Palabras iniciales

La explotación sexual de mujeres en México es una actividad de larga duración, con diversas aristas, actores y actrices, insertadas en un dinamismo adaptativo según los modelos económicos, las disposiciones políticas y los escenarios culturales. La historia de este país propone desde los inicios de la gestación de su mismo Estado, una política que fusiona en la prostitución femenina un modelo reglamentario y regulacionista, copiando esquemas efectuados en Francia y otros lugares de Europa.

Maximiliano de Habsburgo se preocupó por “sus muchachos”, sus soldados, “los hombres fuertes de su imperio”. Se le comenzaron a enfermar de sífilis, como resultado de tener coito con mujeres en situación de prostitución. Así que la primera acción más memorable de la historia de la prostitución del país ahora conocido como México, fue regular mediante iniciativas higiénicas o de “profilaxis social” una actividad considerada casi necesaria para los hombres, gestando el mito de la prostitución como “un mal necesario”. El estudio de ^{Márquez Morfín (2015)}, ubicado en la ciudad de México, nos da cuenta de la problemática descrita, siendo de mi interés señalar lo siguiente:

Las ideas imperantes en la segunda mitad del siglo XIX respecto de la enfermedad (sífilis) están enmarcadas en dos líneas: la concepción médico-moral de estos padecimientos como castigo divino por una conducta promiscua y los nuevos y modernos conocimientos médicos de clínica, diagnóstico y bacteriología durante el Porfiriato. Las corrientes francesas a la vanguardia del estudio sobre la sífilis instaban a instituir medidas de control sanitario y la vigilancia estuvo enfocada exclusivamente en las prostitutas como elemento primordial y centro neurálgico del padecimiento venéreo. La tolerancia hacia el ejercicio de la prostitución fue normada con la promulgación, el 17 de febrero de 1865, del Reglamento basado en el sistema francés. La encargada de llevar el registro de las prostitutas fue la oficina de Inspección de Sanidad, centro administrativo dependiente del Consejo Superior de Salubridad. El primer paso consistió en levantar un padrón de mujeres públicas con datos sobre su residencia, ya fuera en burdeles, casas de citas o de asignación, con el fin de cobrarles impuestos fijados por el Estado para autorizar el ejercicio de la prostitución. Las mujeres estaban obligadas a ser revisadas por el inspector una vez a la semana y a pagar, con la misma frecuencia, una cantidad determinada por el permiso. A finales del siglo incluso se recomendó que la inspección fuera efectuada dos veces por semana. Bajo estos preceptos, las autoridades intentaron ordenar preservar la moral de la población, controlar la diseminación de la enfermedad y evitar el contagio. Si bien la estrategia regulaba las actividades alrededor de las prostitutas como el sector sifilítico más visible y vulnerable, el otro gran segmento compuesto por los clientes de las meretrices, las esposas y los hijos víctimas de este mal venéreo, estaban en el anonimato impuesto socialmente ante tan desagradable enfermedad y su método de transmisión asociado a la lujuria, el deseo, el libertinaje, la infidelidad, el engaño, el estupro, la violación. La realidad presentaba los estragos de la sífilis y su cobertura entre los habitantes de la capital, incluida la “gente decente y honesta” desde siglos atrás. El modelo higienista consideraba como una solución regular mantener recluidas (se mencionaba la palabra secuestradas) a las sifilíticas en los hospitales, o bien en sus casas (^{Márquez, 2015}).

Al respecto de la cita previa, ^{Fabiola Bailón Vázquez (2016)} determina que

en el transcurso de unas décadas, las prostitutas pasaron de ser consideradas las principales culpables del contagio de las enfermedades venéreas, así como un problema moral y social que el Estado debía controlar, a ser consideradas sujetos con derechos y, en el caso de algunas de ellas, víctimas que el Estado debía proteger de los explotadores mediante la tipificación del lenocinio y la derogación de los reglamentos (p. 196).

Podemos notar que desde inicios del siglo XIX hasta la fecha, el Estado mexicano se ha visto beneficiado por el proceso de explotación sexual, concebido como una especie de proxeneta convertido en diversas instituciones, aspecto que inclusive puede ir más allá de los gobiernos. El sistema económico más hegemónico de los últimos tiempos, el capitalismo, contribuye al proceso de cosificación femenina y tecnologías del poder tales como la pornografía, nos dan un nuevo aporte a la cultura de la violación.

Lo más dramático del asunto es que los hombres parece que se encuentran omitidos en las acciones de gobierno, eximiéndolos de una responsabilidad, naturalizando la idea de que son ellas las que deben de guardar, controlar y administrar en los entornos de prostitución.

Entonces, la industria del sexo se vuelve altamente lucrativa, sin importar sus variantes. Hoy en día, mientras se persigue la trata de personas con fines de explotación sexual, se alienta el ejercicio de un supuesto trabajo sexual que, según iniciativas de gobernantes mexicanos, deberían cobrar una tarifa estándar. Las disyuntivas al respecto pueden ser diversas. Quizá la historia nos proporcione algunas respuestas.

Presupuestos teóricos y conceptuales

Para fines de este escrito, entenderé a la prostitución como un hecho que implica relaciones sexuales mediadas por un pago monetario, que adquiere cualidades específicas y se combina con la situación de que aquellas personas que la ejercen, pueden estar obligadas a ello. En efecto, esta actividad cuestiona el modelo económico que da lugar a la incapacidad de solventar las necesidades básicas de determinados grupos sociales, siendo viable interrogar sobre qué debe de estar permitido y qué no (edades, géneros, voluntades, acceso a medios de subsistencia, etcétera). Entonces, la prostitución puede estar vinculada fuertemente con el fenómeno de la trata de personas, pero sobre todo de la explotación sexual, hecho que implica que la prostitución se presente bajo el engaño, rapto, migración, la fuerza o coerción y generalmente no consensada entre la persona que ejerce la coerción y quien es coaccionada; quizá se podría entender dicha práctica como un sistema. El asunto descrito puede ir más allá de que las personas que viven en situación de prostitución aseveren que se encuentran en esta actividad por una supuesta elección o “gusto”. El sistema prostitucional, asegura ^{Montiel Torres (2015)},

Está construido sobre los cimientos de dos grandes sistemas estructurales: el patriarcal y el capitalista. Dentro de este contexto, el consumismo juega un papel fundamental en la construcción del campo de comercio sexual con fines de explotación, pues se construyen cuerpos para el consumo sexual. Siendo imperativo responder los porqués de la existencia de la prostitución y no sólo centrarse en la voluntad o no de las mujeres en situación de prostitución. No se trata de culpar a los hombres, sino de hacernos responsables de cómo reproducimos una de las violencias contra las mujeres más antiguas de la humanidad.

El patriarcado lo entenderé a lo largo de este artículo a la manera en que lo afirma ^{Lucrecia Vacca y Florencia Coppolecchia (2012)}:

es un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista. Esta ideología, por un lado, se construye tomando las diferencias biológicas entre hombres y mujeres como inherentes y naturales. Y por el otro, mantiene y agudiza estas diferencias postulando una estructura dicotómica de la realidad y del pensamiento (p. 60).

Aunque Carolina ^{Villampa Estiarte (2012)} sugiere la necesidad de separar el tipo de trata de personas con fines de explotación sexual, con la prostitución y la esclavitud sexual. Ya que, según ella, la primera puede presentarse como una actividad “basada en una libre elección”; y la segunda, aunque puede ser derivada de un proceso de trata, está concebida en un contexto de tiempo diferente al procedimiento que conlleva la trata de personas, pero a lo largo de la exposición histórica que desarrollaré líneas adelante, vamos a notar que los linderos de cada caso se entrelazan, siendo muy complejo dilucidarlo a quien toma decisiones, el sistema de seguridad o a un simple espectador, pues todo asunto mencionado emana de la estructura patriarcal. ^{Pamela J. Fuentes (2017)} argumenta que en la trata

no hay una valoración del mercado laboral por parte de la persona cuyo cuerpo es puesto en venta. La mayoría de las veces hay un engaño premeditado por parte de un enganchador, e incluso una red criminal de hombres y mujeres, que a través del secuestro o falsas promesas laborales, de amistad o amorosas, generalmente remueven a mujeres jóvenes de su entorno social y familiar para trasplantarlas a un encierro forzado, en el que son obligadas a tener relaciones sexuales sobre las que no tienen ninguna opinión ni ganancia (p. 264).

A nivel internacional, las especialistas en Ciencia Política ^{Siriporn Skrobanek, Nattaya Boonpakdi y Chutima Janthakeero (1997)}, en su libro Tráfico de mujeres. Realidades humanas en el negocio internacional del sexo, así como la averiguación experimentada en carne propia de la periodista mexicana ^{Lydia Cacho (2010)}, Esclavas del poder, un viaje al corazón de la trata de mujeres y niñas en el mundo, también han dado cuenta con sus investigaciones de los entornos aquí expuestos. A su vez, ^{Sheila Jeffreys (2011)} asevera que “la trata de mujeres y niñas abastece todas las formas de industria del sexo, prostíbulos, prostitución callejera y acompañantes, clubes de strippers, pornografía, prostitución militar y sitios turísticos de prostitución” (p. 191). A partir de lo descrito, la ley adquiere dimensiones y aplicaciones según sea el caso. Esto, claro está, debido a que la trata de personas la entenderemos desde diversas acepciones y cuando resulta ser para fines sexuales, entonces se anexa el objetivo basado en la explotación sexual.

La trata con fines de explotación sexual, según Marta Fontenla (citada en ^{Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida [apramp], 2011}), es el medio para proveer de mujeres y niñas “al mercado de la prostitución”, ya que alrededor del 90% de todos los casos tiene por fin la explotación sexual femenina. La prostitución no es un acto individual de una mujer o de un grupo de mujeres, es una práctica social, en la que cualquier mujer, en algún momento, puede estar incluida.

En este recuento referencial, me interesa definir, basado en ^{Aguilar Astorga y Berrios Navarro (2016)}, que como políticas públicas comprenderé a las

acciones que buscan resolver problemas públicos, entendidos como aquellos que son asumidos por diversos actores; esto, bajo una doble lógica, racionalidad de los recursos (eficiencia), pero también con el involucramiento de esos actores, ya sean afectados o interesados (legitimidad) y que en su interacción manifiestan relaciones de poder (p. 11).

Quizás este concepto pueda ser anacrónico en algunos periodos de la historia de México, debido a que no es aplicable a todo tiempo. Pese a ello me resulta viable la propuesta como guía para entender el ideal por lo menos conceptual.

Por otra parte, las políticas, según ^{Birgin (1995)}, son producto de la configuración de relaciones de fuerza en cada momento determinado, de negociación no estática, demarcadas por fronteras móviles, que se renuevan constantemente, entre el modelo de crecimiento económico y político, el cual define las características de la intervención social del Estado y las capacidades de presión de los distintos sectores de la sociedad y los movimientos sociales.

Para este caso, además, recurriré a la idea de política que expone ^{Kate Millett (2017)}, quien, por cierto, nos sugiere pensar al sexo como una categoría social impregnada de política; así pues, la política para dicha autora es “el conjunto de las relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo” (p. 32). Dentro de este contexto, la sexualidad, sobre todo de las mujeres y en especial de las “prostituidas”, ha sido un asunto de Estado. Obviamente un Estado patriarcal que busca afanosamente brindar orden a un ejercicio donde sus “hijos” ejercen momentos de esparcimiento “legal” con sus “hijas”, estas últimas en calidad de prostitutas.

No recurro a la referencia “cliente”, de acuerdo con lo expuesto por ^{Juan Carlos Volnovich (2011)} y las ideas de las abolicionistas que prefieren que se diga prostituyentes. Compartiendo el interés común de abordar la cuestión desde el lado de los autores y a partir de allí entender que sin clientes no hay prostitución, es de particular interés resaltar que dicho autor dentro del mismo sistema representa a la tortura y a la esclavitud. Por ende, también veremos en este trabajo la referencia al sistema prostitucional.

Si continuamos utilizando el concepto de cliente, lo eximimos de una responsabilidad dentro de la estructura de explotación sexual, donde no solamente existe el sistema prostitucional, sino también proxeneta. Si nombramos también construimos y hacemos debate. Insisto que legar el privilegio de cliente a los hombres, anula la capacitad de desmontar el mito de que “ellas están por gusto”, sin interrogarnos el gusto de quién, o mejor dicho: ¿quiénes se benefician de la supuesta elección de un trabajo sexual libre?

Por lo descrito, en este documento disertaré la hipótesis de que la sexualidad de las mujeres en situación de prostitución, ha sido un “asunto de Estado”. Desde la perspectiva feminista, ese Estado es patriarcal, mismo que busca afanosamente brindar “orden” a un ejercicio donde los hombres en calidad de prostituyentes ejercen una sexualidad vertical y violenta “legalizada”, considerando que ellas no cuentan con la posibilidad de autonomía. Por este motivo descarto la referencia trabajo sexual, misma que sugiere la idea de que las mismas pueden elegir libremente su actividad.

También deseo nombrar el trabajo de ^{Nuñez Noriega (2000)}, quien sugiere que la construcción social de la masculinidad implica una economía deseante, ansiosa y motivada por una intensa misoginia. Me parece que lo indicado por el autor construye sujetos que mientras pueden cumplir por una parte con el mito del amor romántico del matrimonio monógamo, al mismo tiempo pueden someter con facilidad a cualquier mujer a una vida de explotación sexual, inclusive a su misma pareja o hija. De esta forma no podemos entender algunos modus operandi de proxenetas o el habitus de un “putero” o prostituyente que asista con frecuencia a un centro donde se encuentren mujeres en situación de prostitución.

Por todo lo descrito, es imperativo mencionar el trabajo hecho por ^{Roberto Garda (2012}, ²⁰⁰⁹⁾, quien nos muestra una serie de ejemplos importantes de cómo proponer lineamientos teóricos y prácticos de políticas públicas para y con hombres en México.

El recorrido por los pasillos del tiempo¹

Aquí presento un breve recorrido desde el enfoque de la historia políticasocial. Historizar contextos de donde emanan las disposiciones gubernamentales ante los temas descritos, son los objetivos medulares en este aporte. El punto de partida lo ubicamos desde la gestación del Estado mexicano, 1821, cuando entra el Ejército Trigarante a México, hasta aterrizar en 2019. Desde luego, sigo un sendero cronológico tradicional, que aspira a plasmar a manera de ensayo una serie de lecturas y experiencias educativas, algunas aquí citadas y otras obtenidas a lo largo de unos ocho años.

Mientras que para el siglo XIX el discurso y control sobre la prostitución está comandado principalmente por abogados vinculados al Estado, debido a su carga legal y reglamentaria; para finales del mismo e inicios del XX, las posturas se encuentran en manos de la medicina, siendo de importancia que las mujeres asistan a hospitales venales (referencia que se utilizaba para la prostitución “amor venal” o aquel que se vende).

Otras han sido las posturas que acompañan el control de la prostitución y es el que tiene que ver con el espacio donde la ejercen. Dentro de las acciones de gobierno está la cuestión de “proteger” a las mujeres de “bien”. Por ende, se han creado las zonas de tolerancia donde los esposos y “señores de su casa” pueden ir a consumir cuerpos femeninos y masculinos sin el problema de que sus hijas, esposas y demás familiares se expongan a esta actividad.

En México, la discusión entre reglamentaristas y abolicionistas se ha prolongado durante todo el siglo XX, incluso hoy en día siguen imperando algunos de los postulados reglamentaristas. Las primeras victorias de los grupos abolicionistas se dieron hasta la década de 1930. Durante el año de 1931 se llevó a cabo en México el Tercer Congreso de la Asociación Médica Panamericana, en el cual se declaró al reglamentarismo arbitrario, unilateral, inhumano, inmoral, ineficaz y peligroso; también en ese mismo año, el doctor Francisco Campuzano, Director de Sanidad del Departamento de Salubridad Pública, presentó argumentos para que se aprobara el sistema abolicionista; el mismo año se fundó la Sociedad Mexicana de Eugenesia, abiertamente defensora del abolicionismo (^{Franco, 1972}).

El reglamentarismo, asevera ^{Bailón (2016A)}, “fue un sistema que estuvo fundamentalmente dirigido a la vigilancia y control de las mujeres, y no sólo a las que ejercían la prostitución, sino también a aquellas que administraban o dirigían los burdeles, las llamadas matronas” (p. 90). Por otra parte, Deborah ^{Daich (2012)} determina que

la Campaña Abolicionista entiende que la trata con fines de explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles, que la prostitución es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre varones y mujeres y que no puede, bajo ningún concepto, ser considerada trabajo (p. 74).

En la década de los cuarenta del pasado siglo, a partir de una iniciativa presidencial en México, se convocó a una asamblea contra el vicio y una vez más la idea seguía siendo tratar a los hombres dentro del mito que consistía en considerarles como incapaces de lidiar con su sexualidad y deseo incontrolable sobre el consumo de las mujeres. Aspectos tales como la tolerancia de una especie de poligamia en un país como México, donde se bromea sobre la existencia de “La catedral y las capillas” o “la casa grande y las chicas”, es una realidad palpable y vigente en el imaginario social.

En este contexto, se posicionaron algunos estados dentro de la iniciativa abolicionista que busca, entre otras cosas, desarticular la industria del sexo/vagina y erradicar el proxenetismo. Esta postura aspira a efectuar un proceso de re-educación social en la cual no se observe o permita la compra-venta de cuerpos bajo ningún motivo. Campeche, por ejemplo, ha sido un lugar que se promulgó bajo el paradigma de la abolición; sin embargo, al igual que muchas constituciones estatales, nunca aclararon del todo lo que entienden por “trata de blancas” y no figura el proxeneta como responsable primario de muchas mujeres en la situación descrita.

Durante el período de Miguel Alemán (1946-1952) existió un gran despunte de la vida nocturna en varias partes del país, generalmente dedicada y controlada por y para los hombres. Muchas iniciativas foráneas observaron a México como un paraíso para efectuar negocios de corte sexual, turismo, hoteles, burdeles y establecimientos de diversa índole; llevaron la misión y encomienda de entretener a los hombres a costa de la explotación de cuerpos femeninos. El asunto también se puedo observar en países caribeños tales como Cuba.

Para 1960, cuando Ruiz Cortines tenía a su cargo el despacho presidencial, México experimentó una rara etapa prohibicionista en el marco de la trata de personas. Un cierre masivo de burdeles y el combate frontal a la prostitución provocaron que una vez más dicha actividad se practicara en la clandestinidad. Así pues, notamos de forma reiterada en redadas o acciones momentáneas, que al prohibir o clausurar, sin estrategias integrales, se fomentan resultados más dramáticos que lo que inicialmente existía.

De 1938 a 1964, en el contexto de dos de las entidades del país presumiblemente conservadoras o con pensamiento predominantemente católico, herederos del movimiento cristero, Guanajuato y Jalisco, acapararon los reflectores del país y del mundo, en el caso bautizado como el de las poquianchis. Al igual que algunos distractores, en los años de las poquianchis se focalizó el delito de “trata de blancas” en las hermanas González Valenzuela como únicas responsables, aunque muchos funcionarios de su tiempo asistían y expedían permisos, además de vigilar los establecimientos donde se llevaban a cabo el asunto descrito. En este sentido, vale la pena recordar más de un caso donde tanto los medios de comunicación, como el discurso oficial, construyen un mito para explicar problemas que desde luego tienen raíces profundas.

A finales del siglo XX y en nuestros días, algunas revistas como Alarma y los medios de comunicación abiertos (Televisa y tv Azteca) han participado abiertamente con situaciones como el caso Trevi-Andrade, o la necesidad de producir las películas de ficheras, para “el sano entretenimiento de los hombres”; eso sí, en horarios para adultos. Proyectando la necesidad de construir el mito del “chivo expiatorio”. Cuando se mediatiza el caso de explotación sexual de parte de Andrade, Gloria Trevi es señalada como la responsable principal de una problemática que se ha replicado históricamente en diversos escenarios de las empresas televisivas. Programas conducidos por “Don Francisco”, Siempre en Domingo con Raúl Velasco, o el mismo finado “Paco Stanley”, siempre estuvieron señalados con estos casos. Ha sido propicio determinar por el mismo juicio mediático que fueron ellas las que buscaron el problema, que se han querido aprovechar de la fama de “ellos”, propiciando la desaparición de ellas en la escena televisiva. El caso Trevi-Andrade ha dado mucha tela que cortar, hasta películas y novelas han publicado.

Durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va del presente, el escenario anexa una nueva postura: el trabajo sexual. Las voces se dividen, ya que mientras algunas consideran que es importante erradicar la prostitución, e incluso penalizar a los consumidores/clientes/prostituyentes, otras consideran que la actividad descrita como prostitución o sexo servicio contiene cargas despectivas, discriminantes y peyorativas.

A inicios del mes de septiembre de 2019, MORENA propuso la licencia para la prostitución y tarifa única en CDMX. La tarifa única no sería un cobro por utilizar el espacio público, y las personas que ofrezcan servicios sexuales en la CDMX deberán obtener una licencia para desempeñar su labor. Esto muestra un grave retroceso en materia de derechos humanos,² evidenciando lo ya discurrido: el Estado como proxeneta oficial.

Mientras que en países como Estados Unidos y Francia penalizan al cliente/prostituyente que contrata los servicios de una mujer en situación de prostitución, en México se han creado, con la venia gubernamental, sindicatos, “apoyos”, grupos y hasta conjuntos habitacionales para ellas, existiendo la gran posibilidad de que actualmente se pueda incluir como un oficio legal y protegido, normado por la Ley Federal del Trabajo.

En nuestros días, recurriendo a las palabras de Lydia Cacho:

Las leyes contra la trata de personas no van de la mano de los cambios culturales y, ante todo, porque el siglo XXI está viviendo un golpe bumerán ante el feminismo: el sexismo viene de regreso, fortaleciendo y con nuevas estrategias de mercadotecnia; en realidad, nunca se ha ido en algunos países, simplemente se ha disfrazado de discursos políticamente correctos (^{2010, p. 170}).

Conclusiones

Queda la impresión que ante una revisión somera, los objetivos de toda política mexicana al respecto del tema aquí expuesto, han sido controlar a las mujeres en los entornos de prostitución, incluso llevándolas a una persecución al borde de la criminalización. Los hombres, a menos que se compruebe el pleno ejercicio de trata o explotación sexual, hemos sido intocables en materia de una política real para averiguar e intervenir los motivos, resultados y responsabilidades que nos llevan a consumir cuerpos femeninos con supuestos fines de “recreación sexual”.

La primera fase de la política pública aún se encuentra ausente, pues todavía no tenemos diagnósticos certeros de cuántas son las mujeres que se encuentran en esta actividad, ni sus edades, su sentir o aspiraciones. Apenas con un acercamiento muy parcial, conocemos del caso de la ciudad de México, pero es un hecho que en el resto del país no es menester saber de ellas, aunque es de interés obtener la mayor parte de ganancias económicas posibles. Bien sabemos que no hay lugar que realice “revisiones higiénicas” y de supuesta salud sexual. Parece que los gobiernos saben muchas cosas de ellas, pero las cifras no ha sido conveniente exponerlas.

Entonces, el control hacia ellas va más en el sentido jurídico y de salud sexual. Los gobiernos, aun conformados en muchas partes del mundo por un sistema de partidos políticos, la administración y de una lógica profundamente positivista, convoca el estar mayoritariamente instituidos por un funcionariado cuyo capital académico es la abogacía, la administración, la economía y la posesión de destrezas que les dicten cómo hacer las cuentas, los números y el mito de que “lo que no se mide, no se puede mejorar”, olvidando el ethos de la misma humanidad: la cultura.

Pese a que el pensamiento tecnócrata ha impuesto que aún la cultura debe convertirse en número para “hacerla objetiva” y “científicamente aceptable”, desde la antropología y la misma historia socio/cultural, seguimos proponiendo hace por lo menos un par de siglos a las personas como documentos históricos-culturales, poseedores de muchos saberes y tan valiosos como un dato numérico, interrogando la idea de la supuesta postura cientificista occidental basada en la dichosa muestra representativa, para entonces destinar recursos y acciones de gobierno.

Hoy sabemos que los hombres hemos creado instituciones patriarcales como el mismo Estado mexicano y, por ende, la creación de sus políticas tendrá que ver con una visión limitada en materia de equidad, derechos humanos y con altos contenidos de violencia institucional. Pues sólo invertirle 5 o 15 minutos para empaparse de un tema histórico cultural, para resolverle, alcanza a decirnos el poco grado de compromiso, así como el desprecio a la labor académica.

Parece que el gran pendiente de muchos gobernantes es definir de forma certera cuál es el problema público, para entonces generar política. Las posturas aún son tibias y superficiales. Nos han querido imponer la idea de que la prostitución es un problema social, sin hacer el esfuerzo de voltear a observar que el sistema económico y las masculinidades violentas, consumidoras de una sexualidad vertical, son una causa que demanda cuerpos femeninos para vulnerarles hasta la muerte. Es necesario revisar los privilegios, el ejercicio del poder y las estructuras que dan paso a la permisión de muchas violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

Por último, para que una política pública adquiera un grado de legitimidad óptimo, es necesario que, para este caso, ellas participen, discutan y propongan las mejores formas en que desean llevar su vida. El grado de autonomía y empoderamiento de mujeres con estas características, basado en mis observaciones, es mínimo. En todo caso, parece que buscan tener ingresos decorosos, como muchos y muchas, pero puede ser mejor que éstos se obtengan por otro tipo de actividad. Entonces, seguimos concibiendo la necesidad de superar los entornos de precariedad laboral; abolir se concibe como necesario, pero bajo una iniciativa integral, capaz de ofrecer la libertad de dedicarse a lo que deseen obteniendo los ingresos, reconocimientos y estilo de vida acorde a derechos de diversa índole. El reto es enorme, pues no se trata de desaparecer los entornos de prostitución y sus actores, sino entender los ámbitos estructurales que lo generan. Es urgente revisar las responsabilidades de los hombres en este asunto. Esto último sigue siendo el gran pendiente y al mismo tiempo la probable apuesta para el cambio.