Introducción

La intersección entre migración y ciudadanía ha sido explorada por la historiografía de las tres naciones que integran América del norte. La problemática, desde la perspectiva histórica, no es casual, la región ha albergado un singular dinamismo en los procesos de movilidad y migración.

Sin embargo, como han sostenido las autoras y el autor de la obra Migración y ciudadanía las comunidades transnacionales y las nuevas identidades no surgieron con las transformaciones de las últimas décadas. Obedecen a flujos de movilidad centenarios moldeados en buena medida “por los procesos de construcción estatal y nacional” (^{Alfaro-Velcamp et al., 2016, p. 11}). Dentro de estos procesos, el imperativo político que subyace a la noción homogénea del relato nacional, como sostiene Pablo Yankelevich, limita la ciudadanía en términos de definición y en un espectro más amplio, el que se refiere al ejercicio de derechos. Esto es, ¿Quiénes, en qué momentos y para qué pueden apelar a esa adscripción nacional? (^{Yankelevich, 2020, p. 13}). Un escenario concatenado hace de la ciudadanía “una herramienta para la reproducción del ejercicio del poder estatal y, por tanto, creadora de minorías” (^{Martínez y Ramírez, 2020, p. 9}).

El artículo se interesa por la forma como algunas personas en procesos migratorios se apropiaron del concepto de ciudadanía y los derechos que lo acompañan. Se trata de un plano alterno al de las definiciones, la normatividad y las regulaciones que, sin dejarlas completamente de lado, busca en la descripción y análisis de algunas narrativas que entretejen la noción de ciudadanía y patriotismo elementos que permiten profundizar en la comprensión del orden político del que formaron parte quienes migraron o pretendieron migrar. Se parte de la siguiente pregunta de investigación, ¿De qué manera las cartas enviadas por quienes aspiraron a participar en el Programa Bracero entretejieron la noción de ciudadanía y patriotismo frente a las estructuras formales que gestionaron el programa? Consecuentemente, ¿Cómo esta apropiación de una o ambas nociones contribuyó a robustecer el lenguaje político institucionalizado en la época y la negociación con los espacios de poder a partir de la organización popular, las redes clientelares, la residencia en determinada geografía e, incluso, algunas prácticas que pueden ser calificadas como corruptas?

El término ciudadanía ha dado lugar a profundas revisiones desde las ciencias sociales y, de manera específica, la historia (^{Reyes García, 2013, pp. 115-116}). En este artículo se ha considerado lo que significaba ser ciudadano durante las décadas en las que los aspirantes a un contrato en Estados Unidos escribieron sus cartas, pero más que una definición legal que garantizó derechos y deberes, el análisis coincide con la propuesta de los trabajos coordinados por Ariadna Acevedo Rodrigo y Paula López Caballero. En su reflexión, ambas recuperaron el planteamiento de Claudio Lomnitz, según el cual, la ciudadanía es “una posición que ‘se llena y se vacía de contenidos’ sociológica e históricamente” (Lomnitz en ^{Acevedo Rodrigo y López Caballero, 2012, p. 20}). Así, mientras para el Estado ser ciudadano se definió en los artículos 34, 35 y 36 constitucionales,¹ aquí se entiende la ciudadanía bajo la premisa de que “incluye una multiplicidad de prácticas sociales que atraviesan las esferas legales e institucionales” (^{Acevedo Rodrigo y López Caballero, 2012, p. 21}). En la misma línea, Reyes García subraya que se trata de “un ejercicio activo más que una condición estática” (^{2013, pp. 116, 141}).

Dado lo anterior, la metodología de la que se echa mano se ancla en un análisis cualitativo de los términos y los tonos empleados por quienes elaboraron la correspondencia. Con tonos se hace referencia al lenguaje utilizado para argumentar y a la expresión de sentimientos que enlazó el patriotismo con la posibilidad de migrar. Se destaca también el uso de recursos tanto emotivos como racionales para modelar y dar carácter a la escritura. El significado del término patriotismo se deduce con base en el contexto en el que fue empleado; quienes remitieron sus peticiones a la autoridad lo entendieron como la pertenencia y el amor a la nación.

Debe señalarse que la correspondencia de los aspirantes a un contrato de trabajo agrícola, migratorio y temporal fue dirigida a distintas autoridades, no sólo a quien ostentó el Poder Ejecutivo Federal. Este análisis se basa en quince cartas, por lo que es apenas un acercamiento a la comprensión de lo que la ciudadanía significó para algunas de las personas que desearon emigrar bajo el Programa Bracero (1942-1964). La correspondencia forma parte de cuatro acervos distintos, locales y nacionales, públicos y privados, y refiere experiencias en el noroeste de México. Fue redactada de manera personal y colectiva y va de 1944 a 1966. Una de sus cualidades es que sus autores pusieron de manifiesto la forma como el ser ciudadanos mexicanos los facultaba para participar de un desplazamiento migratorio negociado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Otra, reside en la cultura política que develan, ya que muestra una postura sobre la relación con la autoridad y las mediaciones necesarias para ejercer ciertos derechos.

Salvo dos, todas las cartas están escritas a mano, lo que habla de personas que contaron con habilidades lecto escritoras, hecho poco extendido entre la población mexicana, sobre todo rural, al mediar el siglo XX. Un aspecto relevante es que algunas mujeres dirigieron estas solicitudes, que apostaron por el traslado a Estados Unidos de sus cónyuges, parejas y, en ocasiones, de ellas mismas. Sólo en casos excepcionales se conoce la efectividad de los argumentos de quienes aspiraron a un contrato de trabajo, lo que sin duda constituye uno de los límites de la indagación. En virtud de esta limitante, una perspectiva que ha resultado enriquecedora es la de los testimonios orales, pues ofrecen matices que contribuyen para reconstruir la operación del programa y la configuración de una cultura política en el proceso de migrar.

Los documentos hacen hincapié en, al menos, tres interpretaciones de lo que autorizaba a estas personas a dejar el país. La primera contempló la ciudadanía como un mecanismo capaz de asegurar una movilidad ordenada. En la segunda, los aspirantes a un contrato subrayaron la importancia del proceso de desplazamiento temporal en su carácter de cooperación al engrandecimiento del país. Finalmente, la tercera interpretación hizo hincapié en las circunstancias desventajosas que impulsaron a los solicitantes, es decir, la pobreza y la falta de oportunidades.

Las indagaciones sobre el Programa Bracero han centrado su interés en el papel de las autoridades municipales, locales y federales en las contrataciones, lo que ha dejado de lado el proceder de los propios interesados en participar en la “bracereada” o lo ha colocado como el resultado de arreglos y negociaciones frente a las que poco pudieron hacer quienes aspiraron a un contrato. Es cierto que hablar del procedimiento bajo el que los interesados en trabajar como braceros fueron contratados, implica advertir diferentes niveles de Estado involucrados en regular y controlar el proceso de movilidad y, también, comprender mecanismos diversos que operaron bajo el afán de servirse del enorme flujo de mano de obra en su tránsito hacia Estados Unidos. Si el peso de los empresarios agrícolas y el de las organizaciones corporativas —que encauzaron de forma creciente la comunicación entre la sociedad y el gobierno luego del proceso revolucionario— ha sido ya estudiado (^{Borch, 2007, pp. 47-56}; ^{Snodgrass, 2014, pp. 175-195}; ^{Córdoba Ramírez, 2017}; ^{García, 2023}), la voz de los propios aspirantes a un contrato de trabajo temporal en Estados Unidos se ha encontrado con menor frecuencia en los estudios.

Los trabajos de ^{Alicia Schmidt Camacho (2008)}, ^{Deborah Cohen (2011)}, ^{Mireya Loza (2016)} y ^{Alberto García (2021} y ²⁰²³) han aportado perspectivas analíticas y documentales para revertir esta tendencia. Además, constituyen narrativas en las que la ciudadanía juega un papel de primera importancia para comprender las características de los “trabajadores invitados” frente a los trabajadores domésticos y a los indocumentados con los que convivió la “bracereada”. Los reclamos desde la ciudadanía del “proletariado transfronterizo” llevó a quienes formaron parte de él a “idear nuevas formas de ejercer derechos dentro de la estructura racial y de clase de la corriente laboral migrante” en Estados Unidos (^{Schmidt Camacho, 2008, p. 25}). Un punto coincidente con esta hipótesis de Schmidt Camacho son los planteamientos de Cohen y García en el sentido de que aquella apreciación también tuvo lugar en México. Cohen subraya que los mecanismos de operación del Programa Bracero incorporaron como ciudadanos revolucionarios modernos, que ostentaron derechos y responsabilidades civiles, a amplios sectores de la población (^{Cohen, 2011, pp. 34, 94}). Por su parte, García expone la pertinencia de mirar a detalle la complejidad de factores nacionales, regionales y locales en la operación del Estado, para advertir el papel de los propios aspirantes (^{García, 2021, p. 434}).

La indagación que estas páginas ofrecen suma a esa propuesta. Para ello repara en las narrativas que los trabajadores implementaron para incidir en las contrataciones y arroja luz sobre los complejos controles políticos y sociales de la ciudadanía, pero también sobre las oportunidades enlazadas con el ser ciudadano en migración, más allá de lo que las propias autoridades imaginaron. La correspondencia muestra el diálogo de los aspirantes con las estructuras formales que se diseñaron para la operación del programa, su negociación con espacios de poder que fueron más allá de la mesa binacional, lo que habla de la formación de una cultura política que adoptó los parámetros de la petición decimonónica —refrendada por los artículos 8 y 35 de la Constitución de 1917— y la relación clientelar que ya observada en el siglo XIX se institucionalizó para las clases populares por la política de la modernidad posrevolucionaria. Se trata de testimonios que exponen las razones que, desde la perspectiva de quienes aspiraban a trabajar como braceros, constituyeron argumentos que promoverían con éxito su contratación. De este modo, el planteamiento forma parte de una historia política que “se empeña en explicar” la complejidad del problema de estudio (^{Pani, 2007, p. 74}).

Además del planteamiento introductorio, el artículo consta de tres subapartados. En el primero se exponen algunos aspectos del Programa Bracero. En el segundo se plantea la continuidad de la cultura política de la petición y la ciudadanía en el mundo rural mexicano, espacio del que provino un buen número de quienes aspiraron a un contrato como braceros. En el tercero se explora la comunicación de los aspirantes a un contrato de trabajo temporal con las autoridades que participaron de la gestión y evaluación del programa. Finalmente, se encuentran algunas ideas a manera de conclusión y las referencias.

El Programa Bracero: niveles de Estado y toma de decisiones

A lo largo de los 22 años en que estuvo vigente, el Programa Bracero experimentó cambios en el procedimiento bajo el que los interesados en trabajar en Estados Unidos fueron contratados. El contexto que dio lugar a la firma del primer acuerdo en 1942, el de la segunda guerra mundial, no sólo redujo la asimetría que logró, al menos en el papel, mejores condiciones de trabajo para los mexicanos más allá del río Bravo. Debe subrayarse que la coyuntura bélica también dio lugar a un intento sostenido por parte del gobierno mexicano para renegociar los acuerdos, incluso luego de la conclusión de la guerra. Los brazos mexicanos colaboraron tanto en las tareas agrícolas como, por un periodo mucho más acotado, en las ferroviarias y en la explotación minera. No obstante, al paso del tiempo se introdujeron modificaciones en órdenes diversos como el de la supervisión gubernamental, la ubicación de los centros de contratación, la posibilidad de contratar a los mexicanos dentro de las fronteras estadounidenses, entre otros (^{Durand, 2007, pp. 27-44}).

Debe subrayarse también que el flujo migratorio fue sensible a la participación disímil que los proyectos económicos de ambas naciones tuvieron en la llamada “edad de oro del capitalismo”. Mientras que la economía mexicana se ancló en el proteccionismo y la sustitución de importaciones, con efectos severos para el campo; la estadounidense se expandió al diseñar las directrices de “la cooperación internacional en las cuestiones comerciales y financieras” (^{Comín Comín, 2011, p. 568-570}). En lo que hace al procedimiento de contratación debe resaltarse que, sin dejar de lado que la negociación del programa nunca dejó de ser federal, poco a poco, en México, las autoridades municipales y estatales fueron las responsables de autorizar las listas de aspirantes a un contrato. De esta forma, los aspirantes se trasladarían a las ciudades donde se encontraron los centros de contratación, para seguir hasta los lugares en los que llevarían a cabo sus tareas.²

En principio “se dejó que la mano de obra disponible afluyera espontáneamente hacia la contratación”, pero de manera temprana el caos y la corrupción que acompañó el proceso en la Ciudad de México inclinó a las autoridades a determinar “el número de trabajadores que pudieran salir sin quebranto de la economía del país” (^{Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS], 2007, p. 190}). En 1944 se elaboró por primera vez un plan que miró la participación de cada entidad federativa en el programa, bajo las siguientes consideraciones: “volumen y densidad de población, características (la producción industrial y agrícola, ciclos de producción agrícola y magnitud del problema de desocupación)” (^{STPS, 2007, p. 191}). Además, las secretarías federales consultaron a los gobernadores para conocer el número de postulantes a un contrato como braceros y el periodo en el que se llevaría a cabo su contratación.

La consulta que sustentó “la finalidad proteccionista de la economía regional”, requirió que las autoridades locales —gobernadores y presidentes municipales— llevaran a cabo una preselección de los aspirantes a un contrato. Con ello se esperaba “que en cada entidad federativa sólo fueran contratadas las personas originarias de la misma” y “no se diera entrada al proceso de contratación a los ejidatarios con parcela, a los obreros calificados y a los trabajadores con ocupación” (^{STPS, 2007, p. 193}). De manera simultánea a la vigencia del programa, fue conocido que estos requisitos se cumplieron de manera discrecional.

En la década de 1950 hubo otros cambios en la gestión binacional de la “bracereada” que deben considerarse para comprender el peso de los municipios. En principio, la Ley Pública 78 comenzó a regular el proceso de contratación dentro de Estados Unidos. Esta legislación estableció que debía comprobarse un ingreso regular o documentado no menor a cinco años para que un trabajador pudiera ser recontratado sin retornar a México. No obstante, las autoridades estadounidenses responsables de vigilar este requisito fueron sumamente laxas. En consecuencia, la emigración sin documentos fue constante e igual de vigorosa que la que se desplazó por el programa. Además, la posibilidad de una recontratación deprimió las condiciones de empleo, pues los trabajadores prescindieron de las reclamaciones y quejas ante la oportunidad de gozar de un nuevo contrato.

En este panorama, para las autoridades mexicanas se hizo deseable que el mayor número de personas recontratadas en Estados Unidos contaran con un ingreso regular al país. Es decir, sin importar si llegaron como braceros enlistados en una relación municipal o como trabajadores “libres” —nombre que recibieron quienes arribaron a los centros de contratación sin aparecer en una relación municipal—, se buscó que lograran un contrato como braceros mediante los mecanismos diseñados para ir de manera regular a Estados Unidos.

Otro cambio tuvo lugar en 1952, cuando en México se creó la Dirección General de Asuntos de Trabajadores Agrícolas Migratorios (en adelante, DGATAM) dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La DGATAM tuvo entre sus atribuciones vigilar la organización administrativa para la contratación de braceros; coordinar las funciones de las dependencias federales que tuvieron relación con el programa; y supervisar las actividades que los representantes diplomáticos llevaban a cabo para verificar el cumplimiento de los contratos por los empleadores (^{Galarza, 1958, p. 4}). Aunque la supervisión se planteó por primera vez en 1943, su necesidad fue, sin duda, fortalecida por la recontratación bajo la Ley Pública 78; ya que, creadas las condiciones para que los empresarios agrícolas estadounidenses accedieran de manera más sencilla a la mano de obra, se profundizó su resistencia para observar las garantías establecidas en el contrato de trabajo. Por tanto, se incrementaron las dificultades que encontró el cuerpo consular para realizar sus tareas de protección y el desarrollo de las quejas por quienes trabajaban en Estados Unidos (^{STPS, 2007, pp. 163-164}).

Finalmente, otro cambio a considerar sucedió en 1953, cuando se planteó por parte de las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social la tarea de organizar una oficina que, funcionando como Bolsa de Trabajo, atendiera “la oferta y la demanda de trabajadores, en las distintas regiones del país principalmente en lo que se refiere al aspecto agrícola, pero sin descuidar el aspecto industrial”.³ El objetivo era ^“hacer una mejor distribución de la energía potencial humana de que dispone el país”. Se ha identificado que, al menos para el caso de Baja California, esa oficina jugó un papel importante en la regulación de las cuotas de trabajadores que, procedentes de ese estado, aspiraron a contratarse como braceros.⁴

La historiografía ha documentado los acuerdos que el empresariado agrícola mexicano y las autoridades estatales construyeron para lograr la satisfacción de las necesidades de mano de obra de la agricultura regional (^{Córdoba Ramírez, 2017}). En menor medida, como ya se indicó, se ha rescatado la voz de los trabajadores aspirantes a un contrato como braceros, las negociaciones que realizaron al entrar en contacto con las disposiciones regulatorias y con las vías alternas para llegar a ser contratados. A sus argumentos y a la articulación de esas solicitudes se dirige el siguiente apartado.

Pedir a la autoridad: visibilidad, beneficios e inclusión en un proyecto político

La composición de los flujos migratorios cambió a lo largo de los 22 años en que estuvo vigente el Programa Bracero. Es cierto que en principio se contrató a personas que residían en entornos urbanos, pero el que la contratación de los trabajadores haya abandonado la Ciudad de México, y que se procurara regular la composición del flujo, dio cabida a un proceso migratorio mucho más dinámico desde los entornos rurales que eran, entonces, la mayoría del territorio nacional. También es cierto que las ciudades de Guadalajara y, por un lapso más amplio, Monterrey, albergaron centros de contratación, por lo que la emigración desde las urbes nunca quedó al margen. La procedencia de los aspirantes que se documentaba en la última ciudad muestra que muchos de ellos habían iniciado procesos de migración interna desde comunidades rurales cercanas al polo de atracción que constituyó la única capital industrial del norte de México.

La idea de dirigirse a la autoridad para resolver situaciones que preocupaban y agraviaban de diversas maneras a la población se arraigó en el mundo rural en el siglo XIX, por lo que encontrarla en el marco del Programa Bracero no es una circunstancia excepcional. Lo que resulta propositivo es explicarla en el marco de las instituciones y reglas que caracterizaron el juego político entre las décadas de 1940 y 1960.

Distintos trabajos históricos han mostrado las estrategias de un cambiante mundo rural que a lo largo del siglo XIX hizo del arte de la petición, como ha indagado Romana Falcón, un recurso para ampliar “la posibilidad de obtener buenos resultados” en la gestión de sus demandas (^{Falcón, 2006, p. 469}). En el México independiente, el derecho de petición formó parte de las libertades genéricas que los documentos constitucionales contemplaron en la primera mitad del siglo XIX (^{Guerrero Galván y Castillo Flores, 2016, pp. 608-609}). Mariana Terán Fuentes y Mónica Pérez Navarro han señalado que este derecho fue fundamental en el proceso de formación y consolidación de una cultura política liberal, lo que analizan con amplitud en la experiencia zacatecana (^{2019-2020, p. 80-84}). Incluido en el artículo 8 de la carta constitucional de 1857, su ejercicio en materias políticas se restringió a los ciudadanos y obligó a la autoridad a dar una respuesta a las solicitudes que “de manera pacífica y respetuosa” se dirigieran por escrito. Lo más importante, y con peso en este análisis, es que la comunicación muestra “cómo los sujetos fueron apropiándose y ejercitando las concepciones del Estado moderno”, hecho que revela “una nueva posición del individuo respecto a las autoridades” (^{Terán Fuentes y Pérez Navarro, 2019-2020, p. 85}).

Este marco institucional formal debe ser cotejado con análisis sobre el orden social, es decir, la forma como las personas se apropiaron de esa ciudadanía. En este sentido, Fernando Escalante afirma que la noción de ciudadanía era inexistente en el siglo XIX. Otrora, amplios sectores sociales contaban con un imperativo moral que promovió acciones a partir de la percepción de lo que era justo o injusto. Justicia y moralidad derivaron, entonces, de un contexto relacional, por lo que el mismo autor sostiene que lo moral “no es sino lo social actuando a través de los individuos” (^{Escalante, 1992, pp. 24, 26 y 32}). Por medio de peticiones y pronunciamientos, las demandas sociales encontraron vías para ser planteadas a la autoridad y ambos mecanismos dieron forma a la relación de las clases populares con aquélla. Se trató, entonces, de un ambiente político marcado por la movilización de grandes sectores de los grupos populares que se adhirieron o no a los marcos formales, muchas veces en virtud de la oportunidad, y que al hacerlo buscaron vías para expresar sus percepciones y necesidades a la autoridad (^{Tapia Chávez, 2010, p. 103}).

Esta dinámica social para plantear apuros y descontentos coloca dentro de una tradición añeja la correspondencia que, ya en el siglo XX, los aspirantes a un contrato como braceros dirigieron a la autoridad, fundamentalmente, a quien ostentaba el poder ejecutivo federal o local, con el fin de participar de un flujo migratorio regulado por ambas naciones. En este contexto es posible identificar los resquicios que la negociación binacional articuló y mostró en su implementación: el corporativismo y el clientelismo, como estructuras fundamentales del Estado en la posrevolución, y la corrupción, no siempre como denuncia, sino de la que se participaba para eliminar requisitos difíciles de cumplir. En el siguiente apartado se analizarán algunas narrativas en torno a estos temas.

Brazos de trabajo y buenas costumbres de vida: el tono de la petición

Si es cierto que la ciudadanía “se funda en una forma particular de obediencia política” (^{Escalante, 1992, p. 51}), también lo es que esa obediencia articula sistemas de concesión de beneficios a los individuos que participan de ella. El tono con el que los aspirantes a un contrato como braceros interpelaron a la autoridad muestra mucho sobre la forma como se percibían a sí mismos dentro de un juego político que se acompañó de un lenguaje cargado de patriotismo y que favoreció una cultura corporativa y clientelar. Sin dejar de lado la posibilidad de que participaran de esa cualidad, su uso revela la oportunidad que encontraron para realizar acciones con peso efectivo para satisfacer sus deseos de emigrar.

Los ejemplos siguientes son ilustrativos de lo anterior. Uno de ellos tuvo lugar en Mexicali, Baja California, cuando 30 firmantes encabezados por Antonio Palomino dirigieron al presidente Adolfo Ruiz Cortines una petición fundada en sus necesidades materiales, en las dificultades que afrontaron y las deudas que adquirieron para llegar a la frontera y en su decisión por declinar ser “espaldas mojadas”. Acudían a la autoridad federal para encontrar una solución a su circunstancia, por ser “nuestro único y exclusivo mandatario de la Nación”. En ese afán, denunciaban los malos tratos que recibían de la policía en Mexicali “por el simple hecho de que los ciudadanos nos encontramos sentados en El Parke [sic] o en el lugar denominado ‘El puente Blanco’”. Subrayaron “que no nos deja[ban] estar en paz ni en nuestro mismo suelo Patrio siendo una República libre, soberana y democrática”. Finalmente, expresaron “somos partidarios de corazón del [Partido Revolucionario Institucional] PRI desde mil novecientos treinta y cuatro. Tenemos la confianza en que por haber luchado incansablemente por llevarlo a la victoria, confiamos y esperamos tome en cuenta nuestros sacrificios y le de [sic] solución a nuestro problema”.⁵ Es incierto conocer el resultado de esta solicitud para obtener contratos en el marco del Programa Bracero, pero, sin duda, los firmantes comprendieron la importancia del juego político en el que se encontraron.

En agosto de 1956, Gabino Medina González se dirigió al gobernador de Baja California, Braulio Maldonado Sández, para señalarle que hacía un año que pertenecía “al grupo que dirige el Sr. Juan Macías en la colonia Baja California de esta ciudad”. El firmante anotaba que, ante la escasez de empleo en la entidad, Macías había realizado la gestión de contrataciones para Estados Unidos. Mediante su comunicación y “al ser uno de los agraciados”, reconocía la gestión de Macías y también manifestaba su gratitud al gobernador por “este favor que mucho beneficiará a mi familia”.⁶ El que Gabino considerara un “favor” lo que fue una negociación clientelar —que el gobernador Maldonado Sández auspició durante su gestión para ampliar su apoyo popular—, muestra la diversidad de tonos que, en determinado momento, los aspirantes a un contrato como braceros emplearon para dirigirse a quienes satisficieron —o podían satisfacer— sus necesidades.

Con un franco tono político desde Carbó, Sonora, 20 trabajadores solicitaron al presidente municipal “nos proporcione la oportunidad de mejoramiento que necesitamos en todos los órdenes de nuestra vida ciudadana y hogareña”, por medio de un contrato como braceros. Con este objetivo, además de firmar al calce, señalaron que eran “mayores de edad, mexicanos, vecinos de este lugar, en pleno uso de nuestros derechos ciudadanos y apoyados en el derecho de petición que nos ampara y sanciona la Constitución General de la República”.⁷ Excepcionalmente, en el mismo repositorio se encuentra la relación que el presidente municipal dirigió tres días después, el 11 de marzo de 1958, al Departamento de Gobernación en Hermosillo, para dar cauce a la solicitud de los 20 peticionarios.⁸

La precariedad también fue el motivo que, desde El Sauzal, en el municipio de Ensenada, Eduwiges Morales, Florencio Morales, Rodrigo Morales —probablemente hermanos— y Héctor Pérez expusieron para obtener un contrato como braceros al mencionado Maldonado Sández. En principio, emplearon frases que subrayaron la distancia que existió entre el gobernador y la población, como, “el respeto que Ud. se merece”, “venimos ante Ud., para que nos ayude en esta cituación [sic] desesperada” y la esperanza de “ser favorecidos por su generosidad”. Al concluir, los aspirantes a un contrato establecieron un tono que subrayó sus competencias como trabajadores del campo, conocedores de su oficio, que “podemos con facilidad colocarnos a donde nos toque”. Agregaron que eran “hijos de Mexicale [sic], nacidos en ese lugar […] y es por eso que con esa confianza le hablamos”, para cerrar con palabras de cercanía abierta y posibilidad de diálogo: “si Ud. Compañero Braulio, nos dirige algún comunicado, es a la sucursal de correos de El Sauzal”.⁹

En otra carta dirigida al gobernador sonorense Luis Encinas, Luis Meza Bravo solicitó que veinte personas, incluido él, fueran autorizados para ir a Estados Unidos como braceros. Justificó la petición en la precariedad que vivían como piscadores en los valles sonorenses, pero también argumentó que él había recorrido el valle del Mayo y la Sierra de Álamos como delegado de propaganda política pro Encinas para gobernador y que los enlistados “todos somos del PRI, por el cual hemos votado en las elecciones pasadas y lo haremos en el futuro”.¹⁰ Dos aspectos llaman la atención en esta misiva. El primero es la fecha en la que fue firmada, agosto de 1966, cuando propiamente el Programa Bracero ya había concluido. Es probable que los aspirantes a un contrato conocieran las prórrogas que los estados de California y Arizona negociaron para continuar con la contratación de mexicanos hasta 1967 (^{Verea, 2003, p. 154}). El segundo aspecto se relaciona con el contenido, ya que Meza Bravo introdujo su petición anotando que hacía un año había planteado la solicitud sin recibir “contestación […] como lo ordenan nuestras leyes constitucionales, artículo 8º de la Carta Magna”; a este señalamiento agregó una pregunta audaz “o ¿es que los parias o proletarios Mexicanos no tenemos derecho a ciertas prerrogativas?”¹¹

En otro caso, 27 aspirantes a un contrato que se encontraron en el centro de contratación de Empalme, Sonora, dirigieron una comunicación al gobernador de Baja California, para solicitar que aprobara su salida como braceros. Estos aspirantes señalaban, por medio de la descripción de sus domicilios, que estaban avecindados en la ciudad de Mexicali. Los solicitantes requerían a la autoridad local “su cooperación […], ya que nos encontramos detenidos, efectuando fuertes gastos por falta de ese requesito [sic]”. Su exhorto se concentraba en describir las calles en las que habitaban en Mexicali, para subrayar su arraigo, la innegable relación que como residentes de Baja California tenían con sus autoridades y, en consecuencia, la respuesta positiva que esperaban de ellas. En ningún momento señalaron que contaban con la autorización de la autoridad municipal, pero sí hicieron hincapié en su necesidad de obtener el aval del gobernador.¹²

Las comunicaciones de los aspirantes a un contrato de trabajo con la autoridad tuvieron distintos tonos, su valor reside en los argumentos empleados para revertir la asimetría en la que se encontraban. La narrativa fue, desde una estrategia que echó mano de la protección que su condición les hizo merecer por parte de la autoridad, hasta un planteamiento en un tono de participación política y, eventual, exigencia. Lo anterior permite, por un lado, reconocer la cultura política que normó las relaciones de una población en la que se “fusionaba la mexicanidad con lo rural, lo inculto, lo campesino, lo indio” (^{Cohen, 2011, p. 109}). Y por el otro, distinguir cómo la noción de ciudadanía podía operar en sentidos diversos colocados en algún punto entre la demanda como parte de una comunidad política activa y la adopción de una conducta sumisa y desamparada para lograr sus objetivos.

En agosto de 1956, 34 firmantes, miembros de distintas organizaciones, expresaron al gobernador Maldonado Sández su interés para ir a trabajar como braceros a Estados Unidos, bajo el principio de no “constituir un problema para su Gobierno y […] gravitar sobre la economía del Estado”.¹³ Entre quienes firmaron se encontraron Paula Medina de Ruiz, Isabel F. García y Teresa Jiménez de García. Probablemente su firma justificó las líneas en las que se explicó cómo la ausencia de empleos temporales, vinculada a las necesidades estacionales del cultivo algodonero en Baja California, había llevado a “nuestras esposas y hasta nuestras hijas […] a ayudar al mantenimiento de nuestros hogares, trabajando en casas particulares, lavando y planchando ropa y en otras varias ocupaciones”.¹⁴ Esta reflexión, inusual en los escritos revisados sobre trabajadores migratorios, muestra una “responsabilidad” masculina —la del proveedor— en entredicho.¹⁵

Debe reconocerse, también, que desde el inicio del programa algunas mujeres redactaron peticiones para emigrar dentro del mismo, pese a que el modelo migratorio no consideró el trabajo femenino dentro de los acuerdos. En octubre de 1944, Ángela Velarde solicitó al presidente de la República “facilidades para que [ella y su esposo] pu[dieran] ir a trabajar como braceros a los Estados Unidos del Norte”. La impulsaba el hecho de que él “disfruta[ba] de un sueldo muy corto, el cual le es insuficiente para sostener a sus cuatro hijos”.¹⁶ La maternidad y la paternidad fueron razones que constantemente se expresaron para emigrar, como lo hizo también Elodio Villanueva, quien señaló era padre de “cinco infantes”.¹⁷ El modelo migratorio que promovió el programa resultó desventajoso para las mujeres, ya que quedaron excluidas y, en consecuencia, continuaron con los cruces irregulares en su empeño por llegar al país vecino, muchas veces en compañía de sus hijos.¹⁸

Pese a la firma de las mencionadas Paula, Isabel y Teresa, el hincapié del documento dirigido al gobernador de Baja California se concentró, sin dejar de mencionar la pobreza, en el sentido patriótico de la solicitud, pues la estancia en Estados Unidos sería temporal y “al concluir nuestros contratos, regresaremos aquí, a nuestro México, a nuestra Patria, a donde tenemos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras ocupaciones habituales”.¹⁹ Los firmantes abundaban en la participación que habían tenido para “gestionar ante usted y ante la Secretaría de Gobernación […] la salida semanal de 200 trabajadores” hacia Estados Unidos. También, señalaban el “coyoteo de ‘braceros’” como una complicación a una gestión de los cruces ordenada y atenta a la realidad de la entidad fronteriza.²⁰ Finalmente, exhortaban al gobernador, a quien reconocían “como nuestro amigo sincero, nuestro guía y nuestro Jefe”, para que:

[…] en nuestro nombre solicite de nuestro Presidente de la República, Don Adolfo Ruiz Cortines, quien tantas demostraciones nos ha dado de amistad y simpatía hacia nuestro Estado, que ordene a la Secretaría de Gobernación que no solamente se reanude la contratación de trabajadores de Baja California, sino que se aumente al máximo posible.²¹

El haber logrado la salida semanal de algunos trabajadores hacia Estados Unidos muestra que, organizados, los aspirantes generaron espacios que llegaron a incidir en la gestión del programa binacional. Es cierto que el lenguaje de la carta expone su habilidad para emplear los compromisos y los principios que, al menos discursivamente, las autoridades federales, estatales y municipales invocaron, pero también lo es que los efectos de su petición no siempre obtuvieron los resultados que desearon. En el caso de los aspirantes bajacalifornianos en el marco del Programa Bracero, la apertura del centro de contratación en Empalme, Sonora, hacia 1955 —algunos testimonios señalan que operaba desde 1952— y la capacidad de la élite agroempresarial de esa entidad para priorizar las demandas de sus inversiones en torno al algodón, significaron que las cuotas de trabajadores peninsulares quedaran muy por debajo de lo que la solicitud, aquí citada, pretendió.

Al subrayar la ausencia de medios para cumplir con sus responsabilidades como proveedores, los peticionarios pusieron de relieve la corresponsabilidad del Estado en la falta de oportunidades de una clase trabajadora que hizo recaer su valía, justo, en el proceso de autonomía económica derivada de su esfuerzo. No obstante, como ha señalado Falcón al analizar a los grupos populares en el siglo XIX, “la dialéctica del poder fue infinitamente más abigarrada y fluida” (^{Falcón, 2006, p. 475}). Esto permite observar que, en su empeño por participar en el programa, los aspirantes a un contrato aceptaron jugar un papel de dependencia frente a un Estado que, en alguno o más de uno de sus niveles, apostó por un trato paternal hacia los trabajadores. De esta forma, y aquí la complejidad de sus actitudes, se llegó, incluso, a una cierta infantilización. En 1964, los interesados en emigrar en Batuc, Sonora, contaron con la expedición de certificados de “buena conducta” por parte de las autoridades municipales. Ese escenario existió en otros espacios a lo largo del territorio mexicano [ver Figura 1].²²

Fuente: Manuel Blanco Romero a quien corresponda, Batuc, Sonora, 14 de julio de 1964. Archivo General del Estado de Sonora, Fondo Oficialía Mayor, caja 345, t. 2085.

Figura 1. Carta de buena conducta 

Los aspirantes a un contrato como braceros vieron el clientelismo como un favor, de la forma que Gabino Medina González lo hizo en el testimonio páginas atrás citado y aceptaron las formalidades de esas concesiones, mediante las cartas de buena conducta. Lo anterior no eximió otras prácticas, dentro de las que se encontraron las de aquellos trabajadores que emplearon los términos y conceptos comunes a las élites con las que dialogaron. También articularon discursos sobre las razones por las que esa dinámica debió favorecerlos, como lo expusieron los miembros del sindicato de obreros y campesinos Práxedis G. Guerrero en mayo de 1960. Los 23 firmantes de este sindicato, perteneciente a la CROM, solicitaron a la autoridad gubernamental que acelerara su contratación en el marco del programa. Señalaron que estaban “organisados [sic] y siempre emos [sic] estado con el Partido Rebolucionario [sic] y seguiremos respaldando a nuestro Gobierno”.²³ Se desconoce el alcance de su argumento, pero la mención al PRI, igual que en los dos casos antes referidos, refuerza la idea de la intervención que sobre el flujo migratorio los propios trabajadores asumieron a partir de las estructuras de poder que les resultaron de algún modo familiares.

“La visibilidad social”, idea acuñada por Deborah Cohen, se entrelazó con distintos momentos en la operación de la “bracereada”. Sobre todo, con aquellos que enmarcaron el proceso de selección. Esa visibilidad, según advierte la autora “excede a la ciudadanía jurídica y es inseparable del proceso de formación de la nación, […ya que…] marca el grado y tipo de inclusión y beneficios que obtienen los sujetos nacionales” (^{Cohen, 2011, p. 94}). Debe subrayarse que para los aspirantes a un contrato, la ciudadanía se ancló en diversos escenarios, en los que —con un éxito relativo respecto a su finalidad: migrar—, lograron participar de un plano político que se enlazaba con una idea más cercana a la noción de lo justo o injusto ya ensayada en el siglo XIX, pero robustecida con un lenguaje político institucionalizado a partir de la organización popular, las redes clientelares, la residencia en determinada geografía e, incluso, algunas prácticas corruptas.

Dentro de las dinámicas que exponen la corrupción en el proceso de contratación de los aspirantes a braceros destacaron las actividades de la organización “Movimiento Popular de la Ciudadanía Mexicana”. Estas fueron del conocimiento del Procurador General de Justicia del estado de Baja California, en julio de 1960, cuando el responsable de la Bolsa de Trabajo, Pedro Amezcua Rodríguez, le informó, con base en los testimonios de Inocencio Landeros Ortega y Pablo Román Villarreal, cómo operaba la organización.²⁴

Además de identificar el domicilio donde se encontró el llamado “Movimiento Popular…” y a las personas que lo dirigían, Luis Barragán y Salvador Álvarez, se mencionaba la responsabilidad de Juan Jiménez Arvizu, quien había sido encargado de la Bolsa de Trabajo durante la gestión del gobernador Maldonado Sández. También, aunque no es muy claro si esto sólo formó parte del engaño a los aspirantes, se indicó que del negocio participaban la Secretaría de Gobernación Federal, que les había entregado una “autorización”, por medio de la que gestionaban los contratos de 130 braceros en Empalme, Sonora. El procedimiento que debieron seguir los interesados fue el siguiente:

Hacen un llamado a todos sus agremiados y les dicen que ya tienen autorización de la Secretaría de Gobernación para salir a Empalme, enseguida les piden que pongan al corriente las cuotas ordinarias si son miembros activos, y si son de nuevo ingreso cuota de inscripción por 38.00 pesos, llenados estos requisitos los hacen sacar carta de residencia en el Municipio o en su defecto la carta credencial en la Bolsa del Trabajo del Estado o carta credencial firmada por el anterior Jefe de la Bolsa del Trabajo del Estado, C. Juan Jiménez Arvizu.²⁵

Aunque el objeto de la comunicación fue acabar con la “agitación que tanto afecta a los hombres del campo”, no hay un respaldo documental para indicar que eso haya tenido lugar.²⁶ De hecho, además de emplearse en la estafa, las cartas o certificados de residencia en el municipio generaron una derrama económica para el gobierno de la ciudad —su costo fue de 15 pesos—, por lo que probablemente nunca se prescindió de ellas [ver Figura 2]. Requisitos como este serían la razón por la que Antonio Palomino, y los demás firmantes, solicitaron al presidente Ruiz Cortines que se les extendiera una carta de “recomendación para ser atendidos [en el centro de contratación de Guadalajara] y ser contratados sin ser explotados con un sólo centavo”.²⁷

Fuente: Certificado de residencia, Mexicali, Baja California, 27 de enero de 1958. Ernesto Galarza Papers, Braceros, 18, n. 1.

Figura 2. Certificado de residencia 

Debe considerarse que los propios trabajadores estuvieron dispuestos a tergiversar los procedimientos establecidos por las autoridades, siempre y cuando esto les asegurara la posibilidad de ser contratados con mayor celeridad como braceros. Por ejemplo, Guillermo Estrada Moreno, un trabajador “libre” que se contrató en Empalme, Sonora, pagó “pesadas” de algodón piscado a otros con el objetivo de sumar en un plazo más reducido las dos toneladas del cultivo que le exigió la Comisión Mixta de Control de Piscadores en Hermosillo, para otorgarle una carta que le permitió ir a California como bracero (^{Córdoba Ramírez, 2020, p. 92}). En otra situación que obvió requisitos, Antonio González pagó al presidente municipal de Bocoyna, Chihuahua, para que lo anotara en la lista de aspirantes de ese municipio. Antonio vivía en la vecina Ciudad Delicias, pero no había cumplido con el servicio militar, por lo que no podía formar parte de los enlistados en su lugar de residencia (^{Córdoba Ramírez, 2021, p. 252}). Para ambos, Guillermo y Antonio, los pagos realizados simplificaron los requisitos que establecían las autoridades para emigrar (^{Escalante Gonzalbo, 1989, p. 333}).

Finalmente, también desde Empalme, un aspirante a bracero le solicitó a Ernesto Galarza, entonces representante del National Agricultural Workers Union (en adelante, NAWU), en California, un préstamo por 100 dólares para pagar la “mordida” que le exigían y poder ir contratado a Estados Unidos. Se desconoce cómo pensaba devolver el préstamo al activista, pues la carta, en copia, está incompleta, pero en su intento por obtener ese auxilio, exhortaba a Galarza bajo los siguientes términos “tú eres mi única esperanza para poder triunfar en la vida”.²⁸ Es probable que el aspirante a bracero hubiera estado previamente en Estados Unidos y entrara en contacto con Galarza por las indagaciones que realizó sobre la operación del programa y, también, por sus actividades de denuncia contra el mismo.

Frente a la posibilidad de participar en “la bracereada”, entre los espacios de los colindantes estados de Baja California y Sonora se estableció una profunda rivalidad. En ambas entidades se desarrollaba con vigor una agricultura vinculada a los mercados internacionales a partir del algodón y otros cultivos. Las élites sonorenses de la Costa de Hermosillo lograron colocar sus intereses por encima de los de otros grupos de empresarios agrícolas en su propia entidad, quienes vieron acotados sus esfuerzos para disponer de la mano de obra estacional frente a la alta demanda algodonera. En ese contexto, en el que una mirada superficial indicaría que los aspirantes a un contrato sólo debían cubrir requisitos, se “revelan prácticas ciudadanas inesperadas”, como las han denominado Acevedo Rodrigo y López Caballero, para referirse a “actores que han quedado fuera de foco en los modelos normativos y los tipos ideales de ciudadanía” (^{2012, pp. 18-19}).

En sus acciones, los aspirantes a un contrato echaron mano de los recursos que tuvieron para lograr su objetivo y denunciar los abusos que encontraron para conseguirlo. Así lo muestran los contratados en el valle del Mayo, quienes en abril de 1962, reclamaron ante el poder Ejecutivo federal, haber recibido pagos por debajo del salario mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Subrayaban su interés por migrar hacia Estados Unidos, pero también exigían que, “como mexicanos, como trabajadores y como integrantes de la ciudadanía de la Patria, ten[ían] pleno derecho a la protección de nuestras leyes y de los funcionarios encargados de aplicarlas”.²⁹

La correspondencia aquí citada muestra los engranajes de una maquinaria de orden y control en el entramado migratorio. Los resquicios ofrecieron a los trabajadores, aspirantes a un contrato como braceros, la oportunidad de emigrar. Para ello recurrieron al patriotismo, alegaron la pobreza que atravesaban y la necesidad de contar con oportunidades que no encontraban en territorio mexicano, pero a las que debían acceder con la gestión de las autoridades, en virtud de su estatus como ciudadanos. Para lograr su objetivo, quienes aspiraron a un contrato no dudaron en señalar la “unidad de miras, de valores y de ideas con autoridades”. En este sentido, coincidimos con Falcón cuando afirma que las peticiones colocaron las demandas de los grupos populares “dentro de los escenarios regionales del poder y, en ciertos casos, en los de la nación entera” (^{Falcón, 2006, p. 469}). De esta manera, la “visibilidad social” estuvo dotada de un sentido práctico. Sin duda, el arraigo al lugar de residencia existió, pero para muchos trabajadores en el marco del Programa Bracero la ciudadanía cobró sentido al procurarles un beneficio u oportunidad.

La ciudadanía en migración, algunas conclusiones

La riqueza documental de los testimonios analizados reside en que fueron escritos por los trabajadores interesados en ir temporalmente a Estados Unidos bajo la “bracereada”, muestran su albedrío y los recursos de los que se supieron poseedores para lograr sus objetivos. Las cartas constituyen una oportunidad para conocer sus motivaciones, pero también los “modos” de los que se sirvieron para presentar sus argumentos. Es decir, dónde encontraron la fuerza simbólica y el respaldo para los fines que persiguieron.

La intersección entre las peticiones y los contextos migratorios habla de una ciudadanía forjada de forma paralela y satelital a los conceptos y las definiciones oficiales. En este sentido, como afirman Acevedo Rodrigo y López Caballero “la inclusión en y la exclusión de la comunidad política se construyen y negocian en la interacción social” (^{2012, p. 20}). El uso de la noción ciudadana por quienes se interesaron en migrar muestra caminos intrincados y entrecortados. La riqueza de estudiar la correspondencia elaborada por los aspirantes a braceros es que expone, por un lado, la voz de los sujetos que se contrataron o buscaron hacerlo; por el otro, el tono en el que se dirigieron a una autoridad que fue de la investidura presidencial a otras instancias de un Estado articulado, en buena medida, por relaciones clientelares.

Además de concebir a la autoridad como una suerte de demiurgo, lo que revela la concentración de poder del periodo y hace lógico el tono de petición, es posible vislumbrar los usos que los migrantes concibieron sobre su ciudadanía. La cual se convirtió en un argumento favorable para su desplazamiento, ya sea porque contribuía a asegurar el proceso de movilidad ordenado, porque era una opción frente a la precariedad que vivieron, o porque les dotaba de experiencia y autonomía económica, hecho que favorecería al propio desarrollo nacional.

Ser ciudadanos mexicanos impulsó a estos individuos a concretar su interés por emigrar temporalmente. Argumentaron frente a distintas autoridades que su deseo no contravenía su compromiso con el Estado mexicano y sus sentimientos patrióticos. Por lo contrario, su estancia fuera del país constituía una aportación a un proceso de crecimiento dirigido y ordenado por el Estado. Más allá del discurso, sus peticiones y argumentos muestran un afán para incidir en los movimientos de población. Ser ciudadanos o estar conscientes de esa categoría era la base que legitimó su participación en los acuerdos de migración temporal. La ciudadanía fue mirada y apreciada de manera práctica, una suerte de capital en el logro de sus objetivos de desplazamiento laboral.