Frontera e integración

Las políticas comerciales seguidas a lo largo de la República Restaurada y después durante el Porfiriato deben ser interpretadas, primeramente, como la discusión entre aislamiento e integración, luego, el fomento comercial como una forma para activar la modernización del país, pero también lo inquietante que resultaba la dependencia mexicana respecto a los Estados Unidos y la necesidad de la diversificación en relación con otros socios comerciales. Los anteriores asuntos no eran un problema nuevo, se habían discutido muchos años antes, pero su validez y evidencia permanecían intactas. Por todo ello, las estrategias de fomento comercial se entienden como una negociación que va mucho más allá de los aranceles, las mercancías y las innovaciones tecnológicas. Las fronteras terrestres y marítimas, el control sobre las autoridades estatales y su nexo con los intereses comerciales locales, el necesario respaldo del Congreso, así como la obtención de información fidedigna y oportuna respecto al balance de fuerzas entre las potencias industrializadas influyeron directamente en las políticas a desarrollar por las autoridades mexicanas.

No cabe duda de que la frontera mexicano-americana, especialmente la del bajo río Bravo y la que colindaba con el territorio de Arizona, era fuente de preocupación para ambos gobiernos porque no estaba bien identificada al occidente de El Paso. Debe señalarse que no era solamente un límite entre dos Estados soberanos, sino una región fronteriza donde jugaba y juega un papel preponderante la composición poblacional de los fronterizos, mayoritariamente mexicanos y de origen mexicano a lo largo del Bravo, los cuales estaban acostumbrados a atravesar libremente la frontera.²² Otra característica era que la frontera quedaba lejos geográfica y políticamente tanto de Washington como de la ciudad de México. Los políticos regionales en ambos lados se manejaban con bastante independencia de los poderes centrales, y a pesar de que existía un importante número de tropas en las dos riberas, no estaban organizadas para resolver los problemas fronterizos que enfrentaban a ambos gobiernos, como era el caso en la persecución de los indios "salvajes", luego de estar además limitados por la no existencia de tratados adecuados para el efecto.

El proyecto databa de los cincuenta, pero tan temprano como 1875 ya se contemplaba que había llegado el tiempo para que una política de inversiones en México, particularmente el ferrocarril, pudiera otorgar a los Estados Unidos una verdadera influencia y luego quizá monopolio del comercio en el norte mexicano. Una frontera comunicada e integrada por lazos de intereses comerciales acabaría con una zona caracterizada por la existencia de bandas armadas que se refugiaban, según el caso, en uno u otro lado de la frontera. La queja norteamericana era que los juzgados mexicanos argumentaban no tener facultades porque los crímenes se habían cometido fuera del país y además no existían acuerdos de extradición o referidos a asuntos semejantes. Por su lado, las autoridades mexicanas señalaban que robos de distinta índole eran perpetrados por estadounidenses, quienes además azuzaban a los indios para que cometieran todo tipo de delitos al sur del río Bravo. En otro sentido pero conectado con la problemática fronteriza, el filibusterismo y la existencia y tolerancia de revolucionarios opositores a las autoridades mexicanas eran temas que de tiempo atrás habían enrarecido las negociaciones entre los representantes de ambos países. La realidad descrita provocó que unos cuantos años después, el Departamento de Estado, en voz de su secretario Jame G. Blaine, señalara que tener un estado de orden, contar con un gobierno estable y mantener unas finanzas sanas era la mejor forma que tenía México para incrementar su riqueza interna. Estabilidad era la condición que haría posible concluir y llevar a efecto diversos tratados con los Estados Unidos, más allá del mero reconocimiento diplomático. De esta forma, las inmensas y ricas regiones en ambos países podrían integrarse en el sentido de constituir un armónico sistema comercial, que, con el paso del tiempo, tendiera a la creación de un espacio de comercio propio entre las repúblicas del continente americano.²³

Por lo que se refiere a México, la integración debería construirse a partir de una alianza militar ofensiva y defensiva, un tratado comercial y otro de extradición. La primera administración de Díaz, a pesar de que todavía no había sido reconocida por Washington llegó a un acuerdo sobre la deuda que México tenía con los acreedores norteamericanos y la continuó pagando con religiosa puntualidad; tan es así que era materia de noticias en los periódicos de allá y acá, se subrayaba el monto y la periodicidad del servicio. Lo anterior contrastaba y era motivo de queja por parte de los tenedores de bonos de la deuda inglesa, la cual seguía en default. El asunto de las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses debía examinarse, lo mismo que para las autoridades norteamericanas era el permanente reclamo del Departamento de Estado en el sentido de que México debía abolir la zona libre existente en el estado de Tamaulipas.²⁴ Los problemas ya mencionados y que eran temas de negociaciones, así como los existentes asuntos que los unían, tal era el caso del vigente tratado postal que establecía un servicio semanal de vapores entre Nueva Orleáns y Veracruz, así como muchos otros temas dan idea de la complejidad de la relación bilateral.

Los políticos mexicanos comprendían que una frontera segura disminuiría las fricciones, pero al mismo tiempo temían que un acercamiento comercial realizado por inversionistas norteamericanos, al utilizar como armas sus productos manufacturados, mayor número de líneas de vapores y la construcción de líneas de ferrocarril que se conectarían con las norteamericanas, trabajos todos ellos que en México podrían atraer miles de inmigrantes , significaba una conquista pacífica, tan peligrosa, o más, que la de un enfrentamiento armado.²⁵ Sus temores no solamente tenían como raíz las posibles inversiones, sino fundamentalmente las opiniones que la prensa norteamericana propalaba, muchas de las cuales reproducían opiniones de diputados, senadores y de la correspondencia que llegaba al Departamento de Estado:

El diputado Schlecher abogaba por subsidios federales para construir un ferrocarril paralelo al río Bravo y paralelo de la línea fronteriza hasta California [...]. Edward Lee Plumb que no había conseguido concesiones durante el gobierno de Lerdo señalaba que sólo arrebatando a México sus territorios podía tenerse la seguridad de llevar a feliz término obras tan necesarias para la civilización moderna.²⁶

Otros creían innecesario recurrir a medidas de fuerza, más bien señalaban que, como vecinos y con rasgos económicos complementarios, Estados Unidos y México estaban destinados de modo natural a estrechar cada vez más su amistad y a partir de ella el fomento del comercio que necesariamente tendría bases distintas, debido al abismal desarrollo que separaba a un país del otro.

Pocos pero decididos eran aquellos que abiertamente defendían el acercamiento con los Estados Unidos; sin duda Matías Romero era uno de ellos, contrastando con las opiniones más ponderadas de José María de Zamacona o de Ramón Corona. Sin embargo, se fue consolidando una tendencia en el sentido de que estrechar las relaciones no era tan peligroso sino potencialmente ventajoso; señalaban que la anexión no era deseada por los Estados Unidos pero, sobre todo, resultaba contraria a sus intereses de expansión comercial al sur del continente. Se trataba de "despolitizar" las relaciones con el aseguramiento de que en el vecino del norte no existían planes de conquista territorial. Abrir las fronteras, los puertos, llevar adelante una política económica de consensos era fortalecer a México en su aspecto económico pero también en su integridad soberana. La perspectiva estadounidense de muy importantes ganancias diluía la percepción que de antaño se tenía acerca de las continuas negativas mexicanas que eran interpretadas como contrarias a la modernidad, al desarrollo y al engrandecimiento del capital norteamericano. La cooperación abatía el nivel de riesgo político. Riguzzi da una muy interesante explicación de este proceso:

para explicar el surgimiento de esta integración es preciso entender el proceso que llevó a México de la simple contigüidad geográfica con Estados Unidos a "la economía de la proximidad", esto es, la orientación permanente de sus principales conexiones hacia el mercado del norte, en un marco de prolongación territorial de las actividades económicas de un país en el otro.²⁷

Se puede decir que, después de los conflictos que tanto México como los Estados Unidos enfrentaron en la primera mitad de los setenta, a partir de 1875 las sucesivas administraciones en Washington reforzaron el avance hacia el Oeste.²⁸ Dicho movimiento provocó problemas con grupos humanos de blancos, mexicano-americanos e indios que presionaban sobre la frontera; los tres ingresaban a México y sus correrías bilaterales, caracterizadas por el abigeato, fueron tema de enfrentamiento entre los gobiernos de ambos países. Resolver el problema de la incursión de los "indios bárbaros", siendo que los tres grupos participaban del negocio, no solamente estribaba en soluciones militares sino en poblar, comunicar, enriquecer y gobernar sobre el enorme territorio que era la frontera. Para acercar ésta a los centros de decisión política en Washington y la ciudad de México, los proyectos ferroviarios fueron concebidos como la herramienta idónea; se trataba de enlazar la red norteamericana de ferrocarriles con la construcción de líneas principales en México que en dirección norte-sur integraran el mercado estadounidense con las zonas productoras septentrionales y del centro de la república mexicana. Los ramales de las líneas troncales no solamente ayudarían a sacar los productos locales, desde este punto de vista fueron bien recibidas por los intereses comerciales regionales, sino que además acercarían aquellas zonas al centro, situación que no agradaba a las autoridades de los estados fronterizos quienes de mucho tiempo atrás disfrutaban de una cómoda y conveniente lejanía respecto al gobierno central. Algunos veían con suspicacia los temas ferrocarrilero y de intensificación comercial con los Estados Unidos; otros comprendían que la consecución de ambos vincularía indefectiblemente a las dos repúblicas. El proyecto de las vías férreas reavivó el enfrentamiento histórico entre liberales y conservadores; se acusaba a los últimos de haber mantenido por décadas una incomunicación entre los elementos al interior del país porque ella significaba una base segura para perpetuar los poderes caciquiles, el monopolio comercial y la servidumbre forzosa. Respecto a las relaciones con el exterior, bajo el escudo de un patriotismo los conservadores alarmaban a los ignorantes y se les hacía creer que la integración facilitaría la invasión extranjera y con ellos la religiosidad y los demás valores propios.²⁹

Para Sandra Kuntz, el impacto del transporte ferroviario iba desde la formación de nuevos circuitos comerciales y la conceptualización de políticas públicas de desarrollo infraestructural hasta la obtención de nuevos conocimientos tecnológicos que podrían derivar en la ayuda a diversos sectores poblacionales y contribuir a cierto tipo de movilidad social. "La relación entre ferrocarriles y economía derivó en una imagen optimista".³⁰ El tendido de las vías ferrocarrileras abría las perspectivas de un mayor comercio para los que ya tenían dispuestos sus negocios, era una forma rápida de llegar a los lugares donde se extraían los recursos naturales, y en perspectiva, se veía a los ferrocarriles como la herramienta que impulsaría la aparición de centros fabriles fundamentalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los cuales ya se sentían integrantes de la prosperidad del mercado estadounidense.³¹

Inversiones y tratado comercial

La construcción de los ferrocarriles coincidió en el ámbito internacional con una etapa de auge de movimiento de capitales desde los centros financieros más importantes del mundo hacia la periferia. Después de un largo estancamiento México volvía a ser un país receptor de inversiones extranjeras; el perfil de éstas nos resulta hoy interesante para conocer la procedencia de los capitales, a donde se dirigieron así como qué tipo y cómo afectaron dichas inversiones al entorno donde sentaban sus reales. Asimismo, es preciso anotar dos elementos básicos: hasta qué punto se llevó a cabo una transferencia de tecnología en un país fundamentalmente rural pero cuyos gobiernos (Díaz-González) tenían una política modernizadora. Por otro lado, que por dicha estrategia y debido a las características propias del país y de su geografía "fue el único país latinoamericano en recibir flujos simultáneos y sostenidos de inversiones tanto estadounidenses como británicas". ³²

Como ha sostenido Kuntz, la imagen optimista provocó que las casas comerciales en Gran Bretaña buscaran la forma de hacer o reavivar negocios en México. A pesar del impasse diplomático y financiero con Londres, los inversionistas ingleses promovieron pláticas bilaterales, concibieron esquemas de protección a partir del establecimiento de un sistema consular en México y presionaron a partir de sus representantes en los debates de Westminster. Por el lado norteamericano, aprovecharon la cerrazón del Council of Foreign Bondholders en la city, para llevar adelante una agresiva estrategia que buscaba adueñarse de espacios prácticamente vacíos en el mercado mexicano, pero también el de integrarse en áreas de antigua presencia inglesa como la minería. Edward Beatty propone algunas razones que contribuyeron al fortalecimiento o creación de espacios para los inversionistas en la industrialización de México. Éstas pueden resumirse en las cada vez más importantes demandas del consumidor, las cuales se ligaban con una ausencia de oferta, por ello la necesidad de estimular una política de fortalecimiento comercial y luego la imperiosa industrialización. Este proceso fue posible en el caso mexicano porque contó con el respaldo del gobierno, el cual le otorgó la protección necesaria para su desarrollo; esta última característica fue el producto de intereses particulares ligados a una inversión o giro comercial que disfrutaron de conexiones políticas. En este sentido, cuando se presentó la devaluación en los precios de la plata mexicana, la elite económica buscó otras formas de inversión. Aunque algunas inversiones se dirigieron al exterior, otras importantes se orientaron a la producción de artículos manufacturados que se beneficiaron con la protección de un mercado cerrado por lo que no tuvieron que enfrentar una verdadera competencia respecto a la producción extranjera. ³³ De esta forma el proteccionismo a largo plazo anquilosó a la industria mexicana respecto a la competencia industrial produciendo, nuevamente, una dependencia tecnológica.

A pesar de que antes de 1880 eran realmente pocas las inversiones extranjeras asentadas en México, cuando se revirtió dicha tendencia, las políticas promovidas por Díaz y González establecieron algo que hoy puede llamarse un formato y que perduró en las siguientes décadas. Siempre el directorio de las compañías incluyó a personas que por su posición se distinguían en el Congreso Federal, en los altos mandos del ejército, en el ejecutivo y como miembros prominentes del ámbito comercial, amén de abogados con ligas cercanas a los espacios de decisión.³⁴

Respecto a lo anterior, Haber da una muy interesante explicación sobre la forma en que se desarrollaron las inversiones extranjeras en un país rural, carente de industria y autoritario por definición. La dictadura de Díaz fue un ejemplo acabado del crony capitalism, ³⁵ un sistema en el cual los individuos cercanos a las autoridades convencían al gabinete porfiriano para que fomentara determinadas políticas. Éstos recibían favores y derechos de un importante valor económico; pero más significativo es que las ganancias de los inversionistas al final sobrepasaban el valor que podría obtenerse en una economía realmente competitiva. La tendencia de los agentes económicos con conexiones políticas era la de crear monopolios con apoyo oficial y liberarlos de la competencia internacional; consolidada esta situación, los inversionistas se encontraban en la posibilidad de imponer precios a sus productos que normalmente estaban por arriba del mercado. Como ya se mencionó, un aspecto fundamental del cronysm era y es que las ganancias de los inversionistas debían ser compartidas con los miembros del régimen político que favoreció la empresa, por lo que los intereses de ambos grupos se identificaban y se complementaban a tal grado que la elite política no tenía el menor deseo de abrogar, modificar derechos o abrir espacios a la competencia. Inclusive muchas veces no podía hacerlo aunque quisiese alterar el esquema. ³⁶ El resultado fue una realidad económica que propició la aparición y consolidación de la corrupción, característica que luego la historiografía subrayó como propia de la administración de Manuel González.

Sin duda la herramienta que fue considerada por el régimen gonzalista para promover posibles inversiones y complementar los trabajos que se estaban realizando en obra pública como los ferrocarriles fue la negociación bilateral de tratados comerciales en particular con los Estados Unidos. El presidente González se encontraba en una mejor posición política que Díaz, su antecesor, para vérselas con los funcionarios de Washington. Primero, no tenía el estigma de haber llegado al puesto por medio de una revuelta y por lo tanto el reconocimiento de su gobierno había sido una cosa dada. Segundo, el presidente tenía buenas relaciones con los caciques del noreste mexicano y llevó adelante una estrategia tendiente a cooptar aquellos elementos de la administración lerdista que habían combatido la revuelta tuxtepecana. Tercero, de una manera paulatina el cuatrienio vio consolidarse un poder presidencial de tintes nacionales el cual, además, utilizó la política clientelar para favorecer el surgimiento de empresas y crearse un grupo leal a su persona, separado de los porfiristas. Tranquilidad en el ámbito interno lo colocaba en la posición para hacer frente, con la ayuda de los gobernadores norteños, del combate al "indio salvaje", completándola en julio de 1882 con la firma de un convenio de reciprocidad para el paso de tropas y con ello silenciar una demanda estadounidense. Además, le tocó un cambio de gobierno en los Estados Unidos, contando con la simpatía de la administración de Chester Arthur.

Riguzzi subraya que las negociaciones para un tratado comercial, en concreto las llevadas adelante entre 1882 y 1883, revelaban el diferente contexto fiscal que separaba a ambas naciones: los distintos niveles aplicados en los aranceles y la diferencia en cuotas porcentuales. Éstas también proveen una lectura de los intereses y equilibrios comerciales "que definen un mapa de oportunidades", pero igualmente de los cotos cerrados. Pueden detectarse móviles , el tipo de actores y entender "las diferencias entre estilos y concepciones de las diversas relaciones económicas".³⁷ Las tácticas utilizadas muestran actitudes ofensivas y prevenciones con profundas raíces históricas.³⁸ Al respecto, el secretario de Estado Frederick Frelinghuysen advertía que un proyecto de tratado, además de contener cuestiones generales de comercio y navegación debía incluir estipulaciones en lo particular, como era una cláusula adicional en el sentido de que las autoridades del territorio de Arizona, Nuevo México, Sonora y Chihuahua pudieran facultar a sus respectivos alguaciles para ir detrás de los criminales que hubieran cometido delitos, siempre y cuando existiesen órdenes de aprehensión en contra suya. Matías Romero consideraba que tal pretensión muy pronto se exigiría para toda la frontera dando lugar a excusas peligrosas, pero recomendaba no darle al secretario un negativa rotunda.³⁹

El complicado proceso de negociaciones fue encabezado del lado mexicano por Matías Romero, conocedor de largo tiempo atrás del funcionamiento de los grupos políticos y de sus conexiones con los intereses económicos en los Estados Unidos, además de ser un profundo admirador del funcionamiento certero y moderno de aquella república. Ulysses Grant fue el comisionado estadounidense a quien ligaban con México no solamente sus pasadas vivencias como militar, sino que representaba a los poderosos inversionistas que veían en la construcción de los ferrocarriles en México la forma más adecuada para aumentar sus ya de por sí grandes capitales. Sabían que no había mexicanos con la suficiente fortuna para completar una obra de tal envergadura y que, cuando invertían en acciones ferroviarias, éstas eran siempre en proyectos para realizarse en Europa. Los caminos de hierro significaban el proyecto de un transporte rápido y eficiente, el cual se convertiría en la mejor herramienta para incrementar vertiginosamente la exportación de artículos manufacturados estadounidense a un país carente de industria. Lo de menos era el tabaco, las maderas preciosas o las frutas mexicanas, éstas se podrían conseguir en el Caribe o en otros espacios como Hawai, Brasil o China, enclaves económicos propios de la expansión económica que caracterizó el capitalismo industrial de fines de siglo xix. En cambio al interior de los Estados Unidos existían con mucha fuerza e influencia, como rémora de prácticas proteccionistas que continúan hasta el día de hoy, las vigorosas protestas de los productores de Luisiana, Virginia y Carolina de Sur, respaldadas en el Congreso de Washington, contra la supuesta invasión de productos mexicanos que decían que arruinaría a la agricultura local. El resultado fue el cobro de altísimas cuotas que hicieron inviables las exportaciones, particularmente del azúcar.⁴⁰

A lo largo de 1882 y 1883 se desarrollaron múltiples reuniones , borradores, propuestas y contrapropuestas que reflejaban los distintos puntos de vista. Matías Romero resumió a Grant cuáles eran los puntos donde México no podía dar marcha atrás. Señalaba que no se consentiría la reducción fiscal en aquellos productos que generaban importantes derechos para el erario federal, tampoco en aquellos productos que formaban la base principal del comercio europeo ni los que se producían en la república mexicana. Por otro lado Romero trataba de convencer a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que México debería comprometerse a revisar sus leyes aduanales, a considerar la supresión de las alcabalas y de las aduanas interiores, con el objeto de remover todos los obstáculos que se oponían al desarrollo del comercio, pero siempre teniendo en mente el interés de sus rentas. Finalmente, advertía que la mayor oposición al tratado comercial con México provenía del Partido Demócrata, que probablemente ganaría la siguiente elección, y cuyos políticos siempre se habían ostentado como proteccionistas utilizando los conflictos con México como la manera de hacerse populares.⁴¹

Las pláticas para materializar un tratado con los Estados Unidos formaban parte de una estrategia del gobierno de Manuel González que tendía a la vez a fomentar el comercio, pero que éste fuera multilateral y con ello evitar los riesgos de tener un único o hegemónico socio comercial. En este sentido agentes mexicanos entablaron conversaciones principalmente con los representantes gubernamentales del imperio alemán, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, amén de las ya existentes con inversionistas en cada uno de estos países. El proceso fue la conclusión de acuerdos con otras naciones. La firma de un tratado de amistad y comercio con Alemania influyó en la tónica de las negociaciones mexicano-norteamericanas y la importancia que revestían aquellas para el Foreign Office de Londres , para apresurar la reanudación de relaciones diplomáticas con México y la subsiguiente negociación de un tratado comercial que sustituyera al suscrito en el lejano 1826.

Hay que hacer notar que la administración de González no le permitió total libertad de actuación a Romero, seguramente porque desconfiaba de su cercanía con Grant y del interés que tenía el oaxaqueño para la construcción de un ferrocarril que uniera los tres estados del sur mexicano hasta la frontera con Guatemala.⁴² Por ello se hizo hincapié en el papel decisorio de una comisión mixta por cada país, además de que cualquier modificación, en el caso mexicano, debería contar primero con la aprobación del ejecutivo. De la comisión, el general Estanislao Cañedo era negociador de primer rango y de ninguna manera un subalterno del diplomático. Sus órdenes militares eran no aceptar ninguna alteración de los conceptos formulados y aprobados en la ciudad de México. Por su parte, el otro negociador norteamericano era William H. Trescott, abogado, encargado de vigilar la exactitud jurídica del tratado. ⁴³ Señala Riguzzi que la diferencia de estilo entre los negociadores representaba problemas "de códigos interculturales". Para México, la negociación comercial involucraba preocupaciones de seguridad nacional y muchas de sus posiciones tenían la forma de ultimátum. "Todas las solicitudes estadounidenses fueron sistemáticamente denegadas" en particular aquellas que podían dar lugar a un protocolo adicional respecto a temas nodales como eran la línea fronteriza, las tarifas aduanales, los montos a importarse y los reglamentos sanitarios. La rigidez en la que se manejaban los agentes mexicanos provocó que tiempo después Romero señalara: "fueron negociaciones diplomáticas bajo disciplina militar". En tanto Cañedo alababa la firmeza del presidente González y apuntaba que el resultado era la primera vez que México lograba imponer sus condiciones a una potencia de primer orden. Riguzzi argumenta que el tratado tenía su importancia "en el orden intemporal de su impacto". Los Estados Unidos encontraban un nuevo mercado para exportar sus productos manufacturados. En cambio para México era que incentivaría "el nacimiento de su sector exportador", el cual muy pronto explotaría de una manera intensiva los recursos naturales del país. ⁴⁴

Aunque el tratado comercial con los Estados Unidos fue concluido y firmado el 20 de enero de 1883 por Matías Romero, Estanislao Cañedo, Ulysses Grant y William H. Trescott, el primero se percató de que después de un año todavía existían muchos obstáculos para que fuera ratificado por el Senado norteamericano. Indicaba, por ejemplo, que el imperio alemán le había reconocido a México un mar patrimonial de tres leguas marinas desde la línea de la marea baja, cuando solamente Washington reconocía internacionalmente un límite de tres millas. El argumento del mar patrimonial podría fortalecerse indicando que Italia seguía la misma política que los germanos, la cual estaba en concordancia con los deseos de México. Como derivación, otra preocupación norteamericana era que la extensión de tres leguas marinas afectaba directamente el asunto de la vigilancia naval, asunto que se relacionaba con la aplicación de los reglamentos aduanales y por ello mismo la aplicación de medidas para evitar el contrabando, realidades de dos vecinos geográficos con fronteras sumamente porosas. Asimismo hay que subrayar una cuestión de primer orden, al gobierno en Washington le molestaba que el Estado alemán había aceptado que no haría responsable al mexicano por perjuicios, vejámenes o exacciones producto de una insurrección o de guerra civil, y que respecto a las reclamaciones o quejas de sus nacionales en asuntos de orden civil, criminal o administrativo, no recibirían el respaldo automático de sus agentes diplomáticos -salvo por denegación, retardo extraordinario, falta de ejecución de una sentencia o por violación de los tratados existentes.

Romero explicaba puntualmente a los agentes estadounidenses que México tenía la experiencia de haber consentido en incluir semejante provisión en anteriores convenciones diplomáticas, protección que posteriormente se había traducido en diversas reclamaciones extranjeras, algunos de cuyos montos habían sido aceptados pero en su mayoría continuaban sin ser reconocidas por las sucesivas administraciones mexicanas. En el caso concreto del tratado comercial con Estados Unidos, Romero agregaba que México no aceptaría la responsabilidad por las depredaciones de los indios bárbaros que cometían crímenes en territorio americano e ilegalmente se introducían a México, porque tomando el sentido de reciprocidad, además de que no existía paridad de motivo en sentido contrario -indios mexicanos que robaran en Estados Unidos-, al aceptar tal responsabilidad significaba para la república perder el derecho de trascendencia.⁴⁵

Ya en los primeros días de la segunda administración porfiriana, Romero le informó al ministro Ignacio Mariscal que los demócratas pretendían las siguientes concesiones que anteriormente no había permitido la administración de Manuel González: abolición de la Zona Libre, derogación de la ley que prohíbe a ciudadanos americanos adquirir bienes raíces en una zona de veinte leguas de la línea fronteriza y la modificación de las leyes mexicanas respecto a las matrículas extranjeras. En general, señalaba el diplomático, tales pretensiones estadounidenses representaban una intromisión en asuntos de política interna de México.⁴⁶

El rechazo senatorial norteamericano al tratado comercial en 1886 continuaba la misma tónica de otros desaires como los sucedidos en los años cincuenta y sesenta, aunque en materias distintas. Los más avisados vieron que, aún sin tratado, el acercamiento comercial ya había unido indefectiblemente a los dos países. La vecindad continuaría siendo problemática, recelosa, pero también de oportunidades para aquellos inversionistas mexicanos que se ligaron al capital y al dinamismo de los intereses estadounidenses.

Estrategia de gobierno: fomento y diversificación del comercio

Es importante recordar que las elecciones presidenciales que le otorgaron el triunfo a Manuel González no derivaron en un levantamiento armado.⁴⁷ González iniciaba un régimen de jure, lo cual facilitaría su relación con los Estados Unidos, y aunque directamente no se involucró, igualmente significativo era que para diciembre de 1880 se reanudaban las relaciones diplomáticas con Francia, la potencia que durante cinco años había ocupado militarmente el país, pero que para ese momento sus inversionistas estaban ya adelantados en el proyecto de instituir la moderna banca en México. Quizá ésta llegara a ser nacional.

Entender la estrategia de la administración para fomentar el comercio significa conocer los cambios realizados por los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Fomento y Gobernación. Sus responsables estructuraron una política de gobierno que respondía al interés del presidente por facilitar las inversiones extranjeras y de mexicanos allegados al poder político que redundaron en la construcción de obra pública como en una intensificación de las actividades comerciales, situación que no se había visto desde los años anteriores al inicio de la guerra de Independencia. En el primer gabinete gonzalista, Díaz ocupó la cartera de Fomento y meses después fue sustituido por el general Carlos Pacheco; la de Relaciones Exteriores fue encabezada por Ignacio Mariscal hasta 1883, cuando se le nombró enviado extraordinario para terminar el impasse con Londres. Spencer St. John era la contraparte del Foreign Office y a Lionel Carden, cónsul en La Habana trasladado a la ciudad de México, se le encargó enviar un reporte sobre el estado comercial de la república; dicho interés estaba ligado a las negociaciones que sobre el tema se habían estado realizando entre México, Alemania y los Estados Unidos. También respondía a las presiones ejercidas por el Council of Foreign Bondholders y la British Chamber of Commerce, ambas representadas con suficiencia en el parlamento de Westminster.

La Secretaría de Relaciones Exteriores concluyó en 1881 sendos tratados de extradición de criminales con Bélgica y España. Al año siguiente se estableció una convención México-Estados Unidos para reconstruir los monumentos de la línea divisoria y se instaló una comisión internacional para tratar los límites entre la república y Guatemala, renunciando esta última a sus derechos sobre Chiapas y el Soconusco.⁴⁸ En julio de 1883 se firmó el tratado de amistad y comercio con el imperio alemán y México fue invitado a la exposición comercial en Kentucky, sobre la producción de algodón en Nuevo Orleáns, a Lyon para la exposición internacional de agricultura e industria, a Washington para concluir con los Estados Unidos una convención postal, a Berlín para la feria de la industria de la minería y a Bélgica para el congreso de botánica y de mejoras en la industria ferrocarrilera.⁴⁹ A finales de 1885 se terminaron las negociaciones entre México y el reino de Suecia y Noruega con el objetivo de establecer un tratado de amistad y comercio. La petición había sido presentada años atrás al presidente Manuel González por el ministro residente en México el cual había seguido de cerca las negociaciones con Alemania, pero quería evitar la inclusión de ¡cláusulas secretas! Asimismo, desde la perspectiva sueca, la práctica de los Estados Unidos en negociar tratados con base en compensaciones recíprocas conducía en poco tiempo a dificultades mayores. Lo que pretendía Estocolmo era el tratamiento de la nación más favorecida, un comercio abierto y sin restricciones.⁵⁰ Por su lado las autoridades mexicanas tenían datos concretos de que, además de los barcos ingleses, eran los noruegos quienes llegaban en un número prácticamente igual a los primeros. La razón estribaba en que comerciantes alemanes los utilizaban para exportar sus propios productos, pero también en unión con los sueco-noruegos los buques hacían escala en Newcastle y Hull-Grimsby, reabasteciéndose de productos ingleses para ser vendidos en México, lo que significaba una muy importante competencia que enfrentaban las mismas casas comerciales británicas en la república al no contar para su protección con un sistema consular propio ni tratados diplomáticos bilaterales a los cuales recurrir. Lo anterior era un motivo fundamentado de queja que fue recogido por el Foreign Office. México estaba representado consularmente en 20 países y en 88 ciudades; por su lado, agentes consulares extranjeros en México provenían de 16 países y las representaciones sumaban 126 en muy diversas ciudades y poblaciones, ninguno representaba a la Gran Bretaña. Vale la pena mencionar que Alemania tenía entre consulados, viceconsulados y cónsules honorarios 20, los Estados Unidos sumaban 34, España 23, los de Suecia-Noruega estaban en Frontera, Laguna (hoy Ciudad del Carmen), Minatitlán y Veracruz.⁵¹

Emilio Velasco, que en los últimos años de los setenta había sabido sacar adelante las muy comprometedoras negociaciones con Francia para la reanudación de relaciones diplomáticas, a partir de una renuncia mutua de las existentes reclamaciones de tiempos anteriores y producto de la Intervención, informó que París deseaba concluir un tratado comercial con México que incluyera la cláusula de la nación más favorecida (CNMF). En opinión del mexicano, ello no favorecería a la república porque Francia imponía tarifas prohibitivas al tabaco, el azúcar y el café que proviniesen de fuera de sus propias colonias. Asimismo, París seguía con la idea de que en los asuntos de sucesión testamental interviniera su personal consular, actitud contraria a la mexicana que impedía la intromisión de cualquier representación extranjera cuando eran asuntos que debían ventilarse bajo leyes y tribunales del país. Esta postura era resultado directo de los problemas que originaron la intervención tripartita contra el gobierno de Benito Juárez en diciembre de 1861.⁵² A lo largo de 1880, 1881 y 1882, representantes mexicanos y belgas discutieron la conveniencia de establecer líneas de vapores directos entre Amberes y México, sin la necesidad de hacerlo vía El Havre o Liverpool, o de tener que utilizar barcos hamburgueses. Planteaban el otorgamiento de la CNMF pero además criticaron el sistema mexicano de aduanas interiores; igualmente querían construir almacenes, y solicitaron que donde éstos estuviesen les fuera otorgada la calidad de puertos de depósito. A manera de ejemplo, Ángel Núñez Ortega, el ministro en Bruselas, diplomático que había sido de Maximiliano y durante la República Restaurada, muy diligente en sus informes comerciales, notificó que para el mercado belga sería importante que "los industriales mexicanos exportaran tabaco ya en forma de puros, los cuales eran de muy buena calidad" porque los fabricantes belgas mezclaban hojas de tabaco provenientes de la república y las de otros países, siendo el producto final de dudosa calificación y de difícil consumo.⁵³

Asimismo, para conocer las estrategias que ejercían las potencias industrializadas para apoderarse de mercados, a la ciudad de México llegaban desde Madrid informes de Ramón Corona sobre las dificultades que tenía España con Gran Bretaña en torno a sus relaciones comerciales. La prensa hispana opinaba que Londres presionaba para que se rebajaran los derechos sobre la totalidad de los artículos ingleses, pero que ella no hacía lo propio con los vinos españoles. La amenaza era inundar Gibraltar con mercancías británicas a bajo precio y con ello fomentar el contrabando hacia la península. "No puede darse nada más cínico. La bolsa o la vida [...], en una palabra en el terreno diplomático nos tratan como a Egipto."⁵⁴ Por otro lado, desde Berlín, Carlos Gagerm advertía que en las discusiones en el Reichtag sobre el tratado comercial con México, además de analizar las conveniencias ya mencionadas páginas atrás sobre las tres leguas de mar patrimonial y el tratamiento de la nación más favorecida, el elemento decisivo para sellar el acuerdo había sido que México otorgó a los ciudadanos alemanes no solamente la facultad de adquirir bienes inmuebles en la república sino legarlos legítimamente, posición que contrastaba con lo sucedido en los Estados Unidos donde migrantes alemanes no habían podido suceder su bienes, y éstos habían sido adjudicados exclusivamente a ciudadanos norteamericanos.⁵⁵ Finalmente José Fernández, subsecretario de Relaciones Exteriores, informaba a Genaro Raigosa, quien además de negociar con Alemania posteriormente lo haría con Francia (1886), que el gobierno mexicano lo premiaba al regalarle 32 volúmenes con obras de Dante, Lafontaine, Rabelais, Coleridge, etcétera, todas ellas ilustradas con grabados realizados por Gustave Doré. La secretaría remuneraba con modestia, porque la principal recompensa de los negociadores de tratados "es la satisfacción y honra que les lleva el servicio que prestan a su patria y evitar, por otro lado, que el incentivo de una fuerte remuneración pecuniaria convierta para lo futuro en objeto de codicia estas delicadas comisiones, confiadas hasta hoy al verdadero mérito ".⁵⁶ Con Italia, la discusión sobre un tratado comercial en tiempos de Manuel González partió del texto firmado en 1874 durante el gobierno de Lerdo; su versión definitiva llegó hasta 1890, un año después de haberse concluido y aprobado el tratado comercial mexicano-británico (1888-1889); sin embargo, una lectura comparativa entre ambos procesos revela lo conflictivo de la negociación con Roma y lo complejo del lenguaje utilizado, sobre todo cuando se compara con lo directo y sencillo de lo negociado con Inglaterra, país productor de una enorme cantidad de artículos que no podían compararse con el reducido intercambio italiano. Las negociaciones fueron llevadas por Manuel Aspiroz y Juan Sánchez Azcona.⁵⁷

Es evidente que la administración gonzalista llevaba a la práctica una política de diversificación de sus relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones, estrategia que respondía a la evidente preocupación de la cada vez mayor hegemonía estadounidense. Después de décadas de reclamaciones diplomáticas y de importantes intervenciones extranjeras, que en el pasado habían producido la idea de que para México era mejor el aislamiento porque, como alguna vez dijo Francisco Zarco, las legaciones habían sido siempre un motivo de embarazo y disgusto permanente, ahora en los ochenta la república caminaba febrilmente hacia una dirección contraria. El complemento de la multilateralidad era que los inversionistas vinieran a México, pero también, y muy importante, que los ricos mexicanos participaran como productores e inversionistas en la construcción de una modernidad largamente añorada que más pronto que tarde generaría una época de riqueza.

Durante el gobierno de Manuel González la Secretaría de Fomento fue la encargada de promover en México la multiplicación de inversiones. Vale la pena reflexionar acerca de los presupuestos para 1882, 1883 y 1884. La de Fomento comenzó después que la de Guerra y terminó superándola, siendo ambas secretarías las que consumieron mayores recursos: $11127600.00 y $8 252352.00, respectivamente. Originalmente en 1884 Fomento había solicitado una partida por $17 190152.00, lo que al final resultaba en una disminución de poco más de seis millones de pesos, siendo ésta la reducción más importante del presupuesto general que se explicaba por una desaceleración en la construcción de obra pública. Contrario a lo anterior era el monto del poder ejecutivo, que estaba calculado en $48000.00; el de Relaciones Exteriores, $367000.00, y el del poder judicial, $406 000.00, los cuales no fueron afectados.⁵⁸

La estrategia del régimen gonzalista consistió en presentar varios frentes; por ejemplo, resultaba indispensable que se conocieran en los mercados del extranjero los productos mexicanos, y para ello se concibió que se estableciera en París una exposición permanente, la cual estaría manejada por una casa comercial francesa. Se creyó conveniente agregar a la sección 4 del Ministerio de Fomento, que se dedicaba a la agricultura y la minería, los asuntos relativos al comercio. La sección pidió ayuda a las cámaras de comercio existentes en el país, a los gobernadores estatales, a comerciantes y al sistema consular mexicano en el exterior, para que remitieran datos sobre los productos de la localidad, sobre precios corrientes y sobre los mercados. El cuestionario elaborado para el caso contenía trece preguntas fundamentales que iban desde la cantidad anual y los sistemas de empaque de los productos hasta las vías de comunicación para comercializar el producto, el precio del flete, los impuestos a pagar y quiénes eran los productores.

La lista incluyó 415 materias primas y productos manufacturados; por ejemplo, 28 diferentes tipos de puros y cigarros fabricados exclusivamente por Remigio Noriega en el Distrito Federal; vino de uva producido por Jesús F. López en Aguascalientes; gamuzas estampadas elaboradas por Fausto Pérez en Actopan, Hidalgo, o corteza de copalchi, quitapesares, tlacopatle, existentes en los estados de Oaxaca, Guerrero y Morelos, pero que no tenían comercializador responsable. Aparte se enumeraron 107 tipos de maderas distintas, como el chamolote, el changaní morado y el zacaocote negro.⁵⁹

De los consulados mexicanos en Brownsville, Nuevo Orleáns o Nueva York no solamente se enviaron datos referentes a los productos y necesidades de la población donde estaban asentados, sino sugerencias con nombres de las casas comerciales que podrían encargarse de promover la importación de productos mexicanos hacia aquellas ciudades de los Estados Unidos. El de Filadelfia enfocó además su información a hacer una relación de los productos que esa ciudad importaba de lugares como Brasil, Grecia, Puerto Rico y la misma Inglaterra, pero en este caso subrayaba la coincidencia de que también eran producidos por México , como goma arábica, limones, huesos, palomas, vacas y chocolate. Lo importante, agregaba el cónsul, era que los productores mexicanos buscaran la manera de exportar tales artículos a un destino como Filadelfia. Los consulados situados en la frontera asociaban una lectura acerca de la íntima conexión entre los problemas políticos en ambos lados de la frontera y sus repercusiones en la producción y comercialización tanto de materias primas como de artículos manufacturados. Se nota en los informes una predisposición por ensalzar los beneficios de las proyectadas líneas ferroviarias y de los ramales que podrían sacar la producción local.⁶⁰ En este sentido, la Cámara de Comercio de Matamoros informó al gobierno mexicano que diversos individuos se estaban dedicando "a la explotación del chapopote o asfalto, que en abundancia recogen en la Laguna Madre [...], exportándose este producto natural con buen resultado, del cual se elaboran excelentes barnices, además de otras aplicaciones para la industria".⁶¹ Finalmente, el Ministerio de Fomento solicitó a los cónsules mexicanos en los Estados Unidos que indagaran cuáles eran los precios actuales del trigo y del maíz, y que para evitar complicaciones la medida a utilizarse fuera el kilogramo. Además quería saber dónde estaban los mercados más importantes, las tarifas de fletes, si había existencias abundantes, los nombres de los principales negociantes y si en relación con los dos productos mencionados se pagaban derechos de tránsito y de exportación. La respuesta de los trece cónsules ubicados en El Paso, Roma, Tombstone, Nueva Orleáns, San Luis Missouri, San Francisco, Nueva York, Eagle Pass, Tucson, San Antonio, Galveston, Brownsville y Filadelfia fue que los mejores precios se podrían encontrar en Missouri y Kansas, pero que el mercado de Chicago era el que regulaba los precios. Se podría comprar con los almacenes comerciales locales pero se recomendaba hacer la transacción con los grandes intermediarios. En relación con la conversión a kilogramos, aunque se hizo, resultaba problemática porque la medida en los Estados Unidos eran los busheles áridos (35.24 lt). Se podrían comprar grandes cantidades en los dos estados ya mencionados, e igualmente se podrían adquirir en Texas; sin embargo, en contraste resultaban insuficientes en el territorio de Arizona o en Nueva York y salía muy caro traerlo desde Filadelfia, debido al precio del flete. Pero todas las casas comerciales a las que se les preguntó aseguraron poner la mercancía en la frontera, y los de San Francisco llevarla al puerto mexicano de mejor conveniencia para el comprador. Todos los cónsules hicieron hincapié en que no se cobraba ningún tipo de impuesto por concepto de tránsito ni de exportación ni de otra clase.⁶² El informe también contemplaba el importante rubro, por sus consecuencias económicas y por los problemas que en el pasado había generado entre ambos países, del ganado mexicano exportado a partir de 14 puntos fronterizos, como Piedras Negras, Nuevo Laredo, Sásabe o Camargo y que incluía ganado caballar, de cerda, menor, mular, vacuno y de asnos, que sumaban anualmente la importante cantidad de alrededor de 54 000 cabezas por un valor pasado de medio millón de pesos.

Finalmente, el proyecto modernizador del régimen de Manuel González, encomendado a la secretaría de Fomento y en el cual participaron otras dependencias del ejecutivo por la complejidad de los intereses involucrados, fue la ya mencionada construcción de ferrocarriles. No es el propósito de este texto ir al detalle en este tema porque existen magníficos trabajos puntuales sobre ello, pero sí apuntar que en 1880 se otorgaron 8 concesiones, en 1881 fueron 34, en 1882 fueron 38, en 1883 fueron 26 y en 1884 tan sólo 14, haciendo un total de 120 proyectos ferrocarrileros.⁶³ Debe precaverse que el crecido número no refleja la verdadera construcción de vías férreas, las más importantes fueron las de México-Paso de Norte y México-Nuevo Laredo, y aunque la extensión de las vías instaladas dio un enorme salto pasando de 1 051 a 5 879 kilómetros ,⁶⁴ los más de cien contratos fueron modificaciones, traslaciones y anulaciones por incumplimiento de los términos en que se había otorgado la concesión. Paulatinamente se supo que el verdadero negocio de varios inversionistas era el establecimiento de una lotería, la cual serviría para financiar la obra como el caso del famosísimo ferrocarril México-Toluca-Cuautitlán. De manera semejante otros buscaban obtener privilegios fiscales para la introducción de aquellos materiales a ser utilizados en la construcción de las vías férreas, amén de otros que pudieran contrabandearse. A pesar de estas desviaciones, en el tema de los ferrocarriles existen asuntos interesantes como la indicación de que los jefes de la obra deberían hablar español, que el "Reglamento para la construcción, conservación y servicio de los ferrocarriles" se terminó hasta el primero de julio de 1883, ya en el ocaso del régimen, pero también que la empresa del antiguo ferrocarril México-Veracruz anunciaba excursiones al público interesado, que partiendo de la ciudad capital utilizaban los servicios navieros y ferrocarrileros de compañías afines a la mexicana, para poder visitar en un mismo viaje tanto Londres como París.⁶⁵

Muy cercana a la labor que estaba desempeñando la secretaría de Fomento se encontraba la de Hacienda. Su importancia durante el gobierno de Manuel González radicó en que tenía que hacer frente no solamente a los gastos tradicionales para el funcionamiento de la administración pública sino cumplir con los montos negociados para subvencionar las diversas obras de fomento. También enfrentó las presiones que los gobiernos extranjeros le habían expresado al mexicano para que redujera o eliminara una serie de tarifas elevadas que se aplicaban a todas las actividades comerciales. Debe recordarse que tanto el gobierno general como las diversas administraciones estatales y municipales sobrevivían de los impuestos recabados, lo mismo en las aduanas fronterizas y marítimas como en las aduanas interiores que aplicaban con religiosa puntualidad el cobro de la alcabala, amén de un rosario de otras contribuciones.⁶⁶

La Memoria del ramo presentada por el ministro De la Peña informaba que durante los años 1881, 1882 y 1883 los ingresos habían ido en aumento, pero en 1884 la liquidez del ministerio disminuyó debido fundamentalmente a los importantes montos que cubrían los pagos que como subvenciones se hacían a las compañías ferrocarrileras y para cubrir los préstamos que el gobierno había contratado con el Banco Nacional de México, el cual era el resultado de la fusión entre el Comercial Mexicano y el Nacional Mexicano (1884). A pesar de lo anterior, resultaba evidente que tanto el funcionamiento de los ferrocarriles como la red de sucursales bancarias establecidas en la república habían resultado favorables para los comerciantes mexicanos y extranjeros , porque además de agilizarse la salida y venta de sus productos, los bancos facilitaban sus transacciones monetarias y solicitudes de crédito, se estimulaba la amplitud de los pedidos y con ello aumentaba el consumo, que era el signo inequívoco de un mejoramiento "del modo de ser de las diversas clases sociales ".⁶⁷

El documento daba cuenta de que la mayor presencia de México en el extranjero y la importancia que revestía la frontera con los Estados Unidos había sido motivo para que el gobierno estableciera o ampliara con más empleados los juzgados en Nuevo Laredo, Paso del Norte y Piedras Negras. Lo mismo había pasado con los consulados en Roma (Texas), San Francisco y Madrid. Un gasto mayor había sido el establecimiento, primero, de la misión y, luego, de la legación mexicana en Londres, ciudad que era famosa por sus rentas de alquiler sumamente elevadas. El mayor tráfico comercial había obligado a aumentar las plazas en las aduanas de la frontera noreste y también se tuvieron que ampliar en las de Tampico, Progreso e Isla del Carmen. Se habilitaron como puntos de comercio y de vigilancia fronteriza los de Tijuana, Laguna del Guerrero Negro, Cabo San Lucas, la isla de Cozumel y Champotón. Los ingresos aduanales que durante 1881 y 1882 habían ido en aumento durante 1883 fueron mayores, pero en 1884 se estancaron e inclusive hubo un significativo descenso. A manera de ejemplo, en la zona del Golfo de México, la aduana del puerto de Veracruz recabó poco más de diez millones de pesos ; en el Pacífico, Mazatlán lo hizo por un millón y medio; en el Golfo de Tehuantepec, Tonalá alcanzó 68 000; en el Golfo de California, Guaymas sumó 686 000. En las fronterizas del norte, Nuevo Laredo captó 876 000, y respecto a la frontera con Guatemala, Zapaluta logró obtener tan sólo cuatro mil pesos. El sistema totalizó 37 aduanas en su conjunto y la suma de la recaudación anual fue por un poco más de diecinueve millones de pesos. En el caso contrario estaba Quitovaquita, en el estado Sonora;⁶⁸ Tijuana y La Ascensión, en Baja California, fueron junto con la chiapaneca las aduanas que menos ingresos produjeron. Vale la pena mencionar que en el año de 1883-1884, los buques con mercancías que llegaron a puertos mexicanos sumaron 1 241 y buques con lastre 442; por tierra, a las aduanas fronterizas los trenes de carros fueron 361 y los llegados por ferrocarril 412. Las naciones hacia donde se hizo la exportación de productos mexicanos fueron: Inglaterra, que importó más de cinco millones de pesos en metales preciosos y 415 000 en demás efectos; en segundo lugar los Estados Unidos con un millón ochocientos y un millón setecientos mil, respectivamente; después, de manera descendente, seguían Francia, España, Alemania, Bélgica, Guatemala, Colombia, Rusia y San Salvador, totalizando prácticamente once millones de pesos.⁶⁹

Las anteriores cifras -igual que el aumento de personal en los puntos fronterizos; lo mismo el presupuesto para la recientemente inaugurada Escuela de Comercio; los fondos para las comisiones exploradoras y de colonización; las importantes subvenciones para las líneas de vapores entre Europa, Estados Unidos y México; las del Pacífico que conectaban California, América del Sur, y finalmente las muy importantes líneas que hacían la navegación de cabotaje en ambas costas- son un reflejo de la estrategia multilateral del gobierno de Manuel González para fortalecer el comercio y la industrialización de la república. Todos estos rubros generaban importantes gastos. La prensa en el extranjero y en la república dio cuenta de las diversas inversiones en infraestructura, pero también la aparición de pequeños negocios como hoteles, restaurantes , ferreterías, escuelas de idiomas, consultorios homeopáticos, agencias de viajes y una multiplicidad de solicitudes de patente, que para los años ochenta evidenciaban que la sociedad mexicana estaba en la necesidad de múltiples servicios.⁷⁰ Se había iniciado una época de prosperidad, situación completamente distinta al final de la década de los sesenta, pero al final del cuatrienio una profunda crisis económica, unida a un enrarecimiento del clima político debido a la elección presidencial que culminó en la segunda administración de Porfirio Díaz, provocó que la administración gonzalista acabara su periodo en un profundo descrédito. Teniendo este marco, el Foreign Office previno a los tenedores de bonos de llegar con el enviado de González a un acuerdo definitivo respecto al servicio de la deuda de Londres. Por su parte, la prensa especializada de la city subrayó un hecho que coincide con los datos de la citada Memoria de Hacienda ; la mercancía de exportación llegada a la frontera en carros de ferrocarril no superaba la del transporte marítimo porque las inversiones en líneas de ferrocarril serían paulatinamente usadas por los mercaderes mexicanos y darían resultados en concreto para las finanzas públicas a mediano plazo. Aseguraba The Financier, el gobierno de González cargaría con las deudas y serían las siguientes administraciones las que podrían recoger los frutos, solamente en el caso de que los gobiernos mexicanos llevaran a efecto una política certera de liberalización comercial, acompañada de medidas tendientes a aumentar el consumo entre los ciudadanos.⁷¹

Otro asunto atendido por la administración de Manuel González fue el tema de las alcabalas, que los estados de la federación cobraban a los efectos que ingresaban a sus respectivos territorios. El problema de tales derechos y de la existencia de aduanas interiores había sido reiterado muchas veces por los diversos representantes acreditados en México, y era un tema que las cancillerías apuntaban en sus instrucciones diplomáticas para que sus diplomáticos lograran su eliminación y con ello hacer más expedito y barato el tránsito de mercancías hasta el consumidor final. La Me moria de Hacienda señalaba que, a pesar de que las alcabalas quedarían abolidas a partir del primero de diciembre de 1884, era un hecho que, si bien aquellas no constituían el principal recurso para la federación, sí eran un recurso primordial para las finanzas estatales. Asimismo que, cuando algunas entidades habían asumido efectivamente la abolición de la alcabala, se habían tenido que decretar nuevos impuestos, pero éstos no habían sido bastantes para satisfacer las necesidades de la localidad, porque en términos generales la alcabala representaba para los ingresos de los estados entre 30% y 70%. Agregaba la memoria que, después de dos meses de deliberaciones, se había decretado modificar el artículo 124 de la Constitución, estableciéndose entre otras cosas que los estados no podrían imponer ningún derecho por el simple tránsito de mercancías. Tampoco podrían prohibir los estados ni directa ni indirectamente la entrada a su territorio, o la salida de él, de ninguna mercancía -salvo aquellos por motivos de policía-. No gravarían los artículos de producción nacional para su salida al extranjero o a otro estado -como sucedía en el tema del maíz y el trigo en los Estados Unidos- y las mercancías nacionales no estarían sometidas a inspección o registro en los caminos ni exigirían documento fiscal alguno para su circulación. La iniciativa del Congreso, retomada en la Memoria de Hacienda, buscaba alejar el peligro de que los estados dictasen disposiciones que menoscabaran la libertad del comercio. Asimismo, al no gravar los estados las importaciones y exportaciones, se ofrecía una base segura para realizar los cálculos que necesitaba el comercio importador y para estimular el movimiento exportador. Con estas reformas se pretendía restituirle al código de 1857 sus preceptos que reivindicaban 'la libertad mercantil, devolviendo al tráfico las franquicias y facilidades que tanto necesitaba", sin menoscabar el espíritu que habían tenido los Constituyentes acerca de la libertad que tenían los estados de la federación para establecer los impuestos locales que considerasen convenientes.⁷² A manera de muestra y respecto a lo último, se mantuvo vigente la Ley de Contribuciones para el Distrito Federal que en ocho capítulos y 178 artículos establecía minuciosamente la tributación a pagarse sobre bienes inmuebles , derechos de patente, giros comerciales y actividades profesionales, entre otras categorías.⁷³ En este sentido, una interpretación de la legislación en torno a las cargas fiscales existentes en la república le da la razón a Matías Romero, quien durante sus negociaciones con políticos e inversionistas estadounidenses había afirmado que el gobierno mexicano , a pesar de fomentar una política liberalizadora, mantendría todos aquellos impuestos esenciales para hacer frente a los gastos del presupuesto federal y que no invalidaría aquellos de los estados, que en la esfera de su soberanía considerasen esenciales para su vida diaria.

Finalmente, pero por ello de una importancia cardinal, el gobierno de Manuel González promovió la creación y modificación de leyes que estaban en directa relación con la política de fomento al comercio, para facilitar las inversiones y para ubicar a México en la modernidad que abiertamente reclamaban las potencias del mundo industrializado. Primero, se dio a la tarea de legislar para dar vida a la constitución de la moderna banca en México, en la cual participaban antiguos prestamistas mexicanos y una muy interesante red de casas bancarias europeas.⁷⁴ Posteriormente fue terminado el Código de Comercio. En su artículo primero se definía al comercio como "la reunión de actos cuyo objeto exclusivo es el lucro, mediante la compra, venta o permuta de los productos de la naturaleza, de la industria o del arte".⁷⁵ En el artículo segundo se establecía que todos los habitantes de la república, nacionales o extranjeros, en el goce de todos sus derechos podrían dedicarse al comercio contrayendo por ello mismo facultades y obligaciones, respetando los tratados existentes entre la república y otras naciones, pero sin la posibilidad de intentar otros recursos, representación o apoyos de otras naciones u otra legislación que no fueran las propias disposiciones del presente Código de Comercio. Era un esfuerzo de normalización que pretendía liberalizar las actividades comerciales, pero que no lo conseguía del todo debido a las inercias de la burocracia, y fundamentalmente porque México no producía ni consumía lo suficiente como para que los ingresos fiscales dejasen de depender de las multas y de las tarifas aplicadas a un grupo reducido de mercancías comercialmente redituables. Por otro lado, el Código de Comercio continuó con la indicación de las políticas seguidas desde el gobierno de Benito Juárez en la segunda mitad de 1867: la república no acepta ni aceptará la protección de gobiernos extranjeros a particulares cuyos derechos deberán hacerse efectivos luego de tratarse en tribunales mexicanos y de acuerdo con la legislación propia de la república. El trasfondo era no reproducir el esquema de deudas como resultado de convenciones diplomáticas.

Prácticamente al mismo tiempo fue decretada la Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos.⁷⁶ En su artículo dos se señalaba que no se podría adjudicar a un solo individuo fracciones de terreno superiores a dos mil quinientas hectáreas. Mexicanos y extranjeros que quisiesen establecerse como colonos deberían pagar el terreno adjudicado al contado, en plazos de hasta diez años o a título gratuito, pero en este último caso no podría el terreno exceder las cien hectáreas. Para mantener la titularidad era indispensable haberlo cultivado todo o hasta una décima parte y por cinco años consecutivos. Los colonos, en su calidad de inmigrantes extranjeros, deberían contar con un certificado del agente consular respectivo, pero igualmente gozarían de las siguientes exenciones: servicio militar, toda clase de contribuciones salvo las municipales, derechos de importación sobre instrumentos de labranza, herramientas, materiales para la construcción, así como muebles y animales destinados a la colonia, entre otras. Los colonos tendrían que cumplir un contrato con el gobierno federal, y podrían mantener su nacionalidad o naturalizarse. El artículo 16 señalaba que los mexicanos que quisieran establecerse en los lugares desérticos de la frontera recibirían cesiones gratuitas (100 ha) y el goce de diversas exenciones por quince años. Los artículos 18 al 27 trataron el asunto de las compañías deslindadoras, particularmente el 21 y el 25; los incisos i-v son de particular importancia porque aun pensando en una disposición cuyos orígenes podrían revelar un espíritu benefactor hacia el colonizador como ente individual, en la práctica, la ley dio certeza jurídica a las concesiones que en el ámbito de terrenos estratégicos les habían sido concedidas a las compañías constructoras de vías férreas. Asimismo, porque a partir de la legislación gonzalista se aumentó el ritmo de concentración de tierras en manos de unos cuantos dueños, todos ellos cobijados por el velo protector, primero de don Manuel y posteriormente cimentados jurídicamente y por acciones de gobierno durante la prolongada dictadura porfirista. Este proceso se materializó en los grandes latifundios característicos del régimen que posteriormente generaría el problema agrario que surgió en la Revolución Mexicana.

Por último, la otra gran reforma fue el Código de Minería. Se establecía en el artículo cuatro: "la ley concede a los particulares [...] la propiedad de las minas por tiempo ilimitado"; los mexicanos y extranjeros podrán legalmente adquirir propiedad minera (5o., 6o.); la propiedad minera se transfiere libremente (7o.); "la propiedad minera no caduca" (8o.), y en los artículos 196 y 197 se les exceptuaba por cincuenta años de contribuciones directas a las minas de carbón, hierro y azogue. Asimismo se señalaba que estaba libre de todo impuesto la producción de oro, la plata en pasta o acuñada y demás metales, mientras circularan dentro de la república.⁷⁷ Con el Código Minero de 1884 se daba un salto histórico respecto a la forma como se había considerado la propiedad del subsuelo desde tiempos coloniales. Ya no era una graciosa concesión del monarca español o del Estado mexicano, sino que ahora se entraba al modo angloamericano de propiedad individual. Un minero, una compañía mexicana o una corporación internacional podrían, si seguían lo dispuesto por la ley, ser propietarios ad perpetuitatem de la mina y de los productos extraídos. La lectura de la correspondencia diplomática, lo mismo que lo expresado en privado y por la prensa, da cuenta de lo importante que resultaba para los potenciales inversionistas que el gobierno mexicano promoviera una reforma estructural en lo tocante al tema de los derechos de propiedad. Era lo acorde a la modernidad del último cuarto de la centuria decimonónica, caracterizada por un despegue económico de las potencias industrializadas y una competencia descomunal que solamente se detendría con la Primera Guerra Mundial. En el caso concreto de México, los derechos de propiedad del suelo y el subsuelo darían un vuelco de 180 grados a partir de los preceptos plasmados en la Constitución Federal de 1917. En las siguientes dos décadas (1920-1930) las presiones de los intereses extranjeros, lo mismo en la gran propiedad que en la industria minera y del petróleo, subrayaron haber invertido legalmente bajo el marco jurídico que se derivaba de la reforma de 1884. Ésta, como las otras durante el cuatrienio gonzalista, fue concebida como la base indispensable para que México dejara el atraso y el aislamiento y se insertara en el camino civilizado, el de los beneficios del mundo moderno. Había sido la primera vez que una administración mexicana en poco más de tres años lograba frutos maduros de una política de fomento económico; desafortunadamente el crecimiento no se sostuvo. Promesas, pero también logros importantes y recaídas periódicas, fueron el denominador común durante el Porfiriato y a lo largo de la siguiente centuria en las políticas económicas de los sucesivos gobiernos mexicanos.

Fuentes

Archivos

Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

Archivo Histórico del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria.

Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Archivo Manuel González, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Biblioteca de Legislación y Jurisprudencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Collection of Press Cuttings from English and Foreign Newspapers relating to the Financial and Commercial Affairs of Various Countries, 1860-1975, The Council of Foreign Bondholders, Old Store, Guildhall Library, London.