De las memorias y su análisis: una aproximación

En términos generales, la memoria es “la capacidad o facultad de recordar, de tener presente algo ligado al pasado” (^{Jelin, 2018: 271}). Actualmente, memoria e incluso memoria colectiva -concepto polisémico y complejo, originalmente propuesto por Maurice Halbwachs en su sociología de la memoria- son categorías omnipresentes en las ciencias sociales, en los debates políticos sobre justicia y derechos humanos, en la literatura, y en muchos otros ámbitos. Tal ha sido su éxito que desde hace varios años existe un campo de estudios intedisciplinario articulado en torno a sus aspectos sociales y culturales, los Memory Studies o estudios sobre la memoria. Paradójicamente, el éxito de estas categorías las ha hecho difíciles de utilizar, entre otras razones, por la enorme variedad de fenómenos que designan y que constituyen potenciales objetos de estudio. De allí la amplísima oferta de definiciones de memoria colectiva, conceptos asociados y enfoques para su estudio, de las cuales no puedo dar cuenta en este espacio.³ Encuentro sugerente la perspectiva de ^{Aleida Assmann (2008)} y ^{Jeffrey Olick (2008)}, quienes plantean que es más provechoso pensar en la memoria colectiva como un amplio término sensibilizador, y no una definición precisa o definitiva. Retomo la propuesta de ^{Olick (2008)} y otros autores y autoras para plantear, más que una definición, una serie de principios conceptuales para el análisis de la memoria colectiva o social, que no pretende ser exhaustiva.

El primer principio apunta al carácter plural y no monolítico de la memoria: la memoria es un fenómeno diverso y complejo, que involucra diferentes grupos e individuos, prácticas, materialidades y temas: es más preciso hablar de múltiples memorias que de una sola. El segundo principio advierte que la memoria no es el espejo o residuo auténtico del pasado, ni una construcción completamente maleable por el presente, sino más bien una negociación fluida entre los deseos del presente y los legados del pasado, lo que invita a indagar “el papel que desempeñan respectivamente el pasado y el presente, la memoria y la historia en esa negociación -y cómo se relacionan-”. En tercer lugar, es útil dar cuenta del carácter cambiante y procesual de las memorias, pues estas son algo que los grupos sociales hacen, no algo que poseen, y este hacer involucra prácticas muy diversas y dinámicas, a veces contradictorias (^{Olick, 2008: 159}). Estos principios de análisis quedarían incompletos sin “la preocupación por lo político como constituyente de las memorias y de los relatos sobre el pasado” (^{Feld, 2016: 10}), que los estudios sobre memoria desde América Latina han subrayado (^{Jelin, 2002}; ^{Arboleda Ariza, Piper-Shafir y Vélez-Maya, 2020}). Examinar la relación cambiante entre memorias “fuertes” o hegemónicas (general, pero no exclusivamente institucionales) y memorias “débiles” (aquellas que han sido silenciadas, subordinadas e incluso reprimidas) permite dar cuenta de “las disputas por el significado del pasado que reproducen las luchas por el poder en una sociedad determinada” (^{Archila, 2017: 24}).

¿Cómo hacer operativo el análisis de un objeto tan complejo y con tantos matices? Es aquí donde traigo, a manera de propuesta, una aproximación analítica construida desde las reflexiones señaladas atrás y en función de la información recabada acerca de las tres conmemoraciones (resumida en la tabla 1 y desarrollada en los apartados que componen este artículo), pero considero que puede ser útil para analizar no sólo otras conmemoraciones, sino otras expresiones colectivas de la memoria.⁴

El primer elemento apunta a la cuestión fundamental de quiénes son los agentes colectivos que recuerdan, transmiten y conmemoran, una cuestión central desde los primeros planteamientos de Halbwachs, hasta las propuestas más recientes desde América Latina con la categoría de los emprendedores de memoria de ^{Jelin (2002)} y la atención que se presta a los agentes en los trabajos sobre memoria transnacional (^{Wüstenberg y Sierp, 2020}). Entendiendo la memoria como una actividad narrativa (^{Dosse, 2004}; ^{Ricoeur, 2008}), el segundo elemento hace referencia a interpretaciones generales o particulares de lo acontecido, que se originan en la comunicación compartida, son selectivas, diversas y en conflicto con otras. La memoria, como se señaló atrás, no es un reflejo del pasado, sino una interpretación. Los acontecimientos seleccionados y moldeados por los agentes -desde el presente, sus necesidades e intereses- son transmitidos en una forma narrativa, que se “expresa en un relato comunicable, con un mínimo de coherencia” y encierra un cierto sentido del pasado (^{Jelin, 2002: 27}). ^{Astrid Erll (2012)} señala que el recuerdo de experiencias pasadas relevantes para una comunidad de memoria va necesariamente acompañado de estrategias narrativas, como la selección de ciertos objetos y su combinación, orientadas a la creación de sentido. Las narrativas están estrechamente asociadas al tercer elemento, la estructura temporal, que se refiere al tiempo abarcado en la rememoración o, usando la conocida expresión de ^{Reinhart Koselleck (1993)}, el “campo de experiencias” recuperado en la narración, la cual puede articularse en torno a sucesos recientes o a un tiempo más lejano. Los medios, por su parte, “ayudan a construir y transmitir nuestros conocimientos y sentimientos sobre el pasado” (^{Kansteiner, 2002: 190}): comprenden diversas combinaciones de prácticas discursivas, visuales y espaciales en lugares públicos en un proceso dinámico (^{Olick, 2008}). La conmemoración constituye una práctica de memoria, que a su vez reúne diversas prácticas, pues en el marco de una conmemoración se llevan a cabo diversas actividades, como se verá más adelante.

Las fuentes de información utilizadas son de diverso tipo. En sintonía con la creciente importancia del registro histórico que reposa en medios digitales (^{Eiroa, 2018}; ^{Milligan, 2020}), los blogs y páginas web de las agrupaciones que organizan y participan de las tres conmemoraciones son una fuente central.⁵ También se hicieron observaciones durante las actividades conmemorativas presenciales del 10 de mayo, la Semana y el Día Internacionales del Detenido-Desaparecido de 2021 en la Ciudad de México. Durante esta última se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas participantes en los eventos. Las circunstancias impuestas por la pandemia hicieron que algunas actividades conmemorativas fueran virtuales, de manera que estas fueron examinadas en las tres fechas. Examino el periodo de 2010 a 2021. No obstante, tendré en cuenta un horizonte temporal más amplio, propio de la historia del tiempo presente, que sitúa las actuales formas de recordar la desaparición en la lamentablemente larga historia del fenómeno, que remite a las desapariciones ocurridas en el marco de la aplicación de doctrinas contrainsurgentes de la guerra fría en México y América Latina. Paralelamente, la lucha social contra este crimen de lesa humanidad y herramienta de represión tiene una historia igualmente larga: su relevancia reposa no sólo en la actual crisis de desapariciones, sino en la irresolución de las ocurridas desde finales de los años sesenta y, por lo tanto, en la vigencia de sus demandas, sostenidas a lo largo de todo este tiempo. La discusión acerca de la relación entre una y otra crisis de desaparición, las continuidades y rupturas exceden los alcances de este texto, pero, en cualquier caso, el estudio de los actores, sus demandas y sus prácticas conmemorativas actuales contra la desaparición de personas se enriquece con análisis que vayan más allá del presente inmediato.

Antes de avanzar, debo señalar que se abordarán las conmemoraciones de la Semana y el Día de manera conjunta porque comparten la misma raíz: ambas conmemoraciones tienen su origen en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). Además, en la actualidad son las mismas organizaciones domésticas quienes las llevan a cabo y, por lo tanto, despliegan prácticas muy similares y expresan los mismo sentidos.⁶

Los agentes: colectivos de familiares

Una de las estrategias de visibilización y denuncia del problema de la desaparición privilegiada por las organizaciones de familiares han sido las conmemoraciones. En el pasado reciente, Fedefam impulsó dos jornadas conmemorativas principales: la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, a la que se consagra la última semana de mayo, y el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el 30 de agosto. Este último fue adoptado por Naciones Unidas como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas desde 2010.⁷ Ambas conmemoraciones han condensado la labor de denuncia y visibilización de las desapariciones forzadas que las agrupaciones locales y la federación llevan a cabo a lo largo de todo el año.

Como en otros países de América Latina, en México la Semana y el Día Internacional del Detenido Desaparecido se han conmemorado desde la década de 1980, gracias a la iniciativa de organizaciones de familiares pioneras miembros de Fedefam, como el Comité Eureka y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem). Ambas organizaciones coordinaban acciones diversas, desde marchas y concentraciones en lugares públicos, centros de detención y oficinas de gobierno y de organismos internacionales, hasta misas, huelgas de hambre y actividades culturales. Acciones similares se han llevado a cabo a lo largo de la región, en los países en los que Fedefam tiene presencia.⁸ En México, la observación de estas fechas se mantuvo a lo largo de los años, aunque no con la misma fuerza que en la primera década de la federación. Aunque las conmemoraciones cayeron en una suerte de olvido pasivo (^{Assmann, 2008}) en la década de 2000, debido al repliegue de las agrupaciones que las organizaban, estas prácticas de la memoria colectiva de las organizaciones de familiares se conservaron, quedaron disponibles como un acervo de recursos a la espera de ser reactivado.

El momento de reactivación de estos vehículos de la memoria llegó en 2010. El 30 de agosto de ese año fue el día escogido para lanzar la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (en adelante la Campaña), una iniciativa de organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas de desaparición forzada para enfrentar colectivamente el auge de casos, exigir la presentación con vida de todos los detenidos y llamar a la unidad al creciente número de colectivos de familiares “ante la impunidad e incremento de las desapariciones forzadas en México” (^{CNCDF, 2010}).

La Campaña fue iniciativa de un grupo diverso de organizaciones, entre las que sobresalen el Comité Hasta Encontrarlos y el Comité Cerezo México.⁹ También hay que mencionar a las organizaciones que se han adherido o se han solidarizado con la Campaña a lo largo de su existencia, como el Comité Eureka, Afadem e H.I.J.O.S México, y agrupaciones de distintos estados de la República.

El Comité Hasta Encontrarlos surgió en 2007, a raíz de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de la organización guerrillera Ejército Popular Revolucionario. En el proceso de búsqueda y denuncia las familias de Edmundo y Gabriel entraron en contacto con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Comité Cerezo, quienes los asesoraron en tareas de documentación de violaciones a los derechos humanos (^{Nadin Reyes Maldonado, entrevista, 29 de mayo de 2021}).¹⁰ Actualmente el Comité Hasta Encontrarlos continúa en la búsqueda de los primeros desaparecidos, acompaña solidariamente a otros casos, y capacita a personas y organizaciones sociales con talleres sobre derechos humanos, de documentación de las violaciones a los derechos humanos y sobre seguridad para organizaciones civiles y sociales, y trabaja de cerca con Fedefam.

Por su parte, el Comité Cerezo México nació a causa de la detención y tortura de un grupo de estudiantes, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y los coacusados Pablo Alvarado Flores, indígena nahua, y Sergio Galicia Max en 2001, a poco tiempo del fin de la huelga de 1999-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su defensa se vio interrumpida por la muerte de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa, quien llevaba el caso (^{Francisco Cerezo Contreras, entrevista, 29 de mayo de 2021}).¹¹ En febrero de 2009 fueron liberados tras cumplir su sentencia. El colectivo empezó a partir del trabajo voluntario integrado de Emiliana y Francisco Cerezo Contreras y de amigos de los detenidos. Con el tiempo se fueron sumando personas solidarias con los presos políticos, víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del Estado y sobrevivientes de tortura y detenciones arbitrarias e ilegales. Actualmente el Comité Cerezo es una organización de trabajo solidario y voluntario, dedicado a la defensa de derechos humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México (^{Comité Cerezo, 2006}).

La Campaña conoció el trabajo de Fedefam y sus conmemoraciones internacionales en torno a la desaparición forzada por vía de Afadem, una de las agrupaciones de familiares del periodo de la violencia contrainsurgente en México (denominada usualmente como “guerra sucia” o terrorismo de Estado en las décadas de 1960-1980) e integrante de la federación desde sus inicios.¹² Hay pues una afinidad entre las organizaciones de la campaña -de fuerte identidad política- y la tradición histórica y radical de Afadem. Esta asociación ha llevado ante tribunales nacionales e internacionales el caso emblemático de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social y compositor de corridos, detenido-desaparecido en agosto de 1974. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla Pacheco. La sentencia ha contribuido a visibilizar el reclamo por las víctimas de desaparición forzada en México, en particular las de Atoyac, Guerrero, de donde son originarias la mayor parte de las víctimas durante la llamada “guerra sucia” (^{Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012: 16}).

Por otra parte, la Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijos e Hijas (en adelante la Marcha) fue convocada por primera vez en 2012 por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) y desde entonces se ha llevado a cabo ininterrumpidamente. El 10 de mayo, Día de la Madre en México,¹³ fue el día escogido para marchar, por el poder simbólico y contencioso de la acción. Jorge Verástegui González¹⁴narra: “Pensamos en una acción un poco disruptiva, en el sentido de cambiar e incomodar […]. Es decir, tienes un montón de madres que están buscando a sus hijos, mientras que las demás están festejando con sus hijas y sus hijos” (entrevista, 2 de agosto de 2022). La Marcha está precedida por una caravana de familiares de personas desaparecidas de México y Centroamérica, que recorre varios estados de la República. Ambas fueron concebidas como estrategias para llamar la atención sobre el problema denunciado por la Campaña y otras iniciativas, esto es, la exacerbada crisis de desapariciones causadas por la llamada guerra contra el narcotráfico.

FUNDEC surgió en diciembre de 2009 en Saltillo, Coahuila, como respuesta de varias familias de personas desaparecidas -21 en ese primer momento- ante la falta de soluciones por parte del gobierno estatal. El apoyo, cuenta Verástegui González, no provino del gobierno, sino de una organización civil: el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, y la defensora de derechos humanos Blanca Martínez Bustos ayudaron a reunir a las familias que conformaron FUNDEC y les dieron acompañamiento.

FUNDEC está en el centro de varias redes de defensa de los derechos humanos en el país: de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas (Redefade) y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), que reúne desde 2011 a grupos de familiares de varios estados de la República, para el cual el Movimiento por la Paz sirvió como impulso (^{Aureliani, 2019}), y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que articula a más de 35 organizaciones de familiares y 40 organizaciones de la sociedad civil acompañantes (^{MNDM, 2015}).

Respecto a la conformación de estas redes, es pertinente señalar tres cuestiones. Estas iniciativas recibieron impulso de la movilización social desencadenada por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que visibilizó notablemente el problema de las desapariciones en México. También fueron importantes espacios de discusión acerca de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México desde el lugar de los familiares y organizaciones no gubernamentales humanitarias. Por último, hay que advertir que el funcionamiento de las organizaciones en red es distinto a su funcionamiento particular: en red deben construirse consensos y acuerdos y surgen nuevos liderazgos, por lo que las posturas de las campañas o redes no siempre coinciden con las opiniones de los colectivos. Por lo tanto, las narrativas y las prácticas de memoria que pueden observarse en las conmemoraciones provienen en buena medida de estos proyectos amplios entre organizaciones.

Narrativas: contenidos y horizonte temporal

Ante el incremento de casos de desaparición forzada se hace necesario la unificación de familiares y organizaciones de derechos humanos en torno a la creación de una ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas. […] Hoy, las prácticas represivas del Estado se reinventan, la supuesta guerra desatada contra el narcotráfico ha traído consigo graves violaciones a los derechos humanos, la cifra de más de 28 mil asesinados y más de 3 000 desaparecidos sigue creciendo y la respuesta del Estado es infame […]. La negación del Estado mexicano a reconocer la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas ha llevado a la repetición constante de este delito de lesa humanidad. La impunidad en casos de desaparición forzada en nuestro país es del 100%, pues hasta el momento no existe un solo sancionado, ni castigado por los más de 3 000 posibles casos de desapariciones políticas y sociales, que el Estado por acción, omisión o aquiescencia ha cometido en contra del pueblo mexicano (^{CNCDF, 2010}).

Al abordar los elementos centrales de las narrativas memoriales en las conmemoraciones del día y la semana, resulta pertinente recuperar, a manera de ejemplo, el primer comunicado de la Campaña. Las palabras impunidad e incremento son clave. Estas trazan un puente entre las desapariciones actuales, resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico, y las desapariciones ocurridas entre las décadas de los años sesenta y ochenta. El núcleo de la interpretación de lo acontecido es la actualización del uso (la “reinvención”) de la desaparición de personas como mecanismo represivo del Estado, lo cual vincula, por un lado, las desapariciones del pasado reciente y de la actualidad ocurridas en México, y por otro, las ocurridas en otros países de América Latina, en otros contextos y temporalidades. Un corolario a este núcleo interpretativo apunta a que, si bien hay otros actores involucrados en las desapariciones actuales, el Estado es el responsable en última instancia.

La Campaña identifica tres momentos en los que se incrementaron las desapariciones forzadas y sostiene que hay una continuidad entre la represión desatada entre las décadas de los años sesenta y ochenta en contra de las protestas sociales e insurgencias por parte de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982); la ocurrida a mediados de la década de los años noventa, “a raíz de la aparición pública de movimientos sociales armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994) y el Ejército Popular Revolucionario (1996)”; y la de 2006, cuando “bajo el contexto de la llamada ʽguerra contra la delincuencia organizadaʼ sostenida por el Gobierno Federal, la cifra de desapariciones forzadas nuevamente se incrementa de manera alarmante” (^{CNCDF, 2011: 14-15}).

Asimismo, la Campaña identifica cuatro grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas desde 2006: 1) luchadoras/es sociales, militantes políticas/os o el movimiento social armado; 2) defensoras/es de derechos humanos; 3) migrantes; y 4) personas jóvenes que viven en zonas de confrontación entre la fuerza pública y grupos de la delincuencia organizada. Aunque su trabajo de documentación se ha centrado en los dos primeros, la labor de denuncia y la construcción de explicaciones más generales del fenómeno de la desaparición abarca a todos los grupos, “la práctica de la desaparición forzada pasó de ser sólo un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política a un mecanismo más amplio de control social, despojo territorial y control de flujos migratorios” (^{CNCDF, 2014: 7}).

Por lo que atañe a la interpretación de la desaparición desplegada en la Marcha del 10 de mayo, la atención y la vinculación con las desapariciones pasadas son menores, y el acento está en el presente, en el despliegue de una estrategia política antidrogas que ha hecho uso de las fuerzas federales y las armadas en el combate abierto a organizaciones de narcotráfico y del crimen organizado a partir de 2006.

Las convocatorias a la Marcha sitúan claramente el contexto de las desapariciones, pero la atención o el reclamo de esclarecimiento de lo que ocurre, así como la identificación de responsables están supeditados a la exigencia de búsqueda, que antecede a todos los demás reclamos. Las demandas al respecto son claras, prácticas y puntuales desde los inicios: la convocatoria de 2012 exigía la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas; la conformación de una base de datos nacional; atención estructural de la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República a todos los casos de desapariciones; la creación de una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas; la creación e implementación de protocolos de investigación para personas desaparecidas, así como un Programa Federal de Atención Integral a las familias, y que se asumieran desde los distintos niveles de gobierno las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (^{FUNDEM, 2012}). En 2017, en el contexto de la VI Marcha, con la participación de cerca de 200 organizaciones de familiares, Araceli Salcedo refrendaba, en nombre del MNDM:

Hoy venimos a recordarles a los actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y, sobre todo, a los responsables que las hacen cumplir: que tienen una deuda permanente con todas las personas desaparecidas y con sus familias, la cual únicamente puede ser saldada con la búsqueda en vida real y efectiva, con la localización e identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes y clandestinas, con la digna atención integral a la necesidades de las familias y, sobre todo, con garantizar la verdad y la justicia (^{Desinformémonos, 2017; las cursivas son mías}).

La búsqueda de verdad y justicia está relacionada con encontrar a las personas o sus cuerpos. También, con la comprensión de las causas del fenómeno, pero esta dimensión de la búsqueda ha sido un camino más difícil para este segundo grupo de organizaciones, con menos experiencia en la militancia política y en labor de defensa de derechos humanos, que involucra trabajo de documentación de casos. Las primeras interpretaciones han tenido que cambiar a la luz de las dinámicas más recientes del fenómeno: las hipótesis iniciales de la desaparición con la finalidad de trabajo forzado se han visto desbordadas por la multiplicación de casos. Verástegui González afirma: “Después [de 2012] se empieza como a ʽdesdoblarʼ, por decirlo de alguna manera, la desaparición, pensada como una tecnología, algo que puedes utilizar, evoluciona. Como todas las tecnologías, esta cosa evolucionó para ser utilizada por cualquier persona. Entonces empieza a ser una herramienta que cualquier persona puede utilizar, con cualquier fin” (entrevista, 2 de agosto de 2022).

La comprensión general del fenómeno de la desaparición y las violencias asociadas (desde finales de 1960 a la actualidad) que se hacen tanto en la Campaña como la Marcha se asemejan a las que distintos investigadores e investigadoras han hecho del fenómeno. Esta indica que se trata no tanto de un tránsito, sino de la diversificación de motivaciones y actores involucrados en la desaparición.¹⁵ Sin que hayan dejado de ocurrir o se haya obtenido verdad y justicia, a las desapariciones que “pretendían encubrir la participación de agentes estatales en la detención ilegal, tortura y potencial ejecución de personas opositoras al régimen político” (^{Argüello Cabrera, 2019: 17}) se ha sumado una desaparición con móviles económicos y de control territorial, “que coincide con un modelo neoliberal intensificado en las últimas décadas” (^{Robledo-Silvestre, 2016: 103}). La modalidad más reciente puede “tener fines de apropiación de los cuerpos vivos despojados de cualquier humanidad -y, por ende, despojados de personalidad jurídica-; es decir, su sustracción con fines de esclavitud: sea para trabajo agrícola, profesional o sexual” (^{Argüello Cabrera, 2019: 17}). Asimismo, si bien se identifican “picos” en la ocurrencia de desapariciones, que coinciden con coyunturas políticas y sociales, también se señala la continuidad y constancia de este crimen a manos de agentes estatales a lo largo de cinco décadas.

El tercer elemento narrativo en las conmemoraciones del Día y la Semana es el establecimiento de una relación, una genealogía de lucha que vincula a organizaciones mexicanas con un movimiento más amplio, el de familiares y defensores/as de derechos humanos en América Latina:

Nosotros decimos que es muy importante retomar todas las experiencias de lucha de los colectivos que estuvieron antes de nosotros, por toda la experiencia, todo el aprendizaje que ellos nos han legado. Nosotras decimos que somos herederas de esa lucha de los colectivos de las Madres de Plaza de Mayo, de Colombia, de Honduras, de Chile. Y en México también tuvimos esa situación en los años setenta. Producto de la cercanía con Judith Galarza, vicepresidenta de Fedefam, conocimos esa historia de lucha.¹⁶ Decidimos retomar la Semana para seguir visibilizando lo que pasa en nuestro país, y también con el esfuerzo de los colectivos, por lo que han luchado durante muchos años (^{Reyes Maldonado, entrevista, 29 de mayo de 2021}).

Inscribirse en el movimiento latinoamericano de derechos humanos significa participar de distintas maneras de una historia común, unas categorías y unas prácticas. No es posible presentar en este espacio la trayectoria común de la movilización por los derechos humanos en México y América Latina, un objeto de investigación amplio que sobrepasa los alcances de este texto (también es una historia acerca de la cual falta mucho por conocer). Al estar vinculadas a una federación de alcance regional como Fedefam, las organizaciones de la Campaña muestran con claridad los lazos que las unen a las organizaciones de familiares “históricas” en México y América Latina y, por lo tanto, a la experiencia en común de la violencia política en la región. En cambio, las organizaciones que coordinan la Marcha de la Dignidad reconocen la trayectoria de aquéllas y los motivos que las hermanan, pero remarcan lo que las distancia, esto es, el tipo de desaparición y de desaparecido que están en el centro de los reclamos de cada grupo.

La noción de desaparición forzada, entendida originalmente como una acción estatal o paraestatal ejercida sobre un sujeto -usualmente un militante político en el modelo proveniente del Cono Sur en los años setenta y ochenta-, “que tiene como resultado el detenido-desaparecido, sujeto sustraído del imperio de la ley e inmerso en un espacio que la exceptúa” (^{Gatti, 2017: 18}), es una categoría transnacional establecida, un referente, resultado de los esfuerzos históricos de las organizaciones de familiares, víctimas y derechos humanos. Este “modelo originario”, como lo ha llamado Gabriel Gatti, ha traspasado con éxito las fronteras nacionales para consolidarse como tipo jurídico en el derecho internacional -las convenciones interamericana e internacional contra la desaparición forzada lo confirman- y se ha establecido como una narrativa explicativa de diversas violencias, una memoria transnacional de la violencia política. Las primeras organizaciones de familiares de México participaron en la construcción de esa categoría, de la figura del desaparecido político y de la memoria transnacional de la acompaña desde la década de los años ochenta; por lo tanto, tiene un arraigo local de larga data.

La reciente crisis ha suscitado la necesidad de revisarlas, pues las nuevas dinámicas de la desaparición han revelado los límites de estas categorías ya asentadas y sobre las cuales se había logrado cierto consenso jurídico y social. En el marco de los debates que dieron lugar a la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares hubo desacuerdos acerca de la pertinencia de la distinción, es decir, si diferenciar las desapariciones perpetradas por agentes del Estado y las que cometen otros actores, como los grupos de la delincuencia organizada.

Desde 2013, la Campaña llevó a cabo foros para discutir la necesidad de implementar una Ley General contra la Desaparición Forzada ante la “falta de un marco jurídico adecuado que permitiera la correcta tipificación y sanción de este crimen” (^{Comité Hasta Encontrarlos, 2015}). Por su parte, el MNDM (convocante a la Marcha) se creó como un espacio para trabajar e incidir en dicha ley (^{Aureliani, 2019}; ^{Verástegui González, entrevista, 2 de agosto de 2022}). Ambos grupos compartían un mismo reclamo: la demanda por una ley federal en la materia (sancionada finalmente en 2017) que tuviera en cuenta la voz de las familias, pero disentían en aspectos importantes de la definición. En 2015, ante el proyecto de ley, desde la Campaña se expresaron desacuerdos ante la tentativa de eliminar el término “forzada” en la Ley: “El quitarle el carácter forzado a las desapariciones que comete el Estado contribuye a la impunidad y a la confusión de las familias respecto a la responsabilidad estatal” (^{Comité Hasta Encontrarlos, 2015}). Desde el mndm se argumentaba que era necesario abrir la definición, pues el grueso de las desapariciones denunciadas son responsabilidad de otros actores, no sólo del Estado. Hubo otros disensos importantes, en particular al inicio de las discusiones de los proyectos de ley, no sólo respecto a las definiciones, también en torno a la búsqueda.¹⁷

No obstante, también hay un suelo común que permitió un entendimiento mayor a final de la década: “La petición de los familiares se sustenta en la universalidad del derecho de todo ser humano a no desaparecer y desde allí exigen a las instituciones que no se hagan diferenciaciones que puedan generar víctimas de segunda y de primera clase” (^{Robledo-Silvestre, 2016: 109}). En este tenor, el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014 no solo impulsó la visibilización del fenómeno de la desaparición, sino que trajo al presente la violencia estatal histórica, facilitó la recuperación de memorias de la violencia pasada (contra estudiantes), convocando consignas, prácticas y significados caídos en el desuso o el olvido pasivo.

Medios: prácticas y lugares

Por lo que atañe a los medios, entendidos como la combinación de prácticas discursivas, visuales y espaciales que permiten la construcción y transmisión de conocimientos y sentimientos sobre el pasado -en otras palabras, los vehículos de las memorias-, debe señalarse en primer lugar su diversidad. He agrupado bajo tres etiquetas las distintas prácticas llevadas a cabo durante las tres conmemoraciones: de divulgación y denuncia, de formación y las intervenciones en el espacio público. Vale la pena señalar tres cuestiones: en primer lugar, la conmemoración misma es una práctica de memoria, que en este caso integra y condensa una constelación de prácticas puntuales y que tiene una función social y política. En segundo lugar, los tres grupos de prácticas no son contenedores herméticos, sino herramientas para el análisis, de manera que muchos elementos pueden situarse en más de una categoría. En tercer lugar, sobresalen las similitudes en cuanto a las prácticas, que evidencian que las memorias de la desaparición forzada por motivos políticos y de la desaparición en el periodo de la “guerra contra el narco” se distinguen claramente en términos de narrativas (la interpretación de lo acontecido), pero no tanto en términos de prácticas en el espacio público, lo cual nos habla del intercambio y la circulación de repertorios de visibilización, denuncia y memoria entre organizaciones, y por lo tanto de su efectividad.

Dentro del primer grupo de prácticas están las relacionadas con ocupar el espacio público y llevar allí las denuncias y exigencias de los colectivos. Sitúo allí algunas acciones y lugares que podemos identificar como parte del repertorio tradicional de la movilización social, como marchas o plantones que se dirigen o ubican en espacios emblemáticos o de gobierno. En el caso del Día y la Semana, aunque estas actividades se llevaban a cabo en varios estados de la República, las actividades se concentran en la Ciudad de México, donde tienen sede las organizaciones líderes de la Campaña, y porque allí están los principales destinatarios de la denuncia: la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General, el Senado y la Suprema Corte de Justicia, entre otros. La Marcha comparte estas prácticas y lugares de denuncia en la capital. En ocasiones la movilización tiene propósitos y destinatarios muy específicos: en 2014 se llevó una petición para crear una Comisión para las Personas Desaparecidas a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.¹⁸

La Marcha, por su parte, tiene una presencia más amplia en el territorio nacional. En la Ciudad de México está precedida por una larga movilización, una caravana que en los primeros años provenía de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. A medida que la dinámica territorial de la guerra ha cambiado, colectivos de otros estados se han sumado. La Marcha sale del Monumento a la Revolución o del Monumento a la Madre a la Glorieta del Ángel. La decisión de hacer un recorrido inverso al usual en las protestas capitalinas (del Ángel al Zócalo) fue una decisión deliberada, para diferenciarse de otras organizaciones y tradiciones de protesta. Desde la VI Marcha de la Dignidad (2017) se sumaron los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde entonces una parada durante el recorrido ha sido la sede (hoy fuera de funcionamiento) de la Fiscalía en Paseo de la Reforma, donde se mantiene un plantón permanente para denunciar la falta de avances en la investigación del caso.

Un segundo grupo dentro de las prácticas de difusión de la denuncia y exigencias son las conferencias de prensa, el “volanteo”, las mesas de información, la recolección y entrega de firmas (para exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales) y la proyección de documentales y películas sobre el tema de la desaparición. Se llevan a cabo en varios lugares durante las conmemoraciones del Día y la Semana: universidades públicas -entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Sinaloa-, sedes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos -como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), la Casa de la Solidaridad (donde Serapaz tiene sus oficinas), la Casa de la Memoria Indómita, el Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros- y espacios públicos, como el Zócalo capitalino y el Hemiciclo a Juárez. Estas acciones transmiten la voluntad de comunicar a actores externos -transeúntes, público en general- el problema de la desaparición y una cierta memoria del fenómeno y de las personas desaparecidas. Algunas de las organizaciones acompañantes mencionadas, como Serapaz y el Prodh, otras como las Brigadas Internacionales de Paz e H.I.J.O.S. México, y las organizaciones líderes de la Campaña -los comités Comité Hasta Encontrarlos y Cerezo-, también participan en la convocatoria y la marcha del 10 de mayo. En el recorrido se expresan las solidaridades.

Por otra parte, la ubicación espacial de las prácticas también indica la existencia de otras redes de solidaridad de la Campaña: defensores/as de derechos humanos e investigadores/as forman parte de la red tejida por esta. Ellas y ellos amplifican, en sus espacios, las denuncias y exigencias de la Campaña y aportan sus propios conocimientos.

Dichos conocimientos son parte de lo que denomino las prácticas de formación.¹⁹ Me refiero a los trabajos de divulgación y producción de conocimiento especializado sobre la denuncia de las desapariciones forzadas.²⁰ Las prácticas principales son los talleres “¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?”, sobre el lenguaje de los derechos humanos, y sobre documentación de casos de desaparición forzada. Están dirigidos a los familiares y sus organizaciones principalmente, aunque están abiertos a públicos más amplios. Su propósito principal es ayudar a los familiares a reaccionar en el corto y el mediano plazo a aquello que en primera instancia puede parecer una desgracia personal, pero que para organizaciones con amplia experiencia en el activismo político y de derechos humanos es un crimen sistemático. Esta es una interpretación de lo acontecido, que hace colectivo lo vivido como personal y político lo privado. En este mismo tenor están los encuentros de organizaciones de familiares, que realizan balances y propuestas de trabajo.

Otras prácticas de formación son los foros, conferencias y mesas de trabajo, que hacen diagnósticos sobre el fenómeno de la desaparición y otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, feminicidios) en México principalmente, pero también en otros países de América Latina. Junto a las y los líderes de la Campaña, son habituales los invitados de organizaciones de familiares de Colombia, Honduras, Argentina y Guatemala, entre otros. También son invitadas recurrentes otras personas expertas en el ámbito, integrantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y académicos.²¹ Estos actores también participan en otro tipo de foros especializados en la parte jurídica de la movilización: sobre la ley federal sobre desaparición forzada, la ley de víctimas y las reformas a los códigos penales. Estos cobraron importancia desde 2015, cuando se discutía la propuesta Ley General contra la Desaparición Forzada.

Incluso antes de la implementación de la Marcha del 10 de mayo, fundec organizó este mismo tipo de espacios: en 2010 instaló mesas de trabajo para analizar los casos con la participación de las familias, el Centro Fray Juan de Larios, el fiscal general y el gobernador de Coahuila. Esta fue una de sus primeras actividades. También ha organizado mesas con integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas en visitas a Saltillo (^{Verástegui González y Herrera, 2019}). Sin embargo, este tipo de actividades no parecen parte del repertorio de prácticas de la conmemoración, por requerir más tiempo.

Un segundo subgrupo de prácticas de formación son las presentaciones de informes de las organizaciones de familiares, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales como Grupo de Trabajo o Amnistía Internacional. De hecho, las restricciones impuestas por la pandemia limitaron algunas prácticas -las actividades de denuncia que privilegian el espacio público físico-, pero permitieron o incluso potenciaron otras: talleres, foros, conferencias y presentaciones de informes pudieron llevarse a cabo virtualmente durante las tres conmemoraciones en 2020 y 2021. En 2020 la Marcha convocó a una manifestación digital, que consistió en compartir en redes sociales el mensaje “El #10demayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Por las más de 61 mil personas que faltan en casa”, acompañado de los hashtags #MadresEnBúsqueda, #HastaEncontrarles, #CorazonesEnMarcha. La campaña digital continuó los años siguientes.

La Campaña también supo sacar partido de los recursos digitales. Desde sus inicios, las convocatorias a las actividades de la Semana y el Día habitualmente se han hecho mediante los blogs y las redes de las organizaciones, y estas suelen ir acompañadas de una mención al origen de estas conmemoraciones, a Fedefam y las organizaciones de familiares pioneras en México. En 2021 las conmemoraciones coincidieron con el 40 aniversario de Fedefam, lo que dio lugar a actividades virtuales en colaboración con las organizaciones de México y América Latina, y probablemente a una mayor visibilidad gracias al uso intensivo de estos medios.

Por último, están las intervenciones en el espacio público. Están estrechamente relacionadas con las prácticas de difusión de la denuncia, pero mientras las primeras apelan a información fáctica, las intervenciones tensionan los hilos de las emociones implicadas en la memoria. Las actividades “político-culturales”, que incluyen música, poesía, danza y piezas audiovisuales, son elementos característicos de las conmemoraciones del Día y la Semana desde sus inicios a la actualidad. Por ejemplo, en 2014, “además de la participación del grupo musical CereSon, que interpretó algunos temas relacionados con la persistencia de este crimen de lesa humanidad en el país, también intervino el taller de danza clásica y contemporánea de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, con una coreografía sobre la migración indocumentada” (^{Comité Hasta Encontrarlos, 2014}). En el plantón frente al Palacio Nacional, en el último día de la Semana en 2021, hubo varios grupos musicales y lectura de poesía.

Dentro de este grupo de acciones, vale la pena mencionar cuatro que considero poderosas como medio y mensaje. Para la Semana de 2011, organizaciones de Culiacán llevaron velas encendidas sobre bases que pudieran navegar en las aguas del río Humaya. Estas llevaron nombres de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa (^{Comité Hasta Encontrarlos, 2011}). Esa misma semana, los activistas colocaron muñecos del tamaño real de una persona, con imágenes del rostro de algunos desaparecidos y una cédula donde se explicaba quiénes eran y en qué circunstancias fueron víctimas de desaparición, en las bancas que se ubican alrededor de una fuente de la Alameda.

En 2012, al final de la marcha con la que suelen cerrarse las actividades de la Semana, se hizo un mapa de la República Mexicana con los rostros de los detenidos desaparecidos con fotos impresas de ellos, frente a la Secretaría de Gobernación, en el Zócalo de la Ciudad de México y otras ciudades del país, donde se realizó con el apoyo y la participación de todos los asistentes. En esta actividad se quiso “que los rostros de todos y cada uno de nuestros desaparecidos puedan ser visibilizados y así denunciar y sensibilizar sobre la gravedad que existe en nuestro país sobre este crimen de lesa humanidad” (^{Comité Cerezo, 2012}).

La última acción es la que lleva a cabo el colectivo Huellas de la Memoria desde 2013: a través de la técnica de grabado, se plasman suelas de zapatos en telas o mosaicos, a manera de registro de las historias de personas y los procesos de búsqueda y lucha de sus familiares en México y América Latina. Huellas de la Memoria surgió el 10 de mayo de 2013, durante la II Marcha de la Dignidad Nacional, y ha tenido presencia en varias ciudades dentro y fuera de México. La actividad también ha tendido un puente entre los distintos grupos de familiares y los ciclos de desaparición en el país: la organización ha recibido zapatos “desde el terrorismo de Estado de finales de los años 60 en México, siguiendo con la violencia política de los años 90 hasta llegar a la violencia de carácter más social y masivo acrecentado en 2006. Sin pasar por alto que la primera desaparición forzada documentada es de 1969 y a partir de entonces” (^{Heinrich-Böll-Stiftung, 2017}). La exposición también muestra zapatos de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar Argentina, en los diferentes periodos de violencia en Colombia y Centroamérica, y de personas migrantes desaparecidas en su tránsito por el país.

En síntesis, las intervenciones en el espacio público despliegan recursos y lenguajes diversos y novedosos, con una fuerte carga emotiva, que cumple funciones integradoras y de generación de identidad hacia dentro de las organizaciones y las redes, y hacia afuera de éstas busca compartir sentimiento de indignación, agravio e injusticia por vías distintas a la convencional divulgación de informes y cifras.

Conclusiones

Isabel Piper-Shafir (2013: 2) afirma que “conmemorar es sumergirse en la experiencia de la memoria colectiva, es poner en práctica el recordar haciendo presente aquello que nuestra sociedad sintió y pensó. Pero no se conmemora cualquier acontecimiento sino aquel que le otorga significado a lo que somos”. Este artículo ha abordado esa experiencia a través de tres conmemoraciones que buscan visibilizar el problema de las desapariciones en México en tiempo recientes. Las luchas memoriales en torno a catástrofes sociales como la desaparición son un problema complejo que ha sido abordado desde diversos ángulos. Aquí he propuesto y utilizado un instrumento de análisis que pretende dar cuenta de la complejidad y los distintos aspectos de esas luchas, en el caso específico de las conmemoraciones mencionadas. Quise subrayar la centralidad de los actores colectivos, es decir, de las organizaciones de familiares, sus redes y campañas, como agentes activos en producción, reproducción y modificación de interpretaciones sobre lo acontecido. Sostengo que su articulación moldea otros aspectos de la memoria, es decir, las narrativas, los horizontes temporales y las prácticas.

Del análisis de los discursos y las prácticas, que son los vehículos de conocimientos y sentimientos acerca del pasado-presente, quiero subrayar la relación entre ambos, pares en relevancia. Como ^{Wulf Kansteiner (2002: 191)} ha señalado, a pesar del poder evocativo de ciertas prácticas -el uso público de fotografías de las personas desaparecidas es el ejemplo por antonomasia-, estas dependen de las palabras para ser dotadas de sentido. Dicho de otra manera, la relación entre prácticas y su significado necesita ser establecida. Incluso el sentido de algunas consignas de décadas pasadas (como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”), cuyo poder evocativo es reconocido en su repetición actual, son precisadas mediante la comunicación compartida dentro de los colectivos (y en las entrevistas). Otro ejemplo de la utilidad de dar cuenta de los distintos aspectos de las memorias es la cuestión de la búsqueda en campo, una actividad fundamental y distintiva de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas durante la “guerra contra el narco”, que se lleva a cabo a lo largo del año, pero no durante las conmemoraciones estudiadas, cuando las organizaciones se desplazan de sus regiones de origen. Si el examen se hubiera restringido a las prácticas, este elemento esencial habría quedado por fuera del panorama.

Este texto también ha querido mostrar cómo, en un nuevo contexto histórico y social, las organizaciones de familiares más jóvenes han puesto en cuestión ideas previas de la víctima de desaparición, la definición misma del delito y las nociones de búsqueda y de justicia. La larga lucha del activismo humanitario a lo largo y ancho de América Latina desde la década de 1970 por exigir el respeto a los derechos humanos, y los esfuerzos de generaciones más jóvenes y agrupaciones de hijas e hijos por reivindicar las militancias de los ausentes -estigmatizadas por una opinión pública dominante que justificaba la represión y estigmatizaba las militancias políticas-, configuraron una figura de la persona desaparecida como militante político, violentado y sustraído ilegalmente del orden de derecho a causa de sus compromisos. Las leyes nacionales e internacionales que previenen y condenan la desaparición forzada fueron establecidas en este entendido. Pero hoy en México las organizaciones que denuncian las desapariciones ocurridas en las dos últimas décadas cuestionan ese paradigma, que parece limitar los reclamos en los casos de las desapariciones contemporáneas, replantean los discursos memoriales y la temporalidad en la que se inscriben las desapariciones y exigen un nuevo marco legal. El análisis de estas tres conmemoraciones ha permitido observar la complejidad de las relaciones entre el pasado y el presente y entre memorias: aunque la persistencia o reaparición del reclamo revela la continuidad del problema de la desaparición y de la impunidad que impera, las demandas y exigencias de hoy no son una simple continuación de las de ayer. Los agentes sociales del presente no sólo recurren al pasado en busca de legitimidad, sino de la diferencia que permite la construcción de una identidad y una memoria propias.