Introducción

El 18 de abril de 2018, integrantes del Frente Amplio para la Democracia y estudiantes de la Universidad Centroamericana salieron a las calles a manifestarse en contra del régimen del presidente Daniel Ortega, el detonante fue el decreto mediante el cual se modificaba el sistema de pensiones. El resultado de la protesta en Managua fue de 17 heridos, entre ellos 10 periodistas; en los días siguientes las manifestaciones continuaron, acumulando heridos y muertos. El 30 de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua firmaron un convenio con el propósito de investigar, esclarecer, obtener justicia y reparación del daño a las víctimas. En el primer acuerdo el documento indica:

Construir un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Derechos Humanos, integrado por cuatro personas propuestas por la CIDH designadas por el Secretario General, con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua, el cual contará con un equipo técnico propio para el desempeño de sus funciones (^{Gobierno de Nicaragua-OEA-CIDH, 2018}).

No obstante la intervención de la OEA, el conflicto no se detuvo, por el contrario, fueron sumándose voces diversas para detener y criticar la acción represiva del Gobierno nicaragüense. El 30 de mayo se llevó a cabo la llamada marcha de “Las Madres de Abril” en Managua, la cual fue reprimida por fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares con un saldo, según fuentes hospitalarias, de al menos cuatro personas asesinadas y 53 heridos en Managua (^{La Prensa, 30 de mayo de 2018}).

El sábado 16 de junio ocurrió lo que Josetxo Zaldúa denominó “matazón sabatina”: uno en el barrio Carlos Marx donde murieron cinco adultos y dos menores a causa de un ataque con bombas molotov a una vivienda; el otro fue el ataque a balazos de una cuadrilla de limpieza donde murieron dos personas, luego “los agresores los rociaron con gasolina, los rodearon con llantas y les prendieron fuego para rematar la faena” (^{Zaldúa, 2018}).

A un año de la revuelta nicaragüense el saldo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido el siguiente:

[… ] 325 personas muertas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes. Además, 777 personas fueron detenidas y enjuiciadas, de las cuales, al menos 500 continúan privadas de la libertad; 300 profesionales de la salud fueron despedidos; 114 estudiantes de la unan han sido expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados al exilio (^{CIDH, 2019}).

La cartografía de la violencia se extendió por todas partes; sin embargo, los epicentros del conflicto se centraron en las localidades de León, Masaya, Granada, Matagalpa, Estelí, Carazo, Rivas, Bluefields, Ocotal, Camoapa, Chinandega y Ciudad Sandino, en particular Masaya y Managua que registraron la mayor parte de los muertos. A esto se añade la censura a los medios de comunicación opositores y la prohibición a realizar manifestaciones públicas. Se trata de una violencia de Estado que también se expresa en detenciones ilegales por todo el país.

También se habla de cientos de desaparecidos (^{Luna y Salazar, 2019}), y, según la ACNUR, alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos, de quienes 5,000 habrían buscado refugio en Costa Rica (^{CIDH, 2019}). El escritor ^{Sergio Ramírez (2019)} aventura un balance:

El país fue presentado como el más seguro de Centroamérica, libre de asaltos y la amenaza de las pandillas juveniles, hoy ha desaparecido de la lista de ofertas de las agencias de turismo. El único turismo posible sería el de los amantes del riesgo extremo. Y la economía se halla en ruinas.

De acuerdo con la proyección de la ^{CEPAL (2019:8)}, el producto interno bruto habría registrado un decrecimiento de -2.0%. A lo anterior se añade, según estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la pérdida de 400,000 empleos, que provocarán un aumento de la pobreza en alrededor de 9.3 puntos porcentuales (^{Hurtado, 2019}).

Los hechos de la primavera nicaragüense develan los entretelones de la mal lograda revolución sandinista que duró 11 años y costó más de 65 mil muertos, sufrimientos, exilio y una economía destrozada. Una revolución que se esperaba debía superar los graves problemas de exclusión social de los gobiernos precedentes de derecha, desde Violeta Chamorro hasta Enrique Bolaños. Una revolución que dejó como saldo la concentración del poder, una pobreza que alcanzó en 2014 a 29.6% de la población; y un millón de emigrantes, la mayoría en la vecina Costa Rica.¹ Nuestra hipótesis es que la revuelta contra el régimen de Ortega es reflejo de las contradicciones internas de un gobierno que transitó de las promesas de una revolución a una democracia de fachada; de un cambio del entorno económico internacional, a lo que se suma la geopolítica de Estados Unidos que busca reposicionarse en América Latina. En el análisis partimos de un marco teórico-metodológico que permite escudriñar más allá de las coyunturas, para situarnos en una perspectiva histórico-estructural. El curso de la historia sigue su marcha y los cambios que vendrán dependerán de la correlación de fuerzas internas y de la presión de Estados Unidos, como ha ocurrido en el resto de la región centroamericana.

En este artículo se analiza el conflicto nicaragüense durante el periodo que va de abril de 2018 a marzo de 2019, un año en el que se movieron muchas piezas internas, desde el movimiento estudiantil, la respuesta del gobierno de Ortega y la presión de Estados Unidos. Se divide en tres apartados y unas reflexiones finales: el primero plantea una mirada analítica, en la que están presentes los elementos teóricos y metodológicos que permiten ver más allá de la coyuntura. En el segundo se intenta mostrar las características del conflicto, las acciones más relevantes y los actores. En el tercero se ponen de relieve los lados grises del movimiento y se plantean algunas causas de carácter estructural que pueden explicar el presente y asomarnos a lo que podría venir. En las reflexiones finales se ponen de manifiesto los elementos que están presentes en el entorno internacional y el hecho de que a un año del conflicto todo parece indicar que se produjo un relativo triunfo de Ortega.

Coordenadas teórico-metodológicas para entender el presente nicaragüense

El presente nicaragüense no puede ser entendido si no es a partir de su ubicación en el tiempo y en el espacio; de su historia compartida con el resto de la región centroamericana y de las particularidades que hacen posible su definición en el contexto regional e internacional. En la larga duración se puede observar el pasado colonial, la independencia, la ocupación e intervención estadounidense² (1912); el triunfo de la revolución nicaragüense (1979) y la instauración del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, luego vendrá un periodo de hostilidad del Gobierno de Estados Unidos a través del financiamiento de grupos contrarrevolucionarios, cuyo costó global fue de 61,826 muertos entre 1980 y 1989 (^{Kruijt, 2011: 74}).

En el marco de la ruta trazada por el Acuerdo de Esquipulas II (agosto de 1987), en marzo de 1988 se pacta el cese al fuego; en 1989 se pacta el desarme y es hasta 1990 cuando comienza a efectuarse, y con ello la disolución de la Contra y la apertura a la participación política. Este proceso permitió la aplicación de las políticas de ajuste estructural que pavimentaron el camino para la instauración de la globalización neoliberal que a su paso eliminó la posibilidad del proyecto socialista, que para entonces hacía crisis en la Unión Soviética con la caída del Muro de Berlín, y marca el gran acontecimiento que para ^{Francis Fukuyama (1990)} constituye el fin de la historia. En este marco, se concretaba la firma de sendos tratados de libre comercio: primero con México (1997), luego con Estados Unidos (2004), con el CAFTA-DR que vino a sustituir la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Más adelante se establece el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (2013), lo que configura la nueva inserción del país y de la región en el proceso de globalización neoliberal.

Una lectura histórico-estructural permite ver los acontecimientos, las continuidades y los puntos de inflexión. En el ocaso del siglo XIX y el inicio del XX el control de las viejas colonias por los herederos de los nuevos instrumentos técnicos, comerciales y financieros del capitalismo consolidado buscan mercados y el control de los territorios. En este caso nos referimos a los balbuceos de la constitución del imperialismo estadounidense donde está presente la idea de construir un canal interoceánico en Nicaragua, a partir de la firma del Tratado Weitzel-Chamorro en 1914, mediante el cual el Gobierno de Nicaragua le concede a perpetuidad al Gobierno de Estados Unidos derechos exclusivos para la construcción y operación de un canal por el río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua. En este contexto, el pensamiento de ^{Raúl Prebisch (1987)} y la constitución de lo que se denominó la teoría centro-periferia, que alimentó la perspectiva de Wallerstein sobre el “sistema-mundo”, brinda un marco general para entender la realidad centroamericana, en particular la nicaragüense.

Otra mirada que se traslapa con la perspectiva del “sistema-mundo”, que permite entender el conflicto y el poder, es el enfoque de la geopolítica crítica que desde mediados de los setenta del siglo pasado hace acto de presencia con la aparición de revistas como Hérodote y Political Geography Quarterly. La cuestión espacial es un aspecto fundamental que recupera la geopolítica crítica, en particular está presente en los trabajos de ^{Henri Lefebvre (2013 [1974 ])} y ^{John Agnew (1998)}. En este ámbito no pueden dejarse de mencionar las contribuciones de ^{David Harvey (2007)}. En América Latina destaca la amplia producción de Milton Santos. Se puede decir que la perspectiva geopolítica permite incorporar al análisis los factores históricos, políticos, sociales y económicos (^{Cadena, 2006}).

En el mundo real de la política y de la geopolítica, Estados Unidos sigue decidiendo el destino de muchos países en el mundo, haciendo la guerra en los países que no son fieles a sus intereses. Contra lo que pudiera pensarse en el plano teórico, la realidad se impone. En el marco de la cuestión venezolana, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional ha dicho: “en esta administración no tenemos miedo de usar la frase ’Doctrina Monroe’”, y agregó en su estancia en ese país: “éste es un país de nuestro hemisferio” (^{El Universal, 3 de marzo de 2019}). Venezuela es pieza clave para la geopolítica de Estados Unidos, la apuesta del Gobierno de la Casa Blanca es que si cae Venezuela caerán Nicaragua y Cuba.

Chomsky (2016) se pregunta: ¿quién domina el mundo en la era neoliberal de última generación? En su narrativa marca una y otra vez el papel de Estados Unidos en los conflictos en el Medio Oriente. ^{Naïr (2003)} dibuja el nuevo panorama dominado por el imperio mercantil que va más allá del imperialismo, penetra y domina a todos los países del orbe, incluyendo a los países centrales. Estas reflexiones nos vuelven la vista sobre la naturaleza del sistema capitalista en el que un bloque de países y sus empresas imponen los designios del mundo. En el juego geopolítico y geoeconómico de Estados Unidos podemos ubicar la región centroamericana y en específico Nicaragua.

Como nos alerta Amin: “La historia no se detuvo en 1880, en 1917 ó 1945. En cada decenio aparecen nuevos hechos que traducen nuevas evoluciones insospechadas en las etapas anteriores. La historia no es hoy más lineal de lo que fuera hace cinco siglos” (1974: 635, cursivas en el original). Éste es un punto crucial para entender lo que está ocurriendo en la Nicaragua del presente, sin olvidar su pasado remoto y reciente.

Como advierte Wallerstein: la “táctica de Lampedusa de la derecha global de ’cambiar las cosas para que sigan siendo las mismas’” (^{Galtung, 2016}) se aplica para el caso nicaragüense. En lo político se instauró la democracia liberal-procedimental, con lo que la Unión Nacional Opositora tuvo oportunidad de participar en las elecciones, logrando el triunfo en 1990. La oposición permaneció en el poder en las elecciones de 1996 y 2001. Es hasta 2006 cuando Daniel Ortega logra un cuestionado triunfo con el 38% de los votos. En este sentido, Torres-Rivas considera que “la presión externa forzó la conversión del proyecto de democracia directa que quería el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en otro, la democracia electoral” (2010: 57).

En lo económico, se mantuvo el programa neoliberal, profundizándose el modelo extractivista que ha caracterizado al país y a la región. Esta fase corresponde a lo que varios autores (Acosta, Gudynas, Lander), algunos de ellos ubicados en el Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, han venido reflexionando sobre un nuevo ciclo caracterizado en términos políticos por gobiernos progresistas y movimientos sociales, y en lo económico por la “reprimarización” de las economías de América Latina, que se expresa en lo que ^{Svampa (2017)} llama “Consenso de los Commodities”.

El conflicto nicaragüense desatado en la primavera de 2018 queremos entenderlo a partir de las coordenadas descritas en los párrafos precedentes, pensar el conflicto como parte de la historia del proceso revolucionario trunco donde de nueva cuenta causas internas y externas se articulan, en donde es visible la mano de Estados Unidos.

El conflicto: acciones y actores

El periodo más intenso del conflicto comprende desde su estallido, el 18 de abril, hasta mediados de julio de 2018, sobre todo a partir del Día de las Madres, celebrado el 30 de mayo, cuando se llevó a cabo una marcha en Managua que fue atacada por grupos armados progubernamentales. Según el reporte de la ^{OACNUDH (2018: 16)}, citando fuentes oficiales, “hubo 15 personas muertas y 199 heridas”, hechos que hicieron que la violencia alcanzara su punto más alto.

El actor más visible en ese momento fue el movimiento estudiantil; los sectores campesinos y empresariales mantuvieron una presencia menos intensa; la Iglesia católica hizo acto de presencia, aunque después fue invisibilizada; y del lado del Gobierno aparecieron en escena grupos de jóvenes armados, supuestamente paramilitares denominados “fuerzas de choque”.

En este periodo afloraron las relaciones entre la resistencia, los activistas de dentro y de fuera, así como la presión de actores internacionales. Sin embargo, no se aprecia una articulación orgánica y tampoco es visible un movimiento social reivindicando la transformación de la sociedad.

El conflicto se tornó complejo por las medidas desatinadas del Gobierno, la represión, el incremento en el número de muertos y heridos, así como por la intervención de actores internacionales. La Iglesia católica de Nicaragua ha desempeñado un papel importante en la mediación del conflicto; sin embargo, fue rápidamente rebasada al punto que se recurrió a la OEA, que al principio fue acusada de apoyar al Gobierno de Nicaragua, al no condenar abiertamente la represión.

Por su parte, jóvenes universitarios nicaragüenses, miembros del Movimiento Universitario 19 de abril, Zaida Hernández y Víctor Cuadras, visitaron al alcalde derechista de San Salvador, Ernesto Muyshondt, con el propósito de buscar apoyo para su causa. Este movimiento forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), una organización amplia, plural donde confluyen empresarios,³ académicos, campesinos y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Sobre este hecho, Cuadras fue cuestionado por el diario El Faro y la respuesta fue la siguiente: “Niego rotundamente que nuestra agenda sea reunirnos con la ultraderecha continental. Es simplemente que ellos nos han abierto las puertas” (^{Dada y Labrador, 2018}).

Y es que

[… ] no son pocas las sospechas que despierta la súbita capacidad económica de unos estudiantes para montar conferencias en salones de hoteles de lujo o mantener una nueva vida sin tener ingresos [… ], son jóvenes sin experiencia, a veces ingenuos, que intentan caminar en medio de un bosque con muchas amenazas, no pocas de ellas caminando a su lado (^{Dada, 2018}).

Lo destacable del hecho es la reunión con un personaje que representa una línea político-ideológica de derecha, y aunque los jóvenes manifestaron que no lo hicieron a nombre de la ACJD, refleja las disonancias del movimiento y la posibilidad de alianzas con grupos de derecha. A principios de junio los mismos estudiantes realizaron un viaje a Washington, con financiamiento de la organización Freedom House, para entrevistarse con tres congresistas republicanos: Ted Cruz, Marco Rubio⁴ e Ileana Ros-Lehtinen (^{Dada y Labrador, 2018}).

Entretanto, los muertos se fueron sumando: el 13 de junio, viernes del medio día hasta el sábado siguiente, paramilitares iniciaron un ataque a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, donde los estudiantes se habían atrincherado. Algunos jóvenes lograron salir del recinto universitario y se refugiaron en la parroquia Divina Misericordia. Dos jóvenes murieron, uno en la parroquia, y otro en las trincheras de la universidad. La Prensa informó que “en las afueras de la parroquia, los paramilitares fuertemente armados dispararon, mientras en el interior del templo permanecen refugiados estudiantes heridos, periodistas y sacerdotes” (^{La Prensa, 14 de julio de 2018}).

El senador republicano Marco Rubio indicó en un mensaje: “Quienes están detrás de los ataques de anoche serán encontrados responsables y enfrentarán la justicia” (^{Flores, 2018b}). Rubio manifestó su apoyo a los sectores de la sociedad que están pidiendo la realización de elecciones anticipadas.

El 18 de julio de 2018, por la mañana, comenzó la sesión del Consejo Permanente de la OEA para aprobar una resolución en la que se condenan los abusos en contra de los derechos humanos. En la sesión no había consenso; por un lado, estaban claramente alineados los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Por otro, Nicaragua y Venezuela; además de un grupo de indecisos como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, que finalmente se alinearon. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, “de los 34 países miembros, 21 ya habrían confirmado su aprobación a la resolución contra la administración Ortega-Murillo” (^{Chamorro, 2018}).

En efecto, tal como se había previsto, la ^{OEA (2018)} aprobó con 21 votos⁵ un resolutivo de ocho puntos cuyo espíritu es condenar los hechos de violencia, llamar al Gobierno de Nicaragua a encontrar las soluciones por la vía del diálogo y esclarecer los hechos criminales. En los puntos 1, 2, 3 y 5 de la resolución se encuentra la parte medular que pretende obligar al Gobierno a sujetarse a las reglas de la democracia vista desde la OEA.⁶

Mientras esto ocurría en Washington, en la sesión de la OEA el Gobierno de Nicaragua comenzó a desmantelar los espacios de resistencia más emblemáticos como el barrio de Moninbó, en el departamento de Masaya, donde hombres encapuchados autodenominados Caravana de Paz, con pistolas y armas automáticas, se enfrentaban con jóvenes atrincherados y con morteros hechizos (^{La Jornada, 2018}), el choque duró varias horas, con un saldo de tres personas muertas y decenas de heridos que no podían salir del lugar por el sitio que mantenían los hombres armados. Heather Nauert, vocero del Departamento de Estados Unidos, declaró en conferencia de prensa: “El ataque de ayer en Masaya es otro claro ejemplo de la voluntad de Ortega de aferrarse al poder sin importarle el precio que tenga que pagar el pueblo nicaragüense” (^{Deustsche Welle, 2018}).

En medio del conflicto y de la resolución de la OEA, el 19 de julio se cumplió el 39 aniversario de la revolución sandinista, cuya celebración fue aprovechada para mostrar que el régimen de Ortega cuenta con bases sociales. En este contexto, Raúl Castro Ruz, primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, enviaron sendos mensajes.

El mensaje de Raúl Castro, fechado el 19 de julio de 2018 en la ciudad de La Habana, expresa sus felicitaciones a Daniel y Rosario.

[… ] durante todos estos años, hemos construido indestructibles lazos de solidaridad, colaboración y hermandad con Nicaragua y el FSLN. Les reitero nuestro invariable apoyo y solidaridad frente a los intentos de desestabilizar esa hermana nación para derrocar al gobierno legítimamente construido” (^{Castro y Díaz-Canel, 2018}).

En la misma línea, Díaz-Canel expresó:

Reiteramos nuestra solidaridad con Nicaragua frente a las acciones injerencistas e intentos de desestabilizar a la Nación que han provocado lamentables pérdidas de vidas y cuantiosos daños materiales, que atentan contra la seguridad ciudadana y los avances económicos y sociales alcanzados (^{Castro y Díaz-Canel, 2018}).

Los mensajes revelan un problema complejo donde la geopolítica ocupa un lugar significativo en el posicionamiento sobre el conflicto, de cara a los proyectos fuera de la línea de Estados Unidos y de la OEA. Hasta hoy, el único gobierno que abierta y enfáticamente apoya al régimen de Ortega es Cuba. Este apoyo fue refrendado en el mensaje pronunciado por el canciller cubano Bruno Rodríguez, que entre otras cosas dijo: “quienes atacan hoy a Nicaragua son los hipócritas, los que utilizan el monopolio de la información para mantener gobiernos corruptos y confundir a la opinión pública internacional [… ], quien manda en Nicaragua es el pueblo, no la OEA, no Donald Trump” (^{Ferreiro, 2018}).

Estados Unidos ha venido efectuando acciones a través de los congresistas, lo más fuerte ha sido la aplicación de Ley Magnitsky a tres funcionarios de alto nivel. En un comunicado de prensa, fechado el 5 de julio de 2018, la portavoz del Departamento de Estado indicó:

Apoyamos los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del acuerdo de Diálogo Nacional sobre derechos humanos del 15 de junio como un componente fundamental. Estados Unidos también apoya la petición de elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos medidas adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen (^{Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 2018}. Cursivas añadidas).

Los congresistas han seguido la línea de presión marcada por el Gobierno estadounidense. En este sentido, el 25 de julio fue votada por el pleno la iniciativa de resolución bipartidista H.Res. 981, que en los tres primeros puntos indica:

1) condena la violencia, la persecución, la intimidación y el asesinato de manifestantes pacíficos por parte del Gobierno de Nicaragua; 2) apoya al pueblo de Nicaragua en la búsqueda de la democracia, incluyendo su llamado a elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles; 3) Insta a la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo de Nicaragua (^{Cámara de Representantes, 115 Legislatura, 2018}).

El escalamiento del conflicto ha llevado a la intervención cada vez más clara del Gobierno de Estados Unidos, que ha comenzado a actuar directamente en los asuntos internos del país centroamericano mediante la aplicación de la llamada Global Magnitsky Act,⁷ una ley que permite operar en contra de personajes clave del gobierno de Ortega. Al amparo de este ordenamiento, el 5 de julio de 2018 el Departamento del Tesoro incluyó en su “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus en inglés) a Francisco Díaz,⁸ jefe de facto de la Policía Nacional, y Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua (^{Flores, 2018a}).

Otro personaje que antes de estallar el conflicto había sido incluido en las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos es José Francisco López Centeno, un hombre clave de todas las confianzas de la pareja presidencial. Este personaje, conocido como “Chico López” es vicepresidente de ALBA de Nicaragua S. A. (Albanisa), presidente de Petronic⁹ y la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas),¹⁰ además de ser tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “López ha canalizado de forma secreta más de 3,300 millones de dólares de la cooperación de Venezuela a Nicaragua” (^{Le Lous, 2018}). El poder que concentra “Chico Pérez”, a través de Eniminas, es impresionante. De acuerdo con la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (^{Asamblea Nacional de Nicaragua, 2017}), la empresa puede negociar directamente las concesiones mineras.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos decidió bloquear el 5 de julio de 2018 todos los bienes de los funcionarios nicaragüenses que están dentro de la jurisdicción de ese país; así lo justificó el vocero del Departamento de Estado, Heather Nauert:

Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madriz, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos contra los derechos humanos, contra el pueblo de Nicaragua. Fidel Antonio Moreno Briones ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y por grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las continuas protestas contra el Gobierno nicaragüense. José Francisco López Centeno es el vicepresidente de Albanisa, el presidente de Petronic y el tesorero del partido gobernante FSLN y ha sido acusado de aprovechar su posición en beneficio de él y su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno (^{Nauert, 2018}).

Las condiciones económicas, y el fin del ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina (^{Modonesi, 2015}; ^{Katz, 2017}; ^{Moreira, 2017}) llevaron a que el 18 de abril estallara la rebelión. En este contexto, el gobierno orteguista ha venido tomando medidas para endurecer el control sobre las finanzas y, de paso, sobre sectores contrarios al régimen. Primero fue la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo¹¹ y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; se considera que esta Ley representa “una profunda reforma al sistema de prevención de lavado de activos del país”, en tanto que implicó la reforma de varios ordenamientos como “la Ley General de Bancos, la Ley de la Superintendencia, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fideicomiso, el Código de Comercio y el Código Penal” (^{Espinoza, 2018}). Luego, como complemento viene la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que amplía las facultades para fiscalizar e intervenir negocios o personas sospechosas vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.¹²

El sábado 7 de julio, frente a una multitud reunida en la rotonda Hugo Chávez, en Managua, Daniel Ortega expresó:

Independientemente del pensamiento ideológico, político y religioso, deben amar al prójimo como manda Cristo. Eso es lo que deben practicar todos sin excepción, incluso aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de las instituciones religiosas [… ] si los golpistas quieren llegar al Gobierno, que busquen el voto del pueblo.

Y ya veremos si el pueblo les va a dar el voto a los golpistas que han provocado tanta destrucción en estos días. Ya habrá tiempo, tal y como lo manda la ley para las elecciones. Todo tiene su tiempo (^{rt, 2018}).

¿Qué razones explican el conflicto? Encontramos dos perspectivas contrastantes: por un lado, la visión antigubernamental, y por otra la oficial. En la primera recuperamos la opinión de Henry Ruiz, uno de los comandantes guerrilleros de la época de la revolución sandinista:

Daniel Ortega asume el poder, asume su tercer lustro, y todas las cosas parecían el reino de los cielos: armonía social, convivencia con el gran capital, pactos salariales con las empresas extranjeras y los trabajadores, y las normas de seguridad social, las mejorcitas de Centroamérica. Ése era el terreno celestial en que vivíamos. Algunos se tragaban esa realidad mientras otros esculcaban. ¿Qué pasaba con las contradicciones de un modelo neoliberal que explotaba a los trabajadores, no daba trabajo y perseguía al pensamiento libre, no le daba espacio al pensamiento crítico? (^{Medina, 2018}).

Otra versión de los hechos, más simplista y a tono con el discurso de Ortega, la tiene uno de los personajes de primera línea del Gobierno. Se trata de Jacinto Suárez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Nicaragua:

Hay múltiples escritos en que ya señalan con toda claridad y hasta dan cifras del dinero que han dado las agencias norteamericanas aquí. En Estados Unidos recibieron con bombo y platillo a unos representantes de los estudiantes. Allí los recibieron, los llevaron a Washington, se fotografiaron con la mafia cubana, etcétera, etcétera. Ahora en El Salvador se están reuniendo con Arena. Los recibió el alcalde que nunca puedo pronunciar el nombre (^{Dada, 2018}).

Los entretelones del movimiento y las causas profundas del conflicto: ¿agotamiento del paraíso neoliberal extractivista?

Existe una razonable sospecha de que la derecha esté detrás del movimiento en contra del régimen de Ortega, o por lo menos aprovechándose del descontento para generar inestabilidad en el país y, finalmente, propiciar un proceso electoral para cambiar el presidente. Esto tiene mucha similitud con lo que ha venido ocurriendo con el gobierno de Nicolás Maduro y la serie de conflictos internos que ha llevado a la derecha internacional y al Gobierno de Estados Unidos y sus aliados a condenar el régimen. La reflexión de Carlos Dada, a partir de la entrevista a uno de los dirigentes estudiantiles¹³ cobra sentido en este contexto:

Estos muchachos eran unos niños cuando Daniel Ortega ganó la presidencia en 2006. Son jóvenes universitarios sin ninguna experiencia política, que llevan dos meses bajo todos los reflectores y con el peso de protagonizar una importante transición en su país. No es extraño, pues, que su ingenuidad quede evidenciada como en la visita a Washington. Pero, sobre todo, no es extraño que haya tantos sectores interesados en aislarlos, en influenciarlos, en avanzar sus agendas a través de ellos (^{Dada, 2018}).

En pocas semanas, “los jóvenes estudiantes se convirtieron en actores políticos [… ] ahora viven juntos, como si estuvieran internados, aislados, rodeados de asesores y con una tremenda presión de diversos sectores para que fijen posturas en un proceso muy complicado” (^{Dada, 2018}). Carlos Dada pregunta a la dirigente estudiantil: ¿Y quién les paga su nueva vida? Su manutención, su hospedaje, su movilización, su seguridad, sus viajes (negritas en el original).

Exigimos mínimos de seguridad para ir al diálogo y obviamente no nos los daría el Gobierno. Tenemos que aliarnos con otros sectores, como el privado y la sociedad civil. No solamente es el sector privado. Está Oxfam, el Movimiento María Elena Cuadra, los productores agropecuarios y ganaderos, etcétera (^{Dada, 2018}).

Otra pregunta complementaria proporciona elementos para mayor entendimiento de la rebelión en Nicaragua y sus protagonistas: ¿No hay una contradicción en que ustedes, opositores al sistema implantado por Ortega y los grandes empresarios, estén ahora apoyados por esos mismos empresarios?

Sí la hay. Hubo dos pactos que permitieron la llegada de Ortega al poder: el que hizo con Arnoldo Alemán y el que hizo con la gran empresa privada. Nosotros, cuando comenzamos a dialogar con empresarios, no lo hicimos con [José Adán ] Aguerri [director ejecutivo del Cosep ], sino con Michael Healy [presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, ] y con Álvaro Vargas, de Faganic [Federación de Asociaciones Ganaderas ]. Creemos que el Cosep está ahora en disputa. La Cámara de Healy es la más beligerante. A los empresarios los tenemos como aliados de cara al diálogo, pero no tenemos confianza. Una vez fuimos muy claros a ellos: les dijimos que temíamos que el diálogo fuera un show mediático y que el verdadero diálogo se estuviera haciendo bajo de la mesa. Ésa es una sospecha latente. Nosotros demandamos justicia y democracia (^{Dada, 2018}).

Más allá de la acción política de coyuntura, existe una realidad económica y social que explica el conflicto. Quizá el más sorprendido por la primavera nicaragüense haya sido el propio presidente Ortega, pues los indicadores macroeconómicos daban muestra de una envidiable estabilidad: “al mes de diciembre de 2016, el desempeño macroeconómico del país se tradujo en resultados económicos y financieros exitosos, que permitieron un crecimiento robusto por sexto año consecutivo” (^{Banco Central de Nicaragua, 2017a: 2}), que se estimó entre 4.6 y 4.9%, que contrasta con el crecimiento a nivel mundial de sólo 3.1%, inferior al 3.2% del año 2015.

Por otra parte, la inflación se ubicó en 3.13% y el número de trabajadores afiliados al seguro social llegó a 878,019, que a decir del Banco Central representó un crecimiento promedio anual de 10.8%. Adicionalmente, las reservas de divisas se mantuvieron en niveles adecuados, al tiempo que se registró una mejora en los términos de intercambio.

Asumiendo que las cifras oficiales son verídicas, no era de esperarse una rebelión. Esta estabilidad se refrenda con datos duros que no dejan lugar a equívocos:

El producto interno bruto (PIB) mostró un incremento robusto de 4.9% en 2017, en línea con lo previsto. Con este resultado, Nicaragua ha logrado alcanzar un crecimiento promedio de 5.2% en el periodo 2010-2017. Este ritmo sostenido permitió alcanzar un PIB per cápita de 2,161 dólares en 2017 y ha favorecido una mejora en los indicadores de pobreza (^{Reyes, 2018: 2}).

Por ello el Gobierno nicaragüense fue sorprendido, de manera que en su discurso del 39 aniversario de la revolución sandinista, frente a una multitud congregada en la Plaza de la Paz, Daniel Ortega admitió su sorpresa al señalar:

Y se venía organizando el golpe, lo veíamos, parecía difícil habiendo tanta estabilidad económica en Nicaragua, 11 años de estabilidad, 11 años de seguridad, 11 años de crecimiento económico, 11 años de salud, educación, calles para el pueblo, casas para el pueblo, programas agroalimentarios, programas para el campo, programas para la ciudad; con índices de aprobación este gobierno del pueblo sin precedentes en la historia de Nicaragua, los más altos índices de aprobación (^{El 19 digital, 2018}).

Más adelante refiere que los golpistas, a quienes genéricamente define en su discurso como conspiración armada y financiada por fuerzas internas y externas, no quieren el avance de la revolución “que residía en la paz, la seguridad, la estabilidad y que permitía a la vez que creciera la economía” (^{El 19 digital, 2018}).

Sin embargo, no todo es color de rosa como plantea el discurso: al amparo del régimen de Daniel Ortega, creció un grupo de multimillonarios que se beneficiaron del modelo neoliberal extractivista, con careta de liberalismo social, donde el Estado se constituyó en un elemento clave para atenuar las contradicciones del régimen de acumulación. Las inversiones en minería y energía crecieron, al grado que se convirtieron en los ejes de la economía, junto con el tradicional sector agropecuario.

Más allá de los indicadores macroeconómicos que presume el Gobierno, ¿qué ocurre con la distribución del ingreso, con la economía familiar, el empleo y la informalidad, con los niveles de pobreza y la migración? De acuerdo con los datos de la ^{CEPAL (2018)}, el índice de concentración del ingreso en Nicaragua registró durante el periodo 2008-2014 un aumento de 1.3%, junto con Paraguay que fue de 0.2%, el resto de los países de América Latina registraron una disminución. El índice de Gini para el año 2014 fue de 0.495, lo que significa un nivel considerable de desigualdad.

De acuerdo con Forbes Staff, uno de los hombres más ricos de Nicaragua y de la región centroamericana es Carlos Pellas, presidente del Grupo Pellas, quien en 2015 tenía activos por 1,200 millones de dólares, con operaciones en la región, República Dominicana y Estados Unidos (^{Grajales y Jiménez, 2016}).

El Grupo Pellas administra un ingenio azucarero, produce etanol y proporciona la materia prima para el ron Flor de Caña. El grupo controla más de 20 empresas, con participaciones en medios de comunicación, distribución, seguros, cítricos, cuidado de la salud y venta de autos (^{Olivares, 2014}).

Además del Grupo Pellas, figuran el Grupo Uno en el ramo de operaciones financieras; el Grupo Promérica (Banpro) también con actividades financieras que opera más allá de las fronteras de Nicaragua, servicios hoteleros, maquiladoras, industria aceitera; otro grupo financiero es Lafise, que además ofrece seguros, inversión, arrendamiento, cobranzas, call centers; el Grupo Calsa, con inversiones en venta y renta de autos, inmobiliarias, con acciones en empresas extranjeras como la española Unión Fenosa, servicios hospitalarios, tiendas en zonas libres; otro grupo importante es IPSM con inversiones en seguridad social, aseguradoras, fondos de inversión, en hoteles, constructoras, ferreterías, entre otros ramos.

En abril de 2016 el grupo Calsa, liderado por César Augusto Lacayo, anuncia una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares. Se trata de la construcción de un centro comercial (Centro Comercial Cobirsa Norte) sobre una superficie de 4.5 manzanas (aproximadamente 3.2 hectáreas), de tres niveles en el que se albergará a restaurantes, centros comerciales y oficinas (^{López, 2016}).

Lo anterior sin mencionar a una serie de capitalistas que poseen grandes empresas como los Chamorro. Frente a este poderoso grupo de empresarios, se encuentra la gran mayoría de la población trabajadora precarizada, una parte de ella ocupada en el campo y otra en la industria maquiladora.

Por otra parte, los datos de pobreza para Nicaragua, según ^{CEPAL (2018)}, presentaron 29.6%. En pobreza extrema, para el mismo año afectó a 8.3% de la población, que es equiparable a la cifra de El Salvador, que fue de 7.6%. Para 2015 la Fundación Internacional para el Desafío Económico (FIDEC) registró que la incidencia de la pobreza general fue de 39%, lo que muestra una tendencia a la baja respecto al año 2009 cuando registró 44.7%, mientras que la incidencia de la pobreza extrema fue de 7.6% (^{FIDEG, 2016: 9}), casi un punto porcentual más bajo respecto a lo reportado por la CEPAL. Es importante destacar la discrepancia entre las fuentes, además de la inexistencia de cifras actualizadas que pueden ser claves para entender mejor el conflicto que estalló en la primavera de 2018.

Por su parte, el PNUD muestra un deterioro en el índice de desarrollo humano al pasar de 0.495 a 0.645 entre 1990 y 2015, lo que significa un incremento de 30.3%. En efecto, de 188 países, Nicaragua ocupó en 2015 el lugar 124 en el índice de desarrollo humano elaborado por el ^{PNUD (2016)}, con un valor de 0.645, por debajo de El Salvador que ocupó el lugar 117, con un índice de 0.680. Hay que hacer notar que en 2006 el país ocupó el lugar 112, lo que significa que en 2015 retrocedió 12 lugares.

Un dato importante que reforzaría la idea de un deterioro en las condiciones de vida de la población es el incremento de la población emigrante de Nicaragua en Costa Rica, con una tendencia significativa. Por ejemplo, en el año 2000, según información censal había en Costa Rica 296,000 migrantes documentados; de éstos, 226,000 personas eran nicaragüenses, número que representó aproximadamente 6% de la población. De esta cifra, casi 51% correspondió a mujeres (^{Salazar, 2013}). A esta cantidad habría que añadir la población migrante indocumentada. Para 2012 se estimaba que en Costa Rica existían “alrededor de 800 mil migrantes nicaragüenses, de los cuales poco más del 50% son mujeres. Un alto porcentaje de ellas se dedica al trabajo doméstico remunerado” (^{Escudos, 2013}). Esto se traduce en una importante contribución al ingreso de las familias a través del envío de las remesas.

Desde que asumió el gobierno Daniel Ortega, enero de 2007, el monto de las remesas en términos nominales se ha duplicado. Es importante destacar que en 2018 el 55% provino de Estados Unidos y cerca de 20% de Costa Rica. Esto podría estar indicando un incremento sostenido de la migración y la condición de deterioro de las relaciones laborales en Nicaragua. La importancia de las remesas se aprecia mejor si las comparamos con el valor de las exportaciones, como se puede apreciar en el cuadro, en 2018 superaron en 91% el valor de las exportaciones y representaron en 2017 alrededor del 10% del PIB.

La economía nicaragüense se distingue por ser exportadora de mano de obra directa, a través de la migración, o indirecta, mediante el empleo en la industria maquiladora. A esto se suma la actividad extractiva de palma aceitera, la producción de energía eólica y la producción de oro. De acuerdo con la información de la Cámara Minera de Nicaragua (^{Camic, 2018}), la exportación del preciado metal se convirtió en uno de los rubros más importantes después del café y la carne vacuna, que en 2012 y 2013 alcanzó los valores más altos con 423 y 432 millones de dólares, respectivamente; en este último representó 1.8% del PIB, también en este año la IED en minería alcanzó el nivel más alto con 179 millones de dólares. Se tiene concesionada una superficie de 9,972 km², de ésta, 570 km² están en explotación, lo que proyecta un gran crecimiento de la actividad.

Lo anterior se resume en un proceso de pauperización en todos los sectores, de manera particular en la industria maquiladora. Este país ocupa el lugar 13 en la exportación mundial de manufacturas de maquila a Estados Unidos. La importancia de esta industria se refleja en el empleo de cerca de 109,000 personas y en el peso de la economía al representar casi el 50% de las exportaciones, que es el mayor porcentaje de las economías de la región, con 1,472 millones en el año 2015 (^{Equipo de Investigaciones Laborales y la Red de Solidaridad de la Maquila, 2016: 9-11}). La mayor parte de los trabajadores en la maquila son mujeres y los salarios son los más bajos de la región; al 1 de enero de 2016, mientras en Guatemala el salario mínimo mensual era de 331.26 dólares, en Nicaragua era de 157.26 dólares.

Reflexiones finales

Este artículo no puede ser conclusivo; congruente con la perspectiva analítica, diríamos que se trata de un proceso abierto, de una dialéctica en la que las contradicciones del régimen de Ortega afloran en un momento en que la crisis del proyecto ALBA, de Petrocaribe y las relaciones comerciales se debilitan entre Nicaragua y Venezuela, que afectan el desempeño económico del país y dañan a sectores empresariales, que aunado a la forma de gobernar hacen estallar el conflicto. Se vive un momento en que Estados Unidos está dispuesto a recuperar espacios perdidos en el continente y evitar que China y Rusia avancen en las relaciones con países de América Latina, en este caso Nicaragua.

En el presente conflicto subyacen al menos tres eventos: la Ley 840 para la construcción del Gran Canal de Nicaragua, y el acuerdo marco de concesión e implementación del canal y proyecto de desarrollo, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de junio de 2013, que desató una serie de descontentos sociales que dio origen, en 2014, a la constitución del Movimiento Campesino e Indígena en Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía Nacional (véase ^{Serra, 2016, 38}); el segundo fue el mal manejo del incendio de la reserva de la biosfera Indio-Maíz (3 de abril de 2108), una de las más importantes de Centroamérica, con una extensión de 300,000 hectáreas; y la tercera fue la aprobación de las reformas tributarias a la seguridad social. En todo caso, se trata de factores que hicieron aflorar las contradicciones subyacentes en la sociedad nicaragüense larvadas durante hace varios años.

Por el momento la intensidad del movimiento ha disminuido, muchos jóvenes que participaron están en el exilio; 493 personas han sido excarceladas, de éstas 104 mediante la aprobación de la Ley de Amnistía. El Gobierno ha descartado adelantar las elecciones y propone el fortalecimiento institucional con la OEA para las elecciones generales de 2021. En concordancia con nuestra perspectiva teórica es pertinente plantear las siguientes interrogantes: ¿hacia dónde va Nicaragua? ¿Se acerca el fin de la economía extractiva nicaragüense y el renacimiento de una democracia con un modelo económico alternativo?

Por ahora, la posibilidad de una gran transformación “progresista” se ha esfumado en la Nicaragua de Sandino. Los logros de la revolución se quedaron en el camino iniciado apenas con el triunfo del FSLN. La situación se encuentra en “empate catastrófico” (^{Arkonada, 2018}), la crisis representa una oportunidad para Estados Unidos y la derecha que no ha dejado de estar atenta para entrar en acción como ha venido ocurriendo en Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países que formaron parte del ciclo progresista en América Latina. Además, como bien dice Arkonada, estamos frente a “un ALBA ralentizado, una Unasur en crisis y una CELAC estancada”; podría decirse que todas estas formas de integración viven una crisis de magnitudes distintas que está arrastrando a los países más pequeños como Nicaragua.

Por el momento se observa un fugaz triunfo de Ortega, que mediante la represión logró apaciguar el movimiento. La demanda de elección para marzo de 2019 fue superada y ahora el Gobierno llama a un diálogo. ¿Con quién? ^{Thale (2018)} reconoce que “la oposición incluye a miembros de la derecha, del centro y de la izquierda. Lo que los ha unido es el reconocimiento de que la era de Ortega ha llegado a su fin, y que Daniel debe salir. A futuro, tendrán que resolver lo que quieren para el país”. Sin embargo, no todos los empresarios están en esta línea, tampoco toda la izquierda, existen sectores que todavía apoyan al régimen de Ortega. ^{Chamorro (2018)} asegura que “Ortega luce más fuerte ahora que al inicio de las protestas, mientras la rebelión cívica atraviesa un momento de reflujo”.

Nicaragua es una pieza clave en la región centroamericana, que por alguna razón geopolítica ha sido excluida (por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Integración El Salvador-Guatemala-Honduras-México, 2019). El país puede alentar procesos de desarrollo regional si se logran superar los viejos-nuevos problemas con sus vecinos, en especial con Costa Rica y Honduras. Esto supone acuerdos entre los países que superen las anquilosadas estructuras de la integración (BCIE, Parlamento Centroamericano, SIECA, SICA, etc.); hacer un manejo más inteligente de los tratados de libre comercio firmados hasta ahora; una reestructuración de los sistemas tributarios y distributivos de la renta nacional, así como la revisión del modelo de economía extractiva. Todo esto acompañado de una estrategia geopolítica en el marco del orden mundial multipolar y de la reactualización de la Doctrina Monroe, así como la democratización de los procesos políticos internos que permitan la participación de la sociedad en la toma de decisiones en torno a los grandes problemas nacionales y regionales.