Género y arreglos de género

Es necesaria una aproximación a la literatura sobre los procesos que conectan el género con las reparaciones. De acuerdo con Silvina ^{Gamba (2008)}, la perspectiva de género, en referencia a los marcos teóricos académicos y en el desarrollo de políticas, implica: 1) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres; 2) que estas relaciones han sido constituidas social e históricamente, y 3) que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.

La adopción del concepto de género por los movimientos feministas, especialmente el feminismo legalista, facilitó su interacción en el ámbito jurídico (^{León, 1997}). Esto influyó significativamente en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, lo que resultó en compromisos estatales dentro del Plan de Acción para combatir la violencia intrafamiliar y otras violencias (^{Wills, 2009}; ^{CNMH, 2011}). Además, la formulación de instrumentos internacionales, como la Convención y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, junto con el activismo feminista durante la Década de la Mujer (1975-1985), se consolidaron como referencias fundamentales en los debates sobre la desigualdad y la violencia de género, abordándolas como cuestiones de derechos humanos (^{CNMH, 2011}).

La noción de género se ha reducido principalmente a la figura femenina, de acuerdo con algunas críticas, con un enfoque particular en la violencia desproporcionada contra las mujeres, especialmente la sexual. Esta visión fue influida por el feminismo radical y se refleja en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, y el Estatuto de Roma que tipifica el crimen de violencia sexual (^{CNMH, 2018}). En Colombia, esta perspectiva de género se incorporó a la legislación sobre desplazamiento forzado y jt, como en la Ley 387 de 1997 y la Ley 975 de 2005, que abordan el enfoque diferencial en negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. En este contexto, se consolida desde la JT la institucionalización en Colombia de los procesos de reparación, lo que generó diversas instancias, una de ellas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) representó un hito en la jt de Colombia, enmarcándose en las negociaciones de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (2010-2016). Esta ley facilitó la creación de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que continuó los esfuerzos de la CNRR en apoyo a iniciativas de memoria y denuncia, estableciendo mecanismos de reparación tanto material como simbólica. Además, la ley incorporó una perspectiva de género en las políticas de reparación, enfocándose en los procesos de memoria con mujeres rurales y los desarrollos de la subcomisión de género en las negociaciones políticas, bisagra entre los deberes estatales respecto al entendimiento de las lógicas de la violencia con el reconocimiento de las víctimas, asegurando su reparación y las garantías de no repetición.

El concepto de arreglos de género se introduce como una herramienta analítica y teórica clave, adoptada por el Estado, a través de las instancias señaladas (CNRR y CNMH). Este enfoque permitiría a los generadores de esta perspectiva identificar los variados patrones de poder en las relaciones de género, matizando así la limitada distinción binaria entre hombres y mujeres, arraigada a una mirada genérica asociada a la idea de patriarcado (^{Wills, 2009}).Esta herramienta conceptual ofrece un marco robusto para la operativización, el entendimiento y la cuantificación de las interacciones de género complejas, los procesos de posconflicto y los derechos de las mujeres víctimas, en el horizonte de la memoria y la reconciliación.

En el informe del CNMH sobre La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira, se explicita la definición de arreglos de género de la siguiente manera:

Los arreglos de género se constituyen como pactos legales o acuerdos informales que asignan ciertos atributos tanto para hombres como para mujeres dentro de un orden social determinado. A partir de las interacciones resultantes de estos pactos y acuerdos, se tiende a estructurar relaciones de poder específicas en las que, usualmente, se arroga más poder a lo masculino que a lo femenino. Esto termina por ser comprendido y reproducido por los actores sociales por cuanto “natural” o “biológico” aun cuando se ha construido culturalmente (^{CNMH, 2010: 40}).

Estas tipologías sobre los arreglos de género estarán entonces definidas según la forma en que interactúan hombres y mujeres en las escalas familiares, organizativas, comunitarias y en contextos rurales. Allí se escenifican la participación, la toma de decisiones, los recursos disponibles y su objeto de control, a través de prácticas simbólicas y materiales como marco analítico para la comprensión de la diversidad de los arreglos microsociales (esquema 1).

Fuente: Elaborado a partir de ^{Wills, 2009}.

Esquema 1 Tipos de arreglos de género 

Género y reparaciones

En general, el derecho a la reparación de las víctimas individuales y colectivas es un dispositivo del campo de la JT. Como mecanismo excepcional para superar la violencia generalizada y sistemática, la reparación tiene como finalidad, en esencia, catalizar los procesos de cambio sociopolíticos que cuestionan la impunidad y promueven el reconocimiento, la dignidad y el respeto por los derechos humanos (^{Ladisch, 2018}).

La perspectiva de la reparación con enfoque de género se puede trazar con las contribuciones significativas tanto del ámbito internacional como local, abarcando el espectro jurídico, los movimientos feministas y los análisis especializados, no sólo en términos de reconocimiento de la desigualdad, inequidad, mayor vulnerabilidad de las mujeres, su condición intersectorial, y la diferencialidad del daño (ICTJ, 2018), sino en cuanto a la exigibilidad creciente hacia las posibilidades de transformación de los roles de género, mediante la superación de estereotipos culturales arraigados y enraizados en sociedades tradicionalmente patriarcales e hipermasculinizadas (^{ONU, 2014}).

A nivel internacional, los aportes de la corriente feminista han reactualizado el significado de la violencia vinculada al género y sus garantías de reparación, transitando por dos grandes cuestiones subyacentes: 1) reconociendo la discriminación asociada a la violencia directa selectiva o masiva, cuando la diferencia y la exclusión se fundan en distinciones basadas en el sexo, en las que las mujeres sufren un daño particular que debe ser restaurado y no reiterado en escenarios de paz, y 2) considerando la discriminación indirecta asociada a la violencia simbólica, cuando la ley, la norma, el principio, el programa o el plan no tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su implementación (^{CDESC, 2005}). De allí, eliminar las barreras contemporáneas que obstaculizan el progreso de las mujeres fue incluido como otro de los temas de la agenda internacional de la reparación con perspectiva de género.

La agenda destaca que para garantizar la reparación efectiva es indispensable activar vías judiciales y administrativas, con un otorgamiento de oportunidades provisionales que históricamente han sido inaccesibles para las mujeres (^{CDEM, 2004}; ^{Dejusticia, 2009}). En este contexto, el movimiento feminista impulsaría la creación de medidas jurídico-políticas, como respuesta estratégica, concreta y temporal, para combatir la discriminación, con el objetivo de transformar las relaciones sociales sesgadas respecto al género y los modelos socioculturales patriarcales (^{Ayvazian, 1995}, ^{Schuler, 1997}), redefiniendo “qué significa la reparación en la práctica” (^{Dejusticia, 2009: 18}) y orientando los esfuerzos hacia los equilibrios de poder en las interacciones de género.

Esto se traduce en los principios para la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario del Sistema de las Naciones Unidas (^{ONU, 2005, artículos 15-20}), en los que se señala que la agenda de reparaciones de cualquier Estado debería orientar su aplicación hacía unos estándares que garanticen como mínimo: 1) reparación proporcional respecto al daño sufrido; 2) efectividad, rapidez y plenitud del programa de reparación, y 3) priorización de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a través de la búsqueda de acciones reparativas asociadas a la verdad judicial, la justicia efectiva en sanciones e investigación, así como el reconocimiento de responsables y dignificación de las víctimas (^{De Greiff, 2008: 304}).

Los aportes de la corriente feminista desde la Legal Literacy, así como los desarrollos de la JT, consideran que las reparaciones transformadoras se relacionan con el proceso de empoderamiento, comprendido como un ejercicio de larga duración que promueve las capacidades públicas y la conciencia social de las mujeres. La agencia femenina, producto del empoderamiento, permitiría entonces avances comunitarios y familiares sostenibles, bajo un entendimiento sobre los roles de género y sus necesidades prácticas, convertidos en intereses estratégicos y políticos (^{León, 1997}), lo que promovería la reparación en ámbitos micro y macrosociales, desde la experiencia de las mujeres.

En contraste, para Rodrigo ^{Uprimny Yepes y Diana Esther Guzmán Rodríguez (2010}) el enfoque hegemónico de la reparación integral tiene una orientación restitutiva, diseñada para sociedades bien organizadas con niveles importantes de justicia social; sin embargo, esta perspectiva resulta problemática para contextos fracturados por la injusticia, la desigualdad, la impunidad generalizada y la ineficiencia estatal, antes de que ocurriera la violencia, y durante procesos de victimización que han afectado preponderantemente a las poblaciones pobres y excluidas. Las apuestas de reparación transformadora, entonces, deben tener en cuenta las especificidades del contexto sociopolítico, las relaciones estructurales de género y el perfil socioeconómico de las víctimas, para superar las condiciones estructurales y avanzar en el bienestar de la ciudadanía, incluyendo elementos culturales-simbólicos y estructurales como los asociados a la justicia de género (^{Dewhirst y Kapur, 2015}).

Reparación y género en el contexto colombiano

En el marco de la JT derivada de la desmovilización paramilitar, la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz incluyó explícitamente un componente de reparaciones que permitió a las víctimas de crímenes reclamar reparaciones demostrando el vínculo causal del daño con la actividad de un bloque o frente paramilitar específico (^{Díaz, 2008, 8}); además, se constituyó el Fondo para la Reparación de las Víctimas gracias a la sentencia C-370 de 2006, cuya perspectiva de reparación integral incluiría medidas de compensación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. Así, la CNRR formuló un grueso de criterios para fallar en justicia sobre las exigencias de reparación de las víctimas, considerando los estándares internacionales (^{Díaz, 2008}).

Con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que emana del reconocimiento del conflicto armado por parte del gobierno, y junto al Acuerdo Final de paz con las FARC-EP en 2016, Colombia instala el programa masivo de reparación individual y colectiva considerando a las víctimas como:

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (artículo 3).

Diversos elementos de discusión sobre el alcance de la reparación tuvieron base jurídica en las sentencias de la Corte Constitucional y fueron ratificados por la Ley 1448 de 2011. En ella se incorpora la perspectiva de género, al reconocer que: “hay poblaciones con características particulares debido a su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad” (artículo 13). En relación con el derecho a la restitución de tierras, se desarrolla un programa al respecto, incluyendo un abordaje desde la perspectiva de género, a partir de la tipificación del despojo y el abandono forzoso como daño sistemático, en razón de la distribución inequitativa de la tierra y la propiedad, particularmente en poblaciones rurales atravesadas por el conflicto armado (^{URT, 2021}).

La reparación de colectivos, y en particular la mirada sobre el género, implica examinar el daño ocasionado por violaciones e infracciones de los derechos individuales, considerando la pertenencia a un grupo en relación con la afectación individual con repercusiones colectivas, la infracción directa de derechos colectivos y las violaciones de derechos individuales dentro del marco de un colectivo. Estas acciones generan violencia sobre extensos grupos de personas. Las mujeres son especialmente vulnerables. Esto repercute en cinco aspectos fundamentales: 1) la posesión de un territorio compartido; 2) la ejecución de prácticas colectivas; 3) las formas de organización e interacción, en estructuras de gobierno, asociativas, y en las relaciones de género; 4) la existencia de un proyecto colectivo, económico, productivo y cultural, y 5) las maneras de autoidentificación y reconocimiento que afectan su identidad y reputación social (UARIV, 2018; ^{Dejusticia, 2009}).

Los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) representan una herramienta que une las directrices y regulaciones de reparación estatales con un enfoque de diagnóstico participativo del daño y perspectiva de género, diseñando mecanismos políticos y materiales para el resarcimiento. Estas estrategias incluyen la dignificación de comunidades, grupos u organizaciones mediante acciones simbólicas acordadas legalmente con el sujeto de reparación. La implementación de los PIRC efectúa la apuesta acordada entre el Estado y las víctimas, orientada a la reconstrucción socioeconómica y cultural, y a la recuperación de la salud psicosocial y la confianza dentro de la comunidad (^{UARIV, 2016}, 2018).

La reparación colectiva en perspectiva de género y con un carácter transformador implica entonces evaluar las competencias institucionales del Estado, así como las de las mujeres, en sus prácticas, roles y estrategias, reordenando y tramitando los asuntos familiares y colectivos hacia la transformación de arreglos de género más equitativos. Las oportunidades de la JT en materia de reparación permitirían superar las inequidades y las desigualdades de género estructurales en términos del déficit de reconocimiento y representación antes, durante y después de la violencia, a partir de los esfuerzos políticos organizados de las mujeres para movilizar redes de autogestión comunitaria y posibilidades de representación pública más amplias que las conduzcan hacía mejores condiciones de autonomía, capacidad de decisión y reconocimiento, tanto en sus esferas domésticas como en otros escenarios microsociales.

Metodología

La investigación profundiza en dos estudios de caso representativos de las comunidades víctimas del conflicto armado interno en Colombia, El Arenillo y La Sonora (Valle del Cauca), ambos declarados por el Estado colombiano como sujetos de reparación colectiva, y cuya singularidad tiene como propósito servir de matriz explicativa sobre los procesos de transformación de los arreglos de género de las mujeres rurales, dentro de las esferas comunitarias, organizativas y familiares, en el marco de las políticas de reparación colectiva de la JT y el posconflicto en Colombia.

La metodología de estudio de caso enmarcado en las dos comunidades reviste su carácter emblemático precisamente por su singularidad. La noción de emblemático como perspectiva de investigación, es un aporte de los estudios sociales de la memoria, cuya orientación se dirige a considerar desde la particularidad de hechos, comunidades o procesos, un entendimiento de lógicas, patrones y características extensibles a escalas más amplias, sean regionales o nacionales, que, dada su evidencia empírica, posibilitan comprensiones sobre las causas y consecuencias de la violencia, generando marcos interpretativos que dan sentido a experiencias en apariencia aisladas (^{Stern, 1998}; ^{CNMH, 2013}).

La perspectiva sobre lo emblemático constituye un enfoque metodológico adoptado por el CNMH, el cual aborda los casos de estudio como “lugares de condensación de procesos múltiples que se distinguen no sólo por la naturaleza de los hechos, sino también por su fuerza explicativa” (^{CNMH, 2013: 19}).

La metodología de estudio de caso emblemático propone el análisis de hechos vinculados con los arreglos de género y las políticas de reparación colectiva. Estos elementos incluyen: 1) el contexto, que le da sentido al caso al situarlo dentro de un área geográfica específica con ocurrencia de hechos de violencia y victimización que demandan la acción estatal; 2) actores y relaciones, que se caracterizan en función de la toma de decisiones, el uso y el control sobre los recursos y los procesos de participación, a través de prácticas simbólicas y materiales ejercidas tanto por hombres como por mujeres; 3) el papel del Estado, en función de las intervenciones u omisiones para garantizar los derechos de las víctimas, y 4) formas organizativas y entornos donde se disponen las prácticas comunitarias, asociativas y de autogestión, que dinamizan los diversos tipos de arreglos de género durante los procesos de reparación.

Desde el foco analítico de actores y relaciones, son los arreglos de género los que permiten identificar interacciones de naturaleza autoritaria, patriarcal o democrática (esquema 1), las cuales caracterizan los roles específicos de las mujeres, las formas variadas de participación, la toma de decisiones domésticas y comunitarias, el control de los recursos y las diversas relaciones constituidas. La hipótesis inicial de la investigación considera la implementación de las políticas de reparación para las mujeres víctimas en el posconflicto, como transformadoras de las relaciones de género desigual en sus comunidades y organizaciones, por lo tanto, modificando los arreglos de género.

La aproximación a los casos de estudio se realizó a través de observaciones de campo durante visitas regulares desde 2019 a 2021, con participación de dos lideresas como investigadoras locales.² La exploración se acerca a los arreglos de género de las mujeres vinculadas a cinco asociaciones campesinas de ambas comunidades, a través de la realización de entrevistas a profundidad con 23 mujeres y cuatro grupos focales con lideresas e integrantes de las asociaciones rurales. Para el análisis de las trayectorias de vida y las figuras asociativas de las mujeres, se realizaron fotografías, dibujos y bitácoras (fotovoz y fotonovela).³ Asimismo, se aplicaron 31 entrevistas semiestructuradas con diversos habitantes, instituciones estatales y del tercer sector. La investigación se complementa con la revisión de fuentes documentales y de archivo con datos oficiales y comunitarios, a partir de las temáticas de orden conceptual: reparaciones, arreglos de género, trayectorias de vida, empoderamiento y asociatividad.

Resultados y discusión

El encuentro con las políticas de reparación

Lo que se denomina en este apartado encuentro con las políticas de reparación establece aproximaciones desde cinco aristas que se articulan con los roles, agencias y transformaciones de los arreglos de género, dando cuenta del carácter emblemático de los casos estudiados: 1) el reconocimiento del estatuto de víctima; 2) la rehabilitación psicosocial; 3) la restitución de tierras como parte de la indemnización material, 4) la reparación material a partir de los proyectos productivos, y 5) la promoción de formas organizativas en los sujetos de reparación colectiva.

La primera arista, un aspecto crucial en la relación con el Estado como garante de la reparación, es el reconocimiento formal de los individuos como víctimas; posteriormente, la exigencia de los mecanismos para su atención, que implica la construcción identitaria bajo un estatuto que permita su legibilidad en la interacción con el Estado y sus agentes (^{Das y Poole, 2008}). Precisamente, las lideresas con algunas habilidades de comunicación, representación comunitaria y gestión, han estado al frente en el reconocimiento de su estatuto como víctimas, demandando y articulándose con los procesos de reparación, a través de acercamientos con instituciones estatales y liderando la organización comunitaria.

En La Sonora, los hombres fueron renuentes y desconfiados a participar en estos procesos, con temores objetivos o infundados sobre el ser señalados como sospechosos de delatar hechos violentos o por el riesgo de ser reclutados forzosamente. Así, la responsabilidad de estas gestiones fue asumida y sostenida por las mujeres, con los hombres incorporándose paulatinamente. En El Arenillo, el confinamiento de la población y las interacciones con grupos armados evidenciaron el daño a la comunidad como un colectivo, especialmente a las mujeres, en un contexto dominado por lógicas hipermasculinizadas y bélicas.

La segunda arista, la rehabilitación psicosocial, complementa y precede a la reparación material. Se implementa una estrategia de acompañamiento grupal y comunitario llamada “Entrelazando”, que actúa como medida de rehabilitación para ambas comunidades campesinas. Sus acciones están dirigidas al restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia a partir de cinco componentes: 1) duelos colectivos basados en “sentir y elaborar”; 2) pedagogía social basada en “reflexionar”; 3) prácticas sociales basadas en “hacer”; 4) iniciativas locales de memoria basadas en “recordar”, y 5) imaginarios sociales basados en “transformar” (^{UARIV, 2016}).

La comunidad reconoce la importancia de la estrategia “Entrelazando” en la recuperación de la confianza entre sus miembros y el restablecimiento de relaciones comunitarias vinculadas con ejercicios de memoria y reconciliación. Estos procesos resultaron fundamentales en el fortalecimiento de la autoestima de hombres y mujeres frente a las fracturas culturales y relacionales que dejó la violencia. Ambas comunidades avanzaron en procesos de memoria y dignificación de su condición campesina. Una de las comunidades acogió a antiguos victimarios en dinámicas de reconciliación y convivencia pacífica residiendo en el mismo entorno, lo que generó procesos de autoconfianza y posibilitó el desarrollo de interacciones adecuadas para restablecer prácticas sociales pérdidas durante el conflicto armado. En estos procesos, las mujeres asumen roles tradicionales de cuidadoras, actuando como garantes de la memoria histórica, custodias de los archivos comunitarios y figuras clave en la consolidación de la identidad local. Se convierten en herederas de las tradiciones y la identidad campesina, y desempeñan un papel crucial como agentes de transformación.

La tercera arista, la restitución de tierras, se revela como un elemento fundamental para la indemnización material, parte de la reparación integral, especialmente aquella relacionada con la tenencia de la tierra a causa de despojos o abandonos forzados, no sólo devolviendo la tierra con su título de propiedad, sino también mejorando las condiciones socioeconómicas de las víctimas. En Colombia, los esfuerzos por incluir a mujeres rurales en estos procesos han logrado avances significativos. Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), hasta la fecha, 4 597 mujeres han sido beneficiadas con sentencias de restitución, se han emitido 2 402 solicitudes de sentencias, se han restituido 15 806 hectáreas y se han implementado 577 proyectos productivos con una inversión total de $18 600 millones de pesos. Sin embargo, aún persisten desafíos, como la necesidad de ampliar la cobertura para mujeres víctimas rurales, tanto en ámbitos individuales como en colectivos, garantizar la seguridad frente a amenazas de grupos opositores a la restitución, y la continua problemática del despojo y abandono forzado (^{URT, 2021}).

En Colombia, la complejidad de la restitución de tierras se refleja claramente en las diferencias observadas entre comunidades. Por ejemplo, en La Sonora, 80 beneficiarios, todos miembros de la Asociación para la Restitución de Tierras y liderados por una mujer, han recibido sentencias favorables que les permiten recuperar sus unidades productivas. En contraste, en El Arenillo sólo se han emitido tres sentencias de restitución, a pesar de la presencia de varias asociaciones en la zona. Esta disparidad resalta las barreras jurídicas en el sistema colombiano que afectan la restitución de tierras, un elemento central del conflicto armado.

El marco legal actual reconoce como víctimas de despojo a aquellos forzados a vender o abandonar sus tierras y a las víctimas de abandono forzado que huyen para proteger su vida e integridad. Sin embargo, no se aborda adecuadamente la victimización por confinamiento forzado, donde las personas, aunque permanecen en sus tierras, enfrentan restricciones severas que les impiden cultivarlas y obtener beneficios económicos. Esta omisión en la legislación conduce a una falta de indemnización administrativa para estas víctimas, a pesar de que sufren vulnerabilidades socioeconómicas comparables a las de quienes han sido desplazados o despojados de sus tierras.

La cuarta arista, la reparación material a partir de los proyectos productivos, forma parte del PIRC priorizado por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Trabajo, con el propósito de fortalecer los emprendimientos comunitarios del sujeto de reparación, mediante la entrega de activos productivos y la implementación de estrategias para la comercialización. Estas iniciativas buscan generar empleo, recuperar el tejido social y fortalecer la identidad y el posicionamiento comunitarios (^{Ministerio del Trabajo/Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2018}).

En El Arenillo, se realizó la entrega de una planta deshidratadora y transformadora de hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, así como la inversión en cultivos de frutas y dotación de un camión para la distribución de los productos a las ciudades cercanas. En La Sonora, se ha potenciado la cadena de producción, transformación y comercialización de café tostado y molido a través de la entrega de una planta tostadora de café, dotación tecnológica y productiva, mediante la provisión de abonos, fertilizantes y herramientas para el proyecto agrícola. Con ello se buscó la potencialización de la vocación agrícola en ambas comunidades, deterioradas durante el confinamiento, abandono o despojo forzado de sus tierras.

Las mujeres en estas comunidades desempeñan roles fundamentales en todos los niveles de la cadena productiva, desde la cosecha hasta la comercialización. También realizan un papel crucial en la rendición de cuentas sobre el progreso de sus proyectos. Lideran tanto en la producción y la posproducción como en la venta del producto en mercados campesinos, utilizando principalmente redes de contacto personales y, en menor medida, alianzas con otras cooperativas. En instalaciones como la planta deshidratadora y la procesadora de café, se han formado comités de gestión y coordinación, compuestos en su mayoría por mujeres, quienes asumen importantes responsabilidades en la representación, manejo de recursos, mantenimiento, procesamiento y comercialización, contribuyendo a la economía local y mejorando los ingresos de los miembros de las asociaciones. Su participación no sólo refuerza la agencia femenina, sino que también perpetúa aspectos de una economía del cuidado, destacando su valor diferencial en comparación con los hombres.

En la práctica, se observa que los roles técnicos como el manejo de maquinarias y tecnologías, así como la participación comunitaria en interacciones con instituciones estatales, suelen atribuirse a los hombres debido a las competencias consideradas “naturales” para ellos. Esto implica que se les delegue el liderazgo y la representatividad. Esta dinámica está mediada por la limitada experiencia de las mujeres en el ámbito de lo político, reforzando la percepción de que estas habilidades son exclusivas de los hombres.

La quinta arista es la promoción de la organización en sujetos colectivos de reparación. Las figuras de cooperativas o asociaciones son instancias que desarrollan sinergias con los proyectos productivos; además, permiten focalizar la política de reparación como plataformas de representación comunitaria que, mediante la implementación de proyectos autogestionados, generan impacto en los sujetos colectivos. Esta tendencia de intervención está orientada en términos del mejoramiento de capacidades de la organización social y para evitar la fuga de recursos por parte de terceros. En este proceso, las mujeres desempeñan un papel crucial como intermediarias entre las ofertas institucionales y las comunidades, gracias a su liderazgo en las asociaciones.

Esto ha llevado a la creación de entidades como la Cooperativa Integral de Hombres y Mujeres Empresarios Agropecuarios Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Trujillo (Cimevat), que incorpora población del corregimiento La Sonora y, en El Arenillo, el fortalecimiento de procesos preexistentes que se vinculan a los esquemas de reparación, como la Asociación de Campesinos de Arenillo, Palmira (Asoncar).

La asociatividad misma se presenta como escenario emblemático, por su capacidad explicativa, en tanto canalizadora de las diversas políticas asociadas a la reparación de los sujetos colectivos, y pone en juego las posibilidades de empoderamiento de actores vulnerados. Sin embargo, la evidencia del trabajo muestra que no se generan procesos de empoderamiento espontáneos; de hecho, ondulan en estos microcosmos sociales tanto los modelos patriarcales y autoritarios como otros de tendencias más democráticas dentro de las mismas estructuras organizativas y en sus procesos de autogestión.

Un ejemplo de la ondulación de acentos autoritarios o patriarcales se relaciona con los temores compartidos por las lideresas que, con buenas capacidades de gestión y toma de decisiones, se autoperciben con limitaciones en espacios de socialización y expresión pública. Esto hace que la interlocución sobre algunos proyectos, gestiones, cargos de representación, sea asumida y liderada por los hombres o considerada como natural o más eficiente en ellos.

Pues yo ahora en la última asamblea hablé mucho de eso [discrepancias sobre el manejo de la Cooperativa en Trujillo], muchas personas se fueron y eso a la final, ¡ah!, como que ni cuidado me colocaron algunas personas y los unos salían y se iban, entonces eso quedó así (entrevistada 1).

Una lideresa destacada de Cimevat, con amplia experiencia en cargos directivos y operativos, y reconocida tanto por la comunidad como por autoridades locales e institucionales, describe sus competencias al representar a la Cooperativa de la siguiente manera:

Pues sí le da a uno mucho miedo. Más que todo yo, yo he colaborado y yo ayudo, pero yo… Para yo decir que voy a hablar en público, que voy a hacer una presentación, ¡no! Yo colaboro y yo les gestiono y yo les hago allí, y aquí y allá, pero para yo ir a hablar no. Es algo que les decía a ellos [...] Por temor lo uno. Y lo otro es que no he cogido la experiencia (entrevistada 5).

En los espacios asociativos, se observa la reproducción de arreglos de género patriarcales, en mayor medida, con mujeres que no ocupan posiciones de liderazgo en las asociaciones. Durante reuniones y grupos focales con Cimevat, muchas de estas mujeres revelan que su presencia se debe a que sus esposos, quienes son los miembros “oficiales”, las enviaron en su lugar. Esta dinámica subraya una falta de reconocimiento de su autonomía, tanto en decisiones familiares y su capacidad de actuar como sujetos activos en procesos de reparación, lo que constituye una importante barrera para el empoderamiento femenino y la igualdad de género en estos ámbitos.

Las desigualdades de género se manifiestan claramente cuando se sobrevalora el uso del tiempo y la participación masculina en espacios públicos, como en las reuniones o decisiones comunitarias, donde frecuentemente los hombres asumen el poder de enunciación o se les concede ese “don” para hablar por el grupo, naturalizando de manera colectiva la división de roles de género. En ello sobrevive una suerte de violencia simbólica y una invisibilización de la gerencia femenina que permite y de la que depende esa representatividad que se le arroga al hombre.

El trabajo de gestión que realizan las mujeres, a menudo invisible o menos valorado, percibido como “pérdida de tiempo” por algunos de sus esposos, es de alto mérito en la dinamización de la agencia colectiva e individual. Estas actividades femeninas son cruciales para establecer relaciones de confianza con diversas instituciones; demandan asistencia y capacitación por parte del Estado y otras instituciones, y constituyen una red de actores comprometidos con los procesos de reparación a largo plazo. Este enorme trabajo gerencial que encarnan las mujeres es potencializado por el uso y la apropiación de los dispositivos tecnológicos que les permiten acortar las distancias geográficas del entorno rural, mejorando con ello la circulación de la comunicación estratégica y su articulación alrededor de sus proyectos productivos.

La intervención del Estado mediante el impulso de las figuras asociativas impone una modelización de las relaciones Estado-comunidad que no está exenta de riesgos o afectaciones al tejido comunitario. Al exigir a las asociaciones un conocimiento técnico y especializado para la formulación de pequeños proyectos, se generan filtros de inclusión y exclusión para obtener acceso a recursos y proyectos productivos. En ambas comunidades se notó que ciertas figuras asociativas, por falta de habilidades para formular proyectos, poca experiencia organizativa y una menor red de relaciones con las instituciones, quedaban excluidas de las convocatorias públicas y, por ende, sin posibilidades de participar en proyectos de reparación, de lo que derivaron tensiones entre liderazgos y grupos que compiten por la intervención estatal, situación que genera fragmentación en la misma comunidad (^{Cunill Grau, 2009}).

Trayectorias de vida, asociatividad, empoderamiento y transformación de los arreglos de género

En la información indagada en narraciones, material documental y otras fuentes, se encontró la relevancia de las trayectorias de vida de las mujeres para comprender las competencias que adquieren en relación con su agencia y perfil de liderazgo, al atravesar situaciones asociadas a la victimización y cómo estas se proyectan en escenarios asociativos y comunitarios, con posibilidades de empoderamiento en el marco de los procesos de reparación.

La consideración de las trayectorias de vida no remite exclusivamente a condiciones individuales; estas también se presentan como situaciones emblemáticas en los dos casos de estudio, en tanto adquieren sentido y tienen fuerza explicativa de acuerdo con unos contextos determinados y en interacciones sociales en las que se pone en entredicho, se critica o reproducen arreglos de género en muchos casos autoritarios o totalitarios. El resultado de la investigación señala que las mujeres que transitan por condiciones de victimización poseen, además de formas de adaptación a nuevos roles, la capacidad de generar procesos de empoderamiento y transformación de los arreglos de género en los ámbitos domésticos, comunitarios y organizativos, en efecto, resultados no previstos de la guerra (^{Yadav, 2021}).

En esferas como la del trabajo, las mujeres presentan diversas formas de participación. Algunas desde niñas compartieron con sus hermanos las actividades en las fincas o en el jornaleo; a otras, por su posición entre los hermanos (la menor), se les asignaban más labores de cuidado familiar. La entrevistada 1 comenta lo siguiente en relación con el trabajo:

Mi papá desde los siete años nos metió a trabajar, no nos dio estudio porque él decía que eso era para las mujeres conseguir novios, entonces él nos dejó dedicados a coger café, era demasiado celoso, no se nos podía arrimar nadie, nada, no podíamos alzar la cabeza a mirar a nadie (entrevistada 1).

El trabajo aquí no se presenta como una esfera que permita el desarrollo de la autonomía, sino como una imposición patriarcal y subordinada, que asume el control sobre el tiempo, las expectativas, el cuerpo, los gestos y las relaciones permisibles. En estas formas familiares, el padre impone sus decisiones sobre sus hijas y esposa, los recursos son manejados unilateralmente y la coerción es generada por aquél a través de la violencia simbólica y física, que visibiliza un tipo de arreglo autoritario. El relato de la entrevistada 3, líder y representante de una de las asociaciones de Trujillo, se refiere también a cierto tipo de control por parte de su padre:

Porque en la casa mi papá era muy complicado, no lo dejaba salir a uno, yo a mi papá le tenía como miedo y me daba miedo yo decirle: “Papá, ¿me deja ir a tal parte?”, porque yo sabía que no me iba a dejar ir, o de pronto me iba a regañar o quién sabe… Mi mamá no, mi mamá era lo que él dijera. Pues lo que él dijera. Si él decía sí, bueno, está bien, y si él decía no, pues ella no decía nada al respecto por cambiarlo (entrevistada 3).

El control y la normativización de la experiencia cotidiana se despliegan en espacios simbólicos y materiales. Las labores en los cultivos o fuera del hogar organizan los roles exigidos culturalmente, perpetuando el modelo de control patriarcal, como parte de los repertorios de la violencia cultural persistente. Estas formas de organizar “naturalmente” los roles y el control se incorporan desde la socialización familiar y de crianza, sobrevalorando las costumbres, jerarquías y autoridad masculina sobre las mujeres en estos microespacios. Una forma de violencia que se establece en las limitaciones de acceso al ámbito educativo y genera disparidad en el capital cultural por razón del sexo.

La experiencia de las relaciones de género debe verse además en continua transformación. Esto no significa una desalienación de las matrices culturales que reproducen el principio androcéntrico (^{Bourdieu, 2000}), pero sí que, en esa interrelación entre los cambios sociales y las expectativas producidas en la experiencia concreta, se delinean en ocasiones rupturas o visiones del mundo diferentes a las normalizadas. La entrevistada 2 refiere, por ejemplo, su percepción sobre el liderazgo y el escenario que le permite desplegar las expectativas de trabajo comunitario.

Uno nace con ese espíritu [de liderazgo]. Nosotros en la casa pues siempre mi papá era presidente de la Junta, de pronto trabajaba en muchas cosas así, entonces uno nace con esa misma sangre. Y yo desde que, bueno, empecé en la casa, sí, como que me gustaba estudiar, saber algo así del liderazgo, y ya después de que me casé y me vine pa’ acá, pues yo creo que ahí si hay un arranque (entrevistada 2).

En el caso de la mujer entrevistada y su relato, alude a que el matrimonio le da la “libertad” para salir de un modelo de familia autoritario, lo que le permite generar aprendizajes y transformación de esos arreglos familiares e intergeneracionales aprendidos. Por ejemplo, en relación con las plantaciones agrícolas, algunas familias como la de la entrevistada realizan acuerdos con sus hijas e hijos, otorgándoles la administración sobre parte de sus huertas y su productividad dentro de los predios, con el objetivo de afianzar en ellos la responsabilidad en su mantenimiento y generación de ingresos propios, decidiendo desde muy pequeños el destino de esos recursos fruto de su trabajo en el campo, transformando y afianzando arreglos de género más democráticos.

Otras mujeres, también lideresas, indican su ruptura con esos modelos y la construcción de nuevas experiencias e interacciones:

Yo a los 16 años no aguanté y me fui, él [el padre] nos trataba muy mal, las otras hermanas mías se fueron… La primera se fue a los 12, la segunda se fue a los 15 y yo era la más apegada a mi hogar. Yo digo, ¿yo cómo aguanté? Y yo fui la que más aguantó porque yo amaba a mi mamá y al hogar. Entonces yo no era como capaz y uno pues montañero por acá pegado, se imagina uno sin el estudio y sin nada, para uno irse eso es duro, para tomar esa decisión, pero es preferible que estar aguantando (entrevistada 1).

El relato prosigue con su transición a la vida urbana, comenzando con trabajos de servicio doméstico hasta roles de gestión en el ámbito comercial. Estas experiencias, que compensaron la falta de una educación formal y de calidad con un aprendizaje autodidacta, le permitieron, tras su retorno voluntario al campo, asumir posiciones de liderazgo en espacios asociativos y forjar nuevas relaciones. Junto a su compañero sentimental, encontró una forma de “liberarse”, replicando la autonomía que había logrado frente a su familia de origen.

Algunas entrevistadas resaltan acuerdos explícitos con sus parejas e hijos sobre la redistribución de las responsabilidades en el cuidado doméstico y en el uso del tiempo para concentrar sus esfuerzos en las actividades de asociatividad.

Es posible observar el tránsito de un ámbito en que los arreglos de género se mueven de un modelo autoritario a uno de orden más democrático y liberador, simultáneo a un proceso de empoderamiento que, a partir de las necesidades individuales, genera relaciones más horizontales en las esferas familiares, en la interacción con sus parejas e hijos, y en el orden laboral, transitando hacia ejercicios de conciencia comunitaria y liderazgo asociativo, como escalas locales comunitarias en las que las interacciones y los arreglos de género se transforman hacia escenarios políticos más igualitarios y plurales en los que convergen la política de reparación colectiva y las trayectorias individuales como condición de posibilidad (ver esquema 2 ).

Fuente: Elaboración propia basada en ^{Wills, 2009}.

Esquema 2 Transformación de los arreglos de género 

No necesariamente todas las mujeres poseerán esta capacidad transformadora, sino que reproducirán por convicción religiosa o sociocultural el tipo de familia y los arreglos de género aprendidos como naturales. Una mujer de El Arenillo señala un ciclo en los roles de cuidados que no culmina:

Prácticamente nunca me he detenido a pensar qué era lo que quería, yo me consagré a mis hijos y ya, a mis hijos, entonces cuando ya se fueron mis hijos entonces seguí con mis nietos, porque también me tocó criar cuatro… (entrevistada, citada en ^{Tovar, 2017}).

Considerando que los casos señalados son emblemáticos desde las trayectorias de vida de las lideresas, los arreglos de género democráticos en las asociaciones coexisten con disposiciones y roles subordinados al hombre con tintes autoritarios. Desde el testimonio de las entrevistadas se señalan algunas barreras simbólicas y subjetivas, como el miedo a hablar en público en el ejercicio de representación comunitaria. Sin duda, esto depende en todo caso de los contextos y los bienes comunes sobre los cuales disponer y decidir.

Conclusiones

El resultado de la investigación destaca que, más allá de adaptarse a nuevos arreglos de género, las mujeres que enfrentan condiciones de victimización también desarrollan capacidades de autonomía y agencia en los ámbitos domésticos, comunitarios y asociativos, contribuyendo así al empoderamiento femenino en múltiples esferas. Sin embargo, no todas las mujeres alcanzarán el mismo capital cultural, social y político en etapas de posconflicto, como lo demuestra el contraste entre los dos casos de estudio. Las habilidades comunicativas, de gestión o participación política de las mujeres están influidas por las experiencias y los aprendizajes previos a la victimización, así como la forma en que se asumen los procesos de reparación colectiva en las dinámicas familiares e interacciones con parejas e hijos.

Los arreglos de género -ya sean totalitarios, autoritarios o democráticos- y su transformación son aspectos centrales en el contexto de los procesos asociativos y proyectos productivos. Aunque son evidentes en estos ámbitos, la convergencia entre la política de reparación colectiva y las disposiciones individuales y comunitarias no se logra únicamente a través de la intervención estatal. En cambio, la investigación revela que estas transformaciones de género se articulan y consolidan mediante un proceso más complejo e interactivo, que incluye el intercambio de experiencias y aprendizajes, lo que proporciona un terreno fértil para fortalecer la transformación de los arreglos.

Así, el empoderamiento femenino emerge no sólo como resultado de políticas diseñadas, sino como un proceso de interacción continua. En este sentido, las mujeres redefinen sus necesidades prácticas, estratégicas y políticas tanto en las esferas comunitarias y asociativas como en el hogar, transitando de situaciones de subordinación hacia arreglos de orden más equitativos, mediante una serie de luchas, logros, resistencias e incluso retrocesos en las relaciones y patrones de poder entre los géneros, moviendo las estructuras microsociales opresivas hacia tipos de democratización que devienen de la conciencia individual y colectiva sobre su estatuto como mujeres, sujetos de derechos y reparación.

Es destacable cómo estos ejercicios de renegociación del poder emprendidos por las mujeres circulan desde los ámbitos del reconocimiento y la representación. Muchas veces las mujeres, asumiendo roles de representación en la gerencia de sus asociaciones, obtienen conquistas sobre su reconocimiento y valía en el núcleo familiar. Los hombres valoran el liderazgo femenino en el desarrollo de proyectos productivos que impulsan oportunidades de bienestar comunitario, lo cual les conduce a redistribuir la carga sobre las mujeres y a comprometerse con las actividades domésticas, con lo que ellas obtienen mayores márgenes de libertad y autonomía.

Por otro lado, aunque los contextos de posconflicto enfatizan la inclusión de una perspectiva de género dentro del ámbito institucional de la reparación material, esto no asegura una transformación integral de las condiciones estructurales que impactan a las mujeres en entornos rurales. Pese a las buenas intenciones de las reparaciones sensibles al género, persisten las condiciones de violencia y discriminación como barreras contemporáneas que limitan el progreso de las mujeres, agravadas por el acceso limitado a infraestructuras y servicios, medios de transporte y, en general, por el déficit estatal en zonas periféricas. Se evidencian, además, brechas en el acceso al conocimiento, la integración al mercado laboral y la obtención de una remuneración equitativa bajo dinámicas conservadoras que colocan a las mujeres en posiciones de mayor vulnerabilidad o sobreexplotación. Esto es palpable en las mujeres de las dos comunidades estudiadas, quienes, además de gestionar sus necesidades inmediatas, asumen la responsabilidad de abordar demandas socioeconómicas, muchas de las cuales están vinculadas a la exigencia de derechos sociales limitados por deficiencias estructurales no resueltas.

Aunque las políticas de ayuda al desarrollo no son un sustituto para las reparaciones con perspectiva de género, su propósito es complementar estos esfuerzos, correlacionando ambos campos de derechos para fortalecer el reconocimiento de la responsabilidad estatal frente a la violencia directa, estructural y cultural. Asimismo, estas políticas buscan ampliar el impacto de las reparaciones a largo plazo mediante la inclusión de compensaciones a colectivos que han sido víctimas, con la complicidad de algunas empresas y terceros que se beneficiaron de la violencia. Si bien las políticas sociales no son equivalentes a las políticas de reparación, estas últimas sólo adquieren un carácter transformador cuando se enfocan en abordar los problemas estructurales reconociendo el perfil socioeconómico de las víctimas. Esta integración de derechos es esencial para lograr un cambio significativo frente a la superación de la pobreza y la desigualdad.

Finalmente, la hipótesis centrada en que la implementación de la políticas de reparación conduce a una transformación de los arreglos de género en las comunidades de El Arenillo y La Sonora es interpelada desde una aproximación a las trayectorias vitales de las mujeres, que incluye los arreglos de género aprendidos, criticados o reproducidos desde su experiencia en las familias de crianza, en las rupturas o los procesos que han marcado sus vidas y en las actitudes, formas de autorreconocimiento y constitución de relaciones en diversos escenarios de los que son parte. De esta manera, los dos casos de estudio emblemáticos se complementan y reafirman su valor explicativo, dado que la especificidad del contexto rural, las formas de asociatividad, la consolidación o retrocesos de la agencia y empoderamiento femenino, las interacciones de confianza en la comunidad, con el Estado y diversos actores, permiten entender empíricamente la materialización de la reparación colectiva, como escenarios posibles y comparables.

Como línea de investigación futura que amplíe las reflexiones presentadas, se recomienda expandir el análisis sobre los procesos de empoderamiento y desde el fenómeno de la interseccionalidad, más allá de la agencia individual, para incluir su desarrollo en contextos colectivos y en su dimensión política. Es crucial considerar los referentes identitarios y culturales de grupos y comunidades, como los examinados en este estudio, para comprender la complejidad del empoderamiento y la interseccionalidad en estos ámbitos.