INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo consiste en describir el desarrollo del catolicismo social de la Diócesis de Chihuahua en las dos primeras décadas del siglo XX, así como detectar el cambio de la actitud pacífica a defensiva de los laicos hacia las autoridades.

El estudio se inscribe dentro del quehacer de la historia regional. Se hizo la revisión de fuentes de primera y segunda manos. Se consultó el Archivo Histórico del Arzobispado de Chihuahua en el periodo de 1900 a 1927, correspondiente a los tres primeros obispos de la diócesis. Se revisaron los periódicos católicos ^{Pro-Patria (1925-1926)} de los Caballeros de Colón, ^{El Debate (1925-1926)} y ^{El Combate (febrero-mayo de 1926)}, de Martín Jurado. Además, en el Archivo Histórico de Chihuahua del Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor, se consultó el fondo Francisco R. Almada, la colección Margarita Terrazas, los periódicos El Correo del Norte (1919-1921) ^{y El Correo de Chihuahua (1925-1926)}. Asimismo, se hizo la consulta del periódico ^{La Voz de Chihuahua (1926-1927)}, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y de La^{Revista Católica (1920-1927)} en la Universidad de Texas, en El Paso.

Este escrito está organizado en tres apartados, los cuales articulan la propuesta del ensayo. La primera de ellas describe la organización de los feligreses, el apoyo que otorgaron los primeros dos obispos, José de Jesús Ortiz y Nicolás Pérez Gavilán, asimismo, se mencionan algunas organizaciones católicas de ese periodo. La segunda parte refiere a la promoción del catolicismo social realizada por el jerarca Antonio Guízar Valencia, misma que se mantuvo bajo la línea pacifista y se vio favorecida por dos factores: primero, el fomento a la Acción Social Católica a nivel nacional y, segundo, el acercamiento local entre autoridades civiles y religiosas en el periodo de gobierno de Ignacio C. Enríquez (1920-1924). Así, se hace hincapié en la formación cívico-pacífica que caracterizó al movimiento de los laicos.

La segunda parte del estudio plantea que el relevo político en los gobiernos federal y estatal (el ascenso de Plutarco Elías Calles y el de Jesús Antonio Almeida), interrumpieron el acercamiento entre la Iglesia y el gobierno estatal. Ello originó la aparición de una política anticlerical que influyó en el cambio de actitud en los laicos, de defensiva a combativa. El apartado se divide en dos secciones: la primera enlista algunas medidas anticlericales ejecutadas entre 1925 y 1926. La segunda describe la organización de los feligreses ante la persecución religiosa, la formación de varias agrupaciones católicas, entre ellas la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), e incluso permite detectar cómo se origina la opción armada.

Un tercer apartado refiere al plan armado que se llevaría a cabo a inicios de 1927; sus posibilidades estuvieron asociadas a los planes y deseos de la LNDLR para reunir fondos económicos en Estados Unidos y formar un ejército en el norte del país. En la conclusión se proponen dos posibles causas del fallido levantamiento: la decidida actitud del obispo Antonio Guízar Valencia para prohibir cualquier resistencia armada, incluso amenazó con la excomunión a quien optara por esa vía; la segunda tiene que ver con el fracaso de René Capistrán Garza y la LNDLR en la Unión Americana, pues nunca se reunieron los fondos suficientes y tampoco se organizó ejército alguno en tierras chihuahuenses.

ANTECEDENTES DEL IMPULSO AL CATOLICISMO SOCIAL

La Iglesia católica mexicana experimentó durante la pax porfiriana un proceso de fortalecimiento institucional que le ayudó a incrementar su influencia en la sociedad. En ese contexto se presentó la difusión de la encíclica Rerum Novarum, que desempeñó un papel importante en la definición de una nueva relación con sus feligreses. Les recomendó la creación de sociedades, círculos, sindicatos católicos, a través de los cuales estimuló su organización y participación social y política.

La implementación de la encíclica y organización de los laicos en las regiones de México tuvo resultados diferentes: en algunas partes fue exitosa y en otras menos. ^{Manuel Ceballos Ramírez (1991)} consideró a la zonas centro y occidente como el eje de la restauración católica, mientras que en el sur fue compleja por el sincretismo religioso de sus habitantes. Por otro lado, la región norteña fue difícil para el catolicismo; la cercanía con Estados Unidos influyó en la propagación de la religión protestante y una población más tolerante. Sin embargo, la organización de los laicos norteños representó un esfuerzo para formar un bloque que detuviera la expansión de los credos no católicos.

El catolicismo en el septentrión fue considerado por algunos historiadores como endeble y de poco arraigo entre sus habitantes. ^{José Castillo y Piña (1934)} planteó que “el norte y sur del país se encontraron desprovistos de la predicación evangélica y fueron regiones que llegaron a contar con sólo un sacerdote por cada cien leguas” (p. 177). ^{Francisco Banegas Galván (1960, p. 60) 1} fue otro personaje que planteó a las guerras civiles del siglo XIX como causa del descuido y falta de difusión del catolicismo en esa zona. Tras esos enfrentamientos fratricidas la Iglesia fue perseguida y originó la decadencia, disminución del clero y la religión.

El sacerdote expresó que aquellas lejanas tierras del norte fueron olvidadas por la Iglesia católica. Asimismo, propuso que las ciudades del norte experimentaron una riqueza material y cosmopolita; empero, se cuidaba poco el desarrollo intelectual, moral y nada religioso de sus habitantes. El contraste con algunas ciudades del centro del país era notorio, dejaba entrever la pobre condición que guardaba el catolicismo. Además, insinuó que el clero de aquella región se hallaba mal preparado, eran pecadores, sólo veían en su ministerio un negocio y no un apostolado cristiano. Según el obispo de Querétaro, la masonería y el protestantismo eran los principales responsables de esa calamidad.

Otros historiadores como ^{Pablo Mijangos y González (2018)} , ^{Jean Pierre Bastian (1989)} y ^{Riccardo Cannelli (2012, p. 179)} han sugerido la débil presencia institucional de la Iglesia y la de sus ministros. Así, la idea de un catolicismo endeble es asociada con el norte de México. Sin embargo, otros académicos han replanteado esas hipótesis, particularmente para Chihuahua. Entre ellos destacan los trabajos elaborados por ^{Manuel Ceballos Ramírez (1991)} , ^{Jean Meyer (1992)} , ^{Pedro Salmerón (2006)} y, el más reciente, de ^{Franco Savarino (2017)} .

Ceballos Ramírez, a través de su investigación El catolicismo social: un tercero en discordia, describió el impulso que recibieron en Chihuahua las agrupaciones religiosas influenciadas por la encíclica Rerum Novarum. El historiador afirmó que en ese lugar se constituyó una de las primeras agrupaciones formadas a finales del siglo XIX. ^{Jean Meyer (1992)} fue otro historiador que se interesó por el tema en la localidad; su aportación la hizo a través de un artículo titulado “El conflicto religioso en Chihuahua, 1925-1929”. Ahí propuso que “el catolicismo en el estado era tan fuerte y activo como en el resto de la república” (p. 357). Sin embargo, reconoció que ese tema requería de una investigación más elaborada. Asimismo, destacó la personalidad pacifista del obispo Antonio Guízar Valencia, característica que ha sido referenciada en posteriores investigaciones.

A la reflexión se sumó el historiador ^{Pedro Salmerón (2006)}. En su texto La División del Norte manifestó que el catolicismo social de finales del siglo XIX en Chihuahua fue una importante influencia para la organización de los trabajadores católicos e incluso para los clubes antirreeleccionistas que surgieron como respuesta ante la crisis política que se vivió a nivel local. El periodista Silvestre Terrazas y su periódico El Correo de Chihuahua representan, a juicio de Salmerón, de los mejores ejemplos de la influencia del catolicismo social.

El libro El conflicto religioso en Chihuahua 1918-1937, de ^{Franco Savarino (2017)} , es la investigación académica mejor elaborada. La sugerencia de un catolicismo liberal, sumamente activo en el campo social, se convirtió en una característica particular de su propuesta. Además, el movimiento se benefició de la política en materia religiosa que desarrolló el gobernador Ignacio C. Enríquez en 1920-1924, pues, a diferencia del contexto nacional, e incluso en otros estados del país, se implementó un acercamiento informal entre la Iglesia y las autoridades políticas.

De esa forma, la promoción del catolicismo social en Chihuahua en la última década del siglo XIX y primera del XX fue exitosa, era una alternativa social y política que enfrentó el incremento de la influencia del liberalismo político. De tal manera, en esos años destacó la formación de un laicado comprometido con la defensa de la religión, que luchó contra los valores seculares y modernos.

Además, destacó la existencia de un laicado con fuertes características cívicas, respetuoso de la clase política (^{Ceballos,1995, pp. 372-375.}), Por otro lado, la relación del obispo José de Jesús Ortiz con el gobernador Miguel Ahumada −primero en Chihuahua y después en Jalisco− y el clan Terrazas-Creel, se condujo a través del respeto, cooperación y cordialidad.

Del impulso a la Rerum Novarum resultó la creación de la principal organización de la diócesis, la Sociedad Católica de Artesanos. Ha sido complejo determinar su fecha de creación, por lo que se han dado varios años: por ejemplo, ^{Gerald O’ Rourke (1991, p. 54.)} señala que fue en 1895 cuando se creó un sindicato de comerciantes y recibió el nombre de “Artesanos católicos”. Por otro lado, ^{Javier Contreras Orozco (1992, p. 371)} refiere que fue en 1898, y ^{Manuel Ceballos Ramírez (1991, p. 257}; 1995, p. 371.) determinó dos posibles fechas: 1897 y 1899.

Los miembros impulsaron la educación y el conocimiento de la doctrina social católica; para ello crearon escuelas y bibliotecas. Promovían entre sus miembros el ahorro a través del sistema Raiffesen (^{Barbosa, 2005, p. 2001}). Por otra parte, la sociedad adoptó el lema, “Dios, Patria y Trabajo”, encomendada al Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, establecieron relación con otras asociaciones del país, entre ellas la Unión Católica de Obreros (UCO) (^{Ceballos, 1991}). ^{José Castillo y Piña (1934)} sugirió que la organización norteña formó parte de la Confederación Católica de Obreros de la República. De acuerdo con ^{Pedro Siller (2017)}, el impulso a la doctrina social católica dio como resultado la formación de la Confederación Católica de Obreros de Chihuahua.

^{Manuel Ceballos Ramírez (1991)} destacó el papel que desempeñó Silvestre Terrazas en la consolidación del catolicismo social en Chihuahua e incluso a nivel nacional. Señaló la relación entre la Sociedad de Artesanos Católicos y los Operarios Guadalupanos, del cual aparece como uno de sus principales fundadores. Además, su periódico, El Correo de Chihuahua, fue uno de los medios que participó en el congreso de periodistas católicos, celebrado en México, Distrito Federal, en 1909 (^{Adame, 2008, pp. 26-27}). Asimismo, fungió como socio honorario de la sociedad y otras más.

Otra organización de laicos fue la “Sociedad Mutualista de Jóvenes Renacimiento”,² fundada en 1908. Su propósito era instruir a las juventudes en la doctrina católica y social. La agrupación consideró que uno de los mayores retos del laicado juvenil era su preparación, la cual debía ser continua, sobre todo por las falsas doctrinas de la sociedad que les amenazaba. La instrucción y/o formación era su objetivo principal, como quedó establecido el 21 de julio de 1908, cuando se fundó y celebró la primera sesión.

La sociedad estableció la figura de “socios consejeros o instructores”, adultos que cumplían la función de guía en las actividades, por lo que asesoraban sobre temas de civismo y doctrina social católica. Entre las personalidades que figuraban se encontró a Silvestre Terrazas, el vicario Jesús Holguín, Cruz Casas y Alvino Cortés. Todos ellos eran miembros distinguidos de la Sociedad Católica de Artesanos. De tal manera, la educación era la pieza principal del andamiaje de esta agrupación. Por ejemplo, un domingo de cada mes recibían algún curso por parte de los consejeros y/o otras personalidades, en el cual se trataban temas relacionados a la acción social de los jóvenes y demás tópicos. Es probable que la mutualista sirviera como una asociación que preparara a los futuros miembros que integrarían la Sociedad de Artesanos Católicos.

Ahora bien, el carácter cívico pacífico resultó de una serie de circunstancias, muchas de ellas fuera del análisis de este trabajo. Sin embargo, se impulsó desde la organización de los laicos una cultura cívica. Una de las organizaciones que se caracterizó por este compromiso fue el Círculo Católico Juvenil, en donde realizaban eventos culturales para la comunidad y brindaban capacitación continua para el trabajador, además de que ofrecían cursos de inglés, mecanografía, teneduría de libros, etc. Los periódicos El Correo de Chihuahua y El Padre Padilla eran los medios de comunicación que utilizaba el Círculo Católico Juvenil para dar a conocer a la comunidad católica local sus eventos.

Entre las mujeres católicas chihuahuenses se creó, el 6 de enero de 1909, en la Ciudad de Camargo, la Sociedad Católica de Obreras,³ que obedeció a la incursión femenina al campo laboral y del papel que cumplía para la defensa de la familia. En el evento inaugural estuvieron presentes algunos miembros de la Sociedad de Artesanos Católicos. El lema “Religión y Hogar” sintetizó el propósito de esta agrupación. De tal manera, la promoción de la mujer era vista como elemento esencial para el mantenimiento de los valores tradicionales de la familia y la cultura. La sociedad organizaría una vez por semana pláticas y/o conferencias que instruyeran a las féminas de su importante papel en la sociedad.

Por tanto, ¿cuál fue el impacto que generó la encíclica Rerum Novarum en la Diócesis de Chihuahua?, ¿qué tipo de catolicismo social existió entre 1890 a 1910?. Responder a esas preguntas se vuelve complejo; sin embargo, es posible establecer una interpretación general sobre ello.

Ahora bien, el documento de León XIII ayudó a los católicos a entender y explicar una comunidad que vivía profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. La pax porfiriana ayudó a establecer una sociedad que parecía estable, con un crecimiento económico sin precedentes. Los gobiernos locales de Miguel Ahumada (^{González et al., 1992}) y del clan Terrazas-Creel fueron responsables de ese contexto (^{Siller, 2017}; ^{Wasserman, 1987}). Posteriormente, originaron desigualdades y causas que condujeron al movimiento revolucionario. Las características de una sociedad industrial aparecieron: desigualdad y precarización del trabajador incrementaron, pese a ser uno de los lugares donde mejor paga tenían los trabajadores. Los abusos políticos de la autoridad se hicieron presentes, la falta de procesos democráticos fue evidente para una nueva clase media que exigió condiciones de participación y decidió organizarse en clubes antirreeleccionistas.

Asimismo, la organización de los laicos ayudó a fortalecer la religión en la entidad. De acuerdo con ^{Franco Savarino (2017)} , Chihuahua se convirtió en un laboratorio de defensa del catolicismo ante los diferentes credos. Se impulsó un fuerte sentimiento nacionalista que contrarrestaría el crecimiento de los protestantes, los cuales ponían en peligro la religión y unidad nacional. ^{Riccardo Cannelli (2012)} escribió que México y su frontera norte representaron una región estratégica para la construcción de una barrera católica que detuviera el ascenso de los credos que provenían de Estados Unidos.

Ahora bien, la participación de los laicos se dirigió cada vez más al campo político. Según ^{Francisco R. Almada (1967)} , en Chihuahua existió una representación del Partido Católico Nacional que se formó en 1911:

En la ciudad de Chihuahua se constituyó un apéndice de la mencionada agrupación en el mismo noviembre, cuya mesa directiva se integró en la forma que sigue: presidente, licenciado Francisco Traslosheros; vicepresidente, Francisco Allard y Martín Jurado; secretario, Jesús Aceves e Ignacio Terrazas Valdez, y tesorero, Lucas Terrazas. Esta sección del Partido Católico fundó el diario de información El Monitor, bajo la dirección del licenciado Traslosheros, de filiación francamente antimaderista y se dedicó a fomentar el descontento contra el nuevo régimen (p. 86).

En el Archivo Histórico del Arzobispado de Chihuahua o en el periódico de Silvestre Terrazas, El Correo de Chihuahua, no se encontró información al respecto. Tal vez, la simpatía del periodista⁴ con el maderismo y la mala relación que tuvo con Traslosheros, influyeron en su ausencia o falta de cobertura. Por otro lado, algunos miembros del partido pertenecieron al Círculo Juvenil Católico de Chihuahua y años después a los Caballeros de Colón. Fueron personajes que aparecieron en las actividades del catolicismo social de la década de los años veinte.

Así, las diferentes agrupaciones de laicos cumplieron un papel importante en la consolidación del ultramontanismo, su marcada devoción al papa fue parte de la romanización que presentó el mundo católico latinoamericano. Asimismo, representaron una alternativa para la defensa de la Iglesia ante posibles políticas anticlericales o periodos autoritarios (^{Faggioli, 2011, p. 48}). No obstante, los creyentes de Chihuahua no vertieron algún tipo de señalamiento o denuncia ante la crisis política que se vivía en el estado, su orientación cívica pacífica inculcada por los obispos José de Jesús Ortiz y Nicolás Pérez Gavilán, influyó para mantenerlos al margen del conflicto que estaba por iniciar en 1910.

El advenimiento del movimiento revolucionario convulsionó a todo el país, muchas actividades económicas y sociales se detuvieron o se desarrollaron de forma lenta. La etapa maderista dio la oportunidad para que los laicos se lanzaran a la palestra política y visualizaron que era posible impulsar la democracia cristiana. Sin embargo, el golpe de Estado y la supuesta participación de la Iglesia y algunos católicos en la caída de Francisco I. Madero originó una etapa de fuerte política anticlerical y persecución religiosa que terminó por detener todo el impulso a la actividad del catolicismo social. Entonces, los constitucionalistas vetaron la participación política a los católicos. La organización de los laicos en Chihuahua tuvo la misma suerte, se interrumpió el crecimiento del catolicismo social, se vivieron momentos de persecución e incluso una fuerte crisis entre los sacerdotes de la diócesis. Al igual que el contexto nacional, se esperó hasta los años veinte para dar un nuevo auge a la organización de los laicos.

EL IMPULSO AL CATOLICISMO SOCIAL DURANTE LOS AÑOS VEINTE

La victoria del ejército constitucionalista desató una persecución religiosa que fue consumada con la elaboración de los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución de 1917. ^{Álvaro Matute (2008)} afirmó que el movimiento revolucionario adquirió un rasgo anticlerical. Un nuevo conflicto Estado-Iglesia apareció y obligó a arzobispos y obispos a rechazar la nueva Carta Magna e incluso originó que tuvieran que salir del país.

Varias legislaciones estatales con un fuerte sentimiento anticlerical coartaron la presencia e influencia del catolicismo. Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Querétaro fueron entidades con esas características. La historiadora ^{María Gabriela Aguirre Cristiani (2008)} sugirió que “para la mayoría de los constitucionalistas, la Iglesia representó un peligro que había que eliminar, su presencia en los ámbitos de la vida social era indiscutible; de hecho, su existencia significaba una competencia real en la que los revolucionarios se encontraban en desventaja” (p. 47). De esta manera, la difusión de la doctrina social aseguró la presencia e influencia del catolicismo en la sociedad mexicana. Asimismo, implicó el enfrentamiento entre dos proyectos de nación: el católico y el constitucionalista.

El inicio del gobierno de Álvaro Obregón tuvo la franca intención de conciliar a bandos enemigos, negoció con varios caudillos regionales la pacificación y logró atraerlos a su proyecto. El caudillo de Sonora entendió que en esa estrategia debía incluir a la Iglesia católica y realizó algunas modificaciones para que así ocurriera. Aseguró respetar la enseñanza religiosa, sugirió la posibilidad para que desde Roma se enviara a un representante y se trabajara el establecimiento de relaciones entre ambas naciones, incluso los jerarcas católicos regresaron del exilio a sus diócesis y arquidiócesis, todo indicaba que muy pronto el conflicto terminaría.

El arribo a tierras mexicanas de los principales representantes de la Iglesia posibilitó un nuevo impulso a la organización de los feligreses católicos, el resurgimiento del catolicismo social. Esta vez se definió que la acción social de los laicos estaría bajo la definición y administración de los arzobispos, obispos y sacerdotes. ^{María Gabriela Aguirre Cristiani (2008)} sugirió que durante los años veinte existió el interés para impulsar la regeneración de la influencia del catolicismo en la sociedad mexicana. Ello implicó apuntalar el movimiento social como estrategia para dar solución a los problemas sociales y económicos que enfrentaba el país. Además, la Iglesia contendió con el Estado por la movilización popular, sobre todo para un periodo en el que el apoyo de esos sectores era fundamental para el gobierno (^{Córdova, 1988}).

A inicios de la década de los años veinte, el episcopado mexicano escribió una carta pastoral sobre la acción social católica. En ella justificaron su intervención en los asuntos sociales, enunciaron las formas cómo conducirían su acción y las agrupaciones católicas a través de las cuales llevarían a cabo su proyecto. Argumentaron que la situación que vivía la nación ameritaba la implementación del orden social cristiano; para ellos era esencial definir la acción social católica: “La acción social católica en un sentido integral o adecuado al apostolado seglar que se propone como fin infiltrar, desarrollar y conservar el sentido o espíritu cristiano en la sociedad entera, formando las conciencias según la doctrina de Jesucristo, bajo la dirección de la Jerarquía eclesiástica, de acuerdo con las especiales necesidades de los tiempos.”⁵

Los seglares entendieron por “acción social” a toda empresa de apostolado, cuyo objetivo principal era ofrecer solución a los problemas de “la cuestión social” que vivía la sociedad mexicana. Enfatizaron que esta debía ser dirigida por el episcopado. Además, estaban convencidos de que gozaban del ministerio de la enseñanza y que tenían el compromiso de instaurar y defender los principios cristianos que debían aplicarse.

Massimo Faggiolli (2011) sugirió que, durante la segunda década de los años veinte, el mundo católico estaba imbuido por el impulso a la movilización, a la organización y militancia, sobre todo por un adverso contexto que vivía el catolicismo. De tal manera que la “acción social católica” se entendió como el medio para la restauración del “Reino de Cristo” de una sociedad moderna que era juzgada de corrompida y lacerada por la lucha entre las clases e ideologías; se percataron que la acción católica era una fuerza útil para hacer frente a la hegemonía de los diferentes gobiernos con pretensiones totalitarias.

Al igual que en Roma, la jerarquía del episcopado mexicano buscó unificar, controlar y centralizar toda participación de los laicos a través de varias organizaciones nacionales, que les permitiera ejercer un control eclesiástico sobre ellas y evitara iniciativas o acciones autónomas, para lo cual justificaron la creación de un órgano especial y adecuado. El episcopado formó, en 1920, el Secretariado Social Mexicano, que sería la institución encargada de la dirección técnica en el campo sociológico, de la coordinación sistemática y eficiente de las diversas fuerzas sociales. Además, ese organismo sería el intérprete oficial de la doctrina católica que debía realizarse.

Ahora bien, el episcopado mexicano identificó el estratégico papel que tenía la organización de los trabajadores; el jerarca Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, promovió la formación de la Confederación Nacional Católica. La agrupación se convirtió en una alternativa para los trabajadores, compitió con la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de Trabajadores. Además, la Unión de Damas Católicas Mexicanas, los Caballeros de Colón y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) serían las organizaciones que fortalecerían la “acción social católica” y aumentaría la influencia de los valores religiosos en la sociedad mexicana.

Por otra parte, durante los primeros años de la década de los años veinte se celebraron varios eventos religiosos de carácter nacional, entre los que destacan: la coronación de la virgen de Guadalupe, el Congreso Eucarístico Nacional, el Congreso de las Damas Católicas e, incluso, la elaboración de un proyecto que contempló la construcción del monumento a Cristo Rey^{. María Gabriela Aguirre (2008)} propuso que esos eventos tuvieron la finalidad de demostrar al nuevo Estado revolucionario la fuerza y capacidad de movilización popular de la Iglesia, que no dudaría en utilizar en un contexto de persecución.

Ahora bien, el gobierno estatal de Chihuahua de 1920-1924 implementó una política de respeto en materia religiosa. Asimismo, la diócesis recibió, en 1921, el nombramiento de su tercer obispo, Antonio Guízar Valencia. ^{Juan González Morfín (2020)} sugirió que el jerarca impulsó un catolicismo social respetuoso de las autoridades civiles y destacó el papel del jerarca desempeñado en 1929, en el acercamiento entre gobierno federal y la Iglesia.

La relación que sostuvo la Iglesia católica local y las autoridades civiles fue posible gracias a Ignacio C. Enríquez, de acuerdo con ^{Franco Savarino (2017)} , “Tito Crespi lo definió como uno de los pocos hijos de la revolución que tenía un verdadero sentimiento católico” (p. 91); varios acontecimientos sostienen la hipótesis del acercamiento entre la Iglesia católica con las autoridades estatales.

Un indicio del acercamiento ocurrió el 7 de octubre de 1920. A unos días de que Ignacio C. Enríquez tomara cargo como gobernador, la diócesis le dirigió una carta en la que solicitó la suspensión del decreto establecido en 1914, por el entonces gobernador Manuel Chao. La reglamentación ordenó que los sacramentos del bautizo y matrimonio no podían celebrarse si los interesados no presentaban la constancia del registro de nacimiento y de haberse verificado el contrato civil, respectivamente.

Argumentaron en la carta que el decreto era producto de un momento en el que “más recio soplaron los vientos de ira y odios políticos, creyóse ser prudente, por aquel entonces tolerar el cumplimiento del Decreto”.⁶ Las autoridades religiosas afirmaron que, en ese gobierno −el de Enríquez− había cesado el furor bélico, renacido la confianza y el orden constitucional. Ponían a consideración de esa administración su suspensión. Asimismo, lo consideraron vejatorio de la libertad religiosa y obligó, en cierto modo, a los ministros de culto a ser empleados civiles. Por otra parte, adujeron que los presidentes municipales aprovechaban esa situación para convertirla en un arma de ataque a los sacerdotes y fieles; posteriormente, el gobernador comunicó que su resolución le correspondía al Congreso local.

Otra evidencia del acercamiento Iglesia y autoridades estatales ocurrió durante el arribo de Antonio Guízar Valencia a la diócesis en 1921. El periódico El Correo del Norte⁷ le realizó una entrevista; en ella, deseó éxito a los gobiernos de Álvaro Obregón e Ignacio C. Enríquez, ya que, comentó, contaban con la suficiente experiencia para sacar adelante sus proyectos, por los cuales mostraría respeto. La declaración fue una señal de cómo conduciría la relación con las autoridades. Una prueba más fue la visita del delegado apostólico Ernesto Filippi al estado de Chihuahua en 1922. La recepción del gobernador al representante papal fue grandilocuente (^{Gómez, 1992, p. 144}; ^{Savarino, 2017, p. 91}.), la cual originó la crítica de los sectores anticlericales:

Miles de católicos chihuahuenses convocados por el Obispo Antonio Guízar Valencia se arrodillaron al paso de Phillipi, que de inmediato se dirigió a la Catedral metropolitana donde era esperado por sus anfitriones burgueses ahí reunidos, entre los que se hallaba el párroco Manuel Enríquez Siqueiros, así como la devota Señora Josefina Siqueiros de Enríquez, hermano y madre, respectivamente del gobernador. Ex liberales y conservadores vistieron sus mejores galas para el homenaje a Phillipi, que había venido a reforzar contra obreros y campesinos, Ignacio C. Enríquez ofreció una cena en el teatro de los Héroes al primer embajador papal llegado a Chihuahua (^{Gómez, 1992, p. 144}).

La recepción de las autoridades civiles al representante papal es evidencia de la política en materia religiosa, la cual contrastó con el anticlericalismo de otras entidades del país. Por otra parte, en 1923, algunos miembros del Congreso estatal intentaron interrumpir el acercamiento que había entre autoridades e Iglesia. Decidieron promover una iniciativa de Ley que reglamentara a nivel local el artículo 130 constitucional. Ello generó que las autoridades eclesiásticas y la comunidad católica se manifestaran públicamente contra la intención.

El gobernador Ignacio C. Enríquez decidió que no era una estrategia correcta e hizo uso de las facultades legales que le daba la Constitución del Estado de Chihuahua para vetar la iniciativa de ley:

Tengo el honor de referirme al oficio número 446, del 27 del corriente, en el que ese Honorable Congreso comunica a este Ejecutivo el Decreto que con igual fecha tuvo a bien aprobar por medio de la cual se trata de reglamentar el ejercicio de cultos religiosos, particularmente limitando a setenta y cinco el número de ministros de cada credo […] Este ejecutivo por primera vez en el curso de su administración y muy a su pesar, hace uso de las facultades que le concede el artículo setenta de la Constitución Política del Estado, y se permite devolver a ese Honorable Congreso el decreto referido, encareciéndole se digne considerarlo y rechazarlo totalmente.⁸

El fallo fue celebrado por la comunidad católica chihuahuense y consolidó la popularidad del gobernador. Por ejemplo, la Revista Católica, publicada en El Paso, Texas, refirió al escrito, enviado al Congreso, como “Un documento que honra al gobernador del Estado de Chihuahua”.

Por otra parte, el obispo Antonio Guízar Valencia aseguró que en ese periodo existió libertad para el clero de Chihuahua, los ministros del culto podían vestir su ropa sacerdotal sin ningún problema, se vivía en libertad y no eran perseguidos por las autoridades. Los laicos consideraron que la política en materia religiosa, desarrollada por el gobierno de Ignacio C. Enríquez, era acertada, pues permitía su libre manifestación, no se molestaba a los sacerdotes o feligreses cuando ejercían su credo.

De tal manera, esa situación resultó una buena oportunidad para que el obispo Guízar Valencia impulsara nuevamente la organización de los católicos y se experimentara lo que ^{Franco Savarino (2017)} denominó “la edad dorada del catolicismo”. Ahora bien, entre las actividades promovidas por el jerarca, destacó una campaña que tuvo como objetivo fortalecer el catolicismo, en la cual se consideró importante denunciar los otros credos religiosos. A través de un llamado a la feligresía, el obispo les encomendó cuidar su religión e instruyó a los fieles para que no enviaran a sus hijos a colegios o asociaciones protestantes. Se pensó que era conveniente, si se deseaba consolidar el catolicismo, contrarrestar el crecimiento de las Iglesias protestantes.

Así, el laicado, en los primeros años de los veinte, fue celoso de su credo, pero respetuoso de las autoridades políticas. De acuerdo con ^{Juan González Morfin (2020)} , el jerarca insistió e influyó en la formación de un laicado respetuoso de las autoridades, quienes debían corresponder a la política que desarrollaba el gobernador Ignacio C. Enríquez.

En ese contexto, Antonio Guízar Valencia encuadró la “acción social católica” para su diócesis. En una carta pastoral, escrita el 23 de junio de 1924, comunicó que todas aquellas instituciones, asociaciones y uniones del apostolado debían encauzar sus actividades y esfuerzos a la “acción social”. El objetivo era remediar los males de la sociedad, fortalecer la familia y sus individuos. Todo ello bajo los derechos naturales y del evangelio, principios que debían considerase bajo la dirección de la Iglesia.

Asimismo, comunicó a todas las organizaciones católicas que estas no podían ser independientes de la autoridad eclesiástica; estarían sujetas a la vigilancia y dirección del obispado. De esa forma, estableció las directrices de la “acción social católica”, de acuerdo con: a) la existencia de un consejo diocesano de “acción social”, el cual debía dirigir y supervisar la participación de toda agrupación católica, según las circunstancias especiales de la diócesis; b) todas las agrupaciones debían registrarse y sujetarse a la dirección del consejo; c) competía al mismo consejo revisar y aprobar los reglamentos y estatutos de las asociaciones, y d) el consejo vigilaría que no se violentaran las indicaciones establecidas.

Ese reglamento aseguró al obispo el control de las agrupaciones católicas de la diócesis; además, le posibilitó tener una agenda de las actividades o asuntos que debían atenderse o eran de su interés. Por otro lado, en ese contexto arribaron algunas asociaciones católicas nacionales, las cuales fortalecieron la organización de los laicos chihuahuenses.

Ahora bien, la Sociedad de Artesanos Católicos fue de las primeras asociaciones que figuró y recibió el apoyo del tercer obispo. Se convirtió en la organización local con mayor fuerza; de ella saldrían los principales laicos que encabezaron el movimiento laico de la diócesis. Su orientación siguió siendo la encíclica Rerum Novarum. Ofrecieron apoyo a la educación, preparación y defensa a los trabajadores católicos. En 1922, la dirigencia decidió cambiar de nombre, para llamarla Sindicato Libre de Obreros.

De acuerdo con Contreras Orozco, en octubre de 1921 se estableció una agrupación femenina denominada Sindicato Católico Social de Obreras y Empleadas de Chihuahua. Sin embargo, en el acta de la segunda reunión, aparece el nombre de Sindicato Libre de Obreras y Empleadas Católicas. Es muy probable que haya sido conocida por sus integrantes con cualquiera de los dos nombres. Además, la información parece indicar que se trató de una versión femenina, alterna a la entonces Sociedad de Artesanos católicos.

La relación entre asociaciones era estrecha, pues en la agrupación masculina Martín Jurado era presidente y, en la femenina, lo era Consuelo Juárez de Jurado. Además, ambos personajes eran esposos. Por otro lado, la agrupación adoptó el lema Religión y Hogar. Los antecedentes se remontan a la asociación femenina creada en el año de 1909, y las integrantes eran básicamente las mismas. En la nueva experiencia recibieron, al igual que la organización masculina, el apoyo del obispo Antonio Guízar Valencia.

El arribo de las asociaciones católicas nacionales era inminente, sobre todo tras el impulso que les dio el episcopado mexicano. Una de las primeras en llegar fueron las Damas Católicas, fundada el 6 de enero de 1923, en la ciudad de Chihuahua. Con el paso del tiempo se creó el Centro Regional, compuesto por varias localidades del estado: Ciudad Juárez, Camargo, Jiménez y Parral. Establecieron comunicación con el consejo central de la ciudad de México, con los centros de Aguascalientes y Puebla. Lograron inmiscuirse en asuntos de importancia para la sociedad católica, como la defensa del concepto cristiano de familia, ofrecieron asistencia material y espiritual a niños y adultos. Sus ámbitos de acción eran cinco: el primero, dedicado al auxilio de los tabernáculos; el segundo, al asilo a niños y ancianos; el tercero tuvo como objetivo fomentar las vocaciones eclesiásticas y auxilio al seminario; el cuarto fue destinado a la difusión del catolicismo, y la última sección estuvo orientada a la promoción de las devociones.

También arribaron los Caballeros de Colón, compuesta, principalmente, por personas pertenecientes a la clase media: abogados, profesores, médicos y comerciantes. Se estableció, en Chihuahua, en el año de 1922, bajo el consejo número 2419 y recibió el nombre de Fray Alonso Briones. Sus principios se acoplaron bien a los valores de la sociedad chihuahuense: la responsabilidad del padre hacia la familia era fundamental, la defensa del catolicismo, el impulso a la identidad patriótica y católica fueron valores esenciales de esta agrupación.

El Consejo Fray Alonso Briones mantuvo comunicación regular con la sede localizada en la ciudad de México, en la que se trataron varios asuntos, por ejemplo, en una misiva se avisó sobre las condiciones religiosas que existían durante el gobierno de Ignacio C. Enríquez. Se informó que no había persecución religiosa u hostigamiento, muy al contrario, esta era pacífica y el consejo no había sido molestado por las autoridades civiles.⁹ Aun en los tiempos más complejos del conflicto Estado-Iglesia a nivel local, los Caballeros de Colón no comunicaron sobre algún tipo de persecución u hostilidad del que hayan sido sujetos.

De tal manera que la agrupación desarrolló una actividad pacífica en el estado, incluso se relacionaron con acciones de beneficencia pública: ayudaron a la Cruz Roja y participaban en eventos cívicos. La sociedad logró sedes en diversas ciudades de Chihuahua, como fue el caso de Ciudad Jiménez, fundada en 1925.

Asimismo, la ACJM fue otra de las agrupaciones que se situó en la diócesis. Su propósito era cultivar la enseñanza religiosa, cívica y social en los jóvenes católicos. Consideraron que estos debían poseer la instrucción necesaria que les orientara en la acción social y esta se instaló para el año de 1924. De acuerdo con ^{Javier Contreras Orozco (1992)} , fue el sacerdote Jesús Quezada quien influyó en el laico Epifanio de Anda para que impulsara la llegada de esta organización. La Ciudad de Jiménez fue la primera localidad donde se ubicó la ACJM y se fundó el 6 de abril. La sucursal recibió el nombre “Legión de Tebas” (^{Contreras, 1992, p. 124}), mientras que en Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Nuevo México existieron otras sucursales, las cuales participaron en las actividades que se emprendieron. La organización estimuló la defensa de los derechos religiosos e impulsó un laicado cívico, defensor de la Iglesia.

En resumen, el catolicismo social mantuvo, de 1920 a 1924, una actitud cívico-pacífica que satisfizo al obispo Antonio Guízar Valencia. Sin embargo, el relevo político a nivel nacional y local interrumpieron el acercamiento de la Iglesia-Estado en la entidad. El anticlericalismo de 1925 y 1926 la convirtió en defensiva e incluso combativa.

EL ASCENSO DEL ANTICLERICALISMO EN CHIHUAHUA

La segunda mitad de la década de los años veinte cambió la cara pacífica que había caracterizado a la política en materia religiosa. Se vivió un ambiente diferente al que había prevalecido en el gobierno de Ignacio C. Enríquez. La influencia del centro en la política local se incrementó y con ello llegó una etapa anticlerical que no había vivido el catolicismo. En esos años los laicos abandonaron la actitud pacífica que los había caracterizado y adoptaron una de defensa.

Son varias las causas de carácter nacional y local que originaron ese cambio; el ascenso del anticlericalismo en los diferentes niveles de gobierno fue evidente y estimuló la respuesta de los católicos. A nivel nacional, Plutarco Elías Calles optó por un proyecto que a partir de ideas progresistas ejecutara las promesas revolucionarias. Encontró un país bajo la influencia de la religión, el famoso grito de “Guadalajara” encerró el deseo de expulsar la autoridad del catolicismo en la educación y la conciencia de los niños.

El presidente de la república detectó el crecimiento que la Iglesia católica había logrado en los últimos años, su influencia en la sociedad había aumentado y la capacidad de movilización popular era una amenaza. Esa condición y otras fueron suficientes para desarrollar una política en materia religiosa más radical. A decir de ^{Jean Meyer (1980)} , cuando fue gobernador de Sonora, aplicó un fuerte jacobinismo que sirvió como experimento de lo que desarrolló cuando fue presidente de la república.

El hostigamiento religioso aumentó para 1925; gobernadores como José Guadalupe Zuno, en Jalisco, Garrido Canabal, en Tabasco, entre otros más, decidieron aplicar medidas legislativas que afectaron el ejercicio del catolicismo. Ahora bien, la administración federal no ocultó su simpatía hacia ese tipo de actitudes, e incluso en varias entidades recomendó la ejecución de los artículos 3, 27, 130 de la Constitución.

El año de 1925 fue difícil para el catolicismo: ocurrió el intento cismático de la Iglesia católica mexicana del patriarca Pérez y fue interpretado como una ofensa para la Iglesia católica romana. Además, originó que los laicos del país tomaran medidas cada vez más ofensivas. Para 1926, varias reformas a nivel nacional agravaron aún más la situación. A mediados de julio se realizaron las reformas al Código Penal que entraría en vigor el día 31, las cuales originaron que la situación jurídica de la Iglesia y la de sus feligreses se complicara. La ley, expedida bajo el número 515, estableció severas sanciones a sus infractores y provocó que el episcopado mexicano suspendiera los cultos en todas las Iglesias del territorio nacional.

A nivel local, la relación entre las autoridades civiles y religiosas que se fincaron en el gobierno de Ignacio C. Enríquez llegaron a su conclusión y no volvieron a ser iguales. La siguiente administración, la del gobernador Antonio Almeida, aplicó una política cada vez más anticlerical e incluso permitió que esta fuera desarrollada por otros personajes. Por ejemplo, en 1925 apareció en la capital del estado una organización nombrada, “Agrupación anticlerical de Chihuahua”. El nombre indicó la orientación y propósito: terminar la influencia que tenían los católicos en la vida política de la entidad. Formaron su revista, titulada La Ballesta, y, a través de ella, se denunció la intromisión de la clerecía en la política local y en otros espacios públicos. El medio estuvo a cargo de Ernesto Montes, a quien los católicos acusaron de pertenecer a la masonería.

Por otro lado, la visita de Plutarco Elías Calles, a finales de 1925, influyó para que la política anticlerical del gobierno federal alcanzara una mayor influencia en Chihuahua e, incluso, se volvió oportunidad para que algunos cuadros políticos mostraran adhesión al presidente y la política en materia religiosa, que a partir de 1926 empezó a ser aplicada a nivel local. De esa forma, a inicios de ese año, el congreso estatal aprobó una medida administrativa para la ciudad de Chihuahua. Estipuló que todos los trabajadores que fuesen identificados como creyentes estarían impedidos para laborar en ese gobierno local.¹⁰

Por otro lado, a tan sólo dos meses de la visita de Calles, en febrero de 1926, el gobernador Antonio Almeida, a través de la Secretaría de Gobernación, envió a los presidentes municipales un mensaje del presidente de la república. En él, les instaba a hacer cumplir en materia religiosa lo establecido en los artículos constitucionales 3, 27 y 130. Asimismo, el comunicado dio a entender que muy pronto en la entidad se podría reglamentar el último artículo.

Otro acontecimiento de carácter jacobino ocurrió a tan sólo unos meses de haber iniciado el año de 1926, desde la Secretaría de Instrucción Pública a cargo de Luis Vargas Piñera, se realizó una serie de reformas, cuyo propósito era contrarrestar la influencia religiosa en la educación local. Se emitió el Reglamento para los Establecimientos Educativos y de Beneficencia,¹¹ estableció que: 1) todos los locales de las escuelas debían estar separados completamente entre edificios destinados al culto y de internado de niños; 2) no podía existir en sus locales imagen, reliquia u objeto religioso alguno; 3) estos no podían ser sostenidos económicamente por alguna asociación religiosa; 4) sus directores no debían ser ministros de culto o asociación religiosa, ni familiares de ningún ministro; 5) los directores, profesores y empleados tenían prohibido usar prendas, hábitos o insignias de carácter religioso o monástico; 6) se negó la posibilidad para llevar nombre alguno relacionado con alguna figura religiosa o culto; 7) se prohibió hacer uso de libros de texto que expresaran ideas contrarias a las instituciones o leyes del país, ni repartir entre los alumnos o asilados estampas de carácter bíblico o religioso; 8) se impuso la obligación de integrar a un profesor nombrado por el gobierno, quien vigilaría el cumplimiento del reglamento, además de que el sueldo debía cubrirlo la propia institución.

La ejecución de la medida originó que el gobernador Antonio Almeida girara la orden para cerrar aquellas escuelas religiosas que no cumplieran con lo establecido por la reglamentación y, también, aumentó la tensión entre los católicos y autoridades locales. Asimismo, el cierre de los planteles educativos ocasionó una fuerte manifestación de madres de familia católicas pertenecientes a la Sociedad de Madres Cristianas de Chihuahua.

La medida promovida por el jefe de Instrucción Pública originó una reyerta con los Caballeros de Colón. Luis Vargas Piñera declaró que los católicos maliciosamente querían confundir la cuestión clerical con la religiosa, deseaban hacer quedar mal al gobierno con el extranjero y se enriquecían favoreciendo a las clases altas. Indicó que en las escuelas confesionales enseñaban a los niños a aborrecer a los héroes de la patria. Aseguró que los establecimientos violaban la reglamentación y ello justificó la razón de su iniciativa. Terminó aduciendo que si los creyentes no estaban conformes con las leyes, debían promover su reforma, y mientras no lo hicieran, contaban con la obligación de obedecerlas.

El ambiente hostil se enturbió aún más, tras la inminente reglamentación local al artículo 130 constitucional que se presentó a mediados de 1926. ^{Franco Savarino (2017)} sugiere que, pese al incremento anticlerical, Antonio Almeida había sido señalado como un gobernador tibio en asuntos religiosos. Así, debía cumplir con la política anticlerical que mandaba la presidencia de la república a las diversas entidades del país. Asimismo, sugiere que el gobernador, “no es que tuviera sentimientos antirreligiosos, más bien obedecía a un pragmatismo político” (p. 155).

Ahora bien, la iniciativa para reglamentar el artículo 130 constitucional generó un debate en la sociedad chihuahuense; periódicos locales de tendencia religiosa, como El Correo de Chihuahua, de Silvestre Terrrazas, y El Combate, de Martín Jurado, afirmaron que se trataba de una violación a los derechos de la Iglesia y los creyentes. Además, consideraron que la reglamentación era innecesaria, ya que sólo desataría un conflicto religioso donde no existía.

Así, la legislatura local no detuvo el proceso para su ejecución y evidenció que el Congreso estaba compuesto por partidas de simpatizantes y detractores.¹² Finalmente, después de prolongados debates, se llegó a una solución. El 7 de junio el Congreso emitió el decreto número 145, el cual regulaba la cantidad a 45 sacerdotes con permiso para atender las necesidades espirituales de una población de 401 622 habitantes. Además, estipulaba que, en lo futuro, se modificaría esa cantidad de acuerdo con la población que arrojara los censos (^{O’ Rourke, 1991, pp. 33-37}).

Así, los sucesos de 1925 y 1926 influyeron para que los laicos asumieran una actitud más defensiva e incluso combativa.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS LAICOS: DE UNA ACTITUD PACÍFICA A LA DEFENSIVA

La aparición de un ambiente hostil contra el catolicismo contribuyó para que los laicos de Chihuahua decidieran denunciar las políticas anticlericales del gobierno federal y estatal. Dejaron de ser pacíficos, tomaron una actitud más combativa que originó, en algunos de los líderes, el deseo de levantarse en armas. Esa actitud contradijo la orientación pacífica que había inculcado su obispo Antonio Guízar Valencia.

Los laicos de Chihuahua estuvieron atentos a la situación que vivía la Iglesia a nivel nacional, siguieron de cerca los periódicos del resto del país y su lectura les informó de las condiciones en varias entidades. Asimismo, establecieron comunicación con otras organizaciones católicas. El intercambio epistolar se volvió un importante medio de comunicación que les ayudó a conocer las condiciones del catolicismo.

Los periódicos católicos eran el medio por excelencia que utilizaron para informarse sobre las acciones que desarrollaban los laicos. Entre los medios que circularon a nivel local estaba Pro-Patria, que pertenecía a los Caballeros de Colón. Era dirigido, en los años 1925-1926, por Martín Jurado. Él mismo fundó dos periódicos: en 1925, El Debate; su nombre era representativo del cambio de actitud. Este medio se reconoció como un “semanario católico de combate”. Al siguiente año, el mismo personaje creó El Combate. En ellos se encuentra la información de los acontecimientos y acciones que realizaron los laicos durante 1925 y 1926.

Además, el personaje era pieza importante del catolicismo social de la diócesis. Fue miembro y presidente de la Sociedad de Artesanos Católicos y la Confederación Libre del Norte, formó parte de los Caballeros de Colón y participó en la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa a nivel local

Por otra parte, en abril 1925 se organizó a nivel local una filial de la Unión Popular de Jalisco, aquella que dirigió Anacleto González Flores. Su existencia fue efímera, pero sirvió como base para que tiempo después los miembros decidieran integrarse a la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. Ahora bien, la Unión Popular decidió reunir a los católicos para defender los intereses de estos y trabajar en la restauración cristiana de la patria, luego procurarían: a) solicitar y obtener la adhesión de todos los católicos sin distinción de edades ni posición social; b) despertar, formar y robustecer la conciencia y el criterio católico en el orden religioso, cívico y social; c) fomentar y propagar las organizaciones católico sociales; d) progresar y sostener la prensa católica en todas sus formas; e) formar oradores, escritores, propagandistas y hombres aptos para la lucha en el terreno religioso, cívico y social; f) establecer bibliotecas que orientaran, formaran y renovaran la mentalidad de los católicos, de conformidad con las sanas exigencias de la época, y g) publicar un boletín que definiera el programa y acción de los católicos.¹³

Los creyentes tomaron la decisión de sumarse a los movimientos católicos nacionales y lo hicieron con el propósito de defender los derechos de la Iglesia. Ello fue decisivo para crear una sede de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR) a nivel local. En Chihuahua, como en el resto del país, la LNDLR fue impulsada por miembros que pertenecieron a los Caballeros de Colón, las Damas Católicas, la Asociación de la Juventud Mexicana (^{Mendoza, 2006, p. 18}), y el Sindicato Libre de Artesanos (^{Contreras, 1992}).

De los Caballeros de Colón salieron los principales dirigentes regionales de la liga: Manuel O’ Reilly fue el primer delegado; tomó funciones en agosto de 1925. Sin embargo, un mes duró con esa responsabilidad, pues renunció a ella y fue relevado por Agustín Escobar, quien se encargaría de dirigir las actividades de la organización durante 1926 y fue un personaje clave en el intento del movimiento armado de principios de 1927. Asimismo, Martín Jurado desempeñaría el papel de inspector de zona.

La LNDLR estuvo dividida en zonas en las que se encontraron los centros locales y regionales, distribuidos por todo el país. Existieron once regiones; Chihuahua formó parte del número dos, con 16 locales: Almada, Ciudad Juárez, Guadalupe de Bravos, Cusiahuarachic, Camargo, Namiquipa, Parral, Santa Rosalía, Santa Isabel, Jiménez, San Ignacio, Sisoguichi, Tabaoapa y Yepomera (^{Olivera, 2019, p. 97}), incluso se establecieron en El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México.

La delegación del estado de Chihuahua era de las mejores organizadas a nivel nacional, pues su trabajo era exitoso: logró tener, para 1925, un registro de 4 000 miembros (^{Meyer, 1994, p. 63.} ). El periódico El Combate anunció, en abril de 1926, que la organización estaba logrando un rápido progreso, “Es sorprendente la rapidez con que está progresando la Liga Nacional de Defensa Religiosa y no es aventurado asegurar que no pasará mucho tiempo, sin que todos los católicos de este Estado estén enlistados en sus filas”. Según datos del medio, tenía para esas fechas, una cantidad de 20 000 miembros.¹⁴ De ese modo, el crecimiento vertiginoso que se obtenía era sorprendente e indicaba el excelente trabajo de su organización.

^{Jean Meyer (1994)} indicó que Chihuahua fue el único lugar donde la liga logró tener una mayoría de miembros que pertenecían a zonas rurales, mientras que, en otras partes del país, los integrantes eran de zonas urbanas. Además, podían presumir la influencia que tenían sobre algunos miembros del Congreso local. Agustín Escobar informó a sus superiores que los candidatos a gobernador habían solicitado el apoyo de la liga. De tal manera, el trabajo en la entidad era fructífero, pues se visualizaron como instrumento de la comunidad para hacer valer sus derechos.

Por otra parte, el delegado regional Agustín Escobar y Martín Jurado escribieron en los periódicos Pro-Patria y Debate, los objetivos que perseguía la organización en la entidad. Fue considerada como el medio a través del cual los mexicanos podían revertir la persecución religiosa que desarrollaba el gobierno federal. Agustín Escobar escribió que era “la institución de todos los mexicanos católicos para hacer el bien, haciendo uso de los derechos que nuestras libertades de enseñanza y las demás libertades que tenemos como católicos y ciudadanos”.¹⁵ Mientras que Martín Jurado¹⁶ dijo a los creyentes que contaban con la obligación de participar en la defensa de la religión, que debían dejar de lado el egoísmo, la pereza y antipatía. Luego afirmaron que los tiempos de persecución religiosa reclamaban su participación.

Las acciones que realizó la LNDLR estaban orientadas a la elaboración de estrategias legales que contrarrestaran la ofensiva anticlerical, las cuales iban desde el ámbito nacional y local. En la entidad, sus miembros se dedicaron a difundirla; también hicieron actividades artísticas y veladas literarias. Sin embargo, su accionar estuvo condicionado a las circunstancias políticas.

Ahora bien, la inminente entrada en vigor de la Ley Calles motivó a los católicos a solicitar su derogación en el Congreso de la república. La respuesta gubernamental fue negativa y les obligó a tomar medidas más drásticas, como el desarrollo de un boicot económico a nivel nacional que obligara la suspensión de la política en materia religiosa.

En Chihuahua, los Caballeros de Colón informaron que habían recibido una carta de los dirigentes nacionales; se les avisó de la creación de una sección de resistencia económica. Asimismo, se les pidió que enviaran a la ciudad de México a dos delegados; Luis Ramos y Manuel H, Carrillo fueron los designados (^{Vázquez, 2018}). Así, los dirigentes locales decidieron replicar, en julio de 1926, el boicot económico en la entidad.

Los periódicos fueron principalmente a quienes se les dirigió esa acción; uno de ellos fue La Voz de Chihuahua, identificado como órgano hostil a los temas religiosos y se hizo el llamado a los creyentes para que dejaran de comprarlo. Otros medios a los que se les aplicó dicha iniciativa fueron El Diario de Chihuahua, El Semanario de México e incluso en la lista apareció el periódico El Sol, de la ciudad de El Paso, Texas.

La campaña estuvo dirigida contra comercios y profesionistas, considerados detractores de la Iglesia. De acuerdo con ^{Javier Contreras Orozco (1992)} , estaban la zapatería Medina y los doctores José M. Palafox, Efrén Valdés y León Duarte. Asimismo, desde El Paso, Texas, se sumaron a la acción e invitaron a los habitantes para que evitaran cruzar a Ciudad Juárez y no realizaran compras.

El boicot no encontró los resultados esperados y la radicalización de la política en materia religiosa motivó a los dirigentes de la LNDLR a buscar solucionas alternas. Entre ellas se vislumbró −aún lejana− el posible levantamiento armado, el cual sería organizado y dirigido desde la misma liga. Según el historiador ^{Jean Meyer (1994, p. 71)} , “en una reunión celebrada entre la dirigencia nacional y los delegados regionales. Agustín Escobar le dijo al presidente Rafael Ceniceros y Villareal que era la hora para decidirse por las armas; desde el estado de Chihuahua se contaba con un ejército de 800 hombres a su disposición, entre los cuales había exvillistas.”

La dirigencia nacional de la liga formó un comité de guerra que sería responsable para esa opción, se planteó la posibilidad de enviar a Estados Unidos a un representante, cuyo propósito sería reunir fondos económicos con los que se financiaría un ejército que se levantara en armas. El elegido para esa tarea fue René Capistrán Garza. La situación geográfica y los buenos resultados que obtuvo la organización de la LNDLR en Chihuahua, haría de su frontera con Estados Unidos una pieza clave para un posible levantamiento armado.

LA HORA DE LAS ARMAS: EL MANIFIESTO DE LEVANTAMIENTO ARMADO RELIGIOSO EN CHIHUAHUA

La posibilidad de un levantamiento armado estuvo asociado a la existencia y éxito alcanzado por la delegación regional de la liga en la entidad. Es muy probable que Agustín Escobar haya creído que la cantidad de registros de la organización respaldaría esa decisión. No obstante, esa intención no tuvo, en ningún momento, el apoyo del obispo Antonio Guízar Valencia, incluso el jerarca de la Diócesis de Chihuahua rechazó la opción armada que la liga había expuesto al episcopado mexicano.

Por otra parte, la probabilidad del movimiento armado en el que participaran los católicos de Chihuahua estuvo sujeto a los planes que elaboró la liga. Además, dependía de René Capistran Garza y el trabajo que realizara en la recaudación de fondos económicos y de la formación de un ejército que conquistara las principales ciudades norteñas. En ese proyecto, la frontera norte del país se volvió una zona estratégica, Ciudad Juárez podría desempeñar un papel para los planes que se tenía.

A finales de 1926, Capistrán Garza comunicó que enviaría 500 000 dólares a territorio nacional. Además, notificó a la dirigencia nacional de la liga el nombramiento de José Gándara como jefe militar (Meyer, 1944, p. 75.). Por otro lado, solicitó que la LNDLR organizara movimientos simultáneos en todo el país, ellos tomarían Ciudad Juárez a inicios de 1927, y después el resto del país. Así, la esperanza de ese plan se localizó en la recaudación de fondos que se haría en Estados Unidos.

Por otra parte, existe la hipótesis de que Agustín Escobar tomó la resolución de levantarse en armas a principios de 1927, independientemente de la decisión que tuviera la dirigencia nacional. De esa forma, los primeros movimientos armados religiosos en el país empezaron a sonar, sólo era cuestión de esperar las primeras fechas de 1927 para saber si los planes de levantamiento armado eran posibles en la entidad.

El 23 de enero de 1927, la Revista Católica, órgano de difusión que administraba la compañía de Jesús en El Paso, Texas, dio a conocer entre sus páginas un documento que llevaba por título “Manifiesto del Gobierno Nacional Libertador a la Nación Mejicana”,¹⁷ en el cual se invitó a los católicos para sumarse a un movimiento armado. El escrito denunció que el régimen que gobernaba el país oprimía a la mayoría de los creyentes mexicanos, que procedía a través de principios destructores y subversivos, que tenía la pretensión para convertir a la patria en un campo de explotación, y denunció que transformaba a los ciudadanos en un rebaño de envilecidos esclavos.

Además, aseguró que existía la privación absoluta de las libertades: religiosa, política, de enseñanza, trabajo, prensa, negación de Dios y formación de un pueblo ateo. Por otro lado, establecieron que había intención de destruir la propiedad privada por medio del despojo, la socialización de las fuentes productoras del país, la ruina del obrero libre por medio de organizaciones radicalmente revolucionarias, y la malversación de los bienes públicos y privados.

La redacción del manifiesto resalta la influencia de Rerum Novarum: la defensa del obrero y la propiedad privada; denunció la gravedad de la socialización de los bienes y eliminación de otros derechos de la población. Se consideró que existía la destrucción de la nacionalidad, la alteración del carácter social, político, cívico, moral, religioso y económico de la nación. Justificaron la urgente necesidad para derrocar, a través de las armas, al gobierno y la esclavitud impuesta. El manifiesto arguyó que los laicos tenían el derecho a:

El santo e imprescindible derecho de defensa: hé (sic) ahí la base moral de este movimiento. A ese derecho inalienable se adhiere fuertemente la conciencia nacional. La necesidad vital de destruir para siempre los viciosos regímenes de facción y de crear un gobierno nacional; la aspiración incontenible de abolir las prerrogativas de la fuerza con la fuerza irresistible del derecho: hé (sic) ahí la razón de ser de este movimiento que es el impulso popular hecho realidad viva.¹⁸

Se estableció que el movimiento no era una revolución; al contrario, propuso la coordinación de todas las fuerzas del país, cuyo fin era oponerse a los hombres de la revolución, a aquellos que negaban la existencia de Dios y su Iglesia. De tal manera, el propósito de la defensa armada era enfrentar el proyecto de nación revolucionario, considerado por ellos, opuesto a la voluntad del pueblo católico.

Además, el pliego señala que el gobierno se estableció contra las verdaderas formas de autoridad y destruyeron el bien común. Afirman en el documento que existe voluntad en la población para derrocar a los tiranos, luego entonces, las autoridades sabrán por primera vez el valor de un pueblo que defiende su libertad a través de la lucha y está decidido a morir por ella.

Sus puntos fundamentales fueron la libertad religiosa y de conciencia a base de independencia absoluta entre la Iglesia y el Estado: de enseñanza, política, imprenta y asociación. En el ámbito laboral buscaron establecer garantías para el capital nacional y extranjero, no retroactividad de las leyes, respeto a la propiedad privada, justa dotación ejidal y creación de la pequeña propiedad. De esa forma, el plan del levantamiento armado se lanzó en nombre de la libertad religiosa.

Asimismo, desconoció los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Unión, de las diversas entidades federativas y todos los ayuntamientos del país. Estableció que, durante el gobierno provisional, los municipios serían nombrados por el poder ejecutivo de México, en el Distrito Federal y territorios federales, a gobernadores de los estados. Los suscritos reconocían al señor René Capistrán Garza, jefe del poder ejecutivo y al señor José F. Gándara, encargado de las fuerzas militares.

El manifiesto señaló que el nuevo jefe del poder ejecutivo designaría un cuerpo consultivo. A su vez, este elegiría al personal que integrase la Secretaría de Estado y gobernadores, nombraría los despachos militares superiores al grado de coronel. Por otro lado, el encargado del control militar sería el responsable de la disciplina, unidad y cohesión en el ejército, concedería grados y ascensos inferiores al de coronel. Este promovería, ante el jefe del poder ejecutivo, los grados y ascensos, además, se propuso que el Gobierno Nacional Libertador,¹⁹ sería el encargado de reorganizar la política y la economía.

Mientras se consumara la reorganización del país, reconocían las garantías individuales consignadas en la Constitución de 1857, tales como fueron redactadas en esa Carta Magna. También las emanadas de 1917; del artículo 5 se suprimía el párrafo tercero, desde las palabras voto religioso hasta su final, y del 24 sería eliminado el párrafo primero desde las palabras en templos, y hasta su redacción última. Luego, el 27 habría de ser reformado de acuerdo con los principios fundamentales de respeto a la propiedad privada y de la no retroactividad de las leyes.

Los firmantes, conocidos como los autores del pliego, eran los generales: Nicolás Fernández, J. B. Galindo y Agustín Escobar. Del primero, se tiene información de su pasado villista, pues, formó parte de sus Dorados. En 1910 fue invitado por Francisco Villa para unirse a sus tropas, y duró en ellas hasta 1923. Se sabe que se levantó en armas en el estado de Durango en el mes de octubre de 1927, y el suceso ocurrió en San Luis del Cordero, y su participación se asoció a la rebelión cristera de aquella entidad (^{Avitia, 2008, p. 212}).

Respecto a J. B. Galindo, este fue soldado villista de rango menor y su carrera la realizó en Durango. Participó, al igual que Fernández, en el levantamiento religioso de aquel estado. Según ^{Antonio Avitia (2008, p. 916.)}, algunos miembros de la LNDLR intentaron convencer a Galindo de darse de alta en el Ejército Libertador Cristero, para combatir en el municipio de Santiago Papasquiaro. Su movimiento estuvo asociado al norte de Durango, justo entre las fronteras con Chihuahua. A finales de mayo se amnistió con todas las garantías ante las tropas de Marcelo Caraveo.

Sobre Agustín Escobar, se encontró que perteneció a los Caballeros de Colón, al Consejo de Fray Alonso Briones, pues, aparece en el registro de miembros de 1925. Era ingeniero minero y participó como columnista en el periódico Pro-Patria. Además, fue delegado regional de la LNDLR. Quizá sea el responsable de ese intento de levantamiento armado.

Por otro lado, el periódico El Paso Herald se sumó a los medios que informaron sobre esa posibilidad y lo hizo el 1 de enero de 1927. La noticia fue replicada en la capital del estado por el periódico El Correo de Chihuahua, de Silvestre Terrazas, bajo el título “Las Alarmas en la Prensa Americana llegada anoche”. Se informó que René Capistrán Garza era jefe del movimiento revolucionario y el señor José. G. Gándara, ministro de Guerra. Sin embargo, el periódico dudó del movimiento revolucionario.

A pesar de las noticias, no se presentó ningún levantamiento armado en tierras chihuahuenses. Por otro lado, ^{Marcelo Caraveo (1992)} narra en sus memorias que, durante el año de 1927, recibió órdenes de Plutarco Elías Calles para apaciguar cualquier movimiento relacionado con la cuestión religiosa. Escribió que: “entre abril y mayo se presentó una partida de rebeldes, al mando de Nicolás Fernández, la cual se había levantado en armas por el rumbo de Guadalupe, Distrito Bravos” (p. 121). De tal manera que dio las órdenes al general Miguel Valle para sofocarlo. La comitiva estuvo cerca de capturar al líder, pero este logró escapar, pues contaba con un excelente conocimiento del territorio; lo cual provocó que las fuerzas rebeldes se dispersaran y se unieran al movimiento religioso que se desarrollaba en Durango.

Por otra parte, el periódico La Voz de Chihuahua se encargó de difundir varias noticias durante los primeros meses de 1927. En ellas se volvió a informar que Capistrán Garza encabezaba el movimiento, y que se convertiría en el futuro presidente una vez que salieran triunfantes. En una nota el periódico aseguró,²⁰ según declaraciones de Capistrán, que el movimiento triunfaría rápidamente en el estado norteño, convertiría a la ciudad de Chihuahua en la capital del país y luego procederían a tomar Durango.

Las noticias originaron que las autoridades mexicanas doblegaran la vigilancia en la frontera. El general Ramón López,²¹ jefe de la guarnición de la plaza y del sector de ciudad Juárez, señaló que la frontera se encontraba segura y ningún movimiento rebelde podría desestabilizar al gobierno y la paz que presentaba ese lugar.

Las esperanzas del levantamiento armado se extinguían, ningún movimiento ocurrió, terminaron por desaparecer cuando los líderes nacionales de la liga destituyeron a René Capistrán Garza de su misión en Estados Unidos y en adelante desconocieron todo movimiento que este representara.

EL FRACASO DEL MOVIMIENTO

Por qué no estalló el movimiento armado religioso en Chihuahua, qué factores intervinieron para su fracaso. Es muy probable que hayan intervenido por lo menos dos circunstancias, una de carácter local y otra nacional.

En la primera, influyó la actitud del jerarca Antonio Guízar Valencia, quien siguió de cerca la organización de los laicos, se dio cuenta de la capacidad de movilización que habían logrado en los acontecimientos de 1925 y 1926, prohibió cualquier manifestación que violentara la ley y llamó siempre a la cordura. En un documento que escribió el 20 de mayo 1926, dio una serie de instrucciones a sus sacerdotes y feligreses, impidió organizar cualquier revuelta o insubordinación contra las autoridades civiles; muy al contrario, recomendó respetarlas en todo momento. En 1927 insistió a los feligreses para no levantarse en armas; esa vez amenazó con excomulgar a quien desobedeciera.

La segunda hipótesis está asociada al fracaso de la misión que desarrolló la LNDLR y René Capistrán Garza en Estados Unidos; falló en la recaudación de fondos económicos y su responsabilidad en el Comité de Guerra corrió la misma suerte. Según ^{Meyer (1994)} , este nunca logró reunir el dinero suficiente para formar un ejército que proviniera de aquella nación. Además, la dirigencia nacional de la liga nunca estuvo de acuerdo con que José F. Gándara fuera responsable de la organización militar. Ello ocasionó el distanciamiento y el fracaso de ese plan; la desilusión originó que se viniera abajo la estrategia que había considerado a la entidad.

Por otro lado, el manifiesto de levantamiento armado estuvo inspirado en uno elaborado por la dirigencia nacional de la liga y René Capistrán Garza en 1926. De esa manera, suponemos, se obtuvo, tal vez, de Capistrán Garza o de los propios líderes nacionales, el escrito para que fuese lanzado en El Paso, Texas.

CONCLUSIONES

En conclusión, el análisis de los documentos, periódicos y archivos permiten establecer que el catolicismo social en Chihuahua fue fructífero en las primeras décadas del siglo XX, como ocurrió en otras partes del país. Sus tres primeros obispos fueron responsables del éxito, pues en todo momento lo impulsaron y estimularon. La organización de los laicos originó la existencia de importantes asociaciones católicas, cuyo carácter cívico-pacífico las distinguió durante gran parte de ese periodo.

El advenimiento revolucionario de 1910 detuvo el crecimiento de la organización católica. Sin embargo, el arribo a Chihuahua del constitucionalismo a finales de 1915, a cargo de Ignacio C. Enríquez, cambió el panorama anticlerical que había prevalecido en los años villistas. Varios acontecimientos y la política en materia religiosa enriquista sugieren un acercamiento con las autoridades religiosas. En ese periodo se presentó la oportunidad para que el jerarca Antonio Guízar Valencia impulsara en su diócesis la Acción Social Católica. De ello resultó un laicado robusto, bien organizado, que enfrentó un periodo caracterizado por la aparición gradual de un anticlericalismo en la entidad; situación que originó el cambio de una actitud pacífica a combativa.

Los ascensos de Plutarco Elías Calles y de Antonio Almeida, y la adopción de una política anticlerical originaron el abandono de la actitud pacífica que tuvo el catolicismo social. De 1925 a 1927, los laicos denunciaron lo que para ellos era una franca persecución religiosa. Además, ese anticlericalismo les condujo, por lo menos a algunos de sus líderes, a tomar medidas cada vez más drásticas, incluida la del movimiento armado. La posibilidad de la rebelión estuvo asociada al éxito que alcanzó la LNDLR en la entidad. Quizá, Agustín Escobar, representante regional, se sintió confiado por el trabajo que había alcanzado en Chihuahua, y le convenció la opción armada que vislumbraron los dirigentes nacionales.

Por tanto, el manifiesto representó una esperanza para derrocar al gobierno en turno. En él, se denunció la violación a la libertad religiosa, política y educativa que tanto mencionaban los laicos. Asimismo, en el documento está vertida la influencia de Rerum Novarum y el pensamiento de los laicos.

Así, las causas del fracaso pueden ser aún más, y sobre ellas habrá que indagar. Asimismo, los violentos choques entre católicos y autoridades en Parral, durante 1935, o el asesinato del padre Maldonado, no volvieron a estimular otra opción armada en los laicos de Chihuahua.