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Introducción
Muchos estudios críticos sobre la migración privilegian un enfoque en las estructuras de dominación de los regímenes fronterizos contemporáneos. El “humanitarismo” aparece en ellos como complemento e incluso vehículo de la regulación y el control migratorios. En el presente artículo ofrecemos una propuesta alternativa de análisis en torno a las relaciones entre el humanitarismo y las movilidades humanas. Examinamos la heterogeneidad de los actores humanitarios a partir de denominadores comunes como sus prácticas en tanto proveedores de bienes y servicios para poblaciones en situación de (in)movilidad. Empíricamente abiertos, tales conceptos permiten revelar una variedad de patrones de comportamiento y regulación social sin incorporarlos a priori a un modelo interpretativo único como el de la “biopolítica”.
Para ello, encontramos útil contrastar nuestras respectivas experiencias en Alemania y en la frontera México-Estados Unidos. La retención y espera migratorias, así como las prácticas orientadas a sortearlas o atenuarlas, tienen lugar tanto en las fronteras geopolíticas como al interior del territorio nacional, las cuales se retroalimentan mutuamente e ilustran parte de las comparaciones que es necesario establecer para iluminar la diversidad de lógicas, actores e intereses tras los procedimientos para gestionar las movilidades humanas. Consideramos problemático reducir el complejo mundo social de la migración al poder y la dominación y, en particular, presuponer que los agentes humanitarios están troquelados por su lógica y no representan más que su rostro amable. El reto analítico es pensar el problema más allá del par conceptual dominación-resistencia para no privarnos de su riqueza fenomenológica.
Los servicios prestados por actores humanitarios en estos heterogéneos espacios fronterizos y nacionales se dirigen con frecuencia a administrar la (in)movilidad. Se trata de una gestión de la migración, el asilo y el refugio cuyas inevitables dimensiones políticas no están necesariamente abocadas a la dominación o la legitimación. La provisión de servicios aparece como acción política no sólo en casos de lo que llamamos “servicios de movilización contestataria”, sino de reasentamiento e integración, orientados a asegurar una incorporación lo menos desigual posible a la sociedad receptora -ya se trate ésta de un destino forzoso, como la ciudad fronteriza de Tijuana, o un lugar de llegada planeado por los solicitantes de asilo, como ciertas ciudades alemanas-.
En el siguiente apartado sintetizamos algunas de las principales perspectivas dominocéntricas de la migración y el humanitarismo. Sin rechazar el diálogo con ellas, en el tercer apartado elaboramos un marco metodológico influido por la sociología de la organización y, en los apartados subsiguientes, examinamos diversos casos en dos contextos distintos de gestión del asilo y el refugio: el estado mexicano de Baja California y el estado alemán de Schleswig-Holstein. El primero es un espacio caracterizado por descripciones de “crisis humanitaria” en la frontera entre México y Estados Unidos, y el segundo, un espacio de gestión de asilo y refugio en el interior de Alemania. En particular, observamos qué tipos de bienes y servicios colectivos proveen los agentes humanitarios a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; y cómo contribuyen a la gestión de la (in)movilidad de estas poblaciones. El sexto apartado contiene una discusión con un mayor énfasis en la comparación, donde, al centrar nuestra atención en los mencionados aspectos, buscamos dilucidar las prácticas y discursos políticos que subyacen a las actividades de los agentes humanitarios y a los regímenes migratorios.
Teoría política, migración y humanitarismo
Resulta notable el protagonismo adquirido por la filosofía política en los debates interdisciplinarios sobre las migraciones. Aquellos inspirados en el trabajo de Giorgio Agamben (1998) -en especial, su concepto de “nuda vida” y su análisis del “estado de excepción” como raíz jurídica del campo de exterminio- reciben críticas por adoptar un enfoque unidimensional en la exclusión y deshumanización de la vida “ilegal” efectuadas por el “poder soberano”, manifiestas sobre todo en los muros fronterizos y campos de detención de migrantes. Dichas críticas vienen frecuentemente acompañadas de análisis que recomiendan considerar la in/exclusión soberana en conjunto con otras dimensiones “más productivas” (esto es, foucaultianas) de los ensamblajes de poder que se dirigen a las movilidades humanas, como la circulación biopolítica de la vida migrante y su vigilancia y detención disciplinarias (Nail, 2013: 113-115).
El politólogo William Walters (2011) sostiene la relevancia de Michel Foucault para comprender la “humanitarización” que acompaña al gobierno contemporáneo de las migraciones, siempre que sus conceptos se complementen con nuevos términos para abordar la relación entre las fronteras y los modernos regímenes de poder. La necesidad de actualizar el concepto de biopoder lo lleva a tomar prestada la noción de “biopolítica minimalista”, acuñada por el antropólogo Peter Redfield (2005: 344) para referirse al surgimiento de entidades dedicadas a “la administración temporal de la supervivencia en circunstancias más amplias que no la favorecen”. Si el humanitarismo practica una biopolítica mínima centrada en la satisfacción de necesidades básicas, evitando crear un régimen que incentive a los migrantes a intentar cruces fronterizos letales, ello se debe a una lógica de gobierno más amplia delineada por el propio Foucault: una forma de administración de colectividades humanas, no necesariamente confinada a una forma estatal o no estatal en particular, que incorpora el cálculo político al tiempo que encarna una crítica de los regímenes fronterizos en nombre del principio moral supremo de proteger la vida. Más que presuponer actos institucionales perfectamente coordinados, es mejor pensar en un “complejo ensamblaje” de lógicas humanitarias, formas de autoridad (médica, legal, espiritual) y mecanismos para la recaudación de fondos, la administración del auxilio o la documentación y denuncia de injusticias (Walters, 2011: 143, citando a Fassin, 2007: 151).
Aunque el humanitarismo aparezca así como algo más heterogéneo, ambivalente e impredecible, caracterizado por una multiplicidad de sitios de protesta e impugnación, para Walters no deja de situarse en una “tensa relación de apoyo mutuo” con la militarización y la gobernanza oficial de las migraciones. Raramente fuera de la “matriz institucional del régimen fronterizo contemporáneo”, muchas organizaciones humanitarias “participan en asuntos de administración cotidiana” e incluso, reproducen en su seno los efectos y prácticas del control migratorio (Walters, 2011: 147, 154-155). Esta conclusión no sorprende si consideramos que, a pesar del énfasis de Foucault en la multiplicidad y la relacionalidad del poder, con la “resistencia” como algo inherente al mismo (Foucault, 2011: 88-90), lo que varían son las técnicas y las tácticas de dominación; la última, sin embargo, “es la constante” (De Genova, 2010: 43).
El humanitarismo en lo concreto
La historia, estructura, fuentes de financiamiento y estrategias de acción de los grupos e instituciones del “humanitarismo”, así como sus diversos fines organizacionales y alianzas con otras organizaciones y autoridades públicas, son difícilmente reductibles a una función única en algún régimen migratorio determinado. Aquí llamaremos “agentes humanitarios” al conjunto de instituciones, asociaciones civiles y colectivos, nacionales e internacionales, cuyos fines incluyen apoyar y representar los intereses de los migrantes. Las actividades y fines de estos agentes se fundamentan en la exigencia de validez universal de los derechos humanos con el objetivo de proteger a esta población vulnerable. Estas demandas normalmente son dirigidas a las autoridades de los Estados de los países expulsores, de tránsito o de destino, las cuales deberían ser las responsables de la garantía y protección de dichos derechos, ya que muchas veces son sus agentes los que violan, sistemática o estratégicamente, los derechos de los migrantes.
Preferimos definir a los agentes humanitarios por las funciones que realizan, independientemente de que se ubiquen en la esfera de lo privado, lo público o su interfaz. Las relaciones que establecen entre sí los agentes civiles y estatales son complejas y cambiantes en el tiempo: van desde la denuncia y oposición hasta el entendimiento y la colaboración, pasando por el financiamiento y prestación mutua de servicios. Así, consideramos conveniente observarlos insertos en una compleja red de cooperación, intercambio y conflicto -con dimensiones locales, regionales e (inter)nacionales-.
Ellos dedican buena parte de su tiempo a la provisión de bienes y servicios: alimentación, alojamiento o educación, asistencia médica, ayuda financiera, orientación o asesoría laboral y representación legales, así como también a los servicios de integración en la sociedad receptora e, incluso, servicios políticos y de movilización contestataria. Dirigir la atención a los agentes en estos términos significa ocuparse del humanitarismo como entidad concreta mediante algunas de sus prácticas. Contextualmente específica, la variación en la acción pública de estos actores puede también examinarse mediante el empleo de la noción de modos de gobernanza; esto es, mecanismos institucionales para la provisión de bienes y servicios colectivos, cada uno caracterizado por un cuerpo de reglas formales y prácticas con sus propias formas de autoridad y legitimidad (Olivier de Sardan, 2014: 420-421). Empleando el concepto de manera empíricamente abierta -no vinculada con la idea de producción de “sujetos gobernables” de la teoría política-, podemos identificar heurísticamente distintos modos de gobernanza: asociativo (asociaciones civiles), proyectista (organizaciones internacionales y sus proyectos de ayuda), burocrático (servicios estatales), municipal (servicios provistos por gobiernos locales) y político-contestatario (colectivos y redes de activistas).
Como tipos ideales, estas modalidades son imposibles de encontrar en aislamiento. Por el contrario, aparecen inextricablemente vinculadas entre sí e incluso fusionadas, pues los albergues de migrantes y asociaciones locales en Tijuana reciben recursos y ayuda logística de organizaciones internacionales; o, en Alemania, las organizaciones no gubernamentales (ONG) obtienen financiamiento de fondos federales, estatales, europeos o eclesiales, dependiendo del servicio o proyecto que desarrollen. Asimismo, pueden combinarse con servicios estatales y municipales a lo largo del tiempo, aunque también competir por posicionamientos público-políticos y fuentes para financiarse. Este hecho tiene efectos en las relaciones que las organizaciones humanitarias establecen con los gobiernos y los organismos internacionales, manifiestos en la intensidad y profundidad de las críticas y denuncias.
Si las contiendas demarcan el campo de acción del humanitarismo (Walters, 2011: 155-156), sus dimensiones políticas no se agotan en la dominación. Nuestro empleo de la “gobernanza” toma en cuenta la naturaleza inherentemente política de la provisión de bienes y servicios. Ésta tiene una importancia y unos significados que van más allá de lo que se provee, pues puede interpretarse como un signo de aceptación de responsabilidades del estado o de determinadas asociaciones civiles -incluso lo que cuenta como “bien colectivo”, y quién lo merece, está sujeto a disputas en diferentes contextos (Olivier de Sardan, 2014: 400).
El material empírico sobre los demandantes de asilo en Alemania proviene de una investigación en curso de Marco Estrada sobre la denominada “cultura de la hospitalidad”, que emergió en el verano de 2015 para acoger a los refugiados que llegaban al país. La pregunta central de este proyecto -cómo se construye la solidaridad con esta población y qué estrategias despliegan los refugiados para integrarse a la sociedad- requiere una etnografía de los grupos solidarios y de los espacios de interacción entre refugiados y autoridades, así como entrevistas con diferentes informantes. Como voluntario en dos de dichos grupos solidarios, Estrada participó en diferentes actividades públicas como eventos informativos, manifestaciones, fiestas o talleres, ayudando a los refugiados a resolver sus tareas de alemán o en diversas gestiones en oficinas públicas y organismos sin fines de lucro.1
Lo anterior sugiere que los investigadores no podemos ser actores totalmente externos a las organizaciones y a los ámbitos de práctica cotidiana objeto de nuestro interés. El material aportado por Alejandro Agudo proviene del trabajo de campo realizado en distintos periodos durante tres años (2017-2020) como parte de otro proyecto de investigación cuyas actividades incluyen la redacción, presentación y discusión de resultados con integrantes de organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y grupos de defensores de migrantes en la frontera México-Estados Unidos.2 El componente práctico de este proyecto, orientado a examinar las múltiples dimensiones políticas, legales y humanitarias de la gestión de las migraciones en las fronteras contemporáneas, también ha incluido el desempeño de trabajo voluntario en esas asociaciones. Tanto los coordinadores del proyecto como los estudiantes de posgrado participantes han colaborado en las cocinas y refectorios de algunos albergues para migrantes, asistiendo a las trabajadoras sociales encargadas de proporcionar orientación y asistencia laboral en uno de ellos y organizando actividades educativas y recreativas para niños y niñas en otro. También se ha acompañado a funcionarios públicos, abogados, trabajadores de derechos humanos y activistas en sus rutinas diarias, asistiendo a los activistas legales en las asesorías jurídicas a los solicitantes de asilo.
Así, las etnografías de organizaciones y grupos solidarios se realizan mediante la “comprensión participante” (Mikkelsen, 1995) en los espacios de interacción entre sus integrantes y aquellos a quienes defienden y prestan servicios, incluyendo asimismo entrevistas con algunas de estas personas. Pese a las diferencias en la escala y la naturaleza de las prácticas humanitarias entre Alemania y la frontera México-Estados Unidos, las comparaciones entre ambos contextos son posibles gracias al empleo de los mismos métodos y conceptos analíticos. Nuestro trabajo supone un programa de investigación futura basado en sucesivos niveles de comparación (Bierschenk y Olivier de Sardan, 2014: 21-22): a) comparación multilocalizada, realizada en el trabajo de campo; b) basada en afinidades regionales o temáticas en contextos locales o nacionales similares, y c) entre contextos histórico-espaciales muy diferentes pero caracterizados por procesos similares (por ejemplo, la provisión de bienes por parte de organizaciones como Amnistía Internacional en México y en Alemania).
Esto sugiere una robusta base para la comparación, proporcionada por “objetos transversales” (Espagne, 2012; citado en Bierschenk y Olivier de Sardan, 2014: 21). En nuestro caso, burocracias, instituciones y organizaciones resultantes de procesos de difusión, transferencia y globalización acaecidos en el pasado, pero con mayor intensidad en las últimas décadas. En relación con ello, fenómenos como las movilidades humanas vinculadas con el desplazamiento forzado, la migración o el asilo no pueden ser comprendidos conforme a dicotomías estrictas como “Norte/Sur” ni en aislamiento, lo cual llama al fin del fuerte sesgo solitario que caracteriza a disciplinas como la antropología.
Inclusiones asimétricas del humanitarismo
La provisión de servicios en Alemania tiene lugar en el contexto de un régimen de movilidades humanas en el que operan burocracias federales, estatales y comunales, organismos de beneficencia eclesiales y laicos, ONG locales y regionales, asociaciones civiles de voluntariado y colectivos políticos (Ther, 2018: 351-368; Plamper, 2019). Estos grupos e instituciones aplican diversos programas europeos, nacionales y estatales, así como proyectos locales autogestionados o parcialmente financiados con fondos privados y públicos, todos ellos dirigidos a gestionar necesidades y derechos de la población solicitante de asilo, refugiada y migrante con una residencia legal, irregular o en riesgo de deportación.
Destacaremos dos agentes cuyo servicios revelan la complejidad del humanitarismo: el Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein (Consejo de refugiados de Schleswig-Holstein, en lo sucesivo FR-SH) y el Solizentrum (Centro de Solidaridad). El primero tiene su sede en Kiel, la capital del estado, y el segundo se ubica en Lübeck, la segunda ciudad más grande de Schleswig-Holstein. Su tipo de gobernanza correspondiente es, respectivamente, proyectista y político-contestatario.
El FR-SH fue fundado en 1991 como una asociación civil sin fines de lucro.3 El Consejo surge de la unión de diversos actores colectivos solidarios con refugiados, que existían local pero desarticuladamente en todo el estado. Se trataba de pequeños grupos de comunidades luteranas, colectivos de estudiantes, activistas y de Amnistía Internacional.
Inicialmente, la tarea del FR-SH consistió en ser un espacio de intercambio de información y experiencias en el trabajo humanitario. Asimismo, buscaba posicionar los temas refugio y migración en la opinión pública local mediante campañas informativas y políticas. Hacia mediados de los años noventa, su trabajo consistió en organizar talleres y seminarios sobre migración, la ley y el proceso de asilo, las condiciones de vida de los refugiados o el racismo. Gracias a un cambio en el gobierno de Schleswig-Holstein, en 1996, la nueva coalición gobernante de socialdemócratas y verdes se apoyó en el “conocimiento experto” del Consejo para delinear su política local de migración y asilo, lo que le permitió establecer una relación institucional con el gobierno, recibir fondos para financiar diferentes proyectos y, a la larga, empezar a vincularse con instituciones federales y europeas. Con el tiempo, lo anterior obligó al FR-SH a profesionalizarse, reorganizarse y empezar a contratar personal hasta contar, actualmente, con alrededor de media centena de colaboradores asalariados.
No obstante, sin dejar de atender los temas clásicos de la solidaridad (el acompañamiento a los solicitantes durante el proceso de asilo, la denuncia de las condiciones de vida en los albergues y centros de detención preventiva con fines de expulsión), en los primeros años de la década del 2000 el Consejo comenzó a tomar conciencia de la complejidad de las necesidades de esta población en medio de un clima político, mediático y social en contra de la migración. Así, reorganizó sus estructuras para concentrar parte de sus esfuerzos en la integración social y laboral de los refugiados y migrantes en Alemania.
La Unión Europea (UE) decidió que el Consejo se ocupara de implementar, en coordinación con otros organismos e instituciones, el programa Equal en Schleswig-Holstein, concebido para reintegrar a las personas desempleadas al mercado de trabajo. Y en esa posición, el Consejo consiguió que se considerara incluso a los refugiados, con perspectivas inseguras de estancia legal en el país, también como beneficiarios de dicho programa. La idea detrás de este proyecto y otros semejantes que coordina el Consejo o en los que participa,4 es que la integración y autonomía de esta población dependen del aprendizaje del alemán y su ingreso al mercado laboral.
Asimismo, entre los bienes y servicios que ofrece el FR-SH se encuentran los dirigidos a otros agentes humanitarios locales. Se trata de talleres, seminarios y cursos, tanto para especialistas (abogados, trabajadores sociales, empleados públicos) como para voluntarios y activistas. Su objetivo es el desarrollo de capacidades de interacción y comunicación intercultural, la información y actualización sobre los cambios legales en la materia, la definición de estrategias contra el acoso de grupos ultranacionalistas, la solicitud de recursos públicos para el financiamiento de proyectos, etcétera. Igualmente, con su programa Souverän,5 el Consejo fortalece las capacidades de empoderamiento de las organizaciones de migrantes mediante cursos, talleres y asesorías especializadas y su vinculación con instituciones públicas nacionales e internacionales y otras instancias de financiación. Finalmente, el Consejo también ofrece consultorías a los tomadores de decisiones en el gobierno y en la administración pública estatales.
A pesar de su creciente profesionalización, el FR-SH ha mantenido un perfil político característico del trabajo voluntario y activista de las décadas anteriores. Esto puede considerarse como parte de sus bienes y servicios colectivos: la defensa y representación de los intereses de los refugiados y los migrantes mediante la organización de eventos interculturales, campañas informativas y campañas políticas de movilización de protesta contra acciones y políticas estatales, nacionales o europeas.
En resumen, el trabajo humanitario del Consejo se caracteriza por difuminar las fronteras entre lo local, lo nacional y lo estatal, entre lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil. Estructuralmente, lo anterior es resultado del creciente proceso de integración de la Unión Europea, gracias al cual las fronteras nacionales internas dejan de ser controladas para facilitar el tránsito de personas, bienes y capital (Acuerdo de Schengen); y la legislación nacional de asilo empezó a converger con las normas de la Convención Europea de los Derechos Humanos y las regulaciones del Acuerdo de Dublín (Herbert, 2017; Betts y Collier, 2017). Esta difuminación también es producto de que muchos proyectos sociales y de integración son promovidos, monitoreados y financiados con fondos europeos e implican lógicas de cooperación y coordinación entre instituciones locales, estatales y/o nacionales y agentes de la “sociedad civil”. Finalmente, la forma de lo político, propia del Consejo, se manifiesta en el hecho de la facultad para tomar decisiones sobre quién recibe qué servicios y bienes (incluyendo el derecho al asilo) y cómo se gestiona esa decisión. Las querellas por el presupuesto (su volumen) y su destino son contiendas, a la vez, por la inclusión y una idea de sociedad postnacional que quiere avanzar.
Ocupémonos del Solizentrum.6 Su historia data de la fundación, en 1978, de un espacio contracultural de izquierda autónoma conocido como Walli. Se concibió como un centro autogestionado de manera democrática, con variedad en su oferta cultural, políticamente activo y cercano a los movimientos sociales como el feminista, el pacifista o el ambientalista.
El 18 de enero de 1996 un atentado terrorista provocó un incendio en un albergue de refugiados en Lübeck, debido al cual murieron 10 personas y 38 más resultaron heridas. El ataque criminal fue uno más de los muchos que venían ocurriendo a raíz de la reunificación alemana, en medio de un clima de creciente nacionalismo, xenofobia y endurecimiento de las leyes de asilo en Alemania.
Como reacción a este hecho, surgió el colectivo Flüchtlingsforum (Foro de los refugiados) en el Walli. Su objetivo ha consistido en luchar por los derechos de los refugiados, informar a la opinión pública en torno a su situación legal, sus condiciones de vida y la política de migración alemana y europea. Nueve años después, el Foro y el Walli se enfrentaron al mayor de sus desafíos en su historia cuando, a partir de la segunda semana de septiembre de 2015, empezaron a arribar, diariamente, cientos de “refugiados en tránsito” a Lübeck, huyendo de los conflictos armados en Medio Oriente y África, cuyo destino eran los países escandinavos. El gobierno local se vio desbordado por su presencia. Entonces, el Foro reconoció la gravedad de la situación y decidió enfrentarla abriendo las puertas del centro a los trashumantes y asumió la coordinación de las acciones improvisadas de apoyo formando brigadas de trabajo.
Los recién llegados eran conducidos al Walli y recibían atención en la estación médica creada ex profeso. En seguida, los activistas del “puesto de información” les proporcionaban información diversa en alemán, inglés, árabe, persa y farsi. En este puesto se registraban también a los cientos de voluntarios que se presentaban a prestar su ayuda en los diferentes equipos y colectivos de trabajo. Muchos migrantes residentes en Lübeck -a veces exrefugiados- colaboraban como traductores de las lenguas del Oriente Medio al alemán. Y para la coordinación de todas las actividades se creó la “oficina de información”. Las redes sociales asumieron un papel central en la comunicación con la población y los voluntarios. A través de Facebook la oficina notificaba qué recursos se necesitaban (agua, artículos de higiene y aseo personal, víveres, etcétera) o qué trabajos debían realizarse.
Los antiguos colectivos del centro cultural que gestionan el café, el bar y la sala de conciertos se encargaron de preparar comida -hasta 300 raciones por día- y acondicionar espacios para descansar y pernoctar -hasta 200 por noche-. Lo anterior significó una renovación urgente de sus instalaciones e inmuebles, la cual fue asumida por trabajadores (carpinteros, electricistas, plomeros) y autónomos. El financiamiento provino de los donativos que se obtuvieron mediante una campaña difundida en internet y lo que empresarios de la construcción locales aportaron en materiales y herramientas. Como la capacidad de hospedaje del Walli era reducida, los autónomos ocuparon un edificio vecino que era propiedad del gobierno de la ciudad.
La oficina de información también se encargó de recibir las donaciones en metálico para financiar los pasajes de ferry con destino a Suecia y Finlandia que zarpaban del puerto de Travemünde, cercano a Lübeck. Como el gobierno danés había cerrado el paso por la frontera terrestre con Alemania, la única opción para transportarse a los países escandinavos era la vía marítima; y esta ruta permaneció abierta hasta el 11 de noviembre de 2015.
El cierre de las fronteras escandinavas (y de la frontera sur alemana en marzo del siguiente año) marcó el fin del estado de excepción en que la “crisis de refugiados” colocó a la ciudad. Sin embargo, los izquierdistas decidieron continuar su solidaridad con ellos fundando el Solizentrum, el 6 de diciembre de 2015, en el inmueble vecino ocupado semanas antes.
Así, el Walli se adaptó a las nuevas necesidades de los refugiados, quienes esperaban, en Lübeck, la resolución de su solicitud de asilo. Los autónomos crearon 12 nuevos colectivos para apoyarlos resolviendo sus dudas y problemas cotidianos relativos a su situación de asilados, solicitantes de asilo o rechazados como candidatos al asilo; los ayudan a encontrar un piso, a aprender el idioma alemán, cuidando a los menores de edad, reparando bicicletas, haciendo deporte, cocinando y celebrando fiestas y además proveerlos, de manera gratuita, de ropa, muebles, utensilios de vajilla y otros enseres, así como también organizando eventos informativos y políticos relacionados con su situación o simplemente asistiendo al café de mujeres o al bar para jóvenes.
En resumen, el modo de gobernanza del Solizentrum es político-contestatario. El Centro ofrece a los refugiados bienes y servicios que están orientados a politizar su situación en varios sentidos. Primero, como una forma de protesta en contra de las autoridades alemanas y europeas por distinguir a los migrantes en dos grupos: uno como digno de la protección de la ley de asilo, y otro como migrante laboral ilegal; y segundo, porque tematizan en el espacio público la situación de los refugiados y le exigen al Estado y a la UE que asuman su corresponsabilidad en los orígenes de los conflictos armados en las regiones vecinas de Europa, en la venta de armamento y equipo militar, en sus relaciones políticas y comerciales con dictaduras o en la imposición de acuerdos comerciales desventajosos para los países pobres que se traducen en el desmantelamiento de la industria y las economías locales y en la migración de parte de la población desempleada (Jakob y Schlindwein, 2017). Y, en tercer lugar, los autónomos buscan politizar y concientizar a los mismos refugiados, por medio de su inclusión en la toma de decisiones del Centro y la autogestión de los bienes y servicios, con el fin de empoderarlos políticamente. Así, la forma de lo político del Centro cuestiona el derecho estatal de excluir personas y poblaciones por no ser parte de la nación, de privarlas de derechos y reducirlas a meros recursos humanos útiles (o no) a las necesidades actuales del mercado laboral.
Configuración de modos humanitarios y burocráticos de gobernanza en la frontera México-Estados Unidos
La provisión de servicios en la frontera norte de México está circunscrita por un gobierno de las movilidades humanas caracterizado por mecanismos de tercerización de controles migratorios como las “zonas de amortiguamiento”, el reasentamiento y el retorno asistido. Este gobierno de la migración funciona a nivel local mediante una compleja configuración de modalidades burocráticas para la administración del asilo, en la cual participan instituciones dependientes de la Secretaría de Gobernación de México orientadas a la asistencia humanitaria para migrantes. Entre ellas figuran los Grupos Beta, adscritos al Instituto Nacional de Migración (INM), consistentes en brigadas de servidores públicos dedicadas “a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes” que transitan por el territorio nacional, así como a la provisión de orientación y primeros auxilios a los mismos.7
Las prácticas de los Grupos Beta en las ciudades fronterizas de Baja California distan de estas normas oficiales, vinculándose con acciones de control migratorio impulsadas por los acuerdos binacionales de carácter tanto formal como irregular. Entre ellos se incluye un sistema de “turnos” para solicitar asilo, gestionado de forma discrecional en conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. A quienes acuden cada mañana a puestos fronterizos como El Chaparral, en Tijuana, se les asigna un número en una lista de espera que los obliga a aguardar durante meses a que llegue su turno. Cuando esto sucede, los solicitantes de asilo son conducidos por los agentes del Grupo Beta ante los oficiales de la CBP en el puerto de entrada a la Unión Americana.
Las autoridades estadounidenses niegan públicamente la existencia de dicha lista de espera, pero en realidad, este mecanismo comenzó a emplearse en 2016 en Tijuana por iniciativa de las autoridades mexicanas para gestionar la creciente afluencia de personas, procedentes sobre todo de Haití, que buscaban obtener asilo en Estados Unidos (Agudo Sanchíz, 2019: 90). Actualmente, opera en todos los puertos de entrada en la frontera norte de México, aunque existe una diversidad de acuerdos locales para su gestión. La política transnacional para el trámite migratorio es entonces construida mediante la colaboración entre las contrapartes burocráticas de México y Estados Unidos -INM-Grupo Beta y CBP-, así como también por medio de variables redes y arreglos entre actores pertenecientes a distintas formas locales de gobernanza. Cuando finalmente son conducidos ante los oficiales de la CBP en el puerto de entrada, a los solicitantes de asilo les espera un periodo de reclusión de entre dos días y tres semanas en prisiones conocidas como “hieleras”, por las bajas temperaturas a las que se les somete, a la espera de que los oficiales estadounidenses les comuniquen cuándo será su primera audiencia ante una corte migratoria.
Como parte de una serie de medidas conocidas como Migrant Protection Protocols (MPP), acordadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobierno mexicano, el Plan Quédate en México empezó a implementarse en Tijuana en enero de 2019, y ocho meses después se extendió a otras ciudades fronterizas. Dicho Plan obliga a las personas provenientes de terceros países a permanecer en el territorio mexicano mientras dura su proceso de asilo.8 Mientras que el gobierno de México se compromete a “proporcionar a estas personas las protecciones humanitarias apropiadas durante su estancia” en el país.9 A quienes se encuentran sujetos al esquema MPP se les hace entrega de un documento que regula su ingreso a México en calidad de “retornados”, aunque no les permite trabajar legalmente en el país. En estas condiciones, deben esperar varias semanas mientras llega la primera cita en Estados Unidos. Cuando finalmente se presenta ante la corte, el solicitante de asilo suele acudir sin abogado, y el juez le otorga otro periodo para que consiga uno. Así llega a la segunda cita y cuantas más ordenen los jueces de migración, en un proceso que puede durar años. En agosto de 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abrió una subdelegación en Tijuana para atender el creciente número de solicitudes de refugio en México, vistas por muchos como paso previo o alternativa obligada al difícil asilo en Estados Unidos.10
Así, el “momento militaro-humanitario” (Fassin, 2007: 155) experimentado en ciudades fronterizas como Tijuana puede comprenderse mediante el examen de las variantes de un modo burocrático de gobernanza, el cual opera para procesar solicitudes de asilo según una amalgama de normas que entran en conflicto con los marcos jurídicos por los que se rigen las organizaciones humanitarias, aunque también juegan con sus límites y contradicciones. Los MPP y las listas de espera pretenden eludir el principio de no devolución -que incluye el no rechazo en la frontera- de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Paradójicamente, de esta Convención también surgió la categoría de “tercer país seguro”, la cual ofrece una vía de escape a la regla de no devolución al admitir la posibilidad de que el país de destino remita a los refugiados a otro país al que considere capaz de darles las mismas atenciones.
Los MPP representan la culminación de una prolongada historia de barreras físicas, jurídicas y políticas que ha moldeado la intervención de organizaciones humanitarias en el cambiante ámbito fronterizo de ciudades como Tijuana. Los desplazados por la violencia interna en México empezaron a llegar a la frontera norte desde la primera década del siglo XXI, confluyendo con un creciente flujo de deportados de Estados Unidos desde los ataques terroristas de septiembre de 2001. A partir de 2008, con la crisis financiera internacional y el declive del mercado laboral en ese país, el gobierno del presidente Barack Obama emprendió una agresiva política antiinmigratoria que culminó con alrededor de 2,500,000 personas deportadas. Asimismo, en 2016 la administración de Obama canceló las visas humanitarias que venía concediendo a las personas de nacionalidad haitiana tras el terremoto que asoló al país caribeño en 2010. Este brusco giro en la política de acogida estadounidense dejó a miles de haitianos varados en Tijuana, carentes de espacios dónde vivir y trabajar, lo cual suscitó un gran apoyo por parte de distintos sectores de la sociedad tijuanense, incluyendo a diversas asociaciones civiles y albergues. Incluso se crearon nuevos grupos dispuestos a proporcionar asistencia a la población haitiana, como los conformados por ONG y académicos de varias instituciones locales, que se englobaron en el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria de Tijuana. Este último se constituyó en un importante espacio de experiencia y aprendizaje para las y los integrantes de algunas de las organizaciones ahora más activas en la ciudad, que se organizaron para atender a la población haitiana ante la parálisis general de los gobiernos municipal y estatal -un episodio que recuerda al papel desempeñado en 2015 por el Walli en la ciudad alemana de Lübeck-.
Una nueva etapa en la intensificación y diversificación del humanitarismo en Tijuana tuvo lugar entre marzo de 2017 y noviembre de 2018, cuando llegaron diversas caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban cruzar la frontera con Estados Unidos. Miles de personas procedentes Honduras y El Salvador se organizaron en una entidad colectiva que decidió transitar como grupo para reducir su vulnerabilidad a lo largo de la ruta migratoria. Dos de estas caravanas estuvieron acompañadas por activistas de Pueblo Sin Fronteras, una organización transfronteriza de defensores de derechos humanos de diversos estatus migratorios y nacionalidades, cuyos objetivos incluyen “el desarrollo de liderazgos” y “el acompañamiento” de las personas a lo largo de sus rutas migratorias.11 Tras la llegada de los migrantes centroamericanos a Tijuana, los activistas los asistieron en la organización de marchas y plantones frente a las oficinas gubernamentales para demandar la expedición de visas humanitarias, así como en la emisión de comunicados de prensa para denunciar los abusos sufridos por los integrantes de las caravanas a manos de la policía municipal y otras autoridades.
Estos servicios políticos de movilización contestataria coexisten con los legales para solicitantes de asilo, así como con los servicios de reasentamiento e integración en los lugares de origen o de tránsito, intensificados ante la transferencia de controles migratorios y obligaciones de protección internacional a México. A continuación analizaremos el caso de una organización transfronteriza de servicios legales y, en el último apartado, el de un albergue religioso perteneciente a una asociación civil de alcance regional. Sin abandonar del todo el modo de gobernanza al que pertenecen -proyectista y asociativo, respectivamente-, la ONG de apoyo legal y el albergue entran en complejas configuraciones de coprovisión de servicios orientados, en gran medida, a incrementar la autonomía relativa de migrantes en espacios fronterizos convertidos en destinos forzados o zonas de espera indefinida.12
La frontera de los servicios legales
Algunas de las organizaciones de servicios legales con presencia en Tijuana tienen vínculos con Asylum Access o reproducen el modelo de esta organización internacional, dedicada a dfender los derechos de las personas refugiadas mediante su “empoderamiento legal” -proporcionándoles “las herramientas para abogar por sí mismas”- y el trabajo de incidencia en las políticas públicas de los gobiernos nacionales.13 Las asesorías legales proporcionadas tienen como objetivo que los solicitantes de asilo “puedan armar sus casos” y defenderlos frente a las autoridades migratorias. Parte de esta orientación se destina a la “entrevista de temor creíble”, en la que el solicitante habrá de saber qué responder para tener mayor posibilidad de convencer a los oficiales y jueces estadounidenses del peligro que enfrenta en su país de origen.
Nos ocuparemos ahora de la sede de una de esas organizaciones en Tijuana. Anunciada en su sitio de internet como “binacional”, se trata en realidad de una ONG de Estados Unidos que lleva a cabo campañas o proyectos en la frontera norte de México. Su membresía, típicamente difusa, oscila entre una constelación de voluntarios irregulares u ocasionales y un núcleo estable de abogados y coordinadores, la mayoría estadounidenses, que han de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos institucionales y las realidades de su trabajo. Tras mencionar que la lista de espera en El Chaparral es “ilegal”, durante un taller para solicitantes de asilo, una abogada de la organización aclaraba que “ninguna persona debería pasar por ella, pero por el momento no hay más remedio que seguir la lista”, mencionando las distintas etapas del proceso legal -incluyendo el confinamiento en la “hielera”-, y anunciando que “algunos jueces van a preguntarles si tienen miedo de regresar a sus países; no digan que no, digan: ‘tengo miedo de regresar a mi país y quiero solicitar asilo’. Recuerden, les van a hacer la entrevista de miedo creíble; pero el gobierno de los Estados Unidos piensa que todos ustedes mienten; por eso, ustedes tienen la tarea de pensar sus propios casos para proponerlos”.14
Todas las personas atendidas son consideradas “demandantes de asilo” y, tanto en los manuales como en las sesiones de capacitación, se conmina a los voluntarios a abstenerse de emplear otras categorías y “evitar hacer suposiciones”. En contraste con las clasificaciones empleadas por los burócratas estatales en Estados Unidos, aquí existe una fuerte orientación contra el desarrollo de cualquier “teoría personal de la conducta de los clientes” que pueda excluir a parte de la población de los servicios mínimos (Lipsky, 2010: 141-142). Todos tienen derecho a que sus casos sean registrados y retroalimentados, incluso aunque puedan considerarse inviables bajo los criterios de la ley de asilo estadounidense. En tales situaciones sigue rigiendo el principio profesional compartido de la honestidad, y los asesores legales le preguntan a los interesados si desean ser canalizados a organizaciones aliadas que les ofrezcan orientación y recursos para el reasentamiento interno -o, en caso de ser extranjeros-, para la obtención de estatus legal en México. Antes de llegar a estas recomendaciones, los asesores consideran todos los detalles del caso para sugerir al solicitante de asilo un repertorio lo más amplio posible de opciones de estancia legal en Estados Unidos.
No obstante, pese al ofrecimiento de alternativas a situaciones particulares, existe una auto-limitación de responsabilidades que permite a los coordinadores resolver el problema de qué tipo de organización están gestionando. En una de las reuniones con la que culminaban las jornadas de trabajo, no exentas de cierto componente de terapia grupal, la coordinadora de voluntarios reiteró que
el enfoque de nuestro trabajo es legal, no humanitario ni psicológico. Por supuesto, muchas de las personas que pasan a diario por nuestras asesorías legales tienen traumas, pero de momento no disponemos de herramientas ni de especialistas -por ejemplo, en psicoterapia- para lidiar con sus casos de otra forma que no sea la legal. Nos encantaría tener voluntarios con esta experiencia y este perfil, pero de momento no es posible.15
Desde la perspectiva del gobierno humanitario de la migración, la variación en la extensión de la ayuda como complemento del control fronterizo obedece, en parte, a la economía moral y política de las ONG, que “han de tomar decisiones estratégicas sobre qué problemas publicitarán, cuáles situaciones de injusticia politizarán y cuáles experiencias de sufrimiento humano buscarán aliviar” (Walters, 2011: 147). Según el enfoque privilegiado aquí, la reiteración de objetivos organizacionales aparece como un doble “mecanismo de defensa”: frente a las demandas de los clientes y frente al desánimo de los trabajadores ante la distancia entre expectativas y capacidades percibidas (Lipsky, 2010: 147-148).
Existen otras razones por las que las organizaciones manifiestan tanto sus orientaciones como los costos de sus decisiones. En este caso, aseverar que lo legal tiene primacía sobre lo humanitario promete resultados no alcanzados por otras organizaciones con metas más difusas. Las ONG internacionales pueden disponer de unidades especializadas en litigio o coaligarse con otras organizaciones de reforma legal para emprender acciones conjuntas como, por ejemplo, demandas contra las políticas migratorias de Estados Unidos. Si bien promete mayor eficiencia, la especialización dispensa a algunos trabajadores de desarrollar habilidades que podrían ser necesarias en determinadas circunstancias (Lipsky, 2010: 146-147). Aunque traten de ser en extremo cuidadosos en sus asesorías, los abogados pueden carecer de experiencia para lidiar con las consecuencias emocionales de la violencia inherente a la figura del asilo, cuyos criterios y procesos legales retraumatizan a los sujetos haciéndolos revivir las agresiones sufridas bajo la obligación de demostrar que han sido víctimas de ellas.
Uno de los principales obstáculos enfrentados durante las asesorías se manifiesta cuando los potenciales solicitantes de asilo dicen desconocer por qué sus agresores -policías, grupos armados, integrantes del crimen organizado- los atacaron o amenazaron a ellos en lugar de a otras personas, pues ésta es la pregunta más importante de la entrevista de temor creíble a la hora de establecer una causal de asilo. Asimismo, los entrevistados desconocen que “tarde o temprano me encontrarán” es una respuesta insuficiente a la pregunta de si han pensado reasentarse en otro lugar dentro de su propio país, pues han de justificar exactamente cómo o por qué sus agresores podrían localizarlos en sus nuevos destinos.
La obligación de interpretar las experiencias de los solicitantes de asilo en términos de la ley estadounidense -mediante su instrumento clave de la entrevista de temor creíble- dificulta la traducción entre prácticas y normas. La brecha entre ellas parece particularmente insalvable en el caso de individuos o familias que, desplazados por la violencia en sus lugares de origen, han vuelto a sufrir secuestros, extorsiones y amenazas en la frontera norte de México, incluso antes de encontrarse con el escollo de la lista de espera. Mientras que tanto la persona entrevistada como el entrevistador voluntario se preocupa por enfatizar estas circunstancias como factor adicional en los casos de asilo, “apelando” a los abogados asesores para que consideren las “pruebas” correspondientes, para éstos no parecen tener demasiado peso en sus diagnósticos sobre la viabilidad de las solicitudes.
Lo anterior da pie a roles y situaciones ambiguas en las que, ante los ojos de los potenciales solicitantes de asilo, los asesores legales de la ONG aparecen como autoridades a cargo de evaluar las solicitudes en la antesala fronteriza de Tijuana, engranadas con los mecanismos de la lista de espera y los MPP. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, los abogados de la organización han de reconciliar la realidad empírica de los sujetos con la realidad de la ley en aras del mejor resultado posible -obstaculizado, quizá, al cuestionar implícitamente el propio esquema MPP mediante el énfasis en las amenazas sufridas por los solicitantes de asilo en Tijuana-.
Al reducir las tensiones entre los ideales institucionales y las condiciones reales, la especialización constituye una defensa más de los proveedores frente a sus enrarecidos mundos de servicio (Lipsky, 2010: 146). Mientras que la especificidad de tareas resuelve ciertos problemas para los trabajadores y sus organizaciones, puede que éste y otros mecanismos de adaptación contribuyan a la distorsión del ideal de voluntariado. Los destinatarios del servicio pueden percibir al activista en la posición de manipular al público en nombre de la institución de la que buscan ayuda. Una mujer hondureña que había recibido los servicios de asesoría de la organización discutida aquí sentenció que: “lo que hacen ahí es una forma racista de convencerla a una de que no intente cruzar a Estados Unidos”.
Resulta inevitable que algunas personas perciban la franqueza de los abogados sobre las posibilidades de asilo en Estados Unidos como una pieza más del complejo de gestión migratoria en la frontera norte de México, destinado a desincentivar y obstaculizar el proceso de solicitud. Sin ser ésta la intención de los activistas legales estadounidenses, un enfoque neofoucaultiano nos llevaría a la conclusión de que los efectos del control migratorio se manifiestan en un nivel “molecular”, materializándose en el seno de “las instituciones y prácticas del gobierno humanitario” (Walters, 2011: 147). Sin embargo, la mencionada queja de la mujer hondureña tiene otra lectura, ya que los migrantes evalúan lo que se les ofrece en términos de servicios y las posibilidades de demandar atención a sus necesidades específicas; comparan y eligen entre distintos actores que ofrecen servicios similares, negociando sus biografías personales con la asesoría de quienes los ayuden a encontrar los términos adecuados para exponer sus casos. Algunos abogados mexicanos han asesorado a las mismas personas que pasaron por la organización descrita, sugiriendo la posibilidad de considerar sus circunstancias de manera más personalizada, menos esquemática o no tan apegada al formulario de la entrevista de miedo creíble, para asistirlos en el propósito de armar un caso de asilo con mayores probabilidades de éxito.
No obstante, pese a estas diferencias en las modalidades de provisión de servicios entre los diversos actores y organizaciones, cabe reconocer cuán difícil es que los especialistas, intermediarios y operadores legales, puedan dominar por completo el enrevesado y ambiguo campo del derecho migratorio (Menjívar, 2006: 1000). A lo anterior habría que sumar una tensión, común en la cultura profesional del derecho, entre las dimensiones técnicas concretas y el panorama socio-jurídico completo de cada caso. Mientras que muchos litigantes son expertos en detectar los detalles de procedimiento y la mecánica jurídica del caso, el “espíritu” de lo que se juzga quedará en manos del juez. Al tener en cuenta esta característica de la cultura legal -más allá del campo laboral del derecho migratorio-, el problema gira en torno a la posibilidad de que el especialista tenga una concepción integral del cliente y de las alternativas disponibles para procesar su caso. Se trata de encontrar un equilibrio práctico entre, por un lado, las contradicciones de la especialización (cuando impide a los proveedores de servicios tener una visión de conjunto de su trabajo) y, por otro, los beneficios reportados por habilidades y orientaciones específicas que las organizaciones no pueden desarrollar en la totalidad de sus plantillas.
Comparación y discusión: configuraciones de provisión de servicios para la gestión de la (in)movilidad
A partir del contraste entre nuestras respectivas experiencias en México y Alemania, podemos observar que la complejidad en la gestión de la (in)movilidad se manifiesta también en los esfuerzos de los diversos agentes humanitarios por asegurar la estancia legal y protegida de los migrantes y los refugiados, procurando que su participación sea menos asimétrica en la vida económica, política y cultural de la sociedad receptora. No obstante, la gestión de la (in)movilidad en la frontera norte de México está circunscrita por un régimen fronterizo que fuerza a muchos a adoptar ciudades como Tijuana como destino forzado o no planeado, lo cual contrasta con la gestión del asilo en Alemania como destino deseado por una gran mayoría de refugiados y solicitantes. En este último caso, las “fronteras”, límites y espacios de (in)movilidad se extienden al interior del territorio estado-nacional de formas contrastantes con respecto al caso del desigual y abrasivo límite entre México y Estados Unidos.
En este caso, al ingresar los refugiados a Alemania, inician un proceso burocrático destinado a determinar la validez de sus razones para ser acogidos bajo la ley de asilo (Frings y Domke, 2017). Después de ser registrados y alojados, esperan ser entrevistados para exponer su caso y, posteriormente, recibir la resolución de su solicitud. Entre tanto, se benefician de diferentes prestaciones sociales (como hospedaje, ropa, artículos de higiene personal, utensilios de cocina, ropa de cama, tratamiento médico básico, alimentación y una mesada mensual). Si la resolución es positiva, el refugiado obtiene la posibilidad de trabajar y dejar el albergue en el caso de que consigan un piso propio en el muy saturado mercado inmobiliario. No obstante, la barrera del idioma y la discriminación dificultan lo anterior.
Los bienes y servicios públicos básicos se ven complementados por los provistos por los agentes humanitarios desde el primer día del ingreso del solicitante al país. Allí se encuentra, por ejemplo, la Cruz Roja alemana que se ocupa de su atención médica, pero también las ONG y los miembros de colectivos que les informan y asesoran, de manera independiente, antes de ser entrevistados por el personal de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados sobre las razones de su solicitud de asilo. En dichos centros, los agentes humanitarios civiles imparten clases de alemán,16 organizan encuentros entre migrantes y alemanes con el objetivo de que se conozcan, pierdan temores y prejuicios mutuos, así como también juntos emprenden excursiones y llevan a cabo toda suerte de actividades deportivas y recreativas, a las familias les ofrecen servicio de guardería o a las refugiadas espacios exclusivos para mujeres.
La presencia de activistas, voluntarios y profesionales humanitarios en los centros permite el monitoreo de actividades y gestión del proceso de asilo de las autoridades para que se realice conforme a derecho. Gracias a ello, los solicitantes tienen la oportunidad de contar con una instancia independiente de información, apoyo y de posible denuncia de irregularidades y abusos cometidos por las autoridades y el personal del centro. Sobre todo los humanitarios asumen la función de procurar una integración social provisoria con la expectativa de que la solicitud sea aceptada. Lo cual recrea un simulacro de normalidad con el fin de estructurar la vida cotidiana de los migrantes.
Cuando la solicitud ha sido resuelta positivamente, los empeños de los agentes se dirigen a crear mejores condiciones para una integración social y laboral. Así, se llevan a cabo actividades como la enseñanza informal del alemán y oportunidades regulares de encuentro con voluntarios, como sucede en los llamados “Cafés de idioma” que semanalmente organizan grupos de feligreses luteranos, estudiantes o activistas, cuentan entre las estrategias de los agentes humanitarios para lograr la inclusión cotidiana de los refugiados. En estos espacios, los refugiados hallan a personas que los auxilian en las gestiones en los bancos, las oficinas públicas, el llenado de todo tipo de cuestionarios, la comprensión del contenido de la correspondencia oficial que reciben, la elaboración de su currículum vitae para solicitar empleo, un puesto de formación profesional o para ingresar a la universidad; también los asisten en la búsqueda de vivienda y les brindan acompañamiento a una visita médica, a un despacho de abogados o cortes judiciales; y asumen tutorías legales de los menores de edad, o fungen como intérpretes e intermediarios con los maestros de sus hijos en la escuela, etcétera.
Así, los refugiados hacen usos inesperados de estos servicios. Como en el caso de joven afgana que comentaba: “yo lo que quiero es aprender bien el alemán, pero la gente [del Café] sólo quiere conversar y pasar un buen rato. No se concentran en apoyarme a resolver mis tareas y dudas de gramática. A mí me urge pasar el examen de idiomas para poder solicitar un empleo”. Respecto de los cursos de alemán informales, un varón iraquí decía: “asistir a la clase de alemán es pura pérdida de tiempo, porque el gobierno no te cuenta las horas de asistencia ni al final te dan un papel oficial de que sí aprendiste el idioma. Yo por eso me espero a poder asistir a los cursos oficiales”.
La misma idea de integración es polémica. Entre los sectores conservadores, la asimilación de migrantes y refugiados equivale a la denominada “cultura directriz alemana”, que, fuera de vaguedades como trabajo duro, limpieza, puntualidad, respeto a la ley o la herencia judeocristiana de Occidente, nadie sabe definir concretamente -aunque el término funge, políticamente, como un criterio de rechazo a la cultura islámica-. Sin embargo, la mayoría de los agentes humanitarios descarta la idea de la cultura directriz, perose identifican con una suerte de patriotismo constitucional habermasiano y aspiran construir una sociedad postnacional (Plamper, 2019); en sus prácticas subsisten resabios etnocéntricos. Por ejemplo, en un anuncio colocado por una voluntaria en diferentes lugares públicos se leía: “¿Quién tiene un piso para rentar a una pareja de refugiados que desde hace dos años busca dejar el albergue comunitario? Son sirios, pero muy cultivados, limpios y discretos”. Un casero simpatizante de la cultura de la hospitalidad explicó: “yo estoy comprometido con ayudar a los refugiados. Le rento mi piso a un grupo de iranís. Ellos lo cuidan bien, porque vienen de una rica y antigua civilización”. La implicación de esta declaración es que, a diferencia de árabes y africanos, los persas son una nación civilizada y, por lo tanto, más cercanos a los alemanes.
Estas representaciones de la integración son reproducidas por los agentes como la Diakonie (organismo de trabajo social de la iglesia luterana) en sus lineamientos. Un criterio fundamental para la autorización oficial para mudarse de los albergues comunitarios a un piso propio es el de la denominada “capacidad de convivencia vecinal”. El candidato debe saber separar los diferentes tipos de desperdicios, mantener limpias las áreas comunes, no perturbar la paz y no cocinar platillos con olores fuertes y desagradables. La integración en sí es un tema de disputa incluso entre los agentes humanitarios. Según un miembro del Solizentrum: “esta gente está huyendo de la guerra y el hambre. Vinieron a Alemania a sobrevivir, no a integrarse. ¿Por qué exigirles volverse alemanes si sus prioridades actuales y sus perspectivas futuras seguramente son otras?” Al respecto, una siria reflexiona: “claro que hay que respetar la ley. ¿Quién puede estar en contra de esto? Pero, ¿por qué tengo que dejar de ser yo y ser como soy para vivir aquí, si yo me comporto como una persona normal y no causo problemas?”
Asimismo, estas contradicciones quedan ilustradas por algunos albergues en las ciudades fronterizas de Baja California, cuyos servicios se orientan a la integración de los migrantes en la sociedad local. Destaca en este empeño la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C., formada en 1996 por tres albergues en Mexicali y otros tres en Tijuana vinculados con la Iglesia Católica. Bajo una persistente envoltura caritativo-pastoral, originalmente inspirada por la misión de socorrer al caminante, existe un núcleo de formalización y eficiencia burocráticas que se manifiesta en las decisiones de constituirse como una asociación civil -imprescindible para recibir recursos públicos- e incluir servicios de asesoría jurídica, trámite de documentos o bolsa de trabajo -medidas necesarias para obtener apoyos de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-. Ciertos albergues de la Coalición, creados en la década de 1980, han tenido que implementar estas medidas ante la proliferación de barreras políticas y legales como los MPP, las cuales conllevaron a que ciudades como Tijuana dejaran de ser un lugar de tránsito para convertirse en un destino forzado. Al expresar el riesgo de que estos lugares en la ciudad se conviertan en sobrepoblados espacios de estancia indefinida, el coordinador de uno de ellos comentó que “un albergue es parte de un proceso; no debería ser un estilo de vida” (Silva, 2019: 19).
De la máxima anterior emanan las normas que rigen la provisión de servicios en uno de los albergues de la Coalición, destinado exclusivamente a hombres y donde el uso de dichos servicios es obligatorio. A quienes llegan a diario -a menudo, en vehículos del Grupo Beta- se les imponen estrictos plazos para encontrar empleo y ahorrar lo suficiente para rentar sus propios espacios de vivienda, para lo cual disponen de los servicios financieros y de orientación laboral del albergue. La demanda de mano de obra barata y precarizada por parte de empleadores y patrones en Tijuana hace relativamente fácil conseguir un trabajo, aunque éste no sea necesariamente el objetivo primordial de los migrantes que, sencillamente, preferirían permanecer en el albergue mientras esperan turno en la lista de El Chaparral o la audiencia ante el juez en Estados Unidos.
A los objetivos de “reinserción” de estos albergues, pertenecientes en principio al modo asociativo-religioso de gobernanza, se han sumado organizaciones humanitarias y de servicios legales como la descrita en el apartado anterior, las cuales deben de afrontar el hecho de que miles de personas, retenidas por las barreras y los filtros legales del proceso de asilo, tengan que permanecer en México por tiempo indefinido. Los esfuerzos por proporcionar una alternativa a los solicitantes de asilo han llevado al personal de estas organizaciones a participar en formas complejas de coordinación entre distintos actores, instituciones y modalidades de provisión de servicios. Junto con los integrantes de Asylum Access, se han incorporado a las asesorías brindadas por los especialistas del Programa Soluciones Duraderas del ACNUR, destinado a proporcionar a los migrantes opciones como la “repatriación voluntaria” o el “reasentamiento”.17 De esta forma, dichas acciones pueden engranarse con las del Programa Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), uno de los esquemas orientados al ideal burocrático-gerencial de “la promoción de la migración regular, ordenada y segura” mediante ejes como el “retorno voluntario asistido”.18 Financiado por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, este programa incluye un componente de inserción laboral cuya principal actividad en Tijuana es vincular a las organizaciones del gremio empresarial con la Dirección Municipal de Apoyo al Migrante en la organización de “ferias del empleo”, establecidas desde hace algunos años por el ayuntamiento con el objetivo de atender a los mexicanos deportados desde Estados Unidos. A estas iniciativas se han sumado asociaciones que, como la Coalición Pro Defensa del Migrante, ofrecen servicios de acompañamiento laboral.
Aquí, puede hablarse de “configuraciones de prestación” o ensamblajes de modos de gobernanza que permiten la producción de bienes colectivos, y en las que el Estado aún desempeña algún papel como regulador o garante (Olivier de Sardan, 2014: 423). Por su alineación con las restrictivas políticas migratorias de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha de participar en la provisión de servicios para aquellos que se encuentran retornados o retenidos en las ciudades fronterizas como Tijuana. Además de servicios educativos para los niños de las familias migrantes (Agudo Sanchíz, 2019: 87-88), también se encuentran los propios servicios migratorios como la concesión del estatus de refugiado por la Comar, o de visas por el INM. De hecho, parte de las acciones de las ONG se dirigen, a cuestionar al gobierno mexicano acerca de sus insuficientes disposiciones en la provisión de éstos y otros servicios.
Asimismo, la mencionada coprovisión paliativa de servicios de reasentamiento e integración ejemplifica las complejas redes sociales e institucionales mediante las que algunos donadores y actores de organizaciones humanitarias lidian con, y sostienen, las contradicciones de las políticas migratorias. Las organizaciones denuncian las prácticas de recepción de migrantes por no ajustarse a las normativas nacionales e internacionales de asilo y refugio. No obstante, en vista del endurecimiento de los controles y la proliferación de barreras para aquellos que buscan asilo en Estados Unidos, ofrecer la opción de quedarse en México puede aparecer como una posibilidad, entre otras, incluso más realista.
Sin duda, las diferencias empíricas en la situación del humanitarismo entre los dos contextos regionales aquí analizados habrán de ser exploradas de forma más sistemática en el futuro. No obstante, ayudan a explicar por qué cada contexto ilustra una parte de nuestro argumento: la gestión de la movilidad en supuestos lugares de destino de migrantes y refugiados (Alemania) y la gestión de la inmovilidad en contextos de movilidad presumida, como la frontera México-Estados Unidos. El caso extremo de la militarización y el control migratorios en dicha frontera nos ayuda, asimismo, a plantear el importante papel de los grupos e instituciones incluidos en la categoría del “humanitarismo” en la provisión de bienes y servicios colectivos, todo ello en un contexto distinto al de la solidaridad de sociedades civiles como la alemana y, por ello, más proclive, en principio, a introducir toda una serie de suposiciones sobre la biopolítica y la “exclusión soberana” de la vida migrante.
Conclusiones
Nos hemos ocupado de los bienes y servicios provistos por determinados agentes humanitarios y sus efectos en las (in)movilidades humanas en dos contextos contrastantes. Uno de nuestros objetivos ha sido examinar, empíricamente, ciertos enfoques normativos que tienden a representar al humanitarismo como el rostro amable de la dominación de los regímenes migratorios. No obstante, la diversidad misma de esos agentes humanitarios no permite tratarlos de manera uniforme ni imputarles una racionalidad única compartida, ya que pueden poseer radios de acción de diferente escala y hallarse vinculados mediante una compleja red humanitaria. De tal suerte, guardan entre sí intercambios múltiples que tienen el efecto de dislocar o borrar las fronteras entre el Estado y la sociedad, lo público y lo privado, lo nacional y lo internacional. Por ello, resulta problemático adjudicarles una racionalidad única compartida -del tipo biopolítico o de cualquier otra naturaleza-. Asimismo, sus capacidades de influencia, poder y recursos varían en el tiempo de acuerdo con la posición actual en la que se encuentran en las cambiantes configuraciones de la red humanitaria.
En este trabajo hemos partido de la hipótesis de la existencia de diferentes formas de la política y lo político (Estrada Saavedra, 2020) en el humanitarismo. La heterogeneidad de los agentes humanitarios se expresa en la misma diversidad de su provisión de bienes y servicios, así como en sus asimetrías de poder y capacidad de influencia e intervención en los procesos políticos y sociales. Algunos se especializan en ciertos tipos de servicio (como la ONG de asesoría jurídica en Tijuana), otras tienen un abanico más amplio (como el FF-SH), y otras más, cuya organización no tenía al humanitarismo como objetivo original, asumen este tipo de tareas (el caso del Walli). Así, el presente estudio demuestra la importancia del contexto de la intervención humanitaria para eludir la trampa teórica de las generalizaciones. El trabajo y los desafíos de los agentes humanitarios adquieren una forma diferente si prestan sus servicios durante el trayecto migratorio y antes del cruce fronteras o si los migrantes y los refugiados se encuentran ya en el país de destino.
Al enfoque biopolítico en particular le es consustancial la idea del régimen migratorio como una máquina de dominación y control que opera, ineluctable y ubicuamente, a espaldas de sus agentes y de la población migrante -incluso cuando se le oponen abiertamente-. Este enfoque no necesariamente es falso, pero sí sesgado y unilateral. Iguala toda forma de migración (i)legalizada (incluyendo la forzada) a las intervenciones de organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras (Redfield, 2005), a las condiciones imperantes en los espacios fantasmales de los grandes campos de refugiados (Agier, 2008), o a las experiencias de las personas en las zonas de “crisis” humanitarias como la frontera México- Estados Unidos (e incluso aquí vemos surgir una frontera de las prestaciones y los servicios, ensamblada de forma compleja con la que se encuentra vigilada y militarizada). Esas experiencias no son equiparables, por ejemplo, a la de la población refugiada en países como Alemania -confinar a la gente en las “hieleras” de Estados Unidos no es lo mismo que obligarla a tomar cursos de alemán-.19
Nuestro escepticismo frente a las homogenizaciones y extrapolaciones no implica que neguemos la importancia de la dominación y la política en el fenómeno de las migraciones forzadas; sin embargo, tampoco las equiparamos a un modelo único. En este sentido, quizá habría que sustituir la dominación, con fines metodológicos, por la distinción inclusión/exclusión, que es más manejable empíricamente. De este modo, se podría dar cuenta de en qué sistemas funcionales y sus organizaciones, de qué manera y con qué efectos los migrantes y refugiados estarían incluidos o no en ellos. En otras palabras, para no echar al niño biopolítico de la bañera junto con el agua sucia, nuestra propuesta consiste en recuperar este enfoque, pero no en términos normativos, sino sólo como un tipo ideal. Así, proponemos trazar una línea continua, en cuyo extremo izquierdo se ubique la experiencia de la vida nuda de migrantes y refugiados en el estado de excepción; y, en el extremo derecho, coloquemos la inclusión social, política, jurídica, cultural y lingüística de éstos en términos de igualdad en la comunidad política y la sociedad receptoras. Creemos que así se puede tratar el poder y la dominación en las (in)movilidades humanas desde una perspectiva crítica y, sobre todo, empíricamente informada.
