Esquinas

 

El tigre en la turbina. Poder y energía en el territorio naso de Panamá

 

The Tiger in the Turbine: Power and Energy in Panama's Naso Territory

 

Jason Jaques Paiement

 

Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU, Montreal, Canadá. Jason.Paiement@mail.mcgill.ca.

 

Recepción: 23 de noviembre de 2005
Aceptación: 2 de mayo de 2006

 

Resumen

En el año 2005 se propusieron tres grandes proyectos de desarrollo y conservación para reordenar el territorio naso de Bocas del Toro en Panamá. Este artículo presenta un análisis de los conflictos relacionados con las diversas representaciones sociales, culturales y ambientales desarrolladas en torno a estas tres propuestas con el fin de evaluar la equidad de la distribución de sus impactos. Se enfatiza la necesidad de realizar análisis más sofisticados y de ser más escépticos con respecto a las justificaciones brindadas por las autoridades tradicionales, las agencias gubernamentales y las empresas privadas involucradas en proyectos de desarrollo y conservación de los recursos naturales en áreas indígenas.

Palabras clave: desarrollo, conservación, recursos naturales, pueblos indígenas, Panamá.

 

Abstract

In 2005, three major development and conservation projects were proposed in order to reorganize the Naso Territory in Bocas del Toro, Panama. This paper analyses the conflicts that involve several social, cultural and environmental representatives that organized around these three proposals in order to assess the equitable distribution of their impacts. It emphasizes the need for a more sophisticated analysis and calls for skepticism about the justifications given by the traditional authorities, governmental agencies and private businesses involved in the development and conservation projects of the natural resources on indigenous lands.

Key words: development, conservation, natural resources, indigenous people, Panama.

 

INTRODUCCIÓN

El 'tigre' mencionado en el título de este artículo se refiere al jaguar (panthera onca) que todavía ocupa un espacio privilegiado en la imaginería cultural del pueblo naso y de otros grupos indígenas de Mesoamérica. La yuxtaposición de la figura reverenciada y orgánica de una especie endémica y localmente conocida como 'el tigre' con aquella de una 'turbina' hidroeléctrica —herramienta de alta tecnología y producto industrial de gran valor agregado— revela algo de la naturaleza y el alcance de los contrastes y las contradicciones que alimentan los conflictos que actualmente se desarrollan en el territorio naso ubicado en la costa atlántica de Panamá.

La vertiente del Caribe centroamericano y del sur de México son áreas muy diversas donde un sinfín de transformaciones, adaptaciones y continuidades ecológicas, tecnológicas y socioculturales han configurado paisajes de una gran variedad biofísica y cultural. Los datos sobre el Corredor Biológico Mesoamericano¹ indican que el área cuenta con alrededor de 9% del total de la biodiversidad mundial, gran parte de la cual es endémica a la región y está actualmente amenazada por altos ritmos de deforestación (Guzmán et al., 2003a). En 1950, tres cuartas partes de la región centroamericana estaba cubierta de bosques. Cincuenta años después sólo queda la tercera parte, cada vez más fragmentada y concentrada en las áreas protegidas y los territorios indígenas del margen atlántico del istmo (Heckadon Moreno, 1997). Pero la deforestación no sólo tiene efectos adversos para la diversidad biológica, sino que también acelera los procesos de erosión y de pérdida de la fertilidad del suelo que amenazan la viabilidad de las economías agrícolas y la disponibilidad y calidad del agua en toda la región (Utting, 1993).

Por otra parte, unos sesenta pueblos indígenas o grupos lingüísticos conforman una población de alrededor de once millones de personas, 23% de la población regional (Grosvenor et al., 1992)². Más de la mitad de la población regional es considerada pobre, y en las áreas rurales —donde vive la tercera parte de la población total y la mayoría de los pueblos indígenas— 70% vive bajo el nivel de pobreza (Annis, 1992). Pero mientras que en la costa atlántica mesoamericana sólo habita 10% de la población regional, casi 90% de las superficies protegidas de la región se ubica en ese territorio. Estas restricciones sobre el uso de la tierra están destinadas a promover la conservación de los recursos naturales, pero resultan cada vez más prohibitivas para la población campesina e indígena de la zona (Heckadon Moreno, 1997). Los pobres, en particular, dependen del acceso a los recursos del bosque para su subsistencia. Del bosque aprovechan materiales para sus viviendas y para la confección de artesanías y herramientas, alimentos, semillas, medicinas, etc. En este caso, la creación de áreas de uso restringido equivale a criminalizar la pobreza.

Muchas de las áreas protegidas de Centroamérica fueron establecidas por autoridades estatales sin consultar a la población local y terminaron por agravar los problemas de pobreza y la desigualdad de la distribución del acceso a los recursos naturales. Un tema que, junto con una serie de problemas relacionados con la inseguridad de la tenencia de la tierra (por ejemplo, derechos territoriales insuficientemente definidos, demarcados o respetados), ha sido considerado como causa principal de los múltiples conflictos sociales y ambientales que azotan la región³.A mi juicio, los mejores análisis de estos problemas han sido inspirados por los esfuerzos multidisciplinarios que intentaron —desde la década de 1970— integrar los marcos teórico-metodológicos de la ecología cultural con aquellos de la economía política⁴. Luego, durante la década de 1990 los investigadores mantuvieron sus preocupaciones sobre la manera en que el poder y la política afectan y son afectados por la ecología y el medio ambiente (Stonich, 2001). Hoy día, la "ecología política" se caracteriza por una cantidad de diversos enfoques sobre: a) los orígenes contextuales del cambio ecológico; b) los conflictos sobre el acceso a los recursos naturales, y c) los impactos políticos de los cambios ambientales (Nygren, 2000).

Sin embargo, la ecología política —tal como su corriente posestructuralista⁵, que sigue seduciendo a muchos antropólogos, entre otros— ha sido debidamente criticada por sobreevaluar la importancia de los factores estructurales (la economía política) en detrimento de un reconocimiento adecuado de la diversidad de valores culturales y de las estrategias de sobrevivencia que siempre coexisten dentro de una misma comunidad (Edelman, 1999; Everett, 1997; Stonich, 1993). De manera semejante, en este artículo he tratado de contextualizar los procesos socioculturales y las políticas que operan en el territorio naso (por ejemplo, integración al mercado, cambios en la tenencia de la tierra, arreglos institucionales y políticas de manejo de los recursos naturales, etc.) dentro de una perspectiva etnográfica e histórica que permite considerar la complejidad de las fuerzas socioambientales que coinciden actualmente en la región.

Tal enfoque teórico-metodológico ofrece un correctivo necesario a las perspectivas que pasan por alto los logros del desarrollo —aunque éstos, efectivamente, han sido muy limitados en varios contextos— y la forma en que los proyectos de desarrollo son apropiados y transformados por actores locales (Van Ausdal, 2001). Por lo tanto, junto con otros antropólogos, creo que debemos analizar las interpretaciones, estrategias y prácticas dinámicas de los actores locales y no solamente sus reacciones al discurso que acompaña las intervenciones externas (Arce y Long, 2000; Rew, 1997; Stanford, 2000). La alternativa sería contentarnos con predicar una debilitada versión de una antropología políticamente correcta, pero a la que se le hace muy difícil proponer recomendaciones específicas para remediar las situaciones deplorables que rechazamos (Grillo y Stirrat, 1997; Little y Painter, 1995).

Hacia finales del siglo XX, el tema de la correlación entre la diversidad cultural y la diversidad ambiental (o biodiversidad) empezó a cobrar mayor importancia en las políticas de conservación y de desarrollo de varios actores, incluyendo ONG, empresas privadas, estados y organizaciones internacionales. Esta percibida correlación impulsó nuevas alianzas estratégicas entre los pueblos indígenas y los actores mencionados para asegurar la supervivencia de ambas clases de diversidad. Una de las intervenciones claves intentadas por tales alianzas ha sido la de fortalecer o modificar las instituciones sociales que organizan el comportamiento humano relacionado con el acceso y el uso de los recursos naturales.

Las instituciones, en el amplio sentido en que yo me refiero aquí, corresponden a patrones de conducta social reconocidos y sustentados por conjuntos de reglamentos. Existen instituciones formales, como en el caso del Estado de derecho; pero hay también instituciones informales —por ejemplo, las relaciones de parentesco— en las que las convenciones se mantienen por acuerdo mutuo entre los actores involucrados y por las relaciones de poder y autoridad que existen entre ellos (Mearns et al., 2000: 10). En cambio, las organizaciones sociales —por ejemplo, las ONG, las escuelas, las empresas, las agencias gubernamentales, etc.— son entidades de actores establecidas con objetivos compartidos y que, muchas veces, tienen incluso presupuesto asignado, personal designado, oficinas propias, etc. (Young, 1982:18).

Dado que las organizaciones involucradas en el manejo de los recursos naturales suelen estar estrechamente vinculadas con las instituciones sociales que las sustentan, existe bastante confusión en lo que refiere a la diferencia conceptual entre las dos. Por lo tanto, resulta común encontrar programas de desarrollo y de conservación que intentan cambiar o reformar las "instituciones" locales o nacionales con arreglos jurídicos o de orden administrativo que pueden aplicarse a corto plazo. Pero los patrones de conducta social que resultan de los procesos de decisión sobre el uso de los recursos están condicionados por las características propias de los recursos naturales, humanos y tecnológicos de los diferentes actores involucrados. Por esto, aunque las organizaciones formales y los marcos reglamentarios pueden cambiarse rápidamente, las instituciones sociales tienden a modificarse sólo mediante lentos procesos de experimentación y adaptación.

Generalmente son múltiples las instituciones sociales involucradas en el manejo de los recursos naturales. Muchas veces, a falta de instituciones específicas para determinar los derechos de acceso y uso de los recursos, las instituciones que regulan el matrimonio y las relaciones de parentesco son empleadas para estos fines. Cuando existen organizaciones explícitamente dedicadas al manejo de los recursos colectivos de la comunidad —por ejemplo, regidores y comités de vecinos en áreas indígenas de Panamá o funcionarios del gobierno—, sus oficiales se encuentran al margen de las relaciones de poder y autoridad que conforman tales organizaciones⁶. Por lo tanto, las relaciones entre diferentes organizaciones e instituciones sociales, actuando a diferentes escalas, contribuyen a regularizar los procesos de reclamo y defensa del acceso y control de los recursos naturales —procesos dinámicos que vinculan a las personas con componentes particulares del medio ambiente (Mearns et al., 2000: 11-12)—.En otras palabras, las instituciones sociales son fundamentales para determinar quiénes tienen acceso y qué recursos controlan en un ambiente natural determinado. De ahí la popularidad de las instituciones sociales como objeto de las intervenciones de desarrollo y conservación de los recursos naturales.

Por largo tiempo, los antropólogos han reconocido el papel central que han desempeñado los sistemas sociales en el manejo sostenible de los recursos naturales⁷, pero pocos han procurado precisar las condiciones —por ejemplo, características del recurso y del grupo, incentivos económicos e institucionales, etc.— bajo las cuales las comunidades locales pueden efectivamente aplicar medidas de conservación. Esta negligencia disciplinaria es responsable de la laguna sustancial con que nos encontramos hoy en el conocimiento del funcionamiento y las capacidades de las instituciones tradicionales involucradas en el manejo de los recursos naturales. Dicha falta de una adecuada comprensión permite que una concepción errónea sea la más influyente en el diseño de las innovaciones institucionales y organizativas en proyectos de desarrollo y conservación tales como los contemplados para el territorio naso de Bocas del Toro, Panamá.

El caso de la región naso resulta muy interesante para estudiar la dinámica institucional correspondiente al acceso y manejo de los recursos naturales porque en el año 2005 existieron tres grandes proyectos de desarrollo y de conservación que plantearon medidas para reordenar el territorio. A continuación presento un análisis de las diversas representaciones sociales, culturales y ambientales desarrolladas en torno a estas tres propuestas interconectadas, y de los conflictos sociales y ambientales que resultaron. El objetivo principal será evaluar las normas y los criterios invocados por los actores involucrados para poder advertir acerca de la equidad de la distribución de los impactos positivos y negativos asociados con estas iniciativas. Los acontecimientos relativos al proyecto hidroeléctrico Bonyic, en particular, permiten confirmar lo inapropiado de las intervenciones institucionales motivadas por un entendimiento equivocado de la situación empírica. El caso Bonyic demuestra, además, cómo las medidas inapropiadas —aunque muchas veces bien intencionadas— que resultan de tales explicaciones son fácilmente manipuladas en la ejecución del proyecto para otros fines. En este sentido, destaco la necesidad de volvernos más complejos y escépticos con respecto de las justificaciones presentadas por las autoridades, agencias y empresas involucradas en proyectos de desarrollo y de conservación de los recursos naturales en áreas indígenas. Primero, caracterizo brevemente el contexto socio-ambiental de la región naso y luego critico el marco conceptual que promueven las intervenciones programadas para la zona.

Mapa adaptado de Briceño.

 

CONTEXTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO NASO

Históricamente, el pueblo naso ha ocupado las tierras montañosas y selváticas de la provincia de Bocas del Toro y todavía se identifica con la tierra y el río Tjèr Di o Teribe de sus ancestros. Dispersos en clanes y caseríos, los nasos vivieron, hasta tres o cuatro generaciones atrás, una autonomía consumada que constituyeron a partir de su aislamiento geográfico, autosuficiencia cultural y unidad familiar. Los relatos tienden a confirmar que desde mucho antes del siglo XIX —que para los nasos fue una época de constantes guerras y sufrimientos— hasta el inicio del siglo XX hubieron pocos cambios en sus instituciones sociales y tradiciones culturales (Von Chong S. y Ortiz, 1982:47-48). En 1872 una misión de la parroquia católica identificó una población total de alrededor de 180 nasos que vivían en dos aldeas sobre los ríos Teribe y Changuinola. En los cien años subsiguientes los nasos experimentaron transformaciones profundas, lo que llevó a algunos observadores a considerarlos casi indistinguibles de las comunidades mestizas vecinas. Pero aún así, muchos de los aproximadamente 3 800 nasos existentes mantienen su idioma y ciertos elementos tradicionales de su orden administrativo monárquico, sus ceremonias sociales, historias, leyendas y conocimientos sobre su entorno físico y la forma de aprovecharlo (Instituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala, 2001:11-13).

Cerca del año 1930 el pueblo naso empezó a pasar por nuevos procesos de transculturación intensos. Primero, grupos de familias abandonaron sus fincas en la alta cuenca del río Teribe para ubicarse en las cercanías de las comunidades actuales de Sieyic y Siekin. Algunos emigraron para frecuentar la escuela misionera recién construida por adventistas, otros huyeron de un brote epidémico de fiebre amarilla y otros buscaron nuevas tierras agrícolas más accesibles a través del río. Desde entonces los nasos comenzaron a sentir la presión de la economía mercantil agroindustrial de la zona bananera y del comercio urbano, así como de los procesos migratorios originados en el litoral del Pacífico.

En la década de 1970, la crisis energética impulsada por el alza de los precios mundiales del petróleo convenció a Panamá —país importador y sin reservas conocidas de petróleo— de que la garantía de su futuro energético corría por sus numerosos y caudalosos ríos. Se sigue afirmando que la energía hidroeléctrica" es más barata, es más limpia, es renovable y, lo más importante, 'es nuestra'" (Pinilla, 2005). Una multitud de estudios de factibilidad referentes al aprovechamiento de la cuenca hidrográfica de los ríos Teribe y Changuinola en Bocas del Toro confirmaron que ésta concentra 40% del potencial hidroeléctrico del país. Desde la década de 1970 empieza entonces el drama socioambiental de las negociaciones entre los representantes estatales del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y las autoridades nasos a propósito de la construcción de un total de seis represas hidroeléctricas en su territorio ancestral —lo cual representaba una inversión directa de casi 700 millones de dólares para generar un promedio anual de 3 368 gigawatts por hora (Von Chong S. y Ortiz, 1982: 215)—. Como resultado de los primeros diálogos, se establecen algunos acuerdos entre el gobierno y la dirigencia naso, que exige una mayor atención del Estado para mejorar las condiciones de vida de este pueblo.

Por esa misma época, el gobierno establece las primeras escuelas primarias (1969) y puestos de salud (1974) en el área naso (Instituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala, 2001:15). El presidente militar populista Omar Torrijos comenzaba a alentar una nueva generación de líderes indígenas para que lucharan en defensa de su territorio, desarrollo e identidad cultural. Para el Estado panameño, la creación de comarcas indígenas representaba una manera de estabilizar la migración desde las áreas rurales a las ciudades y de conseguir (¡comprar!) la cooperación de los pueblos indígenas con proyectos de desarrollo de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Hubo una serie de congresos indígenas nacionales, en los que dirigentes indígenas de todo el país se informaron acerca del éxito político del modelo de gobierno adoptado por los kunas de la comarca de San Blas desde la década de 1930. Este modelo, basado en un congreso de caciques regionales, permitía que los kunas administraran sus asuntos internos de acuerdo con sus propias tradiciones y costumbres. El ejemplo de la comarca kuna convenció a otros dirigentes indígenas —como los nasos, emberas, wounanes y guaymis o ngöbes, cuyas instituciones sociales y étnicas carecían de organizaciones regionales formales— de que el estatus legal de una comarca era la mejor garantía de protección para sus derechos territoriales, desarrollo socioeconómico y herencia cultural (Herlihy, 1995).

Letrero colocado en la comunidad naso de Sieyic.

En 1973 los nasos aprobaron un "Reglamento interno" destinado a organizar la conducta de los residentes de su zona y controlar el acceso y uso de su flora y fauna. El documento, llamado también "Código legal indígena", está compuesto por 49 artículos y enmiendas agrupados en cuatro capítulos que se refieren a la jurisdicción y los deberes de los regidores, las leyes que todo residente debe cumplir y las multas y penas que se aplicarán a los violadores. Las leyes tratan sobre asuntos tan variados como la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y la prohibición de comercializar hojas de palanquillas. Sin embargo, en los últimos años, por razones que se considerarán más adelante, la autoridad y las funciones de los regidores nasos están siendo reducidas. "Ya no se respeta [el reglamento interno] como antes" (Sánchez, 2004b).

No hay espacio en este breve artículo para exponer todo el transcurso de la historia de los cambios sociales y ambientales que ocurrieron durante las décadas de 1980 y 1990. Sólo quiero añadir que, justo cuando el potencial hidroeléctrico del territorio naso comenzó a llamar la atención de los ministros e ingenieros, el ritmo de deforestación alcanzaba proporciones alarmantes a lo largo de la región centroamericana. Mientras que en 1950 casi 75% del istmo estaba cubierto por bosques muy ricos en biodiversidad, a finales de la década de 1990 sólo quedaba la tercera parte —la mayor parte de la cual se hallaba fragmentada y concentrada en la vertiente atlántica (Heckadon Moreno, 1997)—. Reconociendo la necesidad de conservar esta doble riqueza energética y natural, el gobierno de Panamá creó en 1983 el Bosque Protector Palo Seco con una superficie de 244 000 hectáreas, donde hoy viven más de 5 420 personas (la mayoría indígenas ngöbes y cerca de 800 nasos) (Fuenmayor y Muschett, 2004: 55-57). En 1988, una iniciativa de los gobiernos de Panamá y Costa Rica creó el Parque Internacional La Amistad (PILA), que se extiende sobre 207 000 hectáreas. Su importancia biológica ha motivado que en 1990 la UNESCO lo haya declarado Patrimonio de la Humanidad.

Como señala la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, por la cual se crea la Ley Forestal de la República de Panamá, los bosques de protección son:

Aquellos que sean considerados de interés nacional o regional para regular el régimen de las aguas; proteger cuencas hidrográficas, embalses, poblaciones, cultivos agrícolas, obras de infraestructura de interés público, prevenir y controlar la erosión y los efectos perjudiciales de los vientos, albergar y proteger especies de vida silvestre; o contribuir con la seguridad nacional (Dirección Nacional de Patrimonio Natural, 2000).

Lejos de ser un obstáculo para la construcción de una represa sobre el río Bonyic, el estatus legal del territorio naso como Bosque Protector ha servido de fundamento legal para justificar el control y manejo de los recursos del área por parte del gobierno nacional sin una buena coordinación con las autoridades tradicionales de los pueblos naso y ngôbe-buglé. Es más, la misma ley forestal parece ser responsable de que la empresa privada que posee la concesión para aprovechar las aguas del río Bonyic (Hidro Ecológica del Teribe, S. A. [HET]) no requiera otra concesión forestal para proteger las cuencas hidrográficas que regulan el régimen del agua indispensable para garantizar la viabilidad, a largo plazo, de sus inversiones millonarias previstas para el área⁸.

Como en otras áreas indígenas del continente americano que están experimentando el incremento de la comercialización local de bienes y servicios, los nasos ya tienen acceso a una amplia variedad de productos manufacturados: radios, armas de fuego, motores fuera de borda, motosierras, ropa y alimentos importados, techos de zinc, etc. Muchos jóvenes han abandonado las actividades agrícolas para trabajar en la industria de la construcción, en ventas o artesanías. Otros, con más años de escolaridad, trabajan en los escasos empleos públicos (maestros y promotores de salud) o reciben algún recurso económico esporádico por su cooperación con las ONG activas en el área⁹. Esta evolución socioeconómica se ha acompañado por notables cambios culturales en las prácticas de uso del suelo; por ejemplo, algunos ya tienen ganado y otros comercializan cantidades significativas de madera. Otro impacto que se atribuye al tránsito de una economía de subsistencia indígena a una con mayor énfasis comercial ha sido el debilitamiento de su solidaridad social y de las estructuras políticas tradicionales.

A semejanza de otros pueblos indígenas en América Latina, estas presiones sobre las instituciones y la cultura tradicional de los nasos han sido acompañadas de una creciente influencia política a nivel regional, nacional e incluso internacional. Por ejemplo, los ngöbes de Bocas del Toro eligieron a uno de los suyos —el diputado Bernardo Abrego— para la Asamblea Nacional de Panamá. El país es uno de los más avanzados de la región en términos de legislación constitucional y primaria —en decretos, acuerdos y reglamentos— sobre los derechos de los pueblos indígenas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003). Sin embargo, a pesar de estos logros significativos en el campo político-legal, los nasos y demás pueblos indígenas del continente han avanzado muy poco en materia económica y social durante la última década y continúan sufriendo mucho de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación que otros grupos (Hall y Patrinos, 2006).

Hoy en día, la población naso cuenta con alrededor de 3 800 habitantes, distribuidos en once comunidades y en la zona bananera de Changuinola y Guabito. La mayoría de las comunidades se localizan a lo largo de los ríos Teribe (o Tjèr Di, en naso) y Bonyic y sus afluentes. El territorio propuesto dentro de los límites de la Comarca Naso Tjèr Di tiene una extensión de 160 616 hectáreas, de las cuales 125 141 hectáreas pertenecen al Parque Internacional La Amistad y 21 722 al Bosque Protector Palo Seco (ambas áreas protegidas), con lo que quedan 13 753 hectáreas bajo la jurisdicción interna de las autoridades tradicionales (Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, 2005). En relación con la diversidad biológica, el territorio naso posee una gran variedad de especies de flora y de fauna, y constituye un refugio para algunas especies en peligro de extinción. Los nasos utilizan varias de esas especies principalmente para su medicina botánica, alimentación, artesanía y construcción. La fauna silvestre es también abundante, aunque algunas especies (águila arpía, venado, tapir, aguar, entre otros) se encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de suhábitat y a la caza indiscriminada motivada por el aumento de la población (Fundación Dobbo Yala, 2002: 78).

La organización político-administrativa actual de los nasos se rige por una monarquía hereditaria, apoyada en un Consejo General de Dirigentes como órgano consultivo y con poder de decisión. El Consejo está compuesto por doce representantes del rey (uno de cada comunidad y uno del área bananera), junto con once regidores elegidos por sus comunidades respectivas. A nivel regional, la organización representativa es la Asamblea del Pueblo, integrada por los representantes y los regidores, los presidentes de comisiones o asociaciones, los representantes de educación, de salud, de la fuerza pública, de la iglesia y los demás miembros del pueblo naso. Existen diferentes interpretaciones y expectativas entre los nasos sobre los poderes y responsabilidades de las autoridades tradicionales. Por esto dicen querer formalizar sus reglamentos operativos en una nueva Carta Orgánica cuya adopción se haría después de la legalización de su comarca¹⁰. Más adelante menciono las dificultades que pueden surgir cuando tales instituciones tradicionales, adaptadas para cierto contexto socioeconómico, son confrontadas por cambios significativos de orden político, tecnológico y ambiental. En el nivel de la organización política nacional, desde 1998 existe también un representante del controvertido corregimiento del Teribe.

La práctica naso de uso de la tierra, en general, ha sido sostenible en términos ecológicos y culturales. El sistema que predomina sigue siendo el agroforestal, combinado con la agricultura migratoria y la cría de animales menores. Los cultivos de arroz, maíz, frijol, ñame, banano y plátano se realizan para el consumo familiar. Los nasos también venden parte de su producción de cacao, naranjas, piñas, pejibayes, animales o madera, lo que les permite conseguir algún ingreso para sus otras necesidades. El ingreso anual per cápita estimado, de acuerdo con las cifras de un censo realizado en el año 2000, oscila entre 32 dólares en promedio en Loma Bandera, y 397 dólares en promedio en Sodí, lo cual sitúa a casi toda la población naso en condiciones de extrema pobreza (Fundación Dobbo Yala, 2002: 42). Aun así, quiero señalar que, a pesar de tal pobreza monetaria y de las deficiencias en materia de servicios públicos en su área (salud, educación, carreteras, etc.), la mayoría de los nasos todavía tiene acceso a suficiente cantidad y calidad de tierras como para evitar los problemas de desnutrición tan comunes en otras áreas indígenas de Panamá y Mesoamérica. Sin embargo, en los últimos años el pueblo naso ha experimentado un aumento poblacional, un deterioro medioambiental y una escasez de recursos vitales, los cuales son señales del debilitamiento y el empobrecimiento que tienen atrapadas a otras regiones pobres e indígenas de Panamá¹¹.

 

MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO NASO

El reciente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) producido para el proyecto hidroeléctrico Bonyic reconoce que la viabilidad ambiental de la obra depende en gran medida del éxito con que los promotores y autoridades locales logren resolver una serie de problemas relacionados con los efectos negativos que la construcción de la hidroeléctrica ocasionaría sobre la conciencia, la organización social y la institucionalidad tradicional del gobierno naso. De hecho, aunque los tres proyectos contemplados para el área naso difieren bastante entre sí en cuanto a sus objetivos fundamentales —1) producir y vender energía hidroeléctrica; 2) reconocer y delimitar una nueva jurisdicción territorial, y 3) respaldar el desarrollo sostenible en las comunidades indígenas de la zona—, los promotores de cada iniciativa sostienen su deseo de facilitar la recuperación de los valores culturales de las poblaciones indígenas y propiciar sus prácticas tradicionales de uso sostenible de la tierra.

Aparece entonces el concepto de cultura como "el eje fundamental que provee armonía entre la sociedad y la naturaleza" (Planeta Panamá Consultores, 2005: VI-2), noción que figura también en el discurso del Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas correspondiente al proyecto de Ley núm. 19, "por la cual se crea la Comarca Naso Tjèr Di" (Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, 2005) y que, además, sirve de fundamento para la iniciativa del FMAM para el manejo de ecosistemas en comunidades indígenas (Zambrano, 2004). En función de esta visión compartida, cada iniciativa pretende mejorar el medio ambiente con reformas o inversiones en las áreas sociales y culturales —principalmente en el fortalecimiento de la institucionalidad tradicional de los nasos—. Tal vez esa concordancia de suposiciones teoréticas y operativas sobre los vínculos funcionales entre cultura, sociedad y naturaleza no debería sorprendernos. Después de todo y desde tiempos remotos, los pueblos indígenas de América han proporcionado imágenes románticas de sabios protectores de valores culturales y ambientales formados por milenios de experimentación directa que los europeos y otros pueblos obsesionados con el consumo y el materialismo han olvidado (Strang, 2003: 94). Es cierto que tal visión encierra importantes aspectos verdaderos, pero —como demuestro en ese artículo— la imagen de un sistema social vinculado con un sistema natural por medio del funcionamiento de un sistema cultural que provea armonía y estabilidad al conjunto es esencialmente ilusoria.

Los antropólogos, en particular, han contribuido a la creación y mantenimiento de tal visión. Muchos han preferido no examinar las actividades perjudiciales para el medio ambiente perpetradas por los pueblos indígenas o bien han querido atribuir la culpa de tales acciones a condiciones fuera de su control —por ejemplo, la colonización, asimilación o corrupción a las cuales los pueblos indígenas están sometidos—¹². Otros antropólogos se dieron a la tarea de desmitificar el romanticismo de este discurso "etno-ambientalista" enfatizando el peligro que representan los discursos, estrategias y marcos jurídicos que se apoyan en una imaginada cultura indígena "tradicional"¹³. Es innegable que tal visión política ha tenido cierto valor estratégico para algunos de los pueblos históricamente más marginados y explotados¹⁴, pero como demuestro con el caso de la hidroeléctrica Bonyic, es preciso reconocer que este mismo concepto quimérico de la cultura ecológica tradicional de los pueblos indígenas puede también distorsionar y corromper las políticas y los programas apoyados por las iniciativas que dicho concepto impulsa (Mearns et a/., 2000: 2-3).

Otro ejemplo de la aplicación distorsionada de ese concepto en el área naso proviene del proyecto llamado Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), cuya misión oficial es promover "la conservación, aprovechamiento y manejo de la diversidad biológica de Panamá, tomando en cuenta la necesidad de incentivar y facilitar el desarrollo sostenible y una mejora en la calidad de vida de las comunidades rurales del país" (Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, 2005). Un especialista del ANAM integrado al CBMAP resumió el enfoque del proyecto del siguiente modo: "educar a los ngôbe-buglés, los kunas, los de las comarcas de Madungandí y el pueblo naso teribe para que sepan utilizar los recursos hidráulicos, flora y fauna sin destruirlos"(Sween, 2005). Pareciera que este funcionario no leyó la documentación sobre el marco conceptual de los demás proyectos de conservación y desarrollo actualmente en proceso en Panamá. O al menos quedó convencido de que son los expertos educados de la sociedad dominante quienes saben utilizar los recursos naturales de manera adecuada y no, como pretenden algunos, los pueblos indígenas.

CBMAP dice haber apoyado la coordinación entre autoridades tradicionales del pueblo naso y la Autoridad Nacional del Ambiente. El objetivo de tal esfuerzo fue diseñar y aplicar un plan de acción para proteger la biodiversidad y la forma de vida tradicional de los nasos en el área de traslape entre su territorio ancestral, el Bosque Protector Palo Seco (BPPS) y el Parque Internacional La Amistad (PILA) (Autoridad Nacional del Ambiente, 2004). El grupo de consultores asociado con esa iniciativa señaló tres factores favorables para justificar la participación de los nasos en la definición de las normas y estrategias a seguir para reconciliar la conservación y el desarrollo de la zona: 1) la capacidad de liderazgo de la dirigencia naso; 2) su supuesta actitud positiva hacia la existencia del PILA, y 3) su experiencia en el desarrollo de actividades de conservación y ecoturismo con el apoyo de organismos internacionales. Pero en la actualidad la participación de los nasos en este proceso ha sido limitada al solo hecho de ser consultados. Prueba de los bajos niveles de participación de los nasos es que el plan de manejo elaborado para el PILA destaca como actividad prioritaria la creación de mecanismos de coordinación para fomentar la participación efectiva de la dirigencia y de la comunidad naso en el co-manejo del parque. Alegando que el enfoque de co-manejo es un modelo administrativo nuevo y todavía en proceso de prueba, el plan de manejo para el PILA propone conseguir la participación de los interesados por etapas, "siendo la ANAM la entidad que toma las decisiones iniciales y las que posteriormente serán consensuadas" (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y Consultores Ecológicos Panameños, 2004: 85).

Cabe añadir que el EIA del proyecto hidroeléctrico Bonyic propone también la elaboración de un "Plan de manejo ambiental" compuesto por una serie de medidas de prevención, mitigación, compensación, vigilancia y control de los efectos ocasionados por el proyecto. Una de las medidas contempladas consiste precisamente en formular un plan de ordenamiento territorial. Según la descripción en el EIA: "La medida está dirigida a lograr un mantenimiento adecuado y sostenido de las zonas del Bosque Protector Palo Seco y de la comunidad indígena que pueden ser afectadas por la construcción del proyecto" (Planeta Panamá Consultores, 2005: X-99), propósito que el EIA propone conseguir mediante un "control especial y riguroso del territorio" ejercido directamente por la empresa Hidro Ecológica del Teribe (HET). De interés particular en ese sentido es la recomendación del EIA de analizar la conveniencia y la legalidad de declarar una zona de "reserva forestal", la que delimita el bosque alrededor del embalse como materia prima de uso exclusivo para la generación de energía (Planeta Panamá Consultores, 2005: X-101). Dudo sinceramente que tal modelo de gestión de los recursos sea compatible con una participación efectiva de la dirigencia y de la comunidad naso en el co-manejo de las áreas protegidas dentro su territorio comarcal.

Hasta el mes de octubre del año 2005 el Ente Regulador de los Servicios Públicos¹⁵ había otorgado cuatro concesiones para aprovechar el potencial hidráulico de los ríos Changuinola y Teribe y doce en todo el territorio nacional (Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, 2005). Dada la importancia del fenómeno, el plan de manejo del PILA —área que hemos visto que abarca gran cantidad del territorio ancestral de los nasos— recomienda además investigar el interés y la capacidad de las empresas hidroeléctricas de participar en la protección y el manejo del área. El plan propone que un mecanismo indispensable para fomentar tal participación sería exigir al Ente Regulador de los Servicios Públicos la inclusión del tema de los pagos por los servicios ambientales en las concesiones otorgadas para proyectos hidroeléctricos (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y Consultores Ecológicos Panameños, 2004: 71). En cuanto a la empresa HET, el reconocimiento de la importancia de los factores sociales y culturales para la viabilidad ecológica de su proyecto ya fue señalado. Sin embargo, HET no pretende pagar por los servicios ambientales puestos a su disposición por la resolución que le otorga su derecho de concesión (Ente Regulador de los Servicios Públicos, 1999). Al contrario, la empresa espera poder beneficiarse directamente con la venta de los certificados de reducción de emisiones de carbono que podrá realizar aprovechando tales servicios.

El mismo plan de manejo para el PILA indica que uno de los objetivos en la creación del parque fue: "Proteger las cuencas hidrográficas superiores de los ríos Teribe y Changuinola, asegurando la estabilidad y calidad hídrica para el aprovechamiento de su potencial hidroeléctrico considerado el mayor del país". Sin embargo, la principal razón para la declaración del PILA fue: "Proteger una muestra significativa de la diversidad biológica de una de las zonas más ricas en fauna y flora, que aún permanecen poco alteradas en la República de Panamá" (ibid.: 85). Aunque en teoría esos dos objetivos pueden ser compatibles, en la práctica es difícil entender cómo ni los autores del plan ni el gobierno de Panamá parecen preocupados por la posibilidad de que una represa hidroeléctrica pudiera eliminar varias especies migratorias de peces y camarones de una parte del PILA (McLarney, 2005).

Viene comarca para el reino teribe¹⁶

Del mismo modo, nadie parece preocuparse por las contradicciones entre la propuesta de creación de la comarca naso y las leyes ambientales vigentes dentro de las áreas protegidas (BPPS y PILA). Por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley núm. 19 por la cual se crea la Comarca Naso Tjèr Di como régimen especial político y administrativo apunta a que, una vez aprobada la norma, el pueblo naso ejercerá "pleno derecho sobre sus tierras y recursos, para consolidar el bienestar de sus habitantes, conforme a sus costumbres y tradiciones" (Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, 2005; énfasis mío). Es interesante comparar este discurso jurídico-cultural con algunas de los artículos específicos que contempla la Ley núm. 19. Por ejemplo, en materia de recursos naturales el artículo 24 establece que las 145 000 hectáreas de las áreas protegidas (PILA y BPPS) que pasarán a formar parte del territorio comarcal "serán protegidas y conservadas conforme a la presente ley y leyes ambientales vigentes" (énfasis mío). Para armonizar tales propósitos hay que imaginarse que la recolección de plantas y la cacería de animales silvestres, sin mencionar la agricultura ni mucho menos la explotación forestal —todas actividades que quedaron terminantemente prohibidas dentro de los límites del PILA—, nunca formaron parte de las costumbres y tradiciones de los nasos. No obstante lo absurdo de esa situación, los intereses respectivos de los diversos actores involucrados coinciden para afirmar que "la cultura ecológica de los pueblos indígenas es convergente con el proyecto de preservación ambiental" (Delca Consultores, 2000: 72).

Mientras tanto, en Panamá como en otros países con arreglos similares, se multiplican los conflictos entre el derecho indígena de autonomía en la administración de su territorio y el derecho ambiental representado por las decisiones de la administración de las áreas protegidas. Como demuestra el caso de la hidroeléctrica Bonyic, las autoridades estatales y sus socios inversionistas pueden tolerar cierta ambigüedad jurídica y administrativa siempre y cuando no implique obstáculos significativos para sus planes. En el caso de la comarca, esto ha sido un anhelo histórico del pueblo naso desde hace más de treinta años. Para los nasos la comarca representa un derecho colectivo a un reconocimiento nacional que puede garantizar la seguridad de sus tierras y así asegurar la continuidad de su lengua, cultura y modo de vida. En cambio, algunos han sugerido que el avance del proyecto de ley núm. 19 que crea la Comarca Naso Tjèr Di se debe realmente al hecho de que la Asamblea Legislativa necesita otorgar un valor jurídico a las instituciones y las autoridades tradicionales para legalizar su toma de decisiones (aprobación de la planta hidroeléctrica) en nombre de todo el pueblo naso. El problema es que el Estado panameño aún no ha reconocido formalmente el régimen de gobierno y de administración tradicional de los nasos, ni al rey o reina como su representante legal. Volveré más adelante a ese punto de la complicidad de la Asamblea y las autoridades estatales con resultados favorables para la construcción de la hidroeléctrica.

En la región teribe.

El marco conceptual del proyecto Bonyic, tal como fue definido en el EIA, explicita que al entrar en funciones la represa:

[...] habrá un cambio de esencia: el vínculo entre sociedad y naturaleza, sostenido armónicamente por valores culturales de la tradición, sufrirá una gran transformación al ser la tecnología avanzada, basada en una nueva estructura socioeconómica, la que domine este vínculo, artificializando en alto grado la sostenibilidad del sistema natural (Planeta Panamá Consultores, 2005: VI-5).

Los consultores ambientales responsables del EIA enfatizan que lo más relevante de ese proyecto está en los desajustes de la institucionalidad tradicional indígena y los efectos sobre las tradiciones y costumbres que generan el reordenamiento ambiental y social contemplado bajo el nuevo régimen hidráulico. Señalan que acciones como la instalación de campamentos, el transporte de equipos y personal y la inundación del embalse desencadenarán efectos importantes que representarán nuevos problemas sociales y ambientales que los nasos tendrán que afrontar. Por ejemplo, el EIA proyecta que la construcción de la obra contribuirá a incrementar las fuerzas productivas del área, el valor de la tierra y el nucleamiento poblacional, provocando así diferencias entre la demanda y oferta de servicios básicos, alteraciones en las relaciones tradicionales de producción y pugnas intra e interétnicas (Planeta Panamá Consultores, 2005: VIII-34-37). Lógicamente, las instituciones tradicionales desarrolladas por los nasos nunca tuvieron que administrar tal complejidad ni intensidad de procesos socioambientales y, por lo tanto, nunca fueron asignados los recursos ni los esfuerzos organizativos necesarios para resolver esta clase de problemas. Más abajo veremos el peligro que eso representaría para la gobernabilidad en el territorio naso.

Acerca de los efectos del proyecto sobre las tradiciones y costumbres de los nasos, sabemos que en su etapa de construcción empleará alrededor de 200 obreros entre ladinos y muchos nasos. Al integrarse al proyecto como mano de obra para el desmonte, construcción, seguridad, cocina, etc., los nasos empleados perderán otra oportunidad para valerse de sus conocimientos sobre las prácticas tradicionales de su cultura y sobre el ambiente natural de la región. Esta pérdida de conocimientos sobre los recursos de la biodiversidad disponible y las prácticas tradicionales y culturales que benefician a la gente y el medio ambiente podría tener implicaciones negativas para el uso sostenible de la tierra en la región —dejando a los nasos con pocas alternativas productivas para generar nuevos ingresos, excepto el incrementar sus actividades ganaderas y ventas de madera—.

Resulta esencial aclarar estas contradicciones porque el marco conceptual que sustenta las intervenciones en el área naso supone que la cultura indígena y sus instituciones tradicionales son elementos indispensables para asegurar una armonía y sustentabilidad entre las dinámicas sociales y ambientales vigentes. Por ejemplo, todos dicen reconocer el papel primordial que los nasos han desempeñado en el manejo y conservación de los recursos naturales de la zona. Pero, en vez de priorizar y favorecer los usos tradicionales del suelo y los valores culturales propios de la economía naso de subsistencia¹⁷, prefieren señalar la importancia "de readaptar las actuaciones agrícolas para mejorar técnicas de manejo de suelos, de semilleros, de mercadeo, etc., y el uso de nuevos instrumentos" (Planeta Panamá Consultores, 2005: X-262). Algo similar sucede con la institución monárquica de los nasos que, aunque constituye un punto de referencia definitivo para la integridad y persistencia de este pueblo y su cultura, carece de los recursos y normas adecuados para remediar los problemas que afrontan en la actualidad.

El EIA señala que a largo plazo los cambios impulsados por el proyecto Bonyic en las actitudes y hábitos del pueblo naso afectarán eventualmente sus tradiciones y costumbres. En otras palabras, este estudio reconoce que la cultura es un sistema dinámico de categorías y prácticas creadas por un pueblo para adaptarse a cambiantes variables sociales y ambientales. No obstante, el EIA sostiene que la recuperación de las prácticas tradicionales y de los valores culturales establecidos en otros contextos históricos es necesaria para aprovechar las nuevas oportunidades económicas y sociales creadas. En busca de la solución a estos problemas, los consultores del EIA recomiendan emprender un diálogo franco sobre las medidas de mitigación y compensación equitativas con una plena participación del pueblo naso. A continuación presento un análisis de los hechos relacionados con la ejecución del proyecto hidroeléctrico Bonyic en el territorio naso. Este relato permitirá apreciar mejor la manera en que esos problemas y contradicciones pueden ser fundamentalmente irreconciliables en la vida real.

 

LA HIDROELÉCTRICA BONYIC: CRÓNICA DE UN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

Como mencioné anteriormente, el tema de las represas hidroeléctricas tiene una extensa trayectoria histórica dentro del área naso. De igual forma, el reino naso ha vivido importantes divisiones y conflictos internos. Primero, la reina Rufina Santana, hija del anterior rey Simeón Santana, tuvo que renunciar al trono debido a su asociación con la dictadura militar del general Manuel Noriega, derrocado tras la invasión de Estados Unidos en 1989. Luego, los nasos coronaron al tío de Rufina, César Santana, quien reinó durante casi diez años hasta que su sobrino, Tito Santana, lo acusó de haber realizado fraudulentas distribuciones de las donaciones que le otorgaba el Estado. En 1998, Tito Santana y el entonces rey César Santana conformaron una comisión integrada por representantes de ambos candidatos, lo que creó 31 reglamentos para la elección de un rey naso. Tito Santana ganó la elección con 530 votos contra 479 obtenidos por César. Hubo un total de 1018 votos, con lo que se sobrepasaron los 801 votos (50% más uno de los 1 600 votantes) necesarios para que la elección fuera considerada válida según los reglamentos pactados. La proclamación y elección de Tito Santana en 1998 confirmó la existencia de importantes diferencias entre los dirigentes nasos y entre éstos y el propio pueblo naso. El destituido rey César Santana y un veterano aliado del pueblo naso —el cura católico de Changuinola, padre Roberto Cirauqui— acusaron al grupo que apoyaba al nuevo rey Tito Santana de estar motivado por ambiciones personales, ya que se habían presentado varios proyectos nuevos para la región (Cirauqui, 2004).

En el tiempo de César Santana el proyecto que generó más oposición e ira entre los nasos fue la creación oficial y sin consulta del corregimiento del Teribe en 1998.Laley se presentó en la Asamblea por un legislador ngöbe, lo que fue visto por los nasos como una traición a su anhelo histórico de ser reconocidos como comarca. De hecho, Tito Santana aprovechó el resentimiento provocado por el nuevo corregimiento para lograr la destitución de su tío César y su propia elección como rey. Tito Santana y sus seguidores impugnaron la creación del corregimiento porque, según ellos, la custodia de la zona pasaría de las autoridades tradicionales a las nacionales. Razonaban que esto provocaría un desorden fatal para el sustento de los recursos naturales del área y para la cultura naso en general. Tito Santana afirmó que, en cambio, con la creación de la comarca naso se evitarían todos estos problemas (Machuca, 1999). Vale la pena recordar que después de rechazar el corregimiento, varias autoridades y dirigentes nasos se presentaron como candidatos en las elecciones para el puesto de representante del corregimiento bajo las banderas de los partidos políticos nacionales. Pocos meses después de su derrocamiento, César Santana aprovechó la división interna entre los aliados del nuevo rey Tito Santana para ser elegido como primer representante del corregimiento del Teribe.

Otras iniciativas que trajeron recursos económicos y prestigio al área naso fueron el proyecto del Corredor Biológico (CBMAP) detallado arriba y el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), financiado por el Banco Mundial. PRONAT identificó al territorio naso como una de las prioridades para sus actividades de consolidación y regularización de la tenencia de la tierra en Panamá. A razón de la participación de los nasos en el proyecto PRONAT surge el asesoramiento de la Fundación Dobbo Yala¹⁸ para la protección del patrimonio natural y cultural del territorio naso y la confección de una ley de la comarca naso.

Quiero volver más precisamente al tema de los conflictos generados por el proyecto hidroeléctrico Bonyic dentro de las instituciones tradicionales y organizaciones políticas del pueblo naso. En 1998, Panamá completó la reestructuración y la privatización del IRHE, pero debido a dificultades en conseguir socios inversionistas y la autorización del gobierno nacional, el comienzo del proyecto Bonyic se retrasó. En ese mismo año, Panamá adoptó también una nueva Ley General del Ambiente (núm. 41), que ordena la gestión ambiental y establece varias exigencias para el uso de los recursos naturales. El artículo 103 es de relevancia particular porque decreta que:

En caso de actividades, obras o proyectos, desarrollados dentro del territorio de comunidades indígenas, los procedimientos de consulta se orientarán a establecer acuerdos con los representantes de las comunidades, relativos a sus derechos y costumbres, así como a la obtención de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos o tierras (Asamblea Legislativa, 1998).

Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) adquiere en 2003 la mayoría de las acciones de la empresa promotora (HET) y comienza nuevamente a dialogar con la dirigencia naso (Cirauqui, 2004). HET pide permiso para realizar nuevas exploraciones geológicas para adecuar el EIA del proyecto aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente en 1998. Pero al pasar los días y acercarse el final de la concesión otorgada por el Ente Regulador, HET inicia la reparación de una carretera que comunica con el área. A medida que el proyecto se concreta, empiezan a surgir más divisiones entre las autoridades nasos y los sectores del pueblo que ponen en duda el valor y la actuación de sus propios dirigentes involucrados en las negociaciones con HET. Las tensiones se desbordan durante un consejo naso celebrado el 19 de abril de 2004, en el que dirigentes a favor del proyecto destituyen al entonces presidente del consejo, Adolfo Villagra, por negarse a otorgar los permisos que HET requería. Luego de nombrar a nuevos dirigentes, la recién creada junta directiva del Consejo Naso concede los permisos para los estudios faltantes y anuncia la firma de acuerdos con HET para 132 4 que la Fundación Dobbo Yala realice un nuevo proceso de información, consulta y concertación sobre la hidroeléctrica Bonyic, con el compromiso de no comenzar los trabajos de construcción hasta que el proyecto no fuera aceptado por las comunidades.

El ex presidente del Consejo, Villagra, empieza a movilizar a los sectores del pueblo naso preocupados por el apoyo brindado por el rey Tito Santana al proyecto hidroeléctrico. La mayor parte de la oposición al proyecto se debía a la forma en que había sido administrado por el rey Tito Santana y sus aliados en el Consejo de Dirigentes, sin constituir, por tanto, un rechazo de antemano a cualquier desarrollo hidroeléctrico en su área. Dentro del grupo naso que apoya a Tito Santana se encuentra la mayoría de las familias que habían trabajado algunas semanas para HET durante la preparación del Estudio de Impacto Ambiental. Hay otro grupo, de tamaño impreciso, cuyos miembros dicen no contar con la información necesaria para decidirse por el sí o el no al proyecto. Tal vez, entre estos últimos, algunos tienen bastante conocimiento sobre las oportunidades y amenazas que acarrea el proyecto, pero difícilmente ven su futuro y el de sus hijos con o sin la represa.

Destronan al rey teribe¹⁹

Debido a que la crisis interna de legitimidad no se resuelve de manera justa y legal, la situación conflictiva está sirviendo para radicalizar las posiciones de la oposición al proyecto. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2004 el grupo representado por Adolfo Villagra convocó una Asamblea Extraordinaria del Pueblo Naso a la que asistieron 512 de sus miembros. Con la declaración de que la máxima autoridad de expresión y decisión del gobierno naso es la Asamblea del Pueblo, los miembros reunidos resolvieron: 1) la destitución de Tito Santana por mala administración y abuso de poder y la asunción de Valentín Santana (tío de Tito Santana) como nuevo rey; 2) que la ley de la Comarca Naso debe aprobarse antes de considerarse cualquier otro proyecto en el área, y 3) rechazar el proyecto hidroeléctrico cuyos fines benefician mayoritariamente a sus promotores mientras perjudican los intereses y el patrimonio del pueblo naso.

En defensa de su persistencia en el cargo de rey, Tito Santana manifestó que las decisiones de convocar a la Asamblea del Pueblo y de destituir a un rey debían ser previamente aprobadas por el Consejo de Dirigentes. Según él, su destitución por acta de la Asamblea Extraordinaria del Pueblo Naso realizada el 30 de mayo carece de legitimidad por tratarse de un mecanismo "no reglamentado". Pareciera que la destitución de Tito Santana no fue un factor preocupante para la empresa HET, con quien justamente estaba negociando un convenio de compensación y beneficios para el pueblo naso. La empresa eligió ignorar las recomendaciones de su propio EIA, que enfatizaba "lo delicado de continuar con el proyecto, si antes no existe [...] un excelente entendimiento con el pueblo y la dirigencia tradicional que salga legitimada del proceso en que actualmente se encuentran" (Planeta Panamá Consultores, 2005: V-171). No obstante, HET continuó las negociaciones con el impugnado Tito Santana, citando la legitimidad que le reconoció un alto funcionario de la Dirección Nacional de Política Indigenista.

De hecho, cuatro días después de la Asamblea Naso que revocó al rey Tito Santana, el director nacional de Política Indigenista, Dorian Ríos, había firmado una carta abierta que respaldaba públicamente al "rey Tito Santana como autoridad máxima de la región naso teribe y a su nueva Junta Directiva [ ...] conformada el 19 de abril de 2004" (Ríos, 2004).

Fortalecido por el apoyo oficial, Tito Santana calificó a la Asamblea del 30 de mayo de "golpe de Estado" perpetrado por "un grupúsculo de rebeldes que ni siquiera respetan sus propios reglamentos tradicionales" (Pimentel, 2004). ¿A qué reglamentos se refiere? El Reglamento Interno Indígena Teribe, aprobado por los teribeños en 1973 y posteriormente modificado en 1976, 1979 y 1983, no habla sobre los requisitos para convocar una asamblea del pueblo naso. Sin embargo, el texto único del proyecto de Ley núm. 50 de 2004 —"por el cual se crea la Comarca Naso Tjèr Di"— contempla, en su artículo núm. 9, que "La Asamblea del Pueblo Naso se reunirá [...] cuando sea convocada [...] por la mayoría de los miembros de la Asamblea". Ahora en 2005, la versión actualizada del texto del renombrado proyecto de Ley núm. 19 de la Comarca Naso elimina la posibilidad de que la Asamblea del Pueblo sea convocada directamente por sus miembros, pues ha de ser aprobada por el Consejo, el rey o la reina. ¿Pura coincidencia o maniobra legislativa para anular actos organizados y apoyados por una gran parte del pueblo naso simplemente porque hubieran "obstaculizado y paralizado totalmente el trabajo"?, como dice un informe de HET sobre su gestión de la participación ciudadana en el proyecto Bonyic (Planeta Panamá Consultores, 2005, anexo 1:12). Estas modificaciones incorporadas a la ley de la comarca naso indican que hubo una clara colaboración entre las entidades gubernamentales, la empresa promotora y el dirigente naso apoyado por la facción de su pueblo a favor del proyecto.

Confrontados con el rechazo oficial de los funcionarios a escuchar sus quejas y soluciones, la oposición —abanderada por el segundo rey Valentín Santana— persistió con las medidas de organización y de presión para lograr la celebración de elecciones internas. A raíz de esa presión, el 2 de agosto de 2004 los reyes Tito y Valentín Santana firman un convenio para la celebración de una elección interna programada para el día 19 de septiembre de 2004. Sin embargo, en un Consejo de Dirigentes, Tito Santana propone cambiar el motivo de la actividad del 19 de septiembre: en vez de elecciones, una Asamblea General del Pueblo Naso para la aprobación del proyecto hidroeléctrico Bonyic. El Consejo Naso resuelve también aprovechar la Asamblea del 19 para decidir si ha de llamarse a elecciones o no.

En protesta a las decisiones del rey y el Consejo, los seguidores del rey Valentín Santana se reúnen del 8 al 10 de septiembre frente al Palacio en Sieyic para exigir que Tito Santana cumpla con los acuerdos sobre las elecciones del 19 de septiembre. Si bien la situación no había degenerado en actos de violencia generalizada, durante las manifestaciones anteriores las amenazas y la tensión entre simpatizantes de ambos reyes se habían incrementado. Es posible que debido a esto, las autoridades estatales decidieran enviar al mayor de la policía de Bocas del Toro, Olmedo Moreno, quien logró negociar una solución provisional a la crisis invitando nuevamente a los dos reyes a reunirse con las autoridades municipales y estatales para fijar una nueva fecha para la elección. Reunidos después en el municipio de Changuinola, la comisión de Valentín Santana propone llamar a elecciones internas el 31 de octubre, mientras que los comisionados de Tito Santana, con sólo una semana para terminar los preparativos de su gran Asamblea en Bonyic, prefieren no proponer fecha.

¡Hidroeléctrica naso va!²⁰

Seguramente los oficiales de HET, queriendo evitar subsiguientes retrasos en la construcción de su proyecto, venían siguiendo este proceso de negociaciones. Imagino su agrado cuando, a sólo dos días de la fecha programada para la aprobación del proyecto Bonyic, el nuevo director nacional de Política Indigenista, Ignacio Rodríguez, confirma que, de acuerdo con documentos que existen en su despacho, "el señor Tito Santana Vargas es la máxima autoridad de la región naso teribe" (Rodríguez, 2004). Inmediatamente se convoca a una asamblea en Bonyic, a la que asisten 700 nasos, lo que le permite a Tito Santana afirmar que el proyecto cuenta con el aval de la mayoría del pueblo naso y de su "legítima estructura política tradicional". Representantes de la Fundación Dobbo Yala asisten a la asamblea y felicitan al rey Tito, al Consejo y al pueblo naso por la decisión tomada para su beneficio y el de las generaciones futuras. Vale la pena mencionar también que el director ejecutivo de Dobbo Yala, Eligio Alvarado, acababa de ser nombrado en la dirección de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas del recién electo Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Martín Torrijos y, como tal, seguramente estaba en contacto con la Dirección Nacional de Política Indigenista.

Un informe subsiguiente de HET incluido en el EIA precisa que el proyecto fue aprobado por 1 042 miembros de la Asamblea Naso reunidos en la comunidad de Bonyic el 19 de septiembre de 2004, y que eso les dio el mandato para negociar y firmar un convenio de compensación 134 4 con Tito Santana. Resulta interesante considerar los criterios mencionados en el informe de HET para calificar como "miembro del pueblo naso" y, por lo tanto, con derecho a participar con voz y voto en una asamblea del pueblo naso. El informe precisa que:

Se entiende como miembros del pueblo naso a los propios nasos, a los mestizos (hijos de nasos con no indígenas), a aquellas personas que por estar viviendo más de cinco años en territorio naso el rey los ha reconocido como tal, y a las personas que no son naso pero que su cónyuge sí lo es o por lo menos es mestiza (Planeta Panamá Consultores, 2005, anexo 1: 11).

Esos criterios parecen mucho más amplios que aquellos utilizados para determinar quiénes podían votar en la elección naso de 1998, justamente cuando Tito Santana fue elegido rey. Por ejemplo, en 1998: "Los cónyuges no teribes de ambos sexos, aunque tengan cinco años de estar unidos o casados, si no presentan sus documentos no podrán votar" (Reglamentos de elección, artículo 23,14 de junio de 1998, Sieyik). Respecto de la participación de los mestizos (hijos de nasos con no indígenas), una nota al artículo 22 del mismo reglamento estipula que: "El que tiene 25% de consanguinidad podrá votar, aquel que nació en la región y viva en la región." Entiendo que una persona que no vive en la región, aunque tenga por lo menos un abuelo o abuela naso no podría votar.

Es posible que los criterios de membresía en la Asamblea del pueblo naso no sean idénticos a los requeridos para elegir al rey. Inclusive, los mismos criterios podrían haber cambiado con los años, pero en este caso debería existir algún acta del Consejo General o de la Comisión Negociadora Naso en el que se establecieron los requisitos para poder votar en la Asamblea General del 19 de septiembre. Habiendo presenciado dicha actividad en Bonyic, no pude observar ninguna medida de control que asegurase que los " 1 042 nasos" que firmaron la lista de asistencia eran legítimos miembros del pueblo naso. No vi a ninguna persona obligada a presentar papeles para comprobar su parentesco naso, edad o residencia dentro de la región. Es más, HET se ha negado a entregar las 1024 firmas de asistencia de la Asamblea de Bonyic para que sean analizadas por el grupo que rechaza la legitimidad del rey Tito Santana y que no acreditó la aprobación del proyecto. Por esto me pregunto si HET y las autoridades nacionales encargadas de velar por los derechos de todos los panameños están realmente convencidos de que tan importante decisión para el futuro del pueblo naso y la región fue debidamente tomada sólo por legítimos miembros del pueblo naso.

Hacia finales de septiembre de 2004, todo parecía avanzar de acuerdo con las previsiones de HET en cuanto al inicio de las operaciones comerciales de la central Bonyic en 2006. Se creía que pronto la Asamblea Nacional aprobaría la Ley de la Comarca Naso, mientras que HET finalizaba la optimización del diseño de la ingeniería básica de la obra y las negociaciones sobre acuerdos de compensación. Todos los actores suponían que la aprobación por parte del ANAM estaba casi garantizada, ya que la misma había dado su visto bueno en 1998²¹. Todo esto quiere decir que, no obstante las protestas de la oposición naso, las autoridades panameñas dieron luz verde para ignorarlas. Unicamente faltaban 35 millones de dólares para cubrir la totalidad de los costos del proyecto estimado en 50 millones de dólares, cosa que también parecía solucionarse con la solicitud de financiamiento que HET había presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Private Sector Department, 2004).

Con base en el mandato otorgado por la Asamblea General del pueblo naso el 19 de septiembre de 2004, Tito Santana y Jorge Alberto García (presidente de HET) firmaron un convenio de compensación y beneficios el 18 de diciembre de 2004. El convenio contempla una inversión directa por parte de HET de alrededor de 322 000 dólares (0.6% del costo total del proyecto). Esta cifra está por debajo del promedio en comparación con obras similares llevadas a cabo en áreas indígenas, en las que los beneficios directos para las comunidades afectadas suelen rondar en cerca de 1% del monto total de la inversión²². Por ejemplo, el convenio "La paz de los valientes", firmado en 2002 entre el gobierno de la provincia de Québec (Canadá) y la nación cree, incluye acuerdos sobre proyectos hidroeléctricos valorados en cuatro billones de dólares, derechos territoriales, silvicultura, minería, y el pago del gobierno a los crees de 50 millones de dólares por año hasta el año 2052 (Secretariat aux affaires autochtones, 2002). En el caso Bonyic, los 322 000 dólares se emplearán en obras de infraestructura y fortalecimiento comunitario, entre las cuales se incluyen becas de estudio, mejoramiento de puestos de salud, construcción de un puente peatonal y de una sede de gobierno naso, rehabilitación de escuelas y de un camino, el establecimiento de una embotelladora de agua, y la compra de un pequeño lote situado en las afueras del territorio comarcal.

Otro detalle interesante acerca de la firma del convenio de compensación fue que HET invitó a un público selecto al acto celebrado en el auditorio de una universidad en Changuinola —ciudad ubicada a más de tres horas de viaje en bote con motor fuera de borda (lo que lo hace muy costoso) desde las comunidades naso más cercanas—. La selección de esta localidad pareciera haber brindado a la empresa mejores oportunidades para impresionar a las autoridades municipales y nacionales, los medios de comunicación y la sociedad civil no naso. La opinión de estos tres grupos acerca del proyecto Bonyic pareciera contar más que la opinión de los propios nasos aún lastimosamente divididos sobre la cuestión del proyecto y la crisis de liderazgo que provocó. Habían pasado dos meses desde que las comisiones electorales de ambos reyes se reunieron con las autoridades nacionales en Changuinola para proponer una nueva fecha de elección, pero todavía no existía ningún esfuerzo por parte de las autoridades o del mismo Tito Santana para respetar los compromisos adquiridos con el rey Valentín Santana. Por esta razón, la comisión electoral de Valentín Santana organizó en diciembre una petición que reclama al Ministerio de Gobierno y Justicia que cumpla con los compromisos establecidos con el pueblo naso y anuncie la fecha de las elecciones sin más tardar.

Rey Tito Santana espera recuperar su trono²³

Tal como había sucedido en otras ocasiones, el gobierno no llamó a elecciones, lo que llevó a los seguidores del rey Valentín Santana a tomar el Palacio naso en Sieyic el día 4 de enero de 2005. En una entrevista publicada pocos días después en el periódico nacional La Prensa, Tito Santana denunció una "conspiración" en su contra y culpó de su derrocamiento a algunos extranjeros, cuyos "intereses ocultos" los llevaron a financiar a los sublevados —principalmente Osvaldo Jordan, de la ONG panameña Asociación para la Conservación y el Desarrollo (ACD), y Jason Paiement, de la Universidad McGill de Canadá (Pimentel, 2005)—. Confrontados con el golpe de Estado en Sieyik, el Ministerio de Gobierno y Justicia y el destituido Tito Santana convinieron en llamar a elecciones el 3 de abril de 2005. Pero en un acto que no carece de ironía, la comisión electoral del rey Valentín Santana (el mismo que reclamó elecciones durante casi un año) rechazó la propuesta de elecciones del Ministerio de Gobierno y Justicia con el argumento de que el pueblo naso cuenta con un reglamento de elecciones basado en sus propias normas tradicionales²⁴ y que, en procesos electorales internos, el gobierno central y otras instituciones deben mantenerse al margen.

Bandera colocada frente al Palacio naso en Sieyic por simpatizantes del rey Valentín Santana (16 de abril de 2005).

Como resultado de esta convocatoria considerada ilegal por el rey Valentín Santana, el Ministerio de Gobierno y Justicia realizó un nuevo censo electoral, que el rey Valentín calificó de fraudulento debido a que registró a personas que no son nasos y que no residen en el área. El censo fue preparado por un funcionario del Ministerio, quien visitó una cierta cantidad de casas acompañado por un miembro de la comisión electoral del único candidato a postularse, el recién destronado rey Tito Santana. El grupo del rey Valentín Santana manifestó tener pruebas de que sus adversarios amenazaban a la gente con no poder trabajar en el proyecto hidroeléctrico ni beneficiarse del convenio de compensación firmado con HET si no se inscribía para votar. El rey Valentín contó con la asesoría legal de CEALP en Panamá para solicitar la cancelación de esas elecciones ante el Tribunal Electoral de Panamá. Sin embargo, sosteniendo que la convocatoria se trataba de una "actividad organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, por conducto de la Dirección de Política Indigenista" y que "el pueblo naso tjèr di, a la fecha, no constituye una comarca legalmente reconocida", los magistrados del Tribunal rechazaron la solicitud (Tribunal Electoral, 2005). Al manifestar su oposición absoluta al proceso de votación organizado por el gobierno, el grupo de Valentín Santana se declaró "a favor de un auténtico proceso de toma de decisiones dentro de un legítimo marco de respeto y confianza mutua entre la nación panameña y nuestro pueblo" (Santana, 2005a).

Finalmente, nada pudo detener la votación en el territorio naso. Las cifras oficiales del Tribunal Electoral reportaron que sólo 378 personas —de un total de más de 1 600 electores potenciales, o sea, 23%— apoyaron al candidato gubernamental (Tito Santana). En las comunidades naso de Druy y San San Druy sólo votaron siete y tres personas respectivamente, mientras que en La Tigra y Loma Bandera ninguna lo hizo. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que llegaron a Sieyic el 3 de abril para observar la votación, concluyeron que debido a cómo se había dado el proceso electoral, la crisis interna de liderazgo que atraviesa el pueblo naso no podría ser resuelta. Fortalecido por el poco apoyo que recibió el único candidato, Valentín Santana volvió a denunciar lo ilegal, fraudulento y arbitrario de esas elecciones que, según él "violaron los derechos humanos del pueblo naso para favorecer a una empresa extranjera" (Santana, 2005b).Valentín Santana y sus seguidores repudiaron la actuación del Ministerio de Gobierno y Justicia en el conflicto interno naso y declararon su inconformidad absoluta respecto de la propuesta de la Dirección Nacional de Política Indigenista de reinstalar a Tito Santana —el supuesto "rey reelecto"— en el Palacio de Sieyic el siguiente domingo 17 de abril.

Al acercarse el día programado para la asunción del ganador oficial de la elección, moradores de las diferentes comunidades naso se presentaron nuevamente ante el Palacio de Sieyic para defender sus derechos y manifestar su repudio por las intenciones del gobierno de reconocer a Tito Santana como rey del pueblo naso. También se aparecieron alrededor de 20 policías equipados con armas de alto calibre y bombas lacrimógenas, bajo el mando del capitán Ismael Argüello. Los dirigentes afiliados al rey Valentín invitaron al capitán a un diálogo, en el que le explicaron el porqué de su protesta y le entregaron documentos que testifican los pasos legales y organizativos que habían realizado en el transcurso del año. Al darse cuenta de cómo habían evolucionado estos eventos, el capitán Argüello lamentó haber sido utilizado por las autoridades nacionales para intervenir en un conflicto interno sobre derechos y normas tradicionales, por lo que decidió no intervenir y recomendó emprender un proceso de mediación imparcial verdadero. Este hecho contribuyó enormemente a que no hubiera violencia, ya que el gobierno se había mostrado dispuesto a usar la fuerza para reinstalar a Tito Santana. Debido a que el capitán no se prestó a desalojar el Palacio, la entrega de credenciales al supuesto "rey reelecto" fue llevada a cabo en el patio de la casa de un miembro del Consejo de Dirigentes que vive en Sieyic.

Luego de conocer el resultado de la votación, Hiroshi Toyoda, gerente del Departamento del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), envió una carta a Félix Sánchez, activista naso comprometido con la causa del rey Valentín Santana, en la que confirmaba que el BID: 1) aún no había tomado una decisión sobre su participación en el financiamiento del proyecto Bonyic; 2) esperaba contar con el análisis del consultor social independiente contratado por el BID para realizar una evaluación ambiental y social del proyecto y una actualización del EIA antes de decidir sobre el caso; 3) confiaba en que el proceso de elección del rey el 3 de abril habría sido "incluyente, transparente y consistente con las tradiciones del pueblo naso"; 4) esperaba una próxima acción positiva por parte de la Asamblea Legislativa para legalizar la Comarca Naso (Toyoda, 2005).

Los nasos no tuvieron que esperar mucho tiempo para ver postergado nuevamente este último sueño. Durante el mes de mayo, la Asamblea Legislativa volvió a debatir el proyecto de Ley núm. 19 por el cual se crea la Comarca Naso Tjèr Di, y éste fue enviado nuevamente a la Comisión de Asuntos Indígenas para que ésta realice más modificaciones. Aunque la decisión de la Asamblea implicó otro atraso para la consecución de la voluntad histórica del pueblo naso, HET asegura que:

Aunque inicialmente, la creación de la Comarca se consideraba prioritaria antes de la definición o aceptación del proyecto, a través del proceso informativo se pudo demostrar que proyecto y comarca no eran temas incompatibles (Planeta Panamá Consultores, 2005, anexo 1: 17).

Este punto de vista contradice claramente los resultados de las entrevistas y las encuestas aplicadas por el equipo del estudio social del EIA. Por ejemplo: "No puede analizarse la viabilidad del proyecto hidroeléctrico Bonyic al margen de la lucha del pueblo naso por la demarcación de la comarca" (p. V-170). Además, en la página V-165 podemos leer que: "Por tanto, constituye actualmente su principal necesidad y demanda la aprobación de la Comarca Naso Tjèr Di, de forma [...] que les permita negociar 'entre iguales, como socios' con cualquier proyecto externo que venga a la región". Desafortunadamente, HET no precisa en su informe cuáles son los hechos que sustentan este supuesto cambio de actitud por parte de los nasos.

En su carta, Toyoda también menciona que un factor esencial para evaluar la debida diligencia del proyecto Bonyic ha sido comprobar si las actividades de divulgación de información y consulta sobre el proyecto fueron transparentes y consistentes con la política del BID sobre la disponibilidad de información. Nuevamente se presentan contradicciones entre lo que dice el informe de HET y lo que revela el estudio socioeconómico del mismo EIA. Por ejemplo, el informe de HET concluye en el parágrafo 8 que:

El proceso de información y consulta que se llevó a cabo propició la participación de las comunidades, sus representantes e instituciones que hacen presencia en la región, lo cual permitió a través de una información clara y veraz aclarar inquietudes, expectativas y dudas con relación al proyecto y sus impactos, así como proponer medidas de manejo consensuadas fruto del conocimiento de la realidad social y ambiental de las comunidades indígenas (p. 17).

Mientras que el EIA concluye lo contrario:

En conclusión, podemos decir sin temor a equivocarnos, que la información que hasta el momento se ha dado sobre el proyecto no ha sido suficiente ni muy clara. Existen distorsiones serias en cuanto a los impactos que tendrá el proyecto sobre su entorno natural y los recursos; las restricciones que habrá si es que existen; las formas en que se ha pensado proteger los colores y tradiciones culturales de los nasos; los niveles de participación que se han diseñado y otras ventajas que podrían significar la dotación de servicios y proyectos de impacto social (p. V-177).

Se podría argumentar que estas conclusiones son tan encontradas debido a que el estudio socioeconómico se realizó antes del proceso de información y consulta comunitaria, llevado a cabo por la fundación Dobbo Yala del 3 al 10 de julio de 2004. Sin embargo, el estudio socioeconómico menciona también por lo menos dos intentos por parte de un grupo de nasos de destituir al rey Tito Santana, que sabemos que ocurrieron después del 30 de mayo del mismo año. Entonces, ¿cómo explicar la coexistencia de estas evaluaciones tan contradictorias acerca del conocimiento del pueblo naso sobre la hidroeléctrica Bonyic y de sus medidas de mitigación y compensación?

Sin lugar a dudas, el propósito del informe de HET era impresionar a las autoridades de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), responsables de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, y al BID, que aún ponía en duda su participación en el financiamiento del proyecto Bonyic. Todavía no sabemos si la maniobra será exitosa con respecto a la ANAM —el EIA se presentó en un foro público el 28 de junio de 2005 y hasta el 4 de noviembre de 2005 la Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental indicaba su estatus como "en proceso de ajustes" (Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, 2005)—. Sin embargo, la aprobación de la ANAM no debería tardar ya que dicha autoridad aprobó los EIA de tres proyectos hidroeléctricos aún más grandes que el de Bonyic sobre el vecino río Changuinola, que atraviesa la zona ngöbe del mismo Bosque Protector Palo Seco. Se trata de las centrales El Gavilán (CHAN-75), Cauchero II (CHAN-140) y Cauchero III (CHAN-220), proyectos promovidos por la empresa Hydro Teribe. Mientras que el proyecto Bonyic no implicará desplazados y el área de embalse cubrirá sólo 17 hectáreas, los CHANs obligarán a más de mil personas a desplazarse e inundarán un área de 2 240 hectáreas. Aunque la ANAM no parezca demasiado preocupada por los impactos negativos de esas represas, las garantías de transparencia y equidad pronunciadas por HET no fueron suficientes para convencer al BID de lo bien fundado del proyecto Bonyic. En una carta firmada el 21 de julio de 2005, Robert Montgomery, director de la Unidad Social y Ambiental del Sector Privado del BID, confirma que este organismo suspendió sus consideraciones de participación en el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Bonyic. El funcionario del BID menciona como razón de su decisión los "impactos políticos asociados con el grupo indígena naso y los impactos ambientales potenciales sobre áreas protegidas dentro del área de influencia del proyecto" (Montgomery, 2005).

La complicada situación social debida a la crisis de liderazgo entre los nasos y el impacto ambiental ocasionado por las cercanías del Parque Internacional La Amistad influyeron grandemente en la decisión del BID de no apoyar el proyecto Bonyic. Pero esto no quiere decir que muere la propuesta. HET está en su derecho y tiene bastantes posibilidades para proceder con sus planes si consigue inversionistas del sector privado. En este caso es probable que no se tengan que cumplir los mismos criterios y requisitos de viabilidad ambiental y social. También podría ser más difícil para los opositores al proyecto presionar a un banco privado, cuya única responsabilidad existe frente a sus accionistas —al contrario del BID, que rinde cuentas a sus estados miembros—. Sin embargo, la decisión del BID -organización que no goza precisamente de una reputación mundial como defensor del medio ambiente ni de los pueblos indígenas— parece dar cuenta de la oposición al proyecto de tal manera que podría tener efectos negativos y otros costos para la reputación internacional de los promotores (HET, Empresas Publicas de Medellín y ANAM-gobierno de Panamá) e incluso para la eventual operación de una central hidroeléctrica en el territorio naso.

 

CONCLUSIONES

El antropólogo Guillermo Bonfil Batalla caracterizó la respuesta de los pueblos indígenas al desarrollo socioeconómico en sus territorios como una combinación de tres procesos interrelacionados: resistencia, apropiación e innovación (1990: 206-209, cit. en Young y Bort, 1999). La historia reciente de los nasos, marcada por los conflictos ambientales y las contradicciones culturales señalados en este artículo, parece continuar esta complicada dinámica social. En términos del acceso y el uso de los recursos naturales de su área, las organizaciones formales y las instituciones sociales de las cuales dependen constituyen un marco excepcional para observar las huellas y los trastornos de estos tres procesos. Al analizar el sinuoso complejo institucional de este grupo de actores sociales se perciben también las categorías y prácticas que conforman su universo cultural cambiante —un repertorio de memorias y valores compartidos que les permite adaptarse a sus contextos sociales y ambientales en evolución constante—.

En vez de reconocer y diseñar políticas y programas de gestión de los recursos naturales en función de tal grado de complejidad e incertidumbre, resulta más fácil imaginar que un pasado mítico puede ser recuperado para el futuro. Las experiencias de los nasos respecto al proyecto hidroeléctrico Bonyic advierten sobre los perjuicios que pueden resultar cuando proyectos de desarrollo y conservación se fundamentan sobre una visión equivocada de las funciones y capacidades de las instituciones tradicionales involucradas en el manejo de los recursos naturales. Hemos visto cómo, partiendo de la suposición de que los valores e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas han provisto de armonía la relación entre sociedad y naturaleza, las intervenciones externas en el territorio naso recomendaron una serie de medidas destinadas a fortalecer la institucionalidad tradicional de los nasos. Pero esas disposiciones fracasaron o seguramente terminarán fallando en sus metas principales de mejorar las condiciones de vida de las comunidades nasos al mismo tiempo que garantizan la sustentabilidad del medio ambiente.

Una de las razones fundamentales detrás de esta frustración radica precisamente en la complejidad y el dinamismo de las prácticas culturales de los nasos, reglamentadas más por las circunstancias sociales y ambientales que por algún código o reglamento fijo. Esa flexibilidad experimental caracteriza también a las instituciones y organizaciones tradicionales que evolucionan con el tiempo. Las prácticas que sirvieron en un momento dado se vuelven inapropiadas en los nuevos contextos demográficos, ambientales y sociales que están transformando las opciones de vida individual y colectiva de los nasos. Sin embargo, los proyectos de desarrollo y conservación diseñados para el territorio naso proponen sacrificar esta vitalidad institucional a cambio de fortalecer una organización neo-tradicional formalmente encargada de velar por la recuperación de un pasado visto como más sostenible. Lo peor es que bajo la bandera "progresista" de querer respetar los derechos culturales de los pueblos indígenas se siguen burlando los derechos de los integrantes de estos pueblos que denuncian la falta de participación, equidad y responsabilidad en la toma de decisiones sobre el acceso y el uso de sus recursos colectivos²⁵.

Al igual que Richards (1997), creo que es demasiado simplista culpar únicamente al crecimiento demográfico y a la presión comercial por la erosión del papel primordial de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas en el manejo de los recursos naturales. Mi análisis de las circunstancias sociales y ambientales observadas en el caso del pueblo naso indica que las causas principales de esta evolución cultural radican más bien en las complicadas interacciones entre fuerzas internas y externas. Entre las últimas he señalado los impactos de las leyes nacionales que regulan la tenencia de la tierra y el uso de las áreas protegidas, las políticas estatales que favorecen o subvencionan la explotación de los recursos naturales por empresas foráneas y la calidad de los procesos democráticos disponibles para que la gente pobre y otros grupos marginados puedan luchar efectivamente para cambiar las leyes y políticas discriminatorias (Richards, 1997: 111).

Las instituciones tradicionales no pueden ser la solución perfecta que muchas veces presentan los responsables de proyectos de desarrollo y conservación en áreas indígenas. Pero aun así, pueden constituir un elemento estratégico dentro de políticas más extensamente concebidas para fortalecer la viabilidad de las diversas actividades de subsistencia de la población local. En este sentido, el caso naso expone la poca probabilidad de éxito que representan los enfoques conceptuales y estrategias organizativas orientadas excesivamente por perspectivas esenciales de los derechos y obligaciones mutuas entre estados y pueblos indígenas. A mi juicio, toda tentativa de solución a la precariedad social y ambiental que se vive en la región debe fundamentarse sobre una verdadera colaboración marcada por el respecto mutuo y una dedicación hacia objetivos compartidos. Esta conclusión resalta la necesidad urgente de experimentar con nuevas oportunidades para forjar soluciones más creativas a los problemas ocasionados por los cambios sociales y ambientales que ocurren en el área naso, como aquellas que podrían haber sido el diseño y la aprobación de la ley de la Comarca Naso Tjèr Di por la Asamblea Nacional de Panamá y las negociaciones de convenios sobre la mitigación, compensación y beneficios entre el pueblo naso y la empresa Hidro Ecológica del Teribe para la construcción de la hidroeléctrica de Bonyic.

No ha sido mi intención en este artículo abogar en favor o en contra del proyecto hidroeléctrico Bonyic. Para efectuar esta tarea honestamente habría que considerar además la contribución del proyecto para resolver las necesidades crecientes de energía eléctrica en Panamá y las ventajas que representa en términos de reducción de gases que contribuyen al efecto invernadero asociados con el uso actual del petróleo en Bocas del Toro. Mi único compromiso profesional y ético con el caso fue que los procesos de consulta y deliberación se realizaran de manera consistente con los más altos estándares y principios de calidad nacional e internacional que el caso merece. La Comisión Mundial de Represas articuló cinco principios esenciales para la evaluación de proyectos de desarrollo de los recursos de agua y energía: equidad, sustentabilidad, eficacia, toma de decisiones participativa y responsabilidad (Comisión Mundial de Represas, 2000). Estos principios, aunque gozan de una gran aceptación entre gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y ONG, desafortunadamente no siempre fueron respetados en el caso de Bonyic.

He señalado particularmente las modificaciones incorporadas a la Ley núm. 19 de la Comarca Naso Tjèr Di que sugieren una clara convergencia entre las entidades gubernamentales, la empresa promotora del proyecto hidroeléctrico y el dirigente naso apoyado por la facción de su pueblo a favor del proyecto, en violación de una legítima toma de decisiones participativa sobre el caso. He destacado también algunos de los problemas con respecto a la equidad de los efectos negativos y los beneficios del proyecto. Por ejemplo, la pérdida de acceso y control de los nasos sobre los recursos del área propuesta para la reserva forestal alrededor de la represa; el incremento de la colonización hacia el área por personas no-nasos atraídas por los nuevos caminos de acceso y fuentes de trabajo; los convenios de compensación que implican una indemnización insuficiente, etc. Si en un futuro próximo HET consigue el financiamiento y la aprobación necesaria para construir su represa sobre el río Bonyic, los hechos perjudiciales relatados llevan a la conclusión de que el proyecto hidroeléctrico seguirá incitando un grado de conflicto que nunca permitirá asentar las bases del nuevo orden social y ambiental esperado para la región.

Si bien las relaciones entre las diferentes instituciones y organizaciones involucradas en el manejo de los recursos naturales son generalmente complicadas y muchas veces conflictivas, la posibilidad de modificar estos vínculos aún representa un campo fértil e importantísimo para las políticas de desarrollo y de conservación. En este caso, habrá que forjar más consensos sobre los criterios apropiados para evaluar los probables impactos sociales de los proyectos. Por ejemplo: ¿cómo comprobar si las actividades de divulgación de información y consulta asociadas con un proyecto han sido adecuadas? O, ¿cómo evaluar si el proceso de negociaciones para la firma de un convenio de compensación y beneficios ha sido transparente, incluyente y consistente con la idiosincrasia cultural de un grupo de actores sociales particular? Otra recomendación que merece ser considerada con más seriedad y creatividad es la cuestión de la adecuación de los conocimientos tradicionales y científicos. Por ejemplo: ¿cómo diseñar y aplicar programas para fortalecer las capacidades humanas y sociales necesarias para un mejor manejo coordinado de la diversidad biológica y cultural que caracteriza los remanentes de bosques tropicales como las que todavía se encuentran en el territorio naso? Serían éstos sólo tres aspectos esenciales para lograr una mejor reconciliación de los derechos e intereses de los diferentes grupos interesados en la producción sustentable de energía eléctrica y las condiciones de vida de los más afectados por tales proyectos.

 

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Notas

¹ Una región que incluye a los siete países actuales de la región geográfica de Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice), además de los cinco estados del sur de México (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán).

² La población indígena residente en el sur de México y América Central puede haber aumentado bastante desde la década de 1990 puesto que los datos censales no suelen ser confiables, sus índices de fecundidad son generalmente más altos y la autoidentificación como indígena sigue siendo un criterio determinante.

³ Versiones de esta tesis han sido propuestas por Brockett, 1998; Howard, 1998; Huber y Safford, 1995; Kay, 2002; Nygren, 2004; Painter, 1995; Partridge, 1989; Richards, 1997.

⁴ Algunos ejemplos de tales esfuerzos tempranos para constituir perspectivas políticas sobre la ecología son: Davis, 1977; Despres, 1975; Gross et al., 1979; Young, 1971.

⁵ En este campo señalo varios antropólogos (Escobar, 1995; Esteva, 2000; Ferguson, 1990; Hobart, 1993; Sachs, 1992) que profesaron una visión dialéctica del desarrollo como monolítico, tecnócrata y desesperadamente defectivo.

⁶ El poder, en el sentido en que uso esta palabra, se refiere a la capacidad efectiva de controlar o sancionar el comportamiento de otros.

⁷ Véase, por ejemplo, Despres, 1975; Gross et al., 1979; Painter y Durham, 1995; Steward, 1956; Young, 1971.

⁸ En 2006, la empresa Hidro Ecológico del Teribe S. A. (HET) abrió una página en Internet sobre el proyecto hidroeléctrico Bonyic. Lamentablemente, hasta el 25 de abril de 2006 no había mucha información y nadie contesta los mensajes enviados a través del sitio <http://www.hidroecologica.com/site/>.

⁹ Entre las ONG internacionales y nacionales más activas en las comunidades nasos están: Conservation International (CI), Misión a Nuevas Tribus Panamá, Fundación Dobbo Yala, Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), Centro de Investigación y Acción Social Panamá (CEASPA) y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

¹⁰ En Panamá cada comarca debe tener su propia carta orgánica, que establece sus regulaciones administrativas internas.

¹¹ Véase, por ejemplo, sobre los desafíos que confrontan actualmente los pueblos ngöbe y kuna de Panamá, a Wickstrom, 2003, y Young y Bort, 1999.

¹² Véase, por ejemplo, Bodley, 1999; Chase, 2002; Esteva, 2000; Howe, 1998. Véase también Guzmán et al., 2003b, quienes critican a Herlihy, 1997; y Ventocilla et al., 1995, por sus análisis favorecedores de las prácticas de manejo ambiental kuna en Panamá.

¹³ Véase, por ejemplo, Alvard, 2002; Conklin y Graham, 1995; Kay y Simmons, 2002. Véase también sobre los problemas abordados en el tema de la autenticidad de las identidades políticas esencializadas a Jackson, 1995; Mato, 2000; Sieder y Witchell, 2001.

¹⁴ Véase, por ejemplo, Assies, 2000; Brysk, 2000; Deere y León, 2002; Hvalkof, 2002.

¹⁵ Organismo autónomo del Estado panameño que se encarga del control y la fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, y los servicios de radio y televisión.

¹⁶ Título de un artículo publicado por el periódico La Crítica el 10 de noviembre de 2004 (Sánchez, 2004a).

¹⁷ Véase, por ejemplo, Richards, 1997, sobre las alternativas para favorecer la viabilidad social y ambiental de los sistemas tradicionales de manejo de recursos naturales desarrolladas por pueblos indígenas.

¹⁸ La Fundación Dobbo Yala es una organización indígena (mayoritariamente kuna), sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Panamá y dedicada a la conservación de la naturaleza y el desarrollo étnico cultural.

¹⁹ Título de un artículo publicado por el periódico La Prensa el 1 de junio de 2004 (Chery, 2004).

²⁰ Título de un artículo que apareció en un periódico después del evento (Guardia, 2004).

²¹ En una comunicación personal, un funcionario del ANAM me aseguró que en los próximos diez años los bosques y ríos de Bocas del Toro iban a estar repletos de caminos de penetración, represas y embalses.

²² Comunicado personal de Ernesto Monter Flores, sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de febrero de 2005. El señor Flores precisó que el valor de los beneficios para las comunidades varía según su estado de desarrollo y capacidad de autogestión.

²³ Título de un artículo que apareció en el periódico La Prensa, días después del evento (Pimentel, 2005).

²⁴ El previamente mencionado Reglamento Electoral del 14 de junio de 1998.

²⁵ Sobre los impactos paradójicos del reconocimiento jurídico de los derechos indígenas véase también a Deere y León (2002). En un estudio comparativo de doce países de América Latina las autoras documentan los pocos avances en términos de derechos agrarios para las mujeres que existen en los países con grandes poblaciones indígenas (por ejemplo, México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador).

 

Información sobre el autor

Jason Jacques Paiement. Doctor en antropología por la Universidad McGill, Montreal, Canadá. Lleva más de quince años trabajando y estudiando temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y el desarrollo rural en Canadá, Centro América, México y los Estados Unidos. Se desempeñó como consultor en el Departamento de Desarrollo Rural del Banco Mundial en Washington de 1998 a 2002. Su tesis de doctorado está basada en un estudio de campo realizado entre 2004 y 2005 en comunidades indígenas nasos de Bocas del Toro, Panamá, en el que se exploran los vínculos entre los incentivos institucionales y el manejo de recursos naturales. Actualmente trabaja como consultor para la Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, ubicada en Montreal.