Los orígenes de la “utopía” reformista universitaria latinoamericana

En 1885, la denominada “Ley Avellaneda”³ (^{Ley 1597, 1885}), estableció en Argentina las bases normativas jurídicas para el funcionamiento de universidades públicas, gratuitas y accesibles en Latinoamérica, marcando un hito en la historia de la educación en la región. A partir de la reforma de sus estatutos para adecuarse a dicha ley, las universidades de Córdoba y Buenos Aires instauraron esta modalidad en 1886. Aunque su alcance inicial estuvo limitado a la designación de autoridades académicas, profesorado y gestión administrativa (^{UNC, 2018}). Sin embargo, en los años siguientes, el gobierno académico se enfrentó con la dificultad de un continuismo vitalicio en la docencia y elecciones arbitrarias (^{Mollis, 2007}). Frente a este escenario el curso de reivindicación y reforma política se llevó a cabo a partir del movimiento estudiantil, particularmente de la Universidad de Buenos Aires, que en 1917 inició una huelga general como protesta por las medidas estrictas de asistencia a clases y otras medidas de gobierno universitario, oportunidad en la que se asumió, también, un viraje político hacia movimientos políticos de izquierda (^{Palma, 2010}). En ese momento, se fundó la representación del gobierno estudiantil: en la Federación Universitaria de Estudiantes de Argentina (FUA), con el concurso además de otras universidades del país (^{Marsiske, 2018}).

Estas reivindicaciones se fueron consolidando en un movimiento de reforma académica en 1918 impulsado por los conflictos suscitados en la Universidad de Córdoba,⁴ a raíz de una problemática educativa caracterizada por ser excesivamente clerical y colonial, un sistema de gobierno arcaico y elitista, un cuerpo de docentes deficientes y designados de forma vitalicia y que respondía a intereses de la oligarquía, reglamentos obsoletos, cuestionamiento de la legitimidad de órganos rectorales y decanaturas, atraso científico en la enseñanza y reclamos suscitados por la supresión del servicio universitario de Hospital de Clínicas (^{Buchbinder, 2005}). De esta manera, se esbozaba una reivindicación y un proceso de:

Emergencia juvenil y de renovación de las élites se articulada con un movimiento político intelectual, en el que corrientes como el socialismo, el liberalismo democrático, el movimiento de la escuela nueva, el modernismo, abonaban a un escenario de debate de ideas que impactaría sobre la vida universitaria y sus frontales siempre abiertas con la sociedad el mundo del trabajo, el campo cultural y la cultura política. (^{Carli, 2008: 37} )

Este movimiento, que se inclinaba hacia un gobierno universitario que respondiera a la problemática planteada, fue truncado con la intervención universitaria del presidente argentino Juan Hipólito Irigoyen, lo cual motivó el inicio de una huelga general masiva e indefinida (^{Pitelli y Hermo, 2010}). De ello surgió el movimiento que exigía independencia y autonomía de las universidades, iniciado con el denominado “Grito de Córdoba”. Con esto, se estableció una lucha por la reivindicación de la educación (^{Rivas, 2019}), además de una búsqueda de refundación interna que establecía como una de sus directrices la generación de un pensamiento revolucionario:

La reforma universitaria significará la forma más radical de participación política que encuentra el despertar de la posguerra de las capas medias, sacudidas por un mundo en proceso revolucionario. (^{Portantiero, 1978: 60} )

De igual manera, se generó una conciencia reflexiva y un compromiso social respecto al momento histórico en que se encontraba. Por lo tanto, se asumió la responsabilidad e implicación activa para una refundación institucional, con el objetivo de afrontar los retos que la sociedad demandaba (^{del Huerto Marimón, 2018}).

Durante los meses de abril a junio del año 1918, existieron ciertas particularidades inherentes a la acción del movimiento. Una de ellas fue la participación y representación en las elecciones del gobierno universitario y posterior posicionamiento en las elecciones rectorales, a través de la Federación Estudiantil de Córdoba -recién conformada- en contra de las candidaturas proclericales (^{Saravia y Abatedaga, 2018}). En este caso se apoyó a un candidato de la corriente liberal-autonomista, quien perdió contra todo pronóstico estudiantil, lo cual originó un enfrentamiento entre estudiantes, cuerpos de seguridad y policías convocados por autoridades y movimientos contrarreformistas y proclericales (^{Portantiero, 1978}). Frente a este escenario, se declaró nuevamente una huelga general indefinida, esta vez con el apoyo de los estudiantes de otras universidades del país, estableciéndose, además, una alianza con la Federación Obrera, misma que se sumaría a la causa y lucha (^{Campo-hermoso, Soliz, Flores y Huallpara, 2019}).

Con ello, el movimiento estudiantil asumió un rol de movilización permanente, inclusiva e identificada con los intereses de las clases proletarias; de forma que: “en el ámbito social la movilización de los estudiantes empezará a ser una práctica común y se verá una implicación solidaria con otros intereses sociales” (^{Bonavena, 2007: 29}). De esta manera, se apuntó hacia la presencia de un pensamiento revolucionario (^{Roig, 1998}) y el establecimiento de bases ideológicas latinoamericanistas, antiimperialistas y socialistas, alimentándose principalmente del pensamiento de Maríategui y la acción revolucionaria de Sandino:

Su pensamiento transitó del liberalismo al socialismo, del juvenilismo inical -con componentes elitistas, románticos y antiintelectuales- una posición latinoamericanista y antiimperialista que lo acercaría a José Carlos Mariátegui y a Sandino. (^{Carli, 2008: 4} )

Las bases del planteamiento de la reforma universitaria, impulsada por el movimiento, se plasmaron en el pronunciamiento del Manifiesto de Córdoba del 21 de junio de 1918 y expresaron una clara posición de lucha por una universidad democrática, antiautoritaria, anticlerical, antiimperialista y antisecular, y, sobre todo, el afianzamiento y consolidación de la soberanía latinoamericana.(^{Manifiesto Liminar Córdoba, 1985}), en busca de un permanente cometido para lograr los postulados de la reforma institucional iniciada por el movimiento estudiantil universitario: libertad de cátedra, asistencia libre a clases, docencia libre, libertad académica, gratuidad de la enseñanza, vinculación de la universidad con el resto del sistema educativo, unidad latinoamericana, misión social de la universidad, cogobierno y autonomía universitaria (^{Tünnermann, 2000}); éstas últimas son el eje medular del comportamiento y la cultura política institucional universitaria y la matriz articuladora de los demás postulados (^{Múnera, 2011}).

Así se configuraron dos dimensiones políticas: la intrauniversitaria, caracterizada por el gobierno dentro de las universidades, y la interuniversitaria, que se proyecta hacia la sociedad y el Estado (^{Burton, 1993}). Es importante destacar que ambas dimensiones están intrínsecamente interrelacionadas y dieron lugar al surgimiento del ideal de reforma y al carácter utópico de las universidades latinoamericanas (^{Brunner, 1986}), como en el caso de Bolivia.

Intentos de construcción de la utopía universitaria en Bolivia: golpes de Estado y restauraciones de la democracia

El ideario reformista de Córdoba estuvo presente en las reformas de las universidades bolivianas, a tal grado que, en la primera convención de estudiantes, se estableció esta tesis con el propósito de alcanzar la autonomía universitaria, el autogobierno institucional económica, académica y políticamente (^{Guerra, 2004}). El movimiento en Bolivia, asimismo, impulsaba un cambio de valores en lo político, lo social y lo cultural y la búsqueda de las transformaciones que se requerían en el país (^{Rivera y Ortego, 2001}). Al asumir los postulados de la reforma universitaria latinoamericana, se buscaría generar un engranaje que articulara la estructura de lucha y la reivindicación permanente por la emancipación y la reconstrucción social del país. Este activismo se evidenció en las diferentes y permanentes movilizaciones estudiantiles que intentaban la consolidación de este ideario (^{Urquidi, 1955}).

El ideal revolucionario no pasó desapercibido por los gobiernos de turno en Bolivia, particularmente en el caso del presidente Bautista Saavedra, quién mantuvo cerrada la Federación Universitaria de Estudiantes en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) durante 1922 y 1923; en 1924 se organizó una amplia movilización estudiantil, que visibilizaba esta problemática (^{Serrudo, 2006}). Producto de estas movilizaciones, en 1925, a través de un Congreso Pedagógico Nacional, se establecería una propuesta concreta, redactada por el ministro Daniel Sánchez Bustamante, que sentaría las bases y lineamientos de la autonomía universitaria boliviana (^{Bonifaz, 1975}).

Pese a los insistentes pedidos y movilizaciones, estas aspiraciones reformistas no fueron atendidas por el gobierno. Consecuentemente, surgió un frente de acción y articulación política en el Primer Congreso Nacional Universitario de Estudiantes realizado en la ciudad de Cochabamba en 1928, el cual establecía una orientación política antiimperialista a la reforma que surgió a partir del Manifiesto de Córdoba (^{Durán, 1962}). No obstante, se construyó un discurso influenciado por la experiencia universitaria peruana, es decir, que profundiza un vínculo social y reafirma la indivisibilidad de la universidad con el ámbito social (^{Komadina, 1991}).

En 1929, estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) plantearon el ideario reformista, en el que se incorporó el carácter revolucionario al movimiento y que buscaba una suerte de liberación política contra intereses de grupos de poder (^{Vásquez, 2008}), de esta manera, se gestó una posición antioligárquica, resultado de una combinación de elementos ideológicos asumidos del marxismo, anarquismo, liberalismo y del nacionalismo, en ascenso durante esa época. La idea política fundamental era convertir a la universidad en un poder del Estado bajo el modelo de la autonomía (^{Baptista-Gumucio, 1956}). Asimismo, se asumió una posición contra la burguesía y todo lo que ella representaba, lo cual resultaba en una universidad construida “desde el pueblo”, es decir, el desarrollo de la ciencia y la cultura debían construirse por sectores populares que lucharan contra cualquier privilegio despótico de las clases acomodadas. Una universidad dirigida al proletariado, representada por los obreros trabajadores del campo y de las minas (^{Taboada, 1984}), que proclamara como ideal superior la equidad y la justicia social. Se pretendía una búsqueda permanente de transformación de la universidad, un semillero de ideas para determinar las directrices y la organización del país, siempre atentos a las arremetidas del imperialismo norteamericano (^{Komadina, 1991}; ^{Kozel, Grossi, y Moroni, 2015}). Intelectuales jóvenes de la época, como Augusto Guzmán, Augusto Céspedes y Antonio Díaz Villamil -que luego se convertirían en referentes literarios del país-, se sumaron con otra proclama: la universidad debe tener una participación política activa y no estar al margen de los problemas nacionales e internacionales; una de las responsabilidades fundamentales de la universidad es el compromiso con la liberación del pueblo y la lucha contra sectores de la oligarquía económica, representados por grandes terratenientes y explotadores de la minería. Se plantea que cualquier reforma universitaria debe buscar la manera de superar el “superEstado” creado por intereses monopólicos y debe convertirse en un liderazgo ideológico y político de núcleos obreros y clases populares (^{Komadina, 1991}; ^{Rodríguez, 2001}). El movimiento de reforma universitaria en Bolivia se propició dentro de la dinámica intra e interuniversitaria, estableciéndose una permanente correlación dentro de la problemática socioeducativa del Estado.

Aprovechando la coyuntura política del país, las movilizaciones universitarias se sumaron al derrocamiento del presidente Hernando Siles el 28 de mayo de 1930, proceso que culminó con la toma del poder por una junta militar encabezada por el general Carlos Blanco Galindo, quien promulgó el decreto del 25 de julio de 1930,⁵ donde se estableció la autonomía universitaria en la República de Bolivia (^{Serrudo, 2006}). Este decreto tuvo el “propósito de efectuar la autonomía universitaria, de emancipar la educación pública de malsanas influencias y de hacer de ella una función social adecuada a sus propios fines” (^{Decreto Julio 1930, 1930: 1}). Paradójicamente, este decreto fue establecido por un gobierno de facto que impulsó, entre otras cosas, el resurgimiento político de la oligarquía boliviana (^{Diaz Machicao, 1955}). En 1931, la junta militar puso a consulta pública, el mencionado decreto, para la incorporación constitucional de la autonomía en la universidad pública; misma que es reconocida, legalizada y legitimizada a partir de dicho “referéndum” (^{Campohermoso, Soliz, Flores y Huallpara, 2019}).

Desde 1938 existe un derrotero político de la reforma universitaria asumido por la Federación Universitaria Boliviana (FUB), el cual se proyecta hacia un pensamiento marxista y trotskista; es un escenario de contrastación dialéctica de los postulados que se habían establecido en la reforma universitaria de 1928 (^{Klein, 2015}; ^{Lora, Bacherer, Gentino y Plata, 1979}). Si bien el pensamiento reformista mantuvo la esencia antiimperialista y la identificación con las clases oprimidas, a partir de ese momento se incorporó el pensamiento de Mariátegui sobre la lucha contra el gamonalismo, clase social privilegiada y promotora del conservadurismo. Esta reelaboración del pensamiento de este filósofo peruano explicita dos necesidades: primero, una reforma integral renovadora e intrínsecamente revolucionaria contra el Estado demoliberal-burgués y, segundo, de una educación laica independiente de cualquier doctrina religiosa (^{Mariátegui, 1986}). Aunque el espíritu de esta reforma fue concebido desde una perspectiva de totalidad e integralidad con otros centros y regímenes de formación superior en Bolivia (^{Hastie, 2015}), en la práctica no se cumplió este propósito y tuvo solamente un carácter declarativo y de consigna estamentaria utilizado con fines políticos (^{Arnez, 1968}).

Durante los años siguientes, la discusión política que planteó el movimiento universitario surgió a raíz de una nueva relación universidad, sociedad y Estado, la cual buscaba una suerte de “nacionalización educativa” y seguía la corriente política imperante del nacionalismo en el país representado por el partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido que se encontraba en el gobierno en 1952. A partir de dicho movimiento, se decretó que cualquier transformación debía desarrollarse a partir de la realidad boliviana; sobre esta base, se debía generar la estructuración de una democratización social en el país (^{Paz, 2017}). Durante ese año, la FUB se transformó en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), con lo cual se asumía un carácter más amplio e integrador (^{Durán, 1962}).

A partir de 1954 resurgieron movimientos en pro de la defensa de la autonomía universitaria, contrapuestos a los intereses de otros sectores, como el magisterio y el gobierno del MNR: el primero tenía un peso gravitante como organización en la Central Obrera Boliviana (COB) y el segundo abogaba por la anulación de la autonomía en las universidades al identificarlas como “agentes procomunistas” (^{Komadina, 1991}). Otra razón esgrimida de estos grupos fue que las universidades no lograban garantizar el acceso a las masas proletarias ni tampoco las profesiones técnicas requeridas en ese momento en el país (^{Hastie, 2015}). No obstante, ^{Urquidi (1968)} en sus Reflexiones sobre la autonomía universitaria, frente a estas últimas aseveraciones, manifestaba que el problema era estructural e inherente a la problemática de la sociedad boliviana, como el analfabetismo y el clasismo, y que, por tanto, no era solamente atribuible a la universidad como se pretendía hacer ver en ese momento. La universidad se constituía en un bloque contestatario frente a la alianza de la COB y el partido gobernante, MNR (^{Paz, 2017}). Como respuesta a estos acontecimientos, se articuló un fuerte movimiento político contra el gobierno, en donde se consolidó una alianza docente y estudiantil, integrada en los denominados “comités revolucionarios”, con el fin de articular las movilizaciones con todas las universidades del país. Resultado de ello, se fortaleció e institucionalizó la estructura del cogobierno universitario como eje político de lucha y mecanismo articulador del gobierno universitario. La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue una de las primeras universidades que reconoció su alcance, en su documento orgánico de 1954 (^{Serrudo, 2006}). No obstante, también se presentó un contramovimiento universitario identificado con el carácter nacionalista afín al gobierno, lo que derivó en pugnas internas que dividieron al movimiento reformista universitario en corrientes autonomistas en contraposición con las nacionalistas (^{Rodríguez, 1998}).

Como resultado de esta confrontación, se produjo la intervención de la UMSS en 1955 por parte del gobierno, en la que tomaron parte algunos sectores estudiantiles nacionalistas, milicias obrero-campesinas afiliadas a la COB y grupos del partido de choque. Esta intervención fue justificada por los interventores como necesaria, con el fin de impedir la “embestida comunista” en la universidad. Los movimientos universitarios contestatarios fueron considerados, por el gobierno, como antinacionales y antidemocráticos, etiquetándolos como opositores al principio de nacionalización del Estado; esta última medida era considerada una de las consignas incuestionables. En consecuencia, fueron declarados “enemigos de la nación y de la patria” (^{Serrudo, 2006}). Sin embargo, concluyendo este periodo -considerado “revolucionario” en la universidad- se estableció un acuerdo con el gobierno, de manera que:

Los movimientos universitarios, denominados “revoluciones universitarias” concluyeron en octubre de 1955 con la firma de un convenio que contemplaba, entre otros puntos, la instauración del Cogobierno Paritario Docente Estudiantil, que significa participación igualitaria de docentes y estudiantes en los aspectos administrativos y académicos de la vida universitaria. (^{Serrudo, 2006: 52} )

Este escenario, durante este periodo, trajo consigo medidas que, de una u otra manera, determinaron la transformación del Estado boliviano: el sufragio universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y, por supuesto, la reforma educativa; esta última establecía políticas educativas que fueron determinantes al final para la creación posterior del Consejo Nacional de Universidades (^{Cajías, 1998}).

Posteriormente, con el golpe militar civil encabezado por el Gral. René Barrientos en 1964, se produjo una reconfiguración y profundización del nacionalismo desde una visión militarista basada en una política de seguridad nacional, pero desde una perspectiva ideológica y política de derecha. Un sector universitario de la UMSS apoyó efusivamente la caída del gobierno derrocado, mientras que otros optaron por no realizar ningún pronunciamiento al respecto. El liderazgo de los universitarios fue asumido por falangistas y de partidos de derecha, entre los cuales se destacaba el partido demócrata cristiano (^{Komadina, 1991}). Paralelamente, el discurso reformista del movimiento universitario se centró en la masificación de la matrícula. Con ello, se añadió un carácter corporativo masivo en la estrategia de lucha política institucional, en contraste con el liderazgo intelectual de personalidades de generaciones anteriores (^{Guerra, 2004}).

Este crecimiento poblacional de la matrícula demandó un mayor presupuesto y el Estado recurrió a organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes apoyaron, pero pusieron como condición la anulación del cogobierno entre otras exigencias (^{Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1998}) . Este hecho motivó una reacción del movimiento estudiantil en busca de nuevas alianzas, esta vez con el sector minero. El denominado “pacto minero estudiantil” radicalizó la posición política orientada hacia ideologías de izquierda y ratificó el carácter antinorteamericano y antiimperialista del movimiento reformista universitario; también asumió, como condición indispensable e irrenunciable, la conquista de la autonomía universitaria y el compromiso de liberación nacional y lucha por las reivindicaciones sociales (^{Campohermoso, Soliz, Flores y Huall-para, 2019}). El viraje ideológico del movimiento reformista universitario hacia posiciones políticas revolucionarias de izquierda, tuvo su apogeo a partir de 1966 con el movimiento revolucionario de Ernesto “Che” Guevara en las guerrillas de Ñancahuazú y Teoponte. Fue en este contexto que el movimiento estudiantil propuso generar una resistencia de lucha armada, a fin de lograr una transformación y consolidación revolucionaria real del Estado boliviano (^{Taboada, 1984}).

Otro golpe de Estado militar y la intervención de las universidades por el gobierno del Gral. Hugo Banzer en 1972, marcaría un nuevo derrotero al movimiento de reforma universitaria, esta vez realizando una ruptura de todo el proceso reformista previo, plagado de idas y contravenidas. Durante este periodo se anuló completamente la autonomía y el cogobierno, cualquier intento de disidencia era considerada como terrorismo organizado. Esta época fue una de las más oscuras y sombrías de la historia boliviana, por las torturas, desapariciones, exilios y ejecuciones de docentes, estudiantes y autoridades universitarias disidentes (^{Klein, 2015}).

Mediante mecanismos interventores de control absoluto del aparato universitario, se buscaba consolidar una unidad político y militar de la universidad con el Estado, una suerte de asimilación ideológica y política al aparato cívico-militar que se iba imponiendo desde el gobierno. Se gestó el establecimiento de una nueva institucionalización impuesta a través de la Comisión Nacional de Educación Superior (CNES) que enarbolaría el discurso de la creación de una “autonomía integrada”, que en realidad era la excusa del gobierno para la intervención de las universidades (^{Miranda, 1979}).

En respuesta a esta arremetida, en 1977 se concretizó una reorganización estudiantil con movilizaciones masivas y huelgas de hambre, con el propósito claro y definitivo de la recuperación de la democracia y el llamado a las elecciones nacionales. En julio de 1978, la democracia fue reestablecida vía electoral, sin embargo, esto conllevó más golpes de Estado. En 1979, fueron convocadas nuevas elecciones democráticas (^{Guerra, 2004}). En un nuevo evento golpista en 1980, encabezado por el Gral. Luis García Meza, se intervendría a las universidades. Hubo mucho apoyo desde el interior de las propias instituciones universitarias, como en el caso de la UMSA, donde algunos docentes y administrativos indicaron que la universidad cobijaba a una “izquierda radical infantil pero peligrosa”, y, que, si no se tomaban acciones inmediatas, se correría el riesgo irremediable de la desintegración institucional; por tanto, se decía, era urgente una acción y actuación restauradora. El resultado fue la ocupación de las instalaciones universitarias haciendo uso de la fuerza, que dio comienzo a un nuevo ciclo de persecuciones y detenciones de docentes, autoridades universitarias y estudiantes. Se impusieron autoridades militares a las universidades y el CNES se transformó en la Confederación Nacional de Universidades Bolivianas (CONUB), la cual asumió el control total de las universidades, facultadas, incluso, se cerraron instituciones y se designaron autoridades a conveniencia; también se suprimieron las libertades y derechos fundamentales de la sociedad civil (^{Serrudo, 2006}).

Las movilizaciones de resistencia se intensificaron en 1982. Las centrales obreras regionales instauraron piquetes de huelga de hambre pidiendo el retorno a la democracia y la liberación de los detenidos. La universidad, nuevamente, asumió como consigna de lucha -en la búsqueda de su reforma- el compromiso social e identificación con las clases sociales populares. La izquierda resurgió nuevamente en el ideario de lucha y compromiso de reivindicación de la reforma universitaria. Al final, las movilizaciones y la presión social consiguieron un retorno a la democracia, a partir de la convocatoria a elecciones realizada en 1983 (^{Klein, 2015}).

En 1985, ya con una democracia instaurada durante el gobierno del Dr. Víctor Paz, la situación del país se caracterizó por una liberalización económica y el debilitamiento del sector obrero; esto con el fin de plantear una recuperación de la autoridad del Estado en todas las instancias, incluidas las universidades. Una de las acciones directas de control universitario fue el planteamiento de la necesidad de evaluaciones permanentes, como respuesta a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las universidades, realizadas por el gobierno (^{Rodríguez, Barraza y de la Zerda, 2000}). A partir de ese momento, los debates y discusiones, dentro de estos espacios se centraron en los criterios de eficacia y la eficiencia exigidas. Asimismo, la enorme crisis presupuestaria involucró el planteamiento de la realización de “contratos de racionalización”, que otorgaban recursos económicos adicionales, mismos que estuvieron condicionados a la apertura, mejoramiento y evaluación continua.

Posteriormente, en 1994 se creó el Consejo Nacional de Medición y Acreditación de la Calidad Educativa (CONAMED), con el propósito de realizar mediciones continuas de la calidad educativa en las universidades bolivianas. Se incorpora en el proceso de fiscalización, la Contraloría General del Estado, y se desarrolla un Plan Nacional de Desarrollo Universitario, que le da un marco operativo para la articulación de estas medidas (^{Rioja, 2016a}). En este escenario surgió un debate sobre la reconfiguración que debería asumir la reforma universitaria; los puntos centrales de discusión fueron: los mecanismos de control, calidad, eficiencia y excelencia, entre otros, mismos que son reconocidos como necesarios en la transformación de la universidad (^{Rioja, 2016b}). Como una reacción defensiva, la universidad se “enclaustró” en torno a su autonomía y solidificó una estructura burocrática interna, que derivó en la consolidación de un poder administrativo conservador y desfasado, controlado y designado políticamente por las autoridades universitarias de turno. A medida que la burocracia institucional creció, existió poca o nula crítica interna respecto de la valoración de las transformaciones en curso.

A partir de este momento, la reforma perdió gran parte de su ideario revolucionario y compromiso con las causas sociales y, paulatinamente, se volcó hacia la reconfiguración política, reorganización interna y pugnas desencarnadas de poder que desembocaría en una de las más profundas crisis de legitimidad en la que se encuentra actualmente enfrascada la institucionalidad universitaria en Bolivia.

La transición hacia la distopía de la crisis política universitaria boliviana contemporánea

A partir del año 2000, además de la consolidación del aparato burocrático en las universidades, se vigorizó el poder político del cogobierno a través de sus entes gremiales: docentes y estudiantes, quienes generaron una autoridad “corporativa gremial” que, en muchos casos, sobrepasaba el de las autoridades electas universitarias. Esta forma de gobierno gremial se constituyó como una nueva forma de autoridad complementaria a las formas tradicionales de gobierno universitario: personales, colegiales o burocráticas, planteadas por Cristian Cox y Hernán Courard (^{Cox y Courard, 1990}).

La lucha por la reivindicación política social y nacional de otras épocas halló una nueva arena en el campo de lucha y pugna interna por el poder -en algunas universidades más que en otras- con disputas feroces de coaliciones entre docentes y estudiantes, realizadas a través de distintas prácticas de corrupción, documentados en el reporte de investigación Universidad pública y lucha contra la corrupción. El caso de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizado por el ^{Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2015)}. Aquí se develan prácticas de clientelismo, negociaciones y compromisos adquiridos, convenidos por los cuerpos gremiales y que derivarían en prácticas de corrupción. La devolución de favores y compromisos por “quienes acceden a instancias de poder y decisión a quienes apoyaron en su momento a la candidatura” (^{MTILC, 2015: 29}), incluidos la devolución de favores -a través de la titularización a docentes-, beneficio de calificaciones, accesos a becas estudiantiles, sobornos, prebendalismo e inserciones poco transparentes de personal contratado, a través de convocatorias “hechas a la medida”, vializados por una serie de vulneraciones procedimentales y administrativas, entre otras prácticas irregulares (^{MTILC, 2015}).

Estas prácticas de corruptelas se extienden también al plano económico, a través de la disposición de recursos en actividades poco transparentes. De igual manera, se presentan los casos en los que se instalan negocios con fines comerciales en predios universitarios -que son bienes públicos- realizados a título de derecho gremial (^{MTILC, 2015}), también los actos de disposición de infraestructura universitaria a título de atribuciones del cogobierno, para la organización de espectáculos y fiestas, donde se consumen en forma desmedida bebidas alcohólicas -como el escándalo de las “fiestas al desnudo” acontecidas en la UMSS, oportunidad en la que la entidad rectora de la CUB, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), tuvo que intervenir disponiendo la prohibición de este tipo de actividades en los predios universitarios (Agencia ^{Fides, 2007})-. Hallamos, igualmente, destrozos de bienes y equipamiento en las tomas de infraestructuras universitarias realizados por estudiantes universitarios en conflicto (^{El Potosí, 2015}) . En algunos incidentes asociados se producirían otras irregularidades, como el caso de la denuncia pública realizada por estudiantes de base, por supuestos actos de abusos a estudiantes universitarias en predios la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí (^{El Diario, 2017}).

Podemos concluir que el factor determinante de este despropósito es la distorsión del co-gobierno y la concepción de la autonomía, generado, en gran parte, por los grupos de poder:

Con intereses particulares, los que, en el fondo, gobiernan la universidad y quienes lo han instrumentalizado, para proponer cambios y medidas orientadas a la superación de la crisis, pero también para legitimar y legalizar hechos irregulares, constituyéndose éstas en verdaderas zonas de riesgo para la reproducción de prácticas corruptas. (^{MTILC, 2015: 38})

No obstante, de haberse declarado como uno de los principios fundamentales del sistema de universidad boliviana establecido en el XII Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, la “integridad ética, moral y transparente, que se manifiesta a través del desenvolvimiento de la comunidad universitaria” (^{CUB, 2014: 242}). Esta situación ha generado una suerte de “desgobierno” que ha repercutido en un estado de ingobernabilidad, caracterizado por exigencias e imposiciones a través de presiones gremiales y dirigenciales, trastocando al cogobierno en pugnas por intereses de poder y de intereses particulares de sus directivos (^{Albornoz, 1997}; ^{Hastie, 2015}), escudándose bajo el amparo de la “autonomía”, una forma de “micro Estado” dentro del propio Estado, con su propia normativa institucional (^{MTILC, 2015}; ^{Villegas, 1992}). Con sistemas administrativos desfasados del contexto educativo y académico en el que se desarrolla; caracterizados, además, por ser:

Ineficientes, escasamente afectas a establecer y aplicar reglas de gestión e incluso imposibilitadas de hacerlo dentro de sistemas de gobierno basados en coaliciones corporativas. Omisión que libera, además, a los organismos de gobierno universitario de dar cuentas a otros que no sean sus propios estamentos cogobernantes. (^{Rodríguez, 1998: 113} )

Esta situación de ingobernabilidad ha derivado en innumerables paralizaciones, agresiones, enfrentamientos y toma de las universidades, producto de las luchas políticas de poder, en la mayoría bajo el discurso de reivindicaciones universitarias, dando como resultado maratónicos paros y ocupaciones de predios universitarios, que conllevaron al cierre de las instalaciones, como el emblemático caso de laque durante la gestión académica de 2007, se mantuvo cerrada por siete meses debido a luchas de poder entre los autodenominados “autonomistas” contra los “reformistas” (^{Los Tiempos, 2007}). Otro caso importante fue el de la UMSS, que durante la gestión académica de 2015 estuvo cerrada tres meses, por las peleas entre candidatos rectorales (^{Mendoza, 2015}).

Estas crisis son aprovechadas por algunos dirigentes gremiales en turno para “visibilizarse” y ganar popularidad en las arenas políticas del país y ser captados por los partidos (^{Hastie, 2015}), y así ser sumados a sus filas en cargos políticos o como candidatos en épocas electorales. En estas coyunturas, estos sujetos asumen de forma oportunista el rol de operadores políticos externos (^{Sánchez, 2015}), utilizando a “la universidad como un trampolín para la realización exclusivamente individual” (^{Martínez, 2011: 134} ). La mayoría de estas irregularidades raras veces llegan a procesos sumarios universitarios internos y menos aún a su conclusión una vez iniciados, ya que “terminan en nada”. Así, se hace manifiesto un marcado cuestionamiento y debilitamiento respecto al funcionamiento y transparencia de estas instancias legislativas. Recurrir a lo externo judicial implica el riesgo de ser declarado “antiautonomista” o interventor de la autonomía, es decir, ser “vetado” para ejercer o desempeñar cualquier actividad en el sistema universitario boliviano (^{MTILC, 2015}).

Frente a esta crisis política intrauniversitaria, el Estado se presenta como figura casi ausente y marginado de la problemática universitaria -salvo para la atención presupuestaria-. El posicionamiento externo “interuniversitario” con las causas sociales y políticas, así como las luchas por causas reivindicativas del bien común (^{Siles, 1972}) -identificadas con los idearios revolucionarios, principalmente de izquierda que caracterizaron los primeros años de la reforma-, prácticamente se han debilitado hasta sumirse en contexto de crisis de identidad ideológica, pérdida de legitimidad y ausencia de compromiso en la lucha social, a pesar de que está establecido en el estatuto actual y vigente de la universidad boliviana un principio de lucha antiimperialista y un carácter popular de vocación de servicio (^{CUB, 2014}).⁶

Como mencionamos, este vacío de acción político-ideológico y la debilidad institucional hacia la sociedad ha sido aprovechado de manera eficiente por otros actores políticos: en este caso, los comités cívicos, los cuales irrumpieron en el escenario político en los últimos acontecimientos de conflicto del país, es decir, en controvertidos cuestionamientos de fraude electoral, defendido y cuestionado por diversas instituciones y que derivaron en el derrocamiento del gobierno y la renuncia de Evo Morales. Precisamente en este último escenario, existió una alianza política de algunas universidades con los comités cívicos -como es el caso de la UMSA (^{Pereyra, 2019}) y la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz (^{Jimenez, 2019}) con la plataforma política opositora al gobierno, articulado en el denominado “Comité Nacional de Defensa de la Democracia” (CONADE)- en la que participaron algunas autoridades universitarias y partidos políticos de oposición (^{Noticias UMSA, 2019}), a la que posteriormente se incorporaron los policías y militares hasta lograr la caída del gobierno. Si bien este acontecimiento es reconocido por algunos sectores promotores del movimiento como una conquista democrática, otra facción de la sociedad cuestionó el papel asumido por las universidades manifestando que:

Nunca antes se vio como la independencia ideológica y política, que la universidad pregonaba, se derrumbaba por los intereses políticos de los grupos articuladores del derrocamiento que participaron desde algunas universidades. Rectores, Vicerrectores, dirigentes docentes, dirigentes estudiantiles bajo la dirección de los comités cívicos y los gestores políticos del derrocamiento, pusieron a la universidad a sus pies y la usaron para sus fines políticos. (^{Yala, 2020: 1} )

Estos sucesos -entre otros que, muchas veces, no son documentados- marcan un punto crítico en la legitimidad institucional universitaria en la actualidad, debido a que ha puesto en evidencia un debilitamiento pronunciado por la crisis estructural de la universidad boliviana. La reforma concebida en sus inicios con todo el ideario revolucionario y emancipatorio se ha quedado, por ahora, relegado al archivo histórico de una institución que nació justamente con estas ideas, esperando una renovación, ocupando el rol transformador y guía de la sociedad desde la acción de su real y efectiva autonomía.