Introducción

La ciudad de Puebla se ha consagrado como un lugar con presencia de grupos conservadores, ya sea desde la sociedad civil o desde la administración pública. En los últimos años, sobre todo desde el regreso del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, se ha vuelto una problemática para dichos grupos la regulación o erradicación del trabajo sexual, especialmente en las calles del centro histórico de la ciudad, por ejemplo, los medios de comunicación se han encargado de señalar que “antes había espacios donde la gente entraba y salía, pero ahora, al tenerlo en la vía pública la verdad sí, es una muy mala imagen” (^{Valerio, 2022}). Esta es la razón por la cual se pretenden crear zonas de tolerancia y con ello excluir de forma arbitraria y violenta a las personas que ejercen el trabajo sexual en el centro de la angelópolis.

A través de la vinculación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del Municipio de Puebla (SISGMP) de 2018-2021 se entrevistaron a cuatro mujeres trans situadas en un rango de edad entre los 30 y 52 años, se priorizaron sus testimonios por ser afines al artículo y la brevedad del mismo. La mayoría de ellas nacieron en otro estado y migraron a Puebla, provienen de familias con posiciones socioeconómicas precarias. Con la intención de dar una idea sobre del clima político de la ciudad, también se retomaron algunas notas periodísticas de medios locales. Es imprescindible señalar que las entrevistas se realizaron en septiembre de 2021, es decir, en pleno contexto de la pandemia del COVID-19 por el virus del SARCOV2, y en la coyuntura política del cambio de administración del municipio, la salida de MORENA y el regreso del PAN a la alcaldía poblana.

A las personas entrevistadas se le ofreció guardar el anonimato para evitar cualquier tipo de represalia por parte de autoridades locales, en consecuencia, a lo largo del texto se utilizarán seudónimos. Los testimonios mostrados nos ayudaron a identificar desde sus experiencias, la discriminación, acoso, hostigamiento y violencias que viven cotidianamente en su trabajo por parte del Estado y la sociedad. Enfatizamos la necesidad de garantizar los derechos que conlleva el reconocer al trabajo sexual y con ello posibilitar la movilidad social e incluso el acceso a otro tipo de empleo, si así se deseara. “Posicionar lo que hacemos dentro del marco del derecho laboral no constituye un respaldo incondicional del trabajo en sí. No supone apoyar el capitalismo ni desear una industria del sexo más grande y con mayores beneficios” (^{Mac y Smith, 2020, pp. 102-103}).

Si bien el trabajo sexual no es exclusivo de “mujeres cis o trans”, reconocemos que este ha sido tradicionalmente feminizado lo que refuerza la idea de que solo existen buenas o malas y que el ejercicio de la sexualidad, placentero o no, es principalmente masculino. Al respecto Cristina Garaizábal explica que:

La simbología que subyace a la prostitución es la de que sirve para dar salida a una supuesta sexualidad masculina más “fogosa” y “manifiesta” en los hombres que en las mujeres. La ideología heteropatriarcal presupone que las mujeres tenemos una sexualidad menos explícita que la de los hombres y nos otorga la función de controlar tanto nuestra sexualidad como la de ellos. […] La imagen heteropatriarcal que se recrea en la prostitución es la de “mujeres que se venden sexualmente a los hombres, que están disponibles para todos y con la que estos pueden hacer lo que quieran”. Las trabajadoras sexuales aparecen, de ese modo, como objetos pasivos, sin voluntad propia ni capacidad de decidir. (Garaizábal como se citó en ^{Mac y Smith, 2020, p. 21})

Esto refleja una serie de mandatos socioculturales y estigmas que envuelven la sexualidad de las mujeres a través de representaciones sociales que imponen imágenes e imaginarios a través de las cuales funciona la sociedad. En el caso de las mujeres trans, son personas que emergen bajo una doble paradoja, por un lado son observadas como “traidoras” del deber ser varón, es decir no cumplen con los mandatos de una masculinidad hegemónica y al mismo tiempo, se les acusa de no ser una “mujer auténtica”, de negar su biología y su naturaleza, de ambas posturas se destacan la discriminación y la violencia de género.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), tanto de 2017 como de 2022, ubican a Puebla como la entidad con mayor prevalencia en discriminación del país, primer y segundo lugar respectivamente (^{Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2017}. ²⁰²²). Esto pone en evidencia un contexto local de discursos, prácticas, acciones y omisiones que producen y reproducen discriminación y violencia. Enfatizamos la importancia de considerar la violencia de género hacia mujeres trans, pues estas suelen ser ignoradas por este aparato normativo. Constant define a la violencia de género como toda acción u omisión que

usa la fuerza (física, verbal y/o emocional) para lograr que otra persona haga o deje de hacer algo, aunque no esté de acuerdo, que atenta contra los bienes, la libertad, la salud y los derechos humanos, lo que implica daños físicos, sexuales y/o psicológicos (^{Constant, 2022, pp. 62-63}).

Según Michel Foucault, el Estado es la entidad más racista y en nuestras sociedades su ejercicio del poder ha cambiado normalizando una relación bélica contra “especies inferiores” o “individuos anormales” a través de procesos biológicos y mecanismos regularizadores de la población, es decir, biopolíticos. De acuerdo con la propuesta del filósofo francés, pasamos del derecho de hacer morir, dejar vivir al derecho de hacer vivir o dejar morir (^{Foucault, 2000, p. 218}). Por supuesto que las condiciones del ejercicio del poder no han permanecido intactas, actualmente está “destinado a producir fuerzas, hacerlas crecer y ordenarlas más que obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas” (^{Foucault, 2011, p. 126}).

Reconocemos la importancia de los factores estructurales; pero también las experiencias de vida de las mujeres trans y con base en ellas se reconoce la precarización que viven por su expresión de género manifestada en la ausencia de derechos, discriminación en la familia, en el empleo, y la inexistencia de salarios o bien muy bajos, en fin, en la ciudad de Puebla se observan principios altamente conservadores que se fusionan con un gobierno neoliberal que administra la inseguridad, tal como lo explica Isabell Lorey:

El arte de gobernar consiste en la actualidad en tender a un máximo de precarización […] correlativo a un mínimo de aseguramiento, y en hacer que el mínimo no caiga por debajo de ese umbral […] La lógica neoliberal tiene buenos motivos para no querer ninguna reducción, ningún fin de la desigualdad, porque juega con esas diferencias y se apoya en ellas para gobernar. Tan solo intenta crear un equilibrio tolerable, tanto como puede soportar la sociedad, entre diferentes normalidades: normalidad de la pobreza, de la precariedad y la normalidad de la riqueza. Ya no le preocupa la “pobreza relativa”, el abismo entre diferentes ingresos, ni está preocupada por las causas de la misma. Sólo está interesada en la “pobreza absoluta”, que impide a los individuos entrar en el juego de la competencia. (^{Lorey, 2016, pp. 75-76})

Observamos que son ciertos sujetos/as a quienes se dirigen políticas de lo mínimo para mantener a la ciudadanía, (cuando logran alcanzar ese rango) inserta en la lógica de la competencia y el consumo, pero desde la precariedad. El trabajo sexual es un nicho de consumo masculino, y aunque el ingreso de las trabajadoras sexuales trans varía considerablemente, de manera general se podría decir que está por debajo del salario mínimo del país (en 2021 subió de 123.22 a 141.70 pesos por jornada diaria). Como señalaran ^{Mac y Smith (2020)},

la discriminación, el rechazo, los abusos, tanto en el hogar como en la comunidad en general, aumentan su precariedad y vulnerabilidad en una sociedad homófoba y tránsfoba, lo que deja a la prostitución como una de las pocas vías practicables para salir de la pobreza. (^{Mac y Smith, 2020, p. 96})

De manera general, las opciones de empleo de las mujeres trans se han limitado principalmente a tres ámbitos: el trabajo sexual, la estética corporal y el trabajo doméstico. Si bien han luchado durante años para acceder a espacios de trabajo formal, la exclusión sigue presente y parte de la respuesta sociocultural, la encontramos a través de una normalización y justificación de la discriminación que suele obviar a la transfobia como una política que impide a las mujeres trans salir de ciertas esferas para ocupar otros empleos que las encasillan y convierten en estereotipos. No se debe obviar que para acceder a empleos formales también se les exige cumplir con la coherencia corporal que impone la heteronormatividad como sistema político, la lógica de la continuidad entre el sexo, género y deseo que da sustento a las identidades y corporalidades viables.

Justificar y normalizar la discriminación es una práctica que aún se puede observar en la ciudad de Puebla. Poner en el centro de estas acciones a la heterosexualidad obligatoria que sustenta al sistema político debe ser un punto de partida y llegada en realidades sociales tales como las que se viven en la entidad. En este sentido resulta relevante mencionar que en el 2021, después de años de estar en el olvido o en “rezago legislativo”, por fin se atendió la propuesta de ley proveniente de la sociedad civil organizada, por el derecho de las personas trans a tener una identidad reconocida por el Estado, un cambio administrativo difundido en medios locales de comunicación como la Ley Agnes Torres, la cual puso en evidencia expresiones homofóbicas y transfóbicas en el poder legislativo local.

Durante la discusión de la Ley Agnes, el legislador sin partido, Héctor Alonso Granados dijo que es lamentable la muerte del señor Agnes Torres, “porque no me consta que fuera mujer”, asimismo indicó que es lamentablemente un asesinato y que “no hay odio a la comunidad gay mis respetos, tengo amigos gay”. Además, aprovechó para lanzar la pregunta a aquellos diputados que tengan hijos: “¿A poco, no les preocupa que cuando su hija entre al baño, entre ahí un hombre vestido de mujer?, no busquen votos fáciles”. (^{Editorial Telediario, 2021})

Responsabilizar a las personas trans por la inseguridad que han vivido las mujeres y niñas en Puebla, fue un recurso enarbolado por sectores religiosos, empresariales y conservadores en algunos medios de comunicación. Sin ningún sustento se decía que el cambio de identidad sería un salvo conducto de posibles delitos para las personas trans, según estas posturas, podrían robar, matar y violar porque encontrarían en el cambio de identidad la impunidad que supuestamente creen, no da el sistema judicial a la población cis-heterosexual. La estigmatización de las personas trans como “sujetos peligrosos” continua.

El derecho a la identidad, algo que pareciera tan “normal” y “natural” para muchos de nosotros, no se había consagrado para las personas trans, es decir, estamos frente a un ejercicio altamente discriminatorio y violento por parte del Estado y la sociedad en general, que aísla, anula y excluye de manera “justificada” a todas aquellas personas que no alcanzan el rango de sujeto político, de ciudadano, de “normal”, por no contar con una identidad sustentada sobre todo en esa “coherencia corporal” entre la genitalidad y los deseos. En este sentido, la llamada Ley Agnes, ha representado una acción política sumamente importante que reconoce el derecho de las personas trans a acceder al cambio de identidad de género autopercibida.

Las PERTS y sus condiciones laborales

Las personas que ejercen el trabajo sexual (PERTS), forman parte de un sistema económico-político, globalizado y occidentalizado, el ejercicio de poder sobre ellas ha ido de la biopolítica a la necropolítica; es decir, a través del “derecho a matar y a exponer a otras personas a la muerte a través de la deshumanización e industrialización de la muerte” (^{Mbembe, 2011, p. 31}). De acuerdo con Achille Mbembe, en espacios donde el poder colonial es imperante, o en casos como este, donde el poder de la heteronorma se acrecienta, el terror funge como

“una manera de marcar o distinguir lo abyecto en el seno del […] cuerpo político, y lo político es a la vez entendido como la fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de crear un espacio en el que el “error” fuera minimizado, la verdad reforzada y el enemigo eliminado”. (^{Mbembe, 2011, p. 28})

Tal parece que las PERTS trans se vuelven ese “doble error” y “enemigo” a eliminar o corregir, puesto que se encuentran en los límites de la inteligibilidad humana debido a su trabajo y a su identidad de género. En este contexto rescatamos la visión crítica de ^{Juno Mac y Molly Smith (2020)} sobre la categoría/fenómeno “trabajo” cuando señalan:

Luchamos con trabajos de mierda, con salarios en caída libre y con la sospecha correcta de que lo que muchas de nosotras hacemos todo el día a cambio de dinero no contribuye con nada realmente valioso a nuestras vidas o a nuestras comunidades. […] Trabajar en lo que te gusta es algo profundamente aspiracional, una fantasía en la cual apoyarse, que le da al individuo la ilusión de control, le permite soñar despierto con el poder en la oficina y, en realidad, es una significativa marca de clase. (^{Mac y Smith, 2020, p. 84})

Frente a un contexto neoliberal y capitalista, parecería utópico pensar que exista un trabajo exento de estas dinámicas, sobre todo cuando la misma lógica incorpora la idea de la flexibilidad laboral, no obstante, debemos entender que dicho concepto “se centra principalmente en las fuerzas que doblegan a la gente” (^{Sennet, 2000, p. 47}) y corroen su carácter. En este sentido, el trabajo sexual emerge como un nicho de potenciación de la precariedad laboral, como menciona Raquel, una de las personas entrevistadas cuando se le preguntó al respecto:

No es así como la gente lo maneja de que “¡ay!, son flojos, no buscan empleos diferentes, honrados, decentes”. Muchas veces, por la misma sexualidad que tiene uno, somos señalados, aún en los tiempos que estamos, todavía somos señalados, así como vulgarmente nos llaman: “¡ay no!, porque es maricón”, “¡ay no!, porque es puto”, “¡ay no!, porque trae el cabello muy llamativo”. (Comunicación personal, 2021)

Como se aprecia en el testimonio, las opciones de las mujeres trans para trabajar se encuentran bastante reducidas con base en discursos discriminatorios y moralistas. Vale la pena recordar que, en el capitalismo, los trabajos “honrados”, “decentes”, reproducen dinámicas de explotación hacia las y los obreros, hacia las y los campesinos, reproducen discriminaciones y exclusiones misóginas, sexistas, racistas y homofóbicas.

Apenas hay requisitos para salir a la calle y esperar a un cliente. El trabajo sexual de supervivencia puede ser peligroso, frío y aterrador, pero para la gente cuyas otras opciones son peores (hambre, dormir en la calle, mona de droga) está ahí como último recurso: es la “red de seguridad” en la que casi cualquier persona desamparada puede caer. (^{Mac y Smith, 2020, p. 97})

Ante el control y administración de ciertos grupos poblacionales condenados a una existencia de lo mínimo en Puebla, el trabajo sexual se vuelve una posibilidad de subsistencia. Dicho trabajo tiene características propias de organización que identifica zonas y grupos de trabajadoras sexuales que suelen ser encabezadas por una persona quien es a su vez quien decide qué trabajadora se va a tal o cual lugar, todo esto atravesado por la permisividad del aparato de Estado y sus agentes policiales. Cuando se le preguntó a Valeria por qué prefería trabajar en una zona y no en otra con mayor presencia de posibles clientes, ella explicó lo siguiente:

No es que uno quiera trabajar en esas zonas. El punto es que nos den permiso. O, de cierta manera, que sea una zona, así como de tolerancia. Que, usualmente uno mismo crea. […] No cualquiera puede llegar y decir aquí me paro porque se arma el pleito. Estamos ahí, ya sea que no nos quiten las autoridades o, la persona que está encargada de ese punto dé la autorización de: sabes qué, sí puedes venir. O, pues la policía: sabes qué, aquí no te puedes parar. Es por ese lado. (Comunicación personal, 2021)

La idea de generar una zona de tolerancia para el trabajo sexual en Puebla, ha sido una propuesta municipal que lleva años. De acuerdo con el regidor panista Miguel Ángel Mantilla, presidente de la Comisión de Gobernación del Municipio de Puebla, la medida es para evitar la trata de personas, “el proyecto consiste en apartar el sexo servicio de las calles del Centro Histórico de Puebla, y enviar a los trabajadores sexuales a casonas, moteles o casas de citas” (^{Millán y Sandoval, 2021}). Pese a la distinción entre trata de personas y trabajo sexual, observamos que las autoridades siguen utilizándolas como sinónimos y al parecer como recurso político para implantar un pánico social y moral sobre las PERTS trans.

Aunque han existido “permisos” o “tolerancia” de parte de la administración pública para ejercer el trabajo sexual, en las últimas décadas las trabajadoras sexuales han sido perseguidas y violentadas, estos actos se incrementaron durante la administración de Mario Marín, “cuando se intensificaron los operativos para sacarlas de las calles. Mientras que, en la primera administración de Eduardo Rivera en 2011-2014 el panista prometió terminar con la prostitución en las calles de Puebla” (^{Millán y Sandoval, 2021}). Es común que en estos cambios de administración se tenga este tema en su agenda, acabar con, más que regular o atender las problemáticas laborales, de seguridad, de salud, de las personas que ejercen el trabajo sexual, así nos comentó Ana:

cada partido que entra siempre nos esperamos lo peor, y para mí lo peor fue Mario Marín, ese señor nos trató peor que basura, hasta con bocinas nos iban a decir a la calle que nos largáramos de Puebla, una cosa horrible. (Comunicación personal, 2021)

Los espacios de trabajo sexual son autogestionados, basados en las experiencias propias y colectivas de acoso y hostigamiento policial. Las PERTS coinciden en que una zona de peligro es el centro, lo que abarca el Paseo Bravo, Avenida Reforma, Avenida Juárez, la 6 Pte., etc. Reconocen que la delincuencia ahí es más habitual, pero también es un espacio muy concurrido por el turismo, de manera general ocupar el centro histórico, acrecienta el acoso policial en contraste con zonas más alejadas del primer cuadro de la ciudad. Al respecto Silvia nos señaló lo siguiente:

Ninguna zona es segura, trabajo en el entronque de Amalucan, su salida, la Pepsi, esas zonas, trabajamos en carretera, pasa mucho trailero, pero es menos problema con la policía, el centro lo quieren limpiar, a cada rato hay redadas, como en las orillas no hay escuelas ni nada, es más calmado para trabajar. (Comunicación personal, 2021)

Con respecto al actuar de la policía, desde nuestra perspectiva, genera dos tipos de comportamientos; pone de manifiesto un discurso moral en torno al trabajo sexual, ya que dichas faltas suelen recaer en el criterio propio de cada uno de los elementos de seguridad, y además, establece cuáles son los cuerpos que importan y los que no, cuáles serán las corporalidades “normales” y “anormales”, y al mismo tiempo, generan rápidamente exclusión y los mecanismos con los cuáles serán tratados esos sujetos que encarnan la abyección y la otredad, prácticas cotidianas que nuestras entrevistadas afirman, se enmarcan dentro de la corrupción y la extorsión. “Para las trabajadoras sexuales y para otros grupos criminalizados y marginados, la policía no es un símbolo de protección sino una manifestación real del castigo y del control” (^{Mac y Smith, 2020, p. 50}).

La precariedad laboral es femenina y feminizada

Para el 17 de mayo del 2022, el salario mínimo en México era de $172.87 diarios, lo que da una suma total de $5,255.00 mensuales. Debemos recordar que las experiencias de las trabajadoras están situadas en el marco de la pandemia del COVID-19, por lo que, de acuerdo con las entrevistadas, el salario que podían percibir algunas de ellas semanalmente hasta antes de la crisis sanitaria podía llegar hasta los $4,000 semanales. Al respecto se debe resaltar que esto no es una generalidad, como se ha visibilizado en el texto a través de sus testimonios muchas de ellas viven vidas precarias; pero con ello también observamos que existe una alta demanda de su servicio y que con la cifra mencionada, más o menos, deben cubrir todas sus necesidades como el servicio de salud, casa-habitación, alimentos, etc.

Tal como señalaba I. ^{Lorey (2016)}, en los contextos neoliberales los estados administran a la población mediante la distribución de la precarización, desechan ciertos cuerpos y grupos sociales, gobiernan mediante la distribución de la inseguridad anclados en la triada carencia, constricción y miedo. Ahora bien, en el marco de la pandemia las entrevistadas indicaron que sus ingresos mensualmente rondaban entre los 2,000 y 3,000 pesos, es decir, al menos 2,000 pesos menos de lo que según la ley debería ganar un trabajador por mes.

El curso de vida de las trabajadoras sexuales trans es un claro reflejo de la desigualdad estructural, de la imposibilidad de ejercer sus derechos, la falta de oportunidades escolares, laborales y familiares, son un ejemplo de la complejidad que afrontan por su posición de clase y su identidad de género.

Toda mi niñez la viví en el Estado de México, después me mudé a Hidalgo y entre los 17 o 19 años por salir del closet mi familia me corrió y conocí a unos amigos en Pachuca, ahí comencé a trabajar [como trabajadora sexual] a los 18-19 años, de ahí conocí a unas amigas en Puebla, aquí llevo 12 años. Entonces desde los 18 hasta ahorita los 36, llevo trabajando. (Comunicación personal, 2021)

En la mayoría de los casos al “salir del closet”, sus familiares ejercen tal violencia que prefieren escapar de sus hogares, dejando sus estudios, lo cual más adelante, combinado con su identidad de género, la falta de reconocimiento oficial, y múltiples factores más, no les permite acceder a trabajos estables, formales o mejor remunerados.

Tal como lo hemos señalado a lo largo del texto, concordamos con Isabell Lorey cuando afirma que “la precarización no es un peligro inminente para un centro, sino una técnica de gobierno que se encuentra en proceso de normalización” (^{Lorey, 2016, p. 76}). De acuerdo con cifras del portal El Economista:

En el sector formal de la economía, la gran mayoría de los patrones se apega únicamente a las prestaciones que exige la Ley Federal del Trabajo, lo que provoca que muchos de los trabajadores tengan las prestaciones mínimas y apenas 35% cuenta con prestaciones superiores a la ley. (…) Gustavo Boletig, director general de eNomina en México, explicó que el 65% restante sólo tiene los beneficios mínimos o incluso carece de los más básicos como son: pago de seguridad social, Infonavit, aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. (^{Notimex, 2020})

Las PERTS-trans, entre la violencia y el abuso policial

El trabajo sexual en contextos conservadores como Puebla, sigue planteando una relación problemática con el Estado, con las instituciones y algunas de las personas de “primer contacto” con la población, es decir la policía. En este sentido, la relación que mantienen las trabajadoras sexuales con el cuerpo policiaco, es de vigilancia y castigo. El riesgo como la necesidad se cruzan y generan una alta vulnerabilidad de sujetos que al parecer son prescindibles para el orden social establecido. Al respecto Valeria nos narró su experiencia más difícil ante una detención policíaca:

Me detuvieron con lujo de violencia, violencia tanto física como verbal y psicológica. Yo creo que la violencia psicológica es la que más nos da en la torre. Fueron bastante ofensivos los policías, usando palabras muy despectivas como joto, puto, homosexual, o sea, palabras muy groseras. Y con lujo, obviamente de violencia, hubo empujones, jalones de pelo, incluso hubo violencia también hacia mi persona al hacerme desnudar enfrente de más policías. Creo que esa fue la experiencia más difícil que tuve. Lo que pasa es que no están capacitados todavía para saber tratar con las personas de nuestro género. A parte de que son muy ignorantes. A parte de prepotentes. O sea, creen que por tener un cargo público como es ser servidores públicos, eso se les sube a la cabeza y piensan que pueden hacer con las personas lo que ellos quieran. (Comunicación personal, 2021)

Las explicaciones en torno al comportamiento de la policía generalmente se enmarcan en el abuso y el ejercicio del poder a través de la extorsión económica y la amenaza constante del uso correctivo de la prisión o la cárcel, sin embargo, nosotras queremos resaltar que si los agentes del orden asumen que son ellos quienes harán que se respete la ley, también es porque al mismo tiempo interiorizan que encarnan las “coporalidades normales” y en este caso, las personas trans van a materializar las corporalidades abyectas. En este sentido, la policía echará mano de todo aquello que se les permita o no en la ley para producir al ciudadano(a) que necesita el Estado. Silvia nos narra lo que vivió en una detención injustificada:

El trato fue horrible, llegan amigas que te mandan comida y cobijas, pero no las dejan que pasen, aunque te vean temblando de frío porque te quitan brasieres, chamarras, zapatos […] entras casi encuerada y descalza. Además de burlas de los policías, cuando dan las 6 de la mañana mientras estabas durmiendo entraban y te echaban agua para que no nos pudiéramos volver a acostar y estuviéramos paradas porque ellos dicen que eso es un castigo para que ya no lo volvamos hacer. (Comunicación personal, 2021)

Valeria expone que ha vivido abusos sexuales por parte de la policía, pues en ocasiones se le obligó a que les hiciera sexo oral antes de ser llevada con el juez. Explica que antes de la pandemia, era muy frecuente que los policías las detuvieran y pidieran que les hicieran sexo oral a más de uno, y reconoce que hay una violación pues la obligaron a hacer algo que ella no quería; sin embargo, como una “estrategia de autocuidado”, ella accedió a hacer esa práctica, para que la violencia no escalara más, a golpes, retenciones o “paseos” en las patrullas o simplemente a pasar más horas detenida sin razón alguna mas que su trabajo y su identidad de género.

Al igual que Valeria, Ana nos explicó que hay autoridades que hablan muy golpeado y reconoce que es injusto recibir ese trato, ya que ella considera que su trabajo no la hace acreedora a ese tipo de actitudes. Por lo general, las trabajadoras sexuales siguen las instrucciones de la policía, pues reconocen que el Estado lo señala como una falta administrativa mas no un delito y mientras no se legalice, no pueden oponerse o poner resistencia a las detenciones, acosos y abusos policiacos. Cuando les es posible, corren para no ser detenidas. Experimentan enojo, dolor, tristeza y sobre todo impotencia, pues el trabajo sexual es el único medio de subsistencia al que son relegadas por el sistema socioeconómico, cultural y político. De acuerdo con Ana:

La detención es, vamos a llamarla, homofóbica. Porque, o sea, si realmente están capacitados para detener a cualquier tipo de persona, yo creo que el trato no debe ser agresivo. Así sea, el delito que estén cometiendo, ellos están capacitados para detener a la persona. Y posteriormente, el juez es el que va a imponer el castigo, la multa. Ellos no le van a dar a uno el castigo conforme al delito que tiene uno, entonces ahí es como que son agresivos, abusan del poder que tienen hacia nosotras, a las personas, ya sea travestis, gays, transexuales, mujeres, que se dedican a la prostitución. No todos, pero como que le ponen un poquito más de enjundia, no sé por qué se ensañan con las personas de nuestro género [trans]. (Comunicación personal, 2021)

En ocasiones, la línea divisoria entre el abuso del poder, la administración de la vida y la muerte de ciertas poblaciones o bien su disciplinamientos es muy tenue, se desdibuja o bien hay expresiones que pueden englobar a todas estas, por tal motivo enfatizamos que los “levantones” o “secuestros” que realizan los policías a manera de escarnio, corrección o disciplinamiento, genera un terror enorme en las PERTS, así nos lo relató Silvia:

Una vez yo estaba parada y me subieron en un carro particular con tres hombres, uno vestido de policía, dijeron que acababan de trabajar, pero venían bien borrachos, traían drogas […] me pegaron horrible, me trajeron dando vueltas por dos horas. Era mucho abuso, dejabas que te hicieran lo que quisieran, el chiste es que no te mataran. (Comunicación personal, 2021)

Las vidas de estos sujetos se ven trastocada por la moral social que es retomada por los agentes del orden para imponer “sanciones” económicas, sexuales o corporales que ratifican el carácter excluyente de la categoria ciudadanía y la existencia de cuerpos que no importan, jerarquías entre cuerpos “normales” y “abyectos”, al respecto Valeria comenta lo siguiente:

Realmente nadie [me ha hablado de mis derechos como trabajadora sexual]. O sea, ¿alguna institución se ha acercado a decirme mis derechos?, no. Yo sé un poco de los derechos que tengo al ser persona, o sea como persona individual sé mis derechos. Pero los derechos al ejercer la prostitución realmente no me los sé al cien. Porque, bueno, realmente acá en Puebla el bando de policía con gobierno estipula que la prostitución es una falta administrativa. Y pues conlleva tres puntos: el ejercerla, el promoverla y el consumirla. Entonces, no, realmente no sé qué derechos tengo yo como persona que se dedica al sexo servicio. (Comunicación personal, 2021)

Las PERTS-trans y la incipiente resistencia

Ante un contexto tan apremiante, donde al parecer no hay escapatoria al ejercicio del poder del Estado y sus instituciones, las trabajadoras sexuales trans han tenido que echar mano de todos los recursos posibles para generar estrategias de vida, algún tipo de resistencia. Como Foucault lo afirmó, “donde hay poder hay resistencia, y no obstante (precisamente por esto), esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder” (^{Foucault, 2011, p. 89}). A simple vista, puede parecer un círculo vicioso, pero es necesario dar cuenta que las trabajadoras sexuales trans no son sujetas pasivas, tienen cierta capacidad de agencia y generan prácticas de resistencia que les permiten hacer frente a las condiciones que las mantienen en la precariedad, incluso reproduciendo ese orden político; así lo expresan los siguientes dos testimonios de Ana y Paola:

Hace mucho tiempo tuvimos la presencia de una mujer valiosa que nos enseñó muchas cosas sobre los derechos que yo no sabía. Hoy en día es la única vez que he visto la prostitución en Puebla controlada, [antes] había revisiones médicas, exámenes, pero ahora es con voluntad de nosotras, he visto un trato más digno porque ahora los policías no pueden sobrepasar las reglas, de no detenerte por practicar la prostitución, porque no pueden, no tienen cómo comprobarlo. Son parte de las enseñanzas que Alejandra Fonseca nos dejó, cuando formó grupos, cuando estuve con ella, son las únicas veces que me sentí apoyada, pero te estoy hablando de hace como 20 años. (Comunicación personal, 2021)

Cabe señalar que un recurso común de las autoridades municipales, son los vacíos que suelen presentarse en las leyes y en los códigos y la “confusión” que suele hacerse entre el trabajo sexual y la trata de personas, ya que si hay algun(a) representante de las trabajadoras sexuales, suelen asumirse como parte del crimen organizado, como “proxeneta”, “madrota”, “padrote” o “tratante” y con tal motivo girar órdenes de aprensión para ingresarlas al reclusorio, accionar o morir era la disyuntiva. Al respecto Paola nos comparte su experiencia:

Cuando llegué a Puebla no se escuchaba nada de eso, eran redadas y nos trataban peor que unos perros, nos encarcelaban, por la mañana tiraban agua para que nos levantáramos. Se empezó a ver poco a poco, conocimos a una amiga de Guadalajara que se llama Pati Betancourt, ella es una de las que empezó todo este movimiento. Aquí [en Puebla] empezó Gabi Chumacero, Paulina Altamirano, ellas nos fueron instruyendo, cuando era cambio de gobierno íbamos a la presidencia para hacer cita y exponer nuestros problemas en el trabajo sexual. (Comunicación personal, 2021)

La discriminación y la violencia transfóbica no es algo que se haya reducido en Puebla, pero es importante señalar a aquellas colectivas y activistas que mantienen una lucha constante por los derechos de las trabajadoras sexuales trans, Gabriela Chumacero, comenta lo siguiente en entrevista:

[He enfrentado] la discriminación de la sociedad en general, la discriminación de mi propia comunidad, la transfobia entre nosotras mismas, la transfobia de las feministas que no quieren a las trans, la discriminación en el trabajo sexual […] yo he luchado contra todas. (^{Loría, s.f.})

Gabriela Chumacero es reconocida en Puebla no solo por haber sido una de las primeras mujeres trans en cambiar su identidad bajo el respaldo de la Ley Agnes, también lo es por su activismo a favor no solo de las trabajadoras sexuales trans, sino del resto de las mujeres trans. A su vez, recuerda a quienes han dejado los cimientos para que estas formas de agenciamiento hayan sido posibles, como lo fue Alejandra Fonseca, quien postula que hace 15 años “cuando nos marginaban, nos pegaban y los policías hacían lo que quisieran con nosotras, Alejandra Fonseca nos enseñaba sobre derechos humanos, nuestros derechos. Ella buscó también que tuviéramos una carrera técnica” (^{Loría, s.f.}). Vemos entonces, que incluso en las grandes estructuras de dominación, es posible percibir “cómo estas mismas hacen surgir, si el resto de las condiciones no cambia, reacciones y estrategias de resistencia asi mismo comparables a grandes rasgos” (^{Scott, 2000}, p. 19).

A manera de cierre

A lo largo del texto, expusimos un ejercicio discriminatorio y biopolítico contra las personas trans en la angelópolis por parte del Estado, el poder del derecho de hacer vivir mediante los controles reguladores de los procesos biológicos, han desembocado en el despliegue de una biopolítica con la finalidad de administrar a la población (^{Foucault, 2011, p. 129}). Ahora bien, en nuestros contextos actuales, de acuerdo con Achille Mbembe, las nociones de biopoder y biopolítica resultan insuficientes para dar cuenta de las formas contemporáneas de la sumisión de la vida al poder de la muerte.

Mbembe utiliza las nociones de política de la muerte (o necropolítica) y poder de la muerte (o necropoder) a fin de reflejar las diversas formas mediante las cuales, actualmente el ejercicio de la violencia, el poder colonial, el poder policiaco y las armas se despliegan con el objetivo de una “destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia qué les confieren el estatus de muertos-vivientes” (^{Mbembe, 2011, p. 75}).

Para el caso de México, Zayak Valencia propone entender a la biopolítica como aquel arte que se encarga de gestionar la vida de las poblaciones. Actualmente las exigencias capitalistas han hecho que

el vivir y todos sus procesos asociados se conviertan en mercancías, lo cual se puede parangonar con lo que entendemos como necropoder, puesto que éste representa la gestión del último y más radical de los procesos del vivir: la muerte. (^{Valencia, 2016, p. 156})

Para las PERTS trans, desde la dinámica de la biopolítica y la necropolítica se les permite vivir, pero no se procura que esa vida alcance la dignidad humana, que sea vivible, se les despoja de inteligibilidad humana y en ese sentido se vuelven prescindibles.

Para Judith Butler el feminicidio funciona mediante el establecimiento de un clima de miedo o terror, característico del despliegue de la necropolítica, en el cual “…toda mujer, incluyendo a las mujeres trans, puede ser asesinadas […] Aquellos que están vivos se perciben como ‘todavía viviendo’ […], lo que significa que la experiencia de desigualdad y subordinación ya está ligada a su estatus de ‘asesinable’” (^{Butler, 2021, p. 184}).

Tal como hemos resaltado a lo largo del texto, si la base del orden político es el sistema heterosexual no debe sorprendernos que el miedo o terror de permanecer en un constante estatus de todavía viviendo se acrecienta aún más cuando los mismos instrumentos legales que protegen a las mujeres en México relegan a la abyección a determinadas vidas, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son documentos donde “el género remite implícitamente a las mujeres cisgénero” (^{Constant, 2022, p. 61}).

Las trabajadoras sexuales trans, por su posición de clase, su identidad de género, las representaciones hegemónicas del género que no encarnan y el nulo acceso a derechos laborales se mantienen en un grado mayor de vulnerabilidad, tratamos de mostrar que “las condiciones de vida y de trabajo precarias están normalizándose en un plano estructural y se han convertido por ende en un instrumento fundamental de gobierno” (^{Lorey, 2016, p. 73}). Vivimos en sociedades donde la administración de la vida, es decir, la biopolítica se ejerce desde el gobierno y la economía política, mediante la precarización y la inseguridad; es decir dentro “del marco de la gubernamentalidad neoliberal, no hay ninguna necesidad de terminar con las desigualdades, ni siquiera de instaurar una igualdad en la inseguridad” (^{Lorey, 2016, p. 75}).

Debido a esta condición de vulnerabilidad y precariedad políticamente impuesta hacia las sujetas en cuestión es, como ya lo hemos argumentado, fundamental reconocer a la prostitución como un trabajo, por supuesto que, como Maurizio Lazzarato lo advierte, “en el capitalismo, lo que hay que tener en cuenta no es un ‘drama único’ -el del Espíritu (en Hegel) o el del Capital (en Marx)-, sino una ‘multiplicidad de dramas sociales’” (^{Lazzarato, 2006, p. 75}). Antes de caer en cualquier tipo de argumentación moral o punitivista a fin de negar el carácter laboral de la prostitución, para observar las dimensiones materiales de quienes ejercen esta actividad, ahí será donde encontraremos las pistas para hacer vidas vivibles.

A la visión expuesta, creemos necesario conjuntar la perspectiva material con una teoría radical de la sexualidad. Tal como lo ha planteado Gayle Rubin, para identificar, describir, explicar y denunciar la injusticia erótica y la opresión sexual. Necesita, por tanto, instrumentos conceptuales que puedan mostrarnos el objeto a estudiar. Debe construir descripciones ricas sobre la sexualidad, tal y como ésta existe en la sociedad y en la historia, y requiere un lenguaje crítico convincente que transmita la crueldad de la persecución sexual (^{Rubin, 1989, p. 130}).

Desde ésta doble visión, podemos reconocer a la prostitución como un trabajo y dejamos claro que no es la salida fácil, tampoco es la degradación moral del cuerpo de las mujeres, ni el trabajo natural de nadie” la prostitución es una estrategia pertinaz de supervivencia para quienes no tienen nada, ni formación, ni títulos, ni material” (^{Mac y Smith, 2020, p. 97} ).

Los discursos y prácticas revictimizantes y criminalizantes no tienen cabida aquí, el nudo central de esta problemática es mejorar las condiciones laborales y materiales de las trabajadoras sexuales, todos los testimonios de las entrevistadas concuerdan en que lo único que quieren es que se ls reconozca como trabajadoras, que se les garanticen sus derechos laborales; no obstante, también concuerdan en que de tener acceso a otro trabajo bien remunerado, sin dudarlo, dejarían el trabajo sexual.

Si consideramos todo lo expuesto, desde la distinción urgente entre trabajo sexual y trata de personas, hasta las condiciones materiales y laborales, se advierte que la criminalización (de la trabajadora y el cliente) no será el camino más viable para generar políticas públicas, soluciones a poblaciones “vulnerables”, se seguirá atendiendo desde la sanción moral, la indolencia y la administración de la muerte a través de la precarización y la inseguridad. En este sentido se propone conjuntar esta visión crítica del necropoder con la teoría radical de la sexualidad para denunciar la crueldad de las acciones y omisiones por parte de las autoridades en la persecución sexual de las trabajadoras trans en Puebla. De igual forma acercamos instrumentos conceptuales para describir, explicar y denunciar la injusticia erótica.

Ante una problemática tan compleja, no debemos caer en prejuicios clasistas, punitivistas, ni heteronormativos, para el diseño de políticas públicas y el reconocimento de derechos humanos y laborales, más bien, se vuelve imprescindible insistir en las condiciones materiales de las trabajadoras sexuales, en la garantía de sus derechos y en evidenciar analíticamente lo contextos socioeconómicos, culturales y personales que delimitan las acciones y vidas de estas personas.