INTRODUCCIÓN

El derrumbe de la última dictadura cívico-militar tras la derrota en la guerra de Malvinas despertó la participación ciudadana y posibilitó la emergencia de múltiples demandas sociales (^{Ferrari y Gordillo, 2015}). En ese marco, los partidos políticos comenzaron a reorganizarse ante una posible apertura electoral y los trabajadores iniciaron un proceso de rearticulación, luego de los ataques sufridos durante el régimen militar. El principal partido político de referencia de los trabajadores -el Partido Justicialista (PJ)- llevó adelante su normalización atravesado por diversos conflictos internos. Para entonces, el peronismo adoptó su tradicional estructuración por ramas -política, sindical y femenina-, siendo la sindical la que contó con estructuras organizativas capaces de movilizar militantes y brindar recursos económicos para la reorganización partidaria y la campaña electoral. A nivel nacional, en el PJ se constituyó una coalición dominante¹ con fuerte presencia sindical, cuya representación fue monopolizada por las 62 organizaciones peronistas conducidas por Lorenzo Miguel (Unión Obrera Metalúrgica [UOM]). De este modo, el ala sindical del peronismo controló la campaña electoral y nominó a una importante cantidad de candidatos en las listas electorales (^{Levitsky, 2005, pp. 126-127}).

Las elecciones de octubre de 1983 dieron el triunfo a la Unión Cívica Radical (UCR) liderada por Raúl Alfonsín, un hecho inédito para el mundo sindical: por primera vez la orientación predominante de los trabajadores organizados durante más de 40 años fue derrotada electoralmente. El resultado desató una crisis al interior del PJ, provocando un intenso debate respecto a la composición del partido y su relación con los sindicatos (^{Ferrari y Closa, 2015}). Pronto se hizo perceptible para un amplio sector de dirigentes y militantes peronistas que la recuperación de la capacidad electoral de su fuerza implicaba conformar una nueva conducción política (^{Cavarozzi, 2006, p. 86}). Así, se originó un conflicto entre el sector ortodoxo alineado a Miguel y un amplio conjunto de opositores proclives a realizar una “autocrítica” y desplazar a la conducción vigente con el objetivo de que el PJ recuperara su competitividad electoral. Dicha oposición interna cristalizó en la Renovación Peronista (RP) a finales de 1985, reivindicando la democratización del partido por medio de elecciones internas directas, instancia en donde los afiliados definirían a las autoridades partidarias y las candidaturas electorales.

La bibliografía encargada de analizar la compleja relación entre sindicatos y el peronismo durante el periodo estudiado (^{Gutiérrez, 1998}; ^{Levitsky, 2005}; ^{McGuire, 1997}) puso de relieve que, tras el ascenso de la RP, la rama política del peronismo se tornó dominante. En consecuencia, el sector sindical perdió peso en las instancias partidarias y en la posibilidad de nominar candidatos a cargos electivos. Así, la RP habría provocado una “desindicalización” del peronismo, habilitando un cambio organizativo con eje en la política territorial, particularmente observable en la década de los años noventa.² Sin embargo, se ha observado que este proceso tuvo características específicas en los distintos espacios provinciales (^{Ferrari y Mellado, 2016}).³ Desde una perspectiva centrada en las instancias formales del PJ se observó que la RP de Córdoba, encabezada por José Manuel de la Sota, se constituyó en una fracción interna que buscó obtener la conducción del partido y dotarlo de competitividad ante la eficacia electoral de la UCR (^{Closa, 2005}, ²⁰¹⁶; ^{Ferrari y Closa, 2015}). En este proceso, la RP construyó una nueva imagen pública asociada a la revalorización de la democracia.⁴ Por otra parte, desde un enfoque orientado a la teoría del discurso político, se ha señalado que la demanda democratizadora que la RP representó en sus orígenes fue cediendo lugar a una línea política centrada en la “eficiencia”, en consonancia con los lineamientos neoliberales predominantes hacia finales de los años ochenta (^{Reynares, 2012}, ²⁰¹⁷).

Los aportes referidos abordan la relación entre sindicalismo y peronismo, realizando hincapié en la trayectoria de la RP. Allí concluyeron que con el ascenso de dicha corriente política comenzó un proceso de desindicalización en el peronismo de Córdoba, y dado que habría mermado la influencia del sindicalismo en la nominación de candidatos a cargos electivos, se perdieron los mecanismos tradicionales de participación obrera en el partido (^{Closa, 2005, p. 9}). Asímismo, fueron abandonadas prácticas sedimentadas, como la representación de las ramas del movimiento (^{Reynares, 2012, p. 143}) y la reserva de cargos a “las 62” (^{Reynares, 2017, p. 93}).⁵ A contracorriente de estas conclusiones, nuestro interés radica en problematizar, a partir de un análisis centrado en el papel de los actores gremiales en instancias partidarias y en la legislatura provincial, si el ascenso de la RP produjo una desindicalización en el peronismo local. Para ello, observamos el papel que ocupó el sindicalismo peronista a partir de la recuperación democrática y durante el ascenso y consolidación de la RP en los espacios aludidos, teniendo en cuenta las transformaciones operadas en esa participación. Bajo esta misma clave, reconstruimos la agenda de los diputados de extracción sindical, focalizándonos en sus posicionamientos políticos, sus demandas y su vinculación con la bancada justicialista. Considerando estas dimensiones, nuestro trabajo busca explorar una serie de interrogantes, a saber: ¿qué lugar ocupó el actor sindical tras el ascenso de la RP en las instancias partidarias y legislativas?, ¿encontró allí una oportunidad favorable para instalar sus demandas a través de las instituciones parlamentarias del régimen democrático?, ¿su participación en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba (HCDPC) dio lugar a la conformación de una agenda propia o, en cambio, se vieron subordinados a la conducción política del bloque de legisladores justicialistas?

Nuestra hipótesis sugiere que el cambio en la coalición dominante del peronismo provincial -es decir, el tránsito de una conducción ortodoxa hacia una nueva, hegemonizada por la RP- no generó una desindicalización de la estructura partidaria, ya que continuaron vigentes los canales de participación que permitieron al sindicalismo gravitar en la esfera partidaria y parlamentaria. Durante el periodo en el que la RP condujo el PJ el sindicalismo obtuvo una importante cuota de cargos partidarios y legislativos. En rigor, no vio disminuida su presencia en dichos ámbitos; por el contrario, en instancias como la legislatura provincial, amplió su alcance en términos cuantitativos al disponer de una mayor cantidad de diputados. A su vez, los diputados de extracción sindical tuvieron una actividad legislativa más dinámica y políticamente significativa que en el periodo precedente, presentando un mayor número de proyectos y propuestas en el recinto -cubriendo así una importante amplitud temática en sus intervenciones- a la vez que se desenvolvieron con una amplia autonomía respecto de la conducción de la bancada justicialista. Junto a ello, el sindicalismo peronista articuló su presencia institucional en el parlamento provincial con importantes jornadas de protesta callejera. En efecto, el ascenso de la RP habría generado la oportunidad para que el sindicalismo instalara sus demandas en el sistema político a través de la HCDPC, llevando adelante su agenda política en un espacio institucional central de la democracia representativa. Sin embargo, ello se produjo en un contexto caracterizado por la crisis económica y el avance de las políticas neoliberales, lo que condicionó significativamente el tipo de demandas e intervenciones planteadas por los ediles.

El derrotero de este trabajo se compone de dos apartados. En primer lugar, identificamos el lugar del sindicalismo en el peronismo de Córdoba durante los años de estudio, observando su participación en los órganos de conducción del PJ -fundamentalmente el Consejo Provincial (CP), un espacio clave para la vida del partido-,⁶así como la nominación de candidatos de extracción sindical a cargos legislativos. Para ello, relevamos el medio gráfico local La Voz del Interior para todo el periodo y efectuamos dos entrevistas a militantes involucrados en el proceso. En segunda instancia, reconstruimos la actividad parlamentaria de los diputados de extracción sindical en la HCDPC, recuperando sus iniciativas, agendas de trabajo y su articulación con diversos actores, prestando especial atención a los posicionamientos de los referentes gremiales en relación con el proyecto de reforma del Estado presentado en octubre de 1989 por el gobierno provincial. Para este cometido, revisamos los proyectos y debates efectuados en la HCDPC, plasmados en los Diarios de Sesiones a partir del inicio de la actividad parlamentaria en 1984 y hasta 1989, y en un conjunto de publicaciones vinculadas al movimiento sindical.⁷

EL PESO DEL SINDICALISMO EN EL PERONISMO DE CÓRDOBA DURANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA. SU EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS CARGOS PARTIDARIOS Y LEGISLATIVOS

En las elecciones primarias de normalización del PJ, llevadas a cabo el 9 de julio de 1983 se impuso por amplio margen el Frente Justicialista Unidad y Lealtad conducido por Bercovich Rodríguez, superando a cinco contendientes. El segundo lugar lo obtuvo la Corriente Renovadora Justicialista, liderada por De la Sota. El sector triunfante consiguió la presidencia del Consejo Provincial (CP) -órgano de conducción del partido- (^{Ferrari y Closa, 2015}; ^{Closa, 2016}).⁸ A partir de allí se constituyó una coalición dominante en torno a la figura de Bercovich Rodríguez y a los acuerdos que este tejió con las distintas agrupaciones internas del PJ.⁹ La lista vencedora no sólo logró el control del CP -en el que conquistó 16 de los 24 cargos-, sino también las dos terceras partes del Congreso Provincial, el órgano máximo del partido encargado de definir las candidaturas a cargos electivos provinciales y nacionales.¹⁰

Ante la elección nacional, el peronismo se encontraba en una situación compleja. Por un lado, durante la campaña de afiliación de principios de año el PJ había sido el partido político que más afiliaciones había logrado a nivel nacional (^{Ferrari y Closa, 2015}), además de que mostró una extraordinaria capacidad de movilización, tal como pudo notarse en el acto del 17 de octubre de 1983 realizado en Córdoba. No obstante, algunos observadores señalaron que los candidatos emplearon un registro discursivo que se limitó a repetir las consignas y banderas tradicionales del movimiento, apelando a que una “mayoría natural” los respaldara en la elección, y tuvieron notables dificultades para procesar públicamente los principales conflictos que surcaron la reorganización de su partido (^{Closa, 2009a}). En Córdoba, los portavoces partidarios sostuvieron, en una tesitura similar a la empleada por los referentes nacionales del PJ, que iban a “reafirmar las banderas originales del peronismo”.¹¹ En ese marco, el debate público fue dinamizado por el principal adversario del PJ: la UCR (^{Aboy Carlés, 2001}). A nivel nacional, el radicalismo, liderado por Alfonsín, instaló exitosamente el clivaje entre democracia y autoritarismo, presentando a su fuerza como la más comprometida con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, captando el creciente rechazo social a la dictadura. En el territorio mediterráneo, la línea Córdoba -corriente predominante liderada por Eduardo César Angeloz- también adoptó una táctica exitosa de diferenciación con el régimen militar (^{Ferrari y Closa, 2015}), procurando ubicarse como el único protagonista legítimo en el proceso de recuperación democrática (^{Philp, 2004}).

El sindicalismo peronista cordobés se encontraba fragmentado, falto de un actor capaz de aglutinar al conjunto de vertientes.¹² Dos nucleamientos sindicales¹³ gravitaron en la reestructuración del peronismo. Por un lado, la Confederación General del Trabajo-Rodríguez Peña (CGT-RP), liderada por Miguel Ángel Correa (Unión de Obreros y Empleados de la Industria Maderera Argentina [UOEIMA]), cuyo espacio convergió en la expresión de “las 62” cordobesa y fue reconocida en el orden nacional por el sector de Miguel y por la CGT-República Argentina, liderada por Saúl Ubaldini. Por otro lado, la Confederación General del Trabajo-Chacabuco (CGT-Ch), referenciada en Rodolfo Cortés (Unión Obrera Molinera Argentina [UOMA]), organización que también impulsó sus propias “62”, en tensión con el sector de Correa. Luego de intensas discusiones, la CGT-RP designó como candidato a vicegobernador a Alejo Simó (ex secretario general de la UOM), como acompañante de fórmula de la gobernación de Bercovich Rodríguez, haciendo uso de la tradición peronista del “tercio sindical”, donde se reservaba dicho lugar al sindicalismo.¹⁴ De este modo, aquel nucleamiento desplazó la candidatura de Elpidio Torres, histórico dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), propuesta por la CGT-Ch.¹⁵

Durante el periodo de recuperación democrática la presencia del sindicalismo en las estructuras formales del partido fue relevante. El CP de 1983, presidido por Bercovich Rodríguez, contó con la vicepresidencia segunda de Simó y con Ricardo Rojas (AGEC-Río IV) a cargo de una prosecretaría.¹⁶ Es decir, dos de los principales cargos del órgano de conducción fueron ocupados por dirigentes sindicales,¹⁷ lo que muestra un aspecto cualitativo relativo al peso del sindicalismo en el entramado partidario. Allí la modalidad de interacción y negociación se canalizó a través de las estructuras orgánicas representativas de cada sector. Tanto en las campañas electorales como en aquellos momentos en que se encontró intervenido el partido y recrudeció el debate sobre su reorganización, fueron frecuentes las reuniones entre las autoridades partidarias y los principales dirigentes sindicales, bajo la premisa de que el sector gremial debía ser representado por “las 62”.¹⁸

Durante el periodo en el que el sector ortodoxo condujo el partido hubo cierta presencia de sindicalistas en el parlamento provincial, cuestión que puede observarse en el cuadro 2. La bancada justicialista en la HCDPC contó con tres representantes sindicales durante el periodo 1984-1987: Carlos Romero (UDA), Manir Fatala (AGEC) y Lucio Jarab (SATSAID), alineados a la CGT-RP.¹⁹ En este escenario el peronismo siguió vinculado a sus postulados tradicionales que asignaban un lugar central al movimiento obrero en tanto “columna vertebral del movimiento”. Es decir, durante la reconstrucción democrática imperó una representación movimientista en el peronismo, distante de la noción de partido político que caracterizó al liberalismo emergente en aquellos años (^{Lesgart, 2003}).²⁰

La fragmentación del sindicalismo peronista de Córdoba que tuvo lugar durante la apertura electoral continuó durante los años siguientes, tanto en el plano sindical como en el partidario. Ello debilitó a los distintos nucleamientos al momento de negociar su posición en la reestructuración del PJ y para el armado de las listas electorales.²¹ El fallido intento de normalización de la CGT- Regional Córdoba, en enero de 1985, derivó en una nueva fractura, esta vez entre la CGT Unificada -que cristalizó una alianza entre la CGT-RP y la CGT-Ch y postuló a Correa como secretario general de la confederación-, la Mesa de Trabajo Gremial -un desprendimiento de la CGT-RP de ocho sindicatos que tenían a Fatala, Néstor Chavarría (UOCRA) y Juan Reyes (UTHGRA) como principales referentes-, y los Gremios por la Unidad (GpU),²² cuyo sector peronista se denominó Bloque Peronista de los GpU,²³ referenciado en Sixto Ceballos (LyF), José Campellone (SMATA), Carlos Vilches (UTA), Luis Eduardo Pérez (SSEG), Gustavo Núñez (AGEPJ), Carlos Vallejos (AGTUNC), Gladys Vera (UDA) y Rubén Daniele (SUOEM). La Mesa de Trabajo y los GpU discrepaban con el sector de Correa sobre el modo en el que debía normalizarse la CGT.²⁴ Los primeros proponían conformar un consejo directivo plural integrado por todos los sindicatos con independencia de su ideología partidaria, mientras que la CGT Unificada priorizó el acuerdo entre las vertientes peronistas.²⁵ Otro motivo de discordia fue la normalización de la delegación provincial de “las 62”. La disputa por el reparto de cargos entre la CGT Unificada, el Grupo de Trabajo y el Bloque Peronista de los GpU derivó en la normalización de “las 62” en el congreso del 1 de noviembre de 1985, reconocida por la conducción nacional pero cuestionada por los sindicatos aliados a la RP (^{Gordillo, Sangrulli y Rodríguez, 2015, p. 111}).²⁶ Pese a que “las 62” lograron contener 43 gremios peronistas, el retraso de su reorganización respecto de las elecciones de 1985 y la impugnación realizada por el sector disidente impidieron que pudieran designar al tercer candidato a diputado nacional en dichos comicios y dificultaron su capacidad de negociación ante la intervención nacional del PJ, que en aquel entonces intentaba reorganizar el partido.²⁷ En este marco, Horacio Salusso -secretario adjunto de la UOM- fue elegido secretario general de “las 62”.

El ascenso de la RP en los comicios internos del 29 de marzo de 1987 modificó parcialmente la relación entre el PJ de Córdoba y los nucleamientos sindicales y dotó al partido de una nueva dinámica político-electoral. En la contienda se implementó el voto directo de los afiliados para elegir autoridades partidarias y determinados cargos electivos (gobernador y vicegobernador e intendente de la ciudad capital), una metodología originariamente planteada por la RP. Allí se impuso por amplio margen la Lista 10 conducida por la RP, cuya fórmula para la gobernación y la intendencia fue integrada por De la Sota, Enrique Gastaldi y Miguel Balestrini.²⁸ Con anterioridad a la elección primaria la RP había ampliado su base gremial, consiguiendo el apoyo del sindicalismo ortodoxo que anteriormente se había desenvuelto bajo la órbita de Bercovich Rodríguez. En tal sentido, De la Sota selló un acuerdo con Salusso, incluyendo cargos partidarios y políticos para “las 62”. Asimismo, la RP ya contaba con una base sindical de apoyo: la Mesa de Trabajo, el Bloque Peronista de los GpU y la Mesa Sindical Peronista Renovador (MSPR), referenciada en Manuel Reyes (ASTF) y Elio Lumelo (SUTIAGA).²⁹ Si bien los sindicatos alineados con la RP eran numéricamente reducidos en relación con aquellos alineados con Bercovich Rodríguez, estos contaban con un peso significativo dentro del movimiento obrero cordobés. Estas vertientes del sindicalismo encontraron en la RP a un aliado para la democratización del partido y la conformación de un nuevo proyecto político de identidad justicialista, capaz de expresar las demandas de los sectores populares.³⁰

El triunfo interno de la RP ungió a De la Sota presidente del PJ, permitiéndole acaparar todos los cargos del CP y hacerse una mayoría de congresales provinciales.³¹ Desde la conducción del partido, la RP desplegó una táctica de integración de distintos sectores políticos y sindicales del peronismo para evitar que se constituyera una alternativa electoral peronista por fuera del PJ en las elecciones de septiembre, y, sobre esa base, conformar una propuesta frentista para disputar a los votantes tradicionalmente reacios a dicha fuerza política.³² En este proceso De la Sota se esforzó por dotar al peronismo de una imagen pública consustancial con la democracia, definiendo a la sociedad cordobesa como “plural” en sus intervenciones públicas.³³ Sin embargo, los representantes del sindicalismo ortodoxo concibieron su alianza con la RP en términos divergentes. En ese sentido, Salusso expresó: “Desde la incorporación de hombres de las 62 en las listas de la renovación, donde el pueblo peronista dijo sí con el 87% de los votos, la organización va a solicitar ahora los lugares históricos que ha tenido frente a cada acto eleccionario. Pero lo va a hacer en sentido amplio, representativo, para construir, desde el partido, la unidad monolítica del movimiento obrero de Córdoba.”³⁴

Las primarias de marzo también definieron el reparto de los principales cargos del CP concentrados en su Mesa Directiva.³⁵ En primera instancia, la vicepresidencia segunda se reservó para un dirigente sindical, para lo cual se barajaron los nombres de Ceballos, Daniele, Campellone, Pérez, Fatala y Lumelo.³⁶ Este puesto iba a definirse en el Congreso Provincial del PJ del mes de mayo, donde se iba a respetar lo dispuesto en la carta orgánica del partido respecto a la cantidad de lugares asignados a los representantes sindicales en el CP, seleccionando a ocho referentes gremiales distribuidos entre los tres nucleamientos del sindicalismo peronista, priorizando a aquellos que apoyaron a la RP en sus comienzos.

El Congreso se reunió en mayo con el objetivo de definir la plataforma electoral, la política de alianzas, los congresales nacionales, las diputaciones nacionales y provinciales, así como para discutir una reforma de la carta orgánica del partido, la cual incluiría la ampliación del cupo de miembros de extracción sindical del CP, que pasaron de ocho a diez.³⁷ Finalmente, fueron designados para integrar el CP Correa y Salusso por la CGT y “las 62”, y Daniele, Fatala, Vílchez, Lumelo, Pérez y Campellone por el sector sindical de la RP, mientras que la vicepresidencia segunda quedó vacante.³⁸ Allí se acordó que al sindicalismo le corresponderían seis candidaturas para las diputaciones provinciales, finalmente ocupadas por representantes de “las 62” (Salusso y Benedetto), el Bloque Peronista de los GpU (Daniele y Pérez), la Mesa de Trabajo (Fatala) y el MSPR (Reyes).

Luego del CP el PJ anunció la conformación de un frente electoral con la DC -el Frente Justicialista Renovador (FREJURE)- y la nominación de Domingo Felipe Cavallo, economista de la Fundación Mediterránea (FM), como candidato extrapartidario a diputado nacional en el tercer lugar que había pretendido ocupar el sindicalismo.³⁹ Con ello, el PJ buscó acercarse a los sectores empresarios de la provincia y cautivar un grupo de votantes donde la prédica de Cavallo ganaba adhesiones. Sobre esa base, las interpelaciones a la clase trabajadora o las alusiones a los símbolos justicialistas cedieron lugar a propuestas de políticas públicas orientadas a seducir a distintos sectores del electorado, como las mujeres y la juventud.⁴⁰ En este marco, el protagonismo de los dirigentes sindicales fue más reducido que en 1983, ya que su representación no sólo no era relevante para la estrategia electoral del FREJURE, sino, incluso, desfavorable. Al respecto, Eduardo González Olguín, dirigente de la agrupación Intransigencia y Movilización Peronista (IMP) aliada a la RP, señala:

Con la conducción de la Renovación, los dirigentes sindicales pasan a tener una relación personal con De la Sota. La concepción de él, nos lo dijo a nosotros, era que los sindicalistas en la sociedad de Córdoba eran pianta votos. Porque él tenía una mirada electoral, veía cómo gano yo las elecciones. Nosotros teníamos discusiones con él mano a mano, veníamos con nuestros proyectos y se reía, porque él hacía encuestas, veía cuál era la preocupación de la gente y a partir de eso lanzaba la propuesta política. Nosotros veníamos con el imperialismo y él decía: “no muchachos, así no vamos a ganar nunca una elección”. Sostenía que había que decir lo que la sociedad pensaba. Bercovich, en cambio, hacía negociaciones orgánicas con el sector sindical, del partido con las 62. Con De la Sota, la relación era persona a persona y midiendo que el tipo pudiera hacer un buen papel como candidato. Él siempre pensaba en lo electoral.⁴¹

Una vez efectuada la elección primaria de marzo, algunos sectores sostuvieron que el partido volvió a recrear un manejo cupular en manos de los políticos de la RP, cuestión que generó tensiones en el proceso de nominación de candidatos, especialmente por el nombramiento de Cavallo.⁴² Sin embargo, el FREJURE dispuso en su lista de una considerable cantidad de bancas provinciales destinadas a dirigentes sindicales.

DEL SINDICATO AL PARLAMENTO: LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LOS DIPUTADOS DE EXTRACCIÓN SINDICAL PERONISTA

Luego del triunfo de la UCR en los comicios en los niveles nacional y provincial de 1983 se dio paso a la asunción de las nuevas autoridades. Los resultados en Córdoba otorgaron la mayoría a la UCR en ambas cámaras provinciales y el PJ se constituyó en la segunda fuerza (^{Closa, 2010}).⁴³

Como señalamos, tres diputados de extracción sindical ingresaron a la HCDPC en 1984, integrando el Bloque de Diputados Justicialistas (BDJ), desde donde presentaron iniciativas y acompañaron una serie de proyectos presentados por su bancada. Las propuestas del BDJ relacionadas al ámbito sindical y laboral respondieron a demandas sectoriales de la clase trabajadora vinculadas a recuperar derechos cercenados por la dictadura, como la reincorporación de trabajadores cesanteados por cuestiones políticas y/o gremiales con fecha posterior al 24 de marzo de 1976;⁴⁴ el restablecimiento de la jornada laboral de ocho horas⁴⁵ y la exención de impuestos para los inmuebles sindicales.⁴⁶ Junto a ello, suscribieron una serie de propuestas relacionadas con solucionar conflictos impulsadas por el BDJ -muchas de ellas sin alcanzar estado parlamentario-, que luego fueron retomadas por el bloque de la RP en el momento en que la bancada justicialista se fracturó debido a la disputa entre ortodoxos y renovadores.⁴⁷ Entre ellas, se destacaron la adhesión a las medidas de fuerza de la CGT nacional;⁴⁸ la exhortación al poder ejecutivo (PE) para que interviniera en la solución de conflictos laborales específicos;⁴⁹ la creación de un boleto obrero en los servicios de transporte;⁵⁰ la declaración de solidaridad con los trabajadores que fueron despedidos o reprimidos por protestar;⁵¹ el pedido al PE para que intercediera ante las empresas privadas para lograr el reintegro de los trabajadores despedidos por causas políticas y/o gremiales durante la dictadura;⁵² la inclusión laboral de los jóvenes;⁵³ la propuesta de concesión de beneficios para los trabajadores pasivos;⁵⁴ la equiparación salarial entre las autoridades de los tres poderes del Estado, y⁵⁵ la constitución del Código Procesal Laboral, entre otras.⁵⁶

La iniciativa más significativa de este periodo tuvo que ver con el proyecto de declaración para que el Congreso de la Nación derogara la legislación sindical represiva de la dictadura y sancionara el retorno de la Ley de Contrato de Trabajo número 20744 -tal como fuera aprobada en 1974-, de la Ley número 14250 del Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT) y la Ley de Asociaciones Profesionales número 20.615 de 1974.⁵⁷ Estas normativas regulaban el núcleo básico de derechos y obligaciones de la ciudadanía laboral afectada por la dictadura (^{Gordillo, 2013}). Tanto a nivel nacional como provincial, con el retorno de la democracia las vertientes mayoritarias del sindicalismo exigieron al gobierno su restitución, cuestión que se logró a finales del mandato de Alfonsín.⁵⁸

Gran parte de estas iniciativas parlamentarias fueron discutidas en las sesiones y comisiones respectivas. La mayoría de los proyectos de declaración y beneplácito por el reconocimiento a la trayectoria de dirigentes gremiales y en solidaridad con conflictos laborales específicos fueron aprobados. En el caso de aquellas propuestas que buscaban restituir derechos, observamos que comenzaron a ser paulatinamente discutidas en las distintas instancias parlamentarias con el objetivo de lograr su efectiva concreción, específicamente en lo que refiere, por ejemplo, a la reincorporación de los empleados exonerados de la función pública por cuestiones político-gremiales. En cambio, otras iniciativas, tal como la restitución de las normativas laborales y sindicales del periodo previo a la dictadura, remitieron a un debate legislativo en el orden nacional que recién fue resuelto en las postrimerías de la presidencia de Alfonsín.

La evidencia nos ha permitido concluir que las iniciativas de los diputados de extracción sindical respondieron a demandas centradas exclusivamente en la defensa sectorial de la clase trabajadora. Por lo general, estos proyectos eran presentados por el BDJ, sin que los diputados de extracción sindical dispusieran de cierta autonomía para exponer sus propias reivindicaciones. Este rasgo se modificó luego de las elecciones provinciales del 6 de septiembre de 1987. Pese a que el FREJURE, liderado por el PJ, volvió a ser derrotado por la UCR, el sindicalismo amplió su representación en el parlamento provincial.⁵⁹ La contienda renovó la HCDPC sobre la base de una ampliación numérica en razón de las modificaciones realizadas en la Constitución Provincial a principios de ese año.⁶⁰ Así, la UCR obtuvo la representación mayoritaria -36 escaños-, mientras que el peronismo, en tanto segunda fuerza, se hizo de 25. El 2 de febrero de 1988 prestaron juramento los nuevos diputados electos y se conformaron las comisiones respectivas, renovando su banca Fatala e incorporándose referentes claves del sindicalismo peronista cordobés: Rubén Daniele (SUOEM), Luis Eduardo Pérez (SSEG), Horacio Salusso (UOM), Miguel Ángel Benedetto (UPCN) y Manuel Reyes (ASTF).⁶¹

Dado que se encontraban representados los sindicatos que aglutinan tanto a los trabajadores del sector público -Daniele y Benedetto- como privado -Salusso, Pérez, Fatala y Reyes-, la cámara baja receptó un amplio espectro de demandas del mundo laboral. La mayoría de los reclamos supusieron una crítica al modelo económico del gobierno, recuperando la tradición peronista asociada al proteccionismo económico, políticas keynesianas de demanda y regulación estatal del mercado laboral. Asimismo, estos incorporaron la problemática de los sectores excluidos del mercado de trabajo formal.⁶² En ese sentido, Daniele, Reyes y Salusso cuestionaron aspectos de la política económica nacional, como la apertura a la importación de electrodomésticos que eran producidos en el país.⁶³ En el mismo sentido, Benedetto y Salusso plantearon la necesidad de reactivar el aparato productivo mediante una política crediticia para las industrias locales. Asimismo, exigieron que el Estado prohibiera las suspensiones y despidos,⁶⁴ convinieron lanzar un bono de emergencia alimentaria y demandaron la conformación de un Centro Económico de Compras destinado a la venta de insumos de primera necesidad por debajo del valor del mercado para ciudadanos con carencias y desocupados.⁶⁵ Benedetto, por su parte, planteó la urgencia de garantizar la asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR) los días que no se dictaran clases en las escuelas por el tiempo que durara la emergencia económico-social.⁶⁶

Lo observado nos permite apreciar que los proyectos de ley vinculados a reivindicar derechos sectoriales de los trabajadores se amplificaron, al igual que las declaraciones y homenajes a figuras históricas del sindicalismo cordobés, como a Atilio López y Raúl Ángel Ferreyra.⁶⁷ A su vez, en el recinto se manifestó la adhesión a las medidas de fuerza dispuestas por la CGT nacional,⁶⁸ el reclamo por la demorada normalización de la CGT-Regional Córdoba;⁶⁹ y se plantearon diversos apoyos en solidaridad con los trabajadores que vieron peligrar su fuente de trabajo.⁷⁰ De igual modo, en esta etapa se configuraron nuevas propuestas: la necesidad de garantizar la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial;⁷¹ la exigencia de condiciones de seguridad y medio ambiente en el trabajo;⁷² el funcionamiento de las obras sociales sindicales,⁷³ entre otras. Por último, se insistió en promover ciertas demandas aún no resueltas desde la recuperación de la democracia, como el cumplimiento de la jornada de trabajo de ocho horas⁷⁴ y el reconocimiento del cálculo por los años de servicio a los fines previsionales a aquellos agentes que por motivos gremiales y/o políticos habían sido despedidos o forzados a renunciar en los tres poderes del Estado.⁷⁵

Hacia 1988, tanto los posicionamientos de De la Sota respecto a sus alineamientos nacionales como su estilo de conducción generaron tensiones entre la RP y sus aliados, lo cual repercutió en la HCDPC, dando lugar a la conformación de un espacio interno denominado “grupo de los 6”, integrado por seis diputados, que en un principio eran ocho: Reyes, Fatala y Daniele por el sector sindical, y Tomás Montilla, Pablo Figuerero y Horacio Obregón Cano por la rama política.⁷⁶ Dicho grupo presentó numerosos proyectos.⁷⁷ En un primer momento barajó la posibilidad de romper con el bloque justicialista, dado que discrepaban en el modo en el que De la Sota proponía enfrentar la crisis económica y se oponían a la falta de debate político del PJ conducido por la RP.⁷⁸ No obstante, tras una serie de negociaciones llegaron a un acuerdo y continuaron formando parte de la bancada, aunque manteniendo cierta autonomía.⁷⁹ Estos llevaron adelante una abultada agenda legislativa. Entre sus iniciativas se destaca la exhortación para que el PE interviniera ante las empresas privadas, “evitando que los trabajadores pasen a engrosar las filas de desocupados y marginados”;⁸⁰ que los trabajadores participaran en la elaboración y redacción del estatuto-escalafón del personal del Instituto Provincial de Vivienda (IPV);⁸¹ la intención de dejar en suspenso las acciones judiciales iniciadas por el cobro de impuestos territoriales urbanos y rurales debido a la “acuciante situación económica”;⁸² el reclamo ante la deficiente prestación de salud pública y la necesidad que el Estado confeccionara un programa de prioridades asistenciales.⁸³

Durante el último trimestre de 1989, ya bajo la presidencia de Menem, la labor parlamentaria se concentró en el tratamiento del proyecto de ley enviado por el PE de “reforma administrativa” del Estado provincial,⁸⁴ que ingresó a la HCDPC el 26 de septiembre con carácter de tratamiento urgente, al ser definido vital para superar la coyuntura de inestabilidad económica caracterizada por la hiperinflación y el déficit público (^{Arriaga, Franco, Medina y Natalucci, 2012}) y como una adecuación a la Ley de Reforma del Estado sancionada en agosto por el gobierno nacional.⁸⁵ La legislación buscó promover una transformación integral del Estado, facultando al PE para reestructurar las funciones estatales, descentralizar la administración pública y desregular las condiciones laborales de los agentes del Estado (^{Closa, 2009b}; ^{Arriaga et al., 2012}). Asimismo, pretendió suspender ciertas regulaciones y promociones laborales con el fin de potenciar la inversión de capitales privados e impulsar la privatización de empresas y dependencias estatales. Además, buscó reducir la planta de empleados estatales a partir de un régimen de retiros voluntarios, planteó limitaciones para efectuar contrataciones o designaciones de personal e impuso un sistema de bonificaciones por presentismo y un régimen de licencias extraordinarias (^{Arriaga et al., 2012, p. 26}). Resultó particularmente significativo para el sindicalismo la intención del gobierno de recuperar la autoridad para fijar políticas salariales, eliminando cálculos de actualización salarial referenciados en cargos o categorías ajenas al ámbito provincial. Sobre este principio, el oficialismo convocó a renovar los CCT vigentes.

Los aspectos referidos despertaron la oposición de los sindicatos estatales, quienes cuestionaron la falta de instancias de control en la implementación de las privatizaciones y rechazaron la modificación de los CCT homologados. Esta oposición explica, en parte, las modificaciones con las que finalmente fue aprobada la Ley número 7 850. Ante una legislación entendida como regresiva para sus conquistas laborales, las organizaciones gremiales adoptaron la movilización y, simultáneamente, se apoyaron en “el trabajo de los compañeros diputados de la oposición”,⁸⁶ sobre todo de aquellos de extracción sindical. En esta línea, Sixto Ceballos expresó que, “además de movilizarnos, nosotros [los sindicatos] tomamos la decisión de trabajar en mejorar el despacho del Poder Ejecutivo”.⁸⁷ Desde esa clave, revalorizó la labor de los diputados del PJ en general, y específicamente la realizada por Reyes, quien había asumido un “compromiso frente a los dirigentes gremiales”.⁸⁸ En similar sentido, López (AB) destacó la experiencia de diálogo entre los sindicatos y los legisladores del PJ, esgrimiendo que la acción legislativa, en conjunto con la lucha en la calle, permitió discutir y concretar avances cualitativos respecto a la primera propuesta.⁸⁹

La ley fue tratada en la HCDPC en una sesión especial que comenzó el 23 de octubre y finalizó en la madrugada del día siguiente. En la sesión se hicieron presentes cinco representantes sindicales en la legislatura.⁹⁰ Benedetto, Reyes y Peréz tomaron la palabra. El primero sostuvo que la reforma “atenta con todas y cada una de las conquistas del movimiento obrero que estaban tocadas por esta ley”, haciendo referencia a la intención de renovar los CCT vigentes. A su vez, resaltó lo esgrimido en el artículo vinculado al personal del PE, alegando que cualquier reforma concerniente a convenios colectivos vigentes debe ser potestad de las comisiones negociadoras conformadas por el sindicato.⁹¹ Reyes, por su parte, cuestionó al PE por buscar implementar una reforma obviando el control del parlamento y sin exponer una reglamentación clara para las privatizaciones.⁹² Pérez, por último, “como diputado proveniente del movimiento obrero” y en representación “de los sindicatos que se encuentran involucrados en el proyecto de ley”,⁹³ presentó al proyecto como una propuesta orientada a “lesionar derechos fundamentales de la clase trabajadora”.⁹⁴ En esta clave, se comprometió a votar positivamente sólo si se hacían modificaciones en aquellos puntos que “vulneran los derechos de los trabajadores”,⁹⁵ situándose en la misma línea de pensamiento que Benedetto.

Sobre los ejes planteados por Benedetto fue donde la oposición logró avanzar y establecer modificaciones. Así, se estipuló que, al momento de privatizar cualquier ente público, el PE debía tratar una ley específica vinculada al proceso.⁹⁶ Además, se consensuó la formación de una comisión bicameral encargada de seguir e informar sobre los resultados de cada privatización.⁹⁷

La bancada justicialista no objetaba la orientación de la reforma, sino los mecanismos de su implementación, así como aspectos alusivos a la estabilidad de los CCT. Como modo de plantear su oposición, Reyes y Montilla se ausentaron en el momento de la votación. La ley fue finalmente aprobada por una amplia mayoría y representó un parteaguas en la dinámica política y sindical provincial, en la medida que otorgó legalidad y legitimidad a las políticas de ajuste y reforma estatal que se discutieron a lo largo de la década de los años noventa.

REFLEXIONES FINALES

La RP de Córdoba conservó el carácter movimientista del peronismo, sobre todo como un recurso de cohesión interna de su propia fuerza política. Ello pudo observarse en la designación de sindicalistas en cargos partidarios -particularmente en la conservación del cupo sindical para el CP y en su ampliación con la reforma de la carta orgánica del PJ efectuada en mayo de 1987- y, en cierto modo, en la nominación de cargos electivos. En este aspecto, si bien el sindicalismo tuvo que resignar candidaturas relevantes como la de vicegobernador y el tercer lugar en la lista de diputados nacionales en las elecciones de septiembre de 1987 -que en ambos casos fueron ocupadas por dirigentes del ámbito empresarial-, amplió significativamente su participación en la HCDPC al disponer de seis bancas.

A contracorriente de las producciones existentes, sostenemos que el ascenso de la RP no produjo una desindicalización del peronismo de Córdoba, dado que la inserción del sindicalismo en la arena partidaria y legislativa fue significativa. Sin embargo, esto no implica afirmar que el sindicalismo peronista haya aumentado su margen de influencia en la dinámica interna del PJ provincial. Aunque requiere de una indagación que excede los límites de este trabajo, posiblemente el gremialismo se constituyó en un actor secundario en torno a la confección de la línea política y la estrategia electoral del PJ hegemonizado por la RP.

Por otro lado, el papel que desempeñaron los diputados de extracción sindical tras el ascenso de la RP (1987-1989) fue significativo en relación con la etapa previa (1984-1987) en cuanto a la diversidad de propuestas presentadas en la HCDPC y a la autonomía que tuvieron en sus iniciativas. En este sentido, entendemos que los nucleamientos sindicales peronistas se valieron de la representación obtenida en la HCDPC a partir de las elecciones de septiembre de 1987, logrando instalar un conjunto de demandas sectoriales más amplias que el del periodo 1984-1987, donde la mayoría de ellas -proyectos de ley, resolución y declaración- fueron presentadas por el BDJ. En efecto, las reivindicaciones sindicales del primer periodo se orientaron a la necesidad de restituir derechos laborales consagrados afectados por la dictadura, mientras que, en un segundo momento (1987-1989), se plantearon reclamos que, en contraposición con los postulados económicos del gobierno de Alfonsín y Angeloz, recuperaban la tradición peronista de defensa de la producción nacional, políticas keynesianas de demanda y regulación estatal del mercado laboral. A ello se le añadieron reivindicaciones vinculadas con el resguardo de los puestos de trabajo y la necesidad de brindar cobertura a los trabajadores excluidos del mercado de trabajo formal, fenómeno que comenzaba a expandirse sobre una Argentina que atravesaba una crítica situación económico-social. Un hecho significativo tuvo que ver con la incidencia de los diputados de extracción sindical para plantear modificaciones en relación con el proyecto original de Ley de Reforma del Estado número 7 850 de 1989. Aquella disputa brinda elementos para futuras indagaciones respecto del modo en el que el sindicalismo peronista cordobés procesó las reformas de mercado que tuvieron lugar en los años noventa.

ANEXO

ABREVIATURAS DE ORGANIZACIONES SINDICALES

AB Asociación Bancaria.

AGEC Asociación Gremial de Empleados de Comercio.

AGEPJ Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial.

AGTUNC Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba.

AMMA Asociación Mutual Mercantil Argentina.

AOITA Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor.

ASTF Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia.

CGT-Ch Confederación General del Trabajo-Chacabuco.

CGT-RP Confederación General del Trabajo-Rodríguez Peña.

CISPREN Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.

GpU Gremios por la Unidad.

LyF Luz y Fuerza.

SEP Sindicato de Empleados Públicos.

SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

SSEG Sindicato del Seguro.

SUPE Sindicato Unido Petroleros del Estado.

SUOEM Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales.

SUTIAGA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines.

UDA Unión de Docentes Argentinos.

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

UOM Unión Obrera Metalúrgica.

UOMA Unión Obrera Molinera Argentina.

UOEIMA Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera Argentina.

UPCN Unión del Personal Civil de la Nación.

UTA Unión de Tranviarios del Automotor.

UTHGRA Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.