INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el extractivismo minero, caracterizado como la extracción y exportación acelerada en gran escala de minerales con mínimo o nulo procesamiento industrial (^{Gudynas, 2019}; ^{Svampa, 2019}) ha sido un relevante tema de estudio en América Latina, motivando un debate sobre los procesos sociales y ambientales que produce en los territorios (^{Atienza et al., 2021}).

A menudo, los gobiernos latinoamericanos, neoliberales o progresistas, destacan los altos niveles que registran los indicadores macroeconómicos de la minería, como el carácter superavitario de la balanza comercial, el valor de las exportaciones de minerales o la contribución al producto interno bruto (PIB) (^{Gudynas 2019}; ^{Svampa, 2019}). Para ^{Acosta (2011)}, más allá del paradigma neoliberal o progresista del país donde se practica el extractivismo, este se desarrolla sobre la base de una economía política que prioriza lo económico. Algunos otros estudios académicos, por su parte, sostienen que la minería contribuye a reducir la pobreza de las zonas mineras (Álvarez et al., 2021) y fomenta el desarrollo económico (^{Medina, 2021}). Sin embargo, contrario a las posturas señaladas, este documento sostiene que el extractivismo minero conduce a la concentración privada de riqueza y a la proliferación de conflictos socioambientales.

Para situar este problema en el contexto latinoamericano, se propone el caso de Chile, país que se especializó en el extractivismo de cobre, puesto que es el país con las mayores reservas de este mineral a nivel global con el 21% del total (Bárcena, 2017). En América Latina, la inversión extranjera directa de la minería entre 2003 y 2017 también se concentró en Chile con el 40%, alrededor de 68 mil 400 millones de dólares (Bárcena, 2017). La minería de cobre contribuyó con el 11.5% del PIB en 2020, y entre 2000 y 2019 aportó el 13.1% del total de los ingresos fiscales del país (^{Bobadilla, 2021}). Asimismo, es la principal fuente de divisas por las exportaciones. De 1995 a 2020 el valor de las exportaciones de cobre creció 466% (^{Cochilco, 2005}, ²⁰²¹).

No obstante, lo que parece un éxito económico se ve ensombrecido por la enorme cantidad de conflictos socioambientales asociados a la minería que registra el territorio chileno. Después de México (58), Chile es el país con más conflictos en Latinoamérica con 49 casos (^{OCMAL, 2023}). Por lo tanto, estudiar la experiencia chilena es relevante porque permite conocer los contrastes entre los saldos positivos de los indicadores macroeconómicos y la insostenibilidad ambiental que representa el extractivismo minero.

En América Latina, y particularmente en Chile, existe una amplia literatura sobre diversos aspectos del extractivismo minero: i) los impactos biofísicos generados sobre los recursos hídricos, el suelo y los medios de vida locales (^{Chávez et al., 2023}; ^{Campos y Mardones, 2023}); ii) los impactos sociales y las transformaciones en las formas de vida tradicional (^{Calderón-Seguel et al., 2021}); iii) la poca integración de las zonas mineras en las economías nacionales y la configuración de desigualdades territoriales (^{Uribe et al., 2023a}; ^{Bolados y Babidge, 2017}); iv) el surgimiento de múltiples conflictos socioambientales (^{Irarrázaval et al., 2023}; ^{Palmisano, 2020}). La revisión de literatura muestra valiosos aportes sobre la relación minería y desarrollo, sin embargo, aún son pocas las investigaciones que estudian conjuntamente la distribución de la riqueza y las presiones territoriales que se imprimen en los lugares de extracción. Si bien existen estudios sobre la distribución de las rentas mineras en Latinoamérica (Zerene et al., 2018; ^{Leiva, 2020}; ^{Jorrat, 2021}), la mayoría se basa en perspectivas de la teoría económica centradas en el mejoramiento de las formas de distribución de las rentas, mientras que el tema ambiental y los factores que influyen en la economía política del extractivismo han recibido menor atención.

Este trabajo propone estudiar el extractivismo minero en Chile entre 2001 y 2020 desde un marco socioambiental, para analizar cómo la minería fomenta la concentración privada de riqueza y la generación de conflictos socioambientales.

ECONOMÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA ECOLÓGICA

La economía política de los recursos naturales y la economía ecológica son el sustento teórico del estudio. El posicionamiento responde a las características estructurales de la región latinoamericana, sujeta, desde su origen, a la colonización y apropiación de la naturaleza y a la imposición de regímenes comerciales de intercambio económico y ecológico desiguales (^{Delgado, 2013}). América Latina ha participado históricamente en el mercado global como proveedora de materias primas, generando dependencia de la extracción y exportación de recursos y en la importación de bienes de capital (^{Pengue, 2017}).

Esto representa lo que ^{Auty (2002)} denominó la maldición de los recursos naturales, que se refiere a la relación negativa que existe entre estos y el crecimiento económico: “los países ricos en recursos naturales experimentan tasas de crecimiento más bajas que los países pobres en recursos naturales” (^{Rodríguez y Gómez, 2014, p. 65}); a pesar de la abundancia de riqueza natural y su continuo aprovechamiento, las condiciones de pobreza y las desigualdades territoriales por la contaminación y devastación del medio ambiente no pueden superarse (^{Manzano y Gutiérrez, 2019}).

La economía política cobra importancia porque define la política y las estrategias de comercio internacional que adopta un país, mismas que en Latinoamérica siguen asociadas al patrón primarioexportador. La noción clásica de esta disciplina en el plano internacional sostiene que los países interactúan intercambiando productos en condiciones de libre competencia de acuerdo con sus ventajas comparativas, forjando una división internacional del trabajo y especialización económica en ciertos productos, en que el libre comercio permitirá el beneficio de todos los participantes (^{Peinado, 2018}); como crítica a dicha postura se argumenta que los beneficios entre países no son comparables, principalmente entre países desarrollados y subdesarrollados, puesto que sus condiciones económicas y políticas no son las mismas, lo que genera intercambios económicamente desiguales (^{Braun, 1973}).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) criticó la división internacional del trabajo y las ventajas comparativas como condición del comercio internacional, aludiendo que, en una relación de centro y periferia, el centro decide los grados de influencia y la forma de ejercerlos (^{Floto, 1989}). Así, el centro produce y exporta bienes industriales, mientras la periferia depende de la producción y exportación de bienes primarios para importar bienes industriales (Gunder-Frank, 1979).

La economía política de los recursos naturales permite analizar cómo se administran las ganancias derivadas del extractivismo, considerando las relaciones de poder y los actores sociales involucrados. Para ^{Rozenwurcel y Katz (2012)}, puede presentarse una miopía en torno a la temporalidad de explotación de los recursos y el destino de las entradas económicas, con “la posibilidad de una distribución sesgada de éstas últimas en favor de las élites” (p. 10).

En países con alta dependencia del extractivismo, donde los marcos institucionales lo favorecen, es más probable que los grupos de mayor poder económico y político ejerzan control sobre las ganancias del aprovechamiento de los recursos naturales y se apoyen en ellas para evitar cualquier posibilidad de fortalecimiento de la sociedad civil o mejoras institucionales, resultando en una sociedad atrapada en un círculo vicioso de dependencia del extractivismo (^{Rozenwurcel y Katz, 2012}). En el plano de la minería, cuando esto sucede suele conducir a la concentración de la riqueza y no a mejorar los niveles de vida en general, y cuando los grupos sociales expuestos a los impactos ambientales no son los mismos que experimentan los beneficios económicos, el potencial de conflicto socioambiental crece (^{Schaffartzik et al., 2016}). Aunque la salida a estas dinámicas es una mejor distribución de la riqueza e invertir los retornos económicos por la extracción y exportación de materias primas de forma más eficiente (^{Leiva, 2020}) es necesario proteger los recursos no renovables y plantear límites al extractivismo. El tema no solo es económico o distributivo, sino también social y ambiental. Se requiere hacer visible el agotamiento de los recursos y las implicaciones territoriales que representa su sobreexplotación.

La cuantificación del extractivismo minero a menudo solo considera la extracción en términos del contenido de metal, excluyendo el material de sobrecarga o extracción no utilizada correspondiente a toneladas de roca estéril (^{PNUD, 2021}). Se prioriza el crecimiento económico y se considera que los beneficios monetarios pueden servir de soporte para atender las pérdidas ambientales y sociales. La economía ecológica se presenta como un campo interdisciplinario que estudia las relaciones entre el crecimiento económico y la naturaleza (^{Martínez-Alier, 2004}) y permite cubrir los vacíos analíticos señalados. Este enfoque teórico debate con las posturas convencionales de la economía que no integran en su valoración las presiones ambientales que las actividades productivas generan en el ambiente (^{Martínez Alier, 2004}). También discute con la economía ambiental, en tanto esta propone resolver los impactos que la economía ejerce sobre la naturaleza, denominados externalidades, asignando precios a las afectaciones (^{Tetreault, 2008}).

La economía ecológica plantea la necesidad de considerar en su conjunto aspectos sociales, culturales y ambientales para tener una perspectiva integral de la realidad económica. Entre las estrategias se propone cuantificar el agotamiento de los recursos naturales asociado a las actividades económicas por medio de indicadores alternativos (^{Peinado, 2018}). Por ejemplo, aunque la roca estéril generada en la extracción de minerales tiene poco valor económico directo, es un indicador que permite dimensionar las presiones territoriales que imprime el extractivismo: el aumento de la roca estéril supone mayor devastación ambiental y mayores niveles de conflictividad (^{Schaffartzik et al., 2016}).

En la actualidad predomina la minería a cielo abierto debido al agotamiento de los yacimientos y a la disminución de la ley de los minerales; esta técnica demanda mayores insumos y produce más residuos (^{Arboleda, 2017}), más roca estéril (Mudd, 2010), lo que aumenta la presión en el medio ambiente (^{Dudka y Adriano, 1997}). Por lo tanto, los países que proveen a la economía mundial de minerales de baja ley son más propensos a producir mayores cantidades de roca estéril, generar más presión ecológica en los territorios y registrar un número más elevado de conflictos socioambientales (^{Schaffartzik et al., 2016}).

Los impactos ambientales del extractivismo minero en Latinoamérica pueden ser irreversibles y generar desequilibrios en las estructuras productivas de los países, debido a los términos de intercambio ecológicamente desigual bajo los que se realiza (^{Alonso-Fernández y Regueiro-Ferreira, 2022}). Los países importadores buscan comprar al menor costo posible, pero se trata de una transferencia unidireccional de materiales y energía de la periferia al centro, a cambio de un mantenimiento del capital natural de los países centrales (^{Peinado, 2018}). A diferencia del intercambio económico desigual, en el intercambio ecológico desigual, la desigualdad radica en la condición de acumulación de capital de los países centrales a cambio de la (des)acumulación de capital natural de los países exportadores (^{Peinado, 2018}). De ahí se derivan los reclamos del Sur hacia el Norte global por la deuda ecológica causada por estas relaciones de intercambio (^{Martínez-Alier, 2004}).

Algunos de los indicadores propuestos por la economía ecológica para evaluar la pérdida de recursos naturales son las cuentas de flujo de materiales (EW-MFA) (^{PNUD, 2021}) donde destacan la huella ecológica, la hídrica o la balanza comercial física (^{Peinado, 2018}). La balanza comercial física (PTB), que se obtiene de la diferencia aritmética entre las importaciones y las exportaciones en toneladas, ofrece un indicador sobre el superávit o déficit material de una economía (^{PNUD, 2021}).

En los países con déficit en la balanza comercial física de minerales, no solo los minerales en turno, sino los demás recursos necesarios para su extracción, como el agua o el suelo, y que también son indispensables para la reproducción social de muchos territorios, se están agotando, pero la actividad extractiva pareciera no tiene límites biofísicos (Vela-Almeida et al., 2015). Por lo tanto, cuando las exportaciones superan las importaciones en toneladas, se puede esperar que haya conflictividad en los puntos de extracción y a una escala más amplia, aumentará la percepción de desigualdades asociadas al comercio exterior (^{Muradian y Martinez-Alier, 2001}).

Otro indicador sobre las presiones territoriales son los conflictos socioambientales. En estas disputas se expresa el desacuerdo de grupos sociales sobre la explotación, las condiciones bajo las que esta se realiza en sus territorios, las perspectivas sobre el desarrollo y la preocupación sobre el medio ambiente (^{Irarrázaval et al., 2023}).

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta es una investigación multiescalar basada en estadística descriptiva y en documentos académicos, técnicos y hemerográficos sobre el extractivismo minero. La temporalidad del estudio (2001-2020) responde al periodo de crecimiento de la extracción mineral en Chile. Entre 1990 y 2001, se pasó de extraer 1 588 400 toneladas a 4 739 000 toneladas de cobre (^{Cochilco, 2021}), superando los 5 millones de extracción de ese metal en 2004, y ese ritmo de extracción se mantuvo hasta 2020.

La pauta metodológica que se siguió fue la siguiente: i) definición de variables de estudio, ii) selección de unidades de análisis, iii) recolección de información, iv) preparación de las bases de datos, v) análisis estadístico y vi) presentación de los resultados (Tabla 1). El nivel analítico de las tres variables señaladas en la Tabla 1 es multiescalar. Se parte del estudio de cada una de ellas a escala nacional y se desagrega a escala regional y comunal (municipal), donde se integran datos en estos niveles para profundizar el análisis.

ANTECEDENTES DEL EXTRACTIVISMO MINERO EN CHILE

Chile representa un caso emblemático de extractivismo minero en Latinoamérica. El marco legal que sustenta esta actividad se heredó de la dictadura militar (1973-1990) con el estatuto de inversión extranjera (LD 600) (1974), la Constitución promulgada en 1980, el Código de Minería (1983) y el Código de Aguas (1981) (^{Folchi, 2001)}. Pero fue hasta el periodo de democratización (1990) que tales estamentos tuvieron éxito debido a la estabilidad que ofreció la democracia para dar pertinencia y seguridad a la inversión privada (^{Carrasco, 2019}). El régimen militar no privatizó la empresa estatal encargada de la extracción de cobre CODELCO, prefirió limitar su expansión y concentrarse en proyectos operativos, delegando a la inversión privada la expansión de proyectos de exploración y explotación de nuevos depósitos a gran escala (^{Moguillansky, 1998}).

De 2001 a 2020 los minerales más importantes en Chile fueron el cobre y el litio, con más de 108 millones de toneladas y un millón 180 mil toneladas de extracción, respectivamente. La evolución de las tasas extractivas de minerales en el mismo periodo fue heterogénea, siendo el molibdeno y el carbonato de litio los de mayor incremento, con 77.30% y 264.81%. El cobre creció 22.98%, mientras que la plata, el plomo y el hierro aumentaron menos del 17%; el oro, el zinc y el manganeso presentaron decrecimientos (Tabla 2).

EXTRACTIVISMO MINERO DE COBRE Y CONCENTRACIÓN PRIVADA DE RIQUEZA

El cobre fue el mineral más importante en volumen de extracción y en términos económicos, entre 2001-2020 tuvo una balanza comercial positiva acumulada de 584 mil millones de dólares (Figura 1). Esto muestra que Chile es superavitario en minería de cobre con una línea de tendencia al alza durante el periodo de estudio.

Fuente: ^{SERNAGEOMIN (2021)} y ^{Cochilco (2005}; ²⁰²¹⁾; elaboración propia.

Figura 1 Balanza comercial del cobre 2001-2020 (miles de millones de dólares). 

El valor de las exportaciones de cobre también muestra una línea de tendencia al alza en los años analizados. Se alcanzó un valor total estimado de las exportaciones mayor a 587 803 millones de dólares, donde la consistencia del precio fue un factor fundamental. A pesar de algunos ligeros descensos en 2009 y 2019, los registros de divisas de cobre se mantuvieron por encima de los 30 mil millones de dólares anuales en ese periodo (Figura 2).

Fuente: ^{Cochilco (2005}; ²⁰²¹⁾ y ^{CAMIMEX (2022)}. Nota: El valor de las exportaciones se expresa en millones de dólares, y el precio del cobre se expresa en centavos de dólar por libra.

Elaboración propia.

Figura 2 Valor de las exportaciones de cobre entre 2001 y 2020.  

La consistencia del precio del cobre se puede explicar desde lo planteado por ^{Braun (1973)}, para quien los intercambios comerciales entre países desarrollados y subdesarrollados se da en forma desigual: los primeros buscan obtener los bienes que importan pagando el menor precio posible, por lo que disminuyen su demanda con el propósito de que el precio de las materias primas se reduzca. En respuesta, los países exportadores se ven obligados a disminuir su oferta para equiparar el precio, pero esto representa la caída del salario real a escala nacional.

Es un juego de oferta y demanda donde los países altamente desarrollados tienen ventaja buscando que el precio de las materias primas sea el más bajo posible. El aumento de las divisas de exportación de un bien no necesariamente implica un beneficio para la economía, ya que es posible que esta alza se mantenga a cambio de sacrificar el bienestar colectivo que enfrenta reducciones en el salario real.

En los indicadores analizados se encontró que la participación del valor de las exportaciones de cobre en el total de las exportaciones de la economía chilena pasó de 35% a 52%, al mismo tiempo que el cobre perdió importancia en su aportación al PIB, registrando una contribución del 9% en 2020 (Figura 3). Esto sugiere que la distribución de riqueza generada por esta actividad es desigual, en torno al monto económico creado y la contribución realizada a la economía.

Fuente: ^{SERNAGEOMIN (2021)} y ^{Cochilco (2005}; ²⁰²¹⁾; elaboración propia.

Figura 3 Evolución de la participación del cobre en las exportaciones y del PIB de 2001-2020 (porcentajes).  

Los grandes beneficios de la minería de cobre se distribuyen en pocas manos, el sector privado ha ganado fuerte terreno, lo cual ha dado pauta a la concentración privada de riqueza proveniente de esta actividad, en un contexto de intercambio económico desigual (^{Landherr, 2018}). A comienzos de 1990 la extracción privada de cobre representaba el 17% del total nacional, pero en el año 2009 esta cifra alcanzó el 65% (^{Folchi, 2009}). De este modo, se puede afirmar que las empresas privadas han tomado el control paulatinamente de la extracción de cobre en Chile. Actualmente, las empresas estatales apenas participan con el 30% de la extracción, pero contribuyen con más del 57.14% de ingresos fiscales de este rubro, que en total representaron más de 110 mil millones de dólares entre 2001-2020, mientras que las empresas privadas participan con el 70% de la extracción y contribuyen con el 42,86% de los ingresos fiscales de este rubro (Tabla 3).

Entre 2001-2020 se generó una renta minera total por el extractivismo del cobre que supera los 260 mil millones de dólares. De estos, 83 714 millones de dólares corresponden a la minería estatal y 181 522 millones de dólares a la minería privada (Tabla 4). El análisis expone una distribución desigual de la renta minera del cobre, donde las empresas estatales concentraron el 68% del beneficio económico, por encima del 32% que obtuvo el sector estatal. Sin embargo, si a este resultado se le resta el impuesto correspondiente por el tipo de minería, la brecha de la distribución desigual de riqueza se hace más amplia. Las empresas estatales concentraron el 87% de las ganancias, correspondiente a 134 054 millones de dólares, por un 13% de las empresas estatales, equivalente a 20 448 millones de dólares (Tabla 4).

El estudio corrobora que el extractivismo minero de cobre en Chile permitió la concentración privada de riqueza durante los últimos veinte años. El resultado del análisis estadístico varía en relación con los resultados encontrados por otros autores. Por ejemplo, ^{Leiva (2016)}, en un trabajo preliminar, señaló que las ganancias apropiadas por la minería privada de cobre fueron de 48 mil millones de dólares (1990-2012), luego en un periodo más amplio el mismo autor ajustó el dato en 161 millones de dólares (^{Leiva, 2020}). Otros autores mencionan que las ganancias privadas fueron de 114 mil millones de dólares (Zerene et al., 2018) y 76 mil millones de dólares (^{Jorratt, 2021}). La variación de los resultados se puede atribuir a la fórmula utilizada y los periodos de estudio establecidos, no obstante, lo importante de este tipo de análisis es determinar que existe una distribución desigual de la ganancia y una concentración de riqueza en manos privadas que es importante seguir estudiando.

Al comparar los datos de pobreza por ingresos y de pobreza multidimensional de las comunas donde se localizan los 32 proyectos de cobre más importantes del país, se confirma que el extractivismo minero como estrategia de desarrollo no contribuyó al bienestar general de la población (Figura 4). El 53% de las comunas que alberga estos proyectos en 2020 registra porcentajes de población en situación de pobreza por ingreso superiores al promedio nacional (10.8%): María Elena (17.55%), Pozo Almonte (15.65%) y Taltal (13.16%) son las que tienen los datos más elevados.

Fuente: ^{Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020}, ²⁰¹⁷⁾; elaboración propia.

Figura 4 Pobreza por ingreso y pobreza multidimensional (porcentajes) en comunas donde se concentran los principales proyectos de cobre 2001-2020. 

La mayoría de las comunas tuvieron un aumento en las condiciones de pobreza por ingreso entre 2017-2020, incluyendo Antofagasta y Calama. A pesar de que la mayoría de los proyectos han operado por 20 años en algunas comunas, no hay correspondencia entre las ganancias que se generan y los niveles de vida en la escala local.

Al considerar la pobreza multidimensional se encontró que en 2017 el 59% de las comunas analizadas estaban por encima del promedio nacional (20.7%). Las comunas de Salamanca y Antofagasta presentan contrastes importantes, puesto que con la medición de pobreza por ingreso registran 12.5% y 5.1% de población en estas condiciones, pero en pobreza multidimensional estas cifras se elevan a 27.21% y 16.28%, respectivamente. En la comuna de Antofagasta se localiza el proyecto minero de cobre más importante de Chile, llamado La Escondida, que por sí solo contribuyó con el 20.4% de la extracción total de cobre entre 2001-2020 (^{Cochilco, 2021}); según los datos analizados, las ganancias que generó este proyecto no tuvieron un impacto de bienestar general en la comuna, puesto que más del 16% de su población vive con carencias en salud, educación, trabajo, previsión social, sin considerar el daño ambiental ocasionado.

La minería creó procesos de desarrollo desigual y segregación social en la ciudad de Antofagasta; posiblemente porque la principal derrama económica ha sido el ingreso en los hogares y sus formas de distribución en el espacio (^{Rehner y Rodríguez, 2021}), lo que muestra que no todos se benefician de la misma forma de las riquezas generadas por el extractivismo minero.

Entre 2001-2020 prevaleció una desigual distribución y apropiación de la riqueza por la extracción y exportación de cobre en Chile, donde las empresas privadas que probablemente más se beneficiaron son BHP BILLTON, Anglo American y Antofagasta Minerals, debido a que controlan algunos de los proyectos más importantes. Si a esto se suman las presiones ambientales que provoca la actividad extractiva, el análisis se complejiza, ya que los daños ecológicos son absorbidos por los espacios locales que también son los menos favorecidos en términos económicos.

EXTRACTIVISMO MINERO DE COBRE EN CHILE: PRESIONES TERRITORIALES Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Los resultados indican que la balanza comercial física del cobre tuvo un déficit permanente entre 2001-2020, ya que las exportaciones materiales han superado ampliamente las importaciones (Figura 5). Si bien los indicadores tradicionales de la minería muestran que el saldo comercial es favorable por las enormes ganancias que ha generado el sector, desde el punto de vista ambiental, la concentración privada de ganancias se desarrolla a costa de un déficit material continúo del cobre y las presiones ambientales que produce su extracción.

Fuente: ^{Cochilco (2005}; ²⁰²¹⁾; elaboración propia.

Figura 5 Balanza comercial física del cobre 2001-2020. 

Durante el periodo de análisis, Chile reforzó su especialización económica en la exportación de cobre y ha mantenido su rol en la economía mundial como proveedor de metales industriales (^{Schaffartzik et al., 2016}), bajo esquemas de intercambio ecológico desigual al depender de la exportación de cobre con un mínimo procesamiento, lo que implica que este mineral se está agotando. El cobre tiene una de las leyes de beneficio más bajas, por lo que su extracción representa una mayor presión a la naturaleza. En 2010, Chile registró las tasas más altas de extracción de roca estéril a nivel mundial (^{Schaffartzik et al., 2016}). Se estima que en veinte años (2001-2020) la extracción de roca estéril asociada con la extracción de cobre llegó a más de 32 528 millones de toneladas. Las regiones más afectadas fueron Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y Atacama (Tabla 5).

El déficit material del cobre chileno implica el agotamiento de otros recursos y la devastación ambiental de los territorios donde se despliega la extracción de cobre, generando fuerte presión en los territorios; entre más presiones territoriales derivadas de actividades mineras las posibilidades de conflicto aumentan (^{Martínez-Alier, 2004}; ^{Schaffartzik et al., 2016}).

Existen cuatro fuentes en lo que se refiere al consumo de agua por la minería: aguas superficiales (de vertientes, esteros, ríos, quebradas, lagos, lagunas, pantanos, ciénegas y embalses); aguas subterráneas (que están bajo tierra en acuíferos o embalses subterráneos); de agua de mar desalinizada (extraída de la costa) y de aguas adquiridas a terceros que se compra directamente). El consumo de agua de mar ha aumentado, lo que indica que las técnicas de desalinización han tenido mayor injerencia en la minería chilena en los últimos años, pasando de 7.32% en 2012 a 30% en 2020 (^{Cochilco, 2015b}, ²⁰²¹). Sin embargo, aunque el consumo de aguas superficiales por la minería ha disminuido de 43.92% a 27.60% entre 2012 y 2020, el consumo de aguas superficiales de la minería sigue siendo casi una tercera parte del consumo total de este sector a nivel nacional (^{Cochilco, 2015b}, ²⁰²¹). El consumo de aguas subterráneas también se ha mantenido constante, lo que sugiere el aprovechamiento continuo de acuíferos que para 2020 representó el 33.30% del consumo total de agua en este sector (^{Cochilco, 2015b}, ²⁰²¹). La región que más litros por segundo de agua consumió entre 2009-2014 fue Antofagasta, con promedios de 40% del consumo de agua en el sector minero a escala nacional durante ese mismo periodo (^{Cochilco, 2015b}, ²⁰²¹).

Los resultados (Figura 6) indican una relación entre las presiones ambientales del extractivismo de cobre y los conflictos socioambientales por minería. Las regiones de Coquimbo, Antofagasta, Atacama y Tarapacá son las que concentran el mayor tonelaje de roca estéril y la mayor cantidad de conflictos socioambientales.

Fuente: ^{Cochilco (2005}; ²⁰²¹⁾, ^{CAMIMEX (2022)} y ^{OCMAL (2023)}; elaboración propia.

Figura 6 Relación entre las presiones ambientales y los conflictos socioambientales en escala subnacional 2001-2020. 

En las regiones del Bío-bío, La Auracanía, Los Lagos y Magallanes se registran conflictos ambientales a pesar de no tener extracción minera; una posible explicación es el aumento de la frontera minera en Chile, que, debido a la constante presión en la zona norte, ha ampliado las tareas de prospección en la zonas central, sur y austral. La aparición de conflictos obedece a la negativa que muestra la población de esos lugares al despliegue de actividades extractivas en sus territorios, anticipándose a los daños ambientales con acciones de resistencia preventiva. Esto indica que no solo las presiones territoriales ya experimentadas son fuente de conflictos, sino que, también la amenaza y la experiencia acumulada sobre el extractivismo motiva la organización social para evitar que la minería se instale en sus lugares de vida y devaste la naturaleza.

El 65% de los conflictos ambientales por el extractivismo minero en Chile se localizan en las regiones con la mayor presión territorial por minería de cobre, donde también se ubican los proyectos más importantes de este metal. Además, salvo Antofagasta (16.4%), las demás regiones, Tarapacá (24.9%), Atacama (23.2%) y Coquimbo (22.6%), tienen registros de pobreza multidimensional por encima de la media nacional (20.7%), lo que señala que gran parte de la población vive con carencias sociales y presiones ambientales a pesar de las grandes ganancias que genera el sector minero. En la Tabla 6 se detallan los tipos de conflictos. Predominan los conflictos de defensa territorial; solo un 16% es de tipo complejo de múltiples posturas y se concentran en el norte, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Tarapacá.

CONCLUSIONES

El artículo presenta un estudio multiescalar del extractivismo minero de cobre en Chile que muestra que esta actividad se desarrolla sobre la base de concentración privada de riqueza y presiones territoriales que derivan en la proliferación de conflictos ambientales. La extracción intensiva de minerales para ser exportados con un mínimo procesamiento, caracterizada como extractivismo minero, privilegia los beneficios para las empresas privadas que operan de forma transnacional en detrimento económico y ambiental de los lugares de extracción, que absorben la devastación ecológica.

A pesar del superávit de ingresos por las exportaciones de cobre, las aportaciones de este sector a la economía van en detrimento. Al mismo tiempo, dicho superávit contrasta con el déficit de material del cobre y el agotamiento de otros recursos naturales necesarios para la vida. A largo plazo, la exportación de materias primas de los países extractivistas como Chile no solo aumentará la pérdida de la naturaleza, sino que probablemente las carencias sociales también serán mayores. Los materiales y recursos necesarios para ser exportados no son reemplazables y al no contar con estos insumos para su continuidad por el constante agotamiento, las actividades extractivas pueden ser interrumpidas sin cumplir el fin de generar bienestar social. De este modo, el modelo minero implementado en Chile no es sustentable, no garantiza el bienestar económico y ambiental del tiempo presente ni de las futuras generaciones.

Los hallazgos exponen que las zonas donde se localizan los principales proyectos mineros presentan datos de pobreza multidimensional elevados en comparación con las grandes ganancias creadas por la minería; a la vez, la cantidad de roca estéril y la perturbación ambiental es muy alta. Se identificó una distribución desigual de la riqueza en favor de empresas privadas y una concentración de daños ecológicos en los territorios de extracción, lo que impulsó el surgimiento de conflictos socioambientales. Estos problemas no son exclusivos de Chile, se reproducen en la mayoría de los países latinoamericanos que históricamente han participado de la economía mundial como proveedores de materias primas a través de esquemas de intercambios económicos y ecológicos desiguales.

Es importante ampliar el análisis de estos problemas en futuras investigaciones que profundicen sobre las implicaciones de estos esquemas de intercambio; así como integrar enfoques cualitativos al estudio que amplíen la perspectiva sobre los conflictos y la forma en que las poblaciones hacen frente al extractivismo para ubicar posibles alternativas. Se espera que el análisis del extractivismo minero, desde una perspectiva socioambiental, permita avanzar en construir límites biofísicos a la extracción y evaluar cuánto mineral se requiere extraer y exportar sin comprometer a las próximas generaciones.