Introducción

Este trabajo propone un recorrido analítico sobre los Foros de Gobernanza de Internet de América Latina (LACIGF) entre 2018 y 2021, prestando especial atención al abordaje sobre el rol de los intermediarios de Internet en la moderación de contenidos para el ejercicio de derechos humanos, en particular de la libertad de expresión. El objetivo es estudiar los planteamientos de los actores que participan en representación del Estado, el mercado y la sociedad civil.

Se trata de un estudio cualitativo y exploratorio desde la perspectiva de las políticas públicas de la comunicación, que nos permite indagar sobre las relaciones de poder entre Estado, sociedad civil y empresas en el control y funcionamiento del sistema de medios y plataformas de comunicación e información. Asimismo, se retoma el abordaje de derechos humanos, en particular, de libertad de expresión.

El presente documento se organiza en cuatro partes. Luego de esta introducción, se presenta la estrategia metodológica. A continuación, se muestra el marco teórico y en la tercera parte se aborda el análisis de los foros regionales en el periodo 2018-2021. En primer lugar, se expone un recorrido por los distintos temas planteados en los cuatro años analizados. De todos ellos, nos centramos en el estudio de las sesiones que abordaron problemas de derechos humanos en Internet, con el fin de dar cuenta de los actores y su posicionamiento sobre este aspecto. Afirmamos que el problema de la moderación privada de contenidos y su regulación aparece de modo incipiente en la agenda de los LACIGF entre 2018 y 2019, pero en los siguientes dos años el abordaje sobre derechos humanos se desplaza de la libertad de expresión hacia la privacidad. Parte de la explicación puede deberse a la falta de consenso entre partes interesadas sobre el modo de abordaje de la circulación de discursos en línea. Para la discusión sobre los foros, se propone también una lectura que los vincula con las formulaciones globales a partir de la revisión de bibliografía sobre el tema. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.

Estrategia metodológica

La estrategia metodológica consistió en revisar los videos y/o relatorías de los ^{LACIGF (2018}, ²⁰¹⁹, ²⁰²⁰, ²⁰²¹⁾ de los años seleccionados a fin de indagar temas, actores y posicionamientos. Los foros realizados en el periodo 2018-2021 contaron con un total de 34 sesiones, más las charlas de apertura y cierre de cada evento. De todos ellos, concretamente, se analizaron cuatro videos -y sus correspondientes versiones taquigráficas- referidos a las sesiones dedicadas a derechos humanos. En este sentido, se afirma en el trabajo que los debates sobre derechos humanos en Internet son más incipientes en la agenda de los foros regionales. Como podrá apreciarse más abajo en el análisis, la totalidad de temas abordados en los eventos y el análisis específico sobre las sesiones que forman parte del objeto de estudio de este artículo se sintetizan en la Tabla 1.

Para el estudio, primero se realizó un relevamiento de la agenda de sesiones del evento en los cuatro años seleccionados a fin de identificar todas las temáticas abordadas, sus continuidades y desplazamientos. De todos los temas, luego se seleccionaron los paneles que aludían explícitamente a los derechos humanos y libertad de expresión en su título para hacer un análisis más profundo sobre temáticas presentadas en esas sesiones, actores participantes y su posicionamiento. El motivo por el cual se eligió para el análisis esas sesiones fue porque en esos paneles apareció inicialmente la problemática de la moderación privada de contenidos.

Cabe aclarar que para el análisis de temáticas el periodo de estudio fue 2018-2021, aunque para la indagación de actores y su posicionamiento en los paneles de derechos humanos el recorte fue 2018-2020. Esto se debe a que esos años están registrados de forma completa en el sitio oficial del LACIGF los videos de las sesiones y las relatorías de cada uno. En cambio, para el foro de 2021, la agenda es incompleta ya que no están identificadas todas las personas panelistas, lo cual tampoco está explicitado en las relatorías del evento. A su vez, no están disponibles las grabaciones audiovisuales de esas sesiones. No obstante, esta diferencia en el corpus de temas y actores no incide significativamente en los resultados del trabajo.

El relevamiento y análisis de los Foros se complementa con la revisión de la bibliografía y documentos existentes sobre el tema. Ello con el objetivo de establecer una relación entre el abordaje regional y los debates globales sobre regulación de intermediarios en Internet y la moderación de contenidos.

Gobernanza de Internet y modelos de discusión

El concepto de gobernanza refiere al conjunto de instituciones, reglas, acuerdos y prácticas formales e informales de los actores estatales y no estatales, así como las decisiones y comportamientos que tienen un efecto constitutivo sobre la sociedad (^{Braman, 2004}). Si bien el problema de la gobernanza global de la comunicación cuenta con antecedentes en las políticas de medios, cobró notoriedad con el desarrollo de Internet.

^{Flew (2021)} señala que la distinción más importante para las políticas de Internet no es entre regulación y gobernanza, sino entre las disposiciones que son aplicadas por agencias externas y tienen algún tipo de sanción negativa respecto al incumplimiento de las leyes, y las regulaciones que funcionan en gran medida sobre entendimientos implícitos sobre la conducta apropiada de las plataformas y la promesa de un mejor comportamiento corporativo. Esta distinción resulta fundamental a la hora de evaluar la intervención de la sociedad civil en materia de gobernanza de Internet.

La sociedad civil es heterogénea, dispar y representa la participación social autónoma y solidaria que enfrentan las instituciones orientadas por la lógica instrumental, sea de dominación del Estado, o la búsqueda de ganancia del mercado (^{Cohen & Arato, 1992}). Funciona como el espacio de asociacionismo y acción ciudadana que busca defender, proteger y/o expandir los derechos (^{Sorj, 2012}). En este trabajo, limitaremos nuestra investigación a la representación de la sociedad civil que participa activamente en los foros LACIGF y que está principalmente compuesta por organizaciones vinculadas a la defensa de Derechos Humanos en la región y por las cámaras empresariales interesadas en el tema.

El documento final de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) puso el acento en la participación de múltiples actores interesados en la toma de decisiones sobre la evolución de Internet (gobiernos, sector privado y sociedad civil), no solo atendiendo a aspectos técnicos sino también políticos (^{UIT, 2005}). Esto marca un punto de inflexión respecto a modos de discusión previa que contemplaban la gobernanza de Internet centrada en aspectos técnicos. También incorporó miradas del sur global más allá de la inicial presencia de las naciones centrales que estaban involucradas en los desarrollos de la tecnología.

En la evolución de los procesos de discusión es posible identificar tres modelos sobre gobernanza de Internet. En primer lugar está el “modelo de consenso”; en los primeros años, este fue típicamente utilizado por las partes técnicas para llegar a acuerdos sobre los pilares de la arquitectura tecnológica. Luego se encuentra el “modelo de múltiples partes interesadas lideradas por Estados Unidos”, el cual fue desarrollado en torno a la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) e instituciones que promovieron el desarrollo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que incluyó el rol central del gobierno norteamericano sobre las atribuciones de ICANN y la ampliación de temáticas abordadas que van más allá de gestión de infraestructura para abordar también nuevos temas como derechos humanos en línea y el acceso. Por último, se advierte que a partir de 2014, en el marco de NETmundial y la transición de Internet Assigned Numbers Authority (IANA), surge un nuevo modelo “mixto mundial”, que da cuenta de la combinación de múltiples partes interesadas y espacios de discusión de políticas multilaterales, así como de mecanismos que se desarrollan a nivel nacional para interactuar en el plano internacional (^{Aguerre & Galperín, 2015}; ^{Aguerre et al., 2018}).

Como señala ^{Cortés (2014)}, la gobernanza de Internet debe ser entendida como un juego de equilibrios de poder y un fenómeno social, lo que permite alejarse de una visión meramente institucional, sin que ello implique desecharla:

La espina dorsal de la gobernanza de Internet es su configuración tecnológica, no solo porque moldea el entorno digital y condiciona la conducta de los usuarios, sino también porque determina el poder de los distintos actores. Se trata de una relación simbiótica: la configuración tecnológica distribuye poder y el poder determina configuraciones tecnológicas (p.4).

Por otra parte, hemos advertido que la internacionalización de los debates sobre gobernanza de Internet y el fortalecimiento de perspectivas técnicas y económicas ha contribuido al debilitamiento de la participación social en los debates (^{Mastrini et al., 2013}). A su vez, ^{Segura y Linares (2022)} plantean que existen importantes desigualdades en términos de poder político y económico por parte de los distintos actores y que la participación internacional se vuelve extremadamente difícil para muchas organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil. De ahí que los autores distinguen el modelo de múltiples actores interesados en la discusión del modelo participativo en la elaboración de políticas. De hecho, la materialidad del propio proceso de gobernanza favorece que haya sectores sobre y sub representados.

Recurrimos nuevamente a ^{Cortés (2014)} y acordamos cuando señala que:

Frente a la gobernanza hay visiones diametralmente opuestas. Mientras algunos actores ven Internet como un espacio público donde deben favorecerse el interés general, los derechos humanos y el debate democrático, otros lo entienden como un espacio para innovación e intercambio comercial, sujeto a las leyes del mercado y la libre competencia. Por supuesto, en medio de esas posiciones hay todo tipo de planteamientos (p. 5).

La CMSI estimuló la participación de múltiples actores interesados en la gobernanza de Internet, y para su continuidad propuso la creación del Foro Global de Internet (IGF) como espacio de discusión permanente. Desde 2006 se han realizado 16 foros anuales donde los actores interesados han abordado los temas críticos de la administración de Internet.

Además del foro de debate global, se introdujo a nivel regional el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina (LACIGF), cuya primera edición fue en 2008 y desde entonces también se realiza anualmente. Además del foro global y los regionales, existen foros a nivel nacional. Es posible identificar una primera ola de IGF nacionales en 2014, luego de las de las declaraciones de Snowden, y una segunda ola en 2016-2017 (^{Aguerre et al., 2018}).

Los LACIGF se organizaron con un criterio multistakeholder con un comité organizador en el que participan tres representantes por el área técnica, tres por los países de la región, tres por la sociedad civil, y tres por las empresas. Los temas propuestos en cada reunión surgen tanto por iniciativa de los organizadores como por los temas emergentes a partir de una consulta abierta a personas e instituciones interesadas. En algunas ocasiones, se han seguido temas desarrollados en el IGF global.

El financiamiento de las reuniones se da principalmente por los aportes del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI) y Google, a lo que se suman contribuciones de Internet Society (ISOC), del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), y organizadores locales.

Si bien resulta difícil medir la incidencia de los LACIGF en la implementación de políticas regionales, sí resulta claro que éstos constituyen un faro de referencia sobre las principales discusiones sobre gobernanza de Internet.

Derechos digitales y libertad de expresión

La Declaración Universal de DDHH (ONU, 1948), estableció los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo, e incluye derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. En nuestra área, cabe destacar el derecho a la libertad de información y opinión, a la privacidad, a participar de la vida cultural y artística, entre otros.

Los derechos digitales implican la protección y realización de derechos existentes ya consagrados en el sistema universal de Derechos Humanos y en el sistema interamericano (que aplica para Argentina) en el contexto de las nuevas tecnologías digitales y de conectividad. Son los derechos de acceder, usar, crear y publicar por medios digitales, y también los de acceder y utilizar dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones (^{Bizberge & Segura, 2020}).

Organismos internacionales como ^{UNESCO (2015)}, las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), han afirmado en declaraciones conjuntas e individuales que los derechos que valen fuera de línea, valen en línea (^{OEA, 2011}, ²⁰¹⁷).

En particular, los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet, retoman la tradición del derecho humano a la información basado en los principios de acceso, pluralidad, diversidad, participación, y equidad (MacBride, 1980). Resulta especialmente necesario proteger el acceso y uso a las tecnologías digitales y la conectividad, como a la producción, acceso y gestión de datos privados y públicos (^{Bizberge & Segura, 2020}). En este trabajo procuramos analizar cómo estos temas han sido tratados en el marco de los encuentros organizados por LACIGF.

Análisis de LACIGF

Los temas ausentes. De lo que no se habla en espacios institucionales

Si bien la lista de temas abordados en los LACIGF es amplia, podemos encontrar un conjunto de problemas que son debatidos de manera parcial, o que directamente no son discutidos. Entre los primeros nos referimos a aquellos asuntos que sí son tratados en los LACIGF pero que dejan de lado algunos aspectos conflictivos. En el segundo grupo se encuentran aquellos temas que directamente no han encontrado lugar en la agenda aún.

Como se ha señalado, el problema de la libertad de expresión ha sido frecuentemente considerado dentro de los LACIGF. Sin embargo, el abordaje de dicho tema no ha puesto en discusión el concepto de libertad de expresión consagrado en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que considera que sólo el Estado es responsable de ejercer censura. Dado que las principales plataformas de contenidos se rigen por este concepto, algunos autores como ^{Wu (2018)} sostienen que la primera enmienda se ha vuelto irrelevante para el control coercitivo del discurso político y proponen proteger los canales de discusión en la era de Internet.

Por su parte, el análisis de las desigualdades y brechas es generalmente abordado como un problema técnico, que depende de la inversión y no cuestiona cuál es el rol que deben asumir los países de la región en el desarrollo de Internet. Este aspecto se repite en el tratamiento de economía digital y la innovación. Como ya hemos señalado (^{Mastrini, 2010}), poco se discute sobre la necesidad de pensar desde el desarrollo de Internet con una perspectiva que incluya el sentido de reducir la brecha digital y la necesidad de aumentar las capacidades de producción autónomas.

Como se mencionó más arriba, el problema de moderación privada de contenidos por parte de actores con gran poder de mercado y su capacidad de afectar el debate democrático perdió el incipiente lugar institucionalizado en la agenda de los foros. Eso no significa que el tema ya no forme parte de la discusión pública, de las preocupaciones de la sociedad civil o del foco de atención de legisladores y gobiernos, pero sí marca un desplazamiento, o bien falta de consenso sobre su inclusión en la agenda institucional de debate en el plano regional que luego eleva su posicionamiento a escala global. El tema, de por sí conflictivo, ha intentado ser posicionado desde algunos actores de la sociedad civil, pero no termina de cobrar “institucionalidad” en el foro. Otros temas directamente no aparecen en los programas de los foros regionales de gobernanza de Internet en América Latina.

Un aspecto que no es abordado, aunque esté a la vista de todos, es la creciente concentración de la propiedad en algunos recursos de Internet. Por ejemplo, la concentración de mercado de plataformas y el modo en que afecta al funcionamiento democrático y/o a la competencia no han sido objeto de tratamiento específico en estos foros aunque sí forma parte de los planteos que atraviesan los distintos ejes mencionados. Si bien se reconoce el poder que ejercen determinadas plataformas, no existe consenso sobre su abordaje (sobre esto volveremos más abajo). En este sentido, como ya ha sido señalado por ^{Srnicek (2018)}, las plataformas más importantes están constituyendo infraestructuras y gastando dinero para comprar otras empresas e invertir en sus propias capacidades. Se están convirtiendo en dueñas de la información de la sociedad, por lo que las tendencias monopólicas de las plataformas deberían tenerse en cuenta en el análisis que se haga de sus efectos en la sociedad en general.

Fuera de la agenda de los LACIGF, el problema de la concentración ha encontrado un eco parcial en los planteos de los relatores de Libertad de Expresión, que en forma más o menos reciente han reconocido en su Declaración Conjunta que el control privado de internet es uno de los tres desafíos para la próxima década como amenaza a la libertad de expresión (^{OEA, 2019}). El tema ha quedado principalmente en manos de algunas organizaciones de la sociedad civil y de sectores académicos (^{Maurício et al., 2021}), que no han tenido la fuerza para incluirlo en los debates plenarios.

Una perspectiva menos problemática como es la promoción de la competencia tampoco ha encontrado eco en los LACIGF. Puede esperarse que a partir de la normativa europea de mercados digitales estos principios puedan llegar a ser tratados en futuros foros.

Finalmente, la manera en que el desarrollo de Internet afecta el ecosistema de medios, debilitando a los productores tradicionales de noticias tampoco ha sido abordado. En este sentido podría posicionarse a la producción de noticias como un bien público no rivalizante y no excluyente. Como afirman ^{Picard y Pickard (2017)} la producción social de información constituye un bien público con externalidades positivas que trascienden el sentido económico. En este sentido, el apoyo público a la producción de contenido local y regional, así como a la producción de noticias y entretenimiento de alta calidad se aprecia como otro de los temas ausentes de la agenda.

Actores y su posicionamiento

Luego de haber revisado los temas, a continuación nos centraremos específicamente en el análisis de actores y posicionamiento en las sesiones dedicadas a “libertad de expresión”/“derechos humanos” en el periodo 2018-2020. Para ello se identificó un panel sobre este eje cada año. El análisis de actores y su posicionamiento se realizó a partir del visionado de los videos y/o la lectura de las relatorías del evento sobre dichas sesiones.

Como se mencionó en la sección metodológica, el periodo comprendido en este caso es 2018-2020 debido a que para esos años están disponibles los registros completos. En cambio, en 2021 no se encuentran disponibles los videos y las relatorías resultan incompletas para poder identificar a los actores participantes. La presentación de actores y posicionamiento en la Tabla 2 se hace atendiendo a los cuatro gran-des sectores representados en el evento: Estado, Empresas, Sociedad Civil y Comunidad técnica.

La aproximación a la moderación privada de contenidos y la necesidad o no de regulación estatal varía tanto en relación a los actores que se analicen como también respecto del tipo de discurso al que se refiera.

En 2018, LACIGF estuvo marcado por las elecciones generales de Brasil; en este sentido, el problema de la libertad de expresión y moderación de contenidos se centró en campañas de desinformación y su afectación a la democracia. Aunque queda por fuera del análisis de este artículo, cabe mencionar que el tema no solo fue objeto de la sesión sino también en el panel especial titulado “El pluralismo polarizado en Internet y los riesgos para las democracias latinoamericanas”, cuyo expositor fue el entonces Consejero Regional de UNESCO para Comunicación e Información, Guilherme Canela.

Del relevamiento de la participación de los distintos actores en la sesión sobre libertad de expresión se advierte una posición homogénea entre representantes de Estado, empresas y sociedad civil que privilegian una aproximación basada en la alfabetización digital en los contextos electorales.

Es notable el posicionamiento de Facebook que frente a una “acusación” de ejercer censura (remoción de discursos o perfiles), termina explicitando su rol editorial:

Facebook no remueve ni elimina perfiles … Disminuimos el alcance de esa noticia [falsa] en la plataforma, no la quitamos, sino que reducimos su alcance, el usuario recibe la notificación de que la información fue notificada como falsa y el usuario decide si lo quiere compartir o no (Mónica Guise Rosina, Public Policy Manager de Facebook Brasil) (^{LACNIC RIR, 2018}).

Esta afirmación da cuenta cabal del rol de la plataforma (sea cual fuera el contenido que se trate) para visibilizar o invisibilizar expresiones.

Se destaca el alineamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil participantes en los debates y empresas (a través de la cámara que nuclea a las plataformas) que califican de “peligrosa” la intervención estatal y alertan que “sobre-regular” podría conllevar a la censura estatal. De esta mirada subyace que para la mayoría de los participantes de LACIGF la censura estatal presenta más riesgos que la censura o moderación privada cuyas reglas son opacas para el conjunto de la población.

A diferencia de la edición de 2018, en el foro de 2019 también se abordó el problema de moderación privada de contenidos en un sentido más general y el debate sobre regulación estatal/autorregulación de plataformas.

De las presentaciones de los actores se desprende una aproximación “a tientas”, con más preguntas que certezas. De las intervenciones de gobierno, parte del sector empresarial y comunidad técnica comenzaron a mencionar la necesidad de intervención estatal aunque sin una agenda propositiva clara de cómo hacerlo. De manera paradójica, esto es especialmente notable en la intervención de representantes del sector estatal. El elemento en común entre los distintos actores -en particular, empresas y comunidad técnica- es el posicionamiento sobre la no censura previa. Desde la comunidad técnica se propone la combinación de regulación estatal y alfabetización y se alerta sobre los riesgos de criminalización de las expresiones en línea. Esto último debe entenderse a partir del contexto brasileño en el cual se discutían en el Congreso diversos proyectos de ley que planteaban la criminalización de las personas usuarias y plataformas implicadas en la circulación de desinformación, por ejemplo, a través de la creación de un nuevo tipo penal para quienes compartan “fake news” o la remoción inmediata de contenidos que refieran a determinados temas y que prohíben el cifrado en la mensajería (^{Intervozes, 2019}).

Por su parte, el rol de la sociedad civil ha sido el de plantear preguntas provocadoras para impulsar el debate y salir de la dicotomía de excesiva moderación-no moderación privada. Las preguntas en relación al interés público y el valor comercial de ciertos contenidos apuntó a dar cuenta que ciertos niveles de moderación son deseables pero que la solución sobre cómo abordar el problema no puede venir exclusivamente de organismos como el Consejo de Supervisión de Facebook.

Frente a los cuestionamientos provocadores de la sociedad civil y la posición gubernamental de incertidumbre sobre cómo intervenir, la presentación de Facebook apuntó a validar sus propios mecanismos de funcionamiento invocando la participación de múltiples partes interesadas en la elaboración de normas comunitarias y el rol del Consejo Consultivo. En palabras de María Cristina Capelo, Directora de Seguridad y Bienestar para Facebook en América Latina: “El Consejo Asesor de Facebook es un paso adelante hacia la transparencia y rendición de cuentas porque las decisiones que allí se tomen serán vinculantes para la plataforma y eso implica un proceso de revisión de las políticas internas”. Así, la participación de expertos y otros actores en el análisis de casos, pero también a la hora de elaborar sus reglas internas, forma parte del discurso legitimador de la compañía en la toma de decisiones sobre moderación de discursos.

En lo que respecta a la edición 2020 del LACIGF, como fue mencionado más arriba, cambia por completo el eje del debate: del problema de moderación de discursos, afectaciones a la libertad de expresión y conveniencia o no de regulación estatal se pasa a dar centralidad a la privacidad, especialmente vulnerada en el contexto de la pandemia.

Desde el sector de gobierno las intervenciones se centraron en casos sobre el modo de recopilación y procesamiento de datos, ya sea para la asignación de asistencia social (Panamá) o dificultades para la implementación del voto electrónico en un contexto en el que las medidas de aislamiento imposibilitaban asistir a los comicios (Ecuador).

Por su parte, desde organismos internacionales (RELE-CIDH) y la sociedad civil, se evidenció un alineamiento sobre las preocupaciones en torno a la recopilación de datos de la población por parte de los gobiernos en un contexto de emergencia sanitaria.

En este sentido es posible afirmar no solo el desplazamiento del derecho a la libertad de expresión (circulación de discursos en línea) frente al derecho a la privacidad en los debates, sino también un posicionamiento de Estado, organismos internacionales y sociedad civil que pone el foco en los peligros de la intervención estatal, pero no se problematiza el rol desempeñado por el sector privado, en particular, las grandes plataformas, para garantizar la privacidad en el contexto de pandemia y más allá.

Las intervenciones del sector privado estuvieron encarnadas por plataformas (Facebook) y “telcos” (a través de la cámara ASIET). Mientras que aquella presentó iniciativas corporativas sobre privacidad, esta enfatizó en el papel de la digitalización y mayores niveles de acceso a Internet para el crecimiento económico (y bienestar social como consecuencia de ello) pero sin aludir específicamente al problema de privacidad.

Por último, hay que mencionar la ausencia de la academia entre los expositores de estos debates sobre derechos humanos (o bien en algunos casos subsumidos dentro del espacio de la sociedad civil; por ejemplo, el CELE con su doble rol al ser un Centro dentro de una Universidad) y la limitada participación de la comunidad técnica.

En síntesis, en función de lo expuesto sobre temas, actores y posicionamientos, es posible afirmar que el problema de la moderación privada de contenidos y su regulación aparece tímidamente entre 2018 y 2019, pero en los siguientes dos años el problema se desplaza de la libertad de expresión hacia un enfoque más amplio de derechos humanos, aunque el foco de atención se centra en la privacidad.

Esto se podría explicar por la falta de consenso entre las distintas partes interesadas sobre el abordaje (regulación estatal/autorregulación) de las reglas de moderación de contenidos por parte de las grandes plataformas. Mientras que en el caso de campañas de desinformación en contextos electorales, se privilegia un enfoque compartido de educación (soluciones no regulatorias), cuando se plantea la moderación de contenidos en un sentido más amplio surgen diferencias e interrogantes.

En cambio, problemas como el tratamiento de datos y la privacidad -en especial, en el contexto de pandemia- encuentran un mayor nivel de consenso y trasladan el eje del debate en un doble sentido. Además de lo que apuntamos sobre lo temático, el desplazamiento también se observa en cuanto a la perspectiva: lo que aquí se problematiza es el rol del Estado, pero no se cuestiona el desempeño del sector privado ni en el contexto de pandemia ni más allá de la excepcionalidad.

Finalmente, se advierte un desplazamiento del debate en torno al carácter de la intervención estatal. Si en un primer momento algunas posiciones sostienen la capacidad de los estados para actuar como garantes de la circulación social de discursos en línea, en los encuentros más recientes se vieron fortalecidas las posiciones que describen la intervención estatal como un límite negativo respecto a la privacidad y las libertades individuales, en línea con la caracterización de la libertad de expresión propia de Estados Unidos.

Palabras finales

Este trabajo analizó los temas, actores y sus posicionamientos en los LACIGF que tuvieron lugar en los últimos años, prestando especial atención al abordaje sobre derechos humanos. Entendemos que es un tema importante para comprender el proceso de gobernanza de Internet en la región. El artículo refleja entonces los debates institucionalizados en los Foros, aunque de ninguna manera agota el estudio de todas las posiciones del conjunto de interesados en el tema; ni siquiera de los gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, sino que representa aquellos que participan activamente en los foros.

El estudio de actores y posiciones refleja las posibilidades de una organización de múltiples interesados donde los temas son consensuados por su comité organizador. Su agenda es fruto de negociaciones entre las partes, aunque permea propuestas surgidas de foros consultivos y otros espacios de participación.

En general, los temas abordados replican las temáticas discutidas en los foros globales, aunque pueden darle un matiz regional. En este sentido, el análisis de los temas presentados da cuenta de un equilibrio de intereses y al mismo tiempo de una limitada frescura y polémica en el abordaje. Al primar la lógica del consenso, las diferencias suelen ser mitigadas. Esto puede ser visto como una de las limitaciones propias de las formas de gobernanza multistakeholder para la discusión.

En lo referente a los temas tratados en los foros, una de las principales conclusiones es que los derechos humanos ingresaron al debate en los últimos cinco años, pero aún representan un espacio pequeño en la agenda de temas. La mayor continuidad temática se encontró en aspectos como el acceso, la economía digital y el diseño institucional de los foros LACIGF. El segundo aspecto es que la preocupación inicial en torno a la moderación de contenidos por parte de las grandes plataformas pronto fue desplazada por la preocupación sobre la privacidad en un contexto de pandemia.

Este movimiento puede explicarse por la propia dinámica del Foro, que sigue el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas, en la que, como dijimos, la agenda se define por consensos con base en los temas en los que haya mayores puntos de acuerdo y donde las diferencias quedan reducidas.

Si bien pudieron observarse ciertos matices en los posicionamientos de cada tipo de actor (Estado, Empresas y Sociedad Civil) e, incluso, al interior de cada subgrupo, en el caso de la sociedad civil que participó en las sesiones de derechos humanos se advierte un posicionamiento que ve la intervención estatal (tanto en relación a libertad de expresión como a la privacidad) con recelo.

Si, como se planteó en el marco teórico, las organizaciones de la sociedad civil se distinguen de los actores del mercado y del Estado en la búsqueda de reivindicación de derechos, lo que se observó en el análisis es que las organizaciones de la sociedad civil que participaron en las mesas dedicadas a derechos humanos se acercaron más a las de las empresas en estos espacios institucionalizados. Esto podría dar cuenta de una agenda cooptada por intereses corporativos y una agenda de libertad de expresión que pone el acento casi exclusivamente en los riesgos del sector estatal, con escasos cuestionamientos al rol de las empresas privadas en la vulneración de derechos.

Frente a estos planteamientos el posicionamiento de los Estados y organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión han sido más “tímidos”. Sus exposiciones en los distintos años se limitaron o bien al recuento de medidas adoptadas sobre las temáticas planteadas en la sesión; o bien a señalar que no es necesaria su injerencia (por ejemplo, en las campañas de desinformación); o exponiendo ideas generales sobre la necesidad de regular sin respuestas claras sobre los alcances.

Otro elemento que se desprendió del análisis tiene que ver con la identificación de los actores concretos que participaron de los paneles. Si bien la representación es diversa, se aprecia que hay miembros que tienen actividad en todas las sesiones, mientras que otros lo hacen ocasionalmente. Se evidenció que por parte de las organizaciones sociales y de los Estados hay instituciones que varían año tras año. En cambio, en el caso del sector privado, se observó la participación sostenida de Facebook durante los tres años (además de la alternancia de las cámaras empresariales de organizaciones de telecomunicaciones e Internet). Por un lado, resulta sumamente importante su participación pública y conocer de primera mano sus acciones y posiciones sobre los temas; pero, a su vez, esa misma participación puede ser leída como una estrategia más de lobby e incidencia en el debate público. Por último, se destaca la escasa presencia del sector académico y la comunidad técnica en los debates sobre derechos humanos en el periodo estudiado.

Para las empresas, el participar en los foros sirve para legitimar sus puntos de vista y sostener sus posiciones, en la mayoría de los casos contrarias a cualquier intervención estatal. La sociedad civil contiene una representación dispersa y en la que cada organización procura incidir en los debates con los temas que más le interesan a cada una de ellas. Si bien existen lazos informales de debate en su interior, no todas las organizaciones que participan de los LACIGF lo hacen de forma coordinada. Finalmente, los gobiernos constituyen el eslabón débil de la participación en los foros de LACIGF, ya que su representación es cambiante y en la mayoría de los casos (con excepciones, por supuesto) van detrás de los acontecimientos. Coincidimos con ^{Aguerre et al. (2018)} cuando señalan que la práctica de la gobernanza no es uniforme en todas las iniciativas nacionales. Resta analizar en futuros trabajos cómo las discusiones de los foros regionales se traducen en ejes de política pública a nivel nacional.

La gobernanza de Internet es un aspecto crucial dada la importancia económica, social y política, pero principalmente por su presencia casi constante en la vida cotidiana de las personas. Comprender las lógicas de su funcionamiento resulta indispensable para promover y adoptar principios diseñados para reducir el daño y fortalecer las actividades beneficiosas para la sociedad que ella implica.