Introducción

Gran parte de la literatura sobre desarrollo económico y social, especialmente en las sociedades industrializadas occidentales, se ha centrado desde el inicio en la cuestión de la riqueza y su distribución. El uso de variables monetarias -típicamente, ingresos y gastos- siempre ha prevalecido en este programa de investigación. Esto no sorprende ya que, desde los estudios de autores clásicos de las ciencias sociales, la transformación progresiva de todas las relaciones sociales y económicas existentes en relaciones monetarias se considera una característica clave del capitalismo. Sin embargo, el uso de variables monetarias tiene límites, algunos de naturaleza teórica y sustantiva y otros de naturaleza más empírica y de medición como se verá más adelante.

Una crítica teórica y sustantiva que se ha hecho al uso exclusivo de las variables monetarias en los estudios sobre la distribución de la riqueza proviene de la literatura sobre el desarrollo y la economía del bienestar, cuyos fundamentos éticos y filosóficos han sido profundamente influenciados por las contribuciones pioneras de ^{Sen (1970)} y ^{Rawls (1971)}. De hecho, ahora es casi unánime entre académicos y profesionales el consenso de que los niveles de desarrollo de un país y la riqueza y el bienestar de un individuo deben evaluarse con un enfoque multidimensional que incluya los ingresos monetarios, pero también las libertades y oportunidades para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, por ejemplo, acceso a la educación, a la atención médica y a la cohesión social, es decir, a todo aquello que permite a los individuos desarrollar y expresar sus habilidades y talentos (^{Sen, 1999}; ^{Dollar & Kraay, 2002}; ^{Rodrik, 2011}). Esta nueva perspectiva ha contribuido al desarrollo y a la institucionalización del índice de desarrollo humano (IDH) compuesto por indicadores sobre la posesión o acceso a bienes y servicios fundamentales: la educación (número de años de educación alcanzado y esperado), la salud (la expectativa de vida), el nivel de vida (ingreso nacional bruto per cápita). “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente” es el lema que acompaña el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho lema concentra las características clave de la perspectiva del desarrollo humano: la evaluación de la desigualdad debe enfocarse en los procesos de interacción entre salud, educación e ingresos con que se generan las diferencias de riqueza; se necesita abandonar el uso de los índices sintéticos unidimensionales y explorar cómo se manifiesta la desigualdad en el conjunto de una población, en diferentes lugares y a lo largo del tiempo; se debe volver el eje al futuro porque las desigualdades del desarrollo humano de hoy condicionarán las expectativas de las personas que todavía deben nacer (^{PNUD, 2019, pp. 6-7}). Por ejemplo, el PNUD estima que “alrededor del 17% de los niños nacidos en países con desarrollo humano bajo en 2000 habrán muerto antes de cumplir los 20 años, frente a tan solo el 1% de los nacidos en países con desarrollo humano muy alto” (^{IVI, p. 2}). En los últimos años, en el cuadro de esta perspectiva multidimensional de lo que es desarrollo y riqueza, se han creado diferentes tipos de índices, es el caso del índice de desarrollo humano local, que agrega la dimensión ambiental a las de salud, educación y nivel de vida; el índice de desarrollo o de desigualdad de género, que considera la condición de las mujeres en asuntos de participación en la educación, el mercado laboral y la vida política; y el índice de pobreza multidimensional, que considera la posesión de activos y acceso a bienes básicos, como alimentos, agua y electricidad.

Los resultados de los estudios que usan variables monetarias no siempre coinciden con los de los que usan bienes o activos no monetarios: de hecho, los desequilibrios en la distribución de los ingresos a veces no se reflejan con la misma intensidad en la distribución de la riqueza patrimonial -ya que la distribución de esta última es generalmente más desigual (^{Milanovic, 2019}; ^{Piketty, 2014})-, o del acceso a los bienes fundamentales. De esta forma, si bien la ampliación de las privaciones extremas ha disminuido tendencialmente entre la población mundial (^{Informe de Desarrollo Humano, 2019}), las desigualdades de ingresos siguen aumentando (^{Milanovic, 2019}). Este comportamiento en parte se debe también a la institucionalización del Estado de bienestar, pues, donde existe, el acceso a los bienes fundamentales no depende exclusivamente de los ingresos (o gastos) monetarios personales o de la familia, sino también del acceso a los servicios públicos que asignan con mecanismos no comerciales bienes y servicios esenciales, como los de salud, educación primaria y seguridad ciudadana, entre otros. En este sentido, Cuba representa un caso interesante. De hecho, es uno de los países con alto desarrollo humano (Informe de Desarrollo Humano, 2019) -en 2017, su IDH era de 0.777, colocándose así en el grupo más alto (^{Informe de Desarrollo Humano, 2019})-, pese a ubicarse en la parte inferior en términos de desarrollo económico cuando se mide con los índices monetarios tradicionales. Además, aunque se encuentra en el continente con la mayor desigualdad del mundo, Cuba ha sido considerada durante muchos años como uno de los países más igualitarios (^{Mesa-Lago, 2015}), si bien hay quienes sugieren que algo podría haber cambiado por las transformaciones sociales y económicas en las últimas décadas, las cuales podrían haber aumentado las desigualdades económicas y el deterioro en los servicios públicos (^{Álvarez & Máttar, 2004}; ^{Centeno, 2004}).

Este artículo se centra en el tema del acceso a bienes y servicios básicos no monetarios ni alimentos que, junto a otros, representan la premisa para el desarrollo humano en Cuba. Es el primer intento de analizar la distribución de esta forma particular de riqueza a nivel nacional -estudios similares se han llevado a cabo en el área de la capital (cfr. ^{Romanò & Barrera, 2019}- para el periodo comprendido entre 2006 y 2014, enfocado en bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos cuyo acceso en Cuba está regulado por mecanismos no comerciales, como el acceso a la educación para los dos sexos, y la modalidad de acceso al agua y al saneamiento, que son elementos clave para la salud, en especial durante el desarrollo infantil.

En el primer epígrafe ilustramos algunos elementos que caracterizan al sistema social y económico cubano. En el segundo se ofrece una breve discusión de las mediciones de desigualdad económica existentes en la literatura. En el tercero se describen los datos que utilizamos, las encuestas MICS-UNICEF (encuestas de indicadores múltiples) de 2006, 2011 y 2014, y la metodología utilizada para estimar el índice de bienestar, entendido como el acceso a bienes y servicios fundamentales (BSF) no monetarios ni alimentos. El cuarto epígrafe presenta los principales resultados. Concluimos con algunas consideraciones finales.

El caso de Cuba

En Cuba, la mayoría de las materias primas, infraestructura y servicios sociales, como salud, educación y seguridad, entre otros, son producidos o importados y distribuidos por empresas o instituciones estatales a precios subsidiados o con precios muy bajos que, por estas razones, difieren significativamente de lo que se observa en los mercados internacionales (^{Romanò, 2012}; ^{Romanò & Barrera, 2019}; ^{Dominguez et al., 2012}; ^{Schettino & Gabriele, 2008}). En el sistema cubano, el acceso libre o casi gratuito a bienes y servicios básicos está regulado por la universalidad: todos los ciudadanos y residentes pueden acceder a ellos independientemente de su posición en el mercado laboral. El término espacios de igualdad (^{Espina-Prieto, 2010}) se usa en la literatura sobre Cuba para referirse a esas áreas sociales donde el acceso a bienes y servicios básicos está regulado por mecanismos no comerciales y criterios universales: salud, educación y necesidades básicas. Este modelo sigue vigente pese a las transformaciones sociales y económicas que han afectado al país en los últimos treinta años y que recordamos brevemente a continuación.

Durante la primera mitad de la década de 1990, forzado por la grave crisis económica causada por el colapso del bloque soviético, así como por el escenario internacional que se volvió más hostil, el gobierno cubano implementó algunas reformas económicas destinadas, por un lado, a introducir mecanismos de mercado en algunos sectores específicos de la economía y, por otro, a contener los gastos públicos del Estado. Las principales reformas fueron:¹ la apertura de algunos sectores económicos a la inversión extranjera directa; la dolarización parcial de la economía; la creación de cooperativas agrícolas en antiguas empresas estatales agropecuarias; la apertura de microempresas familiares o cuentapropismo en algunos segmentos de la economía; la introducción de incentivos salariales para algunas categorías de trabajadores, y el recorte de los bienes subsidiados o gratuitos. Varias de estas reformas se contrajeron en la primera década de los 2000. Gracias a una recuperación económica parcial y a un contexto internacional menos hostil, el gobierno cubano controló los mecanismos de mercado introducidos en algunos sectores y, al mismo tiempo, promovió políticas que mitigaban los efectos sociales de las reformas de los noventa. Entre las políticas sociales de este periodo destacan, por ejemplo, las que apuntaban a la expansión de la educación terciaria, al aumento de los salarios de algunas categorías de trabajadores estatales, y a la sustitución de los bienes duraderos de alto consumo de energía utilizados por las familias cubanas y las instituciones (refrigeradores, televisores, aires acondicionados).

Unos años más tarde, impulsado por la crisis económica internacional de 2007-2008, Raúl Castro relanzó otro proceso de reformas económicas y sociales más coherente y ambicioso. Esta fase política y económica, llamada “proceso de actualización del modelo económico y social”, fue discutida y aprobada como una estrategia a largo plazo por el VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba (contenido en las directrices para el desarrollo económico) celebrados, respectivamente, en 2011² y 2016.³ En otras palabras, desde 2011 las reformas de los noventa se han revitalizado y profundizado, sobre todo las relativas a la atracción de las inversiones extranjeras directas en ciertos sectores de la economía, a la expansión del sector no estatal con el aumento de las licencias para el cuentapropismo o sector privado nacional, y a la creación de cooperativas no agrícolas. También se han liberalizado algunos consumos personales, y eliminado las restricciones para los viajes al extranjero.

Las reformas adoptadas por el gobierno cubano, por profundas que sean en comparación con el pasado, aún parecen lentas y tímidas en comparación con las implementadas en otros países, como China y Vietnam. La flexibilización progresiva de diversos segmentos de la economía, en especial los relacionados con las pequeñas y medianas empresas privadas, pareciera ser el cambio más significativo hasta hoy. Sin embargo, la extensión de estas liberalizaciones puede considerarse lenta ya que, todavía hasta 2014, alrededor del 72% de los ocupados sigue empleado en el sector estatal: 68.4% en 2018 (^{ONEI, 2015}, ²⁰²⁰). Como consecuencia, se deduce que, a pesar de las reformas de ampliación del mercado, la mayoría de los ingresos laborales siguen dependiendo de salarios o pensiones estatales que se han mantenido igualitarios (^{Galbraith et al., 2006}). Pero debido a la crisis, estos salarios se han estancado o disminuido en términos reales desde la década de 1990. El resultado es que, incluso considerando los bienes distribuidos a precios subsidiados en el mercado racionado, los salarios y pensiones estatales son en general insuficientes para llegar al final del mes (^{García & Anaya, 2015}). En este contexto, fuentes alternativas o adicionales de ingresos como, por ejemplo, las remesas, los ingresos por actividades informales o por cuenta propia, así como la disponibilidad universal de bienes y servicios básicos -típicamente la atención médica y los servicios de salud y educación, y en cierta medida la vivienda,⁴ etcétera- representan un apoyo fundamental para satisfacer las necesidades de las familias.

El lanzamiento del llamado “proceso de actualización del modelo económico y social” ha renovado el interés de explorar el impacto de las reformas sociales y económicas en la equidad. Los estudios sobre la desigualdad y riqueza en Cuba fueron pocos hasta la década de 1990. Hasta cierto punto, esta escasez se debía a la suposición ampliamente compartida de que Cuba era una sociedad muy igualitaria (^{Mesa-Lago, 2015}). De hecho, una disminución progresiva de las desigualdades realmente ocurrió en los primeros treinta años de la Revolución, lo cual se refleja en la tendencia decreciente de las estimaciones del índice de Gini, cuyo valor, de acuerdo a ^{Brundenius (1984}, ²⁰⁰⁹⁾, era de 0.51 en1953 y de 0.22 en 1986. Mientras que un estudio más reciente estima que al final de la década de 1990 el índice de Gini alcanzó 0.38 (^{Ferriol, 2003}), lo que demuestra un aumento progresivo de las desigualdades de ingresos como consecuencia de la crisis económica y las consiguientes reformas de los años noventa. No obstante, otro importante estudio realizado en los mismos años, pero basado en un enfoque no solo monetario, confirma que se mantuvo un alto nivel de igualdad en el país a pesar del dramático contexto de la crisis económica (Informe PNUD, 2000). A partir de tal estudio, que estimó el índice de desarrollo humano y el de igualdad de género a nivel nacional y local, se desprende que Cuba ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de igualdad en esas fechas.

Otros estudios de los años noventa y dos mil realizados por centros de investigación cubanos con diferentes enfoques metodológicos, han obtenido resultados menos positivos: identifican un aumento sustancial de las desigualdades después de las reformas de los años noventa. En este sentido se consideran, por ejemplo, las investigaciones cualitativas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) enfocadas en diversas formas de desigualdad: participación social, acceso a la vivienda y servicios públicos, formas de empleo, ingresos, y acceso a servicios culturales. Estas investigaciones identificaron los perfiles de los grupos sociales más vulnerables: personas no blancas, mujeres, familias monoparentales con jefatura femenina, con niños y ancianos (^{Espina-Prieto, 2010}). Los estudios nacionales llevados a cabo por el Instituto de Investigaciones Económicas (INIE) y centrados en la pobreza también sugieren un empobrecimiento de ciertos sectores de la población y un aumento de las desigualdades dentro y entre las áreas del país. Por ejemplo, ^{Ferriol et al. (1997)} estiman que la vulnerabilidad social es más frecuente en las regiones cubanas orientales.

La mayoría de los estudios más recientes adolecen de la falta de análisis nacionales y cuantitativos por la inaccesibilidad de los datos estadísticos. Esta limitación ha obligado a muchos investigadores a centrarse heurísticamente en aspectos específicos y cualitativos del escenario de desigualdades en general. ^{Pañellas et al. (2015)}, por ejemplo, argumentan que las brechas sociales que ya existían en la década de 1990 se hicieron cada vez más amplias como consecuencia de la disminución del papel del Estado como regulador y redistribuidor. Esta contracción del papel del Estado en la economía podría favorecer a los que ya poseen diversas formas de capital material o inmaterial (bienes primarios o relaciones sociales) y aprovechar las nuevas oportunidades de mercado. Otros investigadores sostienen que, dado que la economía cubana nunca ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis, y que los servicios públicos esenciales disminuyeron tanto en calidad como en disponibilidad, las reformas económicas han creado niveles crecientes de desigualdad entre quienes lograron aprovechar las nuevas oportunidades y los que permanecieron en los sectores económicos estatales tradicionales (^{Zabala, 2014}; ^{Zabala et al., 2015}; ^{Espina-Prieto & Echevarría-León, 2015}).

Mediciones de distribución de bienestar

Como se mencionó arriba, el uso de variables monetarias para el análisis de la renta, los ingresos y su distribución trae consigo límites empíricos y de medición, además de los de tipo teórico ya discutidos brevemente en la introducción. Primero, los ingresos monetarios de los hogares, registrados por las encuestas institucionales, se refieren principalmente a los salarios e ingresos no laborales, como las ganancias y alquileres, pero muchas familias también tienen acceso a otras fuentes de ingresos monetarios y no monetarios, es el caso de las actividades en la economía informal, las transferencias familiares, y el autoconsumo de bienes primarios y artesanales (^{Clementi et al., 2015}). Segundo, los ingresos monetarios sufren grandes variaciones estacionales (^{Tarozzi, 2007}) y, por el contrario, los gastos de consumo tienden a ser planos en el tiempo (^{Friedman, 1957}). Estas dos últimas consideraciones se aplican sobre todo a los países en desarrollo. Además, ambos son muy relevantes en Cuba, donde los ingresos por actividades informales, autoconsumo y remesas están bastante extendidos. Tercero, parcialmente relacionado con el segundo punto, las respuestas a las preguntas sobre ingresos y gastos se ven afectadas por sesgos vinculados a recuerdos distorsionados (^{Tarozzi, 2007}). Cuarto, las preguntas sobre los ingresos tienen altas tasas de no respuesta. Quinto, todavía hay muchos países en desarrollo que no realizan encuestas de hogares o que no recopilan información confiable sobre los bienes monetarios, lo que dificulta la estimación de las tasas de pobreza o desnutrición en esos países.

A fin de superar las dificultades mencionadas, se han desarrollado nuevos índices de bienestar y pobreza basados en la posesión de bienes no monetarios y métodos de estimación alternativos⁵ para el cálculo de los índices tradicionales. Esta clase de índices se han elaborado primeramente por parte de ^{Filmer & Pritchett (2001)} para estimar el estatus socioeconómico de las familias indias en diferentes regiones. Es un tipo que comparte el rasgo de resumir información -principalmente recopilada y calculada a nivel familiar- sobre la satisfacción de necesidades básicas o la posesión de bienes duraderos, el acceso a servicios fundamentales y las características sociodemográficas.

Las tres principales ventajas de dichos índices se comentan a continuación. En primer lugar, las tasas de no respuesta a las preguntas sobre la posesión de bienes no monetarios son generalmente más bajas que en las preguntas sobre los ingresos y, cuando el cuestionario se aplica en la casa, el entrevistador puede detectar o confirmar la información. Una segunda razón se relaciona con el hecho de que la información sobre la propiedad de los bienes normalmente se recopila en forma de variables discretas (¿Tiene? Sí, No), por lo que las respuestas son más confiables y están menos sujetas a sesgos relacionados con los recuerdos. En tercer lugar, la información relacionada con la posesión de bienes muebles e inmuebles -los metros cuadrados de la casa, o el número de habitaciones en la vivienda, etcétera-, así como las características demográficas son evidentemente más duraderas o estables en el tiempo respecto a las variables monetarias -típicamente, los ingresos laborales- y menos influenciadas por la dinámica del ciclo económico (^{Moser & Felton, 2007}). Se deduce que, en algunos aspectos, dan una imagen más cercana del nivel de vida a largo plazo.

Los resultados de los estudios que utilizan estos nuevos índices a menudo difieren de los obtenidos con los métodos de medición convencionales, construidos a partir de las variables monetarias (^{Deaton, 1997}; ^{Bollen et al., 2001}; ^{Sahn & Stifel, 2003}; ^{Sastry, 2004}; ^{Fay et al., 2005}; ^{Filmer, 2005}; ^{McKenzie, 2005}; ^{Ainsworth & Filmer, 2006}; ^{Moser & Felton, 2007}; ^{Booysen et al., 2008}; ^{Naschold, 2012}; ^{Ward, 2014}).⁶ Por ejemplo, el estudio de ^{Ward (2014)} sobre China utilizó un índice socioeconómico basado en los bienes no monetarios, y encontró que la desigualdad económica ha disminuido en lugar de aumentar en el periodo comprendido entre 1989 y 2006. Incluso en el caso de Cuba, se observa que los resultados de los estudios que utilizan índices estándar con variables monetarias son diferentes de los basados en índices que parten de la medición de bienes no monetarios. En este sentido, se puede observar este comportamiento en estudios de finales de los años noventa del INIE y PNUD arriba mencionados: la primera estimación del índice de Gini de 0.38 sugiere niveles preocupantes de desigualdad (^{Ferriol, 2003}), especialmente para un país socialista, mientras que el estudio del PNUD, que utilizó el enfoque multidimensional mediante la creación de índices basados en activos no monetarios, coloca a Cuba en el segundo lugar en América Latina por niveles de igualdad (^{PNUD & CIEM, 2000}).

Teniendo en cuenta la situación de Cuba descrita, un análisis de la distribución del bienestar en Cuba basado exclusivamente en el uso de variables monetarias (ingresos o gastos del consumidor) resulta poco claro. De hecho, al estar los salarios estancados y ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, el bienestar se obtiene combinando los salarios con otros tipos de recursos: fuentes adicionales de ingresos, a menudo ilegales -y por lo tanto no declaradas en las encuestas-, y los servicios y bienes esenciales proporcionados por el Estado.

Datos y métodos

El objetivo principal de este artículo es ofrecer un análisis de la distribución del bienestar en Cuba para el periodo 2006-2014, centrado en el acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos. Para este propósito, hemos utilizado datos de fuentes institucionales que contienen una amplia gama de informaciones sobre las familias cubanas y que se encuentran en la encuesta Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS-UNICEF).

Desde la década de los noventa, las encuestas MICS constituyen uno de los principales recursos para estudiar la condición de niños y mujeres a nivel internacional. Los datos MICS también han servido ampliamente para estimar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (WDG) y serán la fuente más importante para estimar el grado de logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) definidos por la Agenda 2030.⁷

Hay varias razones que hacen apropiado el uso de los datos MICS para estimar el nivel de bienestar y su distribución en el caso de Cuba. En primer lugar, las encuestas realizadas en Cuba son estadísticamente representativas de la población a nivel nacional. En segundo, cada encuesta anual reunió gran cantidad de información sobre un aproximado de diez mil familias cubanas: características demográficas, educación, y acceso a servicios básicos. En tercero, las encuestas se realizan de forma periódica: 2006, 2011 y 2014 y sus microdatos están disponibles. Estas condiciones permiten estudiar las tendencias en la distribución del bienestar, entendido como el acceso a los bienes y servicios fundamentales, en el transcurso de casi una década. Cuarto, los datos se generaron dentro de una encuesta internacional que utilizó un procedimiento estandarizado entre los países involucrados. Como resultado, es posible emprender estudios comparativos replicando los modelos de análisis aquí adoptados en otros países seleccionados.

Utilizando los datos MICS, nuestro estudio es, por lo tanto, el primer intento de construir un índice de bienestar, entendido como el acceso a los bienes y servicios fundamentales no monetarios, que hemos denominado índice de bienes y servicios fundamentales OBSF para Cuba a nivel nacional.⁸ Con este propósito, hemos seleccionado once variables disponibles en las tres encuestas de muestra MICS-UNICEF de 2006, 2011 y 2014. La Tabla 1 muestra la descripción de las variables seleccionadas para cada año seleccionado.

Como las variables utilizadas son categoriales (ordinales y dicotómicas), creamos el índice BFS aplicando el análisis de componentes principales (ACP) en las matrices de correlación poliserial⁹ que, a diferencia del análisis de componente principal estándar, no introduce distorsiones ligadas a las correlaciones negativas entre las diferentes categorías de la misma variable categorial (^{Ward, 2014}; ^{Kolenikov & Angeles, 2009}). Aplicando este procedimiento hemos obtenido un índice de bienestar que utiliza pesos generados con el ACP en matrices de correlación policóricas de un conjunto de variables.

Las variables seleccionadas se refieren a cuatro dimensiones (Tabla 3). Un primer grupo de variables compete a la dimensión central de nuestro estudio, que es la posesión/acceso a bienes/servicios fundamentales, principalmente sobre el acceso al agua y al saneamiento, lo cual influye decisivamente en la salud de las poblaciones en los países en desarrollo, aunque también destaca la correlación entre el acceso a estos servicios con las tasas de mortalidad infantil y la desnutrición. Además, a través de su impacto en el potencial de desarrollo físico y de aprendizaje de los niños, la disponibilidad de servicios de salud y fuentes de agua seguras afecta la formación de capital humano y la productividad como trabajadores en su adultez. Un segundo grupo de variables tiene que ver con el nivel educacional alcanzado por los miembros del hogar, en el cual se encuentra la variable del nivel educacional más alto alcanzado por al menos una mujer del hogar que puede considerarse un proxy de la condición femenina medida en términos de la capacidad de autodeterminación. Un tercer grupo de variables incluye las características sociodemográficas -hablamos de la familia, del número y edad de sus miembros- que, según la literatura, están asociadas con la capacidad de obtener bienestar. Un cuarto grupo de variables se refiere a la dimensión espacial -vivir en un área rural o urbana o en determinadas regiones del país- que, según la literatura, afecta la distribución de las oportunidades de bienestar. Los dos últimos grupos de variables fueron principalmente variables de control.

La selección de las variables está determinada por los límites existentes: la información sobre la propiedad de bienes duraderos y no esenciales -TV, motocicletas y otros bienes muebles utilizados- no está incluida en nuestro índice BFS porque son datos que no están disponibles. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del sistema cubano, nuestro enfoque permite explorar los efectos de las reformas en la distribución de los bienes y los servicios básicos producidos y distribuidos por el Estado que, junto con las necesidades alimenticias, pueden influir en la satisfacción de las necesidades básicas y, en consecuencia, en el desarrollo humano.

Los servicios y bienes fundamentales incluidos en nuestro índice se diferencian de otros porque son los que no pueden adquirirse en el mercado, pues no lo tienen en Cuba. De hecho, son los que asigna el Estado a cada familia de forma gratuita o a un precio simbólico. Se deduce que su acceso es (casi) del todo independiente de la distribución del ingreso monetario. El papel exclusivo del Estado en la provisión de los servicios básicos y la ausencia de mercados correspondientes hacen que Cuba sea poco comparable con los demás países en desarrollo en donde este tipo de acceso solo está mínimamente garantizado por el Estado y depende significativamente del poder monetario de los individuos ya que recurren a su compra en el mercado.

Aplicando la técnica del análisis de componentes principales a las variables de la Tabla 1, hemos construido el índice de bienestar BFS. Como resulta esperado, extrajimos el primer vector que explica más del 29.68% de la varianza total¹⁰ (la Tabla 2 muestra los componentes principales con los correspondientes valores propios y la variancia explicada). Este valor de 29.68% de la varianza explicada está en línea con los resultados de estudios similares realizados en otros países: 26% en el estudio de ^{Filmer & Prichett (2001)}, 24% en el de ^{Ward (2014)} y 27% en el de ^{McKenzie (2005)}.

El análisis de los coeficientes que se muestran en la Tabla 3 indica que, como se esperaba, las variables relacionadas con la posesión o el acceso a bienes y servicios básicos -tipo de fuentes de agua y de instalaciones sanitarias, y la educación superior- influyen fuertemente en el índice BFS: la posesión/acceso a bienes/servicios de mayor calidad se asocia con coeficientes con un peso significativo y positivo, y viceversa. Observando los coeficientes asociados a las variables sobre los niveles educacionales de los miembros del hogar, se nota que el nivel de escolarización de las mujeres tiene un impacto importante en el bienestar de las familias. Los coeficientes asociados con las variables espaciales siguen la tendencia esperada: de hecho, el coeficiente del área urbana es positivo, lo que sugiere que las oportunidades de bienestar en estas áreas son mayores. Las variables demográficas tienen valores en la dirección esperada pero sin peso significativo. Tomados en conjunto, los coeficientes señalan que el primer componente principal extraído es un índice de bienestar, medido a partir de los bienes fundamentales no monetarios.

El índice BFS, por la forma en que está construido, tiene un promedio de cero; por lo tanto, para analizar su distribución, no es posible construir los índices de concentración más comunes, como el Gini, el Theil, el Atkinson o el índice de entropía generalizado. Para analizar la distribución del bienestar, utilizamos el índice ^{McKenzie (2005)}, porque es compatible con la distribución del BFS (que incluye valores cero y negativos). Este índice respeta el axioma de la invariancia de escala y permite estimar la proporción de la varianza total de la variable de bienestar atribuible a una partición dada de la distribución. Esta medida corresponde a:

Ic=σcp

Donde σ_c es la desviación estándar del índice BFS de las familias que pertenecen a la “comunidad” c (que podría identificar el área, o el año, como en nuestros casos; véase más abajo) y p es el primer y más grande valor propio producido por la matriz de correlación y además la varianza de BFS en toda la muestra. De la formulación se deduce que el índice de McKenzie es una medida de desigualdad para una muestra específica, ya que se define como la desviación estándar del primer componente principal en una comunidad de interés dada en relación con la desviación estándar de la muestra en su conjunto. Al tratarse de una medida para una muestra específica no se pueden comparar entre sí los valores absolutos de índices de McKenzie estimados en muestras diferentes. Desde el punto de vista cuantitativo, cuanto mayor sea el valor que I_c asume en una comunidad c, mayor será el grado de desigualdad en la comunidad entre los años -o en relación con las otras comunidades de toda la muestra-. Este indicador satisface muchas de las propiedades fundamentales de una medida de desigualdad:

Estimamos el índice McKenzie de desigualdad de la distribución de BFS para 2006, 2011 y 2014 (Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1 Tendencia del BFS por año a nivel nacional 

Resultados

El análisis descriptivo con una perspectiva temporal-histórica de las variables seleccionadas en las tres encuestas (2006, 2011 y 2014) muestra algunas características esenciales de la paradoja cubana: Cuba tiene estadísticas sociales comparables con las de los países industrializados, a pesar su economía pobre. Según la Tabla 1, el nivel promedio de educación alcanzado por la población cubana, que ya era alto en 2006, continuó aumentando en los años siguientes, especialmente en 2006-2014: la prevalencia de familias encabezadas por un individuo sin educación o que tiene completado solo el ciclo de la escuela primaria ha disminuido del 23.06% de 2006 a aproximadamente el 13.7% de 2014, mientras que la proporción de familias con personas que logran terminar los niveles educativos más altos ha crecido.¹² La estructura de edad de la población cubana es similar a la típica de los países industrializados, además, en el periodo examinado, el tamaño de las familias, ya reducido en 2006, se ha contraído aún más: aumentaron las familias formadas por uno o dos miembros, y disminuyeron las de cuatro o más personas.

Como ya se discutió arriba, el acceso al agua potable y al saneamiento son algunos de los principales factores que influyen decisivamente en el estado de salud de las personas. Existen diferentes fuentes de suministro de agua, unas más seguras que otras. El estándar más avanzado, casi universal en los países industrializados, es el de las tuberías dentro del hogar. La mayoría de las familias cubanas tienen acceso a esta fuente de agua, y su porcentaje se elevó en el periodo considerado: pasó del 59% en 2006 al 63% en 2014.¹³ Por el contrario, el porcentaje de las familias que se ven obligadas a utilizar fuentes de agua más peligrosas y precarias -una fuente no protegida, agua de lluvia, de pipa, de carreta con tanque o agua de superficie- es muy pequeño, con niveles de irrelevancia estadística para 2014 (Tabla 1). Esta tendencia tiene otra confirmación en los datos más recientes, disponibles en el Anuario 2020 que se refieren a 2019: el porcentaje de población con acceso a fuentes de agua mejoradas es de 96.7%, y en particular, de 98.3% en las áreas urbanas y de 91.5% en las rurales. Sin embargo, la mayoría de los cubanos prefieren tratar el agua para mejorar su potabilidad, en un porcentaje que ha aumentado rápidamente, esto es, era de menos de la mitad en 2006, pero en 2014 alcanza al 70%. Considerando que Cuba es un país en desarrollo, esta tendencia del tratamiento del agua constituye un progreso significativo. De hecho, este fenómeno está relacionado con el lanzamiento de la campaña del gobierno de 2010 dirigida a promover el tratamiento del agua y creada para erradicar brotes de cólera y otras enfermedades diarreicas (^{MINSAP, 2014}). La situación ha mejorado significativamente incluso para las familias más desfavorecidas, es decir, aquellas que carecen de sistemas de agua corriente y potable dentro de la vivienda: el porcentaje de las familias que pueden acceder al agua al menos en el área externa, sin tener que ir a los alrededores, de hecho, se ha elevado de aproximadamente un tercio a más de la mitad. El acceso al equipo de saneamiento también mejoró durante el periodo considerado. El porcentaje de las familias cubanas equipadas con la tecnología sanitaria más avanzada -servicio sanitario conectado al sistema de alcantarillado- pasó de 42% en 2006 a más del 49% en 2014. Paralelamente, la incidencia de las familias con tecnologías sanitarias menos avanzadas, como la del baño compartido, ha disminuido (Tabla 1). En general, estos resultados indican que, en el periodo examinado, el acceso a bienes y servicios esenciales tuvo influencia en porciones crecientes de la población.

Por las razones explicadas en el epígrafe anterior, utilizamos el índice McKenzie para analizar la distribución del bienestar estimado con el índice BFS que construimos a nivel de hogar. Este índice ha revelado un aumento modesto durante el subperiodo 2006-2011 ya que era de 0.65 en 2006 y alcanzó un 0.67 en 2011, para luego, en el siguiente subperiodo, ser de 0.63 en 2014 (más bajo que en 2006). En otras palabras, nuestros resultados indican que, entre 2006 y 2014, hubo una tendencia decreciente no monótona de la desigualdad de bienestar entendida en términos de acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios. Dicho de otra forma, se registra una disminución modesta de la desigualdad en el periodo 2006-2014 respecto al 2006-2011.

Dado que el índice McKenzie es una medida de desigualdad para una muestra específica, y los índices estimados en muestreos diferentes no son comparables en sus valores absolutos, estimamos el índice BFS separadamente y por cada año para áreas urbanas y rurales. En 2006 el índice McKenzie para las zonas rurales es de 0.5, mientras que en las urbanas es de 0.45, es decir, que el nivel de desigualdad es más alto en las áreas rurales. La diferencia entre el índice McKenzie de áreas rurales y urbanas se mantiene en 2011 y 2014. En 2011, las zonas rurales reportan 0.59 y las urbanas 0.57; y en 2014 en las zonas rurales será de 0.51 y en las urbanas de 0.49. Esto sugiere indirectamente que las políticas de inversión para el mejoramiento de la infraestructura existente y el desarrollo de las áreas rurales han mejorado el bienestar de las zonas rurales, aunque todavía es insuficiente para garantizar una igual distribución de los bienes fundamentales en las áreas rurales y urbanas (^{Gabriele, 2012}; ^{Nova, 2013}; ^{Leyva & Arias, 2015}; ^{Fuentes, 2014}; ^{Echevarría-Leon & Tejuca, 2015}).

Discusión y conclusiones

En los últimos diez años, el número de estudios dedicados al análisis de los desequilibrios de la distribución del bienestar y más generalmente a las desigualdades, ha crecido significativamente. Sin embargo, son relativamente pocos los que abordan el caso cubano por la escasez de datos disponibles. Nuestro estudio, si bien tiene límites relacionados con esta última dificultad, intenta llenar el vacío al menos parcialmente, dado que investiga una forma particular de bienestar: el acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos, que es en particular interesante en la Cuba actual donde se pretende combinar la todavía dominante redistribución -entendida como un mecanismo de integración a la ^{Polanyi (1944)}- con los mecanismos del mercado.

En comparación con otros países del continente, Cuba siempre ha asignado una gran parte del producto interno bruto a la producción y distribución de bienes fundamentales con base en un principio universal de política social: servicios de salud y educación, actividades culturales, deportivas y recreativas, y bienes materiales, como alimentos a través del mercado racionado (la libreta) por núcleo familiar. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado; debido a las crisis económicas, las inversiones en bienes fundamentales se han mantenido nominalmente, pero han disminuido en términos reales. Además, las reformas económicas adoptadas para responder a las crisis han tenido el efecto de aumentar el peso de los mercados en algunos sectores económicos específicos y de las relaciones monetarias para satisfacer las necesidades de las familias. Sin embargo, la redistribución se ha mantenido como el mecanismo predominante en los sectores tradicionales que dominan la producción de bienes fundamentales. Dadas estas circunstancias, el significado que pueden asumir los índices monetarios clásicos en Cuba -incluso si fuera posible estimarlos correctamente- es claramente diferente del asumido por estos mismos índices en otros países de economía de mercado. Como consecuencia, nuestro estudio se ha centrado en la distribución de un tipo particular de bienestar que hemos denominado BFS y que refiere a la satisfacción de las necesidades fundamentales no alimentarias.

Por lo tanto, nuestro estudio ofrece, por primera vez en los últimos años, un análisis de la tendencia en la década anterior de las desigualdades en el acceso a bienes fundamentales no monetarios en Cuba. Utilizando los datos MICS-UNICEF y encuestas representativas a nivel nacional de 2006, 2011 y 2014, creamos un índice de bienestar utilizando la técnica del análisis de componentes principales (^{Filmer & Pritchett, 2001}; ^{Kolenikov & Ángeles, 2004}, ²⁰⁰⁹; ^{Ward, 2014}). Luego, usando el índice ^{McKenzie (2005)}, estimamos la distribución entre la población cubana para el periodo 2006-2014. Nuestros principales resultados sugieren que la desigualdad en el acceso a los bienes fundamentales tendió a disminuir en 2006-2014; sin embargo, la disminución es modesta y no monótona porque ha crecido la desigualdad en la primera parte de este periodo, es decir, entre 2006 y 2011. Encontramos también una disminución de las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales, aunque las primeras siguen siendo favorecidas en la distribución de bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentarios.

Nuestros resultados pueden parecer sorprendentes en comparación con los de estudios previos que muestran un aumento en los niveles de desigualdad de los ingresos o un deterioro en las áreas de igualdad. Sin embargo, aunque modesta, la tendencia decreciente en la desigualdad respecto al acceso a los bienes fundamentales que hemos hallado no contradice lo sugerido por dichos estudios. De hecho, esta contradicción es solo aparente, ya que hablamos de fenómenos que se arraigan en distintas esferas de la economía cubana que son casi completamente independientes entre sí (^{Romanò & Barrera, 2019}; ^{Domínguez, 2012}). En particular, la esfera de las relaciones monetarias en Cuba se refiere a mercados segmentados, no regulados y en gran medida monopólicos e informales en los que se da la producción de bienes y servicios de consumo y de lujo. Por el contrario, el alcance de las inversiones en los servicios públicos destinados a crear bienes fundamentales y distribuirlos está regulado por la planificación central estatal. Nuestro estudio se enfoca en la esfera social y productiva que sigue dominada por el principio de redistribución. Además, la tendencia al decrecimiento en la desigualdad del BFS aquí observada no es incompatible con el deterioro de los servicios ofrecidos en las áreas de igualdad analizadas por estudios anteriores -que incluye la contracción de la educación terciaria después de 2010 (^{Echevarría-Leon & Tejuca, 2015})-. La razón principal es que los efectos de las reformas y los recortes de inversión en términos reales en los servicios de bienestar tienen efectos años después a causa de su componente inercial. También es plausible que las inversiones masivas y capilares dirigidas al tratamiento del agua y el aumento en la propagación de sistemas sanitarios más seguros creados durante el subperiodo 2011-2014 hayan compensado el impacto distributivo negativo vinculado a la reducción de las inversiones en otros servicios clave (incluida la educación superior) que tuvieron lugar durante el subperiodo 2006-2011.

Solo un análisis completamente multidimensional de la desigualdad en Cuba, que por lo tanto incluyese bienes monetarios y no monetarios, permitirá comprender mejor las tendencias en curso, así como las relaciones entre las diferentes dimensiones del bienestar. Desafortunadamente, aún no ha sido posible llevarlo a cabo porque el acceso a los datos de la encuesta de consumo de los hogares no es público.