Introducción

La violencia hacia las mujeres ha sido reconocida como una violación de los derechos humanos básicos, la cual tiene consecuencias de largo alcance tanto para quienes la sufren como para sus familias y la sociedad en su conjunto (^{Organización de las Naciones Unidas, 2006}). En pocas palabras, se trata de un problema de salud pública que tiene un impacto no sólo a nivel físico y psicológico en quienes atraviesan esta situación, sino también en los ámbitos laboral, económico, social y familiar.

Sin embargo, la violencia hacia las mujeres no siempre ha sido considerada como un problema público. Los feminismos han cumplido un papel central en la desnaturalización, el tratamiento público y la conceptualización de esta problemática, a partir de cuestionar la relación antitética entre lo público y lo privado, y proclamar el carácter profundamente político de las violencias. Uno de los principales aportes al respecto ha consistido en abandonar la caracterización de las violencias hacia las mujeres como un problema de naturaleza individual, personal y de dominio privado, para pasar a concebirlo como un asunto social y de salud pública. Así, la tematización de cuestiones ligadas a aquello que tradicionalmente había sido considerado como parte de “la vida privada” adquiere centralidad en las luchas feministas, en especial de la segunda ola, plasmándose en el conocido lema “lo personal es político” (^{Cabral y Acacio, 2016}) o en la célebre frase de la feminista negra Audre Lorde: “Tu silencio no te protegerá”, la cual insta a romper el silencio y denunciar públicamente las violencias que padecen a diario las mujeres. Esto ha llevado a comprender la violencia contra las mujeres como un continuum entre los espacios público y privado, y a interpelar e involucrar en su abordaje y prevención a distintos actores y actoras sociales e institucionales; en especial al Estado como un actor central tanto a nivel de sus acciones como de sus omisiones (^{Voria, 2019}). Como enuncia ^{Lagarde (2006: 5)} , “una de las vías argumentales de este movimiento consistió en visibilizar la violencia e identificarla, denunciar y convertirla en un problema para la democracia”. Ello ha hecho posible que, en la actualidad, ésta sea reconocida como una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos.

En este marco, es importante destacar que los datos existentes en Argentina revelan que aún existen muchas mujeres que consideran que la violencia y los problemas familiares constituyen asuntos de índole privada y que, en consecuencia, deben mantenerse y resolverse en la privacidad e intimidad del seno familiar (^{Bailey, 2012}). Al respecto, los resultados de la ^{Encuesta sobre la Situación de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires (2018)} evidencian que casi el 15 por ciento de las mujeres respondientes declaran estar en desacuerdo con la frase “si un varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir”, lo cual sugiere que las mismas albergan una visión de la violencia como un tema que debe mantenerse en la esfera privada y que vuelve indeseable la actuación de personas ajenas a ella. Asimismo, en lo que respecta puntualmente a los problemas familiares,¹ el 45 por ciento de las mujeres encuestadas considera que éstos “deben ser conversados solamente con personas de la familia”.

Este trabajo explora los factores asociados a la norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia. Más específicamente, se busca conocer quiénes son las mujeres que se adhieren a esta norma y la sostienen, lo cual resulta relevante en tanto que, en caso de encontrarse en una situación de violencia, la misma podría obturar el proceso de búsqueda de contención y, con ello, contribuir a mantener invisibilizada una considerable proporción de casos de violencia que no pueden contabilizarse en tanto no son reportados -contribuyendo a engrosar la “cifra oculta”-² (^{ELA, 2020}). Esto es especialmente relevante en un país como Argentina, donde los escasos datos existentes dan cuenta de un significativo déficit en este terreno: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sólo el 10 por ciento de las mujeres que vivieron situaciones de violencia física, psicológica o sexual concurrieron a alguna institución en busca de ayuda -ya sea atención a su salud, contención emocional o protección de la justicia- (^{Encuesta CABA, 2015}). Datos más recientes son algo alentadores, aun cuando la búsqueda de ayuda continúa siendo muy limitada: los resultados de la última encuesta realizada en la CABA (2018) muestran que entre las mujeres que afirman haber sufrido alguna situación de violencia sólo el 26.5 por ciento buscó algún tipo de ayuda.

En la misma dirección, una encuesta realizada a nivel nacional en el año 2015 a mujeres de 18 a 69 años residentes en Argentina destinada a medir la prevalencia y las principales características de las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres en el país, evidencia que el 62.30 por ciento de las mujeres que vivieron situaciones de violencia física y el 97.30 por ciento de aquellas que sufrieron violencia sexual por parte de varones que son o fueron sus parejas, no realizaron un reporte a la policía o a un organismo judicial. En concreto, se observa que una gran proporción de las mujeres que atraviesan diversas situaciones de violencia por parte de parejas o exparejas a lo largo de sus vidas no recurren a las instituciones públicas disponibles. Además, los resultados de esta encuesta revelan que “lo resolvió ella misma, un amigo o un familiar” (43.6 por ciento) resultó ser la categoría más elegida en relación con los motivos por los cuales las mujeres no reportaron los hechos a la policía o a un organismo judicial.

Esto podría dar cuenta de que tal problemática es considerada por algunas mujeres como propia de la esfera privada y, por tanto, no estiman necesario ni oportuno hacer uso de los recursos públicos disponibles. La necesidad de resguardar la privacidad de la familia -entre otros factores- favorece que la violencia en la pareja se mantenga como un problema oculto y silencioso (^{Almonacid et al., 1996}).

Aun cuando, fundamentalmente a lo largo de las últimas décadas, en Argentina se han llevado a cabo numerosas iniciativas tendientes a prevenir, dar tratamiento y erradicar³ esta problemática social, para muchas mujeres sigue siendo un tema del que no se debe hablar públicamente. El panorama es todavía más complejo si se considera que el acceso a los servicios de contención y denuncia afecta más a determinados grupos de mujeres. Las mujeres que no buscan atención ni denuncian son las que se encuentran más invisibilizadas, con menores posibilidades de salir de la situación de violencia y/o afrontar sus consecuencias (^{Sullivan y Bybee, 1999}; ^{Dutton et al., 2000}; ^{Bell y Goodman, 2001}; ^{Liang et al., 2005}). En este contexto, el problema de acceso a la justicia se presenta como uno de los mayores obstáculos para gozar del derecho a una vida libre de violencia (^{CEPAL, 2014}; ^{MESECVI, 2014}). Asimismo, en un país como Argentina, en donde la mayoría de los datos disponibles al respecto provienen de registros administrativos, el déficit en la utilización de los servicios (de asistencia, denuncia, etc.) contribuye a engrosar la “cifra oculta” de la violencia, conllevando a un importante desconocimiento del fenómeno.

Dada la relevancia de esta temática, el artículo busca identificar el perfil de las mujeres que enfatizan la privacidad e intimidad de la familia en lo que se refiere a la violencia y los problemas familiares, considerando que en caso de encontrarse en una situación de violencia esta concepción podría resultar determinante en el proceso de (no) búsqueda de ayuda. Para que las mujeres soliciten atención, contención y asesoramiento, es necesario -aunque, desde luego, no suficiente- que reconozcan la violencia como un problema que se extiende más allá de la esfera privada. Conocer quiénes son las mujeres menos proclives a mantener actitudes aprobatorias respecto a la intervención de personas ajenas a la familia en caso de situaciones de violencia, facilitará identificar para cuáles segmentos específicos resulta necesario diseñar estrategias y focalizar actuaciones que favorezcan el proceso de búsqueda de asistencia y, con ello, se pueda contribuir a mejorar la situación de las mujeres (en términos de visibilización, mayores posibilidades de superar la situación y sus consecuencias). En pocas palabras, la relevancia de profundizar el conocimiento sobre esta temática se funda en que el silencio contribuye a perpetuar e incrementar la violencia intrafamiliar, relegándola a una situación propia del ámbito privado (^{Moanack et al., 2016}).

La privacidad de la familia y la búsqueda de asistencia

Diversas investigaciones (^{Bennet et al., 1999}; ^{Liang et al., 2005}; ^{ELA, 2009}; ^{Blay Gil, 2013}; ^{ELA, 2018}) indican que las deficiencias en relación con el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia puede deberse a múltiples y distintas razones, entre ellas: falta de servicios suficientes de patrocinio jurídico gratuito; ineficacias propias del servicio de justicia (como tiempos largos, personal no capacitado, falta de articulación con otros servicios); complicaciones de tipo logístico (solicitar días en sus trabajos, desplegar estrategias para el cuidado de las personas bajo su cargo, etc.); insuficiencias en lo que refiere a las redes sociales de apoyo y políticas públicas para atender las dificultades económicas y subjetivas que operan en el proceso de la denuncia; falta de difusión de sus derechos en la comunidad y/o de los servicios de atención y asistencia disponibles y, por último, obstáculos subjetivos, vinculados a las emociones que experimentan las mujeres a la hora de poder buscar ayuda y/o denunciar ante la justicia (como sentimientos de vergüenza o culpa). Estas emociones están profundamente influidas por los mandatos sexistas y los estereotipos tradicionales de género, como también por el miedo y el temor (^{ELA, 2009}). En otras palabras, en ellas influyen las normas socioculturales existentes que enfatizan la privacidad familiar y las expectativas de género, las cuales son consideradas como una de las principales razones que desincentivan a las mujeres a buscar asistencia después de experimentar violencia en la pareja (^{Okenwa et al., 2009}). Incluso, estudios realizados en Estados Unidos evidencian que las mujeres en situación de violencia en el espacio doméstico tienen menos probabilidades de llamar a la policía que aquellas que atraviesan violencia en otros ámbitos, debido a sus preocupaciones por resguardar la privacidad, resultando el factor más importante que inhibe la denuncia (^{Felson et al., 2002}). En este sentido, otras investigaciones (^{Folami, 2013}; ^{Tenkorang et al., 2017}) señalan que a menudo las mujeres son socializadas para ser “las guardianas de su matrimonio” manteniendo sus problemas de pareja en privado y absteniéndose de “lavar los trapos sucios en público”. En estos casos, hacer pública la violencia muchas veces se interpreta como una resistencia al privilegio patriarcal normativo, y las mujeres que lo hacen pueden llegar a ser sancionadas socialmente por sus familias (^{Ola y Johnson, 2013}). En este marco, hay autores que refieren a la “priorización patriarcal de la privacidad en el hogar” (^{Katz, 2014}).

La literatura sobre esta temática se ha focalizado principalmente en las mujeres asiáticas, considerando la cuestión como resultado de su tradición cultural (^{Bauer et al., 2000}; ^{Huisman, 1996}; ^{Lee y Au, 1998}; ^{Rimonte, 1989}, en ^{Bui, 2003}). Según ^{Lee y Au (1998)}, las mujeres chinas a menudo viven dentro de un entorno cultural que les impide reconocer la violencia en la pareja como un problema social, enfrentando, además, fuertes presiones culturales cuando intentan romper el “ciclo de la violencia”. Estos estudios plantean que las tradiciones culturales asiáticas que enfatizan la posición superior de los varones como padres y esposos, así como el miedo al divorcio, puede llevar a muchas mujeres a encubrir o negar el maltrato (^{Lee y Au, 1998}; ^{Preisser, 1999}, en ^{Bui, 2003}). Incluso cuando las mujeres lo identifican como un problema, sus deseos de proteger el nombre de la familia pueden impedirles buscar contención fuera de la familia (^{Dasgupta y Warrier, 1996}). En pocas palabras, debido a que las tradiciones culturales asiáticas enfatizan la privacidad familiar, para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia buscar ayuda en la comunidad implica desafiar estas prohibiciones culturales, causando una “pérdida de prestigio” para ellas mismas y para la propia familia (^{Rasche, 1988}; ^{Rimonte, 1989}, en ^{Bui, 2003}). Si bien China tiene poca noción de la privacidad individual, la violencia contra la mujer por parte de su pareja generalmente se oculta y protege dentro de la esfera privada y, en gran medida, se pasa por alto y se ignora (^{Xu et al., 2005}).

En la misma dirección, hay algunas investigaciones realizadas en África (^{Apatinga y Tenkorang, 2021}; ^{Tenkorang et al., 2017}) que evidencian que la creencia en la privacidad y la santidad del matrimonio influyó en que las mujeres en situación de violencia permanecieran en silencio. La mayo ría de las mujeres son socializadas para sostener un fuerte sentido de lealtad hacia sus maridos y una obligación con la familia en su conjunto, lo cual se traduce en el mantenimiento del maltrato como un asunto privado. Para estas mujeres, la elección de continuar viviendo con parejas que ejercen violencia se vincula con creencias culturales y religiosas sobre la santidad del matrimonio como una institución que debe ser protegida del escrutinio público (^{Apatinga y Tenkorang, 2021}).

Por su parte, estudios realizados estrictamente en sociedades musulmanas muestran que la familia es la unidad social clave, y que la cohesión familiar y el honor se consideran valores extremadamente importantes (^{Gennari et al., 2017}). Los conceptos de vergüenza y honor están en el centro de la estructura familiar y, por lo tanto, todos los miembros deben proteger la integridad y el respeto de la familia (^{Ammar, 2007}). En esta visión, las necesidades familiares deben preceder a las necesidades individuales, y las mujeres en particular son las que tienen la responsabilidad de mantener unida a la familia, favoreciendo la armonía, la solidaridad y la lealtad entre sus miembros (^{Abu-Ras, 2007}). La privacidad y la integridad familiar deben ser preservadas, incluso en aras de la felicidad de sus miembros individuales. La importancia de la privacidad y el honor puede evitar que las mujeres musulmanas que se encuentran en situaciones de violencia busquen ayuda por temor a ser juzgadas o incluso estigmatizadas por amistades y familiares (^{Gennari et al., 2017}).

A nivel latinoamericano, también se han realizado algunas investigaciones que se centran en esta cuestión. Por ejemplo, un estudio en una comunidad urbana de Lima Metropolitana y en una comunidad rural del área de la sierra de Arequipa (^{Bejar et al., 2007}) revela que las prácticas culturales arraigadas devienen en un marco dentro del cual la violencia contra la mujer es percibida como algo natural y propio del ámbito de la pareja (“cosas de pareja”), razón por la cual las organizaciones y las personas se inhiben de inter venir. Es interesante destacar que este estudio revela que la concepción de la violencia como un asunto privado es más fuerte en espacios territoriales más pequeños, en donde la exposición es mayor.

Estas indagaciones dan cuenta de que las comunidades donde imperan normas sociales que apoyan los mandatos de género tradicionales y la privacidad de la familia contribuyen en gran medida a que las personas, en especial las mujeres, sientan que no es su responsabilidad ni su derecho tomar medidas afuera de la esfera privada (^{VicHealth, 2006}). La concepción pública contra la privada de la violencia y los problemas familiares han sido menos explorados en otros contextos y culturas, y pareciera no haberse realizado estudios que analicen las diferencias intragénero en esta temática.⁴ El presente trabajo se inscribe en esta última línea de investigación y, con ello, se propone identificar y analizar las características de las mujeres que sostienen esta concepción privada e íntima de la violencia, con base en los resultados obtenidos en la ^{Encuesta sobre la Situación de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires (2018)}. Esto es, se busca conocer el perfil sociodemográfico de las mujeres que manifiestan estar “de acuerdo” con que “los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia” y/o “en desacuerdo” con que “si el varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir”. Con ello, se espera aportar conocimiento que contribuya a aumentar la eficacia de las políticas públicas vigentes, así como a segmentar los modos de sensibilizar y comunicar sobre la temá tica, a partir de considerar la persistencia de la adhesión a normas sociales que obturan la búsqueda de obtención y asistencia en determinados conjuntos de mujeres.

Datos y técnicas de análisis

El artículo se basa en los datos provenientes de la ^{Encuesta sobre la Situación de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires (2018)}, realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) en conjunto con la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La muestra, con representación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el primer cordón del Gran Buenos Aires (GBA), se compone de 1803 personas encuestadas. De esta muestra principal para realizar el estudio se eliminaron tres casos que no se identificaban con el género femenino.

La principal técnica empleada es la regresión logística. Puntualmente, se realizaron dos regresiones. La primera variable dependiente es un indicador binario sobre si la mujer está “de acuerdo” con que “los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia”. Se observa que el 45 por ciento de las mujeres encuestadas acuerda con esta afirmación, lo cual sugiere que se adhieren a una visión más tradicional de la familia, que enfatiza la privacidad e intimidad de la misma. Dada la existencia de algunos valores perdidos en las variables principales, la muestra utilizada en estos análisis cuenta con 1782 mujeres.

La segunda variable dependiente es un indicador binario sobre si la mujer está “en desacuerdo” con que “si el varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir”. Se evidencia que casi el 15 por ciento de las mujeres están en desacuerdo con esta afirmación, lo cual, nuevamente, sugiere que mantienen una visión tradicional de la familia y de los modos de abordar la violencia, en tanto se concibe a esta última como un asunto que debe mantenerse en la esfera privada. Dada la existencia de algunos valores perdidos en las variables principales, la muestra utilizada en estos análisis cuenta con 1771 mujeres.

En síntesis, las mujeres que sostienen la norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia (en tanto consideran que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia y/o están en desacuerdo con que si el varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir) adquieren el valor 1 en las variables dependientes, en contraposición a aquellas mujeres que no sostienen esta norma (valor 0).

Las variables independientes se corresponden con indicadores relacionados con diversas características sociodemográficas de las mujeres de la muestra, tales como lugar de nacimiento, edad, educación, estado civil y tenencia de hijas/ os. Asimismo, se incorporó un indicador sobre condición de actividad y, por último, uno que busca captar si las mujeres han sufrido una situación de violencia. Se explorará en qué medida estos factores se encuentran asociados de forma significativa a cada una de las variables dependientes. Los factores no serán tratados como alternativos sino como complementarios en la medida que se considera que todos ellos tienen un rol significativo.

Lugar de nacimiento se incluye como una variable de tres categorías: la primera comprende a las mujeres que nacieron en la CABA o el GBA; la segunda, a aquellas que nacieron en otra provincia de Argentina, y la tercera -categoría de referencia- corresponde a las mujeres que nacieron en otro país. La variable edad cuenta con cinco categorías: de 18 a 30 años, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60, y mayores de 60 años -categoría de referencia-. La variable educación tiene cuatro categorías: la primera -nivel inferior- comprende a las mujeres que tienen hasta el nivel secundario incompleto; la segunda, a aquéllas que completaron la secundaria; la tercera, a quienes tienen el nivel superior incompleto, y la cuarta categoría -de referencia- corresponde a las mujeres que tienen el nivel superior -universitario- completo. Las cuatro variables restantes son dicotómicas. El estado civil se divide entre quienes se encuentran en pareja (ya sea unidas o casadas) y quienes no (la categoría de referencia incluye tanto a quienes se encuentran solteras, viudas, separadas o divorciadas); la tenencia de hijos/as entre aquellas mujeres que tienen hijos/as y quienes no las/los tienen (categoría de referencia); y la condición de actividad, entre quienes están trabajando y quienes que no lo están (la categoría de referencia incluye tanto a quienes están inactivas como a quienes están buscando activamente trabajo). Por último, se incluye un indicador binario sobre si la mujer ha sufrido alguna situación de violencia psicológica o física en los últimos doce meses por parte de una pareja o expareja -la categoría de referencia la conforman quienes no vivieron ninguna de estas situaciones-. En el Anexo se presenta la tabla A1 con la distribución de todas las variables incluidas en el análisis.

Los análisis se realizan a partir de dos regresiones logísticas diferentes: una con cada una de las variables dependientes. Se incluyen todas las variables independientes anteriormente explicadas con el fin de identificar los factores asociados con esta norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia.

Resultados

El modelo de la tabla 1 permite identificar los factores asociados con el hecho de estar de acuerdo en que “los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia”. Por un lado, se observa que las mujeres que nacieron fuera de Argentina son más proclives a estar de acuerdo con esta afirmación, así como también las mujeres mayores de sesenta años.⁵

Por otro lado, los hallazgos en torno a la educación evidencian que las mujeres con mayor nivel de instrucción (superior completo o más) son las menos propensas a considerar que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia. En este sentido, es interesante señalar que la mayor divergencia se registra entre quienes tienen más y quienes tienen menos nivel educativo: las posibilidades de estar de acuerdo con esta afirmación para el caso de las mujeres que tienen el nivel secundario incompleto o menos son 5.8 veces las de las mujeres que tienen superior completo o más. Esta diferencia se reduce en la medida en que se incrementa el nivel educativo (odds ratio 2.6 y 1.4 para secundario completo y superior incompleto, respectivamente).

Asimismo, los resultados muestran la relevancia de la condición de actividad y la tenencia de hijos/as: las mujeres que se encuentran ocupadas son menos proclives a estar de acuerdo con la afirmación (en relación con quienes se encuentran desocupadas o inactivas), así como también quienes no tienen hijos/as. Por último, el estado civil y el hecho de haber sufrido una situación de violencia no se asocian significativamente.

El modelo de la tabla 2 permite identificar los factores asociados con el hecho de estar en desacuerdo con que “si el varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir”. Los resultados van en consonancia con los presentados en el modelo anterior, excepto en lo referido a la tenencia de hijos/as, que, en este caso, no se asocia de forma significativa. Se observa que las mujeres que nacieron fuera de Argentina y las mayores de sesenta años son las más proclives a estar en desacuerdo con esta afirmación, así como también las mujeres con niveles educativos más bajos,⁶ lo cual significa que estas mujeres desaprueban el hecho de que otras personas que no son de la familia intervengan cuando un varón maltrata a su pareja.

Los resultados también muestran la relevancia de la condición de actividad: las mujeres que se encuentran ocupadas son menos proclives a estar en desacuerdo con la intervención de otras personas en casos de violencia en la pareja. Finalmente, el estado civil y el hecho de haber sufrido una situación de violencia no se asocian significativamente, lo cual concuerda con los hallazgos en relación con la primera variable dependiente.

En síntesis, los resultados de los dos modelos permiten identificar quiénes son las mujeres más propensas a sostener la norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia en la medida en que consideran que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia y/o están en desacuerdo con que si el varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir.

Los resultados muestran que las mujeres más proclives a sostener esta norma -tanto en lo que respecta a los problemas familiares como a la violencia- son, principalmente, quienes han nacido fuera de Argentina, tienen mayor edad, niveles educativos más bajos y/o se encuentran desocupadas o inactivas. La única diferencia se distingue en relación con la tenencia de hijos/as: quienes tienen hijos/as son más propensas a estar de acuerdo con que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia, pero no se observan diferencias significativas en esta variable en lo que respecta a la intervención de otras personas en casos de violencia en la pareja.

Reflexión final

El presente trabajo partió de los datos de la Encuesta sobre la Situación de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires llevada a cabo en 2018, la cual arroja que casi el 15 por ciento de las mujeres respondientes declaran estar en desacuerdo con la frase “si un varón maltrata a su pareja, otras personas que no son de la familia deben intervenir”, y que el 45 por ciento consideran que “los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia”. Sobre este trasfondo, la investigación se propuso conocer el perfil sociodemográfico de las mujeres que sostienen la norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia, al haberse manifestado en desacuerdo con la primera frase mencionada y de acuerdo con la segunda. La relevancia de llevar a cabo este análisis se fundamentó en que la prevalencia de esta norma constituye una de las principales barreras que obturan la búsqueda de asesoramiento, atención y/o contención frente a situaciones de violencia en el ámbito doméstico. En consecuencia, conocer en qué grupos de mujeres esta norma aún persiste mayormente puede resultar beneficioso para afinar los modos en que se conciben, diseñan y comunican las políticas públicas vigentes en la materia.

En este sentido, se rehuyó de una concepción homogeneizante de las mujeres y se buscó iluminar las diferencias intragénero en relación con la adhesión a esta norma, en función de otras variables o categorías sociales, a saber: el lugar de nacimiento, la edad, la educación, el estado civil, la tenencia de hijas/os, la condición de actividad y la vivencia (o no) de situaciones de violencia.

Los resultados obtenidos en el análisis muestran que existen grupos de mujeres más proclives a sostener esta norma sociocultural que enfatiza la privacidad e intimidad de la familia, en la medida que consideran que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia y/o están en desacuerdo con que otras personas que no son de la familia intervengan si un varón maltrata a su pareja. Puntualmente, quienes han nacido fuera de Argentina, tienen mayor edad, niveles educativos más bajos y/o se encuentran desocupadas o inactivas son quienes sostienen mayormente esta norma en el caso de ambas afirmaciones analizadas. En contraste, la tenencia de hijos/as sí establece un parteaguas, en la medida en que quienes los/las tienen son más proclives a estar de acuerdo con que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia; algo que no ocurre en relación con la creencia respecto a la intervención de otras personas en casos de violencia en la pareja, en tanto no se observan diferencias significativas.

De este modo, los resultados obtenidos hacen evidente que en algunos grupos de mujeres atravesadas por categorías sociales específicas aún prevalecen creencias sobre la privacidad/intimidad de la familia que favorecen el sostenimiento de una concepción de la violencia contra las mujeres como una problemática del ámbito privado; incluso cuando los feminismos han hecho evidente su carácter intrínsecamente político y, con ello, público.

Aun así, es dable destacar que se trata de resultados obtenidos en el marco de un análisis exploratorio que necesariamente deberán ser complejizados y profundizados en indagaciones futuras. Al respecto, se considera que, con base en esta primera aproximación a la temática, posteriores investigaciones deberán considerar otras posibles categorías sociales que, imbricadas con el género, delinean grupos actualmente más proclives a sostener normas socioculturales o creencias que obturan la búsqueda de asesoramiento y/o contención frente a situaciones de violencia motivadas por el género. Al mismo tiempo, resulta esencial explorar otras normas socioculturales que sostienen una visión tradicional del género, lo cual contribuye a la perpetuación y/o legitimación de asimetrías de género y cuya adhesión podría influir en la misma dirección. En este sentido, los resultados de este estudio constituyen sólo un punto de partida a partir del cual se definen diversas líneas de investigación futura.

Se espera entonces que los resultados de este trabajo, aunque exploratorios, puedan ser considerados para ser utilizados como un insumo en el (re)diseño y comunicación de políticas públicas destinadas a brindar acompañamiento, asesoramiento y/o contención a mujeres en situación de violencia en el ámbito doméstico, a partir de considerar que existen grupos que aún guardan una mayor propensión a adherirse a la norma de la privacidad/intimidad de la familia; y para quienes, en consecuencia, puede resultar dificultoso romper el círculo de la violencia compartiendo su situación fuera del núcleo familiar.