Introducción, justificación y marco
Uno de los principales problemas que afecta al medio rural en España es el despoblamiento del campo y dentro del panorama español, la comunidad de Castilla y León es una de las más afectadas. El envejecimiento de la población, la masculinización del campo, y la migración a las ciudades producido durante el siglo XX ha provocado un gran desequilibrio territorial (Camarero et al., 2009) que ha convertido el despoblamiento y la despoblación en un problema de Estado. Indicadores como la densidad de población, el índice de envejecimiento o la tasa migratoria, señalan que la lucha contra esta sequía poblacional debe acometerse cuanto antes. Este no es un problema solamente español, sino que también es europeo (Fernández Prieto, 2018), puesto que dos de los problemas que más preocupan a la Unión Europea son la sostenibilidad del mundo rural y la cohesión territorial. Según los últimos estudios realizados por la Comisión Europea, Europa está envejeciendo de forma dramática. Para Iskra Mihaylova (FEMP, 2018) Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, la despoblación es uno de los grandes retos políticos que enfrenta la Europa de hoy y afecta directamente al desarrollo equilibrado de los territorios, especialmente en las zonas rurales y montañosas, que representan 80 por ciento del territorio europeo. El caso español no es único en Europa. Según el programa comunitario European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON, 2018) las regiones más afectadas se encuentran en los países Bálticos, Alemania, países mediterráneos y los situados en el este de Europa. Teniendo esto en cuenta, se constata que el desarrollo demográfico es dominado por una polarización urbana-rural dominante y creciente, unida, además, al fenómeno del envejecimiento. La Comisión Europea, ya está observando este fenómeno, que se produce en parte por tasas de natalidad más bajas y un aumento de la esperanza de vida. Algunos territorios del norte de Europa sumamente despoblados como las Tierras Altas de Escocia y Laponia han afrontado con éxito esta problemática de la despoblación. La forma de conseguirlo ha sido en primer lugar con la elaboración de planes contra la despoblación a medio y largo plazos. En segundo lugar, con consenso, es decir, evitando luchas partidistas y afrontar una política común antidespoblación. Para ello ha sido fundamental además del consenso político, apostar por la tecnología, el apoyo de las universidades y la innovación social (De Fleming, 2017). Hay que señalar, por citar y hacer una interesante comparación también con Iberoamérica, que según datos de Naciones Unidas (Belinchón, 2021), se constata que España y México tienen cierto paralelismo, puesto que desde la década de 1950 la población rural ha descendido de forma casi constante, pasando de 57.35 por ciento en México y 48.08 por ciento en España hasta 19 por ciento en 2020 en ambos países y se espera que para 2050 alcance 12 por ciento en ambos casos.
Los datos que aporta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, 2017) son bastante elocuentes, pues estima como municipios en riesgo de extinción aquellos con menos de mil habitantes, cifrados en 4,995 en 2016, más de la mitad del total. Además, de los 2,562 que tienen menos de 500 habitantes, 1,286 no pasan de 100. De esta situación se han hecho eco desde diferentes instancias como los medios de comunicación, diferentes foros académicos y de ciudadanos, dando voces de alarma en las áreas más castigadas como Aragón o Castilla y León (Pinilla y Sáez, 2016), e incluso desde lo que se ha denominado “ensayos emocionales” (Del Molino, 2016).
Debido a esta problemática, en el año 2019 tuvieron lugar movilizaciones ciudadanas importantes en estos territorios, de las cuales, tuvieron gran eco mediático las manifestaciones realizadas en la provincia de León, demandando medidas para acabar con las desigualdades territoriales y pidiendo inversiones que ayudaran a reducir del descenso de la población. Estas movilizaciones han tenido al menos el efecto de visibilizar esta problemática a nivel mediático nacional e introducirla en las campañas electorales de los principales partidos políticos. Entre las zonas que pierden población en España se encuentran principalmente las comunidades de Asturias, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde centramos el estudio. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística),1 87.23 por ciento de los municipios de Castilla y León han perdido población en el año 2018. Casi 88 por ciento de los municipios de esta comunidad tenían en 2018 menos población que la que registraban en 1998. Tomando los datos del estudio sobre despoblación del think tank FUNCAS (Bandrés y Azón, 2021) nos encontramos con que todas las provincias de Castilla y León a excepción de Burgos y Valladolid se encuentran en el cluster 1 de despoblamiento, es decir, la España que decrece y que tiene los peores registros demográficos. A esto hay que añadir que las restantes provincias: León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria son las que tienen una tasa de crecimiento anual acumulativo del VAB (valor añadido bruto) y empleo con un crecimiento inferior a 3.2 por ciento, a diferencia de Burgos y Valladolid que tienen un crecimiento entre 3.2 y 3.7 por ciento (Bandrés y Azón, 2021).
Las evidencias de la despoblación rural en España, y también en Europa se expresan desde hace tiempo (Gómez y Méndez, 2009; Espon, 2017; Camarero et al., 2009). Generalmente se ha señalado la salida de los jóvenes, y tangencialmente de las mujeres (Camarero y Sampedro, 2008; Leibert, 2016). El envejecimiento y su consecuencia más directa, la despoblación, son dos hechos generalizados en la comunidad de Castilla y León, aunque se manifiestan de forma más virulenta en el medio rural. Esta situación hace tiempo que llegó a la agenda política sin que desde las administraciones se aporten soluciones viables en ningún sentido, pues es un tema que aparece y desaparece detrás de otras preocupaciones más apremiantes o inmediatas. Incluso se ha visualizado como una “catástrofe”. Y en este sentido, se debería considerar lo que ha señalado Moyano Estrada (2017) sobre atenciones paliativas consensuadas para aquellas poblaciones que inexorablemente están abocadas a la despoblación, para que el proceso sea lo menos agresivo posible.
España es un país de larga tradición agraria y rural y es el más despoblado del sur de Europa. Según la cátedra del Reto Demográfico de CES Next (Izquierdo, 2018), 53 por ciento del territorio español está en riesgo de despoblación, ya que solamente viven en él cinco por ciento de la población. Factores de esa globalización como la desregulación de los mercados agroalimentarios, la apertura de fronteras o las nuevas exigencias medioambientales están provocando que las explotaciones familiares principalmente no puedan aguantar estos nuevos retos y como consecuencia estén abandonando la actividad agraria cada vez más. Esto puede traer como consecuencia en los casos más extremos que queden núcleos de población totalmente deshabitados.
La brecha rural entre el medio urbano y el rural crece en España (Carvajal, 2019; Camarero, 2020; Querol y Camarero, 2020), entendida esta brecha como el conjunto de diferencias urbano-rurales que refieren la continua incapacidad que experimentan las áreas rurales para alcanzar los estándares de calidad de vida, servicio y oportunidades vitales con respecto al medio urbano (Camarero y Oliva, 2019). Puede parecer paradójico, pero en el medio rural llega a ser más caro comer que en las ciudades, lo que refleja las deficiencias de la cadena agroalimentaria. Respecto a estas diferencias señala Gómez Pellón (2018) que existe en ocasiones una difusa línea invisible, que en muchos casos separa al mundo rural y al urbano, envueltos por complejos fenómenos de periurbanización y contraurbanización que han venido a transformar la imagen tradicional del mundo rural. López Trigal (2009) señala otra dicotomía y destaca la polarización de la distribución espacial española que se cimbrea entre la debilidad poblacional en el interior y la concentración en espacios litorales. Respecto al grado de despoblación de los diferentes núcleos de población rural se pueden distinguir tres tipologías: espacios rurales de resiliencia demográfica, espacios rurales de emigración y espacios rurales en riesgo de población irreversible (Recaño, 2017). Este autor señala la emigración de jóvenes, y sobre todo mujeres, como la principal causa del despoblamiento en el mundo rural y consecuentemente la caída de la natalidad, donde, además, hay que tener en cuenta tres factores que explican esta despoblación: el envejecimiento, la emigración y la cercanía a espacios más poblados.
Esta situación es consecuencia de las políticas públicas de las últimas décadas (Regidor, 2017). Algunas de ellas supusieron el abandono de municipios más pequeños en favor de otros más desarrollados sin aplicar políticas correctoras, con la consiguiente migración de capital humano de unas zonas a otras de la geografía nacional. A esto podemos añadir el fomento de una sociedad urbana como ejemplo de país moderno en contraposición a una sociedad rural asociada al atraso o inmovilismo y que caló en la mentalidad de las gentes. En este sentido y en lo que se refiere a programas como el LEADER, que consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales de cada territorio local organizadas en Grupos de Acción Local (GAL), Esparcia y Mesa (2020) concluyen que a pesar de que existan argumentos en contra, el método LEADER ha demostrado ser de una gran utilidad en el desarrollo rural y que el enfoque integrado y multisectorial es fundamental para que despliegue todas sus capacidades. Para Mecha (2021) es incuestionable la importancia que ha tenido el programa LEADER para el medio rural, puesto que en 30 años se ha mostrado eficaz en el desarrollo endógeno, local, participativo y sostenible y donde los actores locales tienen la mayor parte del protagonismo. En cuanto a la escuela rural, para Barakat (2015) existe una idea generalizada de que cerrar la última escuela es la confirmación del declive poblacional, algo sobre lo que el autor no está de acuerdo. Si bien, la ubicación de la escuela puede jugar un papel importante en las decisiones individuales de reubicación, no hay evidencias de que la falta de escuelas tenga un efecto general despoblador, si acaso puede haber una pérdida de vitalidad de la vida comunitaria. Aunque la escuela en sí misma no es un factor de atracción de población, sí tiene un valor simbólico en los propios municipios, puesto que quedarse sin escuela es un indicador de decadencia (Morales, 2019). En el mismo sentido Collantes y Pinilla (2019) señalan el fuerte impacto emocional de las poblaciones donde se cierran las escuelas.
Por último, hay que apuntar que, dentro del análisis antropológico, existe una idea casi unánime del papel fundamental y determinante de las mujeres como un colectivo clave para la pervivencia del mundo y la cultura rural (Méndez, 2009; García, 2008; Fernández, 2017). Tanto es así que para García Sanz (2004) la mujer rural es el colectivo que mejor ha sabido adaptarse a la problemática planteada por la desagrarización de las áreas rurales y es un agente clave de modernización de los pueblos.
Objetivos y metodología
Este artículo tiene por objeto abordar la problemática del despoblamiento desde un punto de vista antropológico, analizando las necesidades de la población rural y la problemática de su entorno. El criterio que guía este estudio es visibilizar este fenómeno y la búsqueda de alternativas a este contexto de despoblamiento en el mundo rural, de desempleo acuciante, que es superior en las mujeres que en los hombres dentro de un mundo altamente masculinizado. Así, los objetivos planteados son analizar la situación del medio rural, las diversas políticas públicas propuestas y las iniciativas sociales; estudiar la viabilidad de alternativas como el emprendimiento, la economía social, o el aprovechamiento de recursos endógenos en tanto motores para revertir el proceso; analizar los retornos y las nuevas ruralidades y su influencia en la población rural, y comprobar el papel de las mujeres en el mantenimiento del medio rural.
La metodología utilizada es cualitativa. Realizamos un trabajo etnográfico con el uso de herramientas como la observación, las entrevistas y los grupos de discusión, a través de la voz de sus protagonistas, siguiendo un método de trabajo de campo inductivo e integral (Hammersley y Atkinson, 1994). Se ha recurrido a las fuentes orales para la obtención de información cualitativa, conforme a varios estudios realizados desde las ciencias sociales (Tulla et al., 2018; Baylina et al., 2019). Para ello han colaborado como informantes diferentes representantes de distintos ámbitos del medio rural, especialmente emprendedores, miembros de asociaciones agrícolas y trabajadores del campo en general. Para esta investigación hemos seleccionado 60 informantes de Castilla y León, la mayoría de la provincia de León, 34 mujeres y 26 varones, y en cuanto al perfil, sus edades oscilaban entre los 18 y los 60 años. Por decisión de los propios informantes hemos utilizado seudónimos. En cuanto a los sectores representados, la mayor parte tanto hombres como mujeres son rurales, viven en el campo y están implicados en diversos sectores de producción agropecuaria, pero también en actividades dentro del sector de servicios en el medio rural. La formación académica es variada, desde la enseñanza obligatoria hasta niveles universitarios en algunos casos. El estudio se realizó entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 hasta el inicio de la pandemia del Covid-19. A partir de ese momento, hemos usado las redes sociales principalmente para continuar la investigación de forma virtual (Hine, 2011).
Aunque no olvidamos la situación general en España, se analiza principalmente el contexto de la comunidad de Castilla y León, puesto que es una de las más afectadas por este fenómeno de despoblamiento y es donde hemos desarrollado el trabajo de campo.
Resultados
Acciones y estrategias políticas frente al reto demográfico. Discursos políticos
A la vista de los cambios habidos en los últimos años, podemos decir que el tema demográfico es complejo y que no acaba de abordarse con eficacia desde las Administraciones públicas. En 2017 se creó el Comisionado del Gobierno Frente al Reto Demográfico, encargado de la elaboración y el desarrollo de una estrategia nacional frente al reto demográfico; un comisionado que duró poco, porque fue suprimido en enero de 2020,2 asumiendo sus funciones la Secretaría General para el Reto Demográfico perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para la que fuera comisionada del gobierno (Leal, 2018), hay que orientar las políticas públicas para eliminar la discriminación de los espacios rurales o las áreas de montaña respecto de las zonas urbanas, y ello implica poner mayor esfuerzo en territorios y tareas concretas.
Para el gobierno, hay que entender el reto demográfico como una política de Estado, que exige un entendimiento transversal de la acción del gobierno con las comunidades autónomas. En este sentido, es fundamental la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, principal órgano de cooperación en la materia entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas y presidido por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), donde se destaca la importancia de reforzar el marco de cogobernanza con el resto de los ministerios, CCAA (Comunidades Autónomas) y entidades locales e impulsar un modelo de participación de todos los actores implicados en el reto demográfico (MONCLOA, 2020). La Estrategia Nacional frente al Reto demográfico, pendiente de aprobar por el MITECO, pretende ser un instrumento clave para la captación de fondos europeos y que garantice a las CCAA que los planes de reconstrucción incluyan medidas más específicas para las zonas en declive demográfico. Las tres cuestiones principales son la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante, además de otros objetivos transversales (MONCLOA, 2019) en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
En lo que respecta a Castilla y León actualmente está en elaboración el Anteproyecto de Ley de dinamización demográfica de la Comunidad de Castilla y León, con la que se pretende, de acuerdo con el art. 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,3 “luchar contra la despoblación, articulando medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población”. El objetivo es incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, promoviendo una mayor sensibilización hacia el medio rural, diversificando el tejido productivo del medio rural y fomentando la colaboración público-privada en proyectos de dinamización demográfica.
Según señala Moyano (2020) el interés político por el tema de la despoblación se remonta a 2007 con la aprobación de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del medio rural, una ley que ponía el foco en la comarcalidad, más que en la municipalidad, pero que no estuvo acompañada de la necesaria dotación económica. Además, históricamente, los programas de desarrollo rural han sido subsidiarios de las políticas agrarias y regionales de la UE, sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio (Gómez y Moyano, 2022). Cabe hacer notar que la dimensión demográfica debe estar presente en la discusión del desarrollo sostenible (González-Bejarano y Holguín García, 2020). Los discursos políticos últimamente han aumentado las referencias hacia este tema, pero hoy en día la influencia del voto rural no es determinante en el sistema electoral. También el Defensor del Pueblo, en su informe “La situación demográfica en España, efectos y consecuencias” (Defensor del Pueblo, 2019: 108) insta a las Administraciones públicas a
asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas con escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una serie de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes concentraciones urbanas.
La investigación muestra que no faltan las críticas a estas políticas por parte de los habitantes del medio rural que mayoritariamente piensan que se dictan en los despachos, en muchas ocasiones con desconocimiento de la realidad del medio rural. Ponemos como ejemplo la reciente medida del MITECO, que pretende mediante una orden ministerial considerar al lobo ibérico como especie no cinegética y por lo tanto no objeto de caza. Representantes de algunas Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) en Salamanca que agrupan a sindicatos agrarios como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han criticado esta medida indicando que va a provocar una explosión demográfica del lobo que va a perjudicar claramente al sector ganadero y que se pueden ver avocados a la desaparición por no poder continuar con su medio de vida. Desde estas organizaciones entienden que, a quien hay que proteger es al ganadero para que no desaparezcan los pueblos, porque son parte esencial de la cadena alimentaria y fundamentales para mantener el medio rural, es más, algunos consideran que proteger al lobo es un ataque al mundo rural.
Otro ejemplo lo encontramos en el hecho de considerar un municipio como de “baja, media o alta montaña”. Es el caso del municipio leonés de Oseja de Sajambre, que aun estando en el pleno corazón de Picos de Europa, no se encuentra incluido en municipios de “alta montaña”. Pedro, un ganadero de dicha población nos ha comentado que supone una pérdida económica para los ganaderos locales respecto a zonas limítrofes que se pueden beneficiar del Programas de Desarrollo Rural financiados por la Unión Europea por estar incluidos en zonas complicadas por la orografía, escasa tierra de cultivo o pastoreo, climatología adversa, etc. En este sentido, constatamos el conflicto que esta resolución ha provocado entre ASAJA y la Junta de Castilla y León a la que se acusa de actuar con poca sensatez (Agronews, 2020).
Mujeres emprendiendo en el medio rural
En este proceso de migración al campo se está produciendo una refeminización (Wiest, 2016; González, 2017) donde los trabajos, reflexiones y estrategias para crear empresas agrícolas de éxito, etc., tienen en cuenta la dinámica de los roles de género y su importancia dentro de empresas familiares en donde las mujeres tienen un papel activo. A nivel local, las mujeres articulan relaciones complejas y afectivas con el entorno, como una forma de forjar “nuevas subjetividades femeninas” (Norman y Power, 2015), posibilitando un lugar más habitable, con posibilidades de regeneración y con talento para la innovación, frente a la decadencia, desesperación y abandono que parecía inevitable.
Durante el trabajo de campo, realizamos dos grupos de discusión, donde participaron diez mujeres en el primero y 14 en el segundo, emprendedoras y trabajadoras del campo pertenecientes a diversas asociaciones de mujeres rurales. Los resultados ponen de manifiesto los obstáculos que encuentran las mujeres a la hora de desarrollar proyectos en el medio rural y que serían una de las causas del despoblamiento. Entre las dificultades apuntadas destaca la idea de que existen pocas ayudas económicas para emprender en el campo y una queja común que se refiere a las trabas administrativas y al exceso de papeleo, abogando por la necesidad de asesoramiento y de una ventanilla única. Otro problema es la brecha digital entre el mundo rural y el urbano, ya que sobre todo en municipios inferiores a 10 mil habitantes existe la dificultad para obtener una velocidad de Internet adecuada para un entorno de trabajo. España ha ido reduciendo la brecha tecnológica que la separaba de la UE, pero en lo que se refiere al capital humano, casi la mitad de la población rural sigue con carencias en el desarrollo de competencias digitales básicas (Gallardo-Cobos y Sánchez-Zamora, 2022). Esta brecha digital sigue siendo también superior entre las mujeres. También existe todavía una sensación bastante acentuada de machismo en el mundo rural mayor que en el urbano. A la dificultad para conciliar la vida laboral en el campo y la vida familiar señalaban la mayoría de las informantes una falta de corresponsabilidad. Haciendo una autocrítica, algunas apuntaban en ocasiones una falta de solidaridad entre ellas mismas a la hora de apoyarse en sus proyectos, y mayor miedo en el caso de las mujeres a la hora de asumir riesgos. Las inversiones que hay que realizar, sobre todo la inicial, “echan para atrás” a mucha gente que estaría interesada en iniciar una explotación. A esto hay que añadir que la legislación es muy rígida y que tienen que externalizar muchos servicios que conllevan muchos gastos.
Podemos apuntar alguna experiencia concreta, como por ejemplo el caso de Julia, una empresaria bodeguera de la comarca del Bierzo que destacaba la dificultad que encontraba en determinadas épocas del año para encontrar trabajadores cualificados para ejecutar determinados trabajos agrícolas como pueden ser la poda o la recolección de la uva, y que no puede hacer cualquiera. Entre las soluciones que desde este grupo se apuntaban hay un punto fundamental que se refiere a la formación, ya que mucha gente emprendedora fracasa en el mundo rural porque nadie les explica, por ejemplo, quiénes son los proveedores y los clientes. En este sentido, se consideraba fundamental la impartición de cursos de formación específicos para la gente que quiera trabajar en el campo, cursos de formación para la creación de empresas rurales, una mayor coordinación institucional y más formación de los propios funcionarios cuya función es atender los temas rurales.
Iniciativas sociales contra la despoblación. Emprendimiento rural, economía social, coworking, aprovechamiento de recursos endógenos
En los últimos años hay una tendencia a la explotación de los recursos endógenos. Este desarrollo endógeno aumenta el bienestar de la comunidad y requiere también participación de la iniciativa privada a través de la colaboración empresarial y la participación social (González, 2019; Milán, 2021). El trabajo de campo mostró que, por ejemplo, en municipios como Villagatón-Brañuelas en la provincia de León, el cierre de las minas provocó la vuelta a anteriores recursos como la miel, las setas, o la extracción de la resina de los pinos, actividades que han vuelto a renacer. Otro ejemplo lo tenemos en Tabuyo del Monte o Nogarejas, donde también se han vuelto a aprovechar tanto la resina como las setas, que han generado un desarrollo del turismo gastronómico y la creación de un centro de interpretación micológico. Este aprovechamiento del medio natural, donde además se establece una relación íntima del hombre con la naturaleza, lleva acompañado una afirmación de la identidad, que puede hacer que la gente se ligue al territorio, puesto que el territorio está asociado a procesos de construcción de identidad.
La innovación social es una nueva solución a problemas sociales caracterizada por la producción de nuevas ideas, que surge de las necesidades sociales y que crea nuevas relaciones de colaboración. Está íntimamente relacionada con el emprendimiento social y también puede incluir políticas públicas. Schumpeter (1951) ya señalaba su importancia como un factor básico del desarrollo económico mediante la invención de nuevos productos y su aplicación a usos comerciales o industriales. Hoy en día es vital en la viabilidad de nuevos proyectos como el coworking rural y el emprendimiento verde. Es una forma de entender el trabajo de una forma compartida, una nueva cultura corporativa, creando ecosistemas emergentes. En este campo destacan iniciativas como PRESURA (2017), Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, feria de gran poder mediático que normalmente cuenta con la presencia de importantes políticos, y que tiene como tarea luchar contra la despoblación. De alguna manera intenta unir la iniciativa privada con las entidades públicas, propugnando el acercamiento entre lo rural y lo urbano para aportar soluciones al entorno rural. La economía social también puede tener importancia contra el despoblamiento con nuevos proyectos de tipo agroecológicos y solidarios, dando respuestas transformadoras como por ejemplo la soberanía alimentaria, la sostenibilidad del territorio y las nuevas relaciones campo-ciudad.
Retornos y nuevas ruralidades
Hay que hacer mención también al caso de los retornados. En Castilla y León se constata una tendencia de regreso de quienes se fueron en su momento al extranjero y a otras regiones de España y que cuando ha llegado su jubilación han optado por volver. Cuando se habla de “regreso al campo”, señala Díaz Viana (2013: 55), casi siempre se hace de un modo metafórico, pero no hay que olvidar que ese regreso también es real o literal, una tendencia que se viene dando en toda Europa y que incluye tanto a los emigrados como a sus descendientes, por lo que es importante conocer las estrategias y dinámicas neorrurales que esas personas desarrollan a su regreso. En la investigación, la mayor parte de los participantes en las diversas entrevistas realizadas, mostraban su orgullo rural, el deseo de rebelarse contra los estereotipos que durante años han avergonzado a muchas personas, y el deseo de demostrar que vivir en un pueblo es una opción perfectamente válida, el papel de las mujeres rurales y el deseo de revertir esta situación. Este orgullo contrasta con la pérdida de identidad cultural de algunos pueblos, donde algunos se ufanan por reproducir la cultura de las ciudades dejando al margen incluso el espíritu cooperativo tradicional rural que ha sido desplazado en muchas ocasiones por el individualismo de la ciudad. Mención especial merece el caso de los neorrurales, urbanitas que desde las últimas décadas del siglo XX se han desplazado al medio rural buscando otras formas de vida, huyendo de la urbe agobiante y reencontrando un campo algunas veces idealizado, que como señala Folch Monclús (2017: 1543) “podemos identificar con ‘migraciones utópicas’, viajes guiados por la idea del paraíso, tránsitos hacia una tierra donde no existe más horizonte que la libertad y la plenitud”.
Visiones de la población rural
Durante el trabajo de campo realizado, hemos podido recoger impresiones desde el punto de vista cualitativo, principalmente a través de las entrevistas abiertas y los grupos de discusión. Algunas giraban en torno al dinero y a las subvenciones, con la idea generalizada de que el dinero no es la panacea. Transcribimos alguna de las frases más significativas obtenidas de nuestros informantes: “Muchas veces se invierte mucho dinero público y esfuerzo en proyectos que no son sostenibles y que acaban por fracasar porque, además, posteriormente se acababa la financiación y luego se vienen abajo”, “A veces el dinero se emplea en personas que no están o que no existen”, “El dinero prostituye la economía social”, “El dinero de la Política Agrícola Común (PAC) nos despuebla, muchas veces llega al campo y luego se va a la ciudad”. “El medio rural se utiliza como disculpa para ganar dinero”, “Las personas son las que hacen las cosas sostenibles, no el dinero”, “La economía social no significa necesariamente comportamientos morales correctos”.
Otra de las ideas importantes se refiere a la lejanía de los políticos y sus discursos. Algunos, incluso, abogan más bien por el derecho consuetudinario que por la legislación europea.
El papel de la mujer también es fundamental en el debate: “muchas veces como mujer te educaban para salir del pueblo”, “los bancos no creen en nosotras por ser mujeres”, y también se mantiene la idea de la invisibilidad de la mujer en el mundo rural, o el trabajo en la economía sumergida.
Para finalizar este apartado de resultados, podemos decir que se da el hecho de que a la vez que se tiene una visión un tanto pesimista o catastrófica de la despoblación rural, otras personas, sobre todo más jóvenes, defienden el cambio de mentalidad, ver oportunidades en lugar de problemas y cambiar la actitud. Incluso en la investigación hemos comprobado que hay padres que animan a sus hijos a estudiar y vivir en las ciudades y cuando son los hijos los que una vez finalizada una carrera universitaria deciden volver al pueblo, los padres lo consideran un fracaso y no quieren que vuelvan.
Discusión
Los resultados nos han mostrado un fuerte elemento crítico. Esta posición va en varias líneas. La primera de las críticas, arraigada en el sentimiento de las personas del mundo rural es que la mayor parte de las ocasiones su opinión no se tiene en cuenta y se refieren a las Administraciones, ya que las decisiones que afectan al medio rural se toman generalmente desde las ciudades. A partir de esto, nos preguntamos si realmente las políticas contra la despoblación funcionan o no. Para Collantes y Pinilla (2019) el problema no es tanto la falta de políticas como el diseño o la implantación de dichas políticas. Ponen como ejemplo, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que aun siendo prometedora no ha sido aplicada convenientemente. Según Pinilla y Sáez (2016) sí ha habido una política pública importante con distribución territorial de fondos desde el gobierno estatal hacia los niveles regionales y locales de la administración, pero no ha tenido tanto una finalidad de promover la convergencia regional, o de afrontar problemas de naturaleza geográfica y demográfica, sino que ha atendido a criterios de eficiencia y equidad generales vinculados a funciones de gasto público. Por otro lado, las comunidades autónomas, a pesar de detentar en exclusiva la competencia en ordenación del territorio, se han limitado a las funciones más técnicas: urbanismo, vivienda y transporte, sin integrarlos en planes estratégicos con otras medidas más específicas contra la despoblación.
La llegada de población al medio rural, atraída tanto por la demanda de mano de obra del sector agrícola, como por las nuevas ocupaciones del sector terciario rural, contribuye a la consecución de saldos demográficos positivos por parte de muchos pequeños municipios, más acostumbrados a perder población que a recibir nuevos vecinos. Es un proceso de repoblación de algunas zonas rurales que se desarrolla de forma paulatina y desigual en todo el territorio (García Coll y Sánchez, 2005; Camarero et al., 2009) y que se suele ver acelerada con determinadas situaciones críticas, como sucedió en la crisis del año 2008, en 2014 o más recientemente con la pandemia de la Covid-19 en 2020.
Por otra parte, muchos habitantes del campo también hacen una autocrítica, destacando esa cultura pesimista y resignada, forzada durante décadas, esa cultura de la queja que fomenta la baja autoestima. Frente a esto algunos de los propios protagonistas apuestan por un cambio de actitud y un cambio de mentalidad en las gentes del mundo rural. En el mismo sentido Sáez Pérez (2019) defiende ese cambio de mentalidad que amplíe las percepciones sobre el bienestar y el desarrollo, donde la cultura sea una herramienta clave para el desarrollo local y generadora de talento. Collantes y Pinilla (2019) concluyen en uno de sus estudios que los medios de información nos ofrecen una imagen muy negativa de la demografía rural, que a veces no se corresponde con los datos. Nuestra investigación muestra también ese pesimismo latente, sin tener en cuenta que en muchas zonas rurales se ha ganado población de nuevo y que hace falta ese cambio de mentalidad que permita “sinergias mentales” que contagien de optimismo y permitan incluso atraer a gente de las ciudades y de las áreas periurbanas.
Existen posturas que plantean los municipios pequeños como ineficientes Ramos (2017) o Moyano (2017), que abogan por no volcar esfuerzos y recursos en reactivar algo que está condenado a desaparecer como las zonas rurales con problemas reales de despoblación frente a las comarcas que son ejemplo de dinamismo social y económico. Entendemos que eso sería algo radical, puesto que condenaría al despoblamiento a muchos pueblos, aun estando de acuerdo con que es un proceso que no se frena con ingentes inversiones en infraestructuras y equipamientos, ni con neorrurales profesionales o jubilados de alto poder adquisitivo que no dejan de ser más o menos anecdóticos (Moyano, 2020). De todas formas, hay que destacar los estudios de Fernández (2013) en la comarca del Bierzo, en la provincia de León, donde pudo constatar que grupos de “ciudadanos alternativos” como les gusta autodenominarse, no siendo importantes cuantitativamente hablando, son representativos de un movimiento significativo considerando los cambios que producen, no solamente en el ámbito socioeconómico sino también en el cultural.
La economía social también puede ser un motor de desarrollo en el medio rural (Escribano y Vercher, 2020), ya que las entidades de economía social tienen la capacidad de generar empleo estable y dinamizar el territorio porque cuentan con la ventaja de la diversificación productiva y la articulación social. El desarrollo rural debe involucrar el esfuerzo de diversos agentes económicos, sociales y políticos para aumentar las capacidades productivas y favorecer oportunidades de desarrollo en la población (García Sandoval et al., 2020). En cuanto a la idea generalizada de que la creación de empleo en el medio rural es el mejor remedio contra la despoblación, Moyano (2020) sostiene que no se corresponde con la realidad, puesto que en los últimos años se ha creado una ingente cantidad de empleo en sectores no específicamente agrarios que están ocupados por personas que se desplazan desde los núcleos urbanos a los rurales sin necesidad de residir allí gracias a la tecnología. Pero entendemos que lo que parece incuestionable, es que sin la creación de empleo el abandono del medio rural sería mucho mayor, e incluso podemos decir que ese intercambio transversal puede resultar enriquecedor desde el punto de vista cultural, en un momento en el que la gente que vive en las ciudades conoce mucho menos el mundo rural que la gente rural las ciudades. Vivir en un núcleo urbano y trabajar en el medio rural puede ser una forma de inmersión cultural y que puede ayudar a dinamizar la vida en los pueblos.
Conclusiones
Las movilizaciones de los últimos años reclamando medidas contra el despoblamiento de una parte de España han conseguido al menos la visibilización del problema y han captado la atención de los políticos y de la opinión pública como nunca antes.
La investigación nos ha mostrado a través de nuestros informantes que a pesar de que los políticos parecen darse cuenta, por fin, de la importancia del reto demográfico, la mayoría de ellos todavía consideran que existe una distancia muy grande entre los políticos que toman las decisiones que afectan al campo y la población rural. Se necesitan acciones conjuntas entre las Administraciones públicas, la iniciativa privada y los actores protagonistas de este problema que son los habitantes del campo y que pasa por contar con ellos, no basta con ejercer una especie de “despotismo ilustrado” desde Bruselas, Madrid o la capital autonómica de turno donde se deciden las políticas agrarias y demográficas, pero sin tener en cuenta a los propios habitantes del medio rural. En todo caso, sí se observa que en la nueva estrategia nacional frente al reto demográfico y en el anteproyecto de ley de dinamización demográfica de Castilla y León se plantea al menos la perspectiva demográfica.
No parece fácil encontrar soluciones a la despoblación, pero se pueden plantear alternativas que sumadas unas a otras puedan fomentar o inducir a las personas a poblar o repoblar de nuevo el campo. Se necesita un cambio de mentalidad que acabe con el pesimismo latente y estimule a la gente a vivir en el campo. La apuesta por las mujeres debe ser mucho mayor y darles mayor protagonismo, puesto que siempre han tenido presencia en el campo a pesar de estar invisibilizadas (Fernández, 2022). Hemos constatado que no son ganas lo que le falta a la mayoría de las mujeres rurales, sino que demandan mayor apoyo institucional y familiar a la hora de emprender negocios o dirigir explotaciones agrarias, y muchas veces el freno son los trámites burocráticos y las necesidades financieras. La innovación social, con iniciativas como el coworking rural también pueden ayudar a dinamizar económicamente las zonas rurales, pero para ello haría falta que el acceso a Internet fuera total y también el aprovechamiento de los recursos endógenos que, además de reforzar la identidad colectiva de la gente del campo, son respetuosos con el medio ambiente.
La pandemia del Covid-19 puso de manifiesto la importancia del sector agrario para el funcionamiento de la sociedad. Las Administraciones deben poner todo su empeño en la creación de empleo y la mejora de Internet para que quienes deseen vivir y trabajar en el campo puedan hacerlo, lo que haría al medio rural mucho más atractivo. Habría que promover las ayudas a las entidades locales para que fomenten la creación de empleo y apoyar las iniciativas de emprendimiento en las zonas rurales más afectadas por la despoblación a través de los ayuntamientos. El trabajo de campo reveló una población que apuesta por el medio rural y que quiere seguir viviendo en él. Esto contrasta con algunas opiniones contrarias que señalan que tampoco hay por qué obligar a nadie a permanecer en el pueblo o que ni tan siquiera consideran el despoblamiento rural como algo indeseable desde el punto de vista medioambiental. Entre las medidas más acuciantes y que demandan los actores para que el asentamiento sea efectivo, estarían tener un acceso a Internet de banda ancha, adaptar la legislación a las particularidades de estos territorios menos favorecidos, mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, mejorar las comunicaciones, desarrollar planes para la rehabilitación de viviendas y, sobre todo, poner en valor el mundo rural. Parece evidente que si no se aborda de forma seria este problema y no se ponen soluciones el mundo rural podría quedar casi despoblado en las próximas décadas. La vida en el campo debería ser fruto de un deseo y de una reflexión personal y no de una imposición, por lo que lo más deseable sería que las personas que quieren seguir viviendo en el campo puedan hacerlo y que incluso los urbanitas que quieran cambiar sus modos de vida y trasladarse allí tengan la oportunidad de hacerlo con el apoyo de las Administraciones públicas. El futuro parece incierto pero esperanzador.