualdad con la suma de delitos patrimoniales y de homicidios. Al desagregar delitos, la similitud persistió en delito patrimonial. No obstante, en el rubro de homicidios el comportamiento fue distinto. En Chiapas, las distintas formas de pobreza no mostraron significancia alguna al relacionarse con homicidio. No así en el caso de desigualdad que se siguió mostrando significante. Lo anterior puede sugerir condiciones especiales de orden local que pueden afectar la relación.

El estudio cuenta con limitaciones que se deben de considerar en el momento de interpretar los resultados, ya que sólo se ciñen a un contexto geográfico y social específico. Una muestra de ello, es el comportamiento particular que muestra el estado de Guerrero respecto a los otros dos estados. No se ha controlado el efecto del espacio geográfico en el modelo, ya que variaciones provocadas por efectos del territorio podrían alterar los resultados. La disponibilidad de datos limitó el abordaje del tema en los estados seleccionados. En el caso del estado de Oaxaca sus datos de delitos no estaban disponibles en un gran número de municipios. Por último, se destaca como principal aporte del estudio indagar en el tema de la desigualdad en estados que son considerados como pobres. Los resultados parecen soportar la idea de que aún en contextos de pobreza, la desigualdad cuenta con un peso mayor en la predicción de delitos.