Discusión

La situación fiscal en México -diagnosticada en innumerables ocasiones- muestra el carácter urgente de llevar a cabo una reforma tributaria que le permita al Estado obtener mayores ingresos, de modo que expanda su rango de acción política. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (^{OCDE, 2019a}), México es el país de la organización que menos recauda en relación con la riqueza generada, con apenas 16.2 % de su PIB, por detrás de países como Turquía e Irlanda. Incluso, si se compara con otros países de América Latina y el Caribe, la recaudación de México es notablemente menor que la gran mayoría de países de la región, apenas superando a Perú, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Guatemala. De igual manera, cuando se observa a nivel local, encontramos una evidente área de oportunidad en lo que respecta a estados y municipios. La recaudación del impuesto predial en México apenas representa 0.3 % del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 1.9 %. Asimismo, la recaudación de estados y municipios equivalía a 0.9 %, en comparación con 5.5 % de la OCDE. Lo anterior reafirma la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria y también de considerar la perspectiva local para lograr una fiscalidad más integral (^{García, 2019}).

México lleva postergando una verdadera reforma fiscal durante décadas. De acuerdo con ^{Aboites y Unda (2011)}, el país vio perdida la gran oportunidad de reformar de fondo el sistema fiscal en la década de 1960, cuando se presentó lo que se denominó el “informe de Kaldor”, y que el gobierno mexicano en cuestión desechó por razones de “moderación tributaria” (^{Aboites y Unda, 2011: 45}). Del mismo modo, el pacto implícito entre élite económica y poder político frenó durante gran parte del siglo xx cualquier intento de reforma fiscal que representara un agravio a sus intereses (^{Haber, Klein, Maurer y Middlebrook, 2008}). La transición política del 2000 hizo aún más pronunciada la cooptación del Estado por parte de los poderes fácticos que, de nueva cuenta, se resistieron a una reforma que les obligara a aumentar la tributación: “El escollo a la reforma fiscal es político. Nace de la recia oposición de la élite nacional ­-y también extranjera- a tributar, tanto de la audacia republicana o de la sujeción de los partidos políticos a los poderes fácticos” (^{Ibarra, 2007}). Si bien la reforma de 2013 logró aumentar ligeramente la recaudación, estuvo muy lejos de abordar los problemas de fondo del sistema tributario: baja recaudación y poca efectividad distributiva, la porosidad de este sistema, y la opacidad de la SHCP (^{Unda, 2015}). La constante postergación de una adecuada reforma hacendaria se ha llevado a límites poco saludables, poniendo en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones (^{Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2016}).

Existe una gran cantidad de trabajos e investigaciones que versan sobre las formas en que se debe mejorar el sistema fiscal de México (^{Lustig, Pessino y Scott, 2014}; ^{Scott, 2014}; ^{Unda, 2015}; ^{Villareal, 2019}; ^{OCDE, 2019b}). Sin embargo, en muchas de estas propuestas la perspectiva respecto a la opinión pública y su potencial rechazo o apoyo a dicha reforma no encuentran un nivel de análisis muy profundo, en algunos casos es inexistente. Pocos son los estudios que han tratado de explicar las actitudes de los mexicanos ante sus obligaciones tributarias, aspecto que debería cobrar mayor relevancia ya que cualquier intento de reforma -ya sea tributaria o de otra índole- deberá someterse invariablemente a debate público y, para que sea exitosa, deberá ser lo suficientemente persuasiva para convencer a la opinión pública (^{Subirats, 2001}). Probablemente las investigaciones más relevantes sobre los impuestos en México son las encuestas realizadas por ^{Casar y Buendía (2001)}, y ^{Casar (2013)}. En este último estudio, en términos generales, se muestra que de 1999 a 2012 se ha incrementado la mala percepción sobre los impuestos y se ha reducido la voluntad de los ciudadanos para pagarlos.

La literatura especializada indica que las razones por las que los mexicanos no pagan impuestos giran, entre otras cosas, al desconocimiento (^{Hernández, Zamudio y Guerrero, 2002}), a la complejidad burocrática, a la permisividad institucional, y a que las autoridades alcanzan únicamente a los trabajadores formales (^{Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2014}). Sin embargo, la percepción negativa que se tiene de ellos nace primordialmente en la poca confianza de que el gobierno administre bien el dinero recaudado (^{Benavides et al., 2013}); es decir, es la mala gestión de los recursos -ya sea en forma de dispendio, malversación, privilegios o corrupción- la que origina que en el colectivo imaginario de los ciudadanos los impuestos sean vistos como una imposición injusta:

Las personas no creen en el beneficio que puede generar el pago de sus impuestos, su conciencia social no es clara y el término de contribuir pierde sentido, al menos en el tema de los impuestos […] La explicación, en el caso de México, se remonta a décadas de experiencia negativa en la gestión pública de los recursos públicos con altos índices de corrupción y poca eficiencia en el gasto, así como por falta de transparencia y rendición de cuentas. (^{Hinojosa, 2008: 10})

Esta mala percepción, sin duda, ha impactado en la disposición de los ciudadanos para pagar impuestos, lo cual, contrasta de manera tangible con la disposición que existe en otros países con tasas tributarias mucho más pesadas que las de México. Por ejemplo, mientras que en este país sólo 44.5 % de los ciudadanos estarían dispuestos a pagar más impuestos para mejorar los servicios que brinda el Estado (^{Casar, 2013}), en Finlandia el número de ciudadanos con dicha disposición es de 55.9 % (^{Bilaine, 2015}) y en Suecia es 61 % (^{Edlund, Svallfors y Johansson, 2010}); ello a pesar de que en dichos países las tasas tributarias son mucho más elevadas.² Un caso paradigmático del aprecio que se tiene por pagar impuestos en estas sociedades se dio durante las elecciones de 2014 en Suecia, en donde los ciudadanos reclamaron como principal demanda el querer pagar más impuestos, ya que en su parecer las rebajas realizadas en años anteriores habían ocasionado un deterioro de los servicios públicos (^{elEconomista, 2014}). Caso contrario en México, tal y como señala ^{Ríos (2020)} , difícilmente se lograría popularidad a través de un aumento de impuestos, por lo que muchos presidentes no han tomado dicha decisión en serio.

Si bien la percepción negativa de los ciudadanos sobre los impuestos en México ha tenido su origen en el gasto irresponsable y en la corrupción dentro del sector público, el cambio de gobierno en 2018 nos obligó a preguntar si los mexicanos aún mantienen esta percepción respecto a sus obligaciones fiscales; esto debido a que AMLO ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas políticas y, que más allá de debatir si ha sido exitoso o no en esta empresa, la percepción de los mexicanos en este tema parece ser más favorable que en el pasado. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC) de ^{Transparencia Internacional (2020)}, México aparece en el lugar 130 de 180 países analizados, lo que implica un avance de ocho lugares por encima de la posición que ocupó en 2018. Asimismo, el mandatario ha emprendido una agresiva política de austeridad, ahora convertida en Ley Federal de Austeridad Republicana que, entre otras cosas, limita el fenómeno de “puertas giratorias” al menos 10 años, prohíbe la contratación de seguros médicos privados con recursos públicos, así como otras medidas simbólicas. De igual forma, ha cancelado grandes proyectos de infraestructura, programas sociales y ha puesto topes salariales a los gobernantes (^{Najar, 2019}). Aunque polémicas, estas medidas de austeridad son consideradas como la mejor medida tomada por AMLO durante su primer año de gobierno (^{Gabinete de Comunicación Estratégica, 2019}).

Dado que las acciones del presidente tocan directamente las causas principales que originan mala percepción de los impuestos, es justo preguntarse: ¿qué piensan los mexicanos de los impuestos en la era de la 4T? El objetivo de esta investigación es conocer si hay un cambio en la percepción de los ciudadanos respecto a sus obligaciones fiscales en este nuevo gobierno y si existen las condiciones de legitimidad, en términos de opinión pública, para que el gobierno actual pueda llevar a cabo una reforma fiscal de gran calado que siente las bases de un Estado de bienestar más robusto. Del mismo modo, esta investigación podría tomarse en cuenta para hacer un seguimiento respecto a la percepción fiscal hacia etapas más avanzadas del actual gobierno de AMLO.

Metodología

Para la presente investigación se optó por una metodología cualitativa, ya que ofrece una perspectiva de los individuos que no se ciñe meramente a un conjunto de datos numéricos. Por el contrario, permite obtener información acerca de la realidad de los participantes, en donde el investigador juega un rol de aprendiz activo en un proceso interactivo que permite obtener mayor profundidad y entendimiento del fenómeno estudiado (^{Frattaroli, 2012}). Si bien una investigación de corte cuantitativo hubiera brindado también una imagen general de la percepción de los mexicanos en torno a los impuestos, el propósito exploratorio de conocer qué piensan los ciudadanos y por qué lo piensan, hace mucho más pertinente un enfoque cualitativo. Asimismo, no existen bases de datos recientes, oficiales o privadas, que hubieran permitido el debido análisis estadístico y por cuestiones de limitación presupuestal resultaba imposible realizar un levantamiento de este tipo. Una vez definido el enfoque metodológico de la investigación, se decidió que lo más recomendable sería realizar grupos focales. De acuerdo con ^{Conradson (2013)} , esta metodología consiste en agrupar a un conjunto de individuos con ciertas características en particular con el fin de discutir y comentar, desde la perspectiva personal, sobre el tópico de la investigación. De acuerdo con ^{Ibáñez (2002)}, los grupos de enfoque se caracterizan principalmente por la moderación de un grupo de participantes a través de un guion, convirtiendo a la reunión grupal en una especie de “entrevista semiestructurada y dirigida, buscando con preguntas obtener las respuestas del grupo” (^{Ibáñez, 2002: 375}).

Para el diseño del grupo de enfoque se definieron las características de las personas que serían seleccionadas. Estudios como los realizados por ^{Prabhakar (2012)} acerca de las percepciones públicas sobre los impuestos en Inglaterra, o el de ^{Quorus (2017)} sobre la opinión de los consumidores respecto a la economía y los impuestos en Canadá, toman como variables principales para la selección de participantes el ingreso y la edad, ya que, según los autores, estos eran los factores principales que marcaban una diferencia en las percepciones de los ciudadanos. Sin embargo, debido a que la presente investigación es primordialmente exploratoria y busca ser una primera aproximación a la percepción fiscal de los mexicanos en este nuevo régimen de gobierno, se decidió que los más apropiado sería tomar como variables de selección las características del “mexicano promedio” señaladas por la Encuesta Intercensal 2015 del ^{INEGI (2015)}: hombres y mujeres en igual proporción, con una edad aproximada a los 27 años, escolaridad apenas mayor a 9 años, y asalariados.³ De igual forma, se valoró, dada las limitaciones presupuestales ya señaladas, que solamente se podrían hacer dos grupos focales, uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Las razones que explican esta delimitación geográfica se deben a que la Ciudad de México es el bastión político de la izquierda -y de AMLO particularmente (^{Illades, 2019})-; de hecho, en las elecciones de 2018, AMLO como candidato a la presidencia obtuvo 400 mil votos más que Claudia Sheinbaum como candidata a jefa de Gobierno, lo que indicaría una clara predilección de la ciudadanía por AMLO sobre cualquier otra figura de la izquierda. En contraparte, Monterrey ha sido tradicionalmente considerada como una ciudad conservadora con una ideología marcadamente empresarial (^{Smith, García y Pérez, 2008}). AMLO también ganó la elección presidencial de 2018 en Nuevo León, pero con un margen mínimo sobre Ricardo Anaya, lo que indica un electorado mucho más dividido en torno a la figura del presidente.⁴

El proceso de reclutamiento se llevó a cabo a través de invitaciones directas a empleados de diferentes organizaciones y empresas, otorgando un incentivo económico a los participantes. Los grupos focales, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, contaron con la participación de ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, y se llevaron a cabo en el mes de octubre de 2019.⁵ A continuación, se presentan en orden las preguntas que guiaron la discusión de los grupos focales:

Las discusiones duraron aproximadamente una hora, y se obtuvo consentimiento previo por parte de todos los participantes para ser grabadas en audio, aunque por motivos de confidencialidad, las identidades de los participantes son anónimas. La lista y características de los participantes se detalla a continuación:

Para el análisis de la información obtenida de los grupos focales, por cuestiones de eficiencia, se usó el software Atlas.ti, el cual está diseñado para organizar de forma metódica grandes cuerpos de textos. De igual forma, la interpretación de la información estuvo sujeta a un “análisis basado en las cintas” el cual se explica de la siguiente manera: “el investigador escucha la grabación de la sesión y luego crea una transcripción abreviada […] este tipo de análisis es útil porque le permite al investigador enfocarse en la pregunta de investigación y sólo transcribir aquellas partes que le ayuden a comprender mejor el fenómeno de su interés” (^{Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran, 2011: 134}). En lo que corresponde al análisis propiamente del contenido de la discusión, se optó por desarrollar un Análisis Crítico de Discurso (ACD), ya que, además de su versatilidad como herramienta analítica, su enfoque está diseñado para estudiar la “actitudes”, lo que permite abordar problemáticas sociales y cuestiones políticas (^{Van-Dijk, 2016}). El ACD tiene la implicación de ir más allá de la interpretación textual lingüística, es decir, busca dar significación a la información por encima de las estructuras gramaticales, considerando contextos políticos y económicos (^{Van-Dijk, 2016}). Es por ello que la información de los grupos de enfoque pondrá en consideración los contextos sociopolíticos actuales para tratar de dar una explicación de la postura de los participantes. El objetivo por el que se utiliza el ACD es saber qué dijeron los participantes y por qué lo dijeron, con la intención final de obtener una explicación más profunda del fenómeno estudiado.

Desarrollo de los grupos focales

A los participantes de ambos grupos focales se les preguntó de manera general: “¿Qué opinan de los impuestos?” Las primeras reacciones no verbales en ambos grupos fueron muy reveladoras e hicieron notorio el sentir negativo sobre este tema: risas nerviosas, gesticulaciones defensivas y un primer momento de silencio en donde las personas no parecían estar seguras de querer expresarse al respecto. Una vez abierto el diálogo, quedó claro que, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, los impuestos estaban asociados fuertemente a una idea negativa, en donde el gobierno le “quitaba” a la gente su dinero. Destaca el hecho de que las personas omitieron el sentido “solidario” de las tributaciones; por el contrario, desde una perspectiva normativa, expresaron que los impuestos eran “injustos”. Por ejemplo, uno de los participantes en la Ciudad de México expresó lo siguiente:

Mira, primero fueron los gasolinazos, después ya nos habían subido el IVA, después nos van a subir no sé qué más, y yo la verdad después de eso ¿con qué me quedo? Trabajo muy duro, y no se me hace justo que después me vengan a quitar lo poco que tengo. (Hombre-Ciudad de México)

La cuestión de fondo entre los participantes se centraba en el hecho de que sus ingresos eran bajos y difícilmente les ayudaba a cubrir todas sus necesidades y que pagar impuestos representaba una carga adicional a sus finanzas personales. Sin embargo, se encontró una diferencia entre ambos grupos; los participantes de Monterrey consideraron que pagar impuestos, aunque no fuera de su agrado, era “algo que se tenía que hacer”, mientras que en la Ciudad de México el sentir era que, si no era justo, “¿por qué habría de hacerlo?”.

La continuidad de la conversación se generó con la siguiente pregunta: “¿Cree que paga mucho dinero en impuestos?” En este caso, las actitudes negativas de los participantes fueron menos acentuadas, principalmente por el factor del desconocimiento. Había una notoria tendencia a expresar que efectivamente los ciudadanos sí pagaban mucho en impuestos, pero, subsecuentemente había un reconocimiento explícito de no saber realmente cuánto pagaban: “O sea, yo creo que si se me va una buena parte de mi “lana” [en impuestos], pero la verdad no sé ni cuánto pago. Pero pues yo sí te diría que, al menos en mi caso, ese dinerito sí haría una diferencia” (Mujer-Monterrey).

Una cuestión importante que salió a relucir en ambos grupos fue el papel de los medios en la generación de estas actitudes negativas, ya que, ante el desconocimiento del tema fiscal por parte de los participantes, los medios de comunicación tradicionales -así como las nuevas plataformas digitales- juegan un papel relevante en la percepción de los ciudadanos. Los participantes comentaron que habían “escuchado” o “visto” en los medios que los impuestos eran una “carga” y una “traición al pueblo”. En el caso específico de Monterrey, una de las participantes señaló que había recibido un video en su teléfono celular en donde el senador Samuel García⁶ explicaba por qué estaba mal que cobraran más impuestos.

La siguiente pregunta fue: “¿Creen que los impuestos sirven para algo?”. En este caso las respuestas también fueron en su mayoría negativas, y tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, las expresiones iban acompañadas de un reproche de la forma en cómo los gobernantes utilizaban los recursos públicos. Muchas de las respuestas recibidas concebían a los impuestos como la forma en que los “políticos” le robaban a la gente, y que sólo servían para beneficio de “ellos”. Cabe recalcar de nueva cuenta, que el factor de desconocimiento estaba muy presente, ya que la gran mayoría de los participantes enfocaban sus reclamos de manera muy generalizada sin entender bien el funcionamiento del sistema político. Sin embargo, el clamor de fondo era que sus demandas o expectativas no eran cumplidas:

Yo no creo que sirvan para nada, mira ahí, están las calles todas llenas de baches, las banquetas por sin ningún lado, y el “Bronco” no hace nada. Están tizne y jode de que paguemos el predial cada año, y yo no veo que el gobernador tape los baches. (Hombre-Monterrey)⁷

Si bien la mayoría de los participantes no consideraba que pagar impuestos le generara una mejoría visible en su calidad de vida, quienes sí contaban con un empleo formal expresaron que, al menos, esto les permitía tener seguridad social: “Yo no pienso que a nadie de aquí le guste [los impuestos], pero imagínate, yo como guardia de seguridad, si me pasa algo, cuando menos sé que tengo seguro, y pues eso ya es algo” (Hombre-Ciudad de México).

Cuando se les preguntó a los participantes si alguno de ellos o alguno de sus conocidos recibía algún tipo de apoyo por parte de un programa social, quienes contestaron afirmativamente, no vincularon esos apoyos a los beneficios del pago de impuestos. Por el contrario, los participantes visualizaron estos apoyos como algo que el Estado les daba, asumiendo una postura pasiva de “beneficiarios” y no de ciudadanos con derechos.

Otro punto importante de la discusión se originó con la pregunta “¿Quiénes pagan los impuestos?”. De nueva cuenta, los participantes de ambos grupos coincidieron en su discurso, diferenciando entre “nosotros”, refiriéndose a la gente común, y “ellos”, haciendo referencia a gobernantes, políticos y empresarios. Las respuestas giraban en torno a que la gente común y corriente pagaba impuestos “en todo”, mientras que los grandes empresarios y políticos “se salían con la suya”. En particular, en el grupo focal de la Ciudad de México se mencionó en la discusión el caso de varias figuras públicas acusadas de recibir indebidamente amnistías fiscales:

Pues no salió que al “jefe” Diego le perdonaron no sé cuántos millones de predial. Si hasta la Yeidkcol [Polevnsky] salió que tampoco pagaba impuestos, y eso que también es de Morena. Yo pienso que los políticos y muchos empresarios nomás se hacen “guajes”, y esperan que sea uno el que sí pague. (Mujer-Ciudad de México)

Los participantes recalcaron que no había autoridad moral para pedir que los ciudadanos pagaran impuestos, cuando ellos claramente no lo hacían. De nueva cuenta, cuestionaron el uso del dinero recaudado por parte de los gobernantes, expresando que dicho dinero iba a terminar siendo “robado” o gastado con fines ajenos al interés público.

Cuando se les preguntó a los asistentes si estarían de acuerdo con que el gobierno cobrara más impuestos para mejorar los servicios públicos, ambos grupos respondieron con incredulidad. Las razones, según los participantes, eran que ya en el pasado habían escuchado que subiendo los precios mejorarían los servicios, pero sus expectativas no habían sido cumplidas. Para el caso específico de Monterrey, se puso de ejemplo los aumentos del transporte público, mientras que los asistentes en la Ciudad de México mencionaron como ejemplo el caso del aumento en el servicio del metro. En ambos casos, los participantes dejaron en claro su desconfianza al aumento de los gravámenes. De igual forma, expresaron su desacuerdo con esta idea, ya que lo que debía de hacerse era que “dejaran de robar”. Había un consenso claro de que el dinero “sí alcanzaba”, pero que los políticos y gobernantes hacían mal uso de él:

Yo estoy en contra, la verdad no creo que sea necesario que suban los impuestos ¿De cuántos millones estamos hablando?, ¿me vas a decir que no les alcanza? Dinero hay, es nomás que dejen la robadera pa’ que vean como sí alcanza, ahí el chiste es que no quieren dejar de robar. (Hombre-Monterrey)

La discusión del grupo continuó con la pregunta “¿Qué opinión tienen del gobierno de AMLO?” En ambos grupos había inicialmente una percepción positiva, aunque en la Ciudad de México los asistentes demostraron mayor afinidad política. Asimismo, cabe señalar que las respuestas positivas estaban más enfocadas en los atributos personales del mandatario que en sus acciones de gobierno. Los participantes destacaron la humildad y sensibilidad de AMLO como persona, así como su “honestidad”, y muchos de ellos reiteraron su confianza en la capacidad del presidente para “arreglar las cosas”. Por su parte, los comentarios más críticos, que fueron la minoría, se enfocaban en la falta de resultados en el tema de la seguridad. La mayoría de los participantes hicieron patente que sus expectativas sobre el nuevo gobierno seguían siendo altas, e inclusive, algunos de ellos trataron de defenderlo, culpabilizando a las administraciones anteriores de las dificultades que ahora atraviesa el presidente:

Tengo fe en que las cosas sí van a ser diferentes, pero las cosas no se dan de la noche a la mañana. Lo que está pasando hoy no es culpa de Andrés Manuel, es culpa de toda esa bola de corruptos que hicieron lo que quisieron con el país, y ahora quieren que el presidente venga y lo resuelva todo en un día. Están mal. (Mujer-Ciudad de México)

Si bien, no todos defendían con el mismo entusiasmo al presidente, hasta los más escépticos -aquellos que realizaron los comentarios más críticos- dieron el beneficio de la duda al actuar del mandatario. Cuando se les preguntó “Si AMLO propusiera subir los impuestos ¿respaldaría esta decisión?”, el apoyo que muchos de ellos mostraron originalmente al presidente pareció entrar en contradicción. En este caso hipotético, los participantes dividieron sus posiciones: a) los que sí la apoyarían, siempre y cuando no se vean afectados por ellos -colocando especial énfasis en que sean los ricos quienes los paguen-; b) los que la apoyarían incondicionalmente, siempre y cuando, a condición de que vieran resultados positivos tangibles antes de que se aprobara; c) los que se opondrían al considerar dicha acción una traición por parte del presidente y d) quienes se mostraron indecisos al respecto. Asimismo, fue perceptible una diferencia entre el grupo de Monterrey y el de la Ciudad de México. En el primer caso, los participantes fueron más propensos a expresar su rechazo a esta medida: “No creo que la apoyaría. Él prometió que no subiría los impuestos, o cuando menos eso había dicho. No sé si lo vaya a hacer, pero pues ojalá y no, porque no sería justo” (Mujer-Monterrey). Por el contrario, en la capital, los asistentes tendían a mostrarse mucho más comprensivos:

Híjole, mira, yo pienso que Andrés Manuel está trabajando y ahí la lleva, si nos demuestra con hechos de que las cosas están mejorando y nosotros vemos que es así, pos ¿por qué no? Digo, creo que todos podríamos ayudar si las cosas van bien y hace falta echarle una mano. (Hombre-Ciudad de México)

Finalmente, se les preguntó a los participantes si creían que AMLO administraría bien los recursos en caso de que llevara a cabo una reforma que subiera los impuestos. Algunos recalcaron su confianza en la honestidad del presidente, expresando que no desconfiarían de él. Incluso hubo quien mencionó que uno de sus familiares se había visto beneficiado con el “seguro para viejitos” cuando AMLO había sido jefe de gobierno del Distrito Federal, por lo que definitivamente creía que usaría adecuadamente los recursos. En contraste, otros participantes, principalmente en el grupo de Monterrey, consideraron que la única forma de saber si los utilizaría correctamente sería a través del tiempo, por lo que descartaron dar un pronóstico: “Pues si los sube, ya veremos qué hace con ese dinero. Ojalá y sea para bien, y realmente se note, pero no sabemos si va a pasar. Ahora sí que aplica la de ‘hasta no ver no creer’” (Hombre-Monterrey). Se puede subrayar el hecho de que había personas en ambos grupos que mostraron escepticismo o indecisión, sin embargo, nadie expresó -ya fuera explícitamente o de manera tácita- que AMLO cometería algún tipo de mala práctica con dichos recursos.

Análisis de los grupos focales utilizando la metodología de ACD

Una de los primeros elementos observables con facilidad dentro de los grupos de enfoque fue el rechazo casi generalizado a los impuestos; las expresiones verbales y corporales de desaprobación fueron inmediatas apenas se mencionó el tema. La insistencia de los asistentes de que era una forma en el gobierno “le quitaba” o “robaba” su dinero a la gente parecía estar fundada en los escándalos de corrupción detonados en los últimos años, tanto a nivel estatal, como a nivel federal, lo cual sería congruente con lo argumentado con ^{Hinojosa (2008)}, sobre que la mala experiencia de los ciudadanos respecto a la actuación de sus gobernantes ha detonado un sentimiento de “injusticia” respecto al pago de los impuestos. Si bien este ejercicio es cualitativo, dadas las expresiones de indignación y los ejemplos dados por los mismos participantes sobre la corrupción y los abusos de poder en la administración pública, es posible que la percepción de los ciudadanos sobre las tributaciones haya empeorado aún más en relación a los datos ofrecidos por ^{Casar (2013)}, los cuales son anteriores a los escándalos de corrupción de gobernantes como Rodrigo Medina, Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padres o Enrique Peña Nieto. De igual forma, la percepción negativa estaba basada en que los impuestos representaban una carga adicional a las finanzas de los ciudadanos. Si consideramos que el salario promedio de la población ocupada en México era de alrededor de 6 405 pesos al mes -para el tercer trimestre de 2019- (^{STPS, 2020}) y que, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (^{INEGI, 2018}), el monto promedio que necesitan las familias para el mantenimiento del hogar era de 13 529 pesos, es entendible por qué algunos de los participantes pudieran considerar que los impuestos representan un lastre para sus ingresos.

En sintonía con lo anterior, era también perceptible que los medios de comunicación habían jugado un papel relevante en el origen de esta percepción antiimpuestos. Los participantes habían señalado reiteradamente que habían “oído” o “visto” en los medios que los impuestos representan una carga mayor, lo que sería consistente con el papel que los medios de comunicación tienen en la conformación de la opinión pública (^{Rubio, 2009}). Esto resulta paradójico, ya que, según la encuesta de ^{Parametría (2017)}, la confianza de los ciudadanos en los medios tradicionales se encuentra en niveles históricamente bajos. Una posible explicación es: a pesar de que los medios de comunicación tienen tan baja credibilidad, ciertamente influyen en la percepción de los mexicanos (cuando menos en el tema fiscal), a partir del reforzamiento de una idea ya validada por la misma ciudadanía, fenómeno conocido como exposición selectiva, que implica que se acentúan aquellos puntos de vista preexistentes, mientras que se ignora aquella información contradictoria (^{Kappler, 1977}). De igual forma, es importante destacar la aparente incidencia de las redes sociales sobre la percepción fiscal de los ciudadanos y que algunos actores políticos salieran a escena a través de las plataformas virtuales. Cuando los asistentes en Monterrey señalaron que un video viral de “Samuel” les informaba porque estaba mal que cobraran más impuestos, deja de manifiesto, tal y como señala ^{Castells (2010)}, que las redes promueven una auto-comunicación de masas que permite a la audiencia interpretar la información de acuerdo con su propia realidad.

Otro punto importante para destacar consiste en el factor del desconocimiento. Los participantes demostraron una clara antipatía por los impuestos, sin embargo, al mismo tiempo aceptaban tener desconocimiento sobre el tema. El hecho de no saber con certeza cuánto pagaban se prestaba a interpretaciones subjetivas que hacían pensar a los asistentes que pagaban “de más” lo cual generaba un sentimiento de injusticia. Este sentido de injusticia definitivamente juega un papel fundamental en la renuencia de pagar impuestos y buscar alternativas de evasión (^{Torgler, 2005}). Esto es coincidente con los resultados del Latino-barómetro (citado en ^{De Borja y Lindemberg, 2015}), en donde la percepción de que los impuestos eran demasiado altos era la principal razón para no pagarlos. De igual manera, el desconocimiento en general de los asistentes sobre el sistema político y de las facultades que tienen los actores del poder ejecutivo y legislativo,⁸ exacerbaba el sentimiento de que sus demandas no son atendidas y de que los gobernantes “no hacen nada”, por lo tanto, los impuestos se visualizan como una carga que no produce beneficios tangibles. Cabe señalar que, si bien los participantes -al menos los que contaban con empleo formal- reconocieron que las aportaciones a la seguridad social eran una ventaja ya que les garantizaba atención médica, el desconocimiento sobre otros beneficios del pago de sus impuestos impedía que se pudiera generar mayor aprecio por dicha responsabilidad fiscal. Por tanto, el desconocimiento del tema de los impuestos en México genera bajo valor público, entendido como aquello que la sociedad aprecia y valora (^{Moore, 1998}). Dicho de otro modo, los ciudadanos no aprecian aquello que no conocen.

De igual forma, los participantes construyeron un discurso a partir de la diferenciación entre la “gente”, quienes consideraron personas comunes y corrientes, y “ellos”, personas que pertenecían a la élite política y económica. La idea de que tanto funcionarios públicos como empresarios actúan en contubernio en beneficio de su propio interés y a costa del bienestar público, sin duda, es un tema que no sólo impacta en el tema fiscal, sino que afecta directamente al sentido de la democracia (^{OEA, 2011}). La construcción de esta significación “nosotros-ellos” parece degenerar en la dualidad descrita por ^{Schmitt (2008)} de tipo “amigo-enemigo”,⁹ en donde la diferenciación a partir de un reduccionismo político permite la sociabilización de las personas (^{Del Real, 2015}). La perspectiva de que “ellos” -los malos-, los políticos y los empresarios que no pagan impuestos obligan a la gente “común y corriente” -los buenos- a hacerlo, detona actitudes de rechazo ante un “poder”, que en perspectiva de ^{Foucault (2000) 10} domina, somete y explota a los individuos. Es por esta razón que no sorprende que algunos participantes abiertamente expresaron que ante tal injusticia “¿Por qué habrían de hacerlo [pagar impuestos]?”.

Quizá el hallazgo más importante de esta investigación recae en el hecho de que las nociones negativas preconcebidas de los impuestos de gran parte de los participantes entran en conflicto ante el hipotético escenario de que sea AMLO quien proponga un aumento de impuestos. Parece haber una diferencia radical en el colectivo imaginario de los ciudadanos entre los conceptos “gobierno” y “AMLO”, aun cuando es AMLO quien ejerce el gobierno. Por ejemplo, cuando a los asistentes se les preguntó si respaldarían que el gobierno aumentara los impuestos para ofrecer mejores servicios, la mayoría de las respuestas fueron de incredulidad o de rechazo, sin embargo, cuando se les preguntó si respaldarían dicha propuesta si la hiciera AMLO, la respuesta fue diametralmente diferente. El concepto de “gobierno” parece estar ligado a emociones negativas, mientras que el concepto de “AMLO” -que es justo mencionar que muchos de los participantes más que referirse al presidente por sus siglas, lo hacían mencionando sus primeros dos nombres “Andrés Manuel”- cuenta con un alto grado de legitimidad, que incluso llevaría a muchos participantes a aceptar -o hasta defender- tal medida en caso de que el mandatario decidiera proponerla. Lo anterior pudiera explicarse en base a que la actuación personal y el discurso de AMLO se han relacionado intrínsecamente con el activismo social, la lucha contra los poderes fácticos, y el bienestar de los más necesitados (^{Zepeda, 2018}).

Lo anterior ha permitido a López Obrador consolidar una imagen que coincide con las aspiraciones del grueso de la población, lo que conllevó a conseguir un alto grado de apoyo, ya que, como señala ^{Loza (2003)} : “un gobernante será legítimo en sentido amplio, si su desempeño es aceptable para su sociedad” (^{Loza, 2003: 93}). De igual manera, el cambio de actitud que presentaron muchos de los participantes se puede deber a la probable simbiosis existente entre “pueblo y líder”, gracias a la retórica populista de AMLO que los llevaría a cambiar sus posturas más asentadas, incluidas sus opiniones respecto a lo fiscal. Considerando que el gobierno de AMLO cumple cabalmente con las características propias del populismo: masas movilizadas, élites desplazadas, liderazgo carismático y personalista que representa a la masa (^{Knight, 2005}; ^{Valenzuela, 2009}). Por tanto, se puede visualizar la “autoridad moral” que ejerce el presidente como un factor decisivo en la opinión que permea dentro de la ciudadanía.