INTRODUCCIÓN

La singularidad de los movimientos poblacionales contemporáneos compromete a examinar algunos lugares comunes instalados en el imaginario social que han conducido a situar el hecho migratorio como una amenaza al orden global, junto con el crimen organizado y el tráfico de armas y drogas. En este contexto, la violencia es entendida como un detonante de la persistente movilidad poblacional y como un medio de control de los flujos fronterizos que, incluso, conlleva a la vulneración de los derechos de la población migrante. Se trata de una violencia que se normaliza por su prolongación en el tiempo, más allá de su definición como acción, fenómeno o episodio, sin que ello signifique que se asimile a una situación de guerra (^{González, 2006}).³ En esta dirección, la selección de los casos de Colombia-Venezuela y México-norte de Centroamérica ha permitido identificar similitudes, diferencias y tendencias de las movilidades poblacionales producidas en los contextos nacionales signados por la violencia, así como las transformaciones ocurridas en los ámbitos transfronterizos en el último decenio. Para ello, se realizaron 53 entrevistas semiestructuradas: 26 para el caso México-Centroamérica y 27 para el de Colombia-Venezuela.

Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa que utiliza una perspectiva comparada: los dos casos examinados poseen una situación común respecto a la presencia de distintas formas de violencia en los lugares de origen de los migrantes que adopta formas particulares durante el proceso de movilidad; se identifican las diferencias y las posibles tendencias de los procesos de transformación de las dinámicas migratorias transfronterizas. En este sentido, si bien se parte del reconocimiento del impacto semejante de la violencia, para el análisis se consideran las particularidades de los contextos nacionales y se proyectan algunas tendencias explicativas que puedan ampliar la discusión sobre los cambios en la migración transfronteriza en los años recientes.

Se entiende que el proceso migratorio se modifica, que no es lineal y que integra varias etapas intermedias hasta llegar al destino. El incremento de la violencia en las zonas de estudio ha modificado la movilidad al pasar de una migración interna y transfronteriza a una internacional:

la distinción entre los movimientos internos e internacionales es cada vez más borrosa, no sólo debido a los acontecimientos geopolíticos y a la naturaleza cambiante en la configuración de las fronteras, sino también porque los viajes de los migrantes son cada vez más múltiples, complejos y fragmentados (King et al., 2008, citado en ^{Marcu, 2013, pp. 36-37}).

En este sentido, cabe reconocer que la mayor parte de las movilizaciones han sido de carácter transfronterizo, pero en los últimos años se han ido diversificando, sobre todo en el caso de los venezolanos que transitan a lo largo del continente para intentar llegar a Estados Unidos.⁴ De ahí que el artículo se concentre en la dimensión de la migración internacional, sin dejar de reconocer los procesos transfronterizos previos a la salida internacional. A partir de 2010 se observó una reconfiguración de los contextos de salida y llegada de los flujos latinoamericanos; a ello se sumaron diversos tipos de movilidades con niveles de (in)voluntariedad variados que resultaron en flujos mixtos: los que salieron abruptamente sin tener claro su destino, los que tenían un destino y en el tránsito decidieron instalarse y los que querían continuar hacia la meta planeada al inicio de su trayectoria.

Si bien las violencias –de manera explícita o velada– subyacen a la creciente movilidad poblacional en los dos casos estudiados, es necesario precisar los rasgos distintivos de su presencia y el impacto diferencial en función de actores, acciones estatales y respuestas sociales. Del mismo modo, en tanto que en la coyuntura más reciente la violencia ha devenido en un medio de control de los flujos fronterizos que vulnera los derechos de la población que se moviliza, es preciso identificar las afectaciones de dichas medidas. En el análisis se advierten los períodos persistentes de violencia que han afectado las condiciones de vida de las poblaciones que se ven expuestas a situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la vida, así como las problemáticas “nuevas” en lo que se refiere a las dinámicas transfronterizas. Dicha articulación de factores permite cuestionar las explicaciones globales –de la crisis humanitaria y/o la crisis migratoria–,⁵ develar sus particularidades e identificar modificaciones significativas en el perfil migratorio de estos países.

La investigación parte de un planteamiento hipotético según el cual, en contextos de violencia prolongada, la responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos del ciudadano y garante del ejercicio de los mismos, parece debilitarse frente a la creciente injerencia de actores armados ilegales. Las fisuras que permiten la intervención de actores que vulneran el desempeño del Estado por efecto de su captura o persistente disputa, y la incapacidad de este para atender las demandas y expectativas de sectores poblacionales diversos, son factores que subyacen en la creciente movilidad poblacional y que deben ser explicados.

De este modo, en este artículo, en primer lugar se presentan los aspectos centrales de las condiciones de salida de quienes han transitado y habitado esos espacios fronterizos, así como las afectaciones y percepciones sobre su experiencia migratoria; en segundo lugar, se aborda la ambivalencia de las políticas migratorias y el impacto de la adopción desproporcionada de dichas medidas sobre los espacios con poblaciones transfronterizas con necesidades de protección especial –atención psicológica o legal que puede ser el inicio de un proceso de solicitud de refugio–; en tercer lugar, se observa la interacción entre la población en movimiento y la población local resaltando los rasgos de la experiencia social de “acogida” por parte de actores locales, organizaciones de atención y ayuda humanitaria, y de otros actores sociales. Finalmente, la reflexión se cierra con la proyección de elementos que explican las tendencias a partir de la mirada comparada.

CONTEXTOS DE SALIDA Y DE TRÁNSITO

La migración centroamericana por México había sido, hasta hace una década, primordialmente de tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, desde la administración de Barak Obama, no solo se precarizó más el paso, sino también el asilo, y con Trump empeoró. La criminalización de la migración irregular fue el emblema del gobierno de Donald Trump, quien, en abril de 2018, amenazó con desplazar a la Guardia Nacional de la frontera con México para frenar a la caravana viacrucis migrante –la primera iniciativa organizada para evitar abusos y violaciones de derechos a su paso por México–.⁶ Ante esta presión, Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con Washington para desplegar a la Guardia Nacional en las zonas fronterizas y recibir a los solicitantes de refugio en Estados Unidos mientras esperaban su resolución. De esta manera, México se transformó en un país de destino y ya no únicamente de tránsito, bajo la premisa de la seguridad fronteriza.⁷

En la zona centroamericana, la precarización económica y el deterioro social por el incremento de la violencia transformaba a la migración en una opción de protección: “Honduras está bien tremendo […] Me quedé sola, me mataron al papá de mi hijo y decidí venirme […] no a Estados Unidos, hasta Tijuana” (entrevista 10, comunicación personal, 4 de enero de 2019). La violencia que caracteriza a las comunidades más marginadas de los principales países expulsores centroamericanos (Honduras, El Salvador y Guatemala) construye fronteras invisibles que delimitan la presencia estatal y expanden la autoridad de las pandillas que empujan a la población a salir (Médicos Sin Fronteras ^{[MSF], 2020}): “dije, ‘bueno, yo no me puedo comer el dinero, [tengo que] invertirlo en algo, porque voy a seguir amenazada por los mismos maleantes’ […] porque denuncié […] la autoridad no hizo nada” (entrevista 19, comunicación personal, 5 de junio de 2019).

Al observar la violencia inserta en las comunidades de origen de un gran porcentaje de las personas en movilidad irregular, se puede comprender que la marginación y la estigmatización que padecen es una consecuencia obvia del abandono de los Estados de origen y de tránsito. Así, al entender el fenómeno de la migración, el desarrollo de situaciones que vulneran y violentan a las personas en tránsito no puede disociarse del señalamiento tácito que demuestra que la lógica del impedimento irregular del cruce de fronteras es parte de la incapacidad gubernamental para responder a las causas de la movilidad irregular.

México, como país de origen, destino, tránsito y retorno, se ha convertido en un contexto relevante para dar cuenta de la vulnerabilidad de quienes se encuentran en situación de movilidad irregular. Según información emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a pesar de que durante mucho tiempo las personas migrantes de nacionalidad mexicana habían representado la mayor población detenida en su intento por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, desde 2018 las detenciones de personas migrantes de la región norte de Centroamérica han incrementado⁸ (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes ^{[Redodem], 2019}).

En 2019 se registró un total de 53 507 migrantes; la mayoría provenían de Honduras (25 442), Guatemala (16 999) y El Salvador (6 976). También se observó un aumento de 67 por ciento respecto a 2018, pasando de 31 219 a 52 180, siendo la región centroamericana la que mayor presencia tenía (30 768) en 2018, frente a 50 161 en 2019, aumentando 63 por ciento. Es de destacar que la presencia de menores no acompañados (MNA) ha ido a la baja, al registrar en 2019 solamente 24.7 por ciento del total de niños y adolescentes en movilidad (^{UPMRIP, 2020}). Esta caracterización coincide con los resultados del trabajo de campo realizado en 2019 en las fronteras México-Guatemala y México-Estados Unidos, en donde la mayoría de los entrevistados provenían de Honduras, principalmente, El Salvador y Guatemala, siendo Estados Unidos su destino preferencial.

En general, las características específicas de la población migrante permiten entender las causas de su movilidad a partir de los elementos cualitativos contenidos en los porcentajes demográficos (situación económica y violencia), por lo que adquiere sentido la identificación de grupos migratorios con características específicas. Además, es importante señalar que el análisis de esta información no disocia un factor de otro, por el contrario, se comprende su interrelación, es decir, tanto la precariedad económica como la violencia son condiciones explicativas de la salida de los lugares de origen, presentes en las nuevas dinámicas migratorias, así como las dificultades y riesgos que conlleva: “no sé qué tanto pelean, se agarran a todas horas a balazos […] ya no había clases, ya no podemos salir ni a la calle ni a trabajar ni nada” (entrevista 1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2018).

En el actual contexto migratorio, México presenta un escenario complejo. Como país de origen sigue impulsando a muchas personas a buscar un mejor nivel de vida y seguridad en Estados Unidos, es decir, que forma parte de los países expulsores que no logran ofrecer condiciones de vida justa y digna a una porción importante de su población.⁹ México ha puesto en evidencia dispositivos de control migratorio que afectan a toda la población en movimiento por su territorio. Con la movilidad masiva de personas migrantes desde 2018, México adquirió el estatus de país destino, sin embargo, esto no ha repercutido en las políticas dirigidas a mejorar las condiciones de instalación de las personas migrantes de Centroamérica. Esto complejiza el fenómeno porque la migración forzada se transforma también en un asentamiento involuntario propiciado por la persecución y el control migratorio.

Estados Unidos sigue siendo, en la mayoría de los casos, el destino anhelado, pero los múltiples obstáculos para llegar allí propician que muchas personas en movilidad se queden a la mitad del camino sin posibilidades de volver a su lugar de origen ni de instalarse en México, ya que no se les garantiza un tránsito seguro ni mucho menos la regularización o inserción laboral en caso de quedarse. A la huida de un contexto violento, se transita por un espacio inseguro, controlado frecuentemente por actores ilegales, que “te dejan desnudo, sin zapatos, sin dinero […], ya no tienes nada, y desde entonces comienza nuestro calvario” (entrevista 8, comunicación personal, 01 de marzo de 2019).

Una de las observaciones más importantes que han hecho quienes acompañan a las poblaciones migrantes en su tránsito por el territorio mexicano es que las actuales políticas migratorias son inservibles cuando se trata de proteger a las personas más jóvenes, sobre todo porque son quienes salen de sus países con el propósito de salvaguardar sus vidas y distanciarse del riesgo de ser víctimas de reclutamiento por pandillas, ya que al llegar a México son vulneradas por corporaciones de seguridad estatales que no garantizan su integridad física.¹⁰ Esta situación se ha visto agravada por la presencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad fronteriza; anteriormente, los cuerpos de seguridad local, regional o federal solo constituían un apoyo a los agentes del Instituto Nacional de Migración. La vulneración de derechos es “igual, todos en México, la policía, crimen organizado, migración, policía federal, todo el mundo viola los derechos humanos” (entrevista 5, comunicación personal, 22 de enero de 2019).

De manera general, en el primer tercio del año 2019 se documentó que quienes se encuentran en tránsito por el territorio mexicano constantemente son víctimas de robo, extorsión, abuso de autoridad, secuestro, abuso sexual, tortura, trata de personas, entre otras agresiones. En la mayoría de los casos, los responsables eran autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo elementos de empresas de seguridad privada y miembros del crimen organizado (^{Redodem, 2020}). Las violaciones no solo son sistemáticas sino, además, muchas de ellas representan situaciones similares a las que motivaron la salida de los migrantes de sus lugares de origen. Cuando se discute el fenómeno de la migración desde sus causas estructurales, una de las cosas que se intenta señalar es que la ciudadanía o la inscripción a una nacionalidad no garantiza el goce pleno de los derechos considerados universales.

El caso de Colombia-Venezuela pone en evidencia una situación similar en relación con las afectaciones de la población en movilidad, especialmente a partir del incremento de la migración transfronteriza y extracontinental (Organización de los Estados Americanos ^{[OEA], 2017}) que ha ido convirtiendo a Colombia en lugar de tránsito debido a su ubicación geográfica de país fronterizo, en tanto comparte fronteras terrestres con Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Brasil. Históricamente, Colombia ha sido un país expulsor de población, alcanzando cifras de desplazamiento interno y migración internacional que permiten afirmar que aproximadamente 20 por ciento de su población está en condición de movilidad (Centro Nacional de Memoria Histórica ^{[CNMH], 2015}, ²⁰¹⁸).

Entre las causas de la creciente movilidad poblacional, particularmente hacia finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, se ha subrayado el impacto del conflicto armado y el escalamiento de las violencias por la presencia de distintos actores armados ilegales que se han disputado el control territorial, las rutas del narcotráfico y las fuentes de riqueza extractiva (^{CNMH, 2015}, ²⁰¹⁸). El conflicto armado comporta dinámicas de expansión territorial y control de las fronteras, convirtiéndolas en espacios permanentes de confrontación, develando, además, los límites de la capacidad estatal para el control de esos territorios por la pérdida del monopolio de la violencia legítima (^{González et al., 2003}).

El valor estratégico de estos territorios en función del desarrollo de megaproyectos, particularmente, en la frontera con Venezuela, ha ido revelando que, además de las acciones relacionadas con el conflicto armado, emergen intereses económicos provenientes de otros actores –ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, capitalistas nacionales y transnacionales– los cuales imprimen una dinámica más compleja al fenómeno de la migración, en razón de la presencia de factores causales que la detonan y expanden. De igual forma, la coyuntura reciente introduce una problemática nueva en relación con las dinámicas transfronterizas Colombia-Venezuela por la creciente y masiva migración de venezolanos.¹¹

En este nuevo contexto se vislumbra una modificación importante en el patrón migratorio colombiano que, como país expulsor de población, encontraba en Venezuela un destino preferente; dicho patrón empieza a invertirse debido a la situación venezolana que ha conducido a una masiva movilización de su población hacia diversos destinos, entre los cuales Colombia ocupa un lugar central. Así, la movilidad poblacional se ha diversificado y las condiciones del contexto en esos espacios transfronterizos se ha complejizado, observándose una situación crítica de precariedad económica, violencia e inseguridad que afecta a toda la población en movimiento.

La percepción del peso de estos factores no es homogénea, como se advierte en los testimonios y en algunos estudios. Una migrante colombiana en Venezuela señala que “Colombia tiene una política de Estado represiva, al servicio de las multinacionales, de Estados Unidos”, que en su experiencia familiar ha tenido “antecedentes de generaciones que tuvieron que migrar internamente” y luego, de manera forzosa tuvieron que migrar a Venezuela para “salvaguardar la vida” (entrevista 38, comunicación personal, 05 de diciembre de 2019). Respecto a las condiciones generadas por la creciente ola migratoria de venezolanos y el cambio en la tendencia de dicha población migrante, en el análisis de la información se revelan diferentes circunstancias y momentos.

Factores como la escasez de alimentos, la falta de productos de higiene, medicamentos e insumos médicos, el colapso de la situación económica, así como una violencia generalizada y las operaciones de mano dura por parte de la Guardia Nacional (^{Serbin Pont, 2018}; ^{Vargas Ribas, 2018}), condujeron a que gran cantidad de venezolanos salieran del país sin preparación alguna, sin saber a dónde llegar, sin dinero y sin contactos; incluso algunos viajaron caminando y pasaban la noche en los parques. Algunas de las personas entrevistadas hacen alusión al apoyo que encontraron en el lugar de destino o de tránsito –de algunos familiares o pobladores de esas localidades– representado en hospedaje temporal, dinero, información, referencias para conseguir empleo.

A partir de 2017, la violencia y la persecución política fueron otros detonantes de la migración. Se registraron casos de acoso por parte de las fuerzas armadas nacionales y de organismos de inteligencia; personas vetadas sin forma de conseguir trabajo en su área por haber votado en contra del gobierno; conflictos con miembros de la policía y violencia desatada por parte de la delincuencia organizada (entrevista 31, comunicación personal, 14 de noviembre de 2019; entrevista 35, comunicación personal, 23 de noviembre de 2019). Los testimonios recabados también aportan información respecto al papel de la fuerza pública venezolana como actor responsable de la migración: “La Guardia Nacional, que es la policía militarizada en el país, [es] el elemento más hostil con el que el ciudadano se enfrenta día a día” (entrevista 29, comunicación personal, 28 de diciembre de 2019); así mismo, se informa sobre el hostigamiento y la persecución por parte del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) por temas ideológicos hacia miembros de partidos políticos de la oposición (entrevista 53, comunicación personal, 07 de enero de 2020).

En general, se destaca el aumento de la violencia y la inseguridad, el incremento del consumo de sustancias psicoactivas y la consecuente “descomposición del tejido social” (entrevista 29, comunicación personal, 28 de diciembre de 2019) como factores detonantes de la migración. Los entrevistados mencionan también la “violencia simbólica” ejercida por el Estado, en razón del “aumento de la burocracia y la imposibilidad por parte del Estado para atender las solicitudes, quejas o reclamos que tenga la ciudadanía, particularmente con los procesos de documentación” (entrevista 33, comunicación personal, 15 de noviembre de 2019), y una violencia policial promovida por el Estado y materializada en actos de abuso, detenciones arbitrarias, extorsiones y amenazas (entrevista 31, comunicación personal, 14 de noviembre de 2019). A estas condiciones de salida, los testimonios agregan experiencias de violencia e inseguridad en su tránsito.

Ahora bien, un contexto de transformaciones subyace y antecede a esta situación en los espacios transfronterizos. Durante años, las relaciones binacionales fluctuaron entre el conflicto y la cooperación. A partir de 2010 se logró regularizar la relación desde Colombia con el gobierno de Venezuela, pero casi exclusivamente en materia comercial y sin incluir en la agenda binacional asuntos referidos a los flujos migratorios, voluntarios o forzados (^{Naranjo Giraldo, 2015}). No obstante, diferentes incidentes en la frontera con Venezuela han generado durante años un aumento de las tensiones entre los dos gobiernos, lo cual ha representado un riesgo inminente para los venezolanos que intentan cruzar la frontera por las trochas o pasos improvisados.

Durante la emergencia sanitaria a partir de la pandemia por la COVID-19, la vulneración de los derechos de la población migrante se acentuó. Las medidas adoptadas oscilaron entre la hostilidad y la protección ponen en evidencia esta paradoja: el cierre de los pasos fronterizos, la expulsión y los retornos masivos de venezolanos por presuntas afectaciones a la seguridad ciudadana y ante el riesgo de contagio del virus (^{Carvajal, 2020}) y el reconocimiento de los derechos de niños considerados apátridas –hijos de venezolanos nacidos a partir de 2015, para quienes se consideró otorgar la nacionalidad colombiana– (^{Proyecto Migración Venezuela, 2019}). Esta situación se ha visto agravada por la crisis que vive el proceso de paz¹² en Colombia y sus implicaciones en materia de derechos humanos: criminalización y asesinato de líderes sociales, reclamantes de tierras y retornados; re- victimización de población desplazada interna; incremento del control de los movimientos de la población y del empadronamiento; aumento de población migrante proveniente de Haití, Venezuela y Senegal en condiciones precarias agravadas por la ausencia de una política que responda a las dinámicas de la creciente inmigración.

Desde finales de 2017 e inicios de 2018, el crecimiento sostenido de la migración venezolana fue adoptando formas masivas, haciendo visible particularmente la presencia de migrantes que salen a pie –denominados los caminantes– y están expuestos a la inseguridad tanto en el trayecto como en los centros de confinamiento y albergues debido a las restricciones de movilidad causadas por la pandemia (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas ^{[Red Clamor], 2020}). La Red Clamor reunió más de 200 testimonios de migrantes venezolanos entre agosto y diciembre de 2019 en 17 países donde tienen presencia organizaciones de apoyo a migrantes de la Iglesia católica. Los testimonios permiten advertir las razones de la salida de Venezuela: problemas políticos, violencia y pérdida de derechos sociales, económicos y culturales; las rutas de tránsito donde enfrentan la xenofobia y el rechazo, pero también el apoyo que reciben de ciudadanos que les ofrecen alimento, abrigo y medicina básica para alguna emergencia (^{Red Clamor, 2020}).

Las condiciones sociales y económicas de los habitantes en ambos lados de la frontera Colombia-Venezuela en los años recientes han revelado, precisamente, la compleja relación entre los factores asociados a los cambios socioeconómicos y políticos de los dos países y a la preexistente precariedad, desigualdad y pobreza de sectores sociales diversos. La situación en el espacio transfronterizo compartido por las personas de ambas nacionalidades muestra también los retos de los Estados (en sus distintas escalas) y de la sociedad para garantizar la atención a los migrantes, tanto en relación con las condiciones de acogida social –favorables o no a su instalación–, como en relación con los asuntos de orden legal.

Si bien, no todos los consultados señalan a la violencia como factor detonante de la migración, los testimonios permiten advertir la combinación de situaciones y la percepción de inseguridad presente antes de la salida y en los espacios de tránsito. En general, en los testimonios se menciona de manera recurrente la pérdida de acceso a derechos en materia de salud, educación, vivienda y alimentación, así como las afectaciones por los cambios en la situación sociopolítica del país de origen y las condiciones de inseguridad, en los cuales la responsabilidad de los gobiernos aparece en primer plano:

Venezuela era un país demasiado próspero […] pero bajo el gobierno de Maduro no hay prácticamente ni luz, no hay transporte, […] lo que ganan las personas que tienen trabajo no les alcanza para nada […] todo lo volvió nada (entrevista 51, comunicación personal, 06 de enero de 2020).

Respecto a la seguridad, señalan, por ejemplo, que “no hay protección ni social, no hay ningún tipo de seguridad hacia el pueblo. Y tienen un pueblo sometido, porque allá en Venezuela […] si tú no estás de acuerdo te dan un tiro de gratis” (entrevista 44, comunicación personal, 04 de enero de 2020). Ante la decisión de migrar, algunos señalan incluso que esta fue forzada por las circunstancias: “el hijo mío que ya estaba grande, yo iba a buscarlo porque tanta matazón de muchachos” (entrevista 48, comunicación personal, 05 de enero de 2020). De igual manera, la información recabada en la encuesta del ^{Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en 2020}, indica los altos niveles de vulnerabilidad de la población venezolana en Colombia: 85 por ciento de las familias tienen dificultades para acceder a la alimentación, 68 por ciento carecen de vivienda, 44 por ciento no cuentan con trabajo o fuentes de ingresos, 65 por ciento consumen dos comidas diarias o menos y uno de cada tres venezolanos ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar comida (^{R4V Response for Venezuelans Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, 2020}).

El examen de las condiciones de salida en los países de origen de los dos casos estudiados, así como las circunstancias que se viven en el trayecto migratorio, sitúa el problema de la movilidad humana en contextos donde la presencia de las violencias asociadas a actores diversos –legales e ilegales– y la creciente precarización de las condiciones sociales y materiales de la población, exponen a los migrantes de manera permanente a riesgos evidentes en las zonas fronterizas. Aspectos como la carencia de alimentos, vivienda, atención de la salud, la explotación laboral, la trata de personas y la xenofobia constituyen una persistente cadena de exclusión y vulnerabilidad extrema que pone en duda la capacidad de los Estados para garantizar el bienestar de su población y de la población en movimiento.

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Hasta la primera década del presente siglo, México –como Colombia– había sido un país emisor de migrantes, y actualmente incluye a los migrantes en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. A diferencia de Colombia, la política migratoria mexicana se estableció desde la segunda mitad del siglo XX, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En un principio, el país se abocó a la gestión de los flujos de trabajadores temporales mexicanos en los campos estadounidenses. Hacia mediados de la década de 1970 se incluyó en la ley migratoria la figura del transmigrante, quizá debido a las coyunturas sociopolíticas regionales que produjeron una cantidad de personas en busca de refugio en México. Fue hasta 2001 que México dio un giro hacia el control fronterizo, alineándose a las demandas estadounidenses posteriores a los ataques terroristas de septiembre de ese año. A partir de entonces, se firmaron varios acuerdos entre ambos países –Iniciativa Mérida, Plan Frontera Sur, entre otros– para evitar el ingreso de posibles terroristas a la zona y se instauró una lógica de control a partir de la sospecha de que el migrante irregular puede estar vinculado a grupos terroristas.

En términos generales, en México y Centroamérica ha sido utilizada para dar cuenta de la externalización de la política de control fronterizo de los Estados Unidos y de las experiencias de desaparición, secuestro y muerte de migrantes en su itinerario hacia el norte. En Sudamérica, con algunas excepciones, el uso de la categoría está asociado a los cambios en las políticas migratorias nacionales, especialmente a partir del llamado “giro a la derecha” […] el término [prevalece] para denotar esquemas de regulación de la migración asociados a la “seguridad nacional” y vinculados a procesos y prácticas de criminalización de la migración (^{Pereira y Domenech, 2021, p. 283}).

La dicotomía seguridad-control fronterizo se ha instaurado en las políticas migratorias internacionales, que en el fondo responden a lógicas del capitalismo global actual. A esto se suma el aumento de solicitudes de asilo en Estados Unidos, cuyo proceso es muy largo y engorroso, lo que ha presionado a México para convertirse en tercer país seguro, a lo que el gobierno mexicano no accedió. En su lugar, propuso el programa Quédate en México –puesto en marcha a finales del año 2018– que ha tenido consecuencias negativas para las personas que buscan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo o mejorar sus condiciones de vida (^{ACNUR, 2021}). Bajo la política migratoria del gobierno de Trump se impuso una restricción tajante: quienes quisieran entrar a su país se enfrentarían a la decisión de quedarse en territorio mexicano en espera de respuesta a su solicitud de asilo.

Como lo demuestra el informe En la boca del lobo de ^{Moncada (2020)}, la anuencia del gobierno mexicano se dio –y se sigue dando– bajo una idea de ayuda humanitaria que, en los hechos, ha significado una reincidencia en la vulneración de los derechos de las personas migrantes. En el informe también se señala que, pese a que en un inicio el gobierno mexicano mostró resistencia a la petición del presidente Trump, en enero de 2019 el programa empezó a funcionar en los estados del norte del territorio mexicano. El gobierno de Trump no titubeó en ningún momento y, después de amenazar a México con imponer aranceles, se logró un acuerdo bilateral que detuvo las amenazas de dicho presidente y contuvo el flujo migratorio hacia ese país. El 7 de junio de 2019 se hizo pública una “Declaración Conjunta” que especificó los aspectos que implicaba el acuerdo:

El acuerdo general estableció que México sería quien procesaría los permisos de estancias para los nacionales de terceros países. El gobierno mexicano aseguró que las personas migrantes tendrían acceso al trabajo, a la salud y a la educación. No obstante, las promesas no se materializaron, por el contrario, esta actualización de la política migratoria representó un claro atentado contra los derechos de las personas en tránsito. En muchos casos, son las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales como el ACNUR,¹³ quienes atienden a esta población y documentan el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran, sobre todo la que espera en zonas fronterizas de alta criminalidad, como Tamaulipas. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 el gobierno de Estados Unidos envió a más de 66 000 personas a territorio mexicano a esperar las resoluciones de sus solicitudes de asilo. A finales de 2020, la mayor parte de estos solicitantes no tenían una respuesta y se vieron forzados a vivir en condiciones precarias y sin ninguna garantía de seguridad por parte del gobierno mexicano (Human Right Watch ^{[HRW], 2021}).

En los hechos, el discurso humanitario¹⁴ del gobierno mexicano se transformó en un control militar y policial de las fronteras acorde con las disposiciones de Trump. El gobierno de López Obrador ha tratado el fenómeno migratorio como un tema de seguridad nacional y esta lógica se afianzó en 2019 con el envío de por lo menos 6 000 militares. La tendencia a la securitización de la migración (^{Pereira y Domenech, 2021}) se expresa, entre otras cosas, en las facultades que la política migratoria otorga a la Guardia Nacional para detener a personas migrantes en el territorio mexicano. Cabe señalar que la mayoría de estos elementos son soldados en activo o policías militares que han sido reasignados temporalmente como apoyo para el control fronterizo, sin contar con capacitación para interactuar con población vulnerable (^{Meyer e Isacson, 2019}). Además, es necesario recordar que “el accionar en materia migratoria de la GN es ilegal, pues […] viola también los artículos 2, 66 y 67 de la Ley de Migración […] en ningún caso la situación migratoria irregular configurará un delito” (^{Moncada, 2020, pp. 31-32}). Aunque, como ha sido evidente, no solo ha sido la Guardia Nacional el instrumento de control, sino también la policía federal y local.

La ampliación de las capacidades de los cuerpos militares no está acorde con las necesidades de protección que demanda la población migrante, por el contrario, quienes han sido devueltos a territorio nacional han dado testimonio del estado de desprotección en el que los ha dejado el programa Quédate en México: las personas han quedado a la intemperie y sin opción de ingresar a algún albergue con condiciones dignas (^{HRW, 2021}; ^{Meyer e Isacson, 2019}; ^{Moncada, 2020}; ^{MSF, 2020}). Una vez que pisan algún sitio de la frontera norte, su vida e integridad quedan a la deriva, expuestos al tráfico ilegal y a los riesgos inherentes de la violencia que ejerce el crimen organizado.

A la securitización de las fronteras se sumaron las medidas adoptadas en virtud de la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo cual constituyó dos elementos que pusieron en situaciones todavía más extremas a quienes intentaban ingresar a México o a quienes estaban en tránsito. Si los gobiernos mexicanos han sido incapaces de garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos, para las personas migrantes representa un territorio altamente letal. Además de las agresiones documentadas en el proceso de detención, las personas migrantes están expuestas a muchas situaciones de alto riesgo como la privación de la libertad, el reclutamiento forzado, la desaparición, el homicidio, la violencia sexual, aunque no se sabe con certeza la dimensión de la población afectada. Estas violencias no se presentan de manera aislada y muchas veces se encuentran entrelazadas entre sí (Comisión Nacional de Derechos Humanos ^{[CNDH], 2018}; ^{Díaz Lize, 2020}; ^{Gómez Johnson y Robles Rodríguez, 2021}; ^{Martínez-Castillo, 2020}).

El discurso en torno a la migración irregular y/o forzada ha facilitado que se vea en el migrante un potencial peligro y, por tanto, que el uso de la fuerza –policial o criminal– se tolere:

Una primera perspectiva entiende la securitización como un acto de habla, desplegado por actores políticos con autoridad para convertir las migraciones internacionales en una “amenaza existencial” a las identidades colectivas o grupales (por ejemplo, a la identidad nacional) y producir así una respuesta política extraordinaria que es aceptada por la “audiencia” (^{Pereira y Domenech, 2021, p. 287}).

En un contexto en el que el crimen organizado ha tomado grandes porciones de territorio, la población local ha incorporado algunos comportamientos a su quehacer cotidiano. Por ello, no sorprende que al presentarse una situación de violencia, antes que sentir indignación, se sospeche de la posible participación de los involucrados en hechos criminales; esto en ocasiones justifica el abuso, la muerte o la desaparición de las personas migrantes. De acuerdo con ^{Domenech (2013, p. 121)}, quizá lo deseable sería ofrecer una gestión con “rostro humano” a partir de la construcción de un puente entre las políticas migratorias internacionales –que finalmente son impuestas por los gobiernos del norte desarrollado– y la dicotomía derechos humanos-seguridad como contrapeso al creciente fortalecimiento de los controles fronterizos.

Lo anterior conduce a una discusión sobre el concepto de gobernabilidad (gobernanza o gestión, dicen otros) migratoria, que pretende proponer formas en que todos ganen (^{Gandini et al., 2020}; ^{Domenech, 2013}; ^{Guizardi et al., 2021}). Sin embargo, el control fronterizo se mantiene –quizá menos restrictivo– con la finalidad de evitar el ingreso de migrantes irregulares y no ofrece una respuesta a las situaciones actuales que viven algunos territorios que empujan a su población a salir debido a los desastres naturales, al empobrecimiento extremo y a las violencias diversas, entre otras razones.

En cuanto al papel del Estado en el caso colombo-venezolano, es importante recordar que Colombia ha sido históricamente un país de emigración y, en consecuencia, las políticas migratorias han estado orientadas fundamentalmente a la atención de la población colombiana en el exterior. Solo en los últimos años se ha modificado esta tendencia para constituirse como país receptor, particularmente de población procedente de Venezuela. Sin duda, esta situación representa un desafío en materia de política integral migratoria¹⁵ que considere a las personas retornadas, a los colombianos en el exterior y a los migrantes extranjeros con la finalidad de regularizar su condición. En cuanto a Venezuela, a pesar de su carácter predominante como país receptor de población, ha mostrado que las políticas migratorias en los últimos 20 años no han considerado relevante la atención de su población en el exterior, pese al incremento sostenido de personas que se movilizan más allá de sus fronteras (^{Freitez, 2019}).

Los flujos migratorios binacionales llevan una trayectoria signada, en primer lugar, por la salida de colombianos en diferentes períodos y por causas igualmente diferenciales y, en segundo lugar, por la creciente y masiva migración de venezolanos con destino preferente hacia Colombia de los años recientes. A través de la extensa frontera terrestre entre estos dos países –2.219 km de extensión– ha existido una permanente relación de vecindad debido al tránsito constante de personas, más allá de las tensiones entre los gobiernos surgidas en diferentes coyunturas. En este sentido, las modalidades de desplazamiento han operado por razones económicas, forzadas, por los lazos de familias colombo-venezolanas, por el retorno de colombianos y por la creciente movilidad de venezolanos en condiciones precarias o de extrema vulnerabilidad. Todas estas circunstancias constituyen un desafío en materia de marcos normativos para la atención de las poblaciones en movimiento que garanticen el ejercicio de sus derechos.

Desde finales de la década de 1990, la agenda binacional estuvo marcada por el tema de seguridad, particularmente por el impacto del conflicto armado colombiano y por la posición adoptada por Venezuela al respecto; esto consolidó una concepción de la frontera como un problema de seguridad nacional (^{Naranjo Giraldo, 2015}). Las consideraciones del gobierno estadounidense sobre el posible impacto del escalamiento del conflicto armado colombiano sobre la seguridad hemisférica, y la incapacidad del gobierno colombiano para derrotar a la insurgencia, así como la consecuente necesidad de ayuda internacional dieron paso a la formulación del Plan Colombia. 16 Este fue ampliado con la Iniciativa Regional Andina¹⁷ en 2002 dada la renovada importancia que adquirió la región andina como escenario estratégico en el marco de la cruzada mundial antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Desde 2005, el gobierno de Venezuela aumentó la militarización en la zona fronteriza como respuesta a la agudización del conflicto colombiano. A partir de 2010, el cambio de gobierno en Colombia facilitó acciones diplomáticas igualmente enmarcadas en la constitución de comisiones binacionales de seguridad que invisibilizaron la movilidad humana transfronteriza, privilegiaron los problemas de comercio ilegal, contrabando y narcotráfico, y desconocieron la presencia de migrantes en busca de protección. Las medidas adoptadas en ambos países contribuyeron a fortalecer una mirada securitaria de la migración: los asuntos migratorios –la información suministrada a migrantes y refugiados sobre los mecanismos de protección y el proceso de cedulación– fueron entregados al ejército y a la Guardia Nacional, dada la creciente militarización en las zonas de frontera (^{Naranjo Giraldo, 2015}).

Los testimonios recabados en esta investigación corroboran el carácter forzado de la movilidad y las condiciones de precarización y vulneración de derechos a que se ven sometidos los migrantes, particularmente en los pasos fronterizos. En Colombia, la ausencia de un marco normativo migratorio que oriente las acciones de atención y protección de la masiva migración venezolana ha conducido a la adopción de medidas provisionales surgidas a partir de considerar a la movilidad poblacional como una “emergencia”; en consecuencia, dicho tratamiento excepcional y transitorio ha acentuado las condiciones de irregularidad de los migrantes dificultando el acceso a ejercer sus derechos.

Por tanto, medidas como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF) y la consideración de emergencia social en la frontera por parte del gobierno colombiano en 2017¹⁸ para facilitar una supuesta regularización temporal de los migrantes venezolanos en territorio colombiano han estado acompañadas de la presencia y acción policiaca al momento de registrar a los migrantes, con un nivel de discrecionalidad por parte de las autoridades migratorias que genera desconfianza y miedo entre los migrantes en situación irregular, debido a que se ven expuestos a deportaciones y expulsiones.

Es preciso recordar, además, que Colombia ha recibido alrededor de 950 millones de dólares por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y Japón (^{Romero Salamanca, 2020}) para atender a la población migrante venezolana, lo que pone en duda el papel del gobierno colombiano que instrumentaliza la situación de los venezolanos para la obtención de beneficios económicos, al tiempo que hace un uso político de la capacidad de respuesta de Venezuela. Al respecto, ^{Ospina y Ramírez (2021)} comentan: “el incremento de la migración venezolana [...] no sólo afectó el paisaje migratorio de toda la región, sino que fue usada en términos políticos como una de las caras más visibles del fracaso del llamado ‘socialismo del siglo XXI’” (p. 3). De ello se deriva que las políticas migratorias en estos países en los años recientes deben examinarse en un plano de tensiones que impacta no solo a las dinámicas domésticas, sino también a la geopolítica latinoamericana.

Tras el discurso de la ayuda humanitaria de emergencia en las medidas provisionales de Colombia, persiste una tendencia a la securitización de la migración reflejada en las formas adoptadas para el control fronterizo y el cierre de fronteras, bajo las cuales se ha vulnerado profundamente a los migrantes en tránsito al ser confinados en localidades fronterizas sin comida, techo, ni dinero y expuestos a condiciones de inseguridad y violencias. Particularmente, las mujeres han sufrido altos niveles de violencia sexual y los niños y las niñas han sido explotados a través de la mendicidad y/o abandonados en el tránsito de Venezuela a Colombia. Además, así como en el pasado reciente un número importante de colombianos requerían protección internacional, en la reciente coyuntura numerosos venezolanos transitan con necesidad de protección internacional; no obstante, en ambos casos los respectivos gobiernos han invisibilizado esta problemática y reducido sus respuestas a medidas provisionales y consideraciones humanitarias, especialmente a través del apoyo de organizaciones sociales.

Así, en los casos examinados es posible constatar una tendencia gubernamental a la adopción de medidas políticas de contención y control de la migración, que se corresponde con la securitización predominante y que se oculta en los discursos humanitarios de los gobernantes de turno. La tendencia a la securitización de la migración presente en la región por lo menos desde la década de 1990 a través de mecanismos como la “externalización de las fronteras” (^{De Genova et al., 2014, p. 4}) con el propósito de contener los flujos migratorios –inicialmente de centroamericanos y luego de suramericanos, caribeños e incluso extracontinentales (^{[In]movilidad en las Américas. COVID-19, 2020})– se ha profundizado en el último decenio con la consecuente producción de la irregularidad migratoria, el incremento de las solicitudes de asilo desatendidas o en suspenso y la deportación.

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS PARA TRANSITAR LAS FRONTERAS

El contexto de las restricciones y el control de la población en movimiento esbozado devela una situación de vulneración de derechos que, sumada a la producción del miedo, la inseguridad y las violencias en los espacios transfronterizos, configura un ambiente de incertidumbre y precarización. Pese a ello, los migrantes resisten y despliegan una serie de acciones y formas organizativas que más allá de la sobrevivencia, dan cuenta de su capacidad de agencia y de la articulación con la sociedad de acogida a través de diferentes estrategias o como parte de una lucha reivindicativa compartida, sobre todo, en localidades fronterizas donde sufren condiciones de vulnerabilidad similares.

En el marco de las agresiones, omisiones y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, se ha testificado la conformación de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y de personas que, individual o colectivamente, han ido creando un trabajo importante como respuesta urgente de protección ofreciendo agua, alimentos y atención médica, pero también documentando y visibilizando las violaciones de derechos y dando acompañamiento en trámites migratorios.

Muchas y muchos de los defensores son integrantes de la misma comunidad migrante que asumen un papel activo para documentar violaciones a sus derechos, establecer comunicación con las autoridades y apoyar voluntariamente en los sitios donde se albergan. Además de la ayuda tan importante que brindan los refugios y los grupos de personas que solidariamente ofrecen alimentos, ropa, medicamentos y apoyo psicológico, existe un trabajo fundamental: caminar al lado de las personas migrantes durante todo su trayecto, acompañar las caravanas mostrando la dimensión de las violencias y sus efectos en los cuerpos de quienes están migrando, y compartir los procesos de búsqueda de quienes han desaparecido en el camino. Es notorio también el trabajo de asistencia legal que capacita a la población migrante para que pueda exigir el respeto a sus derechos básicos; esta labor a la vez apoya en la integración de expedientes de solicitud de asilo para aminorar el riesgo de deportación y/o encierro en las estaciones migratorias.

Es importante señalar que gran parte del trabajo de documentación e investigación en materia de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes es realizado en cadena por las mismas personas defensoras. Esto ha significado que la defensa de las personas migrantes adquiera notoriedad social y política y, al mismo tiempo, sea causa de actos de persecución y hostigamiento. Las detenciones a las personas defensoras ha sido constante desde 2019; del mismo modo, el acompañamiento físico a migrantes y la intervención directa en los momentos en que se detecta alguna situación de riesgo o violencia, se ha criminalizado y equiparado con delitos que van desde la alteración del orden público hasta el de tráfico de personas. A pesar de todo lo anterior, el trabajo de las personas defensoras continúa. Las caravanas de migrantes registradas en los últimos tres años (2018-2021) en México han centrado la atención en cuidar y garantizar que el tránsito de las poblaciones en movilidad sea seguro y acorde con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

La información recabada para este artículo revela la existencia y conformación de redes de apoyo, familiares y sociales, antes de la migración, en el tránsito y en el lugar de destino – provisional o definitivo–. El suministro de recursos básicos –alimentación, vivienda, salubridad, la asesoría para trámites de documentación, empleo, instalación– está presente en los dos casos de estudio, especialmente a través del apoyo de las ONG locales, de la cooperación internacional y de las iglesias, no solo católicas:

Una ONG aquí a dos cuadras dan almuerzos y medicinas a las venezolanas y los niños […] la iglesia Los Pinos, maneja eso, [cristiana] de Cúcuta, […]; hay una ONG en la entrada de San Antonio, pertenece a la Iglesia católica (entrevista 52, comunicación personal, 15 de enero de 2020).

De igual manera, los migrantes han adoptado medidas de presión, movilización y reivindicación a través de protestas y campamentos para llamar la atención de los gobiernos locales y de la sociedad en general. Dichas estrategias implican el despliegue de mecanismos de lucha contra el régimen de control, para proteger y garantizar sus derechos, así como consolidar la solidaridad entre los migrantes y las poblaciones asentadas de la sociedad civil, las cuales, en los años recientes, han dado cuenta de una emergente hospitalidad que produce una relación horizontal entre quienes llegan y los pobladores, con quienes comparten similares condiciones de exclusión y denegación de derechos.

Por otro lado, se observan respuestas sociales discriminatorias y xenófobas expresadas en tensiones explícitas entre migrantes, en la convivencia en los barrios o albergues de acogida, o al desalojar las viviendas; las pugnas internas y los reclamos derivaron en enfrentamientos con la policía, riñas, acciones vandálicas y el decomiso de armas cortopunzantes y drogas ilícitas dentro del campamento (^{Motoa, 2018}). La estigmatización es otra fuente de discriminación, que en el caso de las mujeres migrantes venezolanas aumenta su vulnerabilidad. En una investigación realizada por Oxfam entre febrero y julio de 2019 en Colombia, Perú y Ecuador, se concluyó:

Cerca de la mitad de la población consultada en los tres países piensa que las mujeres migrantes acabarán ejerciendo la prostitución, mientras se reproducen roles sexistas, de sobrecarga para las mujeres y su responsabilidad de cuidado, lo cual facilita la vulneración de derechos (^{Oxfam Internacional, 2019, p. 4}).

Sin duda, el carácter creciente y masivo de la migración venezolana ha propiciado la emergencia de prejuicios, que en ocasiones alimentan acciones y prácticas de xenofobia, de miedo al extraño al considerarlo “peligroso” o “intruso”; de igual forma esto sucede frente al aumento de los centroamericanos y su permanencia por más tiempo del esperado en los espacios fronterizos con México. Sin embargo, lo que está presente en ambos casos de estudio es que prevalece una cotidianidad que enfrenta la hostilidad y la transforma en solidaridad entre quienes habitan y transitan los espacios transfronterizos.

CONCLUSIÓN

Los criterios que guiaron la definición de los dos casos de estudio supusieron, en primer lugar, la documentación sobre su dinámica y desarrollo. Para ello, se trazó una ruta de indagación que incluyó trabajo de campo el cual consistió en entrevistas semiestructuradas y observación participante, la revisión de diversas fuentes de información periodística, documental, bibliográfica y la sistematización de la información recabada. En segundo lugar, se adoptó una perspectiva comparada que permitió analizar, desde una “base común”, la presencia persistente de la violencia en los contextos nacionales y develar los rasgos diferenciales y similares que se ocultan con frecuencia tras la etiqueta de “crisis”. El reconocimiento de los impactos semejantes de la violencia y su articulación con otros fenómenos de orden social, económico, político, facilitó la proyección de algunas tendencias explicativas que pueden abonar a la discusión más amplia sobre los cambios en la migración transfronteriza de los años recientes.

De igual manera, se hizo un seguimiento a las medidas políticas adoptadas por los gobiernos con el fin de comparar los enfoques sobre los cuales se cimentan las respuestas estatales a la situación migratoria en la región, siendo visible una tendencia al uso de dispositivos de control migratorio, frecuentemente al amparo del discurso de los derechos humanos como justificativo de la deriva policial y coercitiva. Otro ámbito de comparación ha sido la respuesta social, es decir, las expresiones y prácticas de las comunidades de acogida provisional (en tránsito) o definitivas (en destino) que han favorecido no solo la solución de situaciones de precariedad socioeconómica, sino que incluso han acompañado acciones contestatarias y de reivindicación de los migrantes. Se observó que para el caso de México la respuesta social es, sobre todo, a partir del papel que cumplen las organizaciones de la sociedad civil o tercer sector. Además, en las respuestas sociales fue posible identificar discursos y acciones hostiles, discriminatorias y xenófobas.

En síntesis, el artículo presenta un ejercicio descriptivo y exploratorio a partir de los rasgos de los contextos de expulsión y la observación de las transformaciones de los contextos de tránsito. Se traza una ruta para la comparación de tres campos de análisis: Por un lado, el contexto de expulsión y tránsito que está marcado por la violencia y que es proclive a grandes afectaciones en materia de derechos humanos, desprotección y precarización de la población en movimiento. Por otro lado, el ámbito de actuación estatal –estrategias, medidas y acciones de política migratoria cada vez más restrictivas– que controla la movilidad de los migrantes en tránsito y contiene los flujos de población, y transforma por la vía de la securitización/externalización de fronteras las dinámicas transfronterizas a partir de la adopción de medidas y dispositivos de control que desactivan o desincentivan la movilidad poblacional.

Y, finalmente, la respuesta social a partir de los desafíos que supone el crecimiento sostenido e inusitado de la movilidad poblacional, particularmente en espacios transfronterizos. La respuesta social que oscila entre la acogida y la exclusión de los migrantes, que favorece lazos de solidaridad, acción colectiva y procesos organizativos de la población en movimiento en su interacción con actores locales y que encuentra en las organizaciones de la sociedad civil un aliado que facilita su permanencia en los lugares de tránsito.