Introducción

En las últimas dos décadas se ha observado un fenómeno de incremento en el activismo político dentro de un sector de la comunidad LGBTTTIQ+ mexicana. Este proceso ha quedado manifiesto en distintas acciones llevadas a cabo por colectivos de activistas: manifestaciones públicas por la liberación de presos políticos, participación en enfrentamientos contra cuerpos policiacos y realización de foros académicos con carga política. En este artículo se sostiene que el proceso no se explica solo por variables vinculadas al género, sino que se encuentra enraizado en la precarización de las condiciones materiales de vida, las cuales, a su vez, son determinadas por los cambios en la estructura económica de la sociedad y la heteronormatividad como patrón dominante en las relaciones sociales.

En ese marco, fenómenos tales como la serofobia, la homofobia y la discriminación hacia las personas que viven con VIH (PVV) pueden ser entendidos como experiencias de clase fincadas en el sistema sexo-género que dejan ver la vinculación de fenómenos particulares con las estructuras económicas y sociales; contexto en el que un análisis fragmentado o parcial de los fenómenos sociales necesariamente perdería las conexiones y contradicciones esenciales que constituyen la totalidad de las relaciones sociales (^{Lukács, 2007}; ^{Antunes, 2005}). En el mismo sentido se estima que esos vínculos pueden ser explicados dentro de la transformación de formas de dominación impuestas por el capitalismo como sistema que confiere sentido y significado a patrones de inclusión-exclusión en el orden social.

El punto de partida es la observación de que el activismo se manifiesta en grupos organizados como colectivos y no de manera individual, y que los colectivos son percibidos como formas particulares de organización horizontal que tienen como centro el reconocimiento de sus potencialidades y saberes. Se considera asimismo que existe un conocimiento que emerge y es difundido desde los colectivos que luchan contra la discriminación, que se proyecta a la sociedad como acciones de concientización y resistencia³, opuestas a los patrones dominantes de discriminación construidos por la heteronormatividad. Otro eje que guía a la investigación es que el sentido de la participación se construye a partir de la pertenencia y las prácticas organizativas de los colectivos.

En ese marco se busca examinar el movimiento del activismo político a partir del caso concreto de colectivos de la diversidad sexual en la Ciudad de México que han participado en la lucha contra la discriminación hacia las PVV. Para ello, partimos de tres supuestos: 1) Que la reestructuración neoliberal del capitalismo global ha conducido a un abandono del Estado en procurar la salud de la población, sobre todo entre los sectores históricamente vulnerados como el caso de la población sexo-diversa. 2) Que, entre algunos de los grupos políticos organizados de la diversidad sexual, existe la percepción de una insuficiente responsabilidad estatal en la atención a las PVV a pesar de la ampliación de la cobertura de tratamientos antirretrovirales. 3) Que el deterioro de las condiciones de vida de las PVV ha tenido como consecuencia el incremento del activismo político por parte de algunos grupos organizados que han optado por una postura de resistencia frente a la hetero y la homonormatividad.

Consideraciones sobre el sistema sexo-género y la estructura socioeconómica

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una progresiva recuperación de los postulados clásicos del marxismo por parte de los estudiosos del género, sobre todo entre académicos y activistas trans y queer como ^{Duggan (2002)}, ^{Lewis (2016)}, ^{Puar (2018)}, ^{Gleeson y O’Rourke (2021)}, ^{Wynn (2021)}, entre otros. En esa corriente existen características comunes para abordar los fenómenos relacionados con el sistema sexogénero, a pesar de la diversidad de sus enfoques; entre ellas se destacan las que proponen observar al sistema sexo-género en su dimensión histórica y en relación con la estructura socioeconómica. Otra parte importante de esa visión es el concepto de totalidad; en términos de ^{Lukács (2007)} y ^{Antunes (2005)} la totalidad es un punto de partida necesario para comprender la realidad social. La noción involucra la interconexión de los fenómenos sociales y las contradicciones y tensiones implícitas en esas relaciones, por ello se le considera un concepto útil para comprender las relaciones de género dentro del capitalismo. En el caso de las relaciones de género, el concepto de totalidad permite visibilizar la forma en que el patriarcado está articulado en las estructuras económicas, políticas y culturales de la sociedad, y cómo se intersecta⁴ con otras formas de opresión y explotación, como la clase y la raza. Así, por ejemplo, dentro del capitalismo ha existido históricamente un disciplinamiento de género que ha excluido a las personas LGBTTTIQ+ de ciertos trabajos (^{O’Brien, 2021}).

Pensar desde la totalidad, no significa estudiar todas y cada una de las manifestaciones de un fenómeno, sino tener en cuenta que los hechos sociales están vinculados directa o indirectamente a la base económica que condiciona las estructuras sociales. En este sentido, fenómenos como la discriminación dejan de ser entendidos únicamente como resultado de una preferencia sexual o una identidad de género y se les coloca dentro de un entramado de relaciones sociales históricamente determinadas constituidas sobre una base económica.

Observar el fenómeno del activismo en pro de los derechos de las PVV desde el punto de vista de la totalidad permite visibilizar la relación de la pandemia del VIH con las formas en que el capitalismo neoliberal ha tratado a la salud pública y profundizado las desigualdades sociales. Asimismo, visibilizar procesos en los que el deterioro de las condiciones de vida ha conducido a una respuesta política por parte de un sector de la comunidad LGBTTTIQ+ vulnerado tanto por su situación de clase, como por la seropositividad, conformando acciones de concientización política que han implicado, en algunos casos, rupturas con las formas en que la comunidad de la diversidad sexual había hecho política en los tiempos recientes.

Cabe notar que otros enfoques, como el postcolonial y el decolonial, advierten que las perspectivas marxistas clásicas no son suficientes para explicar las relaciones entre los fenómenos de discriminación y las estructuras del capital global; porque las consideran posicionamientos universalistas que se abstraen de toda determinación espacio temporal; además de recurrir al sentido epistémico de un sujeto de enunciación que es abstraído, vaciado de cuerpo y contenido, y de su localización en la cartografía de poder mundial tal como considera ^{Grosfoguel (2007)}. En un sentido similar Spivak argumenta que las voces de los grupos subalternos a menudo se excluyen de los discursos dominantes y que los intentos de hablar en su nombre resultan en una mayor marginación. Sugiere que los académicos e intelectuales occidentales deberían reconocer su complicidad en los sistemas de poder que silencian las voces subalternas y trabajar para crear espacios para que esas voces sean escuchadas (²⁰⁰³). Así, Spivak desarrolla el concepto de “violencia epistémica”, el cual refiere a las formas en que los discursos y sistemas de conocimiento dominantes pueden silenciar o borrar formas alternativas de conocer y comprender el mundo de los distintos grupos dominados. Spivak considera que esta violencia suele ser invisible para quienes se benefician de los sistemas de conocimiento, y que los esfuerzos por dar voz a los grupos subalternos deben implicar un examen crítico de los fundamentos epistemológicos de los discursos dominantes (²⁰⁰³).

En sintonía con la línea de pensamiento de Spivak está Boaventura de Sousa Santos en América Latina, quien desarrolla el concepto de epistemologías del Sur referido a la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. (de Sousa Santos, citado por ^{Montanaro, 2017, p. 47})

Si bien existen diferencias entre estos enfoques, convergen en la importancia de reconocer la naturaleza compleja e interdependiente de la realidad social. En seguimiento de esa correspondencia, en este análisis se retoman las dos perspectivas: la de la totalidad para identificar las estructuras de la desigualdad y la exclusión y, por el otro lado, la del poscolonialismo que permite incluir los saberes particulares a través de la recuperación del conocimiento de los colectivos sobre los procesos particulares de discriminación y acción en su entorno particular.

La heteronormatividad, un problema estructural

La heteronormatividad puede considerarse como un hecho social en el sentido advertido por Durkheim; como un fenómeno constituido por un conjunto de formas de pensar, hacer y sentir externas al individuo que lo coaccionan para comportarse de un modo determinado (²⁰⁰⁵). Para normar el comportamiento la heteronormatividad se vale de mecanismos disciplinarios que tienden a “corregir” las “desviaciones” en un sentido foucaultiano (²⁰⁰⁸). Así, los “anormales” entran en una relación asimétrica de poder en la cual sus comportamientos son vigilados y cuestionados y, por lo tanto, la heteronormatividad constituye un fenómeno eminentemente opresivo. La heteronormatividad se basa en el modelo de familia burguesa⁵ e impone un modelo hegemónico de sexualidad que, de acuerdo con ^{Muñoz (2008)}, se basa en los siguientes imperativos: 1) La monogamia entendida en términos de ^{Engels (1980)} y ^{Feingerg (1996)}, 2) la reproducción como único fin de la sexualidad, 3) la falocracia como sistema de dominio y 4) la heterosexualidad como única forma válida de relacionarse sexual y afectivamente entre las personas. Serrato y Balbuena precisan e integran sus componentes:

[…] la heteronormatividad (entendida como la ideología que hace parecer a la heterosexualidad como la única orientación sexual, normal, natural y válida), forma parte de la biopolítica, dado que incluye prácticas que naturalizan la heterosexualidad reproductiva y acallan a la homosexualidad. Pero también incluye la imposición del sistema de género hegemónico y del modelo de familia nuclear heterosexual. Se trata, entonces, de entender que la heteronormatividad es, en realidad, una biopolítica. (^{Serrato y Balbuena, 2015, p. 173})

La heteronormatividad se encuentra directamente relacionada con la base económica, la cual moldea estas formas de pensar, hacer y sentir; configurando un modo de estructurar las instituciones sociales. En este sentido, no sólo implica que algunas personas consideren ciertos comportamientos como positivos o negativos, sino que supone desigualdades sociales en el acceso al mercado laboral⁶, a puestos de poder y a la seguridad social.

El neoliberalismo y su impacto en la comunidad de la diversidad sexual

Desde los años ochenta, en México, la aplicación de las medidas neoliberales en las políticas públicas (^{Martínez y Reyes, 2012}), tuvo infinidad de consecuencias en distintos ámbitos de la vida social, aquí nos centraremos en las que han incidido en los ámbitos laborales y de salud: 1) La desregulación del trabajo estableció condiciones de inestabilidad laboral para las mayorías, en especial, en países latinoamericanos (^{Quijano, 2014}). Esas medidas se tradujeron en un estado permanente de incertidumbre entre las clases trabajadoras con efectos en el acceso a la salud y al empleo. 2) El desmantelamiento de la seguridad social y, en particular, del sector salud, incidió negativamente en la atención recibida por los pacientes no sólo por el desabasto de medicamentos e insumos sino también por la sobrecarga laboral del personal médico y administrativo.

Desde otra óptica, ^{Cadena Vargas (2006)} y ^{Srniceck y Williams (2015)} afirman que el neoliberalismo más que un modelo económico, es un modelo de sociedad, dado que transforma integralmente la cultura. Desde su perspectiva, en términos de la acción política, la aplicación de los principios neoliberales tuvo como consecuencia la atomización de los movimientos sociales que se decantaron por prácticas como la política identitaria o la crítica de la cultura (^{Lewis, 2016}). Asimismo, en torno a las manifestaciones culturales, se impulsó un modelo de sociedad que privilegió la búsqueda del éxito individual por encima del bienestar colectivo el cual se volvió hegemónico; es decir, en términos de ^{Gramsci (2005)}, fue configurado mediante un complejo proceso de persuasión, negociación e influencia cultural, a través del cual se logra la aceptación y conformidad con los patrones de subordinación impuestos.

En ese marco, el modelo cultural hegemónico neoliberal se tradujo en formas de conciencia que impactaron a la sociedad en su conjunto incluyendo a la comunidad LGBTTTIQ+. De acuerdo con ^{Raha (2021)} y ^{Duggan (2002)} la homonormatividad es una forma de conciencia política que no cuestiona a las instituciones, tampoco los presupuestos de la heteronormatividad o del capitalismo, sino que, por el contrario, los afirma y es el resultado de la transformación de las condiciones del trabajo reproductivo, dado que deslinda la responsabilidad del Estado hacia el individuo por medio del desmantelamiento de la seguridad social. Asimismo, de acuerdo con su perspectiva, la homonormatividad fomentó una cultura gay privatizada, despolitizada y basada en el consumo.

En el caso mexicano, como formas de resistencia a esos impactos negativos se conforman movimientos políticos entre ellos la corriente de activismo LGBTTTIQ+ que adquiere relevancia política y mediática y que puede ser vista como una crítica a la heteronormatividad neoliberal, así como a las prácticas homonormadas. En este texto, del amplio espectro del activismo político de la comunidad LGBTTTIQ+ hemos decidido centrar la mirada en el sector abocado a luchar por los derechos de las PVV para poder visibilizar tanto sus rupturas con los activismos previos como sus continuidades.

Metodología

El análisis tiene por objetivo, por un lado, visibilizar el cómo las discriminaciones que viven las PVV están atravesadas por la condición de clase y las contradicciones socioeconómicas en un entramado con el sistema sexo-género y, por el otro lado, explicar cómo estas condiciones materiales han derivado en el activismo político. Con esas intencionalidades se realiza un análisis en tres niveles: 1) El primero de tipo documental en el cual se revisan las estadísticas y la literatura relacionadas con las políticas de salud y atención social del Estado mexicano para la atención de la pandemia de VIH dentro del contexto del neoliberalismo. 2) El segundo nivel consistió en el acompañamiento a dos colectivos de la Ciudad de México que enarbolan la defensa de las PVV a través del método de la observación participante.

Para realizar la parte empírica de la investigación, se acompañó a los colectivos VHIve Libre y Grupo d3 Chok3 en cinco acciones de protesta relacionadas con la defensa de los derechos de las PVV realizadas entre agosto del 2021 y noviembre del 2022. Los colectivos fueron elegidos principalmente por el impacto político y mediático que han logrado generar a través de los años de activismo en los que han operado. El seguimiento se efectuó mediante una bitácora de observación con un registro etnográfico de los distintos encuentros que tuvieron lugar en este periodo y de la participación en las acciones de protesta. 3) El tercer nivel de investigación fue el de la realización de entrevistas a profundidad a distintos integrantes de los colectivos en las cuales se exploraron las experiencias y los saberes de los sujetos en el contexto de las estructuras en que se desenvuelven. (los entrevistados se identifican con letras que corresponden a su nombre y apellido o nombre artístico de ser el caso, para proteger su privacidad: OP, AP, DP, VL y PA).

La opción metodológica se sustentó en los postulados de Rekalde, Vizcarra y Macazaga, que señalan a la observación participante como “un método interactivo de recogida de información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva” (^{2014, p. 207}). Otro punto a considerar en la metodología fue que permite recuperar las percepciones, experiencias y saberes de las personas en su interacción con el entorno social, cultural y político, como dimensiones que se conectan en la vida de las personas (^{Ulin et al., 2006}); de ese modo, a través de las entrevistas y la bitácora de observación fue posible capturar la discrepancia entre el aparente éxito de las políticas de salud y atención social en materia de atención a las PVV y la percepción de insuficiencia por parte de los grupos organizados dentro de un proceso históricamente determinado.

Se asume, en consecuencia, que el camino teórico metodológico elegido permite visibilizar, por un lado, los saberes desarrollados por los colectivos que emergen desde el activismo y, por el otro, capturar cómo el activismo político de la comunidad LGBTTTIQ+ no sólo está condicionado por las variables vinculadas a la identidad basada en el sistema sexo-género, sino su entrecruzamiento con los procesos socioeconómicos concebidos desde el punto de vista de la totalidad.

Relación entre activismo político y estructura social. Cobertura de los tratamientos antirretrovirales en México

De acuerdo con ONU/SIDA, se estima que en México hay entre 320 mil y 400 mil personas que viven con VIH de las cuales 80.55% son hombres de 15 años y más; 18.88% mujeres de 15 años y más y 0.7% niños de menos de 15 años. La tasa de prevalencia de VIH es de 0.3% colocando al país en el lugar 86 a nivel mundial, justo debajo de España y por arriba de Laos e Italia. Actualmente, 61% de las PVV recibe tratamiento antirretroviral. Entre las trabajadoras sexuales la prevalencia alcanza el 0.8 por ciento mientras que entre hombres que tienen sexo con otros hombres llega hasta 11.9%. Entre las personas que usan drogas inyectadas, la tasa es de 2.9% y, entre las personas trans es de 4.9%. Así, se nota que entre las personas de la diversidad sexual se incrementa la proporción de personas con VIH.

Desde 1990, los casos fueron en aumento hasta llegar al 2015, año en el que se alcanzaron aproximadamente los 20,000 nuevos contagios; a partir de entonces se ha entrado en un proceso de lento decrecimiento hasta llegar al 2021 con aproximadamente 18,000 nuevos contagios. El año 2015 marcó también una caída en la cifra de muertes provocadas por el VIH pasando de 6,500 a 5,600 en el 2016, casi 900 muertes menos que el año anterior. La tendencia continuó de manera sostenida bajando hasta 4,600 muertes en el 2021. La disminución se corresponde con el incremento en la cobertura de tratamientos antirretrovirales que pasó del 26% en el 2010, a 54% en el 2021; es decir que en este periodo prácticamente se duplicó la cobertura de atención.

De acuerdo con el estudio de ^{Gayet y Dávila-Cervantes (2014)}, las políticas públicas para disminuir la mortalidad entre pacientes con VIH comenzaron a dar resultados a partir del 2008 con la extensión del uso del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TAGA). Según lo expuesto en su trabajo, en el 2001 el gobierno de la república se comprometió a ofrecer tratamiento gratuito a todos los ciudadanos como parte del Seguro Popular (2002). En 2003, con esta plataforma se comenzó a implementar el TAGA, pero fue hasta 2008 que se presentaron los primeros resultados en la diminución de la mortalidad (^{Gayet et al., 2014}).

^{Orozco Nuñez et al. (2015)} señalan que estos avances no necesariamente se traducen en una percepción positiva de las políticas del Estado. Estiman que en el entramado institucional existen estructuras que fomentan la discriminación y la homofobia, lo que contraviene a los principios jurídicos que se han desarrollado en México para evitarlo. Se suma a esa posición el estudio de Infante et al., que señala que las instituciones de salud mexicanas persistentemente sostuvieron prácticas discriminatorias hacia las PVV, a pesar de los cambios en el lenguaje que fueron establecidos por las autoridades en la materia (²⁰⁰⁶). Advierten el empleo del término “grupos de riesgo” que se utilizaba para discernir a quien se le realizaría una prueba de detección de VIH y, a quien no, como constituyente de un criterio discriminatorio que atentaba contra la dignidad de las personas.

Dentro del término “grupos de riesgo” se ubicaba a las personas que realizan trabajo sexual, a los hombres que tienen sexo con otros hombres y a los consumidores de drogas intravenosas. Así, sobre estos grupos sociales tradicionalmente vulnerados se colocó el estigma de ser los causantes de extender los contagios y culpables de haber adquirido el virus; por ejemplo, entre el personal de salud encuestado el 23 por ciento señaló que la homosexualidad era la causa del VIH/SIDA. Así, para evitar estigmatizar a los grupos vulnerados se optó por abandonar el término “grupos de riesgo” y se introdujo el de “prácticas de riesgo”. No obstante, como afirma ^{Lewis (2016)}, la crítica al lenguaje y al simbolismo no necesariamente transforma las condiciones de donde emerge el sentido, así, a pesar del cambio en el lenguaje usado en las instituciones de salud, la práctica real detrás del término “grupos de riesgo” persistió dentro de las clínicas. “La prueba de detección de VIH se lleva a cabo, en ocasiones, sin el consentimiento del paciente sólo por considerarlo dentro de algún grupo de riesgo” (^{Infante et al., 2006, p. 146}).

La discriminación, las condiciones de vida de las PVV y el activismo político. Discriminación en salud y atención médica

La discriminación hacia las PVV ocurre en distintos espacios y niveles, siendo el vinculado a la atención médica uno de los más visibles. En las entrevistas realizadas durante la investigación, fue posible constatar que las prácticas discriminatorias por parte de la población en general, así como por parte del personal de salud, continúan como un problema vigente. En el acompañamiento a los colectivos y personas se observó que la serofobia sigue operando con motivo del control de la sexualidad de los sujetos; es decir, prevalece el señalamiento de la orientación y las prácticas sexuales como la causa de la transmisión del VIH.

A partir de estos imperativos vinculados a la visión institucional heteronormativa, se infiere que vivir con VIH es una especie de castigo por haber tenido prácticas que salen de lo moralmente aceptable. Por ejemplo, de acuerdo con el testimonio de AP, “se sigue pensando que el VIH sólo les pasa a los homosexuales, a las trabajadoras o trabajadores sexuales, a los que se acuestan con más de veinte, a los que viven una sexualidad abierta o más plena”. Desde la experiencia del entrevistado, este es un fenómeno que se manifiesta a partir de una supuesta relación entre la orientación y las prácticas sexuales con la transmisión del VIH en la cual se descontextualiza toda la estructura social que existe detrás, silenciando los saberes y prácticas de las comunidades discriminadas.

En el mismo sentido se pronuncia VL -quien además de ser activista también se desempeña como enfermero- para señalar que las actitudes y prácticas discriminatorias están presentes entre el personal de salud con quien ha laborado en la Ciudad de México. En su testimonio denuncia que en el hospital en el que trabaja: “Me ha tocado escuchar que de pronto me dicen [que el VIH] ‘solamente es para promiscuos’, ‘para gente que no se cuidó’, ‘para gente que le valió’”⁷. Afirma que este posicionamiento es resultado de la poca formación en género que persiste durante la formación del personal médico puesto que: “cuando era estudiante de la salud nos decían ‘ten cuidado con este paciente porque tiene VIH’ y bien, ‘ten cuidado’ pero no nos hablaban más allá de eso”.

Desde su visión, los testimonios recabados sugieren que el VIH podría seguir siendo un tema tabú en la formación del personal de salud que se expresa no sólo por medio de comentarios alarmistas, sino también a través del silencio. La información de este fenómeno se amplía cuando los entrevistados (AP y VL) argumentan que en su experiencia como estudiantes de enfermería no presenciaron ese mismo silencio en torno a otros virus o enfermedades contagiosas. De lo cual, se puede desprender que la problemática no es derivada del “riesgo de contagio” al cual pueden verse expuestos los trabajadores de la salud, sino de implicaciones sociales alrededor de la regulación de la sexualidad a partir de la heteronormatividad. Entonces, el VIH sigue siendo concebido en términos morales como una consecuencia directa de prácticas sexuales que no están dentro de la heteronormatividad y las consecuencias de este razonamiento se reflejan en la atención que se brinda a los pacientes, puesto que deriva en distintas formas de violencia como negar la atención a pacientes en fase de SIDA de acuerdo con los testimonios de los activistas entrevistados.

En otros aspectos la observación evidenció que, si bien es cierto que ha habido un incremento en la cobertura de los tratamientos antirretrovirales, tal como lo muestran las estadísticas y se corrobora en los testimonios, también es cierto que en la actualidad persisten problemas de discriminación basados en otros factores. Sobre ello, OP afirma lo siguiente: “los antirretrovirales digamos que ya no es tan complicado el trámite para que te ingresen y te los den, igual ya no es tan laborioso, pero en algún tiempo sí.” Al igual que para OP, AP considera que actualmente el problema en torno a la atención no se centra en directamente en torno al tratamiento antirretroviral cuyo avance en su acceso no es negado por los activistas, sino en las prácticas vinculadas a la discriminación frente a las cuales se siguen denunciando carencias. En sus palabras:

[…] vivimos en el estigma social respecto de la muerte constante. Vivimos con el miedo, pero también de las dudas, de la vergüenza… de la pena, y eso es lo que creo que no se ha avanzado porque tenemos los mejores medicamentos en este país para el tratamiento y el control del VIH, pero no tenemos las herramientas sociales para poder avanzar en la erradicación de los estigmas en torno a las personas que vivimos con VIH.

Por lo tanto, podemos considerar que la brecha entre los datos oficiales sobre la atención al VIH y la perspectiva de los activistas puede ubicarse en la forma de considerar la integralidad de su tratamiento. Así mismo, fue posible apreciar como los sujetos forjan su criterio y sus saberes a partir de su experiencia práctica que entra en contradicción con lo que las instituciones consideran sobre ellos.

Discriminación en trabajo y seguridad social

Como se esperaba datos y testimonios coinciden en que, en materia de atención a la salud, persisten otros problemas de carácter estructural que condicionan la calidad y el acceso a la salud. Por ejemplo, la falta de acceso a un trabajo formal implica que una PVV pueda tener o no seguridad social. Aquellas PVV que no cuentan con seguridad social brindada por el IMSS o el ISSSTE⁸ no quedan fuera de la cobertura de los tratamientos antirretrovirales, dado que las clínicas Condesa y los CAPASITS⁹ son de acceso universal. No obstante, el problema reside en el hecho de que la atención a enfermedades no vinculadas directamente al VIH presenta restricciones para las PVV que no cuentan con seguridad social. De acuerdo con el testimonio de OP, si bien no es complicado obtener el tratamiento antirretroviral “…la cosa es las otras enfermedades que puedas tener. Ahí es donde se te complica todo lo demás, una cita con el dermatólogo, con el proctólogo, con el dentista, el psicólogo, el psiquiatra, con todas las especialidades.” Los procesos para obtener una cita se complican según lo afirmado por OP, y a ello se suma que los medicamentos no relacionados directamente con el VIH no siempre están disponibles.

Con esos elementos resulta visible la forma en que la estructura del mercado laboral en nuestro país constituye la base sobre la cual se perpetúan prácticas institucionales de discriminación a las PVV en el acceso a una atención integral y de calidad. A ello habría que sumar que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ tienen menor oportunidad de integrarse al mercado laboral formal como consecuencia del disciplinamiento heteronormativo que existe en el trabajo, situación que se agrava entre las personas trans, tal como señalan ^{Vélez y Montoya (2022)}. Por lo tanto, quienes no cuentan con un trabajo formal se enfrentan con una atención que en muchas ocasiones carece de la sensibilidad de género y adolecen de una atención integral para garantizar su derecho a la salud.

La interacción entre esos ámbitos puede ser vista como un proceso bidireccional ya que la condición laboral repercute en la atención que médica que reciben las PVV y, vivir con VIH impacta también en el aspecto laboral, construyendo territorios particulares en los que la discriminación y la serofobia operan también como disciplinamiento de género en el mercado laboral, mediante patrones de relaciones atravesadas por el sistema sexo-género. En este sentido, la discriminación hacia las PVV no sólo es una opinión o una actitud individual, sino que puede ser interpretada, desde la totalidad, como un entramado de interacciones con las estructuras de poder que tiene consecuencias de exclusión. De acuerdo con DP, estas prácticas se manifiestan en “No darles [a las PVV] acceso a un trabajo, a una vivienda, a la educación, a estar en un espacio público con amigos etc., y eso se sigue arrastrando hasta la actualidad.” Del mismo modo, DP enfatiza que “Lo podemos ver clarísimo que hay muchas empresas que rechazan a las PVV y no les dan un trabajo”. Coincide en ello la experiencia individual de OP, a partir de la cual señala la situación de las PVV como de “trabajos inestables, una vida inestable, incierta”, en una expresión que resume saberes localizados y sugiere una interconexión con las estructuras económicas que, desde el punto de vista de la totalidad, podría ser interpretada como producto de sus contradicciones inherentes.

Desde esos ángulos, a partir la información expuesta en los testimonios, se visibiliza la tendencia del capital a engrosar las filas del polo marginal a través de la expulsión del mercado laboral formal comenzando por los grupos sociales históricamente discriminados. En ese contexto, las manifestaciones de los grupos y personas pueden ser visibilizadas como prácticas constitutiyentes de la orientación general del capitalismo, en el que históricamente ha existido un disciplinamiento de género que ha excluido a las personas LGBTTTIQ+ de ciertos trabajos (^{O’Brien, 2021}). La división del trabajo por género es un aspecto fundamental del sistema capitalista y está íntimamente ligada a la explotación a partir de la creación de un ejército industrial de reserva. Al mismo tiempo, los estereotipos y expectativas de género también se cruzan con la raza y la clase para crear formas específicas de opresión para las personas.

Serofobia, raza y clase

De conformidad con los elementos aportados previamente, la discriminación hacia las PVV no parte únicamente del vivir con el virus, ni de la dimensión social que las vincula a un tipo de sexualidad al margen de la heteronormatividad, sino que se intersecta con el racismo y el clasismo dentro de contextos sociohistóricos particulares. Esto significa que no todas las PVV están sujetas a las mismas prácticas discriminatorias. Quienes provienen de “clases medias” identificadas bajo la blanquitud (^{Echeverria, 2010}) enfrentan menores barreras para tener acceso a tratamientos que aquellos de clases populares racializadas, tal como se manifiesta en los testimonios recabados y en las observaciones realizadas. Por ejemplo, OP denuncia que “a mi exnovio G le hicieron la vida imposible en la clínica Condesa. Su mamá se tuvo que ir a los madrazos (sic) con los doctores. Porque lo veían moreno, lo veían chacalón (sic), lo veían pobre.”

A su vez, DP denuncia lo siguiente:

Grupos sociales estigmatizados históricamente como personas homosexuales, indígenas, que viven en la periferia o migrantes, tienen una condición de segregación social, de violencia, de discriminación brutal, marcado desde muchos años. Ahora, específicamente las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, tienen ya una condición de segregación o de discriminación o de señalamiento desde varios aspectos. Ahora una persona que es homosexual y que vive con VIH es doblemente estigmatizada, pero también una persona que es homosexual, que vive con VIH y que vive en la periferia de la Ciudad de México en condición de pobreza extrema, es decir una condición vulnerable, es triplemente estigmatizada. Hay muy poco acceso a la información y a los tratamientos antirretrovirales, para estas personas está peor el asunto. Ahí se puede ver la dimensión [social] del VIH que se va agrandando en los distintos sectores y grupos sociales.

Los testimonios son reveladores en mostrar cómo la experiencia de vivir con VIH se construye a partir de historias de vida concretas, en las que los factores estructurales como el acceso a una educación integral conforman la manera en que los sujetos actúan con respecto al virus.

La indagación permite corroborar, a partir de lo expuesto, que prevalecen serios problemas de atención a las PVV a pesar del progresivo incremento que ha habido en la distribución de tratamientos antirretrovirales. Con esos elementos se infiere asimismo que los problemas son consecuencia: 1) De que en una sociedad heteronormada el VIH sigue siendo condenado moralmente como forma de “corregir” aquellas conductas que son consideradas anormales; lo cual deriva en formas de discriminación que repercuten en la calidad de vida de los sujetos. 2) La serofobia y la discriminación a las personas de la diversidad sexual no obra de manera aislada, sino que se intersecta con otras variables profundizando la vulneración de los sectores discriminados. 3) La reestructuración del paradigma de desarrollo neoliberal no ha sido capaz de generar sistemas de seguridad social robustos que aseguren la estabilidad laboral de las PVV, así como su acceso a servicios médicos integrales.

Así, en torno a la reflexión sobre si es suficiente la ampliación de la cobertura de los tratamientos antirretrovirales podemos concluir que, si bien es necesaria, no basta. Lo cierto es que, de acuerdo con los testimonios recabados, falta mucho en materia de seguridad social para desarrollar condiciones de bienestar entre las PVV; condiciones que están vinculadas a la superación de los problemas estructurales de la cobertura y calidad educativa, así como a cambios positivos en el acceso al mercado laboral.

Activismo y respuesta organizada

Sumariamente, la exploración permitió observar el desarrollo de una intensa actividad por parte de la comunidad LGBTTIQ+ en la lucha por la ampliación de sus derechos. Sin olvidar que, desde la década de 1980, el activismo de la comunidad de la diversidad sexual estuvo vinculado a la política en pro de los derechos, en una trayectoria en la cual hubo un repliegue del movimiento durante ese periodo tal como lo señalan ^{Diez (2011)} y ^{Hernández (2021)}. Sin embargo, a partir de 1999, se inicia una nueva etapa en el activismo en México con una presencia e impacto mayor de los colectivos en los espacios públicos.

En este entorno resulta factible la interpretación de que el activismo de la comunidad parte de una interpretación de la realidad nacional y de la historia del movimiento en la cual observan al Estado como un ente de dominación que actúa a través de prácticas heteronormativas y acciones de discriminación para las personas LGBTTTIQ+ y de las PVV. Por ello, conciben los logros sociales que se han obtenido como resultados de la organización, pertenencia, integración y participación en los colectivos. Con relación a este punto OP señala: “Si fuera por el Estado sólo nos darían unos chochos... Eso sería por voluntad del Estado. Todo esto se ha logrado por el activismo. Los CAPASITS, las clínicas condesa, CENSIDA, todo fue creación del activismo, de la emergencia.” AP comparte la evaluación sobre el progreso en la atención a las PVV como un resultado de acción colectiva:

El acceso a retrovirales comenzó a partir del 2000 y fue gracias a estos activistas de la vieja escuela que obviamente tuvieron una gran participación en la calle y afuera del congreso, afuera de la cámara de diputados, afuera del palacio nacional y entonces se logró por medio de muchísima presión social y de los activistas y de las PVV.

En la visión sobre ese proceso se destaca que esta concepción sobre el Estado y sobre la historia de sus derechos mantiene entre los activistas y colectivos, la noción práctica de una lucha permanente, un saber que han desarrollado a partir de la organización y la praxis política.

Por otro lado, al igual que observamos en el apartado anterior cómo las condiciones de precariedad laboral fomentadas por el neoliberalismo impactaban sobre las prácticas discriminatorias y el acceso a una salud integral, también podemos observar cómo esta condición estructural impacta directamente en el quehacer político de los activistas. En ese sentido se destaca que los colectivos se integran principalmente por personas provenientes de familias de clase trabajadora, sin llegar a ser de los estratos más marginados. La composición organizacional de los colectivos puede ser caracterizada por la pertenencia de sus integrantes que han tenido acceso a la educación superior en calidad de estudiantes, egresados o con carrera trunca. Sin embargo, como fenómeno particular de la estructura laboral del neoliberalismo en países como México, la mayoría de ellos se mueve entre la incertidumbre laboral y la informalidad o son trabajadores independientes, condición que se ve reforzada por el disciplinamiento de género y la serofobia. Esta doble tendencia consecuentemente conduce a que, por un lado, se tenga mayor acceso a información especializada sobre el género y, por el otro, a que existan condiciones materiales flexibles para llevar una actividad política más dinámica.

Otro aspecto importante por destacar sobre el activismo está en su carácter comunitario y horizontal que se opone directamente a los presupuestos de la homonormatividad, considerando que esta última privilegia el consumo y el éxito económico individual. Sobre este tema DP ha señalado que en México ha existido una corriente hegemónica que indica lo que significa vivir con VIH o identificarte como homosexual a partir de principios homonormados ya que en sus palabras: “Hay sectores en este país que venden cierta imagen cierta ilusión para las personas que viven con VIH y no todas las personas tienen dinero o tienen recursos para entrar a esos espacios para conocer, para vivir el ‘ser gay’”.

Para los propósitos de este estudio eso significa que las condiciones materiales limitan objetivamente el acceso a una salud integral a través de medios individuales dadas las condiciones económicas precarizadas, asimismo, que el compartir situaciones de discriminación ha implicado el encuentro entre pares forjando lazos de solidaridad. En este sentido, AP afirma que: “es importante hacer redes de apoyo nos va a ayudar también a estar más cómodos con nosotros mismos en comunidad a trabajar nuestros propios estigmas y a eliminarlos. Pero siempre se va a hacer en comunidad”. Por lo cual, las experiencias compartidas de clase atravesadas por el sistema sexo género, conducen a buscar soluciones colectivas en la medida en que los patrones homonormativos se contraponen a su realidad y a su saber colectivo. Simultáneamente a la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas, emergen también consideraciones que se oponen al neoliberalismo por parte de los activistas. En este sentido, si por un lado el sistema económico ha desmantelado las estructuras de la seguridad social, ha desregulado el mercado laboral, ha precarizado el mundo del trabajo y ha creado condiciones de incertidumbre para los sujetos en general que se agrava en las PVV; por el otro lado, los activistas señalan la necesidad de que exista un sistema que garantice el acceso universal a la salud, a un trabajo digno y estable como condiciones que son necesarias para tener una vida plena. Por ejemplo, DP considera que la lucha en defensa de los derechos de las PVV debe ser también una lucha por el buen vivir, tema sobre el cual afirma lo siguiente:

Desde mi punto de vista personal, es justo buscar estas condiciones adecuadas para cualquier persona que vive en esta ciudad, poder tener acceso a habitación digna, poder tener acceso a salud de manera adecuada a tiempo, de tener condiciones de tener un trabajo y poder salir a la calle sin ser discriminado por cualquier condición y cualquier diferencia que tú tengas. Yo me refiero justo a eso, el buen vivir en cualquier aspecto de nuestra vida social, política, afectiva. También de conocer nuestra sexualidad, relacionarnos con nuestra sexualidad con otras personas de conocer como el universo del VIH y saber que no debe haber ningún estigma ni ninguna discriminación, porque es como cualquier otra condición crónica de salud, digamos, y no debería ser una imposibilidad para disfrutar nuestro cuerpo, nuestras emociones, relacionarnos con otras personas, el crecer profesionalmente. Eso es a lo que me refiero con el buen vivir.

Finalmente se puede decir que las observaciones evidencian que el desmantelamiento de la seguridad social, la incertidumbre y la vulneración a derechos básicos de las PVV, provenientes de las clases trabajadoras, en situación de precariedad, las ha llevado a organizarse para garantizar lo mínimo para tener acceso a una calidad de vida digna. Esto los lleva a cuestionarse directa o indirectamente aquello que se ha denominado homonormatividad y que ha ejercido una influencia hegemónica en gran parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Conclusiones

La indagación sobre el incremento del activismo en el sector de personas con VIH permite formular algunas reflexiones conclusivas. En primer lugar, resulta oportuno advertir que la reestructuración neoliberal del capitalismo ha repercutido en crear condiciones de inestabilidad laboral y social en sujetos históricamente vulnerados al limitar su acceso a la salud y a la seguridad social. Estas condiciones se constituyen como la base material sobre la cual se desarrolla la conciencia política de los activistas, así como lo que permite o limita su acción.

En segundo lugar, es claro que en los grupos políticos organizados de la diversidad sexual existe la percepción de que el Estado ha asumido una responsabilidad insuficiente en la atención a las PVV dado que, resulta evidente que la cobertura de tratamientos antirretrovirales, si bien es necesaria, no es suficiente, porque los problemas relacionados con el VIH van mucho más allá del virus en sí mismo y tienen que ver con su dimensión social.

En tercer lugar, se advierte la existencia de un cuestionamiento constante a la hetero y a la homonormatividad que se refleja en una concepción comunitaria y mutualista de resolución de los problemas a través de la acción colectiva. Desde esa concepción se percibe que la contradicción entre los parámetros culturales del neoliberalismo y el deterioro de las condiciones materiales de vida son la base sobre la cual se finca el incremento del activismo político.