La formación de un complejo político centrado en la redistribución personalizada de rentas públicas

La configuración del proceso de colonización de las tierras tropicales del Golfo de México es indisociable de la figura del presidente Miguel Alemán Valdés y de la red de poder que tejió a lo largo de sus mandatos en el estado de Veracruz y el gobierno federal. La familia Alemán es oriunda de Sayula, pueblo que era, a mediados del siglo XX, la puerta de entrada a los espacios vacíos del Istmo Central. Hasta entonces, el reparto agrario iniciado a partir de 1917 solo había afectado en forma marginal las cuencas medias y altas de los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá (^{Palma, Quesnel y Delaunay 2000}). Estas tierras, cedidas por el Estado porfirista a empresas deslindadoras a fines del siglo XIX, y solo parcialmente explotadas para el desarrollo de plantaciones de hule, café, caña de azúcar y plátano,³ habían sido casi totalmente abandonadas a raíz de la Gran Depresión y la posterior expansión del mal de Panamá, que destruyó la casi totalidad de las plantaciones de plátano del Golfo de México (^{De la Peña 1946 II, 88-91}).

Alemán Valdés accedió a la gubernatura de Veracruz en 1936, puesto desde el cual tejió una red densa de intereses con la burguesía agraria del estado, particularmente entre las familias rancheras. Esta red cobró una importancia sistémica después de su nominación como secretario de Gobernación, en 1940, y su posterior elección a la magistratura suprema, en 1946. Desde estas posiciones, pugnó por la designación de dirigentes surgidos de dicha red, los cuales ocuparon de manera casi continua la gubernatura de Veracruz entre 1944 y 1986 (^{Hernández García 2010}).⁴ Esta permanencia en la cumbre del gobierno regional es característica nodal de la red de poder alemanista (véase ^{Gil, Schmidt y Castro 1993}).

Esta red halló en la corporativización del sistema político un poderoso medio de inserción local. Iniciada por Lázaro Cárdenas, la estructuración del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) (rebautizado Revolucionario Institucional [PRI] en 1946) en sectores sociales, representados por centrales unificadas, se sistematizó bajo la batuta de Alemán. En este marco, las asociaciones de ganaderos, reunidas en la Confederación Nacional Ganadera (CNG), asumieron un papel hegemónico de expresión de los intereses de los grandes y medianos propietarios rurales (^{Mackinlay 2004}). En el Sotavento de Veracruz, las Uniones Regionales Ganaderas y las Asociaciones Ganaderas Locales se impusieron a los otros gremios (campesino, petrolero, obrero, popular) en la gestión de los compromisos políticos y la designación de los candidatos a los puestos de representación política. A partir de mediados de los años cuarenta del siglo XX, estas organizaciones operaron como nudos de articulación entre un renaciente sector empresarial rural y los órganos desconcentrados de la administración federal, al asegurar la captación y la redistribución de los recursos públicos (colonización agraria, infraestructuras de comunicación, créditos, proyectos de desarrollo). Las redes personalizadas de amistad y parentesco tejidas en torno a la figura del presidente Alemán asumieron así un papel protagónico en la configuración organizativa e institucional que impuso la actividad ganadera como eje de la estructuración económica, política y espacial en el estado de Veracruz.

La colonización a cuenta privada de las tierras tropicales

Las políticas rurales impulsadas a partir de 1940 privilegiaron las estructuras de propiedad privada,⁵ en detrimento de la formación de ejidos que había sido favorecida durante el gobierno cardenista. La expansión de las fronteras agrarias se convierte entonces en objetivo prioritario, a través de la marcha al mar y a las tierras bajas del Golfo de México, decidida por Ávila Camacho, o de las grandes obras hidráulicas realizadas en el norte del país.⁶ En ambos casos, las tierras tomadas del fondo de terrenos nacionales son vendidas a medianos y grandes productores o cedidas para formar colonias agrícolas y ganaderas, reguladas por un régimen de derecho cercano al de la propiedad privada.⁷ En el trópico húmedo, la formación de nuevas propiedades es acompañada de un despliegue de apoyos públicos orientados a fomentar la cría bovina (^{Reig 1982}; ^{Toledo 1987}). A partir de la década de 1960, en particular, con la oferta de financiamientos internacionales abundantes, los créditos de largo plazo y tasas blandas para la ganadería conocen un auge.⁸ La zona del Golfo capta más de la mitad de su monto total, siendo el estado de Veracruz el primer beneficiario, con cerca del 20 %. La oferta combinada de créditos y de protecciones legales opera, así, como motor de la construcción de la vocación ganadera de las zonas de colonización.

Entre 1948 y 1956, la construcción de la carretera panamericana permite la articulación de los frentes de colonización agraria del trópico húmedo con los mercados de consumo del altiplano central, por un lado, y las regiones de cría de ganado flaco de la Sierra Madre Occidental, por otro. Participan de una naciente división del trabajo y las zonas de colonización se especializan en la engorda de becerros nacidos en las regiones secas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (^{Feder 1982}).

Pero el proceso de ganaderización del Istmo Central es ante todo impulsado por un dispositivo eficiente de coordinaciones políticas. La implantación de los capitales ganaderos, la regulación de las relaciones entre estos y los otros grupos de poder, como el petrolero, y su articulación con los diversos sectores de la política pública son organizadas por las organizaciones gremiales controladas por los empresarios de la red alemanista. Ya para 1947, las asociaciones ganaderas han adquirido un peso preponderante en la vida política, y han tomado el control de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Sayula y Jesús Carranza (^{Guillén Tapia 1997}; ^{Hernández García 2010}). Entre 1950 y la mitad de la década de 1970, la Unión Regional Ganadera del Sur de Veracruz (URGVS) y su dirigente vitalicio, Amadeo González Caballero, primo y dedo de Alemán en la región (^{Guillén Tapia 1997}), regentean los procesos de designación de los candidatos oficiales a los cargos de alcaldes, diputados locales y federales, presidentes de los comités locales y estatales del PRI. El sector ganadero regional provee asimismo los gobiernos estatales y federales con varias generaciones de altos funcionarios (^{Hoffmann y Skerritt 1992, 677}).⁹

La URGVS se erige en modelo de coordinación política en un espacio que cubre las cuencas de los ríos San Juan, Uxpanapa y Coatzacoalcos y se extiende hasta los confines de los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca (fig. 1). Gracias a los ingresos que obtiene de su monopolio sobre la facturación del ganado y la autorización de su transporte, así como de su control sobre los ayuntamientos, la Unión desempeña un papel central en el desarrollo de la infraestructura necesaria a la actividad ganadera, financiando vías de comunicaciones secundarias, que permiten los flujos de ganado y la penetración del frente de colonización.¹⁰ La URGVS opera paralelamente como foro de negociación de compromisos entre estos acerca de la delimitación de sus áreas de influencia. Los ganaderos del municipio Sayula, clave del acceso a las tierras del Istmo Central, adquieren un lugar destacado en este dispositivo, a medida que el frente pionero avanza hacia el sur.¹¹ En 1974, esta posición dominante se traduce en la elección de Eduardo Maitret a la dirección de la URGVS, mientras Octavio Ochoa Ochoa, también miembro de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Sayula, accede a la presidencia de la CNG, y Rafael Hernández Ochoa, primo del anterior, ocupa la gubernatura de Veracruz.

Elaboración del autor. Fuente: SIG Sotavento IRD-CIESAS

Figura 1 Estructura de la propiedad y ejes de colonización agraria en el Istmo veracruzano 1945-1980. 

Una dimensión particular del poder adquirido por los empresarios ganaderos radicó en su inserción en la administración agraria. A inicios de la década de 1960 -cuando fue instituido el Plan Agrario de Veracruz, cuya finalidad era dar cuenta de la situación de la propiedad en las zonas de frontera,¹² de manera que se reconocieran los derechos de posesión existentes para fundamentar las acciones agrarias-, las redes de ganaderos lograron canalizar esas informaciones para orientar a su favor la decisión pública. Mediante la información ad perpetuam y la prescripción positiva¹³ de terrenos nacionales o propiedades abandonadas, los grandes ganaderos y sus allegados (criadores de rango menor, funcionarios públicos) se apropiaron legalmente de las tierras, en detrimento de sus ocupantes reales u obligando a estos a integrar su clientela.

La construcción de señoríos del ganado: el caso de la familia Maitret

Entre 1950 y la segunda mitad de la década de 1960, el proceso de colonización es piloteado por un puñado de rancheros oriundos del centro de Veracruz -Martínez de la Torre, Actopan, Vega de Alatorre- y de la cuenca baja del Papaloapan, que se instalan en los avances de la carretera transístmica, entre Sayula y Jesús Carranza, o en las proximidades del campo petrolero de Las Choapas (fig. 1). Las figuras prominentes de este grupo -Clemente Maitret, Octavio Ochoa, Lorenzo Tadeo, Carlos Melgarejo y Jaime Mantecón- habían establecido conexiones estrechas con las administraciones estatal -de Alemán Valdés y Ruiz Cortines- y federal -de Ávila Camacho, quien había adquirido tierras en la región de Martínez de la Torre-, y Alemán. Compran terrenos a proximidad de los nuevos ejes carreteros, echando mano de capitales movilizados en sus regiones de origen, así como de las informaciones estratégicas que reciben sobre los proyectos públicos de comunicación y la disponibilidad de terrenos subvaluados por su situación legal -latifundios afectables y tierras nacionales-. Desarrollan estrategias de inversión a largo plazo, estableciendo colonos a los que suministran el conjunto de los insumos necesarios para la actividad ganadera, desde la propiedad agraria, debidamente provista de garantías legales, hasta los animales, pasando por los créditos de avío.

En un primer tiempo, esos empresarios adquieren grandes extensiones de terrenos nacionales ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), o a familias latifundistas (Cházaro, Franyutti) que habían abandonado sus propiedades desde el periodo revolucionario. Parte de esas tierras integra directamente su patrimonio, pero una proporción mayor es fraccionada en ranchos de tamaño legal, y provista de certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, obtenidos a través de sus contactos en el gobierno federal. Acondicionados para la actividad ganadera (instalación de cercas, pasturas y aguajes), los ranchos son posteriormente vendidos a clientes provenientes de sus regiones de origen, o de su red de obligados dentro las administraciones estatal y federal. En la gran mayoría de los casos, los empresarios también suministran los créditos bancarios necesarios para la compra de la tierra, los lotes de ganado por engordar, y finalmente las relaciones de mercado. De esta manera, el proceso colonizador se inserta en forma intricada en las redes personalizadas de patronazgo de los grandes empresarios regionales.

Las figuras más representativas de este sistema de integración vertical de la producción bovina fueron Clemente y Eduardo Maitret. A mediados de los años cuarenta del siglo XX, el primero ya era uno de los principales ganaderos del centro de Veracruz, donde había asesorado al presidente Ávila Camacho en la compra de ranchos. Su instalación en la zona de Sayula, en 1950, responde a la incitación del presidente Alemán. Con la venta del rancho de setecientas hectáreas que poseía en el municipio de San Rafael, Clemente compra más de tres mil hectáreas del latifundio de Santa Catarina, perteneciente a la familia Cházaro, cuya extensión la ubica como blanco de futuras afectaciones agrarias. Este terreno es fraccionado en pequeñas propiedades ganaderas de entre doscientas y quinientas hectáreas, que Maitret vende a crédito, pagable con lotes de ganado gordo. Con los beneficios de esta primera operación, compra otras diez mil hectáreas, que pasan por el mismo proceso de fraccionamiento y venta. Entre 1952 y el inicio de la década de 1960, reproduce el mismo esquema, hasta alcanzar un total de 35 000 ha cedidas tras acondicionarlas para la ganadería.

A inicios de los años sesenta del siglo XX, Maitret integra el consejo de administración de Banamex, y luego el del Banco de México para la zona sur del país. Esta posición le da acceso a las instancias decisionales del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA),¹⁶ en el momento en que los créditos a la ganadería conocen un auge. Entre 1960 y 1980, Clemente y su hijo Eduardo ejercen así el control de los créditos para la engorda de bovinos, y orientan su utilización hacia la compra de tierras que han acondicionado, disimulando su verdadero uso a través del suministro de ganado proveniente de sus propias propiedades.

Este sistema resultó ser tan eficiente que, a inicios de los años sesenta del siglo XX, cuando el gobierno federal decidió formar una colonia ganadera de unas diez mil hectáreas en la zona denominada Sánchez Taboada (fig. 1), solicitó a los Maitret para organizar la instalación y el equipamiento de los nuevos colonos. Una década después, los Maitret estuvieron en situación de orientar la asignación de los créditos públicos a la ganadería en los ejidos que se estaban formando en el Istmo Central, a la vez que fomentaban su incorporación a su dispositivo clientelar a través del suministro de obras de infraestructura y equipamientos (terracerías, puentes, alambres, corrales de embarque).¹⁷ Testimonios apuntan a una coordinación aún más compleja con el poder político: a inicios de la década de 1980, cuando la crisis de la deuda externa llevó al agotamiento de los créditos bancarios, los Maitret habrían coordinado con los ejidos de su red clientelar la invasión de ranchos que no lograban vender, de manera que pudieran beneficiarse con una resolución de afectación agraria y recibir el consecuente pago de una indemnización financiera. De esta manera, habrían podido pasar el escollo de la crisis y mantener la expansión de su sistema de producción, a la vez que se guarecían de posibles invasiones de tierra por grupos campesinos no controlados.

Los Maitret también ampliaron la integración vertical de su dispositivo expandiéndolo a los mercados de insumos (productos veterinarios, básculas para el ganado, complementos alimentarios, alambres) y la distribución de la carne. Durante su mandato a la cabeza de la AGL de Sayula (1974-1980), y con el apoyo de Octavio Ochoa, miembro de la dicha asociación y para entonces presidente de la CNG, Eduardo formó la Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Istmo (CADI), que reunía a los grandes ganaderos de la región. CADI operaba como central de compra de insumos e intervenía en la venta de ganado, con participación en los rastros frigoríficos de la región, en Isla, Minatitlán y Alvarado (^{Münch 1983}).

En 1983, cuando Eduardo Maitret fue electo presidente de la URGVS, CADI creó una sociedad de distribución que llegó a abastecer la cadena de supermercados Gigante con el 60 % de la carne refrigerada que comercializaba en la Ciudad de México.

La misma cooperativa sirvió de base para la formación de una unión de crédito, que operó de 1981 a 1997 y permitió a la familia Maitret posicionarse como operador financiero autónomo, constituyendo un fideicomiso específico dedicado a la compra de tierras. Pudo así financiar la expansión de su dispositivo de producción de ganado gordo en los avances del frente de colonización en las regiones de Huimanguillo del estado de Tabasco, Palenque -en Chiapas- y hasta Campeche.

Si la familia Maitret representa el ejemplo más acabado de integración clientelar, este modelo fue copiado por el conjunto de los grandes operadores que se habían implantado en la región a inicios de los años cincuenta del siglo XX. Este modelo operó en la organización productiva de las colonias creadas en las dos riberas del río Coatzacoalcos y en el interfluvio entre el Uxpanapa y el Tonalá, al sur del campo petrolero de Las Choapas (fig. 1). En las condiciones de fuerte adversidad que encontraban los grupos de colonos (aislamiento, insalubridad y precariedad de los asentamientos, falta de capitales), la mayoría enfrentó el dilema entre abandonar sus tierras o pasar bajo el control de los grandes patrones de clientela.

Cirilo Vázquez y la privatización del dispositivo público

En la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX, la política agraria toma un nuevo giro, con la pauta puesta sobre la creación de ejidos y de un dispositivo complejo de instancias estatales (reforma agraria, Banco de Crédito Ejidal, programa de desarrollo del Uxpanapa, Instituto Nacional Indigenista) encargadas de organizar el proceso colonizador. Durante la década de 1970, esta política se apoya en las disponibilidades presupuestales generadas por el auge petrolero. Entre 1962 y 1975, se reparten cerca de 430 000 ha de terrenos nacionales a más de dieciocho mil ejidatarios en el Istmo, lo que corresponde a una multiplicación por 11 y 6, respectivamente, de los alcances de la reforma agraria durante los cuarenta años anteriores.

Sin embargo, y por muchos años, las dotaciones agrarias tardan en cobrar realidad más que en los expedientes administrativos: en la selva densa e incomunicada de los confines de Veracruz, Oaxaca y Chiapas,¹⁸ la instalación de campesinos sin capital y su permanencia era casi imposible sin el apoyo económico y logístico de las instancias gubernamentales o de un padrino privado. Por otro lado, las dotaciones provisionales de tierra no precisaban su ubicación y delimitación: estas estaban sujetas a negociación y confrontación entre grupos campesinos. En este contexto de precariedad y competencia en el acceso a los espacios más favorables, aunado a la corrupción imperante en la administración agraria, el patronazgo político fue un recurso ineludible para que los grupos de nuevos ejidatarios pudieran permanecer en la frontera agraria. Era un requisito para que un ingeniero de la administración agraria estuviera comisionado para realizar los deslindes y asegurar la posesión del territorio codiciado frente a grupos competidores. Condicionaba asimismo el suministro de los recursos de primera necesidad y de los medios de producción requeridos para la supervivencia social. La protección de un dirigente local capaz de proveer los apoyos políticos y económicos de un padrino pudiente determinó así las trayectorias exitosas en la frontera. Las redes de patronazgo político y productivo se expandieron, enlazando a los ejidatarios con sus líderes, y a estos con los patrones de clientela, a nivel de las colonias agrícolas que controlaban los nudos de comunicación con el frente de colonización y, de ahí, con los empresarios ganaderos ubicados en las principales carreteras (véase la fig. 2).

Figura 2 Organización del espacio y de las relaciones productivas en los frentes de colonización. 

Fue en este contexto de abundancia de recursos públicos (créditos y dotaciones de tierras) y extrema personalización de los canales de acceso a los mismos que surgió la figura de Cirilo Vázquez Lagunes. Vázquez era oriundo del municipio de San Juan Evangelista, a escasos kilómetros de Acayucan y Sayula. A principios de los años setenta del siglo XX, a través de la conexión con un influyente columnista de la prensa nacional, propietario de un rancho en Sayula, logró establecer contactos en la administración agraria (en particular, con Javier García Paniagua, secretario de Reforma Agraria entre 1980 y 1981), así como en la Dirección Regional del Banco de Crédito Rural (Banrural). Mediante estos contactos, se posicionó en el centro de una red de intercambio de informaciones y favores entre empresarios ganaderos, altos funcionarios, operadores de las diferentes agencias estatales en la región y actores clave de la sociedad regional, como los que habían laborado en el Plan Agrario de Veracruz.

Por un lado, actualizó el antiguo sistema de denuncia y adjudicación de tierras nacionales mediante juicios de prescripción positiva. Una vez registradas, esas tierras eran puestas en circulación en la red de sus obligados, en particular a nivel de las administraciones de Reforma Agraria y del Banrural, así como entre los responsables de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sindicato de trabajadores petroleros. A cambio de estos favores, Vázquez obtuvo un control casi discrecional sobre los créditos productivos canalizados por las agencias regionales de Banrural entre 1978 y 1986. Al igual que en el sistema implementado por los grandes empresarios privados, los recursos formalmente asignados a la producción ganadera eran desviados para extender una red de servicios (caminos y puentes, maquinaria, dotaciones en escuelas y clínicas a los ejidos, almacenes, básculas para el ganado), activos físicos (compra de tierras e instalación de clientes) e infraestrutura política (cooptación de las asociaciones ganaderas, de los ayuntamientos y de los comités ejidales), mientras las relaciones en aparcería sustituían al crédito público para abastecer de animales a los beneficiarios formales.

A principios de la década de 1980, Vázquez ocupaba una posición bisagra entre varios dispositivos clientelares, en un espacio que se extendía desde el municipio de Jesús Carranza hasta el sur de Las Choapas, pasando por Matías Romero, en Oaxaca, y el valle del Uxpanapa. Había tomado el control de las principales AGL e involucrado a la mayoría de los cuadros de las administraciones estratégicas (Reforma Agraria, Poder Judicial, FIRA, Banrural, distrito de drenaje del Uxpanapa) en su dispositivo de redistribución de prebendas. Varios testigos, entre ellos el propio Cirilo Vázquez, mencionan que buen número de los ejidos formados en la parte suroriental de la región, en realidad operaban como ranchos privados, y sus integrantes formales, o bien trabajaban como vaqueros o medieros, o bien eran simple testaferros de los dueños reales, todos miembros de la red de poder cirilista.¹⁹

El dispositivo de Vázquez no afectó los intereses del primer grupo de empresarios. Por el contrario, en 1983, el llamado Cacique del Sur apoyó la estrategia de la AGL de Sayula de participar en los principales rastros de la región y penetrar el mercado de distribución de carnes del Distrito Federal (actual Ciudad de México). Las obras de infraestructura realizadas mediante la reorientación de los créditos públicos beneficiaban a los grandes operadores del sistema de colocación y acopio de ganado. La organización de Vázquez y las redes de patronazgo existentes se desarrollaron en forma paralela, apoyándose en canales de crédito complementarios, público y privado, y planeando una división funcional de los espacios: mientras los empresarios tradicionales y sus asociados de las colonias Nuevo Morelos, Vicente Guerrero o Miguel Alemán extendían sus dispositivos en las zonas de Sayula, Jesús Carranza, y la parte norte del Istmo, la red organizada por Cirilo Vázquez centraba sus operaciones en los ejidos del Uxpanapa, el sur de Las Choapas y la zona de Matías Romero, en Oaxaca.

Al realizar la imbricación de los dispositivos de refoma agraria, crédito público y de patronazgo privado, Cirilo Vázquez dio al modelo original de coordinación clientelar una dimensión sistémica. La innovación más notable radicó en el lugar ocupado por la pequeña explotación y la institución ejidal en los procesos productivos. A partir de la década de 1970, los ejidos fueron un recurso estratégico y su incorporación al complejo ganadero regional actualizó y perennizó el régimen de regulación implementado desde los años cuarenta del siglo XX.

La captura de la política agraria

Si bien la política de colonización agraria ha sufrido giros jurídicos importantes, también ha tenido continuidades notables en cuanto a las modalidades de acceso a los derechos de propiedad. Dicho acceso se ha caracterizado por la permanencia de mecanismos descendientes de delegación clientelar y personalizada, que resultaron en una extrema individualización de las formas de posesión, fuese cual fuese su estatuto legal.

En las formas instituidas por la ley de colonización de 1946, la primera fase del proceso de frontera se apoyó en las figuras de la pequeña propiedad ganadera y de la colonia agrícola. La primera derivaba de la adquisición al gobierno federal de un terreno nacional o del reconocimiento de una posesión por información ad perpetuam, que podía dar pie a un juicio de prescripción positiva para disponer del dominio pleno (^{Pérez Castañeda 2002, cap. 5}). La colonia agrícola correspondía a la concesión de un lote de entre cincuenta y cien hectáreas a los miembros de una entidad asociativa, dentro de la cual los derechos eran individualizados pero condicionados a la explotación efectiva. Entre 1942 y 1962, ochocientas mil hectáreas fueron así asignadas en el Istmo Central, por mitad a propiedades privadas y a 55 colonias agrícolas, cuando los ejidos representaron apenas el 4 % de esta superficie: 30 370 ha (^{Colin 2012, 322-23}).

Aún después de la derogación de la ley de colonización, en 1963, que restringió en adelante la colonización agraria a la modalidad exclusiva de formación de ejidos, los juicios de prescripción positiva a ocupantes privados siguieron siendo muy comunes.²⁰ De hecho, el Plan Agrario de Veracruz tenía como una de sus finalidades proveer los elementos que permitieran fundamentar tales reclamos para obtener el dominio pleno de las tierras. Vimos cómo esta institución fue infiltrada por los grandes ganaderos del Istmo, y los mismos procedimientos fueron instrumentados posteriormente por los miembros de la red cirilista a una escala hasta entonces nunca alcanzada.

No obstante la ejidalización de la colonización a partir de 1964, la construcción de derechos individuales de tipo privado (ilegales, pero efectivos de facto) también fue característica de la fase de formación de ejidos durante los años 1970 y 1980. A través de la cooptación de los funcionarios de la reforma agraria y del Banrural, Cirilo Vázquez implementó un sistema de creación de ranchos dentro de las estructuras ejidales, cuyos detentores oficiales eran testaferros y empleados al servicio de los propietarios reales. Los mismos principios de delegación personalizada de recursos (tierras, créditos, ganados) a un pequeño número de intermediarios ejidales, en un contexto de gran precariedad de las condiciones de vida, propició la concentración de las tierras abandonadas por los excluidos de las redes de poder local. Los comisionados de los grandes ganaderos disponían de amplios márgenes de maniobra para recuperar los derechos vacantes y formar ranchos cuyas estructuras eran similares a los de las propiedades ganaderas privadas.²¹ Los ejidos, forma de propiedad colectiva, fueron de esta manera también espacios de concentración y privatización de hecho de las tierras.

El control y desvío de los canales públicos y privados de crédito

El control de los dispositivos de crédito para extender y consolidar las redes de patronazgo ha sido otro elemento clave de la dinámica de la frontera agraria. Durante la primera fase del proceso de colonización, el énfasis puesto en la propiedad privada hacía del acceso a los financimientos fue un punto discriminante. La disponibilidad de créditos era clave para que empresarios como los Maitret pudieran desarrollar su estrategía de adquisición, lotificación y venta de ranchos. La regulación del sector bancario no permitía disponer de créditos para comprar propiedades que podían ser afectadas para una dotación ejidal. El subterfugio empleado consistió en obtener préstamos informales, de corta duración, ante los gerentes de las agencias bancarias de la región, para canalizarlos a integrantes de su red clientelar que así financiaban la compra de los terrenos lotificados. Acto seguido, el título de propiedad era empeñado para negociar un crédito hipotecario para la engorda de ganado, cuyo monto reintegraba las arcas de la primera agencia bancaria -deducida la comisión del gerente-. El empresario que dirigía la operación proveía los colonos en becerros a través de un contrato de engorda a medias y entregaba al banco las facturas que atestiguaban del debido uso del crédito.

Fue así como Clemente y Eduardo Maitret echaron mano de sus apoyos políticos (que remuneraban con la cesión de ranchos ganaderos) para integrar los consejos de administración de algunos de los bancos más poderosos del país. Desde esta posición, estuvieron en situación de desviar los créditos internacionales para el desarrollo de la ganadería a favor de su dispositivo de patronazgo.

La estrategia de los Maitret culminó con la formación de una Unión de Crédito, durante la década de 1980. La Unión operó durante diecisiete años en cuatro estados del país (Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche) como banco hipotecario: los créditos de FIRA para la engorda de ganado eran empleados en forma sistemática para expandir su dispositivo de compraventa de tierras, hasta la liquidación judicial de la estructura, a raíz de la crisis financiera de 1995.²²

Con el ascenso de Cirilo Vázquez y la cooptación de gran parte del dispositivo estatal, la misma lógica impregnó el manejo de los financiamientos públicos, en su momento de mayor auge. Siguieron las prácticas de compra y reventa de terrenos nacionales. Pero los créditos de Banrural también sirvieron para desarrollar infraestructuras de comunicaciones y equipar los nuevos ejidos en servicios sociales (escuelas, clínicas) y productivos (maquinaría agrícola, instalaciones de acopio y transporte del ganado), siempre a modo de favores personalizados que consolidaban los vínculos clientelares de los grupos beneficiados con la figura tutelar de Vázquez. Los créditos estaban asignados formalmente a grupos de caución solidaria para la engorda colectiva de becerros. Pero en los hechos, los agentes bancarios entregaban el dinero a los operadores políticos de Vázquez y estos lo usaban para financiar las infraestructuras necesarias para su dispositivo de control. Los mismos proporcionaban el ganado a los grupos solidarios a través de contratos de aparcería, y sus facturas permitían respaldar el crédito.

El acceso a la producción ganadera: los contratos de cría a medias

Ningún crédito a la ganadería fue más eficiente y benéfico como la aparcería: esta no tiene intereses ni vencimiento y se reparte la parte capitalizada, cuando el precio del producto es el mejor. La ganadería a medias se usó como respaldo a los créditos oficiales: los ejidos recibían el crédito, pero el ganado se proporcionaba a medias y el dinero se usaba en otras cosas.²³

Esta cita de uno de los grandes operadores de la ganadería regional resume el papel central que los arreglos de cría a medias han desempeñado en la dinámica de la frontera. La expansión de la ganadería descansó en la división del trabajo entre los empresarios que controlaban el suministro de créditos y becerros, así como la comercialización de los toretes cebados, y los campesinos que asumieron las tareas de producción de pastos y engorda de los animales. Los contratos de aparcería proporcionaron la base institucional de esta división del trabajo, y sirvieron de soporte a la expansión de las relaciones de patronazgo entre los grandes operadores regionales, los medianos empresarios de las zonas de colonización maduras y sus clientelas en las nuevas fronteras.

Desde los años cincuenta del siglo XX, los empresarios ganaderos habían desarrollado una oferta de contratos de engorda en aparcería a sus clientes de las colonias agrícolas. Los Maitret implementaron un convenio que tuvo una gran difusión: tras apoyar la implantación de pasturas, entregaban becerros de dieciocho meses y unos doscientos kilogramos de peso, así como los productos veterinarios requeridos durante un ciclo de engorda de dieciocho a veinticuatro meses. Ellos decidían el momento de la venta (cuando los animales habían alcanzado de cuatrocientos cincuenta a quinientos kilogramos), en función de la situación del mercado. La ganancia correspondiente a la toma de peso del ganado era dividida entre las dos partes, una vez deducidos los gastos asumidos por el patrón. En una primera etapa, los convenios eran acordados con los líderes ejidales, con el fin de evaluar su capacidad para coordinar a su gente en la gestión del hato. Posteriormente, las partidas de ganado podían ser individualizadas, aun cuando el mismo dirigente fungiera como garante de la colectividad.

Las cláusulas de estos contratos encubrían mecanismos de repartición asimétrica del valor. En primer lugar, la evaluación del peso de los becerros entregados, realizada a bulto, sin pesarlos, dejaba al dueño de los animales un margen amplio de valoración de su capital. En segundo lugar, el cálculo del valor agregado durante el proceso productivo atribuía el mismo precio a los toretes engordados y a los becerros por engordar, cuando la tasación de los primeros en el mercado era superior. En tercer lugar, el mediero asumía la totalidad de los costos de producción de los forrajes y de reposición de los animales muertos. Estas desventajas eran parcialmente balanceadas por los créditos de consumo o para la salud que los grandes ganaderos consentían a favor de sus medieros.

Suscritos por colonos pobres para formar un capital productivo, estos convenios tendían a perpetuar una situación de dependencia estructural. Debido a la mortalidad de los animales, a los costos de mantenimiento de las pasturas, así como a las asimetrías de precio, la ganancia del mediero no le permitía sino una autonomización muy lenta. Los plazos comúnmente observados al respecto entre los actores mejor ubicados -los dirigentes ejidales que tenían la exclusividad de trato con los patrones- se ubicaban en torno a veinticinco años.²⁴ Tal ritmo de acumulación garantizó a los grandes ganaderos una estabilidad de las superficies bajo su dominio, la lenta saturación del espacio pastoral en las antiguas fronteras siendo compensada por la instalación de nuevos dependientes en las nuevas (^{Cochet, Léonard y Tallet 2010}).

Una organización territorial en archipiélagos

El modelo clientelar de regulación ha cristalizado la formación de territorios en archipiélago, articulados por los flujos de insumos (becerros, créditos, semillas, medicinas) y productos (toretes gordos), así como de informaciones estratégicas y favores políticos. Estos territorios están reticulados en torno a los ranchos de los grandes empresarios, ubicados a proximidad de los principales ejes carreteros, donde se realiza la ceba terminal de los animales. Con el paso del tiempo, esta organización se ha complejizado, con el desarrollo de subsistemas semiautónomos, coordinados por ganaderos de menor envergadura, localizados en su mayoría en las principales colonias agrícolas (Nuevo Morelos, Sánchez Taboada, Vicente Guerrero, Miguel Alemán: fig. 1). Estos patrones de segundo nivel han permanecido insertos en los dispositivos de los grandes empresarios, tanto para comercializar su ganado como para abastecerse en insumos (créditos, sementales seleccionados, tierras en el frente de colonización) -la cooperativa CADI se proponía responder a estas demandas-. La articulación de redes clientelares en las fases sucesivas de propagación de la frontera agraria ha llevado a la formación de organizaciones espaciales en racimo, que materializan las relaciones interpersonales entre los patrones de clientelas locales y sus padrinos regionales (fig. 2).

Un escollo mayor en este tipo organización radica en las coordinaciones políticas que permiten regular las situaciones de traslape potencial entre redes concurrentes. Las organizaciones gremiales del sector ganadero y del sindicato petrolero han desempeñado un papel central al respecto. Al constituir arenas de construcción de compromisos entre patrones de clientelas, estas organizaciones permitieron controlar los conflictos que podían surgir de la expansión de los archipiélagos ganaderos hacia los confines de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La URGVS, en particular, operó como un órgano central para negociar las áreas de influencia de las asociaciones dominantes (la AGL de Sayula, controlada por los empresarios de primera generación, y la de Jesús Carranza, afiliada a la red de Cirilo Vázquez) o dirimir las diferencias entre sus agremiados de Coatzacoalcos y Las Choapas y las figuras del sindicato petrolero. De la misma manera, medió en la repartición de las rutas de transporte de personas y carga por las que competían las compañías pertenecientes a figuras de la ganadería (como Amadeo González Caballero y Octavio Ochoa Ochoa) y de la industria petrolera regional (^{Ochoa 2000}).

Maduración de la frontera y reconf iguración de las relaciones socioespaciales: ¿extensión del proyecto extractivista o integración territorial?

Este modelo de regulación ha empezado a fisurarse con la disminución tendencial de los márgenes de ganancia del sistema ganadero, debido, por un lado, al encarecimiento de los factores de producción (incremento del precio de la tierra y de los costos de mantenimiento de los pastizales, mayor incidencia de las epizootias, transformación del régimen pluviométrico) y, por otro, a la autonomización gradual de los pequeños engordadores, conforme internalizaban los costos de adquisición de los becerros flacos y productos veterinarios. La expansión de la frontera conllevaba la incorporación de un número creciente de intermediarios y una consecuente disminución de los márgenes apropiados en cada eslabón de la cadena. Esta erosión sufrió una aceleración con la crisis del régimen político a partir de la segunda mitad de la década de 1980: la disminución de los recursos públicos asignados al sector rural y la marginación de las organizaciones gremiales en su distribución afectaron la funcionalidad de las redes tradicionales de patronazgo. Sin cuestionar del todo los principios de regulación clientelar que caracterizan el modelo de la frontera, estas transformaciones han obligado a los actores dominantes a reconfigurar sus dispositivos de control socioproductivo.

Nuevamente, encontramos dos ejemplos paradigmáticos de ajuste en las figuras de la familia Maitret y de Cirilo Vázquez Lagunes. Desde los años setenta del siglo XX, pero con un énfasis creciente durante la década siguiente, los Maitret buscaron expandir hasta sus últimos límites espaciales su modelo de integración vertical y organización en enclaves, procurando autonomizar su dispositivo de las grandes estructuras bancarias. La creación de la Cooperativa Agropecuaria del Istmo y de una unión de crédito sobre la que tenían un control absoluto fueron elementos que les permitieron expandir su complejo productivo desde su cuna histórica del curso medio del río Coatzacoalcos, hacia la zona de Las Choapas y las regiones de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, Palenque y en el norte de Chiapas, para finalmente alcanzar las últimas fronteras de colonización del sureste de Campeche. En estos nuevos espacios, el modelo original de adquisición de terrenos nacionales, lotificación y acondicionamiento de ranchos ganaderos, venta a crédito de los mismos y suministro en ganado para la engorda fue reproducido con alteraciones mínimas. El colapso de esta organización solo fue provocado por la crisis financiera de 1995, que llevó la unión de crédito a la quiebra y provocó el derrumbe de un dispositivo adicto de los financiamientos bancarios baratos.

A lo largo de su estrategia de expansión de su emporio ganadero, los Maitret fueron renuentes a implicarse directamente en la competencia política -lo cual nunca impidió que promovieran los intereses de personajes clave del régimen, a cambio de su apoyo para infiltrar administraciones estratégicas-. El accionar de Cirilo Vázquez, por el contrario, era determinado por las dimensiones políticas del control social, porque su propio proyecto económico estaba construido en torno al dispositivo estatal, y prestaba por lo tanto una atención mayor a la incorporación política de los territorios de la frontera; aunque nunca asumió personalmente un mandato electivo, ya sea en la representación política o gremial, patrocinó abiertamente a candidatos provenientes de su red clientelar para los puestos de presidente municipal o de las asociaciones ganaderas locales, de diputados locales y federales o de senador. Tras una década de embrollos judiciales y de eclipse político,²⁵ Vázquez volvió a la región del Istmo en los albores del nuevo siglo, con un proyecto de integración territorial, y buscó operar una transformación que podría decirse cualitativa del modelo de la frontera. Al amparo de las políticas de democratización, volvió al primer plano del escenario político regional aliándose con el Partido Acción Nacional (PAN) y postulando allegados suyos en las elecciones municipales de 2004. En esta ocasión sus candidatos triunfaron en doce de los diecinueve municipios del Istmo veracruzano, singularmente en los de mayor desarrollo ganadero, con la excepción notable de Sayula.²⁶ Desde estas posiciones, Vázquez emprendió la coordinación de la gestión

de los fondos de desarrollo municipal (FISM/Ramo 033) administrados por los ayuntamientos, y los de las asociaciones ganaderas para instalar un sistema de infraestructuras (comunicaciones, servicios, equipos productivos) orientadas a fomentar la integración de los territorios políticos y productivos hasta entonces fraccionados entre diferentes redes clientelares.²⁷ Este intento de convertir una organización en enclaves en un territorio político integrado -y gobernado de manera centralizada- fue brutalmente interrumpido por su asesinato, en noviembre 2006, poco después de las eleciones presidenciales.