El pasado 17 de julio se cumplieron 87 años del inicio de la Guerra Civil española, la conflagración que provocó el desangramiento intelectual de España en la primera mitad del siglo XX y, con ello, la implosión del esfuerzo de actualización de la tradición humanista del mundo ibérico llevado a cabo por el maestro Francisco Giner de los Ríos y quienes poblaron la esplendente Edad de Plata. Las dos generaciones llamadas a ser el motor de la modernidad española del siglo pasado, la de 1898 y la de 1927, se escindieron por igual en la sinrazón política característica del fin del siglo XIX alimentada por la emergencia de los totalitarismos mellizos, cuya madre, la crisis de la cultura liberal, continúa acechando el mundo occidental ya bien entrada la actual centuria.

En esa coyuntura, quienes otrora compartían y confrontaban en la convivencia, y aun en la amistad, sus discordancias, coincidencias y expectativas -personalidades como los hermanos Antonio y Manuel Machado, Miguel de Unamuno y Azorín o Pío Baroja, Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera, José Ortega y Gasset y Joaquim Xirau, María Zambrano y Dionisio Ridruejo- vieron aplastado el potencial nacional de su lucidez intelectual, científica, estética y humana por el peso de la polarización y el encono ideológicos.

Pese a la contradicción entre el antihispanismo de nuestro discurso político y el carácter profundamente hispánico de nuestra naturaleza cultural, la lucidez histórica y la sagacidad política de gente como Daniel Cosío Villegas y Lázaro Cárdenas permitieron que México abriera -no sin tropiezos y dificultades- sus puertas a la diáspora republicana. En la diversidad social y cultural del caudal humano que llegó al país, la suerte, la generosidad, la historia, nos regaló un segmento significativo de la España que en su momento no pudo ser.

Mucho se ha escrito sobre la deuda intelectual de nuestro país con el exilio republicano. En lo que toca al mundo académico, no es exagerado decir que el lugar de nuestra universidad entre las primeras cien del planeta sería imposible sin la herencia que la diáspora republicana de España nos legó. Sin embargo, a pesar de lo mucho que se ha investigado y discutido, la riqueza de los aportes del exilio republicano español continúa ofreciendo sus frutos. El libro de Elisa Speckman lo demuestra.

Historiadora y jurista, la doctora Speckman enriquece el conocimiento de la persona y aportaciones de un grupo específico de juristas refugiados en México a raíz de la Guerra Civil española. En ese sentido, la investigadora se suma a la labor desarrollada por distinguidos estudiosos del derecho que han centrado su mirada en el exilio republicano como Fernando Serrano Migallón, Luis Arroyo Zapatero, Eva Elizabeth Martínez Chávez, Beatriz García Arce, Jacqueline Alejandra Ramos García, Luis Jiménez de Asúa, María Dolores Ramos y Gerardo Armando Urosa Ramírez, entre otros. Sin embargo, conviene reiterar que la autora se enfoca en un grupo específico de estudiosos y practicantes del ámbito jurídico: aquellos que destacaron por su contribución al ejercicio, el estudio y la enseñanza de las ciencias penales.

En Penalistas españoles y ciencias penales en el México de mediados del siglo XX, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, encontramos un panorama amplio, pero no por ello menos detallado de la extensión y la profundidad de las aportaciones de este reducido grupo de penalistas de la diáspora republicana española. El libro se compone de cinco capítulos y un epílogo. El primero comprende una descripción de las trayectorias fundamentalmente académicas y políticas de los penalistas republicanos, tanto en España como en México, así como sus trazos biográficos fundamentales. El segundo capítulo aborda los nexos entre ellos antes y después, en el exilio; las relaciones establecidas con sus colegas mexicanos, y la integración en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El tercero explora la relación de los penalistas españoles con las instituciones mexicanas, su contribución al fortalecimiento del andamiaje jurídico institucional, a la capacitación de su funcionariado y, de manera señalada, su labor como comentaristas y redactores de leyes. El cuarto capítulo aborda su impacto en nuestro país como factores de profesionalización de las ciencias penales, particularmente a partir de su inserción en las instituciones educativas mexicanas, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación. Finalmente, el quinto capítulo incursiona en las aportaciones específicas a las ciencias penales llevadas a cabo por este grupo de eminentes penalistas españoles, concretamente en el terreno de la criminología y la gestión penal y correccional, así como sus reflexiones y consideraciones sobre aspectos políticos, bélicos, biológicos y sociales vinculadas a su especialidad.

Siguiendo la taxonomía de Mariano Ruiz-Funes, uno de los más destacados entre ellos, la autora define su campo de estudio con base en la división entre criminalistas, es decir, aquellos que estudian el delito y el delincuente en lo individual y en lo social, y los propiamente penalistas, esto es, quienes centran su actividad en la formulación y aplicación del derecho penal y la penalogía. A partir de esta distinción, Elisa Speckman aborda la actividad de nueve penalistas que llegaron a México entre 1939 y 1949: Niceto Alcalá-Zamora, quien durante su exilio en México desarrolló una extensa obra y labor en el campo del derecho procesal; Fernando Arilla Bas, quien escribió fundamentalmente en México su obra de reflexión y elaboración jurídica; Constancio Bernaldo de Quirós, atento estudioso, antes y durante su estancia en México, de las determinantes físicas y psicológicas en el orden criminalístico; Francisco Blasco Fernández de Moreda, sensible a los aspectos históricos de la ciencia jurídico-penal; Ricardo Calderón Serrano, volcado hacia la vertiente jurídico-penal en el campo militar; Julián Calvo Blanco, interesado de manera permanente en el aspecto social del marco jurídico; Victoria Kent Siano, incansable impulsora de la humanización de la vida carcelaria como vehículo para la reinserción social de los internos, a través de la revisión y la actualización constante de los conceptos y las normas en esa materia; Mariano Jiménez Huerta, destacado docente y formador de una de las más brillantes generaciones de juristas mexicanos del siglo XX, quien, además, una vez nacionalizado mexicano -como Bernaldo de Quirós, Fernando Arilla Bas y Ricardo Calderón Serrano-, sirvió como funcionario en la estructura judicial del país; y el gran Mariano Ruiz-Funes, cuya obra de reflexión, su acción institucional y labor docente dentro y fuera de la UNAM lo hicieron tal vez el más notable entre todos ellos.

La autora estructura su estudio en cinco rubros fundamentales: La trayectoria de cada uno de los penalistas en España y en el exilio, sus vínculos entre ellos y con los penalistas mexicanos, la colaboración de los exiliados con las instituciones y las estructuras normativas de nuestro país, su inserción y profundo impacto en las instituciones mexicanas de enseñanza superior y, finalmente, las aportaciones de los penalistas republicanos a las ciencias penales.

En el marco estructural antes descrito, el libro configura una geografía intelectual y humana en la que se mezclan, enriquecen y potencian personalidades de distintas generaciones, diversas jerarquías y variadas trayectorias. Entre los catedráticos consolidados se encontraban Constancio Bernaldo de Quirós, Mariano Ruiz-Funes, Ricardo Calderón Serrano y Victoria Kent Siano, en tanto que, entre los discípulos, estaban Mariano Jiménez Huerta, Niceto Alcalá-Zamora, Julián Calvo Blanco y Fernando Arilla Bas. Todos ellos en el contexto de un mundo en crisis y en el seno de un país, México, que les daba acogida en pleno proceso de reconstrucción institucional tras las sucesivas etapas de la guerra civil que determinó su tránsito al siglo XX.

La obra permite apreciar en lo general, pero -insisto- sin perder detalle, la extensa red de relaciones que, en conjunto, este reducido grupo de penalistas tejió dentro y fuera del país. En este sentido, si bien sufrieron un momento de ruptura del cual ellos mismos fueron actores, no menos cierto es que también fueron factores de continuidad en una sociedad convaleciente de una guerra civil. Una muestra de este rasgo la encontramos en la relación con sus pares mexicanos, pues fue la acción de estos españoles lo que permitió consolidar la tradición penalista mexicana, fracturada por la violencia revolucionaria y recuperada por los jóvenes juristas reunidos en torno a la revista Criminalia desde 1933, sin excluir a los maestros porfirianos como Miguel Macedo, Julio Guerrero, Demetrio Sodi y Emilio Pardo Aspe.

Como es de suponer, una de las áreas más destacadas en la acción de los penalistas españoles fue la docencia y a ello contribuyó el hecho de que su llegada hubiese coincidido con la integración efectiva de la generación de penalistas mexicanos posrevolucionarios, afines a la tradición de la que eran portadores en el momento en que las nuevas posturas e ideas sobre las ciencias penales encontraban cabida en nuestro país. Aunque la incorporación de los juristas españoles a la academia mexicana había iniciado en 1937, la de los penalistas comenzó en 1939 con Fernando Arilla Bas y Julián Calvo Blanco. De todas suertes, ya antes los jóvenes penalistas mexicanos habían leído los trabajos de los recién llegados. “Muchos años ha” -dice Luis Garrido refiriéndose a Mariano Ruiz-Funes- “su nombre era familiar entre nosotros”. Fueron memorables las visitas y reuniones de José Ángel Ceniceros, Raúl Carrancá y Trujillo, Luis Garrido, Ricardo Calderón, Emilio Pardo Aspe, Octavio Véjar Vázquez, Fernando Ortega y Mariano Ruiz-Funes, ya fuera en casa de este último o en el Café de Tacuba.

Un lugar privilegiado para recibir el conocimiento de los republicanos fue la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, que había sido creada en 1910 y terminaría siendo integrada a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1951 en lo que devendría nuestra actual Facultad de Derecho. El primero en ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia fue Ricardo Calderón Serrano en 1941. En 1945 lo siguió Mariano Jiménez Huerta y un año más tarde, Niceto Alcalá-Zamora; en 1948, Fernando Arilla Bas y Constancio Bernaldo de Quirós; en 1949, Victoria Kent Siano; y en 1950, Mariano Ruiz-Funes.

No es un secreto que la presencia de los académicos del exilio ayudó significativamente a la profesionalización de la carrera académica en la UNAM. La acción de los penalistas republicanos lo hace evidente. Como lo apunta Elisa Speckman, aun cuando la formación de juristas fue mucho más temprana que la de los especialistas en otras áreas del conocimiento -en las cuales, no obstante, la acción de los republicanos fue decisiva, por ejemplo en la antropología-, los profesores españoles promovieron la investigación, reforzaron las áreas de especialización, crearon doctorados y seminarios, y ampliaron el espectro de los estudios superiores, tanto en la UNAM como en otras universidades e instituciones de enseñanza superior del país.

La actividad docente de los penalistas exiliados hizo natural su participación en la vida institucional de México, como he dicho antes, en la coyuntura de reconstrucción del país; ya fuera como profesores y directores de instancias abocadas a la formación de cuadros gubernamentales, como asesores en áreas afines a su especialidad o, incluso, como funcionarios públicos en las áreas jurídicas de los gobiernos federal y de los estados de la república.

Ruiz-Funes impulsó, con el nombre de Instituto de Estudios Penales, la creación de un establecimiento para capacitar funcionarios de las áreas policial, judicial y penal. Bernaldo de Quirós fue director de la Escuela de Policía Judicial de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal. Ricardo Calderón Serrano se nacionalizó mexicano y colaboró con nuestro ejército. Fue responsable del Boletín Jurídico Militar, promovió la fundación del Colegio de Abogados Militares y llenó el vacío que hasta entonces había existido en México en materia jurídica militar. Otro penalista que optó por la nacionalidad mexicana fue Fernando Arilla Bas, quien entre 1948 y 1956 fue secretario del ramo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, en los años subsecuentes, ocupó distintos cargos en el Distrito Federal y en el Estado de México. Por su parte, Mariano Jiménez Huerta sirvió en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Secretaría de Educación Pública y en el Patronato del Ahorro Nacional.

Una figura que merece una mención especial es Victoria Kent Siano por su empeño incansable en la actualización del sistema y procedimientos carcelarios en México. Kent Siano había fundado en España el Instituto de Estudios Penales, en el que colaboraron como docentes sus colegas de exilio Bernaldo de Quirós y Ruiz-Funes y en el cual se formaron Fernando Arilla Bas y Mariano Jiménez Huerta. No omito mencionar que la institución de Kent Siano sirvió de modelo a la propuesta que en México formularía Ruiz-Funes. Asimismo, en su país natal la eminente penalista española había sido directora general de Prisiones, cargo en el que llevó a cabo la actualización conceptual y práctica del sistema penal y, al establecerse en México, puso su experiencia al servicio de la planeación y la capacitación de funcionarios del sistema carcelario.

Otro rubro institucional que registró las aportaciones de los penalistas del exilio fue el de la labor legislativa. La experiencia en la redacción de leyes y normas, adquirida y desarrollada durante los años de la Segunda República española, constituyó un acervo valioso para su labor de comentaristas de las leyes mexicanas, misma que enriqueció el alcance y la profundidad de nuestras leyes (tal fue el caso, por ejemplo, de los comentarios de Mariano Ruiz-Funes, Mariano Jiménez Huerta y Fernando Arilla Bas al Código Penal de 1929) e incluso para la redacción de leyes o proyectos de ley en México y el extranjero. Francisco Blasco preparó una ley de asistencia social y protección jurídica de la infancia y la adolescencia, y Fernando Arilla colaboró con la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados en el análisis de los proyectos del Código Penal de 1949 y de los códigos penales de los estados de México, Morelos y Querétaro. En el ámbito fuera de México, Ruiz Funes redactó una ley sobre el estado peligroso para la República de El Salvador y Bernaldo de Quirós colaboró en la redacción de los proyectos del código penal y del régimen carcelario, ambos de Honduras.

Concluimos nuestra reseña haciendo eco de los atinados comentarios formulados por distinguidos colegas, ellos sí, a diferencia del suscrito, especialistas en la historia de la ciencia jurídica en México. Además de contribuir a la historia del derecho en México, el texto de Elisa Speckman también aporta a la historia política y a la historia sociocultural del México contemporáneo, porque recrea aspectos asociados con las ideas, las concepciones, las preocupaciones e imaginarios de la época acerca del crimen, la justicia y el castigo; además, su autora transita desde estas perspectivas con contribuciones muy importantes en esos campos, especialmente en la historia sociocultural.

Decíamos párrafos arriba que tuvimos la fortuna de heredar el esfuerzo de actualización de lo que hoy nos hace, a los mexicanos en particular y a los latinoamericanos en general, parte consustancial del mundo occidental: la tradición hispánica. Gracias al humanismo hispánico la fortaleza y la diversidad de nuestras culturas mesoamericanas siguen enriqueciendo el mundo. Me pregunto si figuras como las del mexicano Benito Juárez, el peruano Alejandro Toledo o el boliviano Evo Morales hubieran sido posibles si la Segunda Escuela de Salamanca no hubiera echado raíces en el continente americano; si intelectuales de la talla de Alonso de la Veracruz y Bartolomé de Las Casas no se hubieran rebelado contra los excesos de la avaricia europea, precisamente sobre la base de las nociones jurídicas de su tiempo. Con frescura y desparpajo solemos olvidar que el derecho internacional y los derechos humanos son fruto del humanismo hispánico en su formidable esfuerzo de conceptualización epistemológica y, aún más, ontológica, al momento del encuentro con la complejidad americana de la que tanto nos ufanamos, generalmente de dientes para afuera.

Los intelectuales del exilio republicano fueron continuadores del humanismo que entre los siglos XVI y XVIII hizo germinar la identidad que hoy nos define y unifica como mexicanos. Durante casi trescientos años, peninsulares y americanos dieron lo mejor de sí mismos para superar el trauma del encuentro de los dos mundos. En nuestro tránsito hacia la modernidad, españoles y mexicanos hemos pagado cara la pérdida de nuestra completitud transatlántica. Pese a la amenaza de las rivalidades entre las antiguas y las nuevas potencias, el mundo multipolar del siglo XXI nos brinda la oportunidad de recuperarla renovada.

Debemos asumir lo que hoy somos con toda la riqueza y el potencial que nos da el haber sido lo que fuimos. En este contexto, es absurdo continuar negando la bilateralidad de nuestro mutuo sincretismo, seguir reproduciendo imaginarios rebasados por la historia y reclamando deudas centenarias que, en el fondo, sirven como distractores inmediatos para evadir antiguas responsabilidades de orden nacional incumplidas desde el inicio mismo de nuestra vida independiente.

Los maestros del exilio republicano sufrieron las consecuencias de la polarización ideológica y el triunfo del autoritarismo, los dos elementos que, como decía al inicio, extinguieron la realización de la España que pudo ser. Esos mismos elementos hoy se vuelven a manifestar de forma ominosa. Los maestros del exilio sufrieron la pérdida del justo medio, del centro para la convergencia de pareceres disímbolos y, en consecuencia, de la convivencia en democracia. Esa es otra enseñanza que los mexicanos debemos valorar. La UNAM es nuestro bastión y el libro de Elisa Speckman apunta en ese sentido.