INTRODUCCIÓN

A finales de los años setenta, el capitalismo experimentó una severa crisis de sobreacumulación, dando inicio la aplicación del modelo neoliberal en México. Dicho modelo cimentó sus políticas a través de la liberalización económica, tendiendo a reducir el antiguo Estado benefactor, donde el capital invadió esferas que eran exclusividad del Estado, como la privatización de las empresas públicas, los sistemas de salud, educación, penitenciarios, de pensiones y los elementos comunes como las riquezas del subsuelo, las playas, el paisaje, etc. (^{Bojórquez y Ángeles, 2014}), característica esencial del capitalismo neoliberal que el geógrafo ^{David Harvey (2005)} llamó acumulación por desposesión, y que se ha manifestado de manera más nítida en regiones como América Latina (^{Cuevas et al., 2016}) y de manera concreta en México (^{Merchand, 2017}), a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) y profundizándose con sendas modificaciones constitucionales para afianzar el modelo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En la actualidad, de acuerdo con ^{Bruff (2014)} , vivimos en una etapa del capitalismo que se puede catalogar como neoliberalismo autoritario, el cual se caracteriza por Estados que buscan generar andamiajes legales no sólo para consolidar los procesos de acumulación de capital, protegiendo los intereses de los grandes corporativos y el poder financiero, sino inmunizarse de las protestas sociales propiciadas por las políticas de ajuste económico a la cual se somete a la mayoría de la población, para asegurar la disciplina fiscal que le dé viabilidad al modelo. En ese tenor, los gobiernos defensores del statu quo tienden a reforzar los aparatos de control y de videovigilancia (^{Bojórquez et al., 2020} ), buscando aislar y contener a los grupos sociales que cuestionan las políticas implementadas; además, utilizan los medios de comunicación como instrumento propagandístico para justificar sus políticas con el discurso de la protección de los trabajos o la creación de empleos. Así, entran en reestructuración los hogares, los entornos laborales (^{Clua-Losada y Ribera-Almandoz, 2017}) y el espacio público urbano (^{Bojórquez y Ángeles, 2021}; ^{Bruff y Tansel, 2019}).

Si bien hay una defensa férrea del libre mercado y de la ganancia del capital financiero, en cuanto al ejercicio de gobierno, hay una tendencia a centralizar los poderes del Estado en el poder ejecutivo, quien busca minar la movilización popular con los aparatos de las fuerzas coercitivas, reprimiendo a quienes se expresan en el espacio público (^{Bruff y Tansel, 2019}; ^{Tansel, 2017}) en la llamada geografías de la resistencia (^{Bojórquez et al., 2022})

En el contexto mexicano, a inicios de la aplicación del modelo económico neoliberal, había márgenes de legitimidad, pues se daban negociaciones con los sectores sociales corporativos. Esto cambió tras la crisis de 2008; el Estado renunció a la posibilidad de negociar con los sectores subalternos y decidió imponer su agenda de profundización neoliberal. Así quedó demostrado con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en la que de manera unilateral el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), despidió a más de 40 000 trabajadores de la paraestatal (^{Bojórquez, 2024}), como paso previo a preparar la reforma energética (^{Bojórquez, 2023}), que sería impuesta y aprobada por la clase política y empresarial en el sexenio siguiente encabezado por Enrique Peña Nieto y la cual fue legitimada, no en términos positivos, consultando a la sociedad mexicana, sino a través de una agenda mediática, donde el gobierno canalizó 52 000 millones de pesos (^{Badillo, 2019}) a los corporativos mediáticos.

A través de una metodología cualitativa documental, en estudio de caso de carácter exploratorio, el objetivo del presente trabajo es analizar la reforma energética a partir del concepto de neoliberalismo autoritario, acuñado por ^{Ian Bruff (2012}, ²⁰¹⁴⁾ y acumulación por legitimación, planteado por ^{Thomas da Costa (2023)} . El trabajo está estructurado en tres apartados; en el primero se analiza el concepto de neoliberalismo autoritario, categoría de análisis que ha sido retomado por diferentes estudiosos para diversos contextos en la aplicación de la ortodoxia neoliberal actual; en el segundo apartado, se analiza el concepto de acumulación por legitimación, a partir de las tácticas para legitimizar las políticas de profundización de la ortodoxia neoliberal en contextos autoritarios y un tercero, en el que se analiza la reforma energética en México y el proceso de acumulación por legitimación para su aprobación.. Por último, se presentan las conclusiones a manera de reflexión final.

NEOLIBERALISMO AUTORITARIO

El neoliberalismo, como la expresión más actual del capitalismo, se empieza a aplicar en la década de los años setenta del siglo pasado, y ha tendido a impulsar la expansión de los mercados como forma de consolidar escenarios de acumulación desmedida que beneficia a los grandes capitales (^{Puello-Socarrás, 2013}). Gran parte de la dinámica económica neoliberal descansa en las políticas de ajuste tendente a reducir el gasto público y desmantelar los residuos del antiguo Estado benefactor, así como el reforzamiento del marco jurídico para consolidar las políticas de privatización y liberalización económica.

A partir de la crisis inmobiliaria de 2008, cuyas consecuencias fueron de carácter global, de acuerdo con ^{Bruff (2014)} , entramos a una etapa que se caracteriza por el impulso de un neoliberalismo autoritario, un giro hacia la derecha, el cual se expresa en una erosión de la democracia y la participación social, consolidándose cambios constitucionales y jurídicos para inmunizar al Estado de todo cuestionamiento a las políticas de ajuste económico que favorece a las minorías privilegiadas. Así, los Estados neoliberales han sido incapaces de lograr acuerdos con la sociedad civil para la ejecución de políticas públicas, por lo que los cambios en las legislaciones se materializan poniendo como justificación la de propiciar condiciones para la inversión de capitales y la generación de empleos, cambiando instituciones y la función esencial del Estado que es velar por todos, a ser guardián de los intereses de las corporaciones financieras y empresariales (Bruff, 2012; ^{Borsuk et al., 2021}).

En esa táctica de inmunización, conlleva su parte contradictoria, pues es a partir de ello que los colectivos populares crean estrategias de resistencia por medio del uso de las redes sociales, convocan a la población a manifestarse en el espacio público urbano, como arena de reivindicaciones populares (^{Bojórquez y Ángeles, 2021}; ^{Bojórquez et al., 2022}) y visibilizar sus demandas, lo que de acuerdo con ^{Gonzales (2017)} , los gobiernos actúan apelando a la política de la ley y el orden.

El concepto de neoliberalismo autoritario fue planteado de manera inicial en 2012 por el académico ^{Ian Bruff (2012)} , en un trabajo donde analiza los movimientos de ocupación como desafíos a la conformación de Estados impositivos y que acontecieron en Zuccotti Park en Nueva York y Tahrir Square en Egipto, donde afirmaba que los Estados tras la crisis de 2008 cuyo epicentro fue Estados Unidos y con grandes interconexiones globales, habían trastocado las formas de actuación estatal, con políticas impositivas que tenían como propósito el garantizar la sobrevivencia del modelo y reforzar los mecanismos de acumulación de capital y sostenía que:

Las prácticas neoliberales han demostrado ser cada vez más incapaces de obtener el consentimiento, o incluso la renuente aquiescencia, necesarios para modos de gobernanza más “normales”. De particular importancia en la crisis posterior a 2007 ha sido la creciente frecuencia con la que los cambios constitucionales y legales, en nombre de la “necesidad” económica, están tratando de remodelar el propósito del Estado y las instituciones asociadas (p. 114).

En ese tenor, ^{Bruff (2012, p. 114)} , afirmaba que en el neoliberalismo autoritario se reconfiguraban Estados con “formas cada vez menos democráticas en respuesta a la profunda crisis capitalista” como estrategias para reforzar los mecanismos de acumulación capitalista (^{Giovanni, 2017}) y como respuesta ciudadana, la irrupción de movimientos ciudadanos que ponían en entredicho la legitimidad de las políticas neoliberales, las cuales estaban siendo impuestas de manera unilateral.

En un trabajo posterior, ^{Bruff (2014)} complejiza y consolida el concepto de neoliberalismo autoritario como categoría de análisis del capitalismo contemporáneo, donde señala que:

[…] estamos asistiendo al auge del neoliberalismo autoritario, que tiene sus raíces en la reconfiguración del Estado en una entidad menos democrática mediante cambios constitucionales y legales que pretenden aislarlo de los conflictos sociales y políticos. El aparente fortalecimiento del Estado conlleva simultáneamente su creciente fragilidad, ya que se está convirtiendo en un blanco cada vez más directo de una serie de luchas, demandas y descontentos populares a través de las presiones que emanan de este fortalecimiento (p. 113).

Reforzando la teorización del concepto, ^{Gallo (2022)} sostiene que el neoliberalismo y el autoritarismo estatal están fuertemente ligados y este fenómeno se presenta bajo tres modalidades: la primera, llevada a cabo por gobiernos de corte tecnocrático:

En general, los tecnócratas han utilizado su reputación académica y profesional para promulgar programas neoliberales en toda regla. La pericia se despliega como un instrumento de despolitización, es decir, un rechazo de los partidos y los procesos democráticos: una elección que claramente sigue siendo política. Los partidos quedan marginados y las democracias dan paso a nuevos organismos y agencias que no rinden cuentas. Expertos y funcionarios aplican las agendas políticas, que suelen consistir en recortes de gastos, liberalizaciones, privatizaciones y otras medidas favorables al mercado (p. 558).

En este contexto neoliberal autoritario de corte tecnocrático, la austeridad es uno de sus rasgos característicos (^{Jenss, 2019}), con el fin de minimizar al Estado y reducirlo a simple garante de la libertad económica, la libre empresa, además de promover la flexibilización y desregulación laboral (^{Lawreniuk, 2022}) y reducir los presupuestos en materia social (^{Farnsworth e Irving, 2018}). Asimismo, la modalidad tecnocrática asume el rol fundamental del Estado en la disciplina fiscal y el cuidado de los indicadores macroeconómico apelando a la desideologización como parte de su oferta de estabilidad económica, la supuesta protección de los empleos y la atracción de capitales foráneos.

En esta modalidad se manifiesta la obsesión por los indicadores macroeconómicos del crecimiento sostenido, donde se aplica la política del Estado mínimo, con una gran tendencia a la austeridad (^{Jenss, 2019}; ^{Jessop, 2019}; ^{Laub, 2021}; ^{Singh, 2023}) y reducción del gasto público que afecta a gran parte de la población, reduciéndose el gasto en educación, salud, seguridad, etc. Estas políticas han estado muy presentes en América Latina como los casos de Macri y el gobierno actual de Milei, en Argentina; Sebastián Piñera, en Chile (^{Bojórquez y Ángeles, 2021}); Iván Duque en Colombia, y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en México (^{Bojórquez, 2024}; ^{Bojórquez et al., 2022}; ^{Bojórquez y Ángeles, 2021}).

El segundo tipo de regímenes con neoliberalismo autoritario son liderados por gobiernos que incentivan un nacionalismo populista y basan en muchos sentidos la nostalgia por las viejas glorias del pasado y su discurso antiinmigrantes, pero que, en el fondo, aplican políticas de liberalización económica y buscan eliminar las políticas de bienestar construidas en el pasado y reforzar políticas económicas a favor de las elites empresariales;

A pesar de su retórica a veces contradictoria, la tecnocracia y el populismo-nacionalismo están intrínsecamente entrelazados. Ambos afirman conocer y esforzarse por aplicar lo que es “bueno” para el país, que se define como “la elite” en un caso y “el pueblo” en el otro. En algunos casos, incluso unen sus fuerzas. Hay ejemplos de “populismo tecnocrático” en América Latina y de combinaciones “tecno-pop” en Europa (en los gobiernos italianos de Berlusconi y en el gabinete de la Liga Cinco Estrellas en 2018-2019). El “experto” puede ayudar al “pueblo” a encontrar la dirección, en un compromiso que hasta ahora nunca se ha desviado de una dirección (^{Gallo, 2022, p. 559})

Dentro de ese espectro nacionalista, los liderazgos de Trump, en Estados Unidos (^{Clewer, 2019}; ^{Gonzales, 2017}; ^{Keck y Clua-Losada 2021}; ^{Pintor y Bojórquez, 2023}); de Al-Sisi, en Egipto (^{Adly, 2021}; ^{Clewer, 2019};); Bolsonaro, en Brasil (^{Clewer, 2019}; ^{Saad-Filho, 2019}, ²⁰²¹); Orban, en Hungría (^{Clewer, 2019}; ^{Fabry, 2019}); Duterte, en Filipinas (^{Clewer, 2019}; ^{Ramos 2021}), que, aunque llegaron al poder mediante elecciones democráticas, han socavado los valores democráticos a partir de discursos de odio donde prima el fortalecimiento del Estado como parte de la continuidad de neoliberalismo global.

En ese sentido, afirma ^{Gallo (2022)} , es que los populistas de derechas generalmente están conectados con el nacionalismo extremo, caso emblemático es el surgimiento de neonacionalismos en Europa occidental, como el británico, con el caso del thatcherismo que apeló al pueblo y a la nación en contra de las elites estatistas laboristas, centrando su discurso a favor del individualismo, la ley y el orden y en contra de la inmigración, muy similar a la nueva derecha conservadora de Estados Unidos, que tiene arraigada un discurso antiinmigrante. En esta vertiente, se ubican gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos, con una retórica antiinmigrante, principalmente antimexicano y antimusulmán ( ^{Pintor y Bojórquez, 2023}), apelando a hacer otra vez grande a América.

Por último, ^{Gallo (2022)} nos dice que el tercer tipo son los autoritarios tradicionales, muy característicos de las exrepúblicas soviéticas, que se mostraron decepcionadas por las terapias de shock neoliberal en los noventa del siglo pasado, donde se enquistaron en el poder las oligarquías que hacen negocios al amparo del poder y que limitan las libertades de la ciudadanía:

[…] es la más autocrática variedad, cuyos ejemplos clave son Rusia y China. En general, la principal explicación del auge del autoritarismo es la incapacidad de la democracia para resolver los problemas engendrados por el neoliberalismo. El antiguo bloque soviético, por ejemplo, se vio particularmente afectado por las “terapias de choque” de la década de 1990. Los países donde la democracia y el capitalismo tenían raíces más profundas (por ejemplo, República Checa, Hungría y Polonia) lograron manejar mejor la neoliberalización, incluso si luego enfrentaron una reacción nacionalista (y en parte autoritaria). Los países periféricos donde las reformas neoliberales golpearon con más fuerza enfrentaron un regreso casi inmediato a formas autoritarias (pp. 560-561).

En este contexto, el neoliberalismo autoritario implementado en Estados autoritarios como Rusia (^{Minacov, 2021}) y Ucrania, se dio bajo condiciones de una oligarquía que capturó al Estado y una centralización de la toma de decisiones (^{Sušová, 2018}). En el caso de Georgia, se manifestó una política extrema del laissez-faire, donde el régimen político de Saakashvili lo complementó con un Estado policial y con gran corrupción de la elite (^{Ekhvaia, 2018}) político-económica. En el caso de Kazajstán, el capitalismo neoliberal se ha desarrollado a partir de los nexos de los grupos empresariales con la familia del presidente Nazarbayev, concretamente dos de sus yernos amasaron enormes fortunas a partir de sus cercanías con el poder, realizando negocios con petróleo, comunicaciones y seguridad (^{Gallo, 2022}).

Así que independientemente de los tipos de regímenes, todos llevan a la práctica el reforzar y consolidar esquemas de control para marginar, vigilar, someter y controlar los colectivos que cuestionan las políticas de ajuste económicas (^{Saad-Filho, 2021}) y de acotación de las libertades, renunciando a las prácticas de antaño en las que se daba un proceso de negociación y cooptación, pues se da una construcción legal de prohibición o regulación del activismo social, siendo esta criminalizada, para después reprimir a los grupos sociales disidentes que irrumpen el espacio público para dar a conocer sus demandas (^{Bruff y Tansel, 2019}). La política represiva se justifica a partir del discurso del impulso de empleos y la conservación del Estado de derecho (^{Bojórquez et al, 2020}; ^{Bojórquez y Ángeles, 2021}). De ahí que ^{Edozie (2021)} señale que neoliberalismo autoritario ha puesto a prueba a democracias del norte global y en riesgo a las débiles y poco consolidados Estados del sur.

Paradójicamente, ^{Bruff y Tansel (2019, p. 234)} argumentan que “el neoliberalismo autoritario también se entiende como un conjunto de prácticas contradictorias y en crisis que mejoran las capacidades y las posibilidades de resistencia y dominación”, pues como respuesta, los sectores afectados por las políticas impuestas hacen acopio de inventiva para irrumpir el espacio virtual, para convocar manifestaciones en el espacio público urbano y resistir ante la clase política que en concordancia con los intereses del capital los afecta de manera importante (^{Bojórquez y Ángeles, 2021}), aunque dicho activismo signifique su criminalización y represión por parte de las fuerzas del Estado (^{Bruff, 2017}; ^{Bruff y Tansel, 2019}), donde los regímenes “ejercen violencia y la esconden mediante una constitución” (^{Niembro, 2016, p. 225}), a lo cual se le llama constitucionalismo autoritario (^{Tushnet, 2015}).

Paradójicamente y a pesar de la búsqueda de los Estados de inmunizarse y aislarse de las protestas sociales al reforzar los mecanismos legales y los aparatos de represión, es cuando más expuestos se encuentran (^{Tansel, 2018}), pues como afirman ^{Bruff y Tansel (2019)} , es cuando mayor fuerza han tomado los movimientos disidentes populares, potencializando sus alcances a partir de la virtualidad en la organización de sus movimientos para expresarlo en las calles de las ciudades.

Sin embargo, esta categoría de análisis también ha tenido sus críticas, la primera por ^{Jessop (2019)} , quien afirma problemas de periodización, argumentando que antes de 2008, ya habían existido regímenes autoritarios de carácter neoliberal como en Chile, México, Perú, entre otras naciones; sin embargo, ^{Bruff (2014)} argumenta que la diferencia es en torno a la irrupción del autoritarismo neoliberal en democracias liberales consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otras.

La segunda crítica viene de ^{Costa (2023)} , que afirma que la mayoría de los estudiosos del neoliberalismo autoritario, incluido Bruff, no han contemplado la existencia de tácticas de legitimación en el neoliberalismo autoritario y sólo contemplan el uso de la fuerza y los entramados legales como forma de imponer y contener a los grupos disidentes, dejando de lado la legitimación mediática e ideológica para convencer a la sociedad de las bondades del neoliberalismo, incluso la participación entusiasta de los trabajadores en la consolidación del modelo.

Aun a pesar de esas críticas, el concepto de neoliberalismo autoritario es de carácter estructural, sirviendo como categoría de análisis para estudiar diversos fenómenos asociados a él. Este ha sido tratado por diversos especialistas en diversas zonas del mundo y para diversos casos.¹

En el caso de México, muchos de los elementos argumentados por Bruff y demás teóricos se presentaron antes de su periodización, desde el mismo inicio de la aplicación del modelo neoliberal en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y derivado de ello, se tiene que considerar el contexto geográfico para una valoración de mayor solidez; sin embargo, su fuerza radica en que, en 2008, dichas tácticas de autoritarismo y la toma de decisiones sin consultar a la población en los países occidentales del norte global se dan en el contexto de la crisis global de 2008, y para el caso de México, se dejan de lado la consulta o negociación con las organizaciones corporativas sindicales. Sin embargo, y dándole la razón a ^{Costa (2023)} , el uso de la fuerza no fue la única táctica de imposición, sino que también, se acudió a la legitimación a partir del uso de los medios masivos de comunicación, los sistemas educativos que trastocó hogares y una nueva cultura laboral basada en el emprendedurismo neoliberal.

ACUMULACIÓN POR LEGITIMACIÓN

^{Thomas da Costa (2023)} afirma que muchos de los teóricos del neoliberalismo autoritario, si bien han acertado en sostener que esos regímenes se han negado a la negociación con la ciudadanía y específicamente con los sectores más afectados para imponer las políticas de ajuste neoliberal, también ha señalado de manera crítica que a pesar de ello, dichos gobiernos han acudido a otros mecanismos de legitimación de sus políticas, en estricto sentido, a partir de los recursos mediáticos, así como consolidar toda una narrativa que trastocan ámbitos como el educativo y consolidan los procesos de individualización y emprendedurismo como estilo de vida; en ese tenor, Costa llama a eso acumulación por legitimación, el cual define de la siguiente forma, tomando en cuenta el régimen de Margaret Thatcher para el caso británico:

Los gobiernos neoliberales autoritarios, como el de Thatcher, realmente perciben la legitimación como una contribución directa a la acumulación, ya que crea las condiciones sociales y económicas para que sus programas económicos se desarrollen con éxito. El objetivo es hacer que el público no sólo acepte pasivamente, sino que idealmente participe activa y voluntariamente en una estrategia de acumulación neoliberal. Este proyecto de construcción de consenso, que se basa en un cambio de comportamiento generalizado en línea con los principios del mercado, es una estrategia que denomino “acumulación por legitimación” (^{Costa, 2023, p. 2}).

En el caso británico, bajo el régimen conservador de Margaret Thatcher, se impulsó un programa que tenía como objetivo cambiar de manera sustancial las actitudes y formas de pensar del ciudadano británico en su visión del trabajo, de la vida individual y perspectivas de futuro. En ese sentido, el gobierno de Thatcher utilizó propaganda con la participación de los trabajadores, con democracia limitada y propiedad accionaria minoritaria, buscando que se incentivaran el sentido de propiedad, de tener información financiera a través de programas educativos que fomentaran el individualismo y emprendedurismo como estilo de vida. Con ello, se pretendía que los trabajadores vieran como normal la relación del nivel salarial con la productividad, desprenderse de la visión gremial sindical e identificarse más con la empresa, sus dueños y la visión neoliberal. Con ello, se buscaba que los trabajadores se moderaran en sus demandas salariales y vieran como objetivo central el aumento de la productividad (^{Costa, 2023}), como forma de escalar socialmente. Asimismo, Thatcher echó mano de la propaganda para legitimar sus políticas de ajuste centrada en la privatización de las empresas públicas y de austeridad en las políticas sociales.

En el caso inglés, como en los diversos países, los medios son instrumentos propagandísticos que pueden abonar a la legitimidad de las políticas económicas implementadas por los gobiernos, al emitir juicios positivos sobre la administración pública (^{Robles, 2020}). En esa tarea de legitimación de los medios de comunicación, ^{Andrade (2020, p. 59)} le llama “colonización del espacio público”, donde el poder político encuentra terreno favorable en la implementación de sus políticas, a partir de propaganda que contribuye a moldear la opinión pública, garantizando la “obediencia de las personas e instituciones que se encuentren o no vinculadas a ese poder” (^{Barreto et al., 2009, p. 738}). Así, los medios de comunicación pueden contribuir a la “valoración positiva y negativa que realicen diferentes sectores (o sectores clave) de la población acerca de la eficacia y efectividad” (^{Valdés Vega, 2022, p. 10}) de las políticas implementadas del gobierno.

Si bien la legitimidad está ligada al cumplimiento por parte de los gobiernos con promesas de campaña, así como dar primacía a los intereses públicos por encima de los privados, el neoliberalismo ha tenido como tónica el proteger los intereses de las empresas y capitales privados, de ahí que se da un ambiente de polarización social, activando la protesta ciudadana (^{Rúa, 2013}), toda vez que las políticas de carácter estructural neoliberal tienen como objetivo ampliar los procesos de acumulación de capital y, por tanto, afecta al conjunto social, especialmente a las clases media y trabajadora. La legitimación positiva con base en la negociación y cooptación está cancelada, por lo que, para evitar protestas de gran magnitud, los Estados no sólo echan mano de la legitimidad negativa a través de tácticas de represión (^{Haldenwang, 1997}) muy propias del neoliberalismo autoritario, sino de políticas de legitimación, pero no basadas en el diálogo con los grupos opositores, sino a través de una ofensiva mediática para influir en la opinión pública y que amplios sectores de la sociedad se convenzan de las bondades de las políticas económicas.

Así, muchos Estados basan sus tácticas de legitimación política a través de propaganda gubernamental basada en los medios de comunicación, buscando la aceptación de las políticas públicas por parte de la población como una forma de medir el éxito o fracaso de los gobiernos, donde la población se suma de manera inconsciente a la aprobación ciudadana del régimen (^{Gilley, 2006}). En ese sentido, y afirmando lo que dice ^{Costa (2023)} , en los regímenes neoliberales autoritarios, no sólo priva la acotación, prohibición y regulación de la protesta social ante las políticas de ajuste, sino que también hay mecanismos de acumulación por legitimación basadas en moldear la opinión de los ciudadanos, aceptando e incluso participando de manera activa en las formas de actuar y de vida neoliberales.

En ese tenor, los medios de comunicación funcionan como herramientas de legitimación política, pues la información que estos emiten va directa hacia las masas, generando corrientes de opinión que pueden movilizar segmentos de la población (^{Saldierna y Alvídrez, 2015}). Si bien en la mayoría de los regímenes políticos los medios pueden ser contrapesos del poder político, habría que señalar que los medios están en manos de grupos económicos con claros intereses en las políticas económicas neoliberales. No es en vano y como lo afirma ^{Constantini (2015)} , que los gobiernos y dependencias gubernamentales han incrementado sustancialmente la publicidad de sus actividades con los objetivos de legitimarse y mejorar su imagen ante la población.

En el caso de México, la popularidad de algunos gobernantes es producto de “la distorsión de las percepciones públicas sobre la realidad económica promovida por los medios masivos de comunicación” (^{Pereira, 2000, p. 25}), que no sólo reciben grandes cantidades de dinero en contratos publicitarios por los gobiernos, sino que muchas de las políticas neoliberales los beneficia, pues los dueños de dichos medios forman parte de las elites beneficiadas por las políticas privatizadoras.

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO Y ACUMULACIÓN POR LEGITIMACIÓN

La tentativa de privatizar el sector energético en México se da desde el inicio de la aplicación del modelo neoliberal, cuando se privatiza la mayoría de las empresas públicas que se edificaron o adquirieron en el llamado desarrollo estabilizador; sin embargo, en el caso de PEMEX y los recursos energéticos, la dificultad estaba representada por un imaginario colectivo en torno a ligar estos elementos como parte importante de la soberanía del país y del nacionalismo mexicano, visión que fue construida desde el gobierno de Lázaro Cárdenas de Río (1934-1940), quien expropió a compañías extranjeras la industria petrolera.

Así, en la era neoliberal y previo a la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se presentaron reformas en 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y en 2008, en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, que de acuerdo con ^{Martínez y Herrera (2021)}, no lograron modernizar a PEMEX y al sector energético en general, sino que sólo aseguraron la apertura del sector para los privados, sin que esto se reflejara en una mayor eficiencia y aumento en la producción de energéticos, padeciendo nuestro país dependencia del exterior en términos de refinación y derivados del petróleo, los que se han adquirido no a precios competitivos, sino monopólicos, con gran carga para el país y su impacto en la balanza comercial. La reforma de Enrique Peña Nieto en el año 2013 no fue la excepción.

A inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, que gobernó de 2012 a 2018, se comenzó a confeccionar el llamado Pacto por México, un acuerdo interpartidista para realizar reformas de gran calado. Los partidos que conformaron el pacto fue el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido Acción Nacional (PAN), y el partido hoy considerado socialdemócrata, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las reformas se centraban en energía, educación, electoral, financiera, hacendaria y laboral. La educativa fue planeada con antelación por el grupo de derecha Mexicanos Primero, dirigida por el representante de las elites Claudio X González (^{Bojórquez, 2024}); y la laboral, legislada a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero aprobado por un Congreso que culminó sus labores en 2015 (^{Rocha, 2016}), en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En palabras de ^{Merchand (2015)} , la reforma energética de Peña Nieto cumplió con el rasgo característico del modelo neoliberal, que es la acumulación por desposesión. Esas reformas constitucionales y las leyes secundarias reglamentaron el acceso a agentes privados en la explotación de hidrocarburos, así como la generación y comercialización de electricidad. Si bien la reforma constitucional señalaba que las riquezas del subsuelo eran de la nación, también abría la posibilidad de que el sector privado pudieran aprovecharlos y generar bienes con ellos (^{Gutiérrez Nájera, 2016}).

En estricto sentido, la reforma energética se materializó modificándose los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con lo que al Estado mexicano se le despojaba de la exclusividad en la explotación, producción y comercialización de energía, dándole campo abierto a la iniciativa privada, lo que se preveía como un paso más hacia la privatización mayor del sector energético (^{Vargas, 2015a}). Sin duda alguna, esta reforma se basa en la recomendación que por mucho tiempo venían haciendo a nuestro país los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (^{Cárdenas, 2018})

En la ofensiva mediática del gobierno en torno a las reformas estructurales aprobadas desde 2012, se basó en dar a conocer los supuestos beneficios al conjunto social traducidos en generación de empleos, créditos a bajas tasas de interés, salto en la calidad educativa, garantía a pensiones a adultos mayores, seguro de desempleo; y en cuanto a la reforma energética, la baja en los precios del gas, las gasolinas y la luz, impulsando las energías verdes (^{Román, 2016}). Además, de acuerdo con afirmaciones de la ^{Presidencia de la República (2014)} de supuestos beneficios económicos materializados en un aumento en la producción tanto de petróleo (de 2 500 000 de barriles de petróleo diarios a 3 000 000 al terminar el sexenio), así como de gas natural (de 5 700 millones de pies cúbicos diarios a 8 000 millones en 2018) y una gran inversión en el sector energético, mediante el llamado Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el cual supuestamente se invertirían 3.9 billones de pesos, sumada la cantidad de una posible inversión para aumentar la extensión de gasoductos en el país con un total de 10 000 nuevos kilómetros donde se invertiría la cantidad de más de 170 000 millones de pesos.

A pesar de las supuestas bondades, en el caso de las reformas educativa y energéticas encontraron oposición en sectores representativos de la población, lo que derivó en protestas en diversas ciudades del país y una respuesta del Estado accionando la fuerza pública para contener los descontentos populares, en clara alusión de ^{Bruff (2014)} , donde el Estado mexicano renunció a la posibilidad de la negociación como forma de solución.

De acuerdo con ^{Bañuelos (2014)} , el gobierno echó mano de los medios de comunicación, cuyos dueños, la mayoría beneficiados por las políticas de privatización de los años noventa y del modelo económico, fueron parte de la estrategia de acumulación por legitimación, donde la propaganda sobre las supuestas bondades de la reforma energética inundó las pantallas de televisión, así como las señales de radio de la mayoría de las estaciones del país. Si bien los medios trataron de orientar la opinión pública, “a pesar del esfuerzo del gobierno por posicionar la reforma energética como beneficiosa para los mexicanos, el tratamiento que los noticiarios dieron a esta iniciativa no logró convencer a la mayoría ciudadana” (^{Bañuelos, 2014, pp.7-8}), que se mostraba escéptica de la reforma.

En ese tenor de posicionar la reforma energética, se dio gran producción de mensajes televisivos, de radio, impresos y electrónicos, haciendo énfasis que dicha iniciativa constitucional iba en el mismo sentido nacionalista de los años treinta del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), y consideraban insoslayable la modernización del sector energético para que México siguiera la ruta del progreso y asegurar los beneficios que esto acompañaría, sobre todo el abaratamiento de gasolinas, electricidad y gas (^{Echeverría y Bañuelos, 2017}), afectando de manera positiva en la totalidad de los hogares mexicanos, así como los precios para una industria más competitiva impactando en la generación de empleos.

De acuerdo con un reportaje del portal Sinembargo (^{Barragán, 2020}), entre 2013 y 2015, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), canalizaron importantes recursos públicos en la legitimación mediática de la reforma eléctrica (véase cuadro 1), siendo los medios de comunicación más beneficiados como TELEVISA, de Emilio Azcárraga Jean; TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; Grupo Fórmula, de Jaime Azcárraga Romandia; Organización Editorial Mexicana, de la familia Vázquez Raña, y el diario El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz.

La aprobación de la reforma energética terminaría por consolidar el paquete de reformas estructurales que presentó Enrique Peña Nieto tras su llegada al poder ejecutivo federal. La SENER, la CFE y PEMEX gastaron una gran cantidad de recursos públicos en la producción y difusión de spots sobre los cambios constitucionales, siendo los medios televisivos y radiofónicos los más beneficiados. Los contratos se concentraron en TELEVISA, TV Azteca, Grupo Fórmula (con más de 50 estaciones a nivel nacional), en la Organización Editorial Mexicana (una agencia de noticias, 43 periódicos, 24 estaciones de radio) y en el diario El Universal. En dicha estrategia legitimizadora gastaron 2 849 437 pesos en promedio por cada uno de 730 días que duró la campaña publicitaria sobre la reforma.

Los gastos que realizaron las instituciones para posicionar las supuestas bondades de la reforma energética en la opinión pública fueron de la siguiente manera: PEMEX, quien, a través de cuatro campañas publicitarias gastó un total de 749 358 900 pesos. La CFE gastó en los dos años, 2013 y 2014, la cantidad de 860 726 670 pesos. La SENER, por su parte, gastó en tres campañas (“Reforma Energética Segunda Etapa” en 2013, y en 2014, “Reforma Energética 15 puntos” y “Reforma Energética Fase Tres”) un total de 740 003 988 pesos (véase cuadro 1).

Los medios de comunicación mayormente favorecidos por PEMEX para promover la reforma, fueron TELEVISA con 182 293 756 pesos; Estudios Azteca con 367 688 214 pesos. Muy lejos de esta las empresas Grupo Fórmula con 33 882 906 pesos (véase cuadro 2).

En cuanto a la CFE, en sus campañas promotoras de la reforma, los medios más favorecidos por concepto de publicidad fueron TELEVISA con 197 852 656 pesos; Estudios Azteca con 96 370 648 pesos; Grupo Fórmula con 29 174 000 pesos, y la compañía editorial con cadena de periódicos en todos los estados del país, Organización Editorial Mexicana, con El Sol de México con 29 764 069 pesos. Les siguen en menor cuantía los periódicos La Jornada y El Universal (véase cuadro 3).

Por su parte, la Secretaría de Energía, en la promoción de la reforma energética, rompió con la tendencia de favorecer a las televisoras TELEVISA y Estudios Azteca, siendo la Organización Editorial Mexicana y El Sol de México, de la familia Vázquez Raña, con los contratos más lucrativos con un monto total de 249 241 67 pesos; siguiéndole TELEVISA con 86 394 381 pesos; en tercer lugar, Estudios Azteca con 36 111 151 pesos; le siguió el diario El Universal de Juan Francisco Ealy Ortiz con 70 235 497 pesos; en quinto lugar Grupo Fórmula con 29 174 000 pesos, y al final, diario La Jornada con 9 976 000 pesos (véase cuadro 4).

El gasto gubernamental, sin duda alguna, buscaba la legitimación mediática de la reforma energética y deslegitimar o evitar la movilización social de grupos que opinaban lo contrario. En cuanto a los grupos de la escena política, fue el Movimiento de Regeneración Nacional, en ese entonces embrión del cual se convertiría en partido político, el mayor de los opositores y que realizó movilizaciones frente al Senado y la Cámara de Diputados. Si bien se organizaron foros de discusión donde intervinieron académicos y expertos, su aprobación ya estaba pactada previamente por las dos principales fuerzas políticas, el PRI y el PAN, a pesar de los cuestionamientos del otro aliado partidista, el PRD, que propuso una consulta popular (^{Ramos, 2013}), recaudando un importante número de firmas, pero que fue rechazada por la Suprema Corte por un tema sobre de ingresos y egresos de la federación (^{Lagner, 2014}), lo que dejó en manos de la coalición conformada por PRI y PAN la aprobación de la reforma.

CONCLUSIONES

Una de las grandes aportaciones de ^{Bruff (2012}, ²⁰¹⁴) a la teoría crítica es el concepto de neoliberalismo autoritario, el cual es de carácter estructural, afirmando que, desde la crisis global de 2008, los Estados han renunciado a los mecanismos de negociación o cooptación en la aplicación de las políticas de carácter estructural, reforzando andamiajes jurídicos y constitucionales para inmunizarse de la protesta social. Sin embargo, y de acuerdo con ^{Costa (2023)} , también dicha táctica se combina con mecanismos de acumulación por legitimación a través de las narrativas mediáticas para convencer a amplias capas de la población de las bondades de dichas medidas, donde, incluso, hay sectores de las clases subalternas que participan de manera entusiasta en su consolidación. Así ha sucedido en el caso de las privatizaciones de los activos públicos como parte de la consolidación del modelo neoliberal.

En muchos de los casos, las privatizaciones de las empresas públicas se han justificado a partir de una supuesta ineficiencia ante la opinión pública; sin embargo, algunas de sus tácticas aplicadas previas a su privatización fue su desmantelamiento para argumentar su ineficiencia y no ser viables económicamente y así justificar su posterior privatización y, con ello, consolidar la idea de que sólo la iniciativa privada puede ser más eficiente en el manejo de cualquier empresa. Así sucedió en el caso de PEMEX, empresa que tenía una gran carga fiscal para financiar en muchos aspectos al gobierno federal (^{Sobilla et al., 2021}), sumándole la gran corrupción generada por la clase política y el cacicazgo del sindicato petrolero (^{Pérez, 2011}) y, además, siendo afectada al no ser fortalecida en términos de equiparla en tecnología e infraestructura, justificando la apertura a la iniciativa privada del sector energético y la posibilidad de su disolución o privatización.

En el caso del gobierno neoliberal autoritario de Enrique Peña Nieto, se concretaron reformas constitucionales, entre ellas la energética, que posibilitó la participación de la iniciativa privada en el sector energético, las cuales fueron impuestas por la clase política y empresarial, sin consultar a la sociedad, que para el caso de la reforma energética, ante la desaprobación de un sector importante de la ciudadanía, se optó por una legitimación negativa a partir de canalizar cuantiosos recursos públicos a las empresas mediáticas, principalmente TELEVISA, Estudios Azteca, Grupo Fórmula, Organización Editorial Mexicana y El Universal, cuyos dueños forman parte de las elites beneficiarias del modelo económico (^{Bojórquez, 2024}) y la privatización de sectores claves de la economía.

Si bien, como lo sostiene ^{Bañuelos (2014)} , el mecanismo de legitimación mediática aplicada por el gobierno de Enrique Peña Nieto no logró convencer a la mayoría de la población, sí desactivó la posibilidad de mayores movilizaciones sociales que hubiesen provocado la utilización de la fuerza, poniendo en entre dicho la gobernabilidad del país.

En los hechos, las promesas del presidente en el sentido de que con la reforma aumentaría la productividad petrolera y por tanto la reducción de los precios de las gasolinas y la electricidad no se materializaron (^{Varela y Carvajal, 2022}), y sólo se demostró que las políticas de ajuste estructural bajo el neoliberalismo autoritario sólo fueron para reforzar los mecanismos de acumulación de capital y la ampliación de márgenes de operación de los capitales privados a partir de la desposesión (^{Harvey, 2005}) de los recursos energéticos de la nación y que poco abonará al desarrollo del país, pues como lo señala ^{Vargas (2015b)} , “el papel de México seguirá siendo el de un proveedor de petróleo y un importador de refinados, petroquímicos y gas natural” (p. 144), lo que sólo evidencia la intención de seguir concentrando la riqueza en una minoría. Reforzando lo anterior, ^{Aguilera et al. (2016)} y ^{Martínez et al. (2016)} , aseguran que la reforma sólo dio como fruto la concentración de las actividades de exploración y sustracción de crudo para seguir en la tónica de exportación de petróleo y la dependencia de productos refinados del exterior, lo que en nada resolvió la carga fiscal y financiera del gobierno sobre PEMEX y que abona a su posible quiebra.