La cuestión de la vivienda de alquiler informal inmigrante

La migración es un fenómeno demográfico que, a criterio de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido históricamente medida con poco rigor (^{ONU, 1991}). En este contexto, la importancia en la cobertura de las necesidades de esta población ha sido reducida, y por ello, los Estados han gestionado sus demandas de manera limitada, siendo el acceso al suelo y la vivienda un asunto también en ciernes.

Entre los temas de estudio de la problemática migrante que se han abordado académicamente, el acceso a la vivienda y su localización residencial están conectados y tienen como fundamento de análisis la economía urbana (^{Abramo, 2010}; ^{Camagni, 2005}; ^{Jaramillo, 2009}; ^{Fujita, 1989}) y la sociología urbana (^{Arias et al., 2010}; ^{Bayona, 2006}; ^{Briceño-León, 2010}; ^{Colectivo IOÉ, 2005}; ^{Domingo et al., 2007}; ^{Fullaondo et al., 2013}; ^{Gómez y Sánchez, 2016}; ^{Kleidermacher, 2017}). El asunto de la vivienda de alquiler entonces se constituye como una respuesta al derecho de acceso al hábitat para la población migrante, mediante una dinámica de elección-imposición que determina su instalación en el ámbito urbano bajo un patrón centro-periferia.

En un contexto de producción neoliberal de ciudades, los mercados de suelo y vivienda son determinantes en las decisiones de localización. El primero funciona “como una fuerza que potencia la producción de una estructura socioespacial desigual” (^{Abramo, 2012, p. 91}), al constituirse como un principio organizador del territorio que define las condiciones de ubicación de las actividades urbanas. En tanto que el mercado de la vivienda, que opera con base en una dinámica de acceso-restricción fundamentada en condiciones económicas y sociales de la población, determina el mapa de las elecciones de consumo de espacio-localización residencial (^{Abramo, 2012}).

Los elevados costos de la tierra, la escasez de la producción de vivienda formal accesible, así como las limitaciones de subsidios y préstamos para vivienda propia, han dado lugar a que a escala mundial el hábitat de vivienda de 1 200 millones de personas se restrinja a alojamientos alquilados (^{Gilbert, 2016}). En el escenario urbano latinoamericano, más del 40% de la población accede a la vivienda a través del alquiler (^{Blanco et al., 2014}); pero mientras en países como México, Chile y Brasil las viviendas propias triplican en número a las de alquiler, en Bolivia y Ecuador hay muchos más hogares que viven en arriendo frente a quienes habitan en propiedad (^{Briceño-León, 2010}).

Para ^{Briceño-León (2010)}, el alquiler representa diferenciadamente una modalidad de tránsito a la propiedad, tanto para la clase media como para los pobres urbanos. A criterio de ^{Kumar (1996)}, es una respuesta rápida y relativamente fácil de acceso a la vivienda, pues no implica compromisos financieros ni temporales a largo plazo. En este contexto, condicionados por la inestabilidad financiera y la carencia de garantías en términos legales, el alquiler resulta la opción idónea para la población de estratos bajos.

Para la fracción de población inmigrante ubicada en este estrato socioeconómico, a su incapacidad financiera se añaden tanto las restricciones legales determinadas por su estatus migratorio, como las decisiones de localización derivadas de un proyecto de tránsito o de carácter provisional. Lo dicho configura frecuentemente espacios de vivienda que, lejos de adaptarse a la normativa vigente, resultan una solución viable desde la informalidad y la precariedad.

Para ^{Watson y McCarthy (1998)}, las viviendas de alquiler informal para la población inmigrante comúnmente se caracterizan por la mala calidad del alojamiento y el hacinamiento, en tanto que ^{Andreasen (1996)} las vincula con la falta de mantenimiento y de acceso a infraestructura. Desde esta perspectiva, el alquiler de carácter informal constituiría tanto una solución ante la necesidad apremiante de una vivienda, como un problema dadas las condiciones que estos espacios ofrecen a los inquilinos.

Para Briceño-León, la precariedad característica de la vivienda de alquiler migrante se explica desde una sencilla tesis: “los pobres son no sólo consumidores, sino productores de viviendas en alquiler” (^{Briceño-León, 2010, p. 115}). De ser así, dentro del mercado informal de vivienda tanto propietarios como inquilinos forman parte del mismo grupo social, lo que determina que la localización geográfica de estos inmuebles esté también adscrita a espacios urbanos definidos.

Si sumamos la capacidad adquisitiva, veremos que los factores de tipo sociodemográfico estrechamente conectados, como el nivel de cualificación profesional, el estatus migratorio, la nacionalidad y las redes migratorias, influyen también en su localización en territorio. Por ejemplo, la cualificación profesional, a criterio de ^{Wacquant (2007)}, determina la posición de clase en la sociedad y, por tanto, las oportunidades de integración residencial en la ciudad.

En el mismo sentido, ^{Strohmayer et al. (2005)} advierten que la segmentación del mercado laboral decanta en situaciones de diferenciación espacial, lo que da lugar a que la población inmigrante habite en espacios degradados ligados a actividades productivas de bajo prestigio social. Al respecto, el trabajo realizado por el Colectivo Ioé señala el modo en que el nivel de estudios y la cualificación laboral se constituyen como los principales inconvenientes en la mejora de la situación residencial inmigrante (^{Colectivo Ioé, 2005}).

El estatus migratorio se presenta también como un factor determinante en el acceso a la vivienda, pues las condiciones de regularización en el país de acogida y la exigencia de documentos formales sobre el inquilino y sus garantes, los enfrenta a múltiples vulnerabilidades y a la violación impune de sus derechos. Lo dicho comúnmente se traduce en oportunidades de residencia limitadas a áreas deprimidas, viviendas informales en sectores suburbanos y restricciones en materia de acceso a servicios básicos (^{Ortega y Ospina, 2012}). Sobre el asunto de la influencia de la nacionalidad en el derecho de acceso a la vivienda, se observa que ésta puede determinar una menor superficie y mayor antigüedad de los inmuebles, un peor estado del edificio y una mayor ocupación, lo que conduce a situaciones de hacinamiento en función de la procedencia de los migrantes de un país u otro (^{Domingo y Bayona, 2007}). Pero, además, ésta se territorializa respecto a la población autóctona y según la procedencia de la población extranjera a través de una diferenciación en la localización de la vivienda, segmentación que se articula con el sistema de representaciones que la sociedad receptora tiene sobre los inmigrantes según su origen.

Finalmente, la preferencia migrante por residir junto a compatriotas puede tener un peso tal, que la localización de la vivienda minimice las molestias generadas por un inmueble de características precarias. Para ^{García (2001)}, esta predilección se explica desde la contribución que estos lazos tienen en la reducción de costes, el aumento de apoyo y beneficios, y la mitigación de riesgos del movimiento migratorio; por ello, las redes pueden ser pensadas como una forma de capital social.

Las redes migrantes serían entonces resultado de los lazos comunitarios definidos por la nacionalidad y cimentados sobre la necesidad económica, simbólica y afectiva. De allí que, para ^{Luque (2007)}, la consolidación de redes migratorias hace del territorio un testigo de la apropiación y construcción de la vida migrante a través de la relación con la comunidad del mismo origen y la construcción de dinámicas de transformación del barrio desde nostalgias e identidades nacionales.

Bajo una conjunción entre factores sociales, económicos y migratorios se definiría entonces el tipo de inmueble en alquiler, pero también la localización residencial de dichas viviendas dentro de la ciudad de Quito.

La localización de la vivienda inmigrante como resultado de su posición social

Al hablar del hábitat residencial de las clases oprimidas, ^{Mac Donald (2011)} explica que los pobres urbanos se asientan donde y como pueden. Las características de la vivienda de alquiler inmigrante se convierten entonces en indicadores de la posición social de la población extranjera y su calidad de vida. Reflejan, además, que tanto las condiciones habitacionales como la localización geográfica evidencian el estatus social del inmigrante, en contraste con el del conjunto de la sociedad.

De esta manera, la ocupación de un inmueble aparece como un indicador de la posición social del inmigrante que lo habita, y a su vez resulta un factor explicativo de su localización (^{Bayona, 2006}), la renta diferencial de vivienda a la que alude Jaramillo. Para ^{Dureau (2010)}, el lugar de residencia se produce también a partir del acceso a un número de recursos localizados en el espacio urbano, como el empleo, el equipamiento y las redes sociales que constituyen una señal de posición social y que están derivadas de las condiciones socioeconómicas y migratorias de la población.

De allí que hablar de la localización residencial inmigrante es reflexionar tanto sobre dinámicas de acceso o restricción a un tipo de inmueble determinado, como a su ubicación en territorio, disposición geográfica que nos remite obligadamente a pensar sobre la lógica urbana centro-periferia. La noción de periferia exige ser pensada entonces a partir de la idea de centralidad, al haber sido concebida respecto a ésta como zona de escaso valor central, poco integrada y dependiente de otras áreas ubicadas en el núcleo urbano. La ciudad de hoy en día ha mutado como un ente conformado por varios tipos y cantidades de centralidades con distintas características, funcionalidades y relaciones, como entidades dinámicas en permanente redefinición. Por ello, la ciudad contemporánea es policentral, y presenta problemáticas y contradicciones que producen espacios tanto de periferia central como de centralidad periférica.

La migración interna en la configuración de condiciones de marginalidad en la periferia central

En América Latina y el Caribe la migración interna ha sido históricamente un motor de crecimiento poblacional y densificación del territorio urbano, a criterio de ^{Rodríguez y Busso (2009)}, producto de las interacciones socioespaciales entre quienes llegan, quienes se van y quienes permanecen en las ciudades.

La ciudad sería entonces un producto de la concentración y desconcentración de los grupos poblacionales que contribuyen a la configuración del territorio en función de la distribución de equipamientos urbanos, vivienda y empleo, así como de prácticas e interacciones socioespaciales concretas (Mapa 1).

Fuente: Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 2012-2022 (^{Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012}).

Mapa 1 Centralidades del Distrito Metropolitano de Quito 

No obstante, la ocupación de lo urbano a partir del proceso de migración del campo a la ciudad surge, a criterio de ^{Quijano (1970)}, de la industrialización y de una consiguiente precarización laboral cuya lógica conlleva inevitablemente hacia la marginalización. Para ^{Rodríguez Vignoli (2012)}, es la hibridación y el cambio sociocultural que implicó esta ocupación de la ciudad por parte de inmigrantes del campo lo que determinó la conformación de un vasto sector de población marginada.

Bajo estos términos, la centralidad urbana latinoamericana es un producto histórico de la lógica de decisión/imposición de la localización residencial migrante interna de menores recursos, muchas veces motivada por la oportunidad de empleo precario, posibilidad de acceso a servicios públicos y movilidad social.

En el Ecuador de la primera década del siglo XIX, la pauperización creciente de las masas urbanas y la movilidad de flujos de migración campesina propiciaron, a criterio de ^{Carrión y Erazo (2012)}, el surgimiento de un “sujeto social” dispuesto a pagar a través del alquiler las rentas de la zona central urbana, lo que dio paso a la tugurización. En este momento, según los autores, la búsqueda de la clase acomodada de la época por alejarse del deterioro y la progresiva devaluación económica y simbólica de las zonas centrales, junto con la aspiración por colonizar nuevos espacios urbanos, propició su abandono.

Pero este cambio en la demografía urbana vino acompañado además por una transformación en la forma de organización radial concéntrica de la ciudad y su morfología, que coincide con el proceso experimentado en varias latitudes de la región, donde las áreas urbanas centrales, inicialmente receptoras de los flujos migratorios internos, posteriormente recibieron migrantes internacionales que encontraron un mercado residencial de venta y alquiler disponible.

Al respecto, ^{Delgadillo (2008)} refiere el modo en que el abandono de las áreas centrales por parte de la población burguesa dio paso a la subdivisión de las casonas que se ofrecieron entonces como cuartos en alquiler para población proveniente del campo, e hileras de habitaciones con servicios sanitarios comunitarios para inmigrantes de bajos ingresos.

Esta disponibilidad habitacional derivó en lo que ^{Martínez (1999)} señala como efecto aglomeración, un fenómeno definido por la localización de un “número crítico” de inmigrantes que funciona como una señal o un llamado a habitar para otros miembros del grupo. Se trata comúnmente de barrios física y socialmente degradados, con precios de vivienda moderados respecto a otras zonas y que, pese a sus características, facilitan la supervivencia y la reproducción social.

Por ello, ^{Palacios y Vidal (2014)} señalan, en términos generales, que las pautas de distribución intraurbana de la vivienda inmigrante están asociadas con el sistema capitalista, que define la organización social y la lucha entre categorías sociales. En este ámbito en concreto, se expresa con la elección por la centralidad urbana, donde se conjugan espacios comerciales de grandes y pequeños negocios con posibilidades de plazas laborales, de carácter dinámico, y donde se ubican jornaleros y obreros. Pero también están relacionadas con una disponibilidad definida por un bajo estado de conservación de los inmuebles, carencias en equipamientos urbanos y el efecto llamada configurado por las redes migrantes.

Considerando que el grado de vulnerabilidad de un espacio urbano no está solamente determinado por su situación geográfica, sino por una superposición de hechos relacionados (la desigualdad social, la degradación del medio físico y la fragmentación del espacio urbano), la vivienda marginal no solamente se adscribe a las periferias de las ciudades sino también a los barrios centrales. ^{Escaffre (2018)} los denomina como periferias internas o periferias centrales, espacios de habitabilidad deteriorados y ruinosos que presentan altos niveles de precariedad, muchas veces ocupados por población nativa e inmigrante de recursos económicos limitados.

Para ^{Kapstein (2014)}, las periferias interiores conforman entonces un sistema de espacios degradados ubicados en el centro urbano, por lo que no se trata de zonas aisladas sino de territorios complejos con piezas claramente diferenciadas pero articuladas entre sí, que, pese a constituirse como espacios altamente precarios y carentes de orden, han sido capaces de recoger la variedad de modos de vida inmigrante.

Nuevas dinámicas urbanas en la consolidación de las centralidades periféricas

^{Jaramillo (2009)} refiere la renta diferencial de vivienda para denominar a la ubicación de la población dentro de la trama urbana, donde el pago de un “impuesto privado” define la exclusividad de ocupar ciertos espacios en detrimento de otros destinados para los pobres urbanos, fenómeno caracterizado como la renta de segregación. Se trata de una “separación física de distintos núcleos dentro de la ciudad en función de la posición socioeconómica de sus habitantes” (^{Bruquetas et al., 2005, p. 15}).

De ahí que, si bien la localización residencial en espacios periféricos y en lo que podría pensarse como condiciones de segregación puede ser un proceso voluntario para las clases medias y altas, para la clase trabajadora puede resultar residual y no deseado (^{Leal, 2002}). Es allí cuando la centralidad periférica como nuevo centro especializado y forma urbana inédita, cuya concentración de oferta de servicios polariza un área de influencia mientras compite y abandona la dependencia respecto al centro tradicional (^{Beuf, 2010}), puede resultar una opción de localización viable para los pobres urbanos.

No en vano, a su criterio, uno de los atributos más importantes de la centralidad periférica es la consolidación de centralidades populares que, mediante la concentración de servicios y comercios, dan lugar al dinamismo económico y facilitan equipamientos. Estos espacios posibilitan, desde esta perspectiva, el acceso al consumo de los pobres urbanos al tratarse de poblaciones con un débil poder adquisitivo a nivel individual, que logran una “masa crítica” gracias a las altas densidades propias de los barrios periféricos (^{Beuf, 2010}).

Este dinamismo comercial, que deriva en oportunidades de trabajo generalmente de carácter informal, y en la diversificación de servicios y equipamiento a escala urbana, facilita las condiciones para que, a un precio módico, la centralidad periférica sea considerada como espacio de asentamiento habitacional. Esto no deja de implicar, en términos concretos y simbólicos, que se trate de espacios residuales y comúnmente improvisados que no cuentan con condiciones de habitabilidad adecuadas.

Nos encontramos entonces frente a dos escenarios: por una parte, pensar la localización inmigrante en la periferia central como un proceso que decanta en condiciones de segregación y exclusión sociorresidencial, fundamentadas en la lógica del mercado de vivienda y el estigma social. O, por otra, considerar que se trata de una estrategia de concentración voluntaria cimentada en la libre elección de población de características similares en condición de autosegregación, basada en el consentimiento.

Desde un punto de vista espacial, la ubicación residencial inmigrante en estas zonas periféricas, que han pasado en los últimos años a ser consideradas como sectores centrales (es decir, en espacios que pese a que se hallan geográficamente en el conurbano, reproducen condiciones de equipamiento y servicios de centralidad, un dinamismo económico importante y formas de relación propias de un núcleo urbano), ¿es factible de ser pensada desde la lógica de la imposición, la decisión, o como una combinación de éstas?

Centralidad y periferia: la localización residencial inmigrante en el DMQ

La ubicación de las viviendas y sus condiciones de habitabilidad terminan siendo reflejo de la posición y el estatus social del inmigrante. Es el caso de la población con un tipo de migración sur-sur. En el contexto de la ciudad policéntrica actual, el empleo y el equipamiento se han descentralizado y a su vez se han vuelto a concentrar en espacios urbanos inéditos; debido a ello, la localización residencial de la población inmigrante ha mutado, pero también ha mantenido ciertos patrones.

Al respecto, es importante recordar que los cimientos de la capital también tienen como origen la presencia de la migración interna, asentada históricamente en espacios de centralidad, comúnmente caracterizados por opciones de trabajo informal e itinerante. Si bien no existe información sistematizada y actual sobre el trabajo informal, datos del Plan Maestro de Comercialización del DMQ correspondientes al año 2014 dan cuenta de que una de las mayores concentraciones del universo de 9 231 vendedores autónomos registrados se localiza en las administraciones zonales Eugenio Espejo (16%) y Manuela Sáenz (15%) (^{Tello, 2018}), correspondientes a la centralidad capitalina donde la localización residencial inmigrante también tiene alta representatividad.

Desde un punto de vista fundamentado en la economía y la sociología urbana, en la actualidad fenómenos como el flujo creciente de población en situación de movilidad, la diversificación de orígenes migratorios, el aumento en la precarización laboral, los cambios en las pautas de funcionamiento del mercado del suelo y alquiler, conjuntamente con el deterioro en las condiciones socioeconómicas del país, han propiciado una transformación en los patrones de localización de población inmigrante de estratos socioeconómicos limitados, actualmente ligados a las zonas marginales del centro histórico y a los contornos pauperizados de la ciudad (Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con base en Gestión de Movilidad GAD Pichincha, de enero de 2014 a diciembre 2017.

Gráfica 1 Localización residencial de la población inmigrante y refugiada según parroquia 

En este escenario se han configurado nuevos espacios de inserción residencial para esta población, vinculados mayoritariamente a un mercado laboral informal, independientemente de su nivel de cualificación, bajo una tipología de territorios accesibles: espacios residenciales periféricos con características de centralidad y, a su vez, espacios centrales con características de zonas periféricas. Bajo esta lógica, los espacios residenciales de periferia central, como los de centralidad periférica, configuran una ubicación comúnmente marcada por la marginalidad.

El efecto aglomeración, la disponibilidad de oportunidades laborales informales, conjuntamente con el acceso al consumo para los pobres urbanos, han contribuido también a la consolidación y transformación de estos territorios y viviendas que emergieron de la necesidad y la improvisación, convirtiéndose en espacios comerciales y residenciales dinámicos y en proceso de expansión. Se trata de territorios de periferia central y de centralidad periférica de características precarias, en términos tanto socioeconómicos como socioespaciales, que ofrecen viviendas como las que habita Sandra, venezolana que reside en un barrio marginal del norte de la ciudad:

Sí, me gusta que es muy comercial ese barrio, por lo menos para trabajar con ventas, vender algo ambulante, comida […]. Me gustaría cambiar donde vivo porque me renté una habitación, pero es más pequeña que esto y tengo en la misma habitación, cocina, baño y la camita. Ahí estoy pagando 100 dólares [Sandra, venezolana, vive en el Comité del Pueblo].

En esta lógica, parroquias localizadas en la centralidad como Belisario Quevedo, San Juan e Itchimbía, y otras de la periferia urbana como El Condado, que cuentan con espacios urbanos degradados en términos socioeconómicos y físico-espaciales, concentran el mayor porcentaje de población inmigrante en la capital ecuatoriana. Seguidas en distribución poblacional por otras parroquias con menos necesidades básicas insatisfechas (NBI) como el Centro Histórico, Mariscal Sucre y Calderón (Mapa 2).

Fuente: Elaboración propia con base en Gestión de Movilidad GAD Pichincha, enero de 2014 a diciembre de 2017.

Mapa 2 Localización residencial inmigrante por parroquia con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Se trata en su mayoría de parroquias localizadas en la centralidad, cuya ubicación en el espacio urbano podría considerarse como privilegiada. No obstante, presentan un alto nivel de pobreza multidimensional con limitaciones en el aspecto económico, la vivienda, los servicios básicos, así como elevados niveles de hacinamiento. Es decir, la población inmigrante que se localiza residencialmente en estas centralidades se asienta en territorios de alto precio comercial y valor simbólico en algunos casos, pero en viviendas de bajo costo con condiciones de habitabilidad inadecuadas, que terminan configurando centralidades periféricas.⁵

En tanto, periferias centrales como El Condado y Calderón, como territorios de reciente conformación que están localizados en los contornos de la ciudad, producto de la expansión de la mancha urbana, muestran que la proliferación de negocios, el comercio de carácter informal y la oferta de servicios han polarizado áreas de influencia constituyendo nuevas centralidades. Sin embargo, al haber sido cimentadas desde la lógica de la necesidad, como plantea Abramo, las viviendas comúnmente han sido construidas de manera improvisada o en su defecto adaptadas para suplir solamente necesidades fundamentales.

Como se observa en la Gráfica 2, en territorios centrales y periféricos de características precarias converge frecuentemente población de nacionalidades pertenecientes a una migración regional, como colombianos y venezolanos, quienes tienen la mayor representación poblacional en cuanto a refugio y migración en la ciudad. Para ambos casos, las parroquias de San Juan y Centro Histórico son las de mayor presencia inmigrante, seguidas por El Condado y Cotocollao. Tanto los barrios ubicados en centralidades precarias, como aquellos localizados en el extremo norte de la ciudad, pero que pueden ser percibidos como nuevas centralidades, constituyen los espacios de mayor acogida para población migrante y refugiada.

Fuente: Elaboración propia con base en Gestión de Movilidad GAD Pichincha, de enero de 2014 a diciembre de 2017.

Gráfica 2 Localización residencial más representativa de población refugiada e inmigrante según parroquia 

La concentración de población colombiana es mayoritaria en las parroquias de San Juan y Centro Histórico, lo mismo que para el caso de la población venezolana, donde se suman además Belisario Quevedo, Mariscal Sucre e Itchimbía. En tanto que, a diferencia de la población perteneciente a una migración sur-sur, la población procedente de otros continentes, principalmente de países de Oriente medio con un estrato socioeconómico más alto, usualmente cualificados laboralmente y que experimentan condiciones de trabajo más favorables, se ubican en parroquias con presencia de una clase social más acomodada (Mapa 3).

Fuente: Elaboración propia con base en Gestión de Movilidad GAD Pichincha, enero de 2014 a diciembre de 2017.

Mapa 3 Localización residencial inmigrante por nacionalidades más representativas 

Además de una ubicación privilegiada, estas viviendas en alquiler cuentan con mejores condiciones de habitabilidad, lo que determina un mayor precio y valor simbólico y social. Así lo cuenta Shadi, sentada en una sala amplia e iluminada que forma parte del departamento que comparte con sus amigos iraníes:

Se paga 700 dólares cada mes por todo el departamento. Tenemos tres y medio habitaciones, tres baños, sala, comedor grande y terraza, [lo escogimos] porque para mí es muy importante que los vecinos tengan un alto estilo de vida, cultura, para mí es muy importante [Shadi, iraní, vive en La Floresta].

La segmentación territorial y la existencia de zonas marginales y de vivienda precaria se atribuyen entonces a la población inmigrante de menores recursos que, debido a la inestabilidad financiera y laboral, experimentan usualmente movilidad residencial entre espacios de condiciones similares. No obstante, se considera que, por encima de un interés por cambiar de barrio, está la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad.

Viví en la Rumiñahui, luego fui al sector de Carcelén Industrial porque el papá de los niños consiguió trabajo por allá y le quedaba cerquita. Después, como me parecía muy lejos Carapungo, me encontré un lugar cómodo en el Comité del Pueblo. Ahí me quedo hasta que encuentre algo mejor, más grande sobre todo, usted sabe, con niños es difícil [Luisa, colombiana, vive en el Comité del Pueblo].

La restricción presupuestaria define el lugar y las características de la vivienda y funciona a su vez como un filtro depurador del tipo de población en capacidad o no de pagar por la ocupación de un territorio urbano y un tipo de vivienda específica. Es de este modo que el acceso o restricción residencial oscila entre la decisión y la imposición, dando lugar a que la localización inmigrante pueda ser elegida, pero también esté siendo impuesta en términos de clase y del proceso migratorio experimentado.

Patrones de localización residencial inmigrante según características de la población de estudio

Bajo una lógica fundamentada en las necesidades e intereses de la población inmigrante, frente a las condiciones de acceso o restricción del mercado del suelo y alquiler de vivienda, se configura un patrón de localización residencial que expresa las desigualdades sociales en el ámbito urbano mediante una dinámica fundamentada en la segmentación de clase y patrones de segregación difusos.

Redes migratorias y configuración de la localización residencial inmigrante

Las redes migratorias constituyen un tejido cimentado en estrategias de solidaridad y colaboración orientadas al sostenimiento de la experiencia migratoria inicial en la ciudad y a la definición de la localización residencial. Para el caso de la población refugiada, los contextos y situaciones bajo los que se han visto forzados a salir del país de origen y a insertarse en el de acogida limitan la posibilidad de contar con contactos previos y de establecer redes de soporte debido a una condición de temor e inseguridad. En consecuencia, sus redes de apoyo son de menor solidez y estabilidad, como lo asegura Atiaf, en el descanso de sus clases de español:

La primera motivación fue la guerra en mi país […]. Antes no, [luego] a esta persona [señala a un compañero de su clase], nada más. A él lo contacté por teléfono, no lo había visto antes [Atiaf, yemení, vive en Av. República].

La población inmigrante cuenta, al contrario, con redes más consolidadas en el ámbito habitacional que han fungido como proveedoras de apoyo y acogida, y han contribuido con la provisión de un espacio habitacional de carácter provisional o temporal, facilitando también los vínculos y contactos necesarios para insertarse residencialmente en los espacios ya habitados por familiares, amigos y conocidos.

Sin embargo, la provisión de alojamiento temporal, que se constituye como un soporte fundamental para los recién llegados, debido a la existencia de limitaciones económicas y financieras para la población en situación de movilidad perteneciente a un corredor sur-sur, puede dar lugar también a la reproducción de condiciones de habitabilidad precarias, como el hacinamiento. Es el caso de Laura y su familia, quien cuenta con timidez la situación habitacional que experimenta actualmente:

Llegamos hasta ahí por medio de un amigo de mi hijo. Es solamente el cuarto, el baño está afuera, se comparte con toda la gente de ahí. Y este cuartito donde yo estoy, la cocinita y la neverita, ahí vivimos tres [Laura, venezolana vive en Santa Rita].

Adicional al hacinamiento, la población inmigrante, que comparte frecuentemente su vivienda con compatriotas y allegados, también suele participar a sus huéspedes de las limitaciones en las que habita. La calidad de las construcciones, la falta de acabados o ventilación adecuada, la presencia de humedad, o incluso la ausencia de luz natural, constituyen condiciones de habitabilidad características de estas viviendas de bajo coste. Lo ilustra el relato de Dayana:

Acá [me ayudaron] en arriendo, en comida, en apoyo. Ahora conmigo somos cuatro en el cuarto donde vivimos […], pero toda la residencia es de venezolanos, son todos venezolanos [Dayana, venezolana, vive en Playón de la Marín].

Además, debido a que los precios de arriendo más bajos son los de las viviendas de condiciones arquitectónicas y estructurales deficientes, los arrendadores lucran con espacios improvisados y precarios bajo la modalidad del alquiler informal. Se asiste entonces a formas de provisión de vivienda promovidos por población nacional que, ante la necesidad propia y ajena, han buscado modos de generar una entrada económica a través de espacios residenciales constituidos entre arrendadores y arrendatarios de condiciones económicas similares.

Así, la relación existente entre estas rentas o alquileres bajos, que ofrecen condiciones de habitabilidad limitadas, configuran viviendas para la población inmigrante localizada en sectores populares y en áreas deprimidas o periféricas, que son, a su vez, reflejo de las limitaciones socioeconómicas de la población inmigrante que lo habita.

La posición social migrante y la localización residencial urbana

La condición socioeconómica de la población inmigrante se conecta con su cualificación laboral, pero particularmente con el carácter del empleo y las condiciones del mercado de trabajo al que acceden. En este sentido, uno de los principales hallazgos dentro de la muestra investigada es que tanto población inmigrante profesional como no profesional ejerce trabajo informal en la ciudad de Quito. Éste es el caso de Susana, quien pese a contar con formación profesional, ejerce trabajo informal:

Yo tengo acá tres meses, no consigo trabajo. Mi esposo lo que vende es caramelos, mi hijo vende chocolates, y con eso es que nos mantenemos. Poco que mucho vamos guardando [Susana, venezolana, vive en San Juan].

La búsqueda de oportunidades laborales para una población que, pese a contar con cualificación, se ha insertado en un mercado laboral de carácter informal, ha hecho que el dinamismo comercial y la amplia oferta de productos y servicios propios de los barrios y parroquias populares resulten atractivos; o que, en su defecto, la migración aporte en la configuración de nuevos espacios de comercio y servicios informales.

Asimismo, el trabajo informal se ubica espacialmente en los centros urbanos tradicionales o, en su defecto, en las nuevas centralidades, dando lugar a que una fracción importante de población inmigrante haya optado por establecerse residencialmente en su zona laboral. Observamos entonces que geográficamente las parroquias ubicadas en el centro histórico y las de los contornos urbanos son las que sirven de residencia para la mayoría de la población que ejerce trabajo informal (Mapa 4 ).

Fuente: Elaboración propia con base en Gestión de Movilidad GAD Pichincha, enero de 2014 a diciembre de 2017.

Mapa 4 Trabajo informal inmigrante y localización residencial por parroquia 

El análisis de la ubicación socioespacial de la vivienda de población inmigrante da cuenta de que las zonas de centralidad histórica acogen a inmigrantes que ejercen trabajo informal, seguida por territorios circundantes y ubicados en los extremos de la ciudad, es decir, en territorios tanto de periferia central como de centralidad periférica.

El vínculo espacial entre trabajo y residencia inmigrante da lugar a que la presencia del comercio informal influya en la morfología, funciones y relaciones en los espacios urbanos y las viviendas, al permitir una movilidad entre el domicilio y el lugar de trabajo sin pagar un impuesto de renta por cercanía, como lo ilustra Dayana: “Que uno sale, va al trabajo y regresa sin problema” (Dayana, venezolana, vive en el Playón de la Marín).

Sin embargo, bajo la lógica de renta diferencial de vivienda, si bien la población inmigrante de recursos limitados puede ubicarse espacialmente en la centralidad, como es el caso de quienes habitan parroquias como Centro Histórico, San Juan o Itchimbía, las condiciones del mercado de vivienda disponible están limitadas a la habitabilidad precaria, tal como se ha ido exponiendo.

Bajo esta lógica, en la que la inestabilidad laboral influye en la configuración de las condiciones de acceso a la vivienda, el autoempleo como estrategia de sobrevivencia y la generación de pequeños negocios como economías de supervivencia configuran condiciones de improvisación en el acceso a los espacios residenciales.