Conflictos por agua en el medio urbano

La historia de México sugiere que la aridez, los patrones irregulares de precipitación y el incremento de la población no son suficientes para explicar los conflictos por el agua en las áreas urbanas, sino que se requiere de un abordaje interdisciplinario del conflicto, que otorgue un lugar central a la interacción entre los factores físico-naturales y los procesos socioeconómicos, políticos y culturales (^{Castro, 2017, pp. 32-33}).

Desde la década de 1970, las áreas urbanas de México han experimentado mejoras sustanciales en los niveles de cobertura de tales servicios, pero las cifras no reflejan su falta de calidad y, más importante, la calidad del agua que se distribuye para el consumo humano es sumamente irregular (^{Castro, 2017, pp. 34-35}). En Aguascalientes se ha mejorado respecto a la cobertura, pero perduran los problemas en la política de tandeos, y en el desabasto y calidad del agua.

A partir de la década de 1990, las políticas de privatización implementadas en México se enfocaron en reconstituir los servicios de agua potable y saneamiento, siguiendo la tendencia de promover la privatización del suministro del agua potable que se aplicaba en países desarrollados por parte de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En México, la Conagua fue determinante en la promoción de este tipo de medidas (^{Pacheco-Vega, 2015}), es decir, que se propuso la concesión del servicio a empresas de capital privado como solución a los problemas del agua, asumiendo que esto generaría mayor inversión en infraestructura para mejorar el servicio, lo que no sucedió. Este proceso ha sido ampliamente estudiado desde la academia (^{Pablos, 2002}; ^{Torregrosa, 2005}; ^{Caldera Ortega, 2009}; Pacheco-Vega, 2014; ^{García de Loera, 2019}). ^{Caldera Ortega (2015)} explica cómo la participación privada en el sector agua fue justificado mediante los montos de inversión que el gobierno ya no hacía siguiendo ese esquema; pero la gestión del agua en la ciudad no ha alcanzado autonomía financiera efectiva respecto de recursos provenientes del sector público, dado que la Concesionaria de Agua de Aguascalientes, S. A. (CAASA) no se ha hecho cargo de sus responsabilidades de inversión. Y a la vez señala los resultados positivos en ciertas dimensiones asociados a la “eficiencia” en el plano técnico.

La cobertura de servicios de agua entubada ha aumentado y su cálculo incluye a la población que la tiene dentro de la vivienda o terreno, de llave pública o hidrante, o de otra vivienda. Para 1990 la cobertura a nivel nacional era de 78.4%; en zonas urbanas de 89.4% y en las rurales de 51.2%. Para 2020 se registró un incremento. La cobertura urbana pasó a 98% y la rural a 89.1%, mientras que la nacional llegó a 96.1%. En cuanto a la cobertura de alcantarillado a nivel nacional, en 1990 fue de 58.6%; la de zonas urbanas fue de 79.6% y la de las rurales de 14.2%. Para 2020 este dato aumentó a 93.8% a nivel nacional, con 97.7% para las áreas urbanas y de 79.6% para las rurales (Conagua, 2022).

En Aguascalientes el servicio de agua potable y alcantarillado fue concesionado en 1993, Ingenieros Civiles Asociados (ICA),² una empresa de capital privado, que, junto con otras dos, fueron las que “obtuvieron los primeros contratos de operación privada de agua urbana en México. La segunda compañía es Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD). […] Esta compañía ganó la concesión de Cancún en 1995. En tercer lugar, está Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa). […]. Esta firma ganó el contrato por servicio de la ciudad de Navojoa a finales de 1996” (^{Pablos, 2002, pp. 63-64}).

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (^{Coneval, 2019}), Aguascalientes se coloca como el primer estado de la república mexicana con mayor cobertura de agua potable en el ámbito nacional con un 99.1%, y segundo, después de la Ciudad de México, en cobertura de drenaje con 98.5%.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) sobre el suministro constante de agua por estado, en Aguascalientes solo el 61.4% de los encuestados refirió que en su ciudad eso era así, un porcentaje que baja considerablemente cuando se trata de la percepción sobre la calidad del agua: solo el 21.1% de la población encuestada refirió que el agua es bebible y que no tenía temor de enfermarse (pp. 10-15) (INEGI, 2018). De acuerdo con la Semarnat, la tasa de agua que se desinfecta para consumo humano es alta, a nivel nacional y local; en la Tabla 2 se resumen estos datos.

La percepción de la mala calidad del agua genera mayores gastos en los hogares; frente a la desconfianza de beber agua de la llave se ha propiciado el consumo normalizado de agua en garrafón que genera un mayor gasto económico, de acuerdo con los resultados de la “Encuesta sobre agua y conflictividad en tres municipios del Estado de Aguascalientes; Jesús María, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes”. Con mayor frecuencia se consumen dos garrafones de veinte litros por semana en los hogares de Aguascalientes.

Existe un problema al tener una legislación que otorga el derecho humano al agua, pero que no toca en ningún momento la discusión sobre la necesidad (o no) de tener una industria del agua embotellada. Es claro que los gobiernos municipales abandonaron su responsabilidad al permitir que los hogares mexicanos consuman altas cantidades de agua embotellada (^{Pacheco-Vega, 2017, pp. 204-205}).

En Aguascalientes, como en todo el país, la exigencia de recibir agua bebible directamente del grifo ya no está en la agenda pública. En este contexto, de una mala gobernanza del agua y falta de seguridad hídrica, resulta pertinente entender las diferentes percepciones y relaciones de poder entre los actores en disputa por el agua, así mismo, explicar los lenguajes de valoración y objetivos que busca cada parte. Para esto, el enmarcamiento (framing) brinda la posibilidad de indagar las relaciones entre las sociedades humanas y su entorno natural, en este caso, la relación de los asentamientos urbanos y su relación con el agua.

El enfoque de enmarcamiento (framing)

El enfoque de enmarcamiento posibilita analizar cómo los actores perciben la problemática del agua en Aguascalientes. Dentro de las disputas ambientales, dicho enfoque busca de forma práctica clarificar, simplificar y comunicar a las partes del conflicto las raíces subyacentes de sus respectivas posiciones e intereses para llegar a la comprensión mutua y facilitar el compromiso o resolución (^{Shmueli, 2008, p. 2048}).

El concepto de enmarcamiento evolucionó gracias al encuentro de varias disciplinas. Por una parte, se puede ver como una perspectiva de las ciencias sociales para decodificar y dar sentido al comportamiento de las personas, en especial en situaciones en las que se debe tomar decisiones (^{Shmueli, 2008}). Aplicado al caso de Aguascalientes, permite comprender un conflicto sobre la gestión del agua. Esta metodología facilita articular el análisis de los conflictos ambientales con la forma en que los distintos actores los perciben y expresan.

El enmarcamiento y el análisis del discurso tienen aspectos en común: análisis del texto, uso del lenguaje y narraciones, valoración de las normas, y prácticas entendidas desde marcos valorativos semejantes.

El marco de conflicto de políticas

La intensidad del conflicto por el agua en Aguascalientes puede explicarse entendiendo las percepciones de los actores que participan en esas disputas, así como a partir de las estrategias que ellos despliegan buscando una solución inmediata de la problemática o para incidir en la agenda y en la elaboración de políticas públicas que lleven a una mejor gobernanza hídrica.

Respecto a los actores políticos, se retoma aquí a ^{Weible & Heikkila (2017)}, quienes los definen como “aquellos individuos involucrados activamente en un tema político. Pueden estar afiliados o no afiliados a algún tipo de organización” (p. 24). En Aguascalientes, el agua es un tema político, por lo que este marco permite establecer la intensidad del conflicto y los niveles de acción de los actores.

A partir de la propuesta teórica y metodológica del marco de conflictos de ^{Weible & Heikkila (2017)}, se construye un análisis sobre la conflictividad en torno al agua en Aguascalientes, con el propósito de explicar la intensidad del conflicto y sus características. Con esta herramienta se describen y explican las condiciones en que prevalece el conflicto de forma latente y con baja intensidad. Además, el marco de conflicto de políticas ofrece la posibilidad de dar guía a investigaciones teóricas, prácticas y empíricas; y se centra en la definición conceptual de un episodio de conflicto de políticas que distingue entre características cognitivas y conductuales.

La palabra marco se puede usar como sustantivo (marco) y como verbo (enmarcar). Como sustantivo, marco connota el límite dentro del cual se muestra una imagen y se separa del fondo; se desempeña a manera de filtro en la percepción, interpretación y comprensión de situaciones específicas. El verbo enmarcar se refiere a la elaboración deliberada o no de un marco durante la comunicación (^{Shmueli, 2008, p. 2049}).

Las características cognitivas de un episodio de conflicto de políticas incluyen la divergencia en las posiciones políticas entre dos o más actores, las amenazas percibidas de las posiciones políticas de los oponentes, y la falta de voluntad para comprometerse. Estas características se manifiestan en variados comportamientos, por ejemplo, enmarcamiento, cabildeo, construcción de redes. Los episodios de conflictos de políticas están condicionados por un entorno donde hay diferentes niveles de acción que pueden dar lugar a conflictos, por atributos interpersonales e intrapersonales de actores, eventos y el tema de la política. A su vez, los productos y resultados de dichos conflictos producen efectos de retroalimentación que dan forma a la configuración de la política (^{Weible & Heikkila, 2017, p. 23}).

Para ^{Weible & Heikkila (2017, p. 24)}, el marco se centra en la definición de un episodio de conflicto de políticas, donde dos o más actores de tal ámbito expresan características cognitivas y de comportamiento durante un periodo de tiempo corto o largo.

Los conflictos de políticas son integrales y ni buenos ni malos en la configuración de los resultados de la gobernanza y la política de cualquier sociedad; no son inherentemente insalubres para los individuos o la sociedad. De hecho, cierta intensidad de conflicto es normal y saludable para la dinámica de grupo en cualquier nivel de acción (^{Weible & Heikkila, 2017, p. 28}).

A partir del análisis de los datos empíricos, se observa que en Aguascalientes se percibe que no hay seguridad hídrica, sin que esto se entienda como grave; se ha normalizado la situación de escasez y mala calidad del agua que ha persistido por años, de modo que se puede hablar de una situación de inseguridad hídrica intermedia, la cual se define como una seguridad hídrica mínima que transita hacia la inseguridad en momentos de crisis ―cortes del servicio o tandeos más prolongados―, pero en la que se considera “suficiente” el acceso al agua, debido a que se ha normalizado la percepción de escasez, en gran medida por la aplicación sistemática de la política de tandeos, el abastecimiento con pipas y la permisividad de los actores formales frente a prácticas informales ―por ejemplo, el agua embotellada―, lo que produce un conflicto latente sin solución para el problema de fondo, además de ser usado como parte de un discurso político que provoca que exista por momentos mayor percepción de inseguridad hídrica, o una situación, como señala ^{Madrigal (2014)}, donde las relaciones sociales son construidas y mantenidas bajo una tensión negociada y el conflicto no es algo que está o no está y se debe aprender a vivir con ello, de ahí que las relaciones sociales se estructuran de una forma particular en un estadio social que denomina “no conflicto”.

Para ^{Pacheco-Vega (2021)}, los conflictos se clasifican también en términos de su visibilidad; pueden ser imperceptibles o invisibles porque atraviesan por un estado de latencia (conflicto latente) o porque todavía no detonan (conflicto atenuado). En el caso de la ciudad de Aguascalientes es esencial entender y explicar la intensidad del conflicto, qué condiciones existen y por qué perdura o si hay condiciones para que se resuelva (^{Weible & Heikkila, 2017, p. 28}). Para ello se utiliza la estructura conceptual del marco de conflicto de políticas y, a partir de sus categorías conceptuales, se analiza el discurso de los actores participantes y su percepción sobre el conflicto en el caso de Aguascalientes.

La propuesta metodológica se fundamenta en la idea del diagrama de flujo del marco de conflicto de políticas (Figura 2).

Fuente: Adaptado de ^{Weible & Heikkila (2017, p. 27)}.

Figura 2 Diagrama de flujo del marco de conflicto de políticas 

Las características de los episodios de conflictos de políticas son cognitivas y conductuales. Las primeras, que se vinculan con su comportamiento, indican su intensidad, y corresponden a los esfuerzos de los individuos para influir directa (cabildear, votar, etcétera) o indirectamente (protestas, debates, etcétera) sobre los resultados del conflicto. Estos conflictos están condicionados por una configuración de políticas, lo que incluye cuatro categorías interactivas: niveles de acción, actores de políticas, eventos, y el tema de políticas. Los efectos de retroalimentación en la Figura 2 a través de productos y resultados simbolizan la continuidad de episodios de conflictos de políticas.

El enmarcamiento del conflicto

A partir de la metodología propuesta por ^{Shmueli (2008)}, se llevó a cabo el análisis de texto de las notas periodísticas de dos bases de datos y la interpretación de los resultados de la encuesta donde aparecen tópicos que subyacen en las respuestas de los entrevistados. El análisis se compone de las siguientes fases:

A. Recopilación de datos, usando tres elementos de información:

B. Análisis.

El primer elemento analizado fue la encuesta realizada en los municipios de Jesús María, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes aplicado a 250 habitantes. La finalidad de este análisis fue conocer la percepción de los habitantes y el enmarcamiento que, desde los actores de la sociedad civil, se construye sobre el conflicto de agua.

El segundo elemento analizado fue la base hemerográfica de conflictos para el periodo 1989-2009, compuesta por 1162 notas periodísticas. Mediante el análisis del discurso se construyeron categorías con las temáticas que se mencionaban. Así, se encontraron 1432 menciones sobre distintos temas que se agruparon en las siguiente 22 categorías:

El tercer elemento examinado fue la base de datos “Aguascalientes: seguimiento de medios 2000-2018”, que contiene notas periodísticas aparecidas en los medios de comunicación en el periodo 2000-2018. Utilizando en la búsqueda los términos “agua”, “conflictos por agua” y “escasez de agua”, se recabaron 191 notas periodísticas sobre el agua en Aguascalientes, en las que aparecen 256 menciones sobre diversas temáticas sobre dicho recurso; estas se clasificaron en 26 categorías. Los temas sumados para este periodo fueron referentes a:

De acuerdo con el análisis de la “Base hemerográfica conflictos 1989-2009”, en 1989 los problemas relacionados con el agua no tenían presencia importante en los medios de comunicación, lo cual cambió a partir de 1990 cuando la discusión se centró en la falta de cobertura en agua de uso público urbano, en las tarifas del servicio, fugas y falta de mantenimiento. Para 1991 se inició la discusión sobre la concesión privada del servicio lo que se prolongó hasta 1993 cuando se otorgó la licencia a Caasa; en este marco, el tema que cobró relevancia fueron las tarifas por el servicio y el corte del servicio por impago.

Los resultados de la encuesta son una muestra representativa de las posturas desde la ciudadanía. En las bases de datos aparecen los debates públicos sobre el agua. El conflicto por el agua en Aguascalientes, además de por la escasez, se explica por los marcos de referencia, percepciones y formas en que distintos actores entienden y usan el conflicto, es decir, de acuerdo a su enmarcamiento sobre la seguridad hídrica en la ciudad.

A partir de los resultados de la encuesta, se observa que el punto relevante era la existencia de prácticas individuales para un uso racional del agua, las cuales se vinculaban a una ciudadanía ecológica con personas cuyo campo de acción eran las prácticas que contribuían al ahorro del agua, pero sin poner demasiado interés en la esfera pública. Esta postura individualista, sumada a la falta de organización ciudadana, son variables que explican en parte que el conflicto mantenga una baja intensidad. En la Figura 4 se presentan las estrategias individuales que los encuestados mencionaron que implementaban para cuidar y contribuir a generar hábitos en favor del cuidado del agua.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta del proyecto “Conflictos por el agua en México: Elementos de gobernanza y propuestas de política pública”.

Figura 4 Estrategias individuales para el cuidado del agua 

La percepción de la ciudadanía sobre el problema del agua y su posible solución se construye a partir de prácticas individuales, postura que deja de lado un contexto de poca transparencia, desigualdad, mala gobernanza del agua y la falta de certeza jurídica respecto al acceso en condiciones de cantidad y calidad óptimas de este bien público. Esta respuesta individual a la crisis del agua genera expectativas irreales para buscar una solución, oculta la necesidad de mayor participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, y de mayor transparencia en la gestión del agua. En este sentido, ^{Caldera (2015)} plantea de forma crítica, en términos de arreglos institucionales estrictamente políticos, la exclusión de la ciudadanía del proceso democrático para la rendición de cuentas a la cual también debería estar sujeta la empresa en tanto responsable de la operación de un servicio público esencial para el municipio.

El análisis de las dos bases de datos arrojó que las problemáticas más recurrentes en el debate público fueron la escasez de agua, aumento de las tarifas por el servicio, contaminación de mantos acuíferos, y el corte del servicio por falta de pago. Se advierte la recurrencia de denuncias en la zona oriente de Aguascalientes, en donde constantemente se restringe el servicio mediante tandeos.

Con el análisis de la “Base hemerográfica conflictos 1989-2009”, se contabilizaron los temas más mencionados y se les agrupó en categorías por año durante los 29 años que comprenden las dos bases de datos. Los de mayor cobertura a partir de 1989 y hasta 2009 fueron las tarifas de agua potable o corte por falta de pago; la concesión privada del servicio de agua potable, que tuvo una importante cobertura previa y durante 1993, un aumento que coincidía con la concesión que se le dio a una empresa privada para que prestara el servicio de agua potable. En años posteriores, esta concesión ha conservado su relevancia en los medios, dado que persisten las quejas por el continuo aumento de las tarifas del agua, además de los problemas de abastecimiento y los cortes por impago. La discusión sobre la concesión a un privado y una posible remunicipalización ocurre sobre todo entre partidos políticos y representantes populares. Los actores que más opinaron al respecto fueron regidores, diputados locales y alcaldes de Aguascalientes.

A partir de 1993 que se concesiona el servicio a Caasa-Veolia, el tema más mencionado en los medios es el costo del servicio, alcanzando su punto máximo en 1995, año de la crisis económica que vivió el país a partir de diciembre de 1994 y de la llegada de Alfredo Reyes Velázquez, del Partido Acción Nacional, al gobierno municipal, él había prometido en su campaña la remunicipalización del servicio. Como explica ^{Caldera Ortega (2009)}, el resultado de este intento fue “la intervención de los demás órdenes de gobierno (el estatal y federal aún priistas), quienes consiguieron conciliar las partes (empresa y gobierno municipal) a través de una renegociación del título de concesión” (p. 220). Sin embargo, en realidad ha sido aparente la regulación del organismo supervisor municipal ―Comisión Ciudadana del Municipio de Aguascalientes (Ccapama)― sobre la empresa (Caasa-Veolia), debido posiblemente a que el título de concesión tiene condiciones que parecen ser radicalmente favorables para esta última, lo que limita la sanción efectiva por incumplimientos en los estándares de calidad del servicio.

En la base de datos “Aguascalientes seguimiento de medios 2000-2018”, son los usuarios domésticos, periodistas y servidores públicos quienes más expresan su opinión sobre temas de escasez en uso doméstico o tandeo y de tarifas del agua potable o corte. El debate público se centra sobre todo en la falta de abastecimiento de agua potable o corte por falta de pago, y en las tarifas de agua que excluyen a los usuarios de bajos recursos económicos.

La promoción de obra pública hidrosanitaria ocupa de modo importante la cobertura de los medios de comunicación en Aguascalientes, con menos presencia, pero constantemente, aparecen la escasez y tandeos en las diversas colonias de la ciudad, así como las frecuentes quejas sobre el alza en las tarifas y los cortes por falta de pago; la calidad del agua y la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento son los temas que menos aparecen.

Durante el periodo que abarcan las bases de datos (29 años), la problemática no ha cambiado en lo sustancial. La visión de los actores sobre el agua como un bien público es muy limitada; como se puede observar en la Figura 5, el tema de mayor interés es el costo de las tarifas de agua potable. Durante estos años han prevalecido los temas que se presentan en la Figura 5.

Fuente: Elaboración propia con base en “Base hemerográfica conflictos 1989-2009” y “Aguascalientes seguimiento de medios 2000-2018”.

Figura 5 Temas en notas periodísticas 1989-2018 

El tema del derecho humano al agua apareció solo en cuatro ocasiones: tres notas en 2017 y una en 2018. Se observa desinterés para exigir o asegurar el acceso al agua en cantidad, calidad y en garantizar su acceso a la ciudadanía. El debate público se enfoca en las tarifas y el corte por impago, lo que es aprovechado por el discurso político.

A pesar de las altas tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado en la ciudad, no se puede hablar de seguridad hídrica, dadas las deficiencias en cuanto al acceso en cantidad (tandeos) y calidad suficientes, el marco institucional no establece mecanismos que garanticen el derecho humano al agua, faltan dispositivos de participación ciudadana efectivos, el debate público se ha nutrido de la promoción de obra pública por parte de los diversos actores institucionales, y los políticos usan el discurso sobre el agua con fines propagandísticos. En la ciudad de Aguascalientes persiste la percepción de inseguridad hídrica, lo que ha dado lugar a protestas individuales en momentos de mayor escasez en el abasto de agua potable debido a cortes en el servicio, altas tarifas o tandeos prolongados: “la ciudad de Aguascalientes ofrece un contexto favorable para el análisis de la inseguridad hídrica, pues es una zona en donde existe una escasez natural del agua y ésta a su vez aumentada por la actividad humana y una gestión basada en el bajo respeto por el estado de derecho, y la pobre capacidad operativa para la vigilancia de la adecuada aplicación de regulaciones y normas” (^{García de Loera, 2019, p. 14}).

Con el análisis de la encuesta y las bases de datos que comprenden 29 años de información, se ha indagado en las diversas formas de enmarcamiento del conflicto y la gestión del agua de los actores en disputa en la ciudad de Aguascalientes.

C) Marcos de percepción de los actores.

A partir de los marcos propuestos por ^{Shmueli (2008)}, se han agrupado los temas en cinco categorías de marcos: identidad y valores, fraseo, marcos sustanciales, proceso, y caracterización, los cuales se describen enseguida.

Respecto a los actores, con base en el análisis realizado, se les ha clasificado en los siguientes grupos:

Con base en el análisis de enmarcamiento (framing) se han estudiado los discursos de los actores y se ha elaborado la Tabla 3 para inventariar los valores desde los que enmarcan y entienden la problemática del agua en la ciudad de Aguascalientes.

El enmarcamiento que se evaluó a partir de los discursos recabados en las bases de datos y la encuesta permitió elaborar las tipologías anteriores y dio la posibilidad de describir los marcos y submarcos sobre el conflicto desde los distintos actores participantes.

En relación con los marcos del proceso, la percepción de los actores sobre la gestión del agua en la ciudad se considera injusta e ilegal, en tanto la ciudadanía percibe que se omite el cumplimiento del artículo 4° de la Constitución referente al derecho humano al agua, esto se puede observar en lo que difunden los medios de comunicación sobre el corte por falta de pago, lo cual genera la percepción de que existe una omisión de la ley. Prevalece la percepción de falta de legalidad, de rendición de cuentas, mayor transparencia y la total falta de inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el agua en Aguascalientes.

Los marcos de caracterización revelan cómo los actores perciben su propio comportamiento. A partir de los discursos publicados en los medios de comunicación se puede caracterizar la autopercepción del comportamiento de los actores; así, la ciudadanía se percibe desde la vulnerabilidad de su derecho al acceso al agua y busca implementar prácticas de ahorro frente a la crisis, mientras que la clase política usa frecuentemente el agua como discurso político, percibiéndose como críticos de la gestión del agua. El organismo operador en cambio se autopercibe como eficiente y que ha logrado los más altos porcentajes de cobertura en el país. En términos de ganar-perder y la visión de crecimiento económico, los actores privados y políticos son los virtuales ganadores en la arena de quien se apropia, accede y usa el agua en la ciudad. Su contraparte, la ciudadanía ―con un abasto precario del bien―, se ubica como uno de los perdedores en este escenario caracterizado por un manejo insostenible del agua.

Se observaron además las posiciones que se contraponen en temas específicos respecto a la valoración y oportunidad de acceder al servicio de agua potable, y las condiciones que influyen en la baja intensidad del conflicto. Estas posturas están enmarcadas por instituciones hídricas, políticas y legales que no facilitan o garantizan el Estado de derecho de las partes (^{Ruiz Ortega, 2017}). Se puede señalar entonces que la ciudad de Aguascalientes está frente a una crisis de gobernanza o gobernanza clientelista del agua, y no se vislumbra la aplicación de estrategias efectivas para un manejo más sostenible del agua. En el fondo de la discordia se encuentra el uso y explotación del agua como recurso económico y político. En los marcos de percepción, en línea con lo que dice Shmueli, entre los valores fundamentales esta investigación halló baja percepción de riesgo, exigencia de justicia y el uso del agua como recurso discursivo para acceder al poder.