Introducción

Los centros urbanos son escenarios de numerosas dinámicas, efecto de la interacción constante entre actores que van estableciendo y modificando la estructura y morfología de los asentamientos (^{Sánchez, 2013}).

Las ciudades son actualmente responsables de la mayor parte de la demanda mundial de energía primaria. Si consideramos los procesos de urbanización hacia ciudades con una población mínima de 300 000 habitantes, en 2050 tendremos alrededor del 68% de la población mundial viviendo en ciudades, en comparación con el 55% actual (^{Organización de las Naciones Unidas, 2018}). El proceso de urbanización está estrechamente relacionado con el crecimiento demográfico. Mientras que en países de baja fertilidad en Europa y Asia se promueven políticas de redistribución de la población, el aumento de la urbanización se concentrará sobre todo en los países en desarrollo, siendo India, China y Nigeria los de mayor contribución.

A esto se suman las dinámicas de los cambios económicos, que generan profundas transformaciones del territorio en todo el mundo, siendo los centros urbanos los lugares donde estos cambios se reflejan más rápida y claramente.

El estudio de la localización de la producción podría ayudar a explicar la morfología urbana de los territorios: si la metrópoli fordista se caracterizó por el fenómeno de la suburbanización masiva, en la era posfordista las empresas líderes (alta tecnología, aeroespacial, electrónica o financiera) se posicionan a nivel mundial de acuerdo con las ventajas comparativas disponibles en el territorio (^{Audirac, Cunningham Sabot, Fol y Torres Moraes, 2012}). Estas diferentes fases se han caracterizado por continuos desarrollos tecnológicos que, en términos de consumos, han llevado a mejorar los niveles de eficiencia. En el proceso de transición posfordista, los desarrollos tecnológicos en varios sectores económicos han producido profundas transformaciones en la organización del territorio y modificado las relaciones urbano- rurales. La sociedad urbana ha sido concebida sobre todo en oposición a la sociedad rural. Al analizar la transición de la primera hacia la segunda, se observa la evolución de la forma comunitaria hacia la forma asociativa, caracterizada sobre todo por la segmentación de roles, la multiplicidad de pertenencias y la preponderancia de las relaciones sociales secundarias sobre las primarias (^{Castells, 2004}).

Los sectores más importantes de la “nueva economía posindustrial” incluyen servicios profesionales, científicos y técnicos, información, finanzas y seguros, bienes raíces y alquileres, artes, entretenimiento y recreación, administración de empresas, servicios educativos, atención médica y asistencia social (^{Sassen, 2001}).

En este contexto, una organización espacial sostenible de las actividades sociales sin el uso de combustibles fósiles o energía nuclear requiere de enormes cambios estructurales y sociodemográficos para reducir la demanda de energía y adaptarla a los recursos de energía renovable disponibles en el territorio (^{Ariza-Montobbio, Farrell, Gamboa y Ramos-Martin, 2014}). El logro de los objetivos del desarrollo sostenible tendrá que basarse inevitablemente en fuertes cambios sociales y estructurales, así como en un sustancial cambio de paradigma en el funcionamiento/integración de los sistemas de aprovisionamiento de energía para las ciudades. La implementación de la producción de energía renovable en los sistemas urbanos representa una de las principales estrategias para lograr el desarrollo sostenible.

Concentración y desconcentración urbana

Para evitar ser reduccionista, el fenómeno de concentración y desconcentración urbana debe, en primer lugar, observarse como un proceso circular (^{Hoekveld, 2012}), estrechamente relacionado con el contexto local de la región en la que ocurre y el papel que desempeña como un nodo periférico en la sociedad de la red de información (^{Castells, 2004}). Las ciudades observan un patrón concentración-desconcentración de población que se refleja en estructuras urbanas diferenciadas en las que distintos distritos de la ciudad están expuestos a pasar por periodos de abandono o densificación de su uso.

Por otro lado, el fenómeno de densificación demográfica tiende a manifestarse en forma de “manchas de leopardo”. De acuerdo con esto, la desconcentración urbana se considera como un aspecto socioespacial del sistema económico global, que tiende a concentrar el capital sobre la base de las ventajas comparadas asociadas con los territorios, modificando las funciones a las cuales éstos están destinados.

En general, los procesos de desconcentración/contracción urbana presentan una combinación de factores industriales, económicos, demográficos y migratorios. Sin lugar a dudas, el uso de la tierra depende, entre otras cosas, de las actividades económicas asociadas, y las transformaciones industriales posfordistas son un aspecto clave para comprender el declive económico de algunos territorios. La creciente externalización de la economía produce la concentración de conocimiento y servicios en las grandes ciudades, produciendo las migraciones de las generaciones más jóvenes en busca de mejores oportunidades. Como resultado, los territorios entran en un proceso de marginación, que se muestra en forma de negligencia territorial y en un aumento de las desigualdades socioespaciales. Y esta situación se profundiza debido a la crisis fiscal resultante del abandono del territorio.

Aunque la contracción urbana puede ocurrir en cualquier escala, desde el vecindario hasta el nivel de la macrorregión, hay pocos estudios que han intentado describirla en una perspectiva global, debido a que la gran complejidad de este fenómeno hace que sea preferible la aplicación de un estudio exhaustivo de tipo local, con el propósito de identificar adecuadamente las causas, las características de la contracción y las posibles estrategias de recuperación puestas en práctica en el área. El decrecimiento urbano es uno de los fenómenos que subyacen a las transformaciones urbanas o dinámicas de cambio urbano.

Centralización versus descentralización de los sistemas de energía en las ciudades

La necesidad de grandes cantidades de mano de obra para la extracción y aprovechamiento del carbón en la última parte del siglo XIX e inicios del siglo XX permitieron avanzar la democracia de masa, llevando consigo conquistas del sufragio universal y de los sistemas de bienestar (^{Burke y Stephens, 2018}). Sin embargo, el paso del carbón a la consolidación de la industria petrolera gestionada por pocas compañías transnacionales se tradujo en una concentración del poder político. De forma parecida, se impulsaron megaproyectos hidroeléctricos, los cuales siempre han tenido una naturaleza conflictiva en el territorio, permitiendo la administración centralizada y grandes inversiones de capitales. Así como la energía nuclear, la hidroeléctrica ha sido promovida para generar infraestructura moderna y un nuevo orden social, explotando la fuerza de la naturaleza, a pesar de producir desplazamientos masivos de comunidades, la alteración de los flujos fluviales y la afectación a los ecosistemas. También la energía eólica de gran escala necesita de inversiones financieras de un pequeño número de inversores.

Las tecnologías solares fotovoltaicas son vistas como las tecnologías más aptas para impulsar la descentralización energética, debido a la posibilidad de las comunidades de aprovechar sus beneficios. Otros sistemas de energías renovables potencialmente compatibles con procesos de generación energética descentralizada son la geotermia, la hidroeléctrica de escala pequeña y la biomasa de producción local. El desarrollo de las microrredes es un aspecto tecnológico clave para facilitar el control distribuido de estas fuentes, aunque la posibilidad de conectarlas a la red estatal permitiría adquirir el carácter de prosumers a los usuarios, es decir, productores y al mismo tiempo consumidores. Sin embargo, las políticas públicas son responsables de establecer marcos legales apropiados para permitir la participación colectiva y no sólo la individual, mediante nuevos modelos de propiedad comunitaria.

Comprender las transiciones urbanas hacia la sostenibilidad requiere comprometerse con los complejos sistemas y artefactos que caracterizan estas transiciones. El logro de la sostenibilidad no será posible sin una reconfiguración radical de las tecnologías y los sistemas sociales e institucionales que determinan su surgimiento y uso. Esto es particularmente importante en el rápido proceso de urbanización del sur global, en el que la distribución de recursos es clave para comprender las posibilidades de lograr procesos urbanos más justos y prósperos. El sistema energético también ha desempeñado un papel importante en la producción de condiciones de desigualdad económica y social. La creciente asequibilidad de las tecnologías de energía renovable podría ayudar a que este proceso se expanda.

Operar la rápida transición energética desde los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables se convirtió en uno de los principales desafíos mundiales para contrarrestar los problemas del cambio climático y, al mismo tiempo, una de las estrategias que podrían favorecer el desarrollo territorial basado en iniciativas ascendentes y nuevas estructuras de gobernanza horizontal aptas para gestionar adecuadamente los bienes de uso común, como las infraestructuras verdes urbanas y las tecnologías sostenibles.

La transición hacia sistemas autónomos aislados de energías renovables (TSA/DER) es un concepto clave que refiere a la generación distribuida mediante microrredes o microrredes inteligentes. La generación distribuida se define como un sistema de energía eléctrica conectado dentro de las redes de distribución o del lado del consumidor (^{Adil y Ko, 2016}). Una microrred es un:

[...]grupo de cargas interconectadas y recursos de energía distribuidos dentro de límites eléctricos claramente definidos que actúa como una entidad controlable única con respecto a la red y puede conectarse y desconectarse de la red, operar en modo conectado a la red o en aislamiento [^{Departamento de Energía de Estados Unidos, 2014, p. 7}].

La microrred se convierte en “inteligente” con la incorporación de una funcionalidad que permite controlar la información en tiempo real y transaccional (dos vías), al administrar los flujos de energía entre consumidores y proveedores nacionales.

Al reducir el consumo general y los impactos ambientales, los sistemas de energía descentralizados enfatizan la descentralización y las instalaciones de plantas de energía renovable de pequeño y mediano tamaño en el proceso de urbanización y dimensión espacial del metabolismo energético.

Desde un punto de vista más empresarial, se debe considerar una serie de condiciones para explotar completamente el potencial de los sistemas de producción descentralizados: tecnologías complejas y a veces costosas, modelos de negocios para una redistribución de valor viable y un marco regulatorio restrictivo (^{ENEA, 2018}). Según la madurez y la complejidad de una microrred, sus activos de producción, distribución y almacenamiento de energía, así como los equipos de red inteligente, pueden requerir importantes inversiones iniciales, para lo cual la producción local de energía verde y más asequible debería, en algunos casos, aplicarse en un modo no insular, lo que solicita un marco regulatorio a favor de este tipo de sistemas. La estructura tarifaria de la red, el origen de la demanda pico anual y la disponibilidad de recursos renovables son los tres factores significativos en la optimización económica de dicha red.

Dinámicas de cambio urbano y rediseño de sistemas de aprovisionamiento de energía

Dadas las tensiones presentes entre concentración-desconcentración del desarrollo urbano y la concentración-desconcentración en el manejo de energía, es necesario realizar un análisis profundo de las dinámicas de cambio urbano. Con el objetivo de analizar tales dinámicas en la mayor cantidad de ciudades, éstas pueden ser observadas mediante el estudio de tres variables principales: a) la construcción/ demolición o readaptación de nuevas viviendas; b) la presencia de proyectos medianos y grandes de rescate de fincas y polígonos urbanos en dichas zonas; c) la presencia de inversiones medianas y grandes.

La transición energética urbana como problema de competencia entre actores

La adopción, la consolidación y los cambios observados en los modelos de aprovisionamiento de energía son partes de un complejo proceso de articulación de un sistema tecnosocial que es esencialmente controversial. Entre los puntos a resolver se encuentra la identificación y caracterización de la constelación de actores y sus estrategias en las ciudades, teniendo en cuenta la sensibilidad evidente frente a los cambios estructurales (urbanos, demográficos, tecnológicos).

En esta sección vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas: ¿cómo es que los actores involucrados lograron construir consensos para avanzar en la dirección de las transiciones energéticas urbanas?, ¿por qué en otros casos los actores involucrados no lograron hacer esto? Para ello se analizan las transiciones energéticas urbanas como socialmente adecuadas según la correlación positiva entre el índice de desarrollo humano y la calidad de la distribución eléctrica a nivel nacional.

Para realizar dicho análisis, se identifica la presencia de tres grupos de actores: las empresas, la sociedad civil y el Estado. Resulta importante comprender las dinámicas entre estos grupos, que llevan a la creación de coaliciones en favor de las transiciones energéticas urbanas frente a los grupos de poder que defienden los sistemas tradicionales de producción y gobernanza en el sector de la energía.

^{Balest, Secco, Pisani y Garegnani (2019)} definen un sistema energético de bajas emisiones de CO2 como el resultado de la relación entre actores que toman decisiones en un territorio compuesto por sistemas naturales, tecnológicos, económicos, legislativos, sociales y culturales. Esta relación entre actores es fundamental para desarrollar una planificación energética efectiva. Las empresas tienen objetivos y recursos para implementarlo, pero también los habitantes juegan un rol en la implementación de TSA/DER.

Integrar el concepto de microrredes en los procesos de desarrollo urbano podría aliviar algunos problemas asociados a la urbanización. El acceso a la energía es un aspecto necesario para sostener el crecimiento, pero si bien el uso de la tierra para la producción de energía aborda un problema futuro potencialmente catastrófico, el desarrollo para uso residencial y comercial produce ganancias para los desarrolladores y una mayor base impositiva para el municipio. También por este motivo, hasta ahora, las mejores aplicaciones de microrredes se encuentran en lugares muy remotos, como Siberia, o se aplican bajo razones militares estratégicas, como en el caso de Estados Unidos (^{Donahue, 2019}). Las ciudades no son iguales, cada una es diferente de las demás; su estructura y conformación responden principalmente a las características económicas, sociales y étnicas de su población y su evolución histórica. Por lo tanto, para conocerlas es necesario entender la realidad desde la complejidad, haciendo uso de la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad.

Abandonar la infraestructura energética consolidada en favor de nuevas instalaciones de microrredes inteligentes basadas en la producción renovable, traería una mejora en la redundancia y una reducción de la dependencia con respecto al conjunto de la infraestructura energética, además de contribuir a la reducción de los costos asociados por el desperdicio de energía, materiales y el mantenimiento de la infraestructura en la fase del transporte de energía. Por otro lado, la producción descentralizada de energía a pequeña escala requiere coordinación a nivel de políticas económicas nacionales innovadoras y complejas, orientadas hacia la planificación urbana para el control y la reducción de la demanda de energía. A nivel local, las autoridades públicas enfrentan cuestiones específicas, por ejemplo, en Europa, los Sustainable Energy Action Plans o Sustainable Energy and Climate Actions Plans of the Covenant of Majors incluyen las directivas para las autoridades locales. Hay procesos de cambio tecnológico y social que hacen más compleja la planificación territorial debiendo considerar muchas dimensiones del territorio como entidad socioespacial en la cual actúan muchos actores. Los municipios tienen un rol muy importante, siendo las administraciones más cercanas a las personas que toman decisiones en el sector energético. Grupos de municipios con potencialidades y recursos similares pueden colaborar en su planificación energética. El grupo de liderazgo del clima de las grandes ciudades es un ejemplo de cómo sus dirigentes pueden adelantarse a los gobiernos nacionales, llegando a influenciar a la política y al gobierno mundial, especialmente en cuestiones de medio ambiente (^{Travers, 2013}).

Es evidente la presencia de tensiones entre los objetivos de sistemas energéticos top-down interconectados y la presencia de enfoques de distribución local. Los procesos de acumulación han llevado a caracterizar las compañías energéticas modernas como entes financieros, además de técnicos. Aparte de desafiar el establishment económico, el enfoque de producción local puede producir problemas sistemáticos de vulnerabilidad a los sistemas interconectados.

Los desafíos actuales en la política pública energética tienen que ver con la armonización de los objetivos de seguridad energética con los estándares ambientales y sociales. Las transiciones energéticas deben aumentar la resiliencia sin, por otro lado, crear vulnerabilidades al sistema. Muchas combinaciones en la producción de TSA/DER son posibles, aunque todas terminan impactando la arquitectura del sistema de energía de más amplia escala, reduciendo el modelo de propiedad y el control centralizados para satisfacer la demanda de consumidores pasivos, e impulsando un modelo potencialmente más democrático, caracterizado por la presencia de más partes interesadas.

La implementación de proyectos ascendentes basados en la localización energética puede dividirse en empresas con participación distribuida, empresas públicas o cooperativas locales de energía (^{De Pascali y Bagaini, 2018}). Este modelo refleja la distinción que ^{Pestoff (2012)} hace en los tres niveles de provisión de servicios, en las relaciones entre la sociedad local y los diversos organismos gubernamentales: cogobierno, cogestión y coproducción.

Las soluciones básicas, cooperativas y participativas, son más sostenibles a largo plazo (^{Dewar y Thomas, 2013}); sin embargo, esta forma de planificación generalmente se lleva a cabo a nivel de vecindario, mientras que las aglomeraciones marshallianas se consideran los principales impulsores de la innovación, el empleo, el crecimiento y la prosperidad (^{Murdoch, 2016}). Por eso es necesaria la existencia de un proceso de evolución social que promueva la construcción de la identidad local, no de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba.

El término ciencia ciudadana fue acuñado en 1995 por el sociólogo británico Alan Irwin, quien escribió sobre la necesidad de una ciencia desarrollada y ejecutada por los propios ciudadanos, como una forma de responder a la crisis de confianza en la ciencia y sus instituciones consideradas incapaces de proponer soluciones en lugar de técnicas despolitizadas y desconectadas de la sociedad (^{Rodríguez Lombardo, 2019}). Como ejemplo de ello se puede mencionar, a principios del siglo XX, el movimiento de las ciudades jardín, fundado por Ebenezer Howard, que surgió en respuesta a problemas de hacinamiento, congestión, delincuencia, pobreza y altas tasas de mortalidad en las ciudades industriales del siglo XIX, presentándose como una propuesta de reconstrucción social basada en líneas más cooperativas (^{Phillips, 1977}).

Desde la década de 1980, la influencia de Habermas y la escuela de Frankfurt en la planificación urbana ha propuesto la racionalidad comunicacional como una herramienta para lograr una planificación comunicativa que evada las construcciones sociales y la reproducción de las relaciones de poder inherentes a ellas. La planificación comunicativa es una alternativa al modelo de planificación sistemática, que tiene sus raíces en el positivismo y, por lo tanto, en el conocimiento científico (^{Machler y Milz, 2015}).

El enfoque de planificación colaborativa juega un papel clave en el desarrollo de las capacidades cívicas locales necesarias en la adopción de políticas innovadoras. El tamaño de la población tiene gran influencia en la adopción de políticas ambientales, seguido del uso de técnicas de planificación colaborativa. La membresía en una red ambientalista nacional, la adopción de políticas locales para enfrentar el cambio climático y el establecimiento de objetivos de planificación climática también son indicadores que se asocian con la adopción de políticas locales a favor de la energía limpia (^{Pitt y Basset, 2014}).

A partir de los años setenta y ochenta se redescubrió lo local desde la crisis del modelo fordista. De ese modo surgen fórmulas alternativas de desarrollo, como por ejemplo: el autodesarrollo, ecodesarrollo, desarrollo endógeno, desarrollo egocéntrico, desarrollo integrado, desarrollo a escala humana, etc. Todos estos términos hacen referencia al desarrollo de la sociedad local. Si bien la delimitación por municipios corresponde sólo a una subdivisión territorial que no necesariamente concierne a una sociedad local (^{Aguirre, 2009}). La sociedad local se define como un grupo humano que habita el mismo territorio, comparte rasgos de identidad y problemas comunes (^{Arocena, 1995a}). Las actividades experimentales e innovadoras, la creación de empresas, la correcta explotación de los recursos naturales, el desarrollo de nuevos sistemas de ahorro y crédito, la organización de servicios básicos o la construcción de viviendas representan una dosis muy importante de iniciativas, que se refieren a la movilización de todos los actores locales. La democracia energética puede entenderse como una expresión contemporánea de los movimientos políticos de los años sesenta y ochenta, caracterizados por activistas del movimiento antinuclear y por preocupaciones respecto a la inestabilidad geopolítica creada por el acaparamiento de combustibles fósiles.

Respecto a los combustibles fósiles, las energías renovables ofrecen algunas ventajas: la disponibilidad distribuida para el acceso a sus recursos y el potencial para nuevos modelos de propiedad. Aquellos que defienden la democracia energética promueven un sistema descentralizado y comunitario, mediante procesos de concentración de poder político hacia los trabajadores, los hogares, las comunidades y el público, en oposición al modelo energético centralizado, corporativista y basado en las utilidades.

Los recursos energéticos y sus tecnologías son al mismo tiempo fuente y resultado de las dinámicas de poder entre actores. Como la gobernanza, los sistemas sociotécnicos pueden entenderse como fortalecedores o debilitadores de la democracia. Existen muchos ejemplos de estados petroleros oprimiendo a sus pueblos, como en los casos de Libia y Arabia Saudí (^{Smil, 2004}). Las sociedades enfrentan la elección entre técnicas autoritarias o democráticas (^{Mumford, 1934}). En este sentido, ^{Hall y Klitgaard (2012, p. 145)} sostienen que:

[...]cuando la única fuente de energía aprovechada era la solar, el poder económico y político tendía a ser distribuido, mientras que, con la introducción del uso de los combustibles fósiles, que son energía concentrada, también los poderes económicos y políticos entraron en proceso de concentración.

Los movimientos por la democracia energética proponen la generación distribuida como parte de una economía regenerativa, en el contexto de una guerra energética contra la economía extractiva. Esta última se basa en la extracción de combustibles fósiles (también extremos, como en el caso del oleoducto trapezoidal, perforación en aguas profundas, perforación articular, alquitrán, explotación de arenas, fractura hidráulica, etc.), subsidios para combustibles fósiles, guerras petroleras, desregulación de las emisiones de carbono y centrales eléctricas de carbón.

El movimiento por la democracia energética promueve la transición a un nuevo modelo económico basado en los tres aspectos principales de la producción de energía: su relación con el medio ambiente, la justicia social, y una nueva economía caracterizada por el desarrollo basado en la comunidad, formas de producción justas, capital socializado, uso ecológico de los recursos naturales y relaciones económicas sostenibles (^{Fairchild y Al Weinrub, 2017}).

El problema de los bienes comunes siempre tendrá que lidiar con el problema del free rider y otros comportamientos oportunistas. Sin embargo, Ostrom (1975) justifica la elección de la cooperación como estrategia para mantener los beneficios a largo plazo. Las personas a menudo están dispuestas a renunciar a ganancias inmediatas para obtener mayores beneficios comunes cuando observan a muchos otros que siguen la misma estrategia.

Es necesario un marco teórico para identificar variables que sirvan para explicar y predecir cuándo los apropiadores, que usan recursos de uso común a pequeña escala, tienen más probabilidades de autoorganizarse y gobernar efectivamente sus recursos de uso común, y cuándo son más propensos a fallar. Ostrom (1975) descubrió que cuando las personas trabajan colectivamente, pueden administrar bien los recursos de manera efectiva. Su estudio empírico ilustra cómo la comunicación entre los jugadores aumenta la cooperación, lo que lleva a altos niveles de autogobierno y cooperación (^{Ahn, Ostrom y Walker, 2002}).

^{Negri y Hardt (2009, p. 3)} desarrollan esta idea en profundidad y agregan que en la era de la globalización, “los problemas de mantenimiento, producción y distribución de lo común en el marco ecológico y socioeconómico serán cada vez más centrales”. Los bienes comunes se convierten así en formas de resistencia a los modelos privados, pero también a las pretensiones de dominación estatal, es decir, un bien “ni privado ni público, ni capitalista ni socialista” (^{Negri y Hardt, 2009, p.4}) que abre un nuevo espacio para la política.

La gobernanza implica la necesidad de tomar decisiones de manera democrática a través de la deliberación. Es decir, la gobernanza se define como una forma de gobierno compartido, destinado a generar niveles más altos de legitimidad a través de la creación de procesos participativos que sean capaces de dirigir cambios en las políticas y toma de decisiones (^{Castells, 1996}; ^{Hajer y Wagenaar, 2003}). Estas visiones tradicionales provienen de la reinterpretación de las teorías de ^{Kuhn (1991)} sobre el paradigma en el que las decisiones de política pública corresponden a la racionalidad y, por lo tanto, requieren una base científica o apoyo para tomar decisiones correctas.

La planificación local se estructura con base en un sistema de actores capaces de integrar sus iniciativas en estrategias comunes a toda la sociedad local, sin perder el potencial creativo de individuos y grupos. El desarrollo local no puede lograrse sin un fuerte componente de identidad que estimule y difunda el potencial de las iniciativas. Esta identidad sería aún más fuerte si el grupo tuviera que enfrentar dificultades comunes, mientras que existe el peligro de un declive colectivo cuando desaparezcan los desafíos (^{Arocena, 1995b}). Según varios autores, las respuestas a la contracción deben comenzar de abajo hacia arriba, estar integradas en las culturas locales, las configuraciones institucionales y las oportunidades para que el cambio sea efectivo (^{Hoekveld, 2012}).

A principios de 2015, en Europa había 2 400 cooperativas de energía integrantes de REScoop (Cooperativa de Fuentes de Energía Renovable), la asociación más grande de cooperativas de energía, mientras que el sector académico realiza otros experimentos interesantes, como Energy Justice Tool Suite. Este proyecto tiene como objetivo diseñar arquetipos de sistemas complejos de energía multiescala: fenómenos físicos para diseñar el modelo de evaluación de la pobreza energética a escala de bloque y el comportamiento humano, dentro de una perspectiva empoderadora, a través de la animación de talleres de aprendizaje. Esto se basa en un enfoque interdisciplinario que combina las ciencias de la ingeniería con las ciencias sociales y espaciales para construir conjuntamente una territorialización inclusiva de la transición energética, que conduzca a la justicia energética (^{Henriot et al., 2019}).

De acuerdo con ^{Caineng, Qun, Guosheng y Bo (2016)}, la transición energética hacia las fuentes renovables de energía constituiría la tercera transición energética, luego de la transición de la madera al carbón y del carbón al petróleo y gas. En este sentido, en un reciente artículo provocativo, ^{Shellenberger (2019)} argumenta que los altos costos relacionados con el Energiewende, el programa nacional alemán de transición energética entre los más ambiciosos del mundo, están a punto de reducirse debido a los fuertes costos económicos que pesan sobre la economía alemana. Según Shellenberger, la “física pobre” detrás de las fuentes de energía renovables, por ejemplo, “las granjas solares ocupan 450 veces más tierra que las plantas nucleares, y los parques eólicos toman 700 veces más tierra que los pozos de gas natural para producir la misma cantidad de energía”, explicaría por qué las energías renovables no son adecuadas para la electrificación de la sociedad moderna, sino que tendrían el objetivo de transformar la sociedad en agrícola, como ya explicó ^{Bookchin en 1962}. Algunos estudios (^{Ferroni y Hopkirk, 2016}) sugieren que, dependiendo de las condiciones de producción, la energía invertida en la fabricación de las tecnologías fotovoltaicas puede no ser compensada por la cantidad de energía potencial producida durante todo el ciclo de vida de las mismas.

Tienen que considerarse las particularidades de los actores específicos que enfrentan cuestiones regionales de transición energética. Energiewende, el programa de transición energética alemana, es un buen ejemplo para analizar las dinámicas socioespaciales por el acelerado abandono de la energía nuclear en favor de la generación eléctrica y de calor a partir de recursos renovables. La creación de “nuevas regiones energéticas” ha sido una manera para facilitar la acción colectiva a escala regional, para aumentar la aceptación e incrementar la participación económica. La liberalización de la producción garantizada por tarifas de alimentación ha creado oportunidades regionales y locales para generar electricidad de recursos renovables, mientras que la disponibilidad de espacio ha aumentado la importancia de las zonas rurales (^{Gailing, Bues, Kern y Rohring, 2019}).

Sin embargo, la nueva constelación de actores que operan en el sector de las energías renovables en ciertas regiones, como North Rhine- Westfalia, coexisten paradójicamente con las plantas eléctricas de carbón. Otros estados, como Rhineland Palatinate, ya se encuentran en una etapa muy avanzada del proceso de transición energética y apuntan a su demanda total con fuentes renovables de energía dentro de 2030 (^{Rhineland Palatinate Energy Agency, 2014}). En el caso de esta región, el estado federal financia la introducción comprensiva de sistemas de microrredes inteligentes para las industrias y las autoridades locales. También se adoptan estrategias que apuntan a involucrar la participación ciudadana promoviendo la creación de cooperativas eléctricas. En Alemania hay más de 650 cooperativas eléctricas de energía renovable y el 90% de los participantes son individuos privados que pagan pequeñas contribuciones anuales.

^{Brinkley (2014)} identifica nueve países del mundo que han logrado desacoplar las emisiones per cápita de CO2 del PIB. En estos casos las políticas se han focalizado en los sectores de más fácil intervención (residuos, viviendas, cambios de uso de suelo, silvicultura) y de mayor dificultad de intervención (transportes) a las emisiones de CO2. Los países que han demostrado un decrecimiento de emisiones per cápita son: Bélgica, Dinamarca, Francia, Guinea, Hungría, Países Bajos, Suiza, Suecia y Reino Unido. Sin embargo, la mitad de estos países importa más del 50% de energía primaria para satisfacer su demanda interna.

Las empresas locales y las comunidades son identificados en estos contextos como factores clave en la adopción e institucionalización de microgeneración eléctrica. Cada tipo de sistema energético tiene sus especificidades y potencialidades, incluyendo dimensiones sociales y espaciales que pueden direccionar una transición energética equilibrada e inclusiva, a nivel local y translocal (^{Balest, Secco, Pisaniy Garegnani, 2019}).

^{McEwan (2017)} señala la importancia de comprender cómo las transiciones energéticas se entrelazan con las dimensiones históricas, contemporáneas y materiales de las políticas territoriales. Para ello, el autor analiza la implementación de alrededor de 600 proyectos de energía renovable en Sudáfrica, conectados o no conectados a la red nacional, desde la escala de utilidades económicas, hasta el nivel de viviendas rurales. En este caso, empresarios globales y especuladores, junto con los discursos nacionales y locales de desarrollo, entran en tensión con los deseos de autonomía de la sociedad más pobre. Esto evidencia que las transiciones energéticas son procesos espaciales y a la vez políticos.

^{Becker, Moss y Naumann (2016)} identifican tres temas emblemáticos de la transición energética: su desarrollo espacial irregular; los cambios escalares de su gobernanza; y su materialidad espacial. ^{Chandrashekeran (2016)} usa el ejemplo de la transición energética en Australia para demostrar que el territorio, el lugar, la escala y la red de actores interactúan para permitir o inhibir cambios sostenibles y son importantes para entender el régimen de cambio. Equilibrar los intereses de Australia como mayor exportador global de energía implica balancear la dependencia en la extracción de los combustibles fósiles tradicionales para continuar el crecimiento económico, contra las necesidades de un consumo doméstico sostenible en el largo plazo, que lleva a aumentar la confianza en las tecnologías de energías renovables (^{Mitchell y Casben, 2016}).

Los casos de Alemania, Sudáfrica y Australia son emblemáticos para entender cómo la constelación de actores, resultados del contexto histórico, económico y social, resulta un factor clave en el análisis de los tamaños y la eficiencia de los procesos de transiciones energéticas. En Alemania, los movimientos antinucleares confluyeron históricamente en fuerzas políticas que optaron por operar masivos programas de transición energética, con el consecuente abandono de la energía nuclear y fósil a favor de modelos de producción energética basados en el uso de recursos renovables, tanto de manera centralizada como descentralizada. En Sudáfrica las coaliciones de los poderes públicos y privados internacionales han creado discursos de desarrollo sostenible funcionales a sus objetivos de especulación, aumentando el nivel de tensión y conflicto con los sectores más populares. Por último, el caso de Australia es probablemente un caso intermedio, ya que las coaliciones nacionales se encuentran bastante divididas entre la necesidad de impulsar cambios tecnológicos a favor de las transiciones energéticas y la defensa del rol de Australia como uno de los mayores exportadores de energía primaria a nivel mundial.

Conclusiones

Los sistemas de energía renovable ofrecen una posibilidad para un futuro energético más democrático. Las propiedades comunitarias pueden ser limitadas por sistemas estructurales de exclusión; ejemplo de ellos son: los sistemas de incentivos que desfavorecen este modelo, la falta de inversiones en comunidades marginales, las reglas históricas de gobierno que favorecen infraestructura eléctrica centralizada, los sistemas antidemocráticos impuestos por el norte global mediante decisiones claves a favor de los beneficios de grandes inversores internacionales, la resistencia de la industria de combustibles fósiles y la producción de larga escala nuclear o hidroeléctrica.

La complejidad de los factores considerados hace que sea necesaria la implementación de políticas que permitan a los instrumentos de planificación existentes direccionar las dinámicas urbanas. El Estado, las municipalidades, los sindicatos y las cooperativas son reconocidos como arenas críticas de lucha para la democracia energética. La creación de coaliciones y alianzas en favor de la transición energética puede ser el aspecto clave para promover mayores transformaciones de los sistemas energéticos locales.

Es fundamental incrementar la colaboración entre potenciales aliados, por ejemplo, los movimientos ecologistas y sociales, los sindicatos y los trabajadores del sector energético, los administradores públicos, las comunidades de bajos ingresos, las pequeñas empresas y los institutos de investigación. Las transiciones energéticas son fundamentalmente una cuestión política.

Dado el carácter invasivo, de control o influencia, de las industrias de combustibles fósiles y sus alianzas con los sectores financieros y políticos, los movimientos para la democracia energética deben explotar nuevas formas de comunicación para promover las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de energías renovables para comprometer a la sociedad con el determinismo tecnológico. Por otro lado, si la política económica de las energías renovables es gobernada de manera que preserve las antiguas relaciones de poder, puede contribuir a replicarlas, reforzando a los agentes de poder y debilitando a los marginados.

La raíz de los procesos de transformación urbana es un conjunto de causas multidimensionales profundamente interrelacionadas y ancladas en el proceso de globalización. Las tierras vacantes en los territorios en proceso de despoblamiento representan una responsabilidad social compartida para la comunidad y, al mismo tiempo, un recurso que puede entenderse como un bien común. Además, el espacio se ha convertido en un recurso importante para permitir una transición hacia la energía limpia en la sociedad moderna, debido a la baja intensidad energética de los recursos renovables en comparación con los combustibles fósiles.