Antecedentes

Las casas de moneda tienen por función sustantiva acuñar moneda. Su actividad se considera de interés público, porque permite a los particulares acceder a un instrumento (la moneda) que es un medio de intercambio, un medio de pago, una medida de valor y, al mismo tiempo, un medio de atesoramiento. La moneda tiene, además, las siguientes características: es homogénea, divisible, durable y fácilmente transportable;¹³ por lo tanto, dicho objeto juega un papel fundamental en la vida de todas las comunidades.

Durante el periodo virreinal, el territorio novohispano contó con la Real Casa de Moneda de México para su abastecimiento. La ceca se estableció en la ciudad de México por real cédula de 11 de mayo de 1535, ejecutada por el recién llegado virrey Antonio de Mendoza.¹⁴ No obstante, el sistema productivo de la plata, la posibilidad de acceso al crédito por parte de los mineros y el sistema comercial del virreinato impidieron que el abastecimiento de moneda fuera eficiente. El resultado fue un sistema penúrico, donde la producción de moneda se utilizó sobre todo para concretar las operaciones comerciales a gran escala con Europa y Asia, además de hacer posible el cobro de impuestos, situación que limitó su circulación a nivel interno.¹⁵

La primacía de la ceca mexicana, sin embargo, causó controversias. En el siglo XVIII, las reformas impulsadas por la casa de Borbón incluyeron entre sus objetivos, además de un mayor control político y administrativo sobre las áreas de frontera, un proyecto para el establecimiento de casas de moneda en diferentes centros mineros.¹⁶ Se presentaron proyectos para establecer una segunda casa de moneda que aumentara el dinero circulante, ya fuera en Guadalajara o en Zacatecas. El primero de dichos proyectos se propuso en 1729 y el otro en 1769. Estas medidas, que se convirtieron en una fuente de conflicto entre la Corona y los poderes políticos virreinales, no lograron ser impuestas, por lo que, en 1792, las autoridades virreinales emitieron un informe desestimando el funcionamiento de un nuevo local, aludiendo a los inconvenientes que les resultarían a los almaceneros de la ciudad de México.¹⁷

Tales medidas revivirían durante el conflicto por la Independencia. Las condiciones de escasez de moneda se agudizaron tras el movimiento iniciado por Miguel Hidalgo, en 1810, lo que incitó a las autoridades a replantearse la situación. El movimiento armado afectó al sector minero al reducir el acceso a la mano de obra, desorganizar el sistema de rescate, dificultar el funcionamiento de los circuitos de abasto de insumos y comunicaciones, así como aumentar el costo del transporte y significar una pesada carga para el sector, al presentarse una serie de contribuciones y préstamos forzosos impuestos por ambos bandos en pugna.¹⁸

Los factores antes señalados coadyuvaron para que las autoridades permitieran el funcionamiento de casas provisionales en las siguientes localidades, durante los años marcados entre paréntesis: Sombrerete (1810-1812), Zacatecas (1810-1821), Durango (1811-1821), Chihuahua (1811-1821), Real de Catorce (1811), Oaxaca (1812), Guanajuato (1812-1813), Guadalajara (1812-1821), Valladolid (1813) y Sierra de Pinos (1814).¹⁹

Oaxaca ante la instauración de las casas provisionales, 1812-1816

Las casas de moneda provisionales tendrían como función la acuñación de monedas de necesidad. Se les llama monedas de necesidad u obsidionales a aquellas que se emiten cuando una ciudad está sitiada, pero también cuando el gobierno es incapaz de proveer los medios de intercambio para la población.²⁰

El surgimiento de las casas de moneda provisionales fue un fenómeno que causó revuelo en la época. La autorización para que las autoridades de diferentes ciudades emitieran moneda podía leerse como un efecto de la gravedad de los problemas generados por los insurgentes, además de poner en la mesa la potestad real sobre la amonedación. Para comprender la controversia debemos recordar que, en el Ancien Régime, la amonedación siempre fue un derecho real,²¹ el cual se asociaba a la autonomía del reino.²²

Ahora bien, antes de continuar es importante hacer algunos apuntes sobre Oaxaca, la minería en ese territorio y sus posibles cambios, derivados de las circunstancias generadas por el movimiento independentista, a fin de considerar el funcionamiento de la casa provisional autorizada en 1812. A finales del siglo XVIII, Oaxaca era una intendencia suscrita al reino de México.²³ Dicho territorio, que serviría prácticamente de base para el establecimiento de la federación mexicana, era una “provincia caracterizada por su agreste geografía, su dispersión demográfica y con pésimas comunicaciones”, la cual, apoyada por la reglamentación hispana, basaba su comercio y riqueza en la producción de grana cochinilla y mantas de algodón.²⁴ Por ello, no es de extrañar que, previo a la caída del virreinato novohispano y pese a su relativo éxito,²⁵ las minas oaxaqueñas se encontraran a la zaga de las de Chihuahua, Sonora o Guadalajara. De hecho, los dos únicos reales de minas registrados en Oaxaca hacia 1774 eran Oaxaca y Villa Alta, mientras que Zacatecas contaba con ocho reales de minas y 82 minas de plata corriente.²⁶

La falta de apoyo al sector minero oaxaqueño incidía en dificultades para acceder a la mano de obra, escasez de capitales enfocados en la habilitación de minas, problemas para conseguir el abasto de insumos como el azogue, lo que redundaba en técnicas inadecuadas para el procesamiento y altos costos para el transporte, elementos que se extrapolaron al comienzo de los conflictos bélicos.

Hasta hoy, las noticias sobre el establecimiento y la operación de la ceca provisional oaxaqueña son casi nulas. Los datos apuntan a que dicha casa de moneda inició operaciones en octubre de 1812, acuñando “pesos en monedas de ocho reales, uno y medio real”.²⁷ Dichas piezas tenían sobre el anverso “una ‘cruz de Jerusalén’, cantonada arriba del león y castillo y debajo de F[ernand]o. 7o”.²⁸ La emisión de piezas obsidionales se justificó porque hacía más de un año que no se recibían monedas desde la ciudad de México. Aunque el alivió fue momentáneo, pues en diciembre la ciudad de Oaxaca fue tomada por José María Morelos y Pavón.

Por lo que toca al bando independentista, consta que las monedas conocidas como Morelos fueron ordenadas por el general en 1811, en el actual estado de Guerrero, desde donde la acuñación se extendió a Antequera de Oaxaca entre 1812 y 1814. Sobre la materia prima utilizada para estas emisiones debe considerarse que tras la toma de la ciudad de Oaxaca “El botín en grana, dinero y plata labrada ascendió a la suma de tres millones de pesos”,²⁹ pero también que ésta pudo provenir de las minas de Pachuca, donde: “En abril de 1812 se capturaron 200 barras de plata; [y] un ciento de éstas se reservó a Morelos y las amonedo en Oaxaca”.³⁰ Igual de importante, aunque casi desconocido es el hecho de que, una vez establecida la insurgencia en la ciudad de Oaxaca, el general Morelos comisionó a Francisco Pimentel para realizar una inspección en distintas minas abandonadas, con el objetivo de que éstas pudieran ser rehabilitadas y utilizadas a su favor, misión que resultó infructuosa.³¹ Con estos datos, cabe advertir que las monedas de Morelos, fabricadas a través de fundición entre 1811 y 1814, se realizaron principalmente en cobre, algunas en plata y muy pocas en oro. Es decir, se trató sobre todo de moneda fiduciaria,³² para la que aún se desconoce la contribución de los metales oaxaqueños.

Al poco tiempo de la toma de la ciudad de Oaxaca, Morelos se vio obligado a salir del territorio. Entre enero y febrero de 1813, Morelos volvió a encabezar a sus tropas con el objeto de lograr la toma del puerto de Acapulco, por lo que, sin el liderazgo del general, la ciudad fue recuperada por los realistas en marzo de 1814 y quedó en manos del brigadier realista Melchor Álvarez.³³

La insurgencia en el sur sufriría una baja sensible a principios de noviembre de 1815, cuando Morelos fue capturado y fusilado. Con el fortalecimiento de la autoridad real en la zona, entre 1815 y 1816, la Real Tesorería de Oaxaca llevaba a cabo las dos actividades siguientes: la recolección de moneda provisional³⁴ y la remisión de moneda y metales preciosos, para su fundición y acuñación en la Real Casa de Moneda de Guatemala. Según se desprende de la documentación, la casa de moneda provisional no volvería a funcionar en la capital y en su lugar la Tesorería de Oaxaca remitía monedas, plata y oro a la fábrica guatemalteca, la cual devolvía moneda de cuño mexicano y tabaco en polvo y rama.³⁵

Los diferentes y arraigados vínculos que unían a Oaxaca y a Guatemala,³⁶ junto con la tradición de trabajo de la ceca guatemalteca que se remontan a la primera mitad del siglo XVIII,³⁷ podrían ayudar a entender que las cosas se hicieran así. La remisión de la escasa materia prima de dicha provincia a la Casa de Moneda de Guatemala parece más lógica y económica, tomando en cuenta que en Oaxaca hacía falta la infraestructura y el personal capacitado necesario para emprender la labor de amonedación.

La negociación política-legal por la ceca oaxaqueña, 1821-1850

En 1821, Nueva España alcanzó la independencia política de España y con ello se suscitaron diversos intentos para ordenar el territorio. El primer ejercicio de ello fue el establecimiento de un Imperio, el cual fue dirigido por una regencia y, posteriormente, por Agustín de Iturbide. A la caída de éste, en 1823, y tras el establecimiento del Congreso Constituyente de aquel año surgió la república de los Estados Unidos Mexicanos.

A lo largo de estos primeros años, la élite política y económica de la ciudad de Oaxaca parece haberse decantado por el establecimiento de un gobierno local fuerte, que les permitiera gobernar el territorio y reactivar la economía, a través de continuar explotando a la mayoría indígena que poblaba el territorio del nuevo Estado y la promoción de las exportaciones.

La defensa de esta postura parece haber sido el origen de la protesta del 1 de junio de 1823, mediante la cual el militar Antonio de León y un grupo de simpatizantes proclamó la independencia de Oaxaca respecto de México, hasta que no se ordenara el establecimiento de un nuevo congreso simpatizante de las pretensiones federalistas de las provincias;³⁸ pero, también de los albores de un plan político que, basado en las propuestas ilustradas de la época, buscara identificar los recursos humanos y naturales disponibles.³⁹

El carácter federalista de la carta magna de 1824 acentúo la posibilidad para que algunas de las facciones políticas locales, las cuales ya habían intentado establecer casas de moneda y acuñar metales, mantuvieran su postura, asimismo, para que quienes no lo habían hecho comenzaran su negociación. Oaxaca fue uno de los territorios que buscó establecer dicha institución.⁴⁰

Debe insistirse en que la utilidad de las casas de moneda estatales se derivaba del hecho de que a partir de éstas se podía contar con recursos que permitieran hacer frente al gasto corriente, como el pago de sueldos al ejército y la burocracia, así como la liquidación de los préstamos realizados al gobierno.⁴¹ Aunque, desde el discurso político se apeló a que el establecimiento de una casa de moneda en los territorios productores de metales preciosos evitaba los peligros de su remisión a la ceca de la ciudad de México, ya que resultaba engorroso el tiempo de espera para que los metales fueran amonedados y, luego, los peligros del retorno desde la capital hacia los distintos territorios; sin olvidar la necesidad de los particulares de contar con moneda para llevar a cabo sus transacciones comerciales.

Según los datos conocidos, pese a sus altibajos, la economía en Oaxaca se mantenía fuertemente ligada al comercio de la grana y los capitales carecían de opciones para reducir los riesgos. Al respecto, en estos años se puede identificar a tres individuos que eran comerciantes, tenían participación en el sector minero y, además, formaban parte de la política local como miembros del congreso estatal, se trata de Antonio García Camacho, José Antonio Silva y Pedro José de la Vega.⁴² Por lo que cabe la posibilidad de que la primera propuesta para el establecimiento de la ceca proviniera de ellos.

La solicitud hecha por el gobierno oaxaqueño en 1824 se pensó viable de acuerdo con las nuevas resoluciones y los valores propuestos por el congreso general. Es decir, el requerimiento de la casa de moneda parecía estar en concordancia con el artículo 50° constitucional, referente a “Las facultades exclusivas del congreso general” y, en especial, con su sección XV, donde se señala una de las prerrogativas de dicho congreso general: “Determinar uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los Estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas”.⁴³ No obstante, pese a su viabilidad, el proyecto oaxaqueño no tuvo una resolución favorable.

A lo largo de la siguiente década, el destino de Oaxaca osciló entre los intereses de los adinerados de la ciudad, conocidos como “aceites”, y sus oponentes a los que denominaron los “vinagres”. Diferencias que andando el tiempo quedaron cada vez más ligadas a las acciones externas, ya mediante los conflictos que se sucedían en la ciudad de México, ya por la actuación de los comandantes militares apostados en el territorio. Al respecto, en 1834, cuando los militares en Cuernavaca encabezados por Antonio López de Santa-Anna se rebelaron en contra del gobierno de Valentín Gómez Farías y sus medidas en contra de la iglesia católica, una guarnición en Oaxaca secundó el levantamiento y el gobernador fue depuesto y la legislatura disuelta. En su lugar comenzó a funcionar un ayuntamiento y se organizó una elección para establecer un nuevo congreso, el cual estaba dominado por los “aceites”.⁴⁴ Mientras esto sucedía, en el país se establecía el régimen centralista y se promulgaban Las Siete Leyes.

El nuevo gobierno central ordenó la supresión del ensayo político de la federación y canceló a los estados el beneficio de la amonedación. En su lugar, se ofertó el arriendo de varias casas de moneda, a cambio de diferentes préstamos.⁴⁵ Las autoridades en Oaxaca aprovecharían la situación y elevarían una nueva solicitud al gobierno entrante para que se les dotara de una casa de moneda. Cabe acotar que, pese a las diferencias que implicaron los modelos federalista y centralista, en el tema de la acuñación de monedas, la nueva constitución no presentó ningún cambio respecto a la de 1824. De hecho, ambos sistemas políticos se mantuvieron firmes en señalar que la prerrogativa sobre la determinación del peso, ley, valor y denominación era potestad del congreso general.⁴⁶ Sin embargo, en las nuevas circunstancias, Oaxaca tampoco logró su objetivo.

Los dos fracasos anteriores no impidieron que en 1840 se mandara una nueva solicitud al poder legislativo. En este caso, la propuesta la hizo el representante de la industria minera de Oaxaca, José Joaquín Guergué, y fue apoyada por el gobernador del estado, una junta e incluso por una empresa interesada en hacerse del arrendamiento. Al respecto, cabe apuntar algunos elementos que esclarezcan esta unión de intereses: Guergué era un reputado comerciante y minero, yerno del también minero Manuel Solar Campero, mientras que la gubernatura del estado recaía una vez más sobre José López Ortigosa, hijo del comerciante-minero Tomás López de Ortigosa.⁴⁷ Existen referencias de que, en 1826, una compañía inglesa comenzó a trabajar minas en Ixtlán y Villa Alta,⁴⁸ aunque cabe advertir que fue en la década de los treinta cuando muchos inversionistas ingleses se decepcionaron y retiraron sus capitales de México, y se quedaron sólo en aquellos territorios más rentables.⁴⁹

Con este “empuje” no sorprende que las solicitudes de aquel año derivaran en el establecimiento de una comisión, cuyos trabajos debieron marcar la pauta para la redacción del decreto del 16 de julio de 1842, mediante el cual el presidente provisional, Antonio López de Santa-Anna, concedía al Departamento de Oaxaca la tan anhelada casa de moneda.⁵⁰

Este documento, además, señalaba los principales problemas a los que se enfrentaba la economía oaxaqueña a mediados del siglo XIX. En el texto, se aludía a los problemas por los que atravesaba la grana, el principal ramo de exportación, debido a “las nuevas invenciones [de] la química [que] ha sabido substituirla”, produciendo “una baja en su precio, quitando la necesidad de proveerse allí solamente de ella”, así como a la competencia de la grana cultivada en Guatemala, Honduras, Islas Canarias, Filipinas y Argelia.⁵¹ En el escrito, también queda constancia de la consolidación de un plan económico, en el que tanto el gobierno general como el local se volcarían hacia un intento por consolidar la explotación de los minerales del departamento.⁵²

Cuando todos estaban felices por la declaratoria de instauración de la ceca oaxaqueña, como años después escribiría el gobernador Benito Juárez, “una nueva revuelta, origen siempre de nuestros males públicos, vino a impedirlo”.⁵³ Esta vez se trató del plan de San Luis y el desconocimiento del Congreso Constituyente, por parte del general José Ignacio Gutiérrez. Acontecimientos a los que se habría de sumar la invasión norteamericana, sucedida entre 1846 y 1848.

Los conflictos políticos y la caída de los precios de la grana crearon una enorme presión sobre la hacienda estatal, de forma que, en la memoria presentada por el gobernador interino, Benito Juárez, consta el interés por encontrar la manera se hacerse de recursos. Entre las medidas económicas propuestas se retomaba la formación de estadísticas fiables que permitieran conocer los recursos disponibles y crear condiciones para favorecer el comercio (construcción de caminos y habilitación de un puerto de altura para establecer el comercio internacional), mientras que para la minería se proponía la formación de una comisión que formulara medidas para beneficiar el ramo, que serían tomadas en cuenta por el legislativo. Por supuesto, se retomaba la cuestión de la ceca estatal, aunque advertía que ésta no había podido ser abordada porque el estado carecía de los fondos suficientes.⁵⁴

Posteriormente, se llevó a cabo un cuarto intento para establecer la casa de moneda de Oaxaca, que tuvo lugar en 1849. El primero de septiembre de aquel año, el congreso local facultó al ejecutivo para establecer una casa de moneda y apartado, así como un banco de depósito de plata y oro.⁵⁵ En esta ocasión, el estado con sus propios recursos, y aludiendo a “la intervención consiguiente que la ley da al gobierno general sobre este punto”, había decidido autorizar la apertura del establecimiento por su cuenta.

Un mes después, un decreto anunciaba que: “el gobierno del estado [de Oaxaca] negociará con el Supremo de la Nación la empresa del establecimiento de la casa de moneda”. En éste se señalaba que: “Contratada la empresa por cuenta del Estado, el gobierno ejecutará el decreto del 1º del actual”.⁵⁶ Sin embargo, en el pináculo de este acontecimiento, el ministro de Hacienda de la nación señaló que: “por resolución de 5 de enero de 1850, no podía permitírsele el establecimiento de la casa de moneda, porque la condición 18ª de la contrata que había celebrado el gobierno para el arrendamiento de la casa de la capital prohibía que se permitiera el establecimiento de otra en el radio de 150 leguas”.⁵⁷

El ministro se refería al hecho de que, el 23 de febrero de 1847, el presidente sustituto Valentín Gómez Farías había arrendado por 10 años la Casa de Moneda y Apartado de México a un grupo de particulares, a cambio de 174 100 pesos. Los postores iniciales fueron Matías Rayuela y Felipe García, aunque cabe señalar que García era el representante de Alejandro Bellange, Ewen Clark Mackintosh, Pedro Roché y Genaro Béistegui, quienes ganaron la postura al comprometerse a pagar en efectivo la cantidad referida, en el momento mismo en que se firmara el contrato.⁵⁸

Los pasos titubeantes de la ceca oaxaqueña, 1856-1860

Las medidas económicas tomadas durante la gubernatura de Juárez, entre 1848 y 1852, revelaron el aumento del interés sobre el ramo de la minería por parte de diferentes individuos de la élite local, entre los que se destacan Miguel Castro, Pascual Fenochio, Benito Hempshire, Manuel Romero, Francisco Franco, José Contreras y Luis García Camacho, entre otros.⁵⁹

Los elementos hasta ahora expuestos sirven como antecedente para comprender los motivos por los cuales, el 7 de junio de 1856, el gobernador del estado de Oaxaca, Benito Juárez, volvió a proponer al gobierno de la federación el establecimiento de una casa de moneda. En esta ocasión, el gobernador dirigió un escrito al ministro de Hacienda, José María Urquijo y aprovechó para señalar que, debido a que estaba por concluir la contrata que impedía el establecimiento de la ceca oaxaqueña, le solicitaba que al renegociarse el contrato de concesión de la Casa de Moneda de la ciudad de México se rectificara dicha limitante. La respuesta de Urquijo, dada el 17 de junio, fue: “está resuelto el Superior Gobierno a reservarse la libertad necesaria para disponer el establecimiento de otra casa en ese estado, cuando lo crea conveniente”. A pesar de su brevedad, la respuesta sentó el precedente para la consecución de la tan anhelada ceca.⁶⁰

Al año siguiente, Ignacio de Goytia, agente encargado del Ministerio de Fomento en Oaxaca, escribió un oficio al gobernador del estado solicitando se le enviaran las noticias y antecedentes para continuar con la solicitud de la ceca. La respuesta, dada el 22 de abril, fue la remisión de algunos documentos entre los que se incluían informes de la diputación de minería y otras cosas proporcionadas por José María Bonequi. Con estos papeles en sus manos, el 19 de mayo el ministro de Fomento volvió a escribir al gobernador, pero esta vez para remitirle una copia de las 10 fojas en las que volvía a hacer la solicitud para el establecimiento de una casa de moneda en Oaxaca.⁶¹

Menos de tres meses después, el 11 de agosto de 1857, el presidente sustituto Ignacio Comonfort volvería a decretar el establecimiento de la Casa de Moneda de Oaxaca. En esta ocasión, el decreto estaría formado por dos artículos, el primero de ellos mandaba el establecimiento de la ceca, mientras que el otro señalaba una planta de 13 trabajadores y un gasto de 10 320 pesos en sueldos.

Poco menos de un mes después, el 14 de septiembre de 1857, la administración estatal recibió la aprobación del presidente sustituto para el establecimiento de la ceca, la cual fue arrendada al mismo gobierno local a través del coronel liberal Ignacio Mejía.⁶² Este superior decreto de establecimiento de la Casa de Moneda de Oaxaca fue ratificado por un decreto estatal dado en la capital del estado el 25 de marzo de 1858.

Antes de continuar se debe remarcar porque, a diferencia de todas las solicitudes anteriores, el gobierno del estado de Oaxaca logró la autorización para el establecimiento de la tan ansiada casa de moneda en 1857. Lo anterior nos obliga a ahondar en el contexto nacional, con el objeto de descubrir qué había cambiado. El hecho principal que parece explicar este nuevo rumbo es que para este momento la federación había recuperado la potestad sobre los derechos de amonedación, que habían sido delegados a los gobiernos estatales. El 12 de septiembre de 1857, por la ley de clasificación de rentas, los derechos regresaron a los estados, pero ante la escasez de fondos, Benito Juárez, para entonces ministro de gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, determinó el refrendo de los arrendamientos y la concesión de nuevos, incluido el de Oaxaca y San Luis Potosí.⁶³ Hasta que, en diciembre de 1857, los conservadores se levantaron con el Plan de Tacubaya.

En las siguientes líneas quedan plasmados el tono y las coincidencias entre ambos interlocutores. El arriendo concedido a Mejía estaría formado por las siguientes 11 cláusulas: a) el arriendo sería por 20 años; b) pasados los 20 años el gobierno recuperaría la ceca, incluida la maquinaria sin pagar nada por ella; c) la casa de moneda se establecería en donde se ubicó la renta del tabaco, sin pagar renta por ello; d) la renta del arrendamiento (de cinco mil pesos anuales) sólo se pagaría en los últimos cinco años y en los primeros 15 años el arrendatario gozaría del quinto de las minas de Oaxaca; e) la casa de moneda cumpliría con la ley, peso y tipo dispuesto por las leyes; f) el arrendatario otorgaría la fianza correspondiente, antes de iniciar con la acuñación; g) “el empresario pagará a los interesados el valor de los metales de la manera siguiente: la plata pura a los cinco y ocho días, por mitad en cada plazo, después de hechas las introducciones. De la plata mixta, la mitad a los cinco días y la otra mitad a los ocho siguientes”; h) “a los introductores se les abonarán ocho pesos dos reales por cada marco de plata de la ley de once dineros; y ciento treinta y cinco pesos seis reales por cada marco de oro de veintidós quilates, no pudiendo cobrar el empresario más que dos reales por marco de oro o plata por todo costo de amonedación. Por cuanto de apartado se cobrará lo mismo que se cobra en la Casa de Moneda de México”; i) esta cláusula es una reiteración de la cláusula “e”; j) la moneda debía ser reconocida y calificada por los empleados, el interventor, el jefe de hacienda, el interventor y el encargado de la balanza, antes de ponerse en circulación; k) del total de la acuñación el 5 % debería ser en moneda menuda: piezas de cuatro reales, dos reales, un real y de medio real. Estas condiciones, por otra parte, no resultan extraordinarias ni presentan diferencias notables con respecto a los datos conocidos para otras cecas.⁶⁴

A pesar de que sabemos que éstas fueron las condiciones de arriendo, cinco meses después, un joven Juan Pablo Franco⁶⁵ haría una nueva propuesta al gobierno para el establecimiento de la casa de moneda local. Conformada por ocho artículos, en ella se proponía: a) conceder el privilegio exclusivo de establecer una casa de moneda; b) la acuñación aumentaría a cuanta cantidad pudiera; c) se establecería una casa de moneda completa, cuya maquinaria se pediría a los Estados Unidos y los gastos correrían a cuenta de Franco; d) la concesión se haría por sólo 9 años, en los cuales el empresario cedería la cuarta parte de las ganancias al gobierno y la propiedad de la maquinaria al final del arriendo; e) Franco establecería el apartado de metales, el cual también pasaría al gobierno al término de los 9 años; f) el sueldo del ensayador/interventor sería saldado por cuenta de la empresa; g) si pasados los 9 años las utilidades no fueran suficientes para reembolsar el capital invertido en la maquinaria y, además, un 6 % de interés anual, entonces el contrato se prorrogaría 3 años más; h) finalmente, el empresario recibiría la actual casa de moneda mediante inventario y avalúo, obligándose a devolverla en el mismo estado de su recibo. Una versión, aparentemente en borrador, de esta propuesta presenta variantes en los puntos d) y g), señalando que cedería la tercera parte de las utilidades de la empresa y que la utilidad del gobierno la tomaría Franco hasta reembolsarse la mitad del valor de la maquinaria.⁶⁶ Pese a que en este momento no podemos conocer el impacto de esta segunda propuesta, su existencia queda como constancia de las posibilidades que se manejaron ante el gobierno federal.

Lo que sí puede apuntarse es que las cláusulas de la contrata son un indicador de la autorización de la ceca oaxaqueña, pues revelan la verdadera capacidad del gobierno federal. Considérese que, pese a la mejora de las finanzas federales, el gobierno carecía de los medios para la inversión directa, por lo que, como ya venía haciéndolo, prefirió delegar el establecimiento de la casa en manos de un tercero a cambio de préstamos en efectivo. Además, con esta alternativa se favorecía el interés de un sector de la élite oaxaqueña, al permitirle alzarse con el control de los recursos estatales. El arrendador correría con los gastos de la adquisición de la maquinaria y, además, aportaría una renta por concepto del arrendamiento. Maquinaria que en otras casas se cobraba a sobrecosto, ya que el gobierno la pagaba a precio de factura, pese al desgaste de uso tras 10 o 15 años de arriendo, y cuyo beneficio solía estar muy por debajo de la rentabilidad de la producción. Nominalmente, el gobierno federal también se beneficiaría al poder ofertar el servicio de la emisión de moneda en el territorio, manteniendo el control sobre su calidad a través de la figura del encargado de la balanza de la institución, el interventor de la moneda y el jefe de hacienda, como sucedía en otros territorios de la república. Mientras tanto, el arrendador se beneficiaría con el cobro de dos reales por marco de oro o plata por amonedación y el cobro por la labor de apartado del oro; ganancias que eran suficientemente atractivas para atraer a inversionistas nacionales y extranjeros en otros territorios de la república.

Ahora bien, aunque el gobierno supremo reconoció las cláusulas del contrato de arrendamiento de 1857 hecho con Mejía, todo parece indicar que, debido a los conflictos asociados al inicio de la guerra de Reforma, la ceca no llegó a operar a su máxima capacidad. En la práctica, la realidad volvía a jugar en contra del desarrollo de la Casa de Moneda de Oaxaca. Ese mismo año, José María Díaz Ordaz tuvo que salir a combatir al conservador José María Cobos y delegar la gubernatura en el acaudalado Miguel de Castro, quien además aparecerá como trabajador de la ceca.⁶⁷ No obstante, ante el avance de Cobos sobre la capital del estado, Díaz Ordaz fue destituido y Castro tuvo que huir a Ixtlán,⁶⁸ lo cual llevaría a la Declaración de la Soberanía y luego a la separación de Oaxaca de la Federación.⁶⁹

Ante estos hechos y su desarrollo, en 1869 Manuel Ortega declaraba ante el gobierno central que el estado de Oaxaca sólo había disfrutado ocho años del arrendamiento, por causa de la guerra, y que los 20 años que supuestamente debía disfrutar deberían comenzar a contarse a partir del 1 de enero de 1861.⁷⁰ Estos acontecimientos serán abordados en otro trabajo.

Consideraciones finales

El establecimiento de la Casa de Moneda de Oaxaca fue resultado de la confluencia de diferentes factores e intereses. Desde mediados del siglo XVII, las élites de la intendencia de Oaxaca, alineadas con las directrices de la monarquía española, plantearon las bases de la economía regional sobre la producción de grana cochinilla y mantas de algodón. Por eso, al finalizar el siglo XVIII, los escasos centros mineros de la intendencia presentaban rezagos notables con respecto a otras zonas del virreinato novohispano; ya que en los reales mineros oaxaqueños la mano de obra siempre había sido escasa, al igual que los capitales. A ello se sumó el bajo rendimiento de las vetas distribuidas en la intendencia, lo cual limitó, desde el principio, el acceso a insumos como el azogue. Todos esos elementos estaban condicionados por una geografía agreste, la dispersión de los asentamientos humanos, la ausencia de caminos y el alto costo del transporte.

Ahora bien, al comenzar la guerra de Independencia estos elementos no hicieron más que agravarse. Los conflictos redundaron en enormes problemas para la comercialización de la grana, los textiles y la movilización de la, ya de por sí, escasa producción minera. En consecuencia, la región padeció escasez de numerario. Para intentar resolver este problema, las autoridades virreinales autorizaron la apertura de una casa de moneda provisional en Oaxaca, de la que no se conocen mayores referencias que el año en que inició sus operaciones y la descripción de algunas de las piezas amonedadas. Por el contrario, se cuenta con más datos sobre la acuñación del bando insurgente. En el artículo, se hacen contribuciones sobre el periodo independentista, al aludir al proyecto planteado por Morelos, mediante el cual se buscaba identificar minas que pudieran capitalizar el movimiento insurgente, y se apuntan datos que permiten conocer que hacia 1815-1816 la Tesorería de Oaxaca remitía monedas, plata y oro a la Casa de Moneda de Guatemala, la cual devolvía moneda de cuño mexicano y tabaco en polvo y rama.

Sobre los múltiples intentos para establecer una ceca en Oaxaca, el trabajo permite visualizar el proyecto político-económico liberal de una parte de la élite de la ciudad: por un lado, revela una propuesta para establecer un gobierno local fuerte, que permitiera conservar el control político-económico de la antigua intendencia de Oaxaca, que sería la base de la división territorial de la federación mexicana para conformar el estado de Oaxaca; por otro, permite observar cómo algunos miembros de la élite local, cuyas actividades económicas se repartían entre el comercio y la minería, alcanzaron puestos en el gobierno. Posición, esta última, desde la que promovieron el fomento del comercio, el desarrollo de caminos y el mejoramiento de la minería y su beneficio. Al respecto, argumentaron que el establecimiento de una casa de moneda evitaría los peligros de la remisión de los metales preciosos a la ceca de la ciudad de México, reduciría el tiempo de espera para que los metales fueran amonedados, disminuiría los peligros del retorno de la moneda desde la capital, aliviaría la necesidad de los particulares de contar con moneda para llevar a cabo sus transacciones comerciales y hasta favorecería al gobierno, al constituir una fuente de derechos alternativa, ante la caída del comercio de la grana.