Introducción

Desde que la Conferencia de Beijing en 1995 develara el principio del gender mainstreaming (transversalidad del enfoque de género), se han desarrollado ingentes esfuerzos estatales e institucionales para su consecución en el escenario internacional. En la actualidad, la Agenda 2030 incluye, en su numeral quinto, el logro de la igualdad de género como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aspiración que implica a todos los Estados y compromete el actuar gubernamental hacia el logro de la equidad entre mujeres y hombres.

Ante el insuficiente abordaje de la transversalidad de género en los estudios sociales y en el diseño integral de políticas públicas que abarquen de manera integral a todos los sectores de la economía, aparecen las cooperativas como impulsoras de los ODS en materia de equidad.

En el marco de desarrollo del cooperativismo se plantea una problemática: ¿Cómo la identidad cooperativa aborda la perspectiva de género a partir de la segregación ocupacional? Esta interrogante conlleva a una reflexión que, tomando como referencia el caso cubano, ha de generar aportaciones válidas también para el escenario internacional.

En tal sentido, el presente artículo aborda las teorías de la segmentación del empleo y enfatiza, además, en la segregación ocupacional, cuyo resultado directo lo constituye la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres. Se observa cómo la segregación horizontal expresa la concentración de actividades en sectores feminizados según los estándares sociales, mientras que la segregación vertical devela segmentos con poca autoridad, mal remunerados y con bajas probabilidades de promoción para las mujeres, aspectos que se agudizaron en el contexto de crisis generado por la COVID-19.

Para el estudio, se empleó una metodología de investigación cualitativa, dado que se analizó la participación de las mujeres en el sector cooperativo, desde la perspectiva de la igualdad de género. Se han seleccionado las cooperativas dado su potencial como fuente de empleos e ingresos para la población. Se ofrece un enfoque descriptivo y correlacional, en la medida que se brindan datos estadísticos sobre la composición del sector cooperativo cubano sobre cantidad de hombres y mujeres que lo integran, a partir de datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Más allá de la mera información cuantitativa, se ofrece una valoración cualitativa de la incidencia de la participación femenina en este sector, con particular énfasis en las categorías “suelo pegajoso” y “techo de cristal”, así como la influencia de estos términos en la segregación horizontal y vertical respectivamente. Por ende, se emplea el método de análisis de contenido, que incluye la revisión documental, de manera coherente y sistémica, de textos e informaciones bibliográficas relacionados con la teoría de género y su especial aplicación en el cooperativismo.

A su vez, se emplearon métodos teóricos generales, tales como el de análisis-síntesis para explorar la forma en que la identidad cooperativa aborda la igualdad de género, particularizando en la segregación ocupacional que genera desigualdades entre mujeres y hombres. Por su parte, el método sistémico-estructural-funcional permitió justificar el impacto de la política de género con enfoque transversal en el resto de las políticas públicas (en general) y en el ámbito cooperativo (en particular).

Entre los estudios teóricos para dar respuesta a la temática resaltan los del enfoque de género de ^{Rodríguez y Valle (2019)}, ^{Zabludovsky (2020)} y ^{Alemán, Páez y Zuloaga (2020)}; los asociados a la segregación ocupacional: ^{Arrieta (2017)}; ^{Logiodice y Masera (2018)}, ^{Aguado y Ballesteros (2018)} y ^{Tórrez (2020)}; los de empoderamiento: ^{Heller (1994)}, ^{Rowlands (1997)}, ^{Escolano, Ocampo y Valle (2009)}, ^{Charlier y Caubergs (2007)} y ^{Montalbán (2020)}; y sobre transversalización del enfoque de género en las políticas públicas: ^{Casas (2017)}, ^{Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) (2019)}, ^{Gómez (2019)}, ^{Páez y Vílchez (2022)}.

El principal propósito de la investigación consiste en argumentar la forma en que la identidad cooperativa aborda la perspectiva de género, particularizando en la segregación ocupacional que agudiza la desigualdad entre mujeres y hombres. La propuesta consiste en potenciar el empoderamiento femenino y dotar de una nueva epistemología el enfoque de género en el ámbito cooperativo.

El cooperativismo cubano desde el enfoque de género

Prima facie, el análisis del binomio género-cooperativismo se sustenta sobre la base de los principios y valores del cooperativismo postulados por la Asociación Cooperativa Internacional (ACI). De tal suerte, sobresalen valores en los que se basan las cooperativas, tales como el de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, solidaridad y en particular el de “equidad”, que resulta clave para este análisis. Asimismo, se enfoca el tema teniendo en cuenta los principios cooperativos, entre los que se destaca la “preocupación por la comunidad” como expresión de la identidad cooperativa, tal como fundamentan ^{Rodríguez, Hernández y Figueroa (2022)}.

En correlato a las ideas precedentes, reconocemos que la propiedad cooperativa en Cuba, más que una mera forma de inclusión social al actualizarse el modelo económico cubano, ha sido una fuente de empleos e ingresos para las personas socias. La cooperativa, como sistema societario sui géneris, ha devenido una forma de gestión económica alternativa ante l actual crisis que azota el país y su difusión en la Isla se ha comportado de manera ascendente.

Según la actualización de la ^{Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI) (2021)}, para el año 2020, como se evidencia en la Figura 1, existían constituidas oficialmente un total 5,278 cooperativas, de ellas: 421 Cooperativas No Agropecuarias (CNoA), 1,513 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 876 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y 2,468 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), resultando ser estas últimas las más predominantes.

Fuente: Tomado de ^{ONEI (2021, p. 136)}.

Figura 1 Total de cooperativas al cierre del año 2020 

Por otro lado, como muestra la Figura 2, según la actividad económica fundamental un total de 4,857 cooperativas se dedican a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 45 a las industrias manufactureras (excepto la industria azucarera), 3 al suministro de electricidad, gas y agua, 58 a la construcción, 126 al comercio, específicamente a la reparación de efectos personales, 153 a hoteles y restaurantes, 5 a transportes, almacenamiento y comunicaciones, 6 de servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, 1 a la ciencia e innovación tecnológica y 24 a otras actividades de servicios comunales y personales (^{ONEI, 2021, p. 137}).

Fuente: Elaboración propia, los datos fueron tomado de: ^{ONEI (2021)}.

Figura 2 Actividades económicas fundamentales de las cooperativas 

En este contexto de desarrollo del cooperativismo cubano, con diversidad de actividades económicas, subsisten roles y estereotipos sociales discriminatorios hacia las mujeres. Ello responde a la división sexual del trabajo, la cual ha creado un abismo laboral entre los empleos: feminizados y masculinizados. Por ejemplo, ¿cómo participan las mujeres en el cooperativismo? ¿En qué tipos de cooperativas intervienen, ya sean mixtas o compuestas exclusivamente por mujeres? ¿De qué forma se mide la participación social? Pues no basta solo por el hecho de su presencia física (reflejada en datos estadísticos de la ONEI), sino por su intervención efectiva en la toma de decisiones, en el juego de roles protagónicos y decisivos. No se trata solo de explicar el aumento de la participación de la mujer en este ámbito, sino su efectiva actividad respecto al hombre. De ahí la importancia de analizar, prima facie, los datos desagregados por sexo dentro del movimiento cooperativo.

En el caso cubano, la ocupación laboral en el sector cooperativo durante el año 2020 fue de un total 532,1 mil trabajadores, de los cuales 112,1 mil fueron mujeres. Ello se desglosa en 514,9 mil trabajadores en total de las cooperativas agropecuarias, donde 109,3 mil eran mujeres, y 17,2 mil trabajadores de las cooperativas no agropecuarias con un 2,8 mil de mujeres. En sentido general, el comportamiento de la distribución por género entre hombres y mujeres se manifiesta de la siguiente forma: el 78.93% de representación masculina y el 21.06 % de femenina.

Fuente: Elaboración propia, los datos fueron tomados de: ^{ONEI (2021)}.

Figura 3 Trabajadores del sector cooperativo clasificados por sexo 

Los datos arrojados por el primer indicador señalan que, a pesar de la inclusión de las mujeres en el ámbito cooperativo, predomina el sexo masculino (^{ONEI, 2021, p. 178}). Ello denota que la incorporación de mujeres a la gestión cooperativa ha sido lenta, retrasada en comparación a los hombres, lo cual se explica desde el “suelo pegajoso”, realidad que alude a las múltiples dificultades que presentan las mujeres para abandonar la esfera de lo privado e incorporarse al espacio público, dificultando el acceso al mercado laboral.

A este análisis se añade un segundo indicador: la participación en actividades concretas, dado que, por ejemplo, las cooperativas agrarias o de producción suelen estar integradas por mayoría de hombres, mientras que las de servicios y trabajo manufacturado están compuestas por mujeres. Y aunque parezca que no hay brechas salariales, en realidad sí existen, toda vez que aquellas primeras actividades son mejor remuneradas que las segundas.

En igual sentido, sería interesante constatar cuántas mujeres actualmente se desempeñan como presidentas de cooperativas, puesto que el “techo de cristal” (metáfora utilizada para dar cuenta de ese límite superior invisible para las mujeres en el ámbito laboral) les impide desarrollar su liderazgo en esta esfera. Y es precisamente dicha situación la que debe revertirse, puesto que “el impulso y reconocimiento a las mujeres que tienen cargos de decisión en el ámbito económico constituyen factores claves para el logro de un desarrollo equitativo” (^{Zabludovsky, 2020, p. 451}).

Contar con menos del 25 % de mujeres incorporadas al sector cooperativo evidencia que el caso cubano no está exento de este análisis. Si bien la actual Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019, refrenda que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar, en la práctica social aún existen brechas de inequidad. Es por ello que resulta trascendental analizar los retos de la transversalidad de género en el marco de las políticas públicas y del cooperativismo en particular.

La segregación ocupacional: síntoma de exclusión social en el ámbito cooperativo

En la medida que se profundizan las prácticas androcéntricas, aumenta la desigualdad entre los géneros y por ende la exclusión social en todos los escenarios sociales. Como señala Arrieta:

El concepto de exclusión social es más amplio que el de pobreza, ya que engloba tanto las causas como los efectos de la misma, pues se trata de un fenómeno multidimensional dado que se ve condicionado por distintos factores como el empleo, la protección social, la estructura familiar, la vivienda, la educación o la salud. (^{2017, p. 126})

La exclusión social como concepto multidimensional tiene, al menos, cuatro características interrelacionadas entre sí, según ^{Tórrez (2020, pp. 371-372)}:

En este escenario de exclusión social desfavorecedor para las mujeres, se evidencia la segregación ocupacional. ^{Logiodice y Massera (2018)} coinciden en que:

La segregación configura espacios diferenciales entre grupos sociales a partir de atributos particulares. Dicha distinción cristaliza esferas con competencias y autoridad que no son neutrales y fomentan un acceso desigual a recursos. En ese sentido, la división sexual del trabajo es aquella que distribuye de manera jerárquica e inequitativa los trabajos productivos y de reproducción, y se sostiene con base en aquellos atributos que culturalmente se construyen en torno a lo esperable de hombres y mujeres. Genera así posiciones diferenciales que redundan en menores grados de autonomía económica de las mujeres, e institucionaliza una diferencia que sostiene un orden social de género. (p. 9)

En materia de segregación horizontal existen interesantes ejemplos prácticos, pues tal como plantea Zabludovsky:

En México la participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico ha aumentado significativamente, incluso superan a los hombres en los giros de servicios, sobre todo en los sociales y de hoteles y restaurantes. En contraste, su presencia es aún muy reducida en las actividades tradicionalmente consideradas masculinas como construcción, servicios y transporte y la minería. (^{2020, p. 433})

Más que un mero reconocimiento de la segregación ocupacional, de cifras que la constaten, es necesario además indagar en las causas que la generan, cuya raigambre es esencialmente patriarcal. El propio ^{Zabludovsky (2020)} plantea que:

La escasa participación femenina y la segregación en diversas ocupaciones se explica en gran medida por la educación y socialización diferenciadas desde la primera infancia, la cual responde y condiciona las conductas y actitudes futuras, así como las expectativas culturales de los roles de hombres y mujeres en la sociedad. (p.440)

Esto se manifiesta mediante el proceso de socialización diferencial de género, en el cual tiene lugar el aprendizaje de los roles sociales asignados para hombres y mujeres, que encuentran su origen en la división del trabajo por razón de los sexos.

Sobre la división sexual del trabajo, ^{Aguado y Ballesteros (2018)} subrayan que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no se da igual en todos los sectores ni niveles laborales y que suele estar acompañado de procesos de segregación ocupacional. Desde las teorías de la segmentación del empleo, se observa cómo estas concentran su actividad en sectores feminizados según los estándares sociales -lo que se denomina segregación horizontal- y en segmentos con poca autoridad, mal remunerados y con bajas probabilidades de promoción, también llamado segregación vertical. Esta propensión, que favorece a los hombres, se produce por múltiples causas que tienen que ver con la estructura productiva del país, los modelos organizacionales o la existencia de roles y estereotipos.

Por su parte, ^{de Arce y Franca (2019)} sintetizan tres factores que limitan el acceso de las mujeres a los cargos de dirección en el sector cooperativo: la existencia de estereotipos de género, las condiciones de trabajo y la insuficiente capacitación. Estos influyen considerablemente en la segregación vertical presente en las cooperativas cubanas, donde es necesario resignificar el rol de las mujeres en el ámbito laboral, mejorar sus condiciones laborales de manera favorable al emprendimiento social y dotarle de suficientes conocimientos para enfrentar los retos a los que se enfrentan en el ámbito público.

En tal sentido, ^{Tórrez (2020)} considera que, si bien las cooperativas surgieron en un momento determinado para responder a demandas y necesidades concretas y a contextos culturales igualmente específicos, los principios y valores que las originaron no son ni mucho menos obsoletos, sino que se mantienen vigentes y cobran un sentido especial a la luz de los nuevos contextos socioculturales. De ahí la necesidad de recuperar esta figura y retomarla desde toda su extensión, convirtiéndola en una herramienta al rescate de los sectores donde haya personas en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, la cooperativa se erige por sí misma en un instrumento importante de reforma social en las relaciones capital-trabajo, lo cual evidencia autogestión (participación en la gestión, en los beneficios obtenidos y en el sistema de propiedad). De conformidad con ello, las cooperativas como empresas participativas desempeñan un papel sustancial para el desarrollo de grupos que necesitan un espacio de reivindicación social, asumiendo “un papel activo y generativo de empoderamiento personal y colectivo. De ahí la razón de su éxito en todo tipo de sociedades, especialmente donde las desigualdades son más acuciantes” (^{Tórrez, 2020, p.379}).

Empoderamiento femenino y transversalidad de género en el cooperativismo cubano

A criterio de Rodríguez y Valle (refiriéndose a las cooperativas no agropecuarias) “no se conocen relevantes esfuerzos destinados a fortalecer la equidad de género al interior de estas nuevas formas asociativas” (^{2019, p. 71}). Ciertamente constaban en el ámbito normativo referencias tácitas, hasta que la voluntad política se reflejara en el Decreto Presidencial 198/2021, donde se reconoce expresamente en la primera de sus siete áreas: el empoderamiento económico de las mujeres.

En los estudios de género, la categoría empoderamiento a criterio de ^{Zabludovsky (2020)} se utiliza para referirse a:

Un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar y controlar sus propias vidas y las de su entorno mediante el control de los recursos (materiales y no materiales) y la evolución en la concientización sobre sí mismas, que les permite alcanzar sus intereses estratégicos y transformar su eficacia en las interacciones sociales. (p. 447)

Para ^{Zabludovsky (2020)}, basado en los estudios de ^{Escolano et al. (2009)}, ^{Heller (1994)} y ^{Rowlands (1997)}, las principales manifestaciones del empoderamiento son:

Por su parte, ^{Charlier y Caubergs (2007)} aluden a cuatro aspectos del empoderamiento desde lo que significa tener, saber, querer y poder. El primero se refiere a la dimensión económica, en términos de beneficios materiales y acceso a servicios; el segundo alude a las competencias generadas para aplicar conocimientos; el tercero, al poder interior y la autoconfianza; y el último referido a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. De tal manera, se muestra el fenómeno del empoderamiento desde sus dimensiones externas e internas, tanto físicas como psicológicas, más allá de lo meramente económico.

Disímiles autores coinciden en que, para las mujeres, el ámbito fundamental para el empoderamiento se encuentra en la participación en el trabajo remunerado fuera del hogar, por sus implicaciones en la emancipación económica y el desarrollo personal. De hecho, muchas veces la familia constituye una de las barreras para que la mujer avance hacia el emprendimiento, por tener a su encargo el trabajo doméstico y de cuidados. El modelo cooperativo como forma asociativa es, por tanto, un escenario preferente hacia el empoderamiento femenino para romper con las barreras del suelo pegajoso e incorporar a la mujer en los proyectos de desarrollo social.

Ahora bien, un análisis más detallado del tema permite reflexionar sobre la equiparación de responsabilidades públicas y privadas. Ciertamente el cooperativismo constituye una alternativa a la incorporación de mujeres al empleo, y de su respectivo empoderamiento social, sin embargo, ¿tiene sentido si se duplican los roles, si la mujer asume además del trabajo tradicional una responsabilidad extra? La respuesta está en la corresponsabilidad familiar, de manera que un intento de avance social no se convierta a su vez en un boomerang para quienes han sido las más desfavorecidas en el decurso histórico del patriarcado.

Asumimos el criterio de ^{Alemán et al. (2020)} cuando plantean que “aunque el cooperativismo no agropecuario supone una fuente de empleo importante para las mujeres, estas terminan siendo contratadas en sectores altamente feminizados y más precarizados (trabajo textil, manufacturado, régimen de cuidados, entre otros)”; lo cual no ha significado más que la perpetuación de roles de género en la sociedad cubana.

Una alternativa viable ante dicha situación pudiera ser la implementación de cooperativas de cuidados, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional en Cuba y la necesidad de prestar servicios de atención especializada a menores de edad, personas adultas mayores y otras en situación de diversidad funcional. La verdadera equidad se lograría si este tipo de cooperativas estuvieran integradas no solo por mujeres, sino también por hombres; sin que ello implique una cuestión meramente cuantitativa, sino cualitativa en relación a responsabilidades y funciones.

De tal suerte, dar valor social y económico a las actividades que están relacionadas con el ámbito reproductivo y, que desempeñan generalmente las mujeres, sería el camino idóneo para lograr la equidad. De hecho, cuando los empleos que están feminizados tengan el adecuado valor monetario, social, cultural y cuando se valorice en su justa medida la actividad reproductiva, no habrá segregaciones posibles e inequidades. Solo que estas proyecciones requieren la deconstrucción del sistema patriarcal y su reemplazo por un sistema social que se organice con base en el cuidado de la vida.

Grosso modo, la concentración de actividad cooperativa de las mujeres suele ser en:

En el caso cubano esta distinción se concreta en cuatro formas de asociación: Cooperativas No Agropecuarias (CNoA), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS). Su aporte a la generación del empleo femenino y al mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer no dependen de una u otra forma cooperativa, sino de la voluntad de insertar a mujeres entre las personas socias, sin distinción social de roles sexistas, lo cual requiere además que se valoren en su justa medida los empleos que hoy día están infravalorados.

A tales fines se plantea la necesidad de concretar planes y programas concretos con recursos asignados y disponibilidad de fondos para este fin, pues tal como apuntan ^{Alemán, Páez y Zuloaga (2020)}, la equidad de género aplicada al cooperativismo “permitiría particularizar los enfoques equitativos, problematizando sobre la necesidad de la intercooperación, la responsabilidad social cooperativa directa, la capacitación y la configuración de los planes de igualdad en este sector” (p. 310). Así, las cooperativas se convertirían no solo en una fuente de empleo, sino también de empoderamiento social femenino, que debe vertebrarse desde una perspectiva transversal.

Sobre qué entender por transversalización del género ^{Casas (2017)} se acoge al concepto definido por Consejo Económico y Social (ECOSOC) (1997) reconociendo que:

La transversalización o “mainstreaming” del género -término acuñado en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995- responde a un proceso de evaluación de las implicaciones que cualquier acción política o programa planificado en todas las áreas y en todos los niveles tiene para las mujeres y hombres de forma diferenciada. Constituye una estrategia para hacer que todas las necesidades y experiencias de mujeres y hombres sean una parte integral del diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, iniciativas y programas, asegurando que mujeres y hombres se benefician de manera equitativa de los procesos del desarrollo. (p. 46)

La transversalización de género se basa en la alteración de las relaciones de poder vigentes, por lo que muchas veces las prácticas de resistencia al cambio van en dirección opuesta a la voluntad política, las cuales no dan, necesariamente, respuesta a las brechas de género planteadas (^{Casas, 2017, p. 46}). Es por ello que, según ^{COCETA (2019)} “solo después de una política pública de género, convergente con una política pública sobre Economía Social (…), puede apreciarse el notable avance de los indicadores de género”. De hecho, la perspectiva de género puede convertirse en un indicador útil para medir el cooperativismo, en la medida que las políticas de género se inserten en el modelo cooperativo en función de disminuir las brechas de equidad latentes.

En esta misma línea de pensamiento, algunos autores develan claves comunes de la economía solidaria y la economía feminista, dejando sentado como presupuesto que la primera debe contener a la segunda. Tal es así para ^{Jubeto y Larrañaga (2014)}, al afirmar que ambas “buscan poner a las personas y sus condiciones de vida en el centro del análisis y vincular los trabajos con la producción socialmente necesaria” (p. 17). Ciertamente ambas se contraponen a la teoría hegemónica capitalista y patriarcal, alejando sus bases del egoísmo androcentrista y de los estereotipos discriminatorios propios de una sociedad donde primen el hombre y el mercado. Otras investigadoras como ^{Montalbán (2020)} apuestan incluso por la Economía Social y Solidaria como un espacio idóneo y sine qua non para el empoderamiento de las mujeres.

^{Gómez (2019)} vislumbra una experiencia andaluza de cooperativas dirigidas por mujeres, donde se advierte que, si bien estas empresas sociales surgieron en un contexto de desempleo y aumento de las políticas de austeridad, ponderando la autoestima y el empoderamiento social, con enfoque hacia la conciliación familiar, no es menos cierto que no han hecho otra cosa que perpetuar los roles de género tradicionales. Este es un riesgo que se asume intentando innovar con las mismas estructuras de antaño.

La inclusión de la perspectiva de género en el ámbito cooperativo es un tema no resuelto, dado que se reproduce muchas veces la precarización en sectores altamente feminizados y por ende requiere de nuevos enfoques desde los principios del cooperativismo y la igualdad. En tal sentido, a decir de ^{Gómez (2019)}: “Las cooperativas pueden ser una herramienta efectiva para combatir la discriminación. Ambas (la interna mediante el funcionamiento de principios democráticos e incluyendo modos organizacionales) y la externa (mediante la centralización de sus actividades y de su misión social)” (p. 62).

Conclusiones

La inclusión de la perspectiva de género en el ámbito cooperativo debe intencionarse en mayor medida, puesto que, mientras las mujeres son contratadas en sectores altamente feminizados y más precarizados, se perpetúan los roles tradicionales de raigambre patriarcal, situación que afecta también al fenómeno cooperativo, por ser parte importante del entramado social.

En el caso cubano, aunque la presencia femenina en el cooperativismo es notable, esta se concentra en el sector agropecuario, el régimen de cuidados y de bienestar familiar, de manera que la segregación ocupacional constituye per se un síntoma de exclusión social, por lo que las cooperativas deben convertirse no solo en una fuente de empleo, sino también en una forma de empoderamiento social femenino, articulada sin distinción de roles sexistas, con una adecuada perspectiva de género y un enfoque transversal.

Se requiere de una nueva epistemología (feminista) en el ámbito cooperativo, puesto que la vigente coloca en franca desventaja a los sectores en situación más desfavorable y profundiza las desigualdades estructurales, a la vez que constituye un incentivo para potenciar el emprendimiento económico, los empleos verdes y la disminución de brechas de equidad, en tanto asume como meta tributar a la igualdad para mujeres y hombres en su desempeño como socios cooperativos.