Introducción

Este artículo presenta una aproximación a los vínculos entre Estado(s) y movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad a partir de los procesos de institucionalización del género. Reflexionamos sobre una de las dimensiones que estos procesos implican, la participación de estos movimientos, a partir de un interrogante que guía nuestras investigaciones: ¿qué fronteras de exclusión/inclusión son trazadas en los espacios de participación que generan los procesos de institucionalización?

En Argentina, a finales del año 2019, se dió un hito clave en la institucionalización del género a nivel nacional a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), experiencia que llegó a su fin con el cambio de gobierno en diciembre de 2023. Compartimos en este artículo el análisis realizado en una primera etapa de investigación, sobre los ámbitos que creó el MMGyD para establecer espacios de participación entre los movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad: los Foros Federales Participativos (FFP). Estos espacios fueron creados para construir sus principales políticas de género: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022/ 2022-2024) y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021-2023). En esta primera etapa trabajamos con el análisis de documentos públicos producidos por el MMGyD²vinculados a la presentación del plan y la sistematización de los foros, ya que compartimos la idea de que estos documentos son el resultado de disputas y relaciones históricas que se condensan de manera contingente en una política pública (^{Anzorena, 2019}), cuya forma de elaboración para los casos analizados es un punto importante dado su componente participativo. Consideramos que si

la función de las políticas es intervenir en lo social y darle forma al mundo, entonces el estudio de las políticas se convierte en un instrumento útil para comprender los motivos que fundamentan dichas intervenciones y las lógicas culturales que las impulsan. (^{Shore, 2010, p. 37})

Los documentos entraman una argumentación de la política pública, es decir, una mirada selectiva que moviliza significados y produce representaciones del orden simbólico que suponen inclusiones/ exclusiones (^{Cubillos Almendra, 2014}). Para ello, la metodología de esta primera etapa constó de una recopilación de los documentos vinculados a los planes y una posterior lectura y revisión de los mismos a partir de ciertos interrogantes guías que desarrollamos en el segundo y tercer apartado, proporcionados por la discusión de dos conceptos: institucionalización y ámbito público.

En primer lugar, cómo podemos conceptualizar y tensionar la noción de institucionalización del género, qué posibilidades nos abre la discusión de este término a partir de los aportes de la dimensión simbólica del Estado de ^{Cortés (2008)} y el feminismo decolonial, en pos de reconocer y revisitar las fronteras de inclusión/exclusión. Luego, desde la discusión que establece ^{Fraser (1993)} en torno a la noción de ámbito público, marcamos algunos interrogantes para analizar los foros como espacios de participación pública pero también como canalización entre movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad y el/ los Estado(s). Tramado en el interrogante por las fronteras, investigación y militancia se atraviesan en la búsqueda de mundos feministas.

Institucionalización del género: la dimensión simbólica

En este apartado procuramos ampliar el campo conceptual sobre la institucionalización del género complejizando el enfoque neoinstitucional con los aportes de ^{Cortés (2008)}, quién ha trabajado la idea de una dimensión simbólica del Estado para estos procesos derivados de los vínculos entre movimientos sociales y Estado(s). Sumamos la perspectiva de los feminismos decoloniales que han interpelado históricamente estos procesos. Existe una extensa literatura vinculada a analizar la institucionalización del género desde un enfoque neoinstitucional feminista (^{Freindenberg y Gilas, 2021}), que proponen una revisión de los roles de las instituciones para dar lugar a un perspectiva de género que atraviese la construcción de espacios institucionales y sus políticas, así como la generación de un bagaje conceptual propio (^{Incháustegui Romero, 1999}; ^{Mazur y McBride, 2008}; ^{Guzmán Barcos y Montaño Virreira, 2012}; ^{Rodríguez Gustá, 2019}; ^{Lopreite y Rodríguez Gustá, 2021}). Este heterogéneo enfoque ha permitido detectar diversas dimensiones y variables para analizar cómo funcionan las instituciones de género, sus transformaciones y políticas.

Sin embargo, dos cuestiones nos parecen importantes para ir más allá de este enfoque, por un lado, nuestra intención es profundizar la conceptualización de institucionalización desde otros aportes que entendemos complejizan dicho proceso, donde la mirada está puesta en las condiciones estructurales capitalistas, patriarcales y coloniales de los Estados. Es por eso que retomamos los aportes de ^{Cortés (2008)} a partir de lo que llama la dimensión simbólica del Estado, entendiendo que agudiza la mirada para pensar las limitaciones y potencialidades que estos procesos tienen en el marco estatal. Pero también, incorporamos advertencias de los feminismos decoloniales que nos permiten no solo comprender el Estado desde la colonialidad de género, lo cual complejiza la matriz de poder a partir de la cual las mujeres y diversidades han sido incluidas/excluidas de los espacios estatales y producción de políticas públicas, sino que, dado el sistema moderno/colonial que denuncian estas perspectivas, nos permite “sospechar de los discursos hegemónicos sobre inclusión y el sistema categorial que ha modelado el proceso de formulación de las políticas públicas” (^{Cubillos Almendra, 2014, p. 272}), trascendiendo “las limitaciones impuestas por un pensamiento colonial/moderno” (^{Cubillos Almendra, 2014, p. 273}).

En cuanto al concepto de institucionalización, ^{Cortés (2008)} sostiene que estos procesos son formas concretas en las que los Estados asumen la resolución de los conflictos sociales, partiendo de una noción de Estado como lógica y no solo como conjunto de aparatos. Esto habilita que las maneras en que se procesan las conflictividades tienen que ver con su forma institucional, estableciendo determinantes para el mismo: límites, tiempos y lenguajes. La dimensión simbólica del Estado consiste en “la capacidad de la institucionalidad estatal de proponer una forma de procesamiento determinada del conflicto, acorde con su propia textura” (^{Cortés, 2008, p. 138}) y es lo que llama institucionalización. Aludiendo a lo simbólico en términos bourdianos, el Estado tiene la capacidad de imponer conceptualizaciones, de producir ciertas maneras de pensar estatalizadas que delimitan lo posible, “lo que está por fuera parece impensable” (^{Cortés, 2008, p. 140}). Para entender estos procesos que van más allá de cómo “recepta demandas” el Estado, aparecen conceptos como transfiguración, traducción, homogenización, que aluden a formas de tratamiento. A partir del lenguaje estatal, la homogeneización se produce volviendo previsibles determinados comportamientos, bordeando los caminos posibles a ser tomados. Se trata de “la canalización de las demandas populares a través de instituciones y procesos que no provoquen rupturas en el orden dominante” (Therborn, 1997 como se citó en ^{Cortés, 2008, p. 144}).

^{Cortés (2008)} asume que las formas de tratamientos de las demandas sociales tienen que ver, en última instancia, con poder sostener el orden capitalista. Para diversas feministas el Estado también es constitutivamente patriarcal (^{Vianna y Lowenkron, 2017a}), donde el género es un modo de regulación social y producción de diferencias y jerarquías que tiene una importancia estratégica en la constitución y comprensión de la propia forma política estatal y sus tecnologías de gobierno. El vínculo Estado-Género se presenta como una coproducción o “duplo fazzer” lo que implica que tomar en serio las complejidades y procedimientos inherentes al Estado supone comprenderlo como trama de sentidos, posibilidades de acción y formas de interdicción hechas de y por dinámicas de género (^{Vianna y Lowenkron, 2017b}). Retomando a Cortés, las formas de procesar la conflictividad social reproducen, en última instancia, soluciones intra sistémicas, “en el caso de cualquier conflicto puntual que plantee cuestionamientos (conscientes o no) profundos al orden existente, este verá sus aristas peligrosas amputadas y su núcleo normalizado por las diferentes dimensiones del Estado” (^{2008, p. 145}). ¿Qué implicancias tiene simplificar las interpretaciones de las problemáticas en torno al género?

Los feminismos autónomos y decoloniales han sostenido la crítica a estos procesos ya que derivan en la desvinculación con los movimientos y su potencia transformadora, al priorizar estrategias de lobby y administrativas (^{Pisano, 1993}; ^{Espinosa Miñoso, 2007}) desde discursos como la gobernabilidad, el empoderamiento y la equidad de género (^{Montanaro Mena, 2017}). Cuestionan la idea del Estado como potencial aliado, en la medida en que éste es permeable a aquellas demandas menos controversiales, que no ponen en riesgo la estabilidad del sistema, considerándolo un terreno patriarcal, donde las terminologías del derecho y los organismos internacionales suponen siempre exclusiones no cuestionadas y lugares de privilegio (^{Martínez Prado, 2012}; ^{Montanaro Mena, 2017}). Los feminismos decoloniales nos permiten visualizar al Estado en sus lógicas capitalistas, patriarcales y coloniales, a partir de la articulación de “una trama múltiple de sistemas de dominación que no pueden ser comprendidos aisladamente” (^{Cubillos Almendra, 2014, p. 262}). Agudiza las interpretaciones que hacemos a la luz no sólo de una crítica a la modernidad “por su androcentrismo y misoginia, como lo ha hecho la epistemología feminista clásica, sino dado su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico” (Espinosa, 2014 como se citó en ^{Cubillos Almendra, 2014, p. 267}).

Entonces, ¿qué hacemos con (y en) el/los Estado(s)? Para las intenciones de nuestro artículo, la pregunta es: ¿cómo pretenden los FFP resolver o habitar la tensión que se plantea? En ese sentido, ^{Cortés (2008)} no supone la institucionalización en términos definitorios, sino en la disputa permanente “entre el rebasamiento de la institucionalidad estatal y la estatalización de la actividad social” (p. 136). En el próximo apartado retomamos los aportes vinculados a los ámbitos públicos como instancias generadoras de discursos que, en los FFP, se crean y articulan entre lo estatal y lo social.

Espacios públicos: claves desde los aportes de Fraser

Complejizando la mirada sobre los procesos de institucionalización del género, atendiendo a las tramas patriarcales y coloniales que sostienen al/los Estado(s), y a cómo las lógicas estatales de traducción de demandas de movimientos sostienen formas de homogeneización y normalización, ¿qué dimensiones podemos considerar para agudizar el análisis sobre las barreras de inclusión/exclusión en el ámbito público? Para esto retomamos algunos aportes de ^{Nancy Fraser (1993)} y los feminismos decoloniales.

^{Fraser (1993)} propone desarmar una serie de supuestos que sostiene la noción habermasiana de ámbito público en su definición liberal-burguesa, construyendo una mirada más precisa que vincula el ámbito público con el lugar para la producción y circulación de discursos. ^{Fraser (1993)} se pregunta “si es posible para los interlocutores en un ámbito público poner entre paréntesis las diferencias de estatus y deliberar ‘como si’ fueran iguales socialmente” (p. 34) asumiendo entonces “que la igualdad social no es una condición necesaria para la democracia política” (p. 34). La autora recupera de la historia revisionista cómo esos ámbitos públicos burgueses se constituyen en lugares donde se sostienen exclusiones de género, raza y clase. Incluso cuando las barreras “formales” al acceso han sido erradicadas, siguen estando presentes restricciones. La idea de poner entre paréntesis las desigualdades sociales para que en el espacio de discusión pública “estemos formalmente igualados”, constituye un problema en la medida en que este presupuesto es irrealizable: “poner entre paréntesis la desigualdad de esta manera usualmente funciona en beneficio de los grupos dominantes de la sociedad y en contra de los subordinados” (^{Fraser, 1993, p. 36}). A su vez, supone la posibilidad de neutralidad e igual facilidad para que cada cultura establezca su voz, sin considerar las desigualdades y jerarquías: “La teoría política liberal asume que es posible organizar una forma democrática de vida política con base en estructuras socio-económicas y socio-sexuales que generan desigualdades sistemáticas” (^{Fraser, 1993, p. 37}). Marca cómo la idea de un “nosotros/as” genera nuevas exclusiones.

Ampliando la crítica, los feminismos negros, autónomos, poscoloniales y decoloniales, entre otros, no solo remarcan las condiciones de desigualdad entre hombres, mujeres y diversidades sexo-genéricas, sino al interior de los grupos que se han constituido para combatir estas desigualdades. Debaten con la idea de igualdad, diversidad y diferencia a partir de la experiencia de mujeres no blancas cuyas vidas son atravesadas por opresiones invisibilizadas por las demandas de un feminismo de la igualdad, blanco y hegemónico (^{Vazquez Laba, 2012}; ^{Mohanty, 2008}; ^{Hill Collins, 2012}). Por un lado, en relación a la igualdad con los hombres, cuestionan las lógicas de acceso a los espacios de poder masculinizados y la lectura occidental binaria del género, imposibilitando el reconocimiento de las diferentes experiencias de las mujeres. Sin negar la importancia de los derechos adquiridos, marcan los recortes y renuncias que implica institucionalizar el feminismo (^{Gargallo, 2004}; ^{Falquet, 2014}). En relación al planteo de Fraser, nos habilitan a seguir profundizando el ingreso a espacios públicos de sujetos/as profundamente desiguales en sus condiciones económicas, raciales, culturales y sexo-genéricas, entre otras.

A su vez, en relación a la igualdad entre mujeres, estos feminismos remarcan que la institucionalización sostiene la existencia de un feminismo hegemónico construido sobre la categoría “mujer”, concebida desde una noción universalizante que deja por fuera las desigualdades derivadas de configuraciones de raza, clase, nacionalidad, heteronormatividad, etc. (^{Falquet, 2014}; ^{Gargallo, 2004}). Aquí hace lugar aquello que nos remarca Fraser, entendiendo que en las construcciones de un “nosotro/as” en los espacios públicos algunas voces pueden verse silenciadas u ocultadas, por diversos mecanismos, y en ese sentido, los feminismos decoloniales, a partir de diversas experiencias, lo sostienen. Estos feminismos recuperan diversas categorías -como la de colonialidad e interseccionalidad- para pensar en clave situada las llamadas diferencias de género (^{Viveros Vigoya, 2016}; ^{Lugones, 2008}). Retoman las críticas en torno a la idea de igualdad entre mujeres y la posibilidad de pensarlas como unidad, en la medida que el “descentramiento del sujeto universal del feminismo aún contiene la centralidad euronorcéntrica, universalista y no logra zafarse de esa colonización histórica por más que la critique” (^{Curiel, 2010, p. 75}), lo que nos permite retomar la pregunta por el sujeto del feminismo en los procesos de institucionalización, sus límites y posibilidades (^{Curiel, 2010}; ^{Espinosa Miñoso, 2007}). ¿Podemos encontrar en los documentos el reconocimiento de las condiciones de desigualdad de les sujetes a quienes se invitan a estos espacios? ¿Se presupone de alguna manera que los foros pueden constituirse en espacios de igualdad?

^{Fraser (1993)} discute a su vez la idea de que “la proliferación de una multiplicidad de públicos en competencia está necesariamente más lejos, y no más cerca de una mayor democracia, y que un ámbito público único es siempre preferible a un nexo de múltiples públicos” (p. 34). Discute bajo dos contextos: sociedades con condiciones de estratificación social y sociedad con diversidad cultural. Si el horizonte es una participación abierta en condiciones de igualdad, propone la multiplicidad de públicos como un mecanismo que permite equilibrar la brecha con los grupos dominantes. Así, se generan espacios que permiten discutir intereses, estrategias y demandas sin estar bajo la supervisión de otros grupos. Construye la noción de “contra-públicos subalternos” como “terrenos discursivos paralelos en donde los miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contradiscursos, que, al mismo tiempo, les permiten formular interpretaciones de oposición acerca de sus identidades, intereses y necesidades” (^{Fraser, 1993, p. 41}). Lejos de entender estos terrenos como ajenos al conflicto y relaciones de poder, lo que habilita esta propuesta es pensar el ámbito público como un marco estructurado donde se dan las disputas y debates entre diversos públicos. Incluso en contextos de sociedad con diversidad cultural e igualdad económica, la diversidad de públicos continúa siendo un mecanismo que permite acercarse a una paridad de participación, en la medida en que estos espacios no sólo contribuyen a la formación de discursos sino de identidades (^{Fraser, 1993}). ¿Cómo se aborda esta problemática en los documentos analizados considerando que vivimos en una sociedad estratificada y diversa? ¿Qué proponen los FFP para resolver esta tensión?

^{Fraser (1993)} marca cómo en los ámbitos públicos los discursos se restringen a la deliberación sobre el bien común y como “la aparición de ‘intereses privados’ y ‘asuntos privados’ es siempre indeseable” (^{1993, p. 34}). Aquí hacen lugar las luchas históricas de las mujeres y feminismos en marcar cómo aquello que se relega al ámbito de lo privado es también parte de la discusión pública. Una de las cuestiones centrales es que, aquello que se define como “común” es construido en el debate, y en ese sentido “no hay ninguna frontera ya dada naturalmente o a priori” (^{Fraser, 1993, p. 48}), en todo caso, se deben rediscutir las nociones de público y privado no sólo como designación de espacios sino como “clasificaciones culturales y etiquetas retóricas”(^{Fraser, 1993, p. 51}). Desde este primer acercamiento: ¿Qué se propone discutir en los Foros? ¿Podemos identificar en los documentos algunas prenociones de un “bien común”? ¿Qué trazos se pueden entrever en términos de construcción de lo público y lo privado?

Por último, ^{Fraser (1993)} se pregunta por qué un ámbito público en funciones requiere de una aguda separación entre la sociedad civil y el Estado. Primero, ¿qué es la sociedad civil? La autora plantea dos opciones, si la sociedad civil se vincula con “una economía capitalista ordenada privadamente” (p. 53) se desprende de esta concepción que en la medida en que para generar una paridad en la participación es necesario generar condiciones relativamente iguales en materia socioeconómica “se requiere alguna forma de reorganización y redistribución políticamente regulada para lograr esta finalidad” (p. 53). Ahora, si sociedad civil quiere decir “el nexo de las ‘asociaciones secundarias’ o no gubernamentales que no son ni económicas ni administrativas” (p. 53), asumiendo que en la concepción liberal burguesa es “el carácter extra gubernamental del ámbito público el que le confiere un aura de independencia, autonomía y legitimidad a la ‘opinión pública’ que se genera dentro de él” (p. 54), Fraser introduce la dimensión de la toma de decisiones, pensando los ámbitos públicos como espacios de poder. Nos habla de públicos fuertes, donde se genera opinión y se toman decisiones (ejemplo, el parlamento) y públicos débiles, sin poder en la toma de decisiones. Para la autora, cuando existen cuerpos capaces de traducir las opiniones públicas en decisiones con autoridad, la democracia se fortalece. Fraser introduce una serie de interrogantes vinculados a la responsabilidad de estos públicos fuertes frente a los públicos débiles, y sobre todo, qué mecanismo o dispositivos institucionales se pueden generar para fortalecer estas relaciones. Institucionalidades híbridas, diversas, que generen mecanismos directos y representativos, con el horizonte de imaginar “posibilidades democráticas más allá de los límites de la democracia realmente existente” (^{1993, p. 56}). ¿Pueden ser los foros aquí analizados estos espacios? ¿Podemos rastrear una continuidad entre las propuestas de los Foros y la constitución de los Planes?

Foros Federales Participativos: la institucionalización de la participación

En este apartado retomamos los interrogantes que propusimos al inicio de este artículo para mostrar algunos de los análisis de esta primera aproximación. Se trata de dos entradas a la pregunta sobre las fronteras, una que se vincula con cómo se dan los procesos de institucionalización de ciertos movimientos en el/los Estado(s), y, si bien este artículo pretende dejar planteado el problema, podemos identificar algunas cuestiones en los documentos analizados. Una segunda entrada, desde los interrogantes de Fraser y los feminismos decoloniales, que nos permiten desentramar de una manera más concreta, en los documentos, cómo se está pensando la participación ciudadana.

Haciendo una breve caracterización, los FFP fueron constituidos por el MMGyD a nivel nacional para incentivar la participación de diversos movimientos y organizaciones en el diseño de los planes desde los cuales se desprendieron los programas y acciones del MMGyD. Utilizados tanto para los Planes Nacionales Contra las Violencias por Motivos de Género (PNCVMG) (2020-2022/ 2022-2024) y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (PNID) (2021-2023), se constituyeron a partir de una serie de principios rectores y metodologías que buscaron la participación de mujeres y diversidades, desde distintos espacios de participación y organización. Entre los principios rectores encontramos la participación, integralidad, territorialidad y federalismo, interseccionalidad, transversalidad y multiagencialidad, interdisciplinariedad, transparencia y rendición de cuentas, interculturalidad, y algunos particulares como igualdad, diversidad y sostenibilidad de la vida en el caso del PNID y el principio de la especificidad de la violencia en el caso de PNCVMG. Los foros tuvieron una metodología similar, articulada a través de regiones (PNCVMG) y sectores (PNID). La pandemia por COVID-19 implicó el paso de la presencialidad a la virtualidad. Los foros del PNID se organizaron en una división sectorial con eje en las organizaciones e instituciones en las que se organizan las mujeres y diversidades (ej.: ruralidad, étnico-raciales, sindicatos, discapacidad, etc.) mientras que los foros del PNCVMG sumaron de manera estratégica a sectores estatales que trabajan la temática de violencias por motivos de género.

Comenzamos con lo que marcábamos como una segunda entrada a la pregunta sobre las fronteras de inclusión/exclusión. Para poder trazar ciertos vínculos entre lo que propusimos con ^{Fraser (1993)} y los foros como espacios de participación, empezamos por los últimos interrogantes del apartado anterior. La autora problematiza la pretendida separación entre la sociedad civil y el Estado, trayendo en ese punto la cuestión de los vínculos entre los públicos débiles y fuertes en la medida en que estos últimos tienen poder de decisión. Nos preguntabamos si estos foros pueden pensarse como espacios de articulación entre públicos fuertes y débiles. Según las lecturas de los documentos, los foros pretenden constituirse en un espacio que sea nexo o adquiera cierta hibridez entre ambos públicos, aunque dejan explícito el carácter consultivo de los mismos. En algunos párrafos del documento se sostiene la intención de establecer estas instancias como espacios articuladores. Los PNCVMG establecen que el proceso consultivo permite tener en consideración y relevar “la experiencia práctica, territorial y situada de las y los actores de la trama comunitaria. En este sentido, consideramos que un proceso consultivo amplio y participativo es una de las formas de garantizar la legitimidad de la política pública” (^{MMGyD, s.f.b, p. 7}). A su vez, los documentos mencionan que el mismo éxito de los planes no puede ser posible “sin incluir instancias de deliberación, co-construcción, implementación y posterior evaluación conjunta con lxs destinatarixs de las mismas” (^{MMGyD, 2020, p. 36}). El PNID lo reafirma a partir de “la comprensión de que ninguna política pública puede transformar la realidad si no sustenta sus etapas de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de manera horizontal y colaborativa junto a todas las personas y comunidades a las que está destinada” (^{MMGyD, 2021, p. 10}). En esa línea, “no solo representa un aporte invaluable en términos sustantivos de experiencias concretas, sino que también implica fomentar y promover los principios de integridad y transparencia en la gestión pública del Ministerio” (^{MMGyD, s.f.b, p. 8}). Como parte de programas sobre transparencia estatal, los documentos entienden como estratégico “la promoción de procesos participativos en el diseño y la elaboración de políticas públicas, y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía” (^{MMGyD, s.f.a, pp. 5-6}).

Si nos seguimos adentrando al sentido de estos espacios para la participación, un punto central tiene que ver con que los planes interpelan a las personas destinatarias “no en un rol de beneficiarias o usuarias de programas y medidas sino como sujetxs, actorxs y agentes de derechos, es decir, como ciudadanxs” (^{MMGyDN, 2021, p. 8}). Esa presunción es fundamental para comprender que la participación se enmarca en el reconocimiento, para el caso del PNID, de las “percepciones, experiencias y expectativas respecto a la situación de mujeres y LGBTI+ en lo relativo a la agenda de igualdad en la diversidad” (^{MMGyD, s.f.a, p. 6}). Un argumento que aparece también en los informes de estos planes es como los procesos participativos se incorporan no sólo porque “permiten mejores políticas públicas, sino porque además fortalecen nuestras democracias y nos convierten a todos, todas y todes en sujetxs protagonistas de esta historia que estamos construyendo con miras a una sociedad más justa e igualitaria” (^{MMGyD, s.f.b, p. 59}). La participación aparece como un canal que permitiría “reconstruir las problemáticas que enfrentan diariamente lxs actores territoriales y escuchar las demandas de las organizaciones hacia el Estado Nacional” (^{MMGyD, s.f.b, p. 6}), achicando las distancias entre estos actores y el Estado.

Si entendemos que los FFP se constituyen como posibles articuladores en los términos en los que propone Fraser, continuamos nuestro análisis a partir de la pregunta por el reconocimiento sobre las condiciones de desigualdad y las posibilidades de pensar estos espacios desde la igualdad. Los planes se estructuran a partir de un diagnóstico que reconoce a las desigualdades y violencias por motivos de género como estructurales, incorporando fundamentos que explican estas desigualdades a partir de nociones como patriarcado, división sexual del trabajo, etc. Detallan, a su vez, a partir de estadísticas y recopilación de informes, desigualdades por motivos de género que se reconocen en diferentes ámbitos (^{MMGyD, 2020}; ^{MMGyD, 2021}). Es decir, encontramos un reconocimiento explícito de las condiciones de desigualdad de la ciudadanía destinataria de la política pública. Esa desigualdad la establecen en términos de acceso al trabajo, salud, educación, ciencia, tecnología e innovación, cultura, arte y comunicación, deporte, hábitat y desarrollo territorial, ambiente y desarrollo sostenible, participación social y política, cuidados (^{MMGyD, 2021}).

Si nos remitimos a los foros específicamente, en los documentos que sintetizan estas instancias se plantean las condiciones de “inclusión” para la participación como una problemática evidenciada: “Para este ministerio hablar de inclusión implica generar las condiciones necesarias para el acceso universal a la efectiva participación ciudadana, independientemente de sus condiciones” (^{MMGyD, s.f.a, p. 6}). En ese sentido, establecen que “es preciso para ello identificar aquellas barreras que pueden operar en forma negativa, limitando el ejercicio de los derechos y lograr sortear estos impedimentos para la búsqueda de una mayor inclusión” (^{s.f.a, p. 6}). De esta manera se da el reconocimiento de la desigualdad de condiciones para la participación ciudadana a su vez que el desafío de producir herramientas para su superación. En particular observamos algunas herramientas que se proponen para repensar las barreras para la inclusión en estos espacios, por ejemplo, un cuestionario virtual (^{MMGyD, 2020}), la presencia de intérpretes de señas, la difusión previa para habilitar canales de solicitud de ciertas condiciones de accesibilidad, la anticipación de la organización de los foros a partir del envío de guías (^{MMGyD, 2020}; ²⁰²¹). Sin embargo, no podemos eludir, retomando a ^{Fraser (1993)} y los feminismos decoloniales, cómo las diferencias económicas, raciales y de género, entre otras, afectan la disponibilidad de tiempos, el acceso a la información, la resolución de los cuidados y las modalidades de expresión para la participación ciudadana.

Esto nos lleva a otras interrogantes que nos planteamos en el apartado anterior, vinculado a lo que ^{Fraser (1993}) propone como públicos múltiples frente a sociedades estratificadas y diversas. En el análisis de los documentos aparecen algunos mecanismos que parecen atender a estas cuestiones, apuntando a las metodologías utilizadas, que incorporaron dos formas de organizar la participación: territorialmente, a partir de regiones (PNCVMG) y sectorialmente (PNID), se argumentan en el intento de ampliar los espacios de diálogo, apelando a un dispositivo de canalización que abarque una variedad de sujetes y territorios, a partir del reconocimiento de su exclusión. En el caso del PNID “se conformó el trabajo con siete sectores diferentes agrupados según la temática y áreas de interés, decisión que se tomó a los fines de enriquecer el intercambio entre lxs participantes” (^{MMGyD, s.f.a, p. 12}). Para el caso de PNCVMG el criterio de regionalización permitía prestar “especial atención a las particularidades vinculadas con las diversidades culturales propias de cada región/localidad” (^{s.f.b, p. 13}). Los foros se asientan sobre principios interseccionales, interculturales e intersectoriales, que pretenden abarcar una variedad de organizaciones y movimientos. En consonancia, a su vez, con lo que analizábamos en torno al reconocimiento de las desigualdades y las pretensiones de inclusión.

Por último, aparece la discusión de lo público y lo privado y la construcción de lo común. Podemos identificar cómo aparece en los documentos la argumentación sobre las desigualdades y violencias por motivos de género como un problema público y estatal, y a su vez, cómo el mismo Estado en sus políticas puede reproducir o subsanar dichas desigualdades (^{MMGyD, 2020}; ²⁰²¹). Una cuestión que aparece es el anclaje en una perspectiva de derechos humanos y una normativa legal que ha habilitado, en términos formales, el reconocimiento de la igualdad de género como necesaria para “garantizar el bien común” (^{MMGyD, 2021, p. 29}). A su vez aparece la noción de “igualdad en la diversidad” que intenta problematizar la igualdad, no sólo en términos formales tensionando con la necesidad de una igualdad sustantiva, sino en las pretensiones de una igualdad “normalizadora” (^{MMGyD, 2021}). Esto implica una crítica al enfoque binario: “no hay igualdad sin diversidad, que las sociedades y las personas se constituyen a partir de una pluralidad ontológica” (^{MMGyD, 2021, p. 31}) y a su vez “considerar las características que conforman nuestra identidad en toda su complejidad y alejadxs de todo intento homogeneizador” (^{MMGyD, 2021, p. 10}). Si aceptamos que la idea de igualdad en la diversidad pretende construir un “nosotres” de una manera novedosa para las políticas públicas, sumado a los principios que guían estos planes y la adopción de metodologías de participación contextualizadas y sectorizadas, la propuesta de los FFP puede significar una manera de discutir con una mayor amplitud las problemáticas así como las posibles políticas para abordarlas. Habilitar espacios de participación para definir los problemas y abordajes que las políticas públicas pretenden abarcar puede constituirse en una manera de desdibujar esa barrera sobre lo “común” y reconstruirlo en los espacios de deliberación.

La discusión de ^{Fraser (1993)} sobre los espacios públicos y los límites y supuestos sobre los que se asienta la concepción burguesa liberal nos permite seguir tensionando y profundizando el análisis en relación a los foros. Las advertencias de ^{Fraser (1993)} y los feminismos decoloniales con respecto a las desigualdades y tramas de poder, y cómo no pueden ser abandonadas cuando ingresamos a los espacios públicos, nos llevan a preguntarnos en qué medida estos planes, que abarcan diversas dimensiones en torno a las violencias y desigualdades por motivos de género, pueden o no constituirse en formas de reparar la exclusión histórica en la participación a partir de mejorar las condiciones de vida desde diversas herramientas. Hay una relación crucial entre habilitar espacios de participación para sectores históricamente excluidos de las tomas de decisión y abordar las causas complejas que sostienen dichas exclusiones. ^{Cubillos Almendra (2014)} entiende que las perspectivas del feminismo decolonial reconocen capacidad de agencia de les sujetes, quienes “pueden generar espacios de resistencia y nuevas apuestas conceptuales que permitirían [...] pensando en el marco de las políticas públicas, participar y validar sus imaginarios en el diálogo político que da origen al proceso de formulación de las políticas” (p. 270).

Las presentaciones y nociones que enumeran los planes que venimos mencionando nos permiten intuir que el proceso de traducción estatal podría verse conmovido por las demandas y problemáticas de las voces de quienes han llegado a los espacios de participación. Sin embargo, consideramos que nuestro análisis no ha avanzado en este sentido más que un reciente proceso de entrevistas y una nueva etapa de revisión de documentos donde comenzamos a tejer las continuidades y disrupciones entre lo relevado en los foros como propuestas y lo que se plasma en el plan. Y desde allí otro trazo hacia las políticas que se implementaron. Lo que sí pudimos observar en este momento de la investigación es cómo el segundo PNCVMG propone un diagnóstico con respecto a lo que se había propuesto en el primero, las políticas adoptadas y nuevas líneas o reforzamientos de algunas ya vigentes. Dado el carácter consultivo de los foros, la existencia de estos espacios e institucionalidades que proponen traducir las demandas históricas en políticas de Estado, deberían ser repensados, y en eso retomamos a ^{Fraser (1993)}, con cierto poder de decisión que permita profundizar la idea de democracia.

Otra cuestión que nos permitió este primer acercamiento a la problemática a partir de los documentos, es contemplar qué nociones en torno al vínculo entre movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad y el Estado Nacional, así como la singularidad de un enfoque que se pretende disruptivo con respecto a las políticas de género precedentes, incorporando cuestiones como un enfoque no binario, decolonial y sostenibilidad de la vida (^{MMGyD, 2021}), perspectiva de la autonomía (^{MMGyD, 2020}), lo que nos llevaría a interpretar también como un movimiento en el mismo lenguaje de traducción estatal. Nuevamente nos encontramos con la pregunta sobre qué límites tiene pensar al Estado como espacio de poder a ser disputado, entendiendo su trama constitutiva patriarcal, colonial y capitalista.

¿Qué fronteras de inclusión/exclusión se nombran en los documentos analizados? Podemos observar en este primer acercamiento indicios de una expresión de corrimiento de las históricas fronteras de inclusión/exclusión a partir de presentar nuevos enfoques como el de la diversidad, la decolonialidad o la sostenibilidad de la vida, así como también la reafirmación de cuestiones como la interseccionalidad, la territorialidad, una conceptualización de la ciudadanía como sujetes de derechos, que parece indicar una apertura del campo estatal desde lógicas más inclusivas. Entendiendo que no se trata de fronteras estáticas, sino de movimientos y procesos, de tramas de poder que nos pueden ubicar al mismo tiempo y en diversos espacios, a diferentes lados de esta frontera (^{Cubillos Almendra, 2014}).

Consideraciones finales

En este artículo propusimos compartir las aproximaciones, en clave de una primera etapa de investigación, que se encuentra atravesada por la pregunta por los vínculos que sostienen movimientos y Estados(s), interrogantes que son parte de los feminismos y procuramos complejizar desde los aportes de ^{Cortés (2008)}, ^{Anzorena (2019)} y los feminismos decoloniales. A su vez, nos aproximamos a una dimensión clave como es la participación y los formatos que ésta adquiere, bajo la pregunta por las fronteras de inclusión/exclusión. Esas tensiones que atraviesan los feminismos intentamos analizarlas desde los planes del MMGyD y los foros como espacios de participación para su diseño.

Desde allí, nos queda hacia adelante profundizar en los alcances que dicha ampliación tiene en la vida de las mujeres y diversidades. Para profundizar el análisis en estos sentidos, la investigación prevé entrevistas a funcionarias, trabajadoras estatales y participantes de organizaciones que fueron parte de los foros. En clave de la propuesta de ^{Cortés (2008)}, entender las lógicas de tratamiento y traducción que el Estado produce por su carácter capitalista y patriarcal, no implica necesariamente su renuncia, pues sigue contando, en términos institucionales, con capacidad de redistribución de recursos y poder fundamental. ^{Anzorena (2019)} invita a pensar cómo paradójicamente “le exigimos respuestas a instituciones (generalmente al Estado) que se sostienen en la opresión, explotación y expropiación de los cuerpos (especialmente de los subalternizados, sexuados, racializados, empobrecidos)” (p. 8). De esta manera sus reflexiones giran en torno a pensar qué podemos hacer dentro, con y más allá del Estado.

Nos guiamos por feminismos críticos a las formas en que los vínculos entre espacios estatales y movimientos se han tejido, algunas de esas críticas han sido mencionadas. La pregunta por el vínculo entre Estado y género debe ser trazada para inventar formas de construcción de poder para incidir y transformar el campo estatal (^{Anzorena, 2019}). La invitación es imaginar, parafraseando a ^{Fraser (1993)}, espacios democráticos más allá de los límites de lo existente, bajo el horizonte de la disputa por las fronteras de inclusión/exclusión. Transformar la textura del Estado, disputar lo pensado desde lo impensado, reconstruir los espacios de participación en pos de que la construcción del poder para incidir, retomando a Anzorena, sea hacia un feminismo para todes, hasta que sea como lo soñamos.