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La violencia ejercida por actores no estatales puede socavar la legitimidad de los estados democráticos y alterar sus procesos políticos (Kalyvas, 2000). El ejercicio de la violencia indiscriminada vulnera derechos colectivos e individuales, teniendo su traslación al comportamiento de los electores (Ley, 2014). En este sentido, el crimen organizado difiere de otros grupos armados, como terroristas o revolucionarios, ya que no busca subvertir el orden establecido sino controlar e influir sobre las estructuras vigentes (De la Corte y Giménez-Salinas Framis, 2010). México es un caso de interés, al existir una presencia relevante de grupos criminales que se relacionan continuamente con el poder político e influyen en los procesos de toma de decisiones (Ponce, 2016; Ochoa y Herrera, 2019). Los altos niveles de violencia, el elevado número de víctimas y la diversidad de organizaciones hacen relevante comprender cómo tanto a través del miedo como de la violencia directa pueden interferir en los procesos democráticos (Aureliani y Motta, 2015).
Dentro de México, el estado de Michoacán es uno de los que presentan mayores niveles de violencia, con diversos grupos criminales en conflicto por el control de los mercados ilegales (Lemus, 2015). La fragmentación criminal lleva a diferenciar entre los municipios controlados por el crimen organizado con bajos niveles de violencia y aquellos en disputa con mayores índices de violencia (Trejo y Ley, 2021). Esta cuestión incrementa la complejidad del análisis, ya que una ausencia de violencia visible no implica una menor influencia criminal sobre los procesos políticos. En ocasiones, la inducción del miedo tanto en electores como en candidatos lleva a que no sea necesario ejercer la violencia directa para cooptar procesos electorales (Ponce, 2019). Esta cuestión genera limitaciones explicativas en los estudios cuantitativos sobre el fenómeno, y es necesario conocer las percepciones de actores originarios y/o residentes en municipios de Michoacán respecto a la influencia del crimen organizado.
Este artículo analiza la incidencia del crimen organizado sobre el proceso electoral de 2020-2021 en Michoacán. Las razones para elegir el marco temporal se basan en la celebración de elecciones para cubrir 21 368 cargos en los tres niveles de gobierno en todo México (Sánchez Morales, 2020), y en el hecho de que el proceso estuvo marcado por una multiplicidad de actos violentos dirigidos tanto a actores políticos como a ciudadanos (Carbonell, 2021). La mayor parte de los ataques registrados tuvo lugar en el nivel local, y los aspirantes a alcaldes fueron los más afectados por la violencia (Martínez-Trujillo, 2021). El enfoque de este artículo implica un análisis cualitativo mediante la realización de entrevistas a individuos residentes y/u originarios de Michoacán que poseen un profundo conocimiento sobre la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales del estado. Buscando contribuir a los debates existentes, la investigación resuelve los siguientes interrogantes: ¿Cómo incidieron las organizaciones criminales en el proceso electoral de 2020-2021 en Michoacán? ¿Qué implicaciones tuvo la violencia criminal en el comportamiento de los partidos políticos y de los electores? En los municipios donde hubo mayores niveles de violencia homicida, ¿algún partido se vio sistemáticamente beneficiado?
Siguiendo los interrogantes planteados, el propósito fundamental de esta investigación es examinar la influencia del crimen organizado en los procesos electorales de Michoacán a través de las percepciones de individuos residentes y/u originarios de la región, quienes poseen un amplio conocimiento sobre este fenómeno. La investigación se encuentra justificada por la necesidad de plantearse si la totalidad de la violencia política en Michoacán es exclusivamente responsabilidad del narco (Bataillon, 2015) o si existen otros grupos armados dependientes de actores políticos y/o caciques locales que busquen influir en los procesos electorales (Lemus, 2015; Martínez-Trujillo, 2019). Debido a ello, este artículo analiza la relevancia de la violencia sobre el comportamiento electoral, estudiando la incidencia sobre actores políticos e identificando las motivaciones existentes para su ejercicio. El documento se encuentra articulado mediante una revisión teórica de la influencia de las organizaciones criminales en los procesos electorales. A partir del mismo, se desarrolla una estrategia metodológica basada en la Teoría Fundamentada, para posteriormente realizar el análisis del caso seleccionado. Dicho análisis comienza con un primer apartado dedicado a contextualizar la violencia en Michoacán. A continuación, se presenta el marco teórico pertinente, seguido por el examen de las percepciones de los entrevistados acerca de la violencia, las motivaciones de los grupos criminales y su influencia en los procesos electorales. Finalmente, se exponen las conclusiones derivadas de esta investigación.
Poder político y crimen organizado en Michoacán
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo en el gobierno de Michoacán de manera continua hasta 2002. A partir de entonces y hasta 2015, el estado fue liderado por cinco gobernadores: dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (2002-2008 y 2008-2012) y tres del PRI (2012-2015). Incluyendo el periodo 2015-2021, Michoacán ha experimentado un total de 11 cambios de gobernador en los últimos 30 años, una cifra notablemente superior al número esperado de 11 gobernadores en un periodo de 66 años. Este escenario pone de manifiesto el caos democrático e institucional que ha caracterizado a Michoacán (Ochoa y Herrera, 2019).
Para entender la situación actual en esta región, es esencial examinar cómo se llevó a cabo el proceso de transición a la democracia en México. Esta transición fue diversa en diferentes áreas del país, y en muchos casos no se logró una consolidación total de la democracia. En ocasiones, la construcción institucional fue deficiente, lo que facilitó el surgimiento de poderes fácticos políticos y económicos, lo que debilitó el sistema democrático. Este tipo de democracia podría ser calificada como ineficiente, caracterizada por la ausencia de elecciones libres y un gobierno efectivo que promueva la igualdad y las libertades. Además, se suman otros elementos, como un sistema judicial distante de los valores democráticos, altos niveles de corrupción y la presencia de organizaciones criminales, lo que contribuye a la configuración de una democracia que podría ser considerada como violenta (Ramírez Sánchez, 2020).
En Michoacán, el proceso de democratización se caracterizó por la presencia de vacíos o deficiencias en la legitimidad, especialmente a nivel local, los cuales fueron aprovechados por grupos delictivos. La mayor competencia en las elecciones y la fragilidad de las instituciones encargadas de regular el proceso crean condiciones favorables para la entrada de grandes sumas de dinero ilícito en las campañas, especialmente a nivel local. Cuando las organizaciones criminales financian una campaña, lo hacen con la expectativa de obtener beneficios a cambio, como protección para sus actividades, acceso sin obstáculos a las rutas de tráfico ilegal o incluso infiltración en el aparato gubernamental (Ochoa y Herrera, 2019). Como afirma Rubén Darío Ramírez Sánchez (2020: 85), este ambiente permitió que, desde hace décadas, “los actores ilegales ejercieran presión a los partidos para asignar candidaturas y para que operaran a favor de algún candidato el día de la jornada electoral, principalmente en las regiones de Tierra Caliente y occidente de Michoacán, donde el conflicto por el territorio se ha mantenido”.
En los municipios de Michoacán que conforman la región de Tierra Caliente, nunca se han dado las condiciones que permitan hablar de una democracia normalizada, según lo evidencian indicadores como la calidad de las instituciones locales, la participación política, el involucramiento de la sociedad civil y la libertad de prensa (Ochoa y Tomas, 2016). Incluso en la actualidad esta área sigue enfrentando problemas políticos originados por la ausencia de políticas públicas adecuadas, el aislamiento geográfico, la tenencia de la tierra, modelos desiguales de desarrollo económico local y un sistema educativo ineficiente (Maldonado Aranda, 2010).
La posición geográfica de Michoacán desempeña un papel fundamental para comprender tanto el proceso interrumpido de transición hacia la democracia como el desarrollo y la evolución de las organizaciones delictivas en este estado. Michoacán se encuentra situado al oeste de México y presenta condiciones propicias para el cultivo de marihuana. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto clave en el mercado mundial de drogas, dado que está cerca del centro del país y tiene acceso al Pacífico, facilitando así el establecimiento de rutas para el tráfico de diversos estupefacientes. La región de Tierra Caliente y el Puerto Lázaro Cárdenas son particularmente relevantes en este contexto, ya que posibilitan la movilización de drogas y la expansión de mercados ilegales, lo que contribuye al incremento de la violencia en la zona (Chavarría Rodríguez, 2018).
Desde la década de los años cuarenta y hasta los ochenta, los cultivadores de marihuana y posteriormente de amapola en Michoacán fungieron como proveedores para los traficantes de drogas en Sinaloa. Durante este periodo, su papel de subordinación ante los traficantes del norte no propició la consolidación de grandes organizaciones delictivas. Además, la protección otorgada por las autoridades locales y federales durante varias décadas fomentó un estado de “paz en la ilegalidad”. Sin embargo, en los años ochenta, la apertura de rutas para el tráfico de cocaína en México alteró esta situación. El incremento en la demanda de cocaína en Estados Unidos desde América del Sur llevó a los narcotraficantes a operar no sólo por vía aérea, sino también por vía marítima, a través del Pacífico y el Golfo de México (Rivera, 2014).
El dominio histórico de la región por parte del Cártel de los Valencia se vio desafiado por la irrupción del Cártel del Golfo, respaldado por su brazo armado, los Zetas, con el objetivo de establecer su presencia en Michoacán. Esta confrontación entre cárteles propició el surgimiento de La Familia Michoacana en 2006, quienes lograron expulsar a los Zetas en 2008. Sin embargo, el escenario cambió nuevamente con la llegada de Los Caballeros Templarios en 2011, quienes ampliaron su control sobre toda la región de Michoacán. La expansión de su dominio no habría sido posible sin la complicidad de autoridades tanto estatales como federales (Rivera, 2014).
Conforme Los Caballeros Templarios comenzaron a intervenir en los procesos electorales de Michoacán, se revelaron nuevos intereses político-electorales, particularmente en las elecciones a nivel municipal. Dado el menor tamaño del electorado en estos niveles, la posibilidad de que estos grupos ejercieran una influencia determinante en los resultados era más alta (Ramírez Sánchez, 2020). De hecho, algunos autores han llevado sus afirmaciones más allá. Eduardo Nava-Hernández (2015: 69) sugiere que, en 2011, “la coacción del voto por los grupos de delincuencia organizada fue determinante para los resultados en muchos municipios y muy probablemente también para el gobierno del estado”. Asimismo, Jaime Rivera (2014: 9) concluyó que “puede decirse que la mayoría o todos los gobiernos municipales de Michoacán han estado sometidos o vinculados de alguna forma a los Templarios”. Con el tiempo, otros grupos delictivos también ganaron presencia en la región, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, La Tercera Hermandad y una célula relacionada con Homero González Rodríguez, conocido como “El Gallito” (Chavarría Rodríguez, 2018).
En las elecciones de 2015 y 2018, más de la mitad de los municipios del estado de Michoacán fueron afectados por la intervención de organizaciones criminales. En 2018, se documentaron más de cien casos de renuncias en varios partidos políticos en numerosos municipios. De acuerdo con Nava-Hernández (2018: 133), “el origen principal de las renuncias, sustituciones y reestructuraciones fue el de las amenazas por la delincuencia organizada”. El proceso electoral de 2018 transcurrió en un contexto de violencia, resaltando la incursión del crimen organizado en el proceso. Desde su inicio, las autoridades electorales de Michoacán recibieron solicitudes para modificar las listas de candidatos y para la renuncia de los que habían sido amenazados por miembros del crimen organizado.1 Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se reportaron nueve asesinatos de políticos en Michoacán, incluyendo tres del partido en el poder y seis de partidos de oposición (Zepeda et al., 2018). En las siguientes secciones, se analizará la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2020-2021 y sus posibles consecuencias para ciudadanos y actores políticos.
Marco teórico: violencia criminal y elecciones
La literatura académica identifica cuatro hipótesis para explicar por qué las organizaciones criminales atacan a actores políticos. En primer lugar, los grupos criminales atacan a agentes estatales en respuesta a medidas represivas emprendidas por el Estado (Lessing, 2015). En el caso mexicano, esto ha venido ocurriendo con mayor frecuencia desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declarase una “guerra contra las drogas” y emprendiese un ataque frontal contra las organizaciones criminales. No obstante, estos ataques no necesariamente han acontecido en mayor medida en periodos preelectorales. Además, si esta hipótesis tuvo validez durante el mandato de Calderón, otros autores la refutaron para el siguiente sexenio (Márquez, González y Quijano, 2018).
Por otro lado, los ataques también pueden tener el objetivo de intimidar a los adversarios de quienes brindan protección a los criminales (Albarracín, 2018; Ponce, 2019) o ser utilizados para castigar a quienes no les proveen protección (Albarracín, 2018; Daniele y Dipoppa, 2017). Un ejemplo del primer caso puede ser el de un grupo criminal que ataca a las autoridades de un determinado municipio porque éstas protegen a un grupo rival. En el segundo caso se estaría hablando de ataques que se producen por parte de grupos criminales ante la negativa de las autoridades de proveerles protección.
En tercer lugar, las organizaciones criminales también atacan a actores políticos con el objeto de extraer recursos económicos de los gobiernos municipales y emplearlos en el fortalecimiento de la organización (Cubides, 2005; Dal Bó, Dal Bó y Di Tella, 2006). Estos gobiernos son fuente de ingresos, bien sea por extorsión directa o por la asignación de contratos de servicios u obra pública (Hope, 2021). No obstante, esta estrategia de captura de rentas sólo es puesta en marcha si la cantidad de recursos que pueden extraer es superior a los costos de coaccionar o corromper a las autoridades (Flores-Pérez, 2013).
Por último, los grupos criminales también atacan a actores políticos porque pueden obtener múltiples beneficios si consiguen capturar las elecciones subnacionales (menos obstáculos para el lavado de dinero, información de inteligencia, lograr protección de la policía local, armamento…) (Hope, 2021), motivo por el cual los procesos electorales estimulan la violencia, ya que para las organizaciones criminales es más costoso capturar a políticos en funciones que a candidatos que buscan el poder (Sberna, 2011), pues, en teoría, los primeros estarán protegidos por la policía local (Ponce, 2019) y posiblemente también gocen de la protección de algún otro grupo criminal (Ponce, Velázquez y Sainz, 2021). En estas condiciones, cambiar el statu quo puede resultar menos factible para las organizaciones criminales.
No obstante, también hay ocasiones en las que son los actores políticos (e intereses privados) los que subcontratan a grupos criminales para eliminar a sus adversarios políticos o para ejercer coerción sobre los votantes durante la jornada electoral (Albarracín, 2018). No tener esto en cuenta supone despolitizar por completo el debate y dar una respuesta fácil a cada uno de los ataques sufridos por actores políticos: “fue el narco”. No siempre es así, puede haber participación directa o indirecta de actores públicos (funcionarios y fuerzas armadas) o el interés de actores privados (empresarios, caciques…), pues hay que recordar que las organizaciones criminales no existen sin alianzas y protecciones políticas (Albini, 1971; Bailey y Taylor, 2009; Shelley, 2001).
Los nexos entre políticos y criminales en México se han organizado alrededor de niveles de gobierno y élites locales que los controlan mediante sus relaciones simbióticas con las organizaciones criminales (Ochoa y Herrera, 2019). Según lo identificado, el modo de acceder a instituciones gubernamentales es mediante la injerencia en procesos electorales. Esto se debe a que los criminales han conformado las elecciones como un instrumento de intervención en asuntos públicos y espacios formales de poder (Ibid.). En vista de lo anterior, se puede concluir que los periodos electorales son los momentos en los que las organizaciones criminales intentan incidir más en política por medio de la violencia. Esta incidencia se hace presente y afecta tanto a la oferta como a la demanda electoral (Ponce, 2016, 2019).
La violencia afecta a la oferta electoral
La oferta electoral se refiere al número de alternativas disponibles por parte de los votantes en unas elecciones. Las organizaciones criminales pueden usar dos estrategias para alterar la oferta electoral: amenazar a candidatos cuyas preferencias y opciones de política pública se confronten con las propias de dichas organizaciones y favorecer una alternativa electoral con preferencias más cercanas a las suyas (Ponce, 2016). En aquellas ocasiones en que los actores políticos declinan cooperar con grupos criminales, los partidos pueden optar por adoptar un perfil bajo en las campañas electorales y así proteger a sus candidatos y militantes. Esto puede traducirse en la no presentación de candidatos en determinados territorios (Ponce, Velázquez y Sainz, 2021), como ocurrió en las elecciones de 2018, cuando decenas de candidatos abandonaron la contienda electoral porque temían por sus vidas (Villegas y Semple, 2018).
La segunda estrategia identificada consiste en apoyar material o financieramente a ciertos partidos políticos o candidatos con preferencias cercanas a las suyas y con razonables posibilidades de ganar las elecciones. No obstante, se ha constatado que no existe un patrón definido de apoyo a un partido político en particular, sino que el respaldo a nivel municipal estaría condicionado por el contexto local (Ponce, 2016). Las investigaciones de Aldo Ponce (2016, 2019) sobre las elecciones municipales en México identificaron un aumento de la violencia en paralelo a una reducción de la competencia electoral en un importante número de municipios donde se concentra la violencia. Por otro lado, observó que una mayor confrontación entre organizaciones criminales junto con un incremento de su número disminuye este efecto. No obstante, la violencia criminal contra actores políticos no siempre obedece a una estrategia llevada a cabo conscientemente por los grupos criminales, sino que en muchas ocasiones son víctimas dentro de un contexto de violencia generalizada no específicamente dirigida contra determinados actores políticos (Hernández-Huerta, 2020).
Violencia criminal y demanda electoral
Algunos autores han encontrado que la violencia criminal aumenta la participación comunitaria (Bateson, 2012; Smithey y Malone, 2014), la participación no electoral y disruptiva (Bateson, 2012; Somuano y Velázquez, 2013) y la probabilidad de apoyo a opciones autoritarias (Malone, 2010) y golpistas (Pérez, 2009). Por otro lado, en la línea de la presente investigación, hay académicos que han examinado los efectos de la violencia en la participación electoral. En este sentido, y en el caso concreto de la violencia criminal, mientras que algunos sostienen que ésta no tiene ningún efecto en las elecciones (Fernández Novelo, 2013), otros sí han encontrado un efecto negativo, tanto a nivel comunitario o agregado (García-Sánchez, 2007, 2010; Trelles y Carreras, 2012) como a nivel individual (Bratton, 2008; Collier y Vicente, 2008). Especialmente en el ámbito local, la violencia empleada por las organizaciones criminales reduce la participación electoral, tanto la indiscriminada (Trelles y Carreras, 2012) como la dirigida exclusivamente contra actores políticos (Ley, 2018). No obstante, también hay casos en los que la participación puede ir positivamente relacionada con los niveles de violencia criminal. Los grupos criminales pueden interferir en los procesos electorales a través de distintas estrategias y no todas ellas desincentivan la participación electoral. Así, el crimen organizado puede fomentar el voto por un candidato mediante la movilización de votantes (Integralia Consultores, 2021; Lizama Carrasco, 2018).
Los anteriores trabajos examinan si la violencia criminal influye o no y de qué manera en el comportamiento electoral. No obstante, también hay estudios que analizan esta misma relación observando la violencia homicida en general, tomando como medida la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, si bien es cierto que dicha tasa se toma en ocasiones como proxy de violencia criminal. Los hallazgos de estas investigaciones muestran que la violencia sí tiene efectos sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos, al menos para el caso de las elecciones municipales en el Estado de México (Pulido Gómez y Almaraz Calderón, 2017). Sin embargo, la relación no siempre es negativa. En los casos en los que disminuye lo hace porque el electorado se muestra apático ante la efectividad de su voto o no ve garantizada la seguridad para participar en el sistema democrático (Espinosa Moreno, 2018). Por otro lado, cuando la participación aumenta el motivo es que el electorado tiene mayor interés en votar para buscar cambios en la política de seguridad. Sin embargo, como se dijo anteriormente, pueden ser prácticas de acarreo de electores por parte de organizaciones criminales las que expliquen la coexistencia de elevados niveles de violencia y tasas de participación electoral superiores al promedio.
Metodología
La revisión de la literatura evidenció una preeminencia de los estudios cuantitativos para analizar la violencia criminal en contextos electorales. Debido a la necesidad de conocer en profundidad las percepciones respecto a la violencia y a su grado de influencia sobre procesos electorales, esta investigación se sustenta en una metodología cualitativa orientada tanto a producir datos primarios como a contrastar los hallazgos de investigaciones previas. El caso de estudio se encuentra acotado geográficamente al estado de Michoacán durante el proceso electoral de 2020-2021. Las motivaciones para su selección responden a que en esta entidad federativa se ha constatado la cooptación de los partidos políticos por parte de las organizaciones criminales (Aureliani y Motta, 2015), a que fue el estado donde comenzó la llamada “guerra contra las drogas” de Calderón y donde, en 2008, se produjo el primer ataque indiscriminado de una organización criminal contra la población civil (Aguirre y Herrera, 2013). La relevancia del estudio radica en realizar un análisis micro que ilustre tanto la relevancia de las fuentes humanas para el estudio de la violencia como para comprobar la aplicabilidad de planteamientos teóricos relativos a la relación entre violencia y elecciones.
Para la conducción de este estudio, se realizaron seis entrevistas semiestructuradas entre octubre y noviembre de 2022. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, buscando sujetos que pudiesen proporcionar datos primarios con los que comprender los efectos de la violencia ejercida por las organizaciones criminales en los procesos electorales. Por lo tanto, los participantes debían ser residentes y/u originarios de Michoacán y estar vinculados a instituciones que les proporcionaran un conocimiento profundo y directo sobre la influencia de los grupos criminales en los procesos electorales. La tabla 1 recopila información sobre el perfil de los entrevistados.
Tabla 1 Perfil de los entrevistados
| Sexo | Edad | Institución/Profesión | Código entrevista |
|---|---|---|---|
| Hombre | 39 | Párroco | MX01 |
| Hombre | 56 | Periodista | MX02 |
| Hombre | 53 | Profesor universitario | MX03 |
| Mujer | 41 | Autoridad electoral | MX04 |
| Hombre | 47 | Periodista | MX05 |
| Hombre | 50 | Autoridad electoral | MX06 |
Fuente. Elaboración propia
Las percepciones de los participantes permiten no sólo producir datos primarios, sino conocer una realidad social existente más allá de los datos cuantitativos respecto al fenómeno. Al igual que en otras investigaciones, no se buscó la representatividad de la muestra, sino conocer las experiencias personales de los entrevistados (Bertaux, 2005; Granda y Soriano-Miras, 2023).2 Con el fin de preservar la integridad de los participantes en este estudio, no se proporciona más información sociodemográfica y se les asignó el código MX seguido del número de entrevista.
El diseño de la entrevista se articuló alrededor de los bloques temáticos relativos a 1) las motivaciones del uso de la violencia, 2) la incidencia de las organizaciones criminales en los candidatos y 3) el impacto de las organizaciones criminales en los ciudadanos. Entre las preguntas planteadas destacaron algunas como: “¿Considera que la violencia durante procesos electorales se asocia exclusivamente a grupos criminales o hay otros actores involucrados? ¿Por qué sólo hay ataques registrados contra actores políticos en unos pocos municipios? ¿Existió algún patrón partidista en los ataques de los grupos criminales? ¿Considera que ha habido amenazas de organizaciones criminales a los ciudadanos para que votasen en favor de un determinado candidato?” Las entrevistas fueron realizadas de forma telemática, grabadas en MP3 y transcritas manualmente por uno de los investigadores. Una vez transcritas, el análisis se realizó mediante una estrategia a partir de la Teoría Fundamentada, construyendo categorías de forma mixta, partiendo de una revisión teórica previa, así como generando subcategorías de forma inductiva tras analizar las aportaciones de los participantes (tabla 2).
Tabla 2 Estrategia de investigación
| Categoría central | Categorías principales | Categorías teóricas | Subcategorías |
|---|---|---|---|
| Violencia criminal durante procesos electorales en Michoacán | Incidencia sobre el comportamiento electoral |
• Influir sobre la participación • Orientación del voto |
• Coacciones para ejercer el voto • Recompensas para ejercer el voto • Resultados electorales irregulares • Negación de autoría |
| Incidencia sobre candidatos |
• Víctimas de la violencia • Recepción de apoyo |
• Uso de medios de comunicación • Presentación de candidatos • Perpetración de ataques |
|
| Motivaciones para emplear la violencia |
• Respuesta a medidas políticas previas • Intimidación del adversario • Obtención de recursos |
• Imponer poder hegemónico • Lucro por actividad criminal • Lucro mediante contratos públicos • Apoyo de autoridades locales |
Fuente. Elaboración propia.
La categoría central analiza la violencia criminal durante los procesos electorales en Michoacán, estudiando mediante categorías principales las motivaciones para el empleo de la violencia y la incidencia sobre candidatos y ciudadanos. La estrategia basada en categorías permite flexibilidad en el análisis, así como cumplir los objetivos de investigación de analizar la influencia del crimen organizado sobre las elecciones en Michoacán en 2021. Las subcategorías generadas de forma inductiva permitieron la identificación de las principales motivaciones (consecución del poder, lucro económico y apoyo de las autoridades), así como la forma en que generaron una incidencia sobre candidatos (uso de medios de comunicación, presentación de candidaturas, o perpetración de ataques) y sobre los ciudadanos (coacciones y recompensas para el ejercicio del voto, negación de la autoría y resultados electorales irregulares).
Violencia criminal y procesos electorales en Michoacán
Incidencia de la violencia criminal sobre los electores
De acuerdo con lo expresado por los entrevistados (MX01, MX02, MX03, MX04, MX05), los grupos criminales sí tuvieron una influencia significativa en el comportamiento de los electores. Aunque esta influencia no haya sido documentada formalmente en su totalidad, sí que se menciona en discusiones informales (MX06). Las opiniones sobre el método utilizado fueron divergentes. Algunos admitieron no tener conocimiento sobre la forma en que se ejerció la influencia (MX03), mientras que otros observaron indicios cuando todos los votos de un distrito fueron para una única candidatura (MX04, MX05). Por otro lado, se mencionó que la influencia podría ejercerse a través de amenazas, ofrecimiento de recompensas materiales o la promesa de que la zona se pacificaría si ciertos candidatos resultaban victoriosos (MX01, MX02).
MX06: Ya te digo, al menos a veces se llega a hablar, porque eso sí no está documentado ni está determinado por ningún tribunal, sí se llega a veces a escuchar o a hablar así en los pasillos de esta posible injerencia. Tampoco es absoluta, no es en todos los casos por supuesto, ¿no? Pero bueno, insisto, de pronto sí se llega a escuchar este tipo de cosas.
MX05: Cuando tienes una participación del 95% es obvio que alguien fue a las casas a sacar a la gente a votar. La gente no va espontáneamente a ejercer su derecho al voto… Los registros así súper históricos de participación ciudadana están en el 65%. Son elecciones récord de participación. Cuando este porcentaje se eleva a un 95% es porque hubo una práctica que a los partidos políticos por sí solos nunca les había alcanzado para llevar a tanta gente a participar en la votación.
Uno de los aspectos clave de la investigación fue indagar sobre las razones por las cuales la violencia se concentró en ciertos municipios específicos. Los participantes distinguieron entre la violencia directa, que resultó en asesinatos y amenazas, y la violencia de naturaleza más sutil, que no fue tan evidente de forma directa. Hubo un consenso respecto a que la violencia estuvo más presente en aquellas zonas en disputa entre grupos criminales, y fue más reducida en áreas bajo el control de un único grupo (MX02, MX06). Del mismo modo, se señaló que en aquellos lugares con baja presencia de fuerzas federales fue más visible la violencia (MX02). En este sentido, otro entrevistado afirmó que, en algunos casos, cuando un municipio estaba bajo control de un cártel, fue otro rival el que motivó la violencia para “calentar la plaza” y obligar al envío de fuerzas federales para dañar al grupo rival (MX01). Según lo señalado, la decisión de los grupos criminales para intervenir de forma violenta depende tanto de si buscan gestionar sus negocios al margen de la política (MX03) como si optan por rechazar aquellas acciones que pueden poner en peligro sus actividades (MX06).
MX01: Yo casi me atrevería a decir, y no con el fin de hacer dogma de esto ni mucho menos, que el ataque contra el presidente municipal en Aguililla no fue directamente por el grupo que impera ahí. Para mí fue otra motivación y otra forma, porque ellos lo llaman así, porque yo les escuché ese término, “nos quieren calentar la plaza”. Quieren, los otros grupos, que se ponga especial atención en este foco como si nosotros fuéramos los culpables y entonces cargarnos más la presencia del gobierno […]. Nadie incendia su madriguera, nadie le prende fuego a su cama. Ves las demás casas arder, pero la tuya la quieres segura. Para nosotros suena ilógico que el cártel que tiene presencia en todo el municipio haya querido atentar ahí en el municipio y de esa manera tan expuesta contra el presidente municipal de ese mismo municipio por el simple hecho de cobrarse una venganza o lo que hayan querido decir con eso y trayendo el foco de atención ahí mismo.
Las zonas con mayor violencia fueron Aguililla, Tierra Caliente y Bajío (MX02).3 Otras con altos niveles fueron Lázaro Cárdenas, Zamora y Briseñas (MX04). Del mismo modo, la violencia estuvo también presente en Zinapécuaro o Ciudad de Hidalgo (MX05).
MX02: Los municipios donde ocurren los ataques de los grupos armados son municipios que se encuentran dentro de la zona de conflicto armado, que podría ser la zona de Tierra Caliente o la zona de la sierra de… Aguililla, y parte de la costa. Incluso parte del Bajío. Esas zonas son las que están más conflictuadas y son donde justamente no hay presencia, o hay una mínima presencia de las fuerzas federales, por eso se dan las confrontaciones allá.
MX05: Es decir, el narco en Michoacán tiene presencia prácticamente ya en todos los municipios. Antes estaba muy focalizado en Tierra Caliente, ahora se extendió ya al oriente, al centro, a todos lados. Y digamos que la violencia que ejercen es más silenciosa, más de baja intensidad, colocando presidentes municipales, infiltrándose en los ayuntamientos, amenazando… Y cuando algo realmente se sale de control es cuando ya surge esta violencia mucho más tácita que es matar a un candidato, matar a un presidente…
Según lo reflejado en la literatura, el modo más directo y evidente de influir sobre el comportamiento electoral es la obligación para votar a un determinado candidato (Ochoa y Herrera, 2019; Lizama, 2018). Esto concuerda con lo mencionado por los entrevistados, quienes resaltaron la presencia de amenazas directas por parte de grupos armados hacia la población (MX01, MX02, MX05), así como el recurso a promesas materiales (MX01, MX05). Hubo entrevistados que expresaron tener constancia de estas prácticas, aunque no estuvieran seguros de su alcance (MX03, MX04). En esta misma línea, se señaló la falta de registro formal de las presiones ejercidas sobre los votantes (MX06).
MX02: Sí hubo actos de violencia, se registran… Están denunciados muchos ante el Instituto Electoral, sobre grupos que llegaron a las comunidades, algunas comunidades sobre todo de las zonas más apartadas y amenazaron a la gente, que si no votaban iban a regresar contra el pueblo, si no votaban por cierto candidato iban a regresar contra el pueblo e iban a comenzar a hacer matanzas. Entonces, eso por supuesto que obligó a muchos ciudadanos a votar por algunos candidatos.
MX05: Sí, pero esa estrategia de las despensas, de las promesas… de decir “es que si no votas se te va a quitar el apoyo…”, esas son las que siempre han existido y esas funcionan nada más en cierto grado […]. O en el que en un pueblo días antes se esté diciendo “tenemos que ir a votar porque los malos”, ¿no?, como se les dice comúnmente, “los malos están con este partido y si no gana ya dijeron que se van a poner feas las cosas, entonces mejor vamos para seguridad del pueblo”, ¿no? Esa violencia silenciosa de la que te hablaba creo que es la que funciona más a este método de las despensas que influye nada más en ciertos grupos organizados de los partidos políticos y que lo practican además todos y entonces se anulan un poco, ¿no?
Sin embargo, también se identificó un tipo de violencia más sutil, pero igualmente influyente en la decisión de los ciudadanos de participar en el ejercicio de su derecho al voto: el miedo. En comunidades donde uno o más grupos criminales han perpetrado actos de violencia contra la población en el pasado, no es necesario recibir amenazas directas para saber hacia qué opción electoral dirigir el voto, con el fin de resguardar la integridad física y el bienestar del municipio (MX01).
Incidencia de la violencia sobre los políticos
La influencia del crimen organizado sobre la presentación de candidaturas a los comicios es un fenómeno difícil de probar. En 2015, los grupos criminales tuvieron injerencia en al menos 80 de los 113 ayuntamientos michoacanos (Ramírez Sánchez, 2020). En la elección de 2018, la violencia en Michoacán se acentuó, sobre todo, en las regiones de Tierra Caliente, Zamora y Uruapan, donde se produjeron nueve asesinatos de candidatos o funcionarios y más de 40 actos de violencia registrados contra personas involucradas en el proceso electoral en 23 municipios (Ibid.). Algunos investigadores han entrevistado a actores políticos que afirman que es aceptable y válido para los candidatos obtener el visto bueno del grupo criminal. A cambio de su apoyo en campaña, el grupo criminal negocia con el nuevo alcalde una parte del presupuesto municipal (usualmente destinado a obras públicas) y el control de la policía municipal. Dominar la policía municipal significa que esta es la primera línea de defensa ante la incursión de la policía estatal o federal (Ochoa y Herrera, 2019). Algunos entrevistados afirmaron que no servía de nada acudir al fiscal del estado o al gobernador porque ellos también podrían tener acuerdos con los grupos criminales y estos actuarían aún con más violencia contra las autoridades municipales (Ibid.).
[…] las líneas de batalla en Michoacán y, de hecho, en el resto de México no se alinean claramente con las instituciones estatales en un lado y los grupos criminales en el otro. En conversaciones durante la última década, miembros de alto rango de grupos armados y oficiales de seguridad del Estado, incluidos de las fuerzas armadas, han hablado con franqueza sobre cómo los límites entre los dos bandos se han vuelto fluidos o se han disuelto por completo (International Crisis Group, 2021: 13).
Según lo apuntado por los entrevistados, existe una alta probabilidad de que las organizaciones criminales influyesen en la presentación de candidatos (MX01, MX02, MX03, MX04, MX05, MX06). A pesar de ello, algunos indicaron que no se terminó de probar del todo en algunos casos (MX03, MX04, MX05). Según lo señalado por uno de los entrevistados, varios cárteles trabajan con una orientación a futuro al considerarse un actor en el desarrollo del municipio (MX01). El modo de ejercer influencia es diverso, ya que puede ser mediante financiación directa (MX01, MX02) o a través de la promoción o desprestigio de candidatos en redes sociales y medios locales (MX02). En Michoacán es probable que todos los candidatos mantengan algún tipo de vínculo con individuos involucrados en actividades criminales (MX03), lo cual fundamenta la inquietud de las autoridades electorales respecto a los antecedentes de los aspirantes (MX06).
MX02: Yo considero que sí hubo. Sí hubo una influencia de los partidos políticos, digo, de los grupos criminales para que los partidos políticos lanzaran a determinados candidatos. Y en ese sentido, la forma en que influyó fue mucho a través de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación, igual que los grupos políticos municipales, están copados por el narcotráfico, por grupos delictivos. Entonces, a través de los medios locales, de los periodistas locales, a través de las redes sociales utilizadas por periodistas locales, se comenzó a promocionar muy intensamente a algunos candidatos que tenían que ver mucho con los grupos armados.
MX05: Yo creo que sí. En varias regiones es claro que sí, que los candidatos tenían ahí algún nexo con el narcotráfico y muchos ganaron, ¿no?, muchos están gobernando en estos momentos. Obviamente que todo esto de la delincuencia organizada pues siempre todo se infiere, ¿no?, no es muy claro. No van a decir: “Este es el candidato de la Familia Michoacana o este es el candidato del Cártel Jalisco”.
Al contrario que en otros contextos políticos en los que la violencia es ejercida por actores no estatales hacia determinados partidos políticos, en el caso que nos ocupa los entrevistados señalaron que no existe un patrón partidista en los ataques (MX02, MX03, MX05, MX06). Esto coincidiría con una investigación previa al afirmar el carácter apartidista del crimen organizado en materias electorales en México (Ponce, 2016). Cuando se les preguntó al respecto, los participantes afirmaron que había una ausencia de reglas fijas, al apostar los criminales por aquellos candidatos que más les pudieran beneficiar sin importar el signo político (MX02, MX05). Sin embargo, algunos de los entrevistados no se atrevieron a realizar aseveraciones a este respecto, ya que los documentos oficiales no reflejan esta cuestión (MX04, MX06). Esto coincidiría con lo ya apuntado al hablar de las motivaciones para el empleo de la violencia, cuando se indicó el móvil económico como el principal motor para la injerencia del crimen organizado en procesos electorales (MX01, MX02, MX03, MX04, MX05).
MX02: No, no hay un patrón partidista. Los delincuentes, ellos pueden estar en una elección con un partido y pueden estar en otra elección con otro, siempre y cuando les garanticen mayores dividendos económicos, o les garanticen mayor disposición o de acceso al poder. No hay, no hay un partido que pueda decir “somos los más atacados porque estamos en contra de tal grupo o de la violencia”, ahí no se puede… Aquí, bueno, en este caso no se puede considerar que Michoacán esté en ese sector.
MX06: Claro, claro, yo al menos esa es mi… Mira, te digo, la verdad no lo puedo… No te lo puedo comprobar, pero, te digo, un poco viendo, ¿no?, las cosas y esto… Efectivamente. O sea, no es, te digo, no es un tema de género, pensando en lo que platicamos ahorita, hombres, mujeres. No es un tema, para mi punto de vista, no, es un tema de… de negocio, ¿no? En todo caso es eso, ¿no?, de cooptar a las instituciones y obviamente pues de mantener el territorio, que muchas veces es lo que vemos nosotros, una lucha por el territorio, por lo que implica precisamente controlar el territorio en varios sentidos.
Motivaciones para el empleo de la violencia
Los participantes señalaron la preeminencia de la motivación económica para utilizar la violencia hacia actores políticos (MX01, MX02, MX03, MX04, MX05), tanto directamente como mediante el acceso de empresas asociadas al crimen a obras y servicios públicos (MX01, MX02). El crimen organizado tiene una gran influencia en los procesos electorales al convertirse en una fuente de financiación. Durante las elecciones de 2021, los candidatos a la presidencia municipal podían obtener a través de fuentes públicas y privadas un promedio de 333 921 pesos (alrededor de 16 650 dólares), dinero insuficiente según los candidatos. Con esa cuantía, en anteriores ocasiones, se compraron votos y se repartieron despensas. A veces se genera violencia porque otro grupo criminal intenta impedir que se realicen esas entregas (International Crisis Group, 2021). Los entrevistados ofrecieron visiones complementarias, ya que algunos no se posicionaron (MX06) y otros apuntaron a la búsqueda de la consecución de un poder hegemónico (MX01).
MX01: Los grupos del crimen organizado siempre han querido en los municipios tener una parte de injerencia en el municipio directamente y sobre todo en la cuestión de las obras públicas, porque ahí es donde está la maquinaria.
MX02: Es el control económico de la zona. Y los actores de la violencia en México ya han entendido que a través del control de las cúpulas de gobierno, valiéndose del grado de corrupción que hay, pues ellos pueden alcanzar un gran beneficio […]. Van a poner al servicio de los grupos criminales lo que son las fuerzas policiales, los agentes de tránsito y… aparte de ello les puede dar beneficios económicos al entregarles parte de los presupuestos económicos que recibió el gobierno municipal para diversos renglones.
La posibilidad de influir en los cargos públicos permitiría a los grupos criminales no sólo garantizar el control efectivo del territorio (MX05), sino también mantener la estabilidad en sus actividades (MX04), beneficiándose directamente de la connivencia con los miembros de las fuerzas de seguridad (MX02). La información facilitada por los entrevistados coincide con lo señalado por Jerjes Ochoa y Hugo Herrera (2019) con respecto a la connivencia entre criminales y políticos, así como al interés en la extracción de recursos económicos (Cubides, 2005; Dal Bó, Dal Bó y Di Tella, 2006; Hope, 2021), al favorecer a opciones electorales con preferencias similares a las del grupo criminal.
MX05: Michoacán está muy dividido, históricamente ha estado dividido entre partidos de izquierda, de derecha y de centro, y las elecciones suelen ser muy competidas salvo algunas excepciones. Entonces, tener elecciones como esas, donde un partido gana con el 80% y además con el 95% de participación ciudadana del padrón electoral, es otra cosa completamente atípica cuando por bien que esté la participación anda en 50%, y eso ya es muchísimo, ¿no? Entonces pues sí fue como muy evidente esta participación y el objetivo es ese, apoderarse prácticamente de un municipio y controlarlo en años subsecuentes.
De acuerdo con otra investigación, en ocasiones, los actores políticos recurren a la subcontratación de servicios de grupos criminales (Albarracín, 2018). Aunque algunos entrevistados afirmaron que todos los partidos políticos se involucran con el narcotráfico (MX01, MX02), otros no pudieron confirmar esta afirmación, ya que la autoridad electoral no consideró que hubiera pruebas suficientes para respaldarla (MX03, MX04, MX05, MX06). Sin embargo, señalaron la existencia de indicios de comportamientos anormales durante las elecciones (MX03) o algunos municipios aislados con resultados viciados (MX04).
MX04: No lo sabría… No me atrevería a hacer una manifestación abierta en ese sentido, porque al final no hay nada acreditado […]. No se acreditó algo de este nivel, creo que yo lo remitiría únicamente a estas casillas en las que quedó acreditado hacia la zona de la Tierra Caliente, Lázaro Cárdenas… Toda esta parte donde pues sí se anularon casillas porque quedó totalmente acreditada la intervención del crimen organizado, donde incluso había casillas… Algunas de estas que se anularon, había casillas donde todos los votos iban hacia una candidatura.
MX05: Pues mira, no podría yo afirmarlo así al aire o a la aventura [...]. Pero repito, si en un municipio un partido, cualquier que sea, gana con el 90%, es obvio que es una elección irregular. Si la participación ciudadana es cercana al 100% es obvio que es irregular, ¿no? Se vieron, por ejemplo, casillas donde el 100% de los votos eran para Morena y no había un solo voto para el candidato opositor digamos, ¿no?, el candidato de la alianza.
MX06: Independientemente de que al final de cuentas no se estableció la relación causal y no se estableció propiamente la determinancia, como le llaman acá los abogados, pero al final de cuentas, repito, el hecho de que por lo menos se haya entrado al análisis de esa vertiente de la impugnación y se haya establecido que sí existió cierta presencia, pues me parece que es un tema muy relevante porque ya hay… pues una especie de reconocimiento por parte de una autoridad del Estado en cuanto a la presencia… a la existencia y a la presencia de este tipo de grupos en un contexto de los procesos electorales.
Sin embargo, uno de los entrevistados apuntó que los grupos criminales ya no necesitaban ejercer directamente la violencia debido al miedo suscitado entre la población (MX01). En ciertos casos, no se trata tanto de que los candidatos respaldados por los cárteles ganen las elecciones, sino más bien de que se elijan aquellos que resultan menos conflictivos para los intereses económicos y de poder de dichos grupos (MX01). Mientras que algunos señalaron específicamente a los grupos criminales como los responsables (MX01, MX02), otros indicaron que los contextos de violencia generalizada siempre han estado presentes tanto en Michoacán como en todo México, debido a cuestiones de herencia histórica (MX03, MX04).
MX05: Sí, sí, básicamente la violencia, yo diría que en un 80%, está ligada a intromisión de grupos del crimen organizado. Y hay un porcentaje ya mucho más bajo de violencia que se puede dar por enconos entre representantes de partidos políticos, de poblaciones inconformes… Por ejemplo, acá en Michoacán tenemos comunidades indígenas que quieren regirse por gobiernos autónomos y que están en contra de los procesos electorales. Aunque en esta elección de 2021 me parece que solamente en un municipio, no recuerdo ahorita muy bien cuál fue, pero sólo en un municipio hubo quema de urnas por estas comunidades indígenas, ¿no?, a manera de protesta por las elecciones.
Asimismo, a pesar de la posibilidad de que actores privados pudieran recurrir a la violencia, predominó el uso de la violencia por parte del crimen organizado (MX05, MX06). Es relevante destacar que algunos entrevistados también mencionaron que en la región purépecha, donde hay una alta población indígena que busca regirse por usos y costumbres, se han registrado intentos de sabotear procesos electorales (MX02, MX05). Sin embargo, en 2021, su actividad violenta se vio reducida debido a las iniciativas promovidas por el gobierno federal, que permitieron la realización de elecciones comunales (MX05).
Conclusiones
Este artículo ha explorado cualitativamente la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales en Michoacán. Se trata de un caso de estudio que presta atención al nivel micro de análisis, reflejando la relevancia de las fuentes humanas para la investigación en ciencias sociales. La comprensión de la dimensión cualitativa hace posible matizar aquellas explicaciones derivadas de otros estudios previos de carácter cuantitativo que no permiten comprender completamente los diversos matices analíticos del fenómeno. Las dimensiones estudiadas se han centrado en la incidencia de la violencia en los electores y en los actores políticos, así como en conocer las percepciones de los entrevistados con respecto a las motivaciones para el empleo de la violencia por parte de los grupos criminales.
Las características históricas y geográficas de Michoacán han contribuido a generar un entorno político con una democracia con múltiples déficits, así como con la constante injerencia de actores privados en los procesos políticos. En el caso de estudio seleccionado, los entrevistados apuntaron indicios de influencia de la violencia sobre los electores. Según lo encontrado en las entrevistas, los resultados electorales de 2021 reflejaron anomalías respecto a altas tasas de participación y amplios márgenes de victoria de los candidatos ganadores en algunos municipios. Contrariamente a lo señalado por la literatura previa de carácter cuantitativo, este artículo detecta que es posible la coexistencia de zonas gravemente afectadas por la violencia criminal y niveles de participación electoral cercanos al 90%. La información proporcionada por los entrevistados apunta a que esto sucede debido a la coerción del voto mediante amenazas físicas o prebendas económicas. Asimismo, la violencia se puede ejercer tanto de manera directa como de una forma más sutil, incluso mediante el miedo. En este sentido, la presencia de fuerzas federales puede reducir la actividad violenta, apuntando en muchas ocasiones a que la violencia puede ser generada por otro cártel para dañar a la organización que controla el municipio.
La presencia del crimen organizado en los municipios lleva a que las organizaciones criminales también ejerzan su poder sobre los actores políticos. En este sentido, influyen en el apoyo a candidaturas tanto mediante la financiación de campañas como promoviendo o desprestigiando a candidatos en redes sociales y en los medios de comunicación. Asimismo, ejercen la violencia directa contra candidatos contrarios a sus intereses, pero los entrevistados coincidieron en que no existe un patrón partidista en los ataques, sino que depende de factores contextuales locales. Las condiciones de los municipios y la situación de los cárteles llevaron a analizar sus motivaciones para influir en procesos electorales. La investigación ha identificado como elemento central las motivaciones económicas, tanto por control de recursos como acceso a contratos públicos o poder controlar a la policía municipal. La connivencia con las fuerzas locales resulta de utilidad a los cárteles para controlar el territorio, protegiendo sus intereses económicos frente a las acciones de fuerzas federales o cárteles rivales.
Este artículo ofrece un enfoque cualitativo sobre la interacción entre el crimen organizado y los procesos electorales. Los hallazgos subrayan la relevancia de las entrevistas para obtener información que no se encuentra en documentos oficiales. Este estudio representa una contribución significativa a la literatura existente y establece una base para investigaciones futuras. Entre las áreas destacadas para futura investigación se encuentra la necesidad de comprender cómo diferentes formas de violencia pueden influir en el comportamiento político de los ciudadanos durante los procesos electorales. Asimismo, es importante profundizar en las relaciones entre el Estado y el crimen organizado para determinar si las organizaciones criminales coaccionan a los actores políticos o si en ocasiones estos últimos se valen de dichas organizaciones para alcanzar sus objetivos políticos. Esto permitirá una comprensión más completa de estos fenómenos y facilitará el desarrollo de estrategias efectivas para abordarlos.
