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Introducción
La vida transfronteriza en el sur de México tiene una larga historia que remite a la antigua territorialidad de los pueblos mesoamericanos, previa a los procesos de colonización española. Los pueblos indígenas de origen centroamericano transitaban la región siglos atrás, antes del establecimiento de la frontera sur de México (Castillo 2017; Fábregas Puig 2005). A más de un siglo de fijarse la actual demarcación fronteriza, el cruce de miles de personas guatemaltecas -que por generaciones se han trasladado para trabajar en las localidades aledañas a la división internacional- continúa. Desde principios del siglo XX, el gobierno mexicano ha desarrollado políticas migratorias de documentación de los trabajadores guatemaltecos (Martínez Velasco 1994), en el marco del nacionalismo mexicano (Cunin 2014). En tanto, el despliegue de programas de documentación migratoria de las últimas dos décadas sucede en el marco de las políticas de control fronterizo para la seguridad nacional y regional (Castillo 2017; Sandoval Palacios 2000). Las viejas y nuevas políticas han convertido en ilegales las antiguas prácticas de desplazamiento regional (Rojas Wiesner 2017), además de incrementar los niveles de clandestinidad y riesgo de las personas que siguen su tránsito hacia Estados Unidos; así lo señalan Ruiz Marrujo (2001) y Basok et al. (2015). Sin embargo, la investigación que se describe en este artículo muestra un desfase entre esas políticas regionales de control migratorio y las prácticas cotidianas de movilidad de las personas que cruzan la frontera sur de México, específicamente, la de Frontera Comalapa-La Mesilla. Existe una realidad cotidiana para una parte significativa de la población que sigue cruzando sin documentos, ya sea que lo hagan para estancias por horas en una dinámica commuter, para permanecer por tiempos más largos en esta frontera o para transitar hacia el norte del país.
Este artículo tiene como objetivo analizar las repercusiones de la documentación de identidad migratoria en la experiencia de movilidad laboral transfronteriza de personas de origen guatemalteco en el municipio de Frontera Comalapa, en la región de La Mesilla, el cual ha registrado un incremento inusitado en los últimos años, particularmente entre la población indígena. El artículo se sitúa en las discusiones sobre las respuestas de las personas a las políticas de control de la movilidad, a través de la expedición de documentos migratorios de carácter temporal, como estrategia estatal para evitar la residencia y permanencia a largo plazo de los inmigrantes, con consecuencias en procesos de exclusión ciudadana (Horton 2020). Asumiendo, como lo señala Heyman (2020), que los documentos de identidad -no solo los migratorios- representan la materialización del poder del Estado sobre los individuos y, a la vez, constituyen un sitio privilegiado para estudiar los procesos de exclusión y de resistencia ciudadana; también acudimos a las premisas de la antropología del Estado (Das y Poole 2004), que señala la compleja relación de las personas con los agentes e instituciones estatales y las múltiples tácticas y estrategias para evitar el control de su movilidad y realizar sus proyectos vitales.
La investigación que da pie a este trabajo se basa en un estudio cualitativo a través del método biográfico con personas de origen guatemalteco que tienen estancias de más de un día en la localidad de estudio. Esta decisión se debió al interés por estudiar el proceso de movilidad y la integración social con miras al asentamiento, o bien la migración al norte del país. En las primeras exploraciones encontramos que el tema de la documentación migratoria y de identidad ocupaba a distintos agentes sociales, líderes laborales, funcionarios y activistas pro derechos de los migrantes. Este hecho llevó a indagar la relevancia de este aspecto en la movilidad y en la integración social de las personas de origen guatemalteco, dada su importancia no solo en las políticas públicas, sino en las discusiones académicas.
A continuación, se presenta la metodología del estudio que respalda este trabajo; sigue un apartado sobre la construcción conceptual de frontera, documentación y movilidad, con énfasis en aquella que se ha producido para el análisis de la región específica; continúa la descripción del contexto regional y local, basada en el análisis de datos censales de 2020 (INEGI 2020) y la encuesta representativa sobre migración en la frontera sur para el año 2017 (COLEF et al. 2019). Posteriormente, el análisis de los datos cualitativos es presentado en torno al papel de la documentación en la experiencia de la movilidad fronteriza y laboral. En la parte última, se presentan las conclusiones.
Metodología
La metodología de estudio es cualitativa, basada en entrevistas en profundidad de corte biográfico que registran los eventos vitales más significativos de las personas en torno a la movilidad, la vida familiar, el empleo y la residencia. Se entrevistaron a 27 personas mayores de edad nacidas en Guatemala -residentes de Frontera Comalapa-. En los criterios de diferenciación de la muestra se consideraron la condición de documentación migratoria, el sector del empleo actual, la adscripción étnica y el género. Las características de la muestra son las siguientes:12 personas son indígenas,1 14 no tienen documentos migratorios de cruce fronterizo, 14 son hombres y 13 mujeres, sus edades van de los 18 a los 65 años, de estas, 13 personas tienen entre 18 y 35 años, mientras 14 tienen entre 36 y 65 años.
Las entrevistas fueron realizadas por un equipo de investigadoras y estudiantes de posgrado,2 en julio de 2018. Para establecer el contacto inicial con los informantes contamos con la ayuda de un asistente de campo, trabajador de una organización de la sociedad civil en la ciudad de Frontera Comalapa. A partir de las primeras entrevistas, seguimos la estrategia bola de nieve para ampliar la muestra y lograr la confianza directa con los informantes, de quienes guardamos en el anonimato el nombre y lugar de residencia, dado que algunos no cuentan con documentación migratoria. Las entrevistas se hicieron en español,3 se llevaron a cabo en espacios públicos y en las viviendas de los entrevistados, fueron grabadas -previo permiso del informante- y tienen una duración de entre treinta minutos y una hora.
Previo a las entrevistas en profundidad con los sujetos de estudio, realizamos entrevistas abiertas con informantes clave, las cuales nos guiaron en la revisión de la guía previamente construida y nos señalaron la relevancia de la documentación migratoria en la movilidad y la integración social de las personas guatemaltecas. Sin embargo, como lo veremos en los resultados que se describen, la vida de los cruzadores fronterizos no depende completamente de la documentación, sino de estrategias complejas basadas en experiencias generacionales de movilidad transfronteriza.
La perspectiva biográfica nos permitió observar cómo han cambiado sus experiencias de desplazamiento laboral en relación con la condición de documentación migratoria a lo largo de sus vidas, a través de la sistematización de la cronología de los eventos biográficos y su nexo con acontecimientos sociales, así como el significado que tales sucesos cobran en el contexto de sus historias biográficas y familiares. Las entrevistas fueron transcritas y se elaboraron fichas narrativas sobre los ejes de documentación, movilidad y trabajo, cuidando las marcas de tiempo y espacio.
Adicionalmente, recurrimos a fuentes cuantitativas para contextualizar el estudio cualitativo. Realizamos procesamientos estadísticos descriptivos del censo de población y vivienda 2020 (INEGI 2020) y de la encuesta sobre migración en la frontera sur de México 2017 (EMIF Sur) (COLEF et al. 2019)4 para caracterizar étnica y sociodemográficamente a la población guatemalteca, así como la dinámica de cruce en la frontera México-Guatemala y, en particular, de La Mesilla- Ciudad Cuauhtémoc.
Antes de abordar la contextualización del estudio cualitativo en Frontera Comalapa, se plantean algunos elementos de orden conceptual, en diálogo con la literatura que aborda la migración guatemalteca en esta región fronteriza.
Frontera, movilidad y documentación migratoria: Un acercamiento conceptual
Desde la sociología de la movilidad (Urry 2000), es posible pensar en la constitución de los espacios fronterizos entre países como producto de los distintos desplazamientos humanos (Cresswell 2013) que confluyen diferenciados por estructuras y jerarquías de poder y posición, que van de lo local a lo global. Los Estados tienen el poder de definir los medios legítimos de la movilidad y de distinguir entre la condición de ciudadanos, extranjeros o parias (Torpey 2000) a través de los registros, clasificaciones y la expedición de documentos de identidad. Sin estos instrumentos de control, el Estado no podría gobernar la movilidad de la población.
En esta perspectiva conceptual, el espacio fronterizo entre países tiene un estatus privilegiado en el ejercicio de la autoridad del Estado a través de la vigilancia de los documentos de identidad, tales como visas, pasaportes y permisos migratorios. No obstante, como Torpey (2000) señala, el control de la movilidad por medio de la documentación no solo se enfoca en los cruces fronterizos, sino también en los tránsitos domésticos a través de un aparato burocrático destinado a la emisión de licencias o credenciales de elector. En conjunto, todo este arsenal es la materialización de la ciudadanía, a la vez que una fuente de desigualdad en las condiciones de movilidad.
Estas posturas parecen señalar una emergente importancia de los documentos migratorios en las vidas de las personas y, por lo tanto, como lo señala Horton (2020, 6), un artefacto privilegiado para observar la relación del individuo con el Estado; primero, a través de las prácticas cotidianas de documentación, con sus procedimientos burocráticos y, segundo, como fuente de poder para diferenciar a los ciudadanos de quienes no lo son. Sin embargo, en tanto que los documentos materializan una relación de poder (Heyman 2020), los individuos promueven su propia agencia para enfrentar esa sujeción en el marco de la inscripción burocrática, por ejemplo, con documentos falsos, o bien, más allá del marco burocrático, mediante cruces o tránsitos clandestinos. Heyman (2020, 292) propone analizar cómo los inmigrantes responden o se adaptan considerando dos polos de las relaciones de poder: desde la internalización de las categorías que la documentación les asigna y desde la indiferencia pragmática sobre su uso, para resistir lo mejor posible al constreñimiento de su movilidad. A la luz de los hallazgos de la investigación, nos interesa generar un acercamiento alternativo al estudio de la movilidad transfronteriza más allá de la obsesión de documentación de los gobiernos y otros agentes del campo migratorio, con apoyo de la antropología del Estado de Das y Poole (2004). Según estas autoras, los individuos establecen relaciones muy complejas con el Estado -a través de sus agentes e instituciones- debido a la incapacidad de este para gobernar en forma total a su población. En sus márgenes e intersticios, siempre hay espacio para la agencia de los individuos que escapan al control, en este caso de la movilidad. En esta línea, Heyman y Smart (1999) ofrecen un marco para entender las prácticas clandestinas como prácticas morales de negación de la legalidad, en las que los medios de acción riesgosos para evitar la vigilancia y lograr objetivos específicos se justifican por el consenso del grupo. Con esta tesis, Abraham y van Schender (2005, 31) distinguen lo ilegal de lo ilícito; mientras que el primero supone la legitimidad política del Estado, el segundo se fundamenta en la legitimidad social de una determinada comunidad. Nuestra hipótesis es que los habitantes no mexicanos, ya sean residentes o personas en tránsito, adoptan prácticas de movilidad transfronteriza que no necesariamente se atienen a la lógica de la legalidad estatal, no solo en resistencia sino en la inercia de sus prácticas territoriales históricas. Tal hipótesis se sustenta en la amplia historiografía de la región que señala procesos de colonización guatemalteca desde el siglo XIX (De Vos 2002; Fábregas 2005; Martínez Velasco 1994).
Las migraciones laborales pueden pensarse como una forma de movilidad que caracteriza ciertos espacios fronterizos en menor o mayor medida, pero que confluye con otras movilidades humanas -incluso en una biografía individual- y solo es posible distinguirla en una realidad específica. Conforme con lo anterior, Paasi (2011) plantea que el concepto de frontera puede ser una herramienta analítica útil, siempre y cuando lo apliquemos a realidades específicas. En este sentido, a continuación, presento una revisión de los estudios sobre frontera, movilidad y documentación que se han realizado en la región de estudio.
Estado de la cuestión sobre movilidad fronteriza entre México y Guatemala
La revisión de la literatura de la región, a la luz de la tesis de Cresswell (2013) sobre la constitución del espacio fronterizo a través de las movilidades, hace evidente la heterogeneidad subregional, tal como lo plantea Arriola Vega (2018), ante lo que considera una representación parcial de la frontera México- Guatemala. Un gran número de movilidades confluyen en las distintas subregiones fronterizas que propone Arriola Vega: 1) las visitas de interés familiar, comercio y turismo (Basail Rodríguez 2011), que son la amplia mayoría; 2) los desplazamientos forzados de refugiados en la década de 1980 (Castillo y Casillas Ramírez 1988); 3) la migración laboral, constituida por trabajadores agrícolas temporales del café y el maíz, principalmente (Castillo 2017; Ángeles Cruz y Rojas Wiesner 2000; Rojas 2017; Martínez Velasco 1994), y 4) el tránsito hacia Estados Unidos de América, que en la última década se ha distinguido entre lo que podríamos llamar espontáneo (Castillo 2017; Ángeles Cruz y Rojas Wiesner 2000; Martínez Velasco 2014) y el organizado en caravanas a partir de 2018 (Varela Huerta y McLean 2019).
El análisis de tales desplazamientos ha producido conceptualizaciones distintas, aunque no divergentes, sobre el espacio fronterizo. Una perspectiva concibe la frontera como una región de alta interacción humana y comunitaria desde antes del siglo XIX (De Vos 2002; Fábregas 2005; Castillo 2017; Rojas Wiesner 2017; Martínez Velasco 1994), mientras que otra la observa como puerta de entrada a los corredores migratorios hacia Estados Unidos de América, marcados por la clandestinidad y el riesgo ante el crimen organizado y las estrategias de vigilancia del gobierno (Basok et al. 2015; Ruiz Marrujo 2001; París Pombo 2017). En ambas perspectivas está presente la propuesta pionera de De Vos (2002) sobre la frontera como línea y como frente.
Los estudios documentan los obstáculos que encuentran las personas para cruzar, residir y, luego, transitar hacia el norte, los cuales se relacionan directamente con las políticas, cada vez más restrictivas, de control migratorio del gobierno mexicano. La intención de ordenar los flujos de movilidad entre México y Guatemala se inscribe en la estrategia global de control de las migraciones surnorte, en el marco de la seguridad nacional (Sandoval Palacios 2000). Sin embargo, adicionalmente a las consideraciones sobre el orden global, es importante tomar en cuenta la historia y la política específica a nivel regional y local. Rojas Wiesner (2017) data el auge del control de los cruces de Guatemala a México mediante la documentación en la década de 1990, con diferentes tipos de permisos; aunque es hasta la primera década del siglo XXI cuando sucede la regularización para condicionar a los visitantes (trabajadores o no) con permisos específicos previstos en diferentes programas y leyes (Rojas Wiesner 2017, 91; INM et al. 2013). La política de control migratorio entre México y Guatemala ha combinado la documentación expedita, por medio de permisos temporales para el cruce, con la persecución, detención y deportación de quienes se desplazan al norte (Rojas Wiesner 2018). Los estudios reportan el proceso de criminalización de los migrantes al convertir en ilegal una añeja práctica de desplazamientos (Castillo 2017), lo cual no solo ha afectado a los migrantes, sino también a los residentes mexicanos (Galemba 2018). No obstante, los estudios de corte histórico y antropológico sobre la región muestran una alta movilidad transfronteriza un tanto indiferente a la documentación migratoria (Basail Rodríguez 2011; Castillo 2017; De Vos 2002; Fábregas Puig 2005; Rojas Wiesner 2017; Martínez Velasco 1994) a lo largo de la amplia franja donde funcionan diez puntos fronterizos sin muros ni infraestructura material en las garitas (Rojas Wiesner 2018).
El contexto regional y local del estudio: Frontera Comalapa y la vida fronteriza en La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc
Martínez Velasco (1994) y Castillo (2017) coinciden en que la parte fronteriza del estado de Chiapas que colinda con los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, en Guatemala, históricamente han registrado la interacción humana más intensa en la frontera sur de México (véase fig. 1). Castillo (2017) afirma que en el siglo XXI esta región experimentó un cambio importante en los movimientos transfronterizos tradicionales para la agricultura -sobre todo en el caso del café- con nuevas rutas a los centros urbanos y, en el último decenio, hacia Estados Unidos de América (véase Rojas Wiesner y Winton 2018).
Figura 1 La frontera de México-Guatemala, puntos de cruce, 2020. Elaboración propia con apoyo de la Unidad de Servicios Estadísticos y Geomática de El Colegio de la Frontera Norte.
La región fronteriza es territorio de pueblos indígenas mesoamericanos de gran vitalidad cultural (Fábregas 2005). De las poco más de diez millones de personas de tres años y más que habitan los cuatro estados mexicanos fronterizos, la población indígena por autoadscripción representa 43.8 %; tan solo en Chiapas alcanza una tercera parte de la población estatal (36.8 %) (INEGI 2020). En este contexto, la historia de colonización y migración de pueblos indígenas guatemaltecos hacia la actual frontera mexicana (Martínez Velasco 1994) es un marco de comprensión indispensable para el estudio de las movilidades regionales. En 2020, los indígenas guatemaltecos constituyen la mayoría de la población indígena no mexicana (92.2 %), sobre todo de pueblos como el mam y kanjobal (67.5 %) (INEGI 2020).
Respecto a la dinámica de movilidad transfronteriza actual entre Guatemala y México, la tabla 1 muestra que más de dos terceras partes de los cruces en la frontera (78.6 %) se dieron en la región de La Mesilla, en el departamento de Huehuetenango, colindante con Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, lo cual desplaza a Tecún Umán y Ciudad Talismán en cantidad de cruces. Además de la cuantía, es notoria la diferencia étnica de las movilidades por los distintos puntos de cruces. La Mesilla es la ciudad de cruce más importante para la población hablante de lenguas indígenas, lo cual se explica por su alta presencia en el departamento de Huehuetenango, del lado guatemalteco.
Tabla 1 Cruces sur-norte por condición de habla de lengua indígena y tenencia de documentación migratoria según la ciudad de cruce. Frontera México-Guatemala (2017)
| Característica | Ciudad guatemalteca de cruce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecún Umán (San Marcos) | El Carmen (San Marcos) | La Mesilla (Huehuetenango) | Todas | ||||||
| Habla lengua indígena | Sí | 1234 | 6.8 % | 502 | 2.4 % | 113 345 | 78.6 % | 115 081 | 62.7 % |
| No | 16 869 | 93.2 % | 20 756 | 97.6 % | 30 935 | 21.4 % | 68 560 | 37.3 % | |
| Total | 18 103 | 100 % | 21 258 | 100.0 % | 144 280 | 100 % | 183 641 | 100 % | |
| Tiene documento migratorio | Sí | 11 073 | 61.2 % | 17 256 | 81.2 % | 92 642 | 64.2 % | 120 971 | 65.9 % |
| No | 7029 | 38.8 % | 4002 | 18.8 % | 51 638 | 35.8 % | 62 669 | 34.1 % | |
| Total | 18 102 | 100 % | 21 258 | 100 % | 144 280 | 100 % | 183 640 | 100 % | |
| Distribución porcentual | 9.9 % | 11.6 % | 78.6 % | 100 % | |||||
Nota: No se consideraron las otras ciudades de cruce, que representan 0.02 % del total.
Fuente: Elaboración propia con procesamientos de la Unidad de Servicios Estadísticos y Geomática de El Colegio de la Frontera Norte y base en datos de la EMIF-Sur 2017 (COLEF et al. 2019)
Las políticas de regularización migratoria en la frontera sur de México no son una novedad del siglo XXI. Tal como lo muestran los estudios históricos de Martínez Velasco (1994) para el caso de la migración guatemalteca en Chiapas, y de Cunin (2014) para la migración beliceña en Quintana Roo, entre 1930 y 1940 el gobierno mexicano desarrolló una serie de acciones para regularizar a miles de migrantes laborales. Sin embargo, desde entonces, tales leyes y acciones no detuvieron el cruce de trabajadores guatemaltecos sin documentos, que fue alentado por los propios funcionarios locales y élites bajo una lógica pragmática de falta de recursos institucionales para su control y de necesidad de mano de obra. Casi un siglo después, tales prácticas de movilidad transfronteriza enfrentan nuevas regulaciones, pero con la misma lógica pragmática de dejar pasar el flujo de migrantes transfronterizos.
En la tabla 1, se observa la condición documentada de los flujos en las diferentes regiones de cruce fronterizo, señalando una proporción más o menos constante, cercana a dos terceras partes, en Tecún Umán y la Mesilla, y poco más de 80 % en El Carmen. Datos que a la vez indican que un segmento importante de población cruza sin documentos, sobre todo en Tecún Umán y La Mesilla (poco más de una tercera parte).
Los estudios sobre la migración desde Guatemala a México se han centrado en el Soconusco, Chiapas (Rivera Farfán 2014;Nájera Aguirre 2017; Robles Santana 2017); por una parte, debido a la importancia de la economía del café en la colonización del estado desde el siglo XIX (Martínez Velasco 1994), por otra,a causa de la mirada parcial de la frontera que opaca su heterogeneidad (Arriola Vega 2018). Sin embargo, de esta literatura se desprenden hallazgos importantes para el estudio de la vida laboral de los inmigrantes en otras regiones, tales como las estrategias de invisibilización de mujeres mam en el espacio laboral como formas cotidianas de negociación a la exclusión en el Soconusco (Robles Santana 2017, 242). Sabemos menos de los procesos de movilidad laboral en otras regiones con una economía distinta y con menos infraestructura fronteriza. Gracias a que las políticas de control migratorio se han extendido a toda la frontera mediante la exigencia de documentación, resulta importante observar sus efectos diferenciados en las localidades fronterizas (Castillo 2017). Por ello, es de interés fijar la atención en la subregión La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc, la cual, según Arriola Vega (2018, 8), puede ser calificada de frontera diádica con una intensa interacción comercial y humana.
De acuerdo con la encuesta sobre migración en la frontera sur en 2017, la población que cruzó en 2017 entre La Mesilla y Ciudad Cuauhtémoc (COLEF et al. 2019) fue mayoritariamente masculina (95.5 %), con escolaridades bajas en general, pues el 96 % no cursó más allá de la primaria completa. Este porcentaje es aún más bajo entre los indígenas (40 % sin instrucción frente a 30 % en no indígenas). La misma fuente muestra que la población no indígena es más joven, ya que 43 % se encuentra en el rango de los 15 a 29 años (a diferencia de los indígenas, que representan 27 %). La conyugalidad es más alta entre los indígenas (más de dos terceras partes) que entre los no indígenas (cerca de la mitad). El grupo adolescente (15 a 29 años) es tres veces mayor entre los no indígenas, lo cual se puede relacionar con la mayor presencia de hijos entre estos.
La encuesta señala que, en lo laboral, solo una pequeña proporción (12 %) tenía empleo en Guatemala, principalmente los no indígenas (14 %). La mayoría se ocupaba en el sector agropecuario (88 %); particularmente, los no indígenas presentaron una ligera mayor presencia en el comercio y en la construcción. A la inversa, la mayoría de quienes cruzan la frontera tenían ocupación en México (92 %), sobre todo las personas indígenas, nuevamente en el sector agropecuario (con mayor frecuencia, aunque ligera, entre los indígenas).
Los datos de la encuesta nos dicen que más de 80 % tiene experiencia migratoria en México y dos terceras partes (64 %) tienen documentos para cruzar, con porcentaje mayor entre los indígenas. El 86 % tiene tarjeta de visitante trabajador fronterizo (TVTF) y el resto, tarjeta de visitante regional (TVR, antes FMVR). Según la misma fuente, regularmente las personas indígenas son más experimentadas y más documentadas en la movilidad transfronteriza, lo cual confirma los estudios de De Vos (2002), Fábregas (2005) y Martínez Velasco (1994), quienes coinciden en señalar la migración guatemalteca como una condición estructural de la región.
Los desplazamientos son de corta distancia, ya que más de 90 % de las personas cruzan la frontera a pie, mientras que los pocos que usan algún otro medio lo hacen en triciclo (dos veces más los no indígenas). En la larga historia de las interacciones fronterizas estos cruzadores son habitantes originarios de las regiones fronterizas que siguen cruzando aún con la actual política migratoria de seguridad nacional y regional.
Los resultados del estudio cualitativo en Frontera Comalapa
El estudio cualitativo, a través de entrevistas en profundidad, se realizó con personas guatemaltecas que residen en la cabecera del municipio Frontera Comalapa. En 2020, este municipio tenía 80 897 habitantes, con una economía centrada en los servicios, el comercio y la agricultura (INEGI 2020). Como ya se mencionó antes, el punto fronterizo para cruzar es La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc, que es un centro comercial más que residencial (véase mapa 1).
Al llegar a Frontera Comalapa, después de casi cinco horas de trayecto desde la ciudad de San Cristóbal, Chiapas, surge un lugar apacible, bien trazado, con su plaza principal y una vida comercial activa en torno al mercado municipal, peluquerías, farmacias y, a las afueras, cantinas sin letreros. Sin embargo, al trasladarse al lugar limítrofe -Ciudad Cuauhtémoc, México, y La Mesilla, Guatemala- y cruzar la garita, el bullicio incrementa notablemente con el trasiego comercial constante en el que el cruce fronterizo puede confundirse con la entrada a un mercado con abundantes mercancías procedentes de China. La garita de Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla cuenta con una oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) apostada del lado mexicano. No obstante, es posible observar el cruce de personas sin revisión migratoria. Desde lo alto de esta garita, se puede ver, a casi doscientos metros, el cruce de camiones de redilas, tráileres y personas con maletas o bolsas de mercancías varias sin ninguna revisión aduanal ni migratoria. Pasan por lo que las personas del lugar llaman «las cadenas», o sea, el punto de cruce informal de comerciantes. En este espacio suceden diferentes tipos de movilidades que configuran la frontera, aunque la investigación solo se haya centrado en casos laborales, como a continuación se describe.
Para el análisis y presentación de los resultados cualitativos retomamos el supuesto teórico sobre las dos esferas en que sucede la vigilancia del cumplimiento de la documentación de identidad: la primera es la esfera burocrática a través de los agentes de gobierno con apoyo de la tecnología apostada en las garitas fronterizas y en los puntos internos de revisión de la identidad ciudadana (Torpey 1998; Galemba 2018); y en segunda instancia, la realizada en el mercado de trabajo y vivienda a través de la solicitud de dicha documentación para la inserción laboral y residencial (Pinillos Quintero y Velasco Ortiz 2021). Dada la importancia de la tradición de desplazamiento de los pueblos indígenas, consideramos la condición étnica de los casos en el análisis.
La experiencia de movilidad laboral y documentación migratoria
Las personas entrevistadas se distinguen por los tiempos de arribo a Frontera Comalapa, ya sea en un patrón de movilidad temporal, o bien para asentarse: ocho de ellos tienen 20 años o más; cuatro, entre 10 y 19; tres, entre 5 y 9 años; nueve personas, entre 1 y 4, y tres tienen menos de un año desde su primer arribo a Frontera Comalapa. Del total de entrevistados, 14 no tienen ningún tipo de permiso para cruzar o residir en México, los 13 restantes tienen TVR, residencia temporal, residencia permanente o carta de naturalización por refugio. El proceso de documentación no es lineal, ya que algunos tuvieron documentos y ya no los renovaron, otros tienen documentos de ciudadanía mexicana (acta de nacimiento y credencial de elector) que obtuvieron por medios ilícitos.
Las historias de movilidad de las personas entrevistadas parecen responder a la lógica de las redes familiares y comunitarias transfronterizas señaladas por Rivera Farfán (2014) y Rojas Wiesner (2017) y a las expectativas de asentamiento en Frontera Comalapa (Galemba 2018); es en función de estos elementos que se insertan en el mercado laboral local. La fluidez fronteriza parece evidente cuando se analizan los retornos constantes a Guatemala para pasar tiempo con la familia, o bien para la siembra de las parcelas, independientemente de la situación de documentación migratoria. Este es el caso de Rogelio, de 29 años, hablante del akateko, quien mantiene una movilidad temporal: «Cada tres meses me voy a mi casa pues […] ahí tardo tres meses […] [mientras] otro chavo se queda en mi lugar [en la peluquería]». Durante ese tiempo atiende su parcela agrícola en Acatlán. Mientras está en Frontera Comalapa habla por teléfono con su familia y le envía dinero. Aun casos como el de Artemio y Rodrigo, con pocas visitas transfronterizas, responden a la ruptura de lazos familiares desde antes de iniciar la carrera migratoria más que a la dificultad de cruzar la frontera.
A pesar de lo expuesto anteriormente, las redes familiares son menos autosuficientes en la obtención de documentos migratorios; requieren de la articulación con otros agentes sociales como patrones o asociaciones eclesiásticas. Las 14 personas sin documentos expresaron diversas razones para no tenerlos, ya sea de índole económica -dado el costo del permiso-, de falta de información, o bien porque no lo consideran necesario.
El señor Artemio, jornalero de 41 años, de origen choltí, dedicado a trabajar en la pisca de café y residente de Frontera Comalapa desde los 27 años, nos dijo:
En una ocasión que quise hacer lo que le llaman la naturalización a través de las oficinas del cónsul (…), me dieron toda la documentación y la requisición; pero, a la hora, pues eran tres mil quinientos pesos, y eso era lo que no tenía, entonces ya no, ya no seguimos, por ahí quedó. Eso es lo único que he tramitado a través de la dependencia (Artemio, comunicación personal, 2018).
Solo ha visitado dos veces a su familia durante los catorce años que tiene viviendo en la ciudad. Los únicos documentos que posee son el documento personal de identificación (DPI) y el certificado de nacimiento de Guatemala. No ha continuado con sus trámites para obtener documentación que le permita residir en México porque, en su perspectiva, tiene altos costos.
En el caso de Rogelio, peluquero, hablante del akateko, originario de Huehuetenango, de 29 años de edad y 12 de vivir en Frontera Comalapa, pudo sacar su TVR sin costo, bajo uno de los programas de regularización. Sin embargo, su tarjeta se venció y no la ha renovado, de modo que cruza frecuentemente sin papeles a su lugar de origen en Guatemala.
La figura del patrón puede tener un papel importante en los procesos de regularización, como ocurrió con Felisa, de 43 años, de origen mam, cocinera en una fonda y quien, después de veinte años de vivir en Frontera Comalapa, logró obtener la TVR hace apenas un año, gracias al préstamo de su patrona, quien contactó a un abogado del servicio jesuita local que le ayudó a tramitar sus papeles con un costo de 1601 pesos:
Me decían que cinco mil pesos; eso era mucho […] y pues corrimos con otro licenciado que cobraba menos. Los papeles ya estaban metidos pues y no quería dejar mis papeles perder [...] y dije: «No, no lo dejo». Lo que hice, mejor, fue buscar dinero prestado […] me prestó mi patrona, ella no me deja morir (Felisa, comunicación personal, 2018).
Maritza, de 39 años, originaria de Santa Ana, departamento de Huehuetenango, cruzó por primera vez a los 16 años y actualmente se dedica a la venta de ropa que trae de Guatemala, por ello cruza constantemente la frontera. Durante mucho tiempo lo hizo por «las cadenas», sin revisión de aduana y sin papeles migratorios. Recientemente, logró un permiso con el apoyo del líder de la organización de vendedoras en Frontera Comalapa. Ella refiere que los papeles le han ayudado para poder participar en la organización, más que para cruzar, ya que siempre cruzó sin papeles con sus mercancías.
Las experiencias anteriores muestran tanto las diversas razones de quienes no cuentan con documentación como la importancia de haber establecido y empleado redes sociales para poder conseguirla, esto gracias a que les permiten acceder al entendimiento y reducción del costo financiero de los trámites administrativos que objetivan las políticas migratorias. La documentación de identidad migratoria no representa un tema decisivo para el cruce, en tanto no se intente salir de Frontera Comalapa rumbo al norte. Según los entrevistados, cuando hay dificultades por revisiones migratorias para cruzar La Mesilla, se opta por los «extravíos», que son veredas sin vigilancia ni infraestructura fronteriza. Otra estrategia es monitorear la permanencia de los oficiales de migración por medio de los camioneros, o bien cruzar de noche. La experiencia de cruce de Ramona -de 65 años de edad, originaria de una localidad en Huehuetenango, quien cruzó desde 2014 y logró la tarjeta de residente permanente con ayuda del párroco de Frontera Comalapa en 2018- permite adentrarnos a las negociaciones cotidianas con los oficiales de migración en esta división fronteriza:
Antes de lograr el permiso, yo cruzaba para ir a Comitán; pero ahí dos veces me asustaron, pues nos pidieron papeles […] Les dije: «miren, la verdad, yo traigo papeles, pero son de Guatemala, vengo para acá porque tengo un enfermo, junto conmigo». Habló otro señor que también él venía para Comalapa por enfermedad. Le dio risa a migración [oficial], que dijo: «ahora todos se quejan de enfermedad», y nos dejó pasar (Ramona, comunicación personal, 2018).
El testimonio de Ramona señala la estrategia de apelar al sentido humanitario del oficial para cruzar la frontera y, aunque el guardia se da cuenta, responde positivamente. Si comparamos con lo que sucede cuando se intenta ir a Estados Unidos de América, se puede decir que la clandestinidad en el cruce es incipiente.
La otra frontera, la que aquí llamamos «interna» y que ha dado pie al concepto de frontera vertical (Rigoni 2007), incluye todo el territorio mexicano y está definida por la vigilancia del tránsito hacia Estados Unidos de América. Mientras que cruzar la línea divisoria de La Mesilla no parece un reto imposible, la dificultad y el riesgo se incrementan notablemente cuando se trata de ir más al norte de Frontera Comalapa. El testimonio de Rodrigo, de 30 años de edad, nos da muestra vital de la frontera vertical. Originario de una localidad en el departamento de Huehuetenango, a los 20 años cruzó solo por La Mesilla y sin documentos migratorios. Con la idea de ir a Estados Unidos de América, tramitó documentos falsos de nacionalidad mexicana: «Cometí el error de querer viajar a Estados Unidos, y pues saqué documentos con otro nombre» (Rodrigo, comunicación personal, 2018). Pagó diez mil pesos por la credencial de elector y un acta de nacimiento mexicana. En el tránsito a Estados Unidos de América descubrieron lo falso de sus documentos, lo detuvieron y luego lo deportaron.
El caso de Idalia revela la vida de una mujer commuter que cruza todos los días, de seis de la mañana a cinco de la tarde, para pedir dinero en las calles desde hace cinco años. Nunca ha sido detenida en el cruce La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc; sin embargo, cuando trató de ir a Comitán para pedir dinero, se enfrentó a los oficiales de migración: «Iba yo contenta; pero, al llegar allá [Comitán], me dicen: “¡Señora, bájese!”. “¿Qué pasó pue? [sic.] -le dije-, ¿por qué me está bajando? -yo me asusté. Iba con mi hija-. ¿Nos agarraron porque no tenemos papeles?” (Idalia, comunicación personal, 2018). En esa ocasión estuvo detenida una semana y luego la deportaron. Por su parte, Griselda presenta una experiencia similar. Tiene 34 años de edad, cruza sin papeles y sin problemas desde hace 16 años, pero cuando ha tratado de transitar al norte, con destino a Comitán, ha encontrado un freno:
A veces me pregunta migración: «¿De dónde eres?». Yo digo que de Comalapa. «¿De qué lugar?». Respondo «tal lugar». «¿Qué hay en Comalapa?». Pues ya conozco lo que hay y respondo (…). «¿Quién es el presidente?». Y pues ya me lo sé todo (Griselda, comunicación personal, 2018).
El quehacer de la vigilancia en la frontera mexicana se ha desplazado hacia el norte de La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc y de Frontera Comalapa, donde son más frecuentes las revisiones de los oficiales de migración. Estas acciones extienden la frontera de Estados Unidos de América al interior del territorio mexicano y, en forma concomitante, hace que aparezcan las figuras de polleros, traficantes, oficiales de migración y toda la industria que comienza a operar una vez que se abandona esta franja fronteriza, que aún constituye una especie de zona franca para la movilidad humana, pero a la vez de contención y atrapamiento, lo cual señala la condición ambivalente del espacio fronterizo.
La pertenencia indígena no parece una fuente de diferenciación de la condición de documentación; sin embargo, sí encontramos indicios de una experiencia de mayor alerta en el cruce sin documentos entre casos de personas no indígenas. Marcos, jornalero de 45 años de edad y con 25 de vivir en Comalapa, cruzó la última vez con una tarjeta expirada y fue detenido por tres horas, luego fue liberado y no lo deportaron. Evaristo, jornalero agrícola de 20 años de edad y con dos de vivir en Comalapa, ha sido cuestionado al cruzar, por lo que es cauteloso al pasar por La Mesilla y trata de informarse sobre los movimientos de los oficiales mexicanos de migración. Alejandro, de 29 años de edad, tiene dos meses de haber arribado a Comalapa. Salió de Guatemala, junto con su padre, a causa de la violencia. Cuenta que, mientras cruzaban, fueron revisados por los oficiales de migración, pero finalmente los dejaron pasar:
Íbamos como unos seis tripulantes en la combi, los vimos atentos del puesto de migración, y el chofer nos dijo que no nos fuéramos a poner nerviosos. Entonces nosotros, lo que hicimos fue pues tranquilizarnos […] [Los oficiales de migración] solo abrieron, miraron que no había mochilas […], que no traíamos casi nada de cosas, entonces pues ya pasamos y llegamos acá; y, desde que llegamos acá, sentimos de que aquí íbamos a estar mejor que en Guate, más tranquilos (Alejandro, comunicación personal, 2018).
En estos tres casos, los entrevistados están en edad productiva, viajaron solos o en grupos de hombres y recibieron mayor atención de los oficiales de migración. Puede ser que exista una incipiente selectividad fundada en la apariencia étnica, forma de desplazamiento, edad y género para la detención de migrantes en tránsito a Estados Unidos de América.
Los resultados señalan que la dinámica transfronteriza no distingue la ocupación laboral. Personas empleadas en la agricultura o servicios mantienen indistintamente pautas de movilidad temporal durante periodos de 20 años, más o menos; a la vez, en ambos tipos de ocupaciones observamos asentamientos en Comalapa.
Si bien los trabajos en la agricultura tienen una estacionalidad bien marcada (café y maíz), lo cierto es que los empleos de servicios y comercios son altamente flexibles e inestables, por lo que las personas no consideran su durabilidad como un elemento de arraigo o permanencia que detenga la movilidad transfronteriza para realizar retornos a sus lugares origen. Al analizar cómo sucede este proceso, distinguiendo la actividad asociada a la agricultura -ya sea de jornaleros o campesinos y, por otro lado, aquellos que se dedican a empleos en otros sectores como servicios, comercio o industria de la construcción-, encontramos una gran flexibilidad para continuar con la movilidad, o bien para iniciar con el asentamiento.
A continuación, analizamos el papel de la documentación en la inserción laboral, como mecanismo de control de la movilidad proveniente del mercado de trabajo.
Vida de trabajo y documentación migratoria
El mercado de trabajo regional se concentra en la agricultura y los servicios, con un alto grado de informalidad. Chiapas es uno de los cuatro estados mexicanos con mayor número de jornaleros agrícolas a nivel nacional (7.1 % del total nacional) (INEGI 2020). La población guatemalteca ha trabajado en las fincas chiapanecas desde hace más de un siglo (Martínez Velasco 1994), lo cual se refleja en el hecho de que, actualmente, del total de jornaleros extranjeros en el estado, 93 % procedan de Guatemala (INEGI 2020).
Del conjunto de entrevistados, ocho hombres se dedican al jornal agrícola de café y maíz; dos de ellos, además, son campesinos transfronterizos que rentan tierras en México y poseen permisos de residencia, siembran maíz y luego regresan a Guatemala con su cosecha. Tres más con papeles de residencia pertenecen a los pueblos mam y chalchiteco de los departamentos de Chiquimula y Huehuetenango. Finalmente, otros cinco no son indígenas, se dedican al corte de café y frijol, y carecen de algún tipo de documento migratorio. Sus pautas de movilidad son diferenciadas, con visitas esporádicas dado su proceso de asentamiento, movilidad temporal o commuter. El caso de Alberto, de 19 años de edad, hijo de una familia mam, muestra la importancia de tener papeles de residencia para el acceso a la renta de tierras donde siembra maíz y el traslado del producto a Guatemala, lugar en el que lo vende; a la inversa de su experiencia como jornalero temporal para las épocas de espera de cosecha, ya que no le solicitan ningún documento. Tal como lo ha mostrado la literatura (Castillo 2017; Rojas Wiesner 2017), existe una integración regional intensa en torno a un mercado laboral agrícola jornalero que incluye el de tierras para estos agricultores indígenas guatemaltecos con una economía campesina asociada a la producción y consumo del maíz. Su condición documentada les permite la renta de tierras y de vivienda por el tiempo que trabajan las parcelas de maíz para luego regresar a Guatemala.
El caso de Jorge, no indígena y jornalero del café por cerca de 20 años, confirma la indiferencia del mercado de trabajo agrícola a la documentación migratoria, ya que él durante ese tiempo ha cruzado sin ningún papel. Por su parte, Mario, de 45 años de edad, no hablante de lengua indígena, cruza cada seis meses para trabajar en pequeñas parcelas en el corte de frijol y el tapiado de maíz; se hospeda en las casas donde lo contratan. Así es como lo ha hecho desde hace 25 años; aunque logró obtener la TVR, no ha podido renovarla una vez expirada y nunca le han pedido algún documento en el empleo, quizás por ello no parece preocupado al respecto, aun cuando ha tenido algunas malas experiencias en el cruce.
En los sectores de comercio y servicios la condición de documentación tampoco parece ser relevante. De las 19 personas entrevistadas que se ubican en actividades de servicios, comercio o construcción, siete trabajan en negocios ambulantes de comida, ropa o artesanía -ya sea como empleadas o dueñas-; seis trabajan como peluquero, recepcionista de hotel, bolero, modista, engrasadora de carros y trabajadora doméstica; tres, como albañil en una construcción; uno se dedica al hogar y dos estaban desempleadas. Del total de personas en estas ocupaciones, ocho hablan mam y akateko, y siete no tienen documentación para cruzar o residir en Frontera Comalapa.
Frontera Comalapa tiene un centro cívico con una amplia plaza rodeada de árboles donde existen cafeterías y restaurantes bien establecidos, también hay venta de tamales y dulces; además, existe una hilera formada por jóvenes que limpian los zapatos. A unas calles de ahí se encuentra el mercado, al que arriban cada madrugada decenas de vendedores de frutas y verduras procedentes de Guatemala. Como en otras ciudades de América Latina, en Frontera Comalapa florece el comercio informal, sostenido a través de organizaciones que regulan el acceso al espacio público, y en las que hay una importante presencia de personas de origen guatemalteco (Darwin, líder del mercado, comunicación personal, 2018). De entre esos comercios sobresalen algunos atendidos por mujeres y hombres que ofrecen tamales, sopes, caldos, guisados regionales, ropa, verduras, frutas y trastos de barro.
En uno de estos establecimientos labora Felisa, de 43 años de edad, originaria de una aldea perteneciente al departamento de Huehuetenango e integrante de una familia mam, quien desde hace poco cuenta con documentos migratorios. Ella salió de su lugar de origen a fines de la década de 1990 (cuando tenía 23 años) para trabajar en Chiapas en el corte del café. Viajó con sus hermanos y poco a poco comenzó a cruzar de manera independiente, ya que se dio cuenta de que «no pasa nada» y se puede cruzar sin papeles. En el momento de la entrevista, la condición laboral de Felisa podría calificarse de trabajo de servidumbre colonial, si se considera que la patrona para quien trabaja controla las condiciones de reproducción doméstica. El pago es en especie, con hospedaje en unos cuartos y comida para la familia, a cambio de que ella trabaje como empleada doméstica y como cocinera en el negocio. Su hija, de 14 años, también labora como asistente de cocina y no tiene horarios, pues debe estar disponible todo el tiempo. Obtuvo documentos con ayuda de su patrona; aunque no tienen repercusión en su vida laboral, le han permitido el acceso a los servicios de salud pública para su hija enferma.
Otro caso donde no es clara la afectación de la documentación en el empleo es el de Carlos, de 22 años de edad, hablante de mam, quien no tiene documentos migratorios. Carlos comenzó a migrar a Chiapas por temporadas desde que tenía 14 años, con residencia permanente en su aldea natal: «Dejé de trabajar ya, cuando salí, me vine a trabajar aquí, en la parte de Chiapas, me fui a trabajar en el campo, con un tío, en el café» (Carlos, comunicación personal, 2018). A los 18 años rentó un cuarto con un amigo en Comalapa. Primero trabajó como vendedor en un puesto de verduras de un mercado y continuó como bolero afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), condiciones que no han cambiado desde entonces. Visita a su familia en Guatemala entre dos y cuatro veces por año, por periodos de aproximadamente dos semanas. Cruza por los puntos de revisión migratoria en La Mesilla, sin documentos. Solo cuenta con su DPI y lo que él refiere como una credencial de la CTM, por su condición de afiliado. No considera residir permanentemente en México ni en Guatemala; prefiere mantener su ritmo de residencias temporales. La perspectiva de Carlos es muy cercana a la de los jóvenes jornaleros agrícolas que viven como nómadas de un lado a otro en circuitos temporales marcados por los cultivos de exportación.
No encontramos experiencias diferenciadas de movilidad e inserción laboral entre personas hablantes de lengua indígena o pertenecientes a familias o comunidades indígenas y no indígenas. Sin embargo, sí hallamos reflexiones sobre la discriminación por ser guatemalteco, sobre todo en los espacios laborales. Maritza, de 40 años, originaria de Santa Ana, Huehuetenango, trabaja en un local donde vende ropa, en una de las plazas más populares. Ella es miembro de una organización que se formó a partir de la lucha por espacios de venta fuera del mercado en el que no les permitían trabajar por su origen nacional. Su experiencia de discriminación fue similar a la de otros inmigrantes guatemaltecos:
[La discriminación] es el pan de cada día, que porque nosotros somos de Guatemala nos hacen de menos, o sea, nos discriminan. Somos de Guatemala, ellos valen más porque son mexicanos; en cambio, nosotros no, porque somos de allá. Aquí hay mucha gente, ¿cómo le dijera yo?, racista, que hacen diferente a uno, tal vez por ser pobre o no sé, o porque ellos tienen dinero (Maritza, comunicación personal, 2018).
Irma, junto con sus familiares, tiene un puesto de fruta en la central de abastos de Comalapa y ha recurrido a dicha organización para protegerse de la discriminación y acceder al empleo informal. La exclusión por origen nacional surge como un recurso para minimizar al otro en la competencia laboral; pero, a la vez, muestra que no hay segregación laboral en la venta, puesto que disputan en forma organizada el espacio público. No encontramos procesos de exclusión en la movilidad laboral fronteriza basados en la condición de documentación. Aunque parece que los documentos cobran importancia para la inserción en ciertos tipos de trabajos menos precarios, no es el caso de la agricultura o del autoempleo informal.
Los documentos migratorios cobraron relevancia para la adquisición de un patrimonio -como la compra de un terreno para vivienda o la renta para sembrar-, o bien para acceder a los servicios, principalmente de salud y apoyo escolar. Así lo señala la experiencia de Martín, quien junto con su padre cruzan periódicamente, sin ningún documento, para la cosecha del café cada año, y aprovechan para rentar tierra y sembrar maíz que luego llevan a Guatemala. Sin embargo, a Martín le gustaría comprar un terreno en México porque ve mejores oportunidades económicas, pero sin papeles no ese posible: «Teniendo permiso, teniendo papeles, y todo eso en orden, lo compro el terreno aquí en México, y sí me quedaría a vivir aquí, pero lastimosamente no se puede, por eso nosotros decidimos venir y trabajar viajando» (Martín, comunicación personal, 2018). Felisa se encuentra un paso delante de Martín respecto a la documentación, ya que ha logrado la residencia permanente y ahora ve como futuro posible pedir un préstamo a su patrón por 75 000 pesos y comprar un terreno que mide 10 x 20 metros: «Ahora sigue mi casita, mi casa con mis hijos, quiero dejarles un recuerdo a ellos y donde van a vivir […] porque no quiero que estén donde hemos estado nosotros». Además, la misma Felisa señala como un motor de su documentación la posibilidad de acceder al servicio de salud para su hija enferma (no escucha desde bebé), o bien como Mariana, con residencia permanente, y cuyos hijos accedían a los apoyos de Prospera. Programa de Inclusión Social: «A los niños les beneficia, sí, porque de repente no hay dinero y vienen, y hay que comprar zapato, mochila, ropa, útiles escolares» (Mariana, comunicación personal, 2018).
En el terreno de la movilidad, la documentación es más importante para transitar hacia Estados Unidos de América antes que para cruzar la frontera sur de México, donde existen márgenes de negociación amplios, o bien de movilidad sin documentos.
Conclusiones
Las conclusiones de este artículo se pueden organizar en diferentes niveles analíticos. Un primer nivel es conceptual, al plantear que lo que se distingue como aproximaciones distintas a las fronteras como fluidas o contenciosas responde a la observación empírica de fenómenos de movilidad diferentes. En ese sentido, la frontera tiene esa capacidad ambigua de funcionar como territorio fluido, o bien como contenedor, una vez que observamos la relación política entre lo local y lo global, o continental. El fenómeno aquí documentado refiere a esa movilidad transfronteriza regional que precede a las fronteras estatales y que persiste adaptándose en forma creativa a las recientes políticas de documentación migratoria. A unas décadas de establecidos los programas de regularización migratoria en la frontera sur de México, a través de la expedición de documentos de visitante o trabajo temporal, es posible concluir que para la movilidad transfronteriza la documentación migratoria juega un papel relativo, tanto para el cruce como en los procesos de inserción laboral y residencial. Los hallazgos de esta investigación señalan una especie de brecha entre la política migratoria y las prácticas cotidianas de las poblaciones que por siglos han transitado de un lado a otro de la frontera.
Una segunda dimensión de las conclusiones es de orden empírico, sobre el fenómeno de la movilidad e inserción social de los migrantes guatemaltecos transfronterizos. Sin duda, la obsesión burocrática de documentar a todos los cruzadores ha tenido sus frutos en la narrativa estatal y el afán institucional que se refleja en las estadísticas. Según los datos cuantitativos, hay una amplia cobertura de los programas de documentación mediante permisos temporales, ya sea para residentes o trabajadores: casi dos terceras partes de la población que cruza la frontera lo hace con documentos.
A pesar de lo anterior, estos datos contrastan con lo que sucede a nivel local en las interacciones sociales y en las experiencias de los migrantes guatemaltecos que por muchos años han encontrado oportunidades de empleo del lado mexicano. Los resultados cualitativos documentan experiencias de un cruce fluido por la garita de La Mesilla y Ciudad Cuauhtémoc, independientemente del estatus migratorio. Esta apreciación se confirma al estudiar la importancia de los documentos en la movilidad transfronteriza y en su residencia en Frontera Comalapa. Los procesos de documentación son accidentados y no lineales. Las personas, una vez que logran el permiso para cruzar o trabajar, lo pueden perder, se vence y no es renovado o viven sin haber tenido papeles nunca (recordemos que para 2017, los indocumentados constituían más de una tercera parte de los flujos). La falta de información o los costos económicos de tal documentación es un obstáculo para tramitarlos, pero el desaliento mayor es que no representan un gran obstáculo para cruzar reiteradamente la frontera entre México y Guatemala o permanecer en Frontera Comalapa. La documentación migratoria -como punto para observar la relación de los individuos con el Estado- está filtrada por los agentes estatales de piso: los oficiales de migración, ya sea en la expedición o en la vigilancia. Ellos toman decisiones en un terreno que relativiza la importancia de los documentos en el cruce, debido a negociaciones flexibles que difícilmente terminan en detenciones o deportaciones formales. Además, están los mercados de trabajo local que integran a la población guatemalteca independientemente de su estatus migratorio.
Los hallazgos anteriores no implican que los documentos no tengan ninguna relevancia en la vida de las personas guatemaltecas. Se puede decir que existen efectos colaterales de la estrategia de documentación migratoria temporal del Estado mexicano que se observan en las condiciones de estancia como inmigrantes temporales o en su asentamiento, tales como la posibilidad de comprar una vivienda, rentar tierras y acceder a los servicios, primordialmente de salud; o bien ejercer derechos políticos de participación en el espacio público. Los resultados sobre inserción laboral señalan condiciones de precariedad, independientemente de contar con documentos. Estos pueden adquirir valor para lograr empleos menos precarios si se combinan con capital humano, como la escolaridad, y con una baja xenofobia local.
Un hallazgo es la relevancia de la documentación migratoria una vez que se sale del espacio o región fronteriza. Reiteradamente, los resultados cualitativos señalan experiencias de temor por la mayor vigilancia, cuando los migrantes intentan ir más al norte de Frontera Comalapa. La atención puesta en dicho tránsito convierte a estas zonas francas en franjas de captura y contención, no solo para los migrantes sino para todos los habitantes que se desplazan fuera de la región fronteriza. Aquí surge la condición de contención del espacio fronterizo con los consecuentes riesgos para el desplazamiento clandestino de sur a norte.
