INTRODUCCIÓN

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas (ONU), en 1948, el mundo ha cambiado sustancialmente, así como sus problemáticas. En ese entonces, los gobiernos occidentales se enfrentaban a las tareas de reconstrucción de las democracias y de los Estados nacionales después de la segunda guerra mundial. El imperativo era recobrar los valores de libertad, igualdad y dignidad humana que habían sido mancillados durante la conflagración y que causaron profundas marcas en los pueblos que vivieron la tragedia bélica de manera directa. Para ello, se pensó en crear políticas públicas que promovieran espacios de diálogo de manera institucional y fomentaran la participación de los ciudadanos en las cuestiones del “bien común”, además de que pudieran deliberar y establecer acuerdos y recuperar los principios fundamentales de la democracia ateniense orientados a la justicia y a la solidaridad (^{Cortina, 2009}).

A los conflictos bélicos mundiales pasados se han sumado en el siglo XXI otros nuevos riesgos para la población mundial, como la COVID-19 y la actual guerra en Ucrania, que amenaza la paz mundial, sin dejar de lado los grandes desafíos de mayor complejidad: el cambio climático, la escasez alimentaria y la recesión económica. Estos son factores de alto riesgo que, al actuar en combinación, provocan las crisis que amenazan el frágil equilibrio del orden mundial y ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana. De ahí que a esta nueva etapa de la humanidad se le denomine Antropoceno, ya que, por primera vez en la historia, la sobrevivencia como especie depende de las decisiones humanas para enfrentar los grandes desafíos (^{PNUD, 2020}).

En efecto, los científicos, ambientalistas y políticos han reconocido que la presión sobre el planeta es insostenible, pues pueden desencadenar conflictos a escala mundial sin precedentes (^{PNUD, 2020}). En la reciente Conferencia de las Partes de la Organización Meteorológica Mundial (WMO/COP 27, Sharm el Sheikh, Egipto, 2022), el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que existe una crisis humanitaria por los desplazados a raíz de las calamidades climáticas, las cuales superan con mucho a las que causa la guerra, por lo que “la mitad de la población ya se encuentra en zona de peligro” (^{United Nations Clima Change Cop 27, 2022}).

Ante este panorama, cobra relevancia el centrarnos en la educación a fin de formar ciudadanos “planetarios” que sepan tomar decisiones con base en fuentes de información científica, humana y técnica, y también con buena dosis de pensamiento crítico para identificar las mejores rutas de acción -y con menores consecuencias adversas- para la sociedad mundial:

La educación debe servir para aprender a vivir en un planeta bajo presión. Debe consistir en la adquisición de competencias básicas en materia de cultura, sobre la base del respeto y la igual dignidad, contribuyendo a forjar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible (^{Unesco, 2015, p. 3}).

Esas circunstancias y presiones obligan a transformar los modelos educativos y transitar hacia otros que den prioridad a una educación integral, humanista y de derechos humanos desde un enfoque sostenible para sensibilizar y formar a las nuevas generaciones con un sentido de corresponsabilidad hacia los otros individuos y, también, hacia la naturaleza y otras especies.

Con base en los lineamientos de la Agenda 2030 (^{ONU, 2015}) y en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la educación, surgieron novedosas propuestas psicopedagógicas que parten del supuesto de que se puede y debe promover una evolución de la conciencia humana en la civilización actual y que, por lo tanto, habría que potencializarla conscientemente a través de la educación para poder crear mejores posibilidades de un futuro sostenible (^{Gidley, 2011}). De ahí que varios autores sugieran orientar los enfoques de la educación hacia las pedagogías “posformales” (^{Kohlberg, 1990}), las cuales abren un abanico de posibilidades para formar a las actuales y futuras generaciones en la dimensión humanista de autoconciencia personal que se consigue con el diálogo y una reflexión crítica y, al mismo tiempo, sensible ante las problemáticas complejas que desafían la paz del planeta (^{Morin, 2015}). Solo transformando los paradigmas educativos actuales hacia enfoques más ecológicos, sostenibles, flexibles e inclusivos se podría contribuir a la formación de sujeto-ciudadano del presente siglo.

Como lo veremos en el apartado de análisis crítico, con el nuevo plan de estudios en México llamado la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se han emprendido acciones en favor de la transformación educativa, no exentas de pugnas ideológicas entre los partidos políticos de oposición, ya que toda reforma y plan de estudios tienen implícitos una orientación filosófica y objetivos que obedecen a proyectos de desarrollo de una nación (^{Del Castillo-Alemán, 2012}). En un espacio social plural y diverso culturalmente, como lo son las sociedades actuales y nuestro propio país, es previsible que haya antagonismos y asimetrías ideológicas que pongan en riesgo la vida democrática; por ello, la educación debe ser concebida como un “bien común”, cuyo objetivo central sea formar ciudadanos que sepan vivir y convivir de acuerdo con los valores y aspiraciones de una sociedad democrática (^{Unesco, 2015}; ^{Secretaría de Educación Pública, 2022}).

Si partimos de que la educación representa el capital cultural por excelencia, que transmite de generación en generación símbolos y valores que son preciados en una sociedad en particular, la escuela entonces debe ser el espacio que favorezca, además del conocimiento, habilidades de convivencia y diálogo entre unos y otros que son la base para la educación ciudadana: “Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos…) que pueden ser sabidos y merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento” (^{Savater, 2004, p. 18}).

Frente a la creciente individuación y disolución de las identidades normativas, se hace necesario que la escuela retome su función de contención socioemocional y señale que hay otros caminos posibles para aspirar a ese ideal de educarnos unos a otros por medio del conocimiento y buscar, a la vez, el compromiso con la ciudadanía planetaria. En la “sociedad líquida” de nuestro siglo (^{Bauman, 2006}), la educación estaría llamada a reforzar los marcos de contención para evitar la inseguridad y la exigencia de autoestructuración en los jóvenes frente a un mundo de riesgos. Por ello, la acción formadora de un sujeto-ciudadano por parte de la escuela es ineludible, pues ahí los educandos aprenden e internalizan las actitudes prosociales (normas y comportamientos) del grupo social al que pertenecen. Esas disposiciones al comportamiento prosocial que puede fomentar la escuela contribuirían a la resolución de conflictos por medio del diálogo racional, y aminorarían las diferencias naturales y antagonismos producto de la diversidad social (^{Hernández et al., 2017}).

Quizás así podríamos alcanzar el ideal de ser ciudadanos del mundo de educandos emancipados o autónomos, como lo concibe ^{Cortina (2009)}, un sujeto emancipado o liberado de los prejuicios de una educación bancaria, como denominó ^{Freire (1985)} a aquella en la que el conocimiento es entendido como una “donación” que hacen quienes se catalogan a sí mismos como sabios (las élites) a los que juzgan como ignorantes (el pueblo), es decir, la transacción de saberes que perpetúa la ideología de la opresión a través de la escuela.

En la propuesta de la acción comunicativa de ^{Habermas (2001)}, encontramos elementos inspiradores para reflexionar en torno a la educación en la modernidad y su finalidad, ya que, para él, la sociedad contemporánea tendría que retomar el proyecto de la ilustración centrado en la razón, pero con sentido humanista, esto es, alejándola del interés práctico del materialismo e individualismo que dominó en el siglo pasado y, en su lugar, instaurar el interés humano-racional-ético que es propio del pensamiento posformal de los modelos educativos de este siglo.

El sujeto-ciudadano representa en todo caso una construcción identitaria o narrativa que se va forjando en el entramado social en el que este se sitúa, siempre en tensión entre la libertad individual, la autonomía y los marcos normativos colectivos, como lo expresan ^{Cerda et al. (2004)}: “El ciudadano es una de las metáforas más fuertes para entender la articulación entre las responsabilidades que los individuos tienen como miembros de redes sociales más amplias y el desarrollo de la libertad y la autonomía“ (p. 21).

En esta contribución nos planteamos, por lo tanto, indagar sobre el quehacer de la educación como instrumento preferente no solo para desarrollar las capacidades escolares tradicionales, sino como acción formadora de ciudadanos con sentido de responsabilidad y autoconciencia social, que promuevan una cultura de paz, en la que la equidad, la inclusión y la interculturalidad sean sus componentes principales. Por ello, con el instrumental del análisis crítico del discurso (^{Van Dijk, 2014}), nos interesa analizar algunos elementos en torno a la propuesta del nuevo modelo educativo de México llamado la nueva escuela mexicana (NEM) y su aporte pedagógico a la formación del sujeto-ciudadano, y en el marco de la educación para la ciudadanía mundial (ECM).

Estructuramos el texto en tres apartados: primero, esbozamos algunas referencias al concepto de ciudadanía y su incorporación a los planes y programas del sistema educativo mexicano, además de otras iniciativas de América Latina, para saber cómo se está abordando el tema; luego, analizamos la estructura y metodología del modelo educativo NEM, considerando los campos formativos que abonan a la formación de la ciudadanía mundial; posteriormente, discutimos ese modelo y su instrumentalización tal como hasta ahora está plasmado en el documento de la NEM.

ANTECEDENTES

La idea de la ciudadanía se remonta al tiempo de la Grecia clásica de los siglos V y IV antes de Cristo y es consustancial a la democracia, en la cual el pueblo ostenta el poder para dirigir su destino y, por lo tanto, se espera que los ciudadanos participen activamente en la discusión y asuntos de la vida pública:

El ciudadano es el que se ocupa de las cuestiones públicas y no se contenta con dedicarse a sus asuntos privados, pero además es quien sabe que la deliberación es el procedimiento más adecuado para tratarlas, más que la violencia, más que la imposición; más incluso que la votación que no es más que el recurso último, cuando ya se ha empleado convenientemente la fuerza de la palabra (^{Cortina, 2009, p. 39}).

^{Habermas (2001)}, de quien abreva Cortina, considera que la sociedad moderna necesita una ética discursiva por medio de la cual los individuos puedan exponer sus argumentos apegados a la razón y tomen decisiones sobre las normas en su vida cotidiana de acuerdo con su contexto social. Esto es fundamental para todo sistema que se precie de ser democrático, pues evita la exclusión de los derechos ciudadanos y promueve que los individuos determinen la vida pública en su comunidad conforme a sus valores e intereses y no a los que son obligados por regímenes autoritarios e intereses corporativistas. Para Habermas, se hace indispensable garantizar a los ciudadanos los instrumentos discursivos éticos para evitar el regreso de aparatos de Estado represores de las libertades ciudadanas y hacer prevalecer el interés “emancipatorio” de la sociedad en vez del instrumentalista o técnico que ha prevalecido con el desarrollo del capitalismo.

Más allá de cuestionar la viabilidad del modelo habermasiano centrado en la racionalidad comunicativa para la realidad política y social de América Latina, que quizá para algunos pudiera sonar como una entelequia, no podemos dejar de reconocer que su propuesta intenta promover las bases para una democracia “deliberativa” que mejoraría la praxis política en el marco de la sociedad moderna y sus problemáticas. Consideramos que tal concepción encuentra una resonancia con el concepto de la ciudadanía mundial y su inserción en el campo de la educación, objeto de este ensayo. En este punto podríamos conectar ese concepto como parte de las políticas públicas que van encaminadas a fortalecer los procesos formativos de los individuos que contribuirían al logro de una democracia deliberativa como una praxis política fundada en la deliberación y el diálogo entre las partes o miembros implicados.

Es pertinente señalar que la educación ciudadana se nutre de los derechos humanos y cada estudiante formado con este enfoque está llamado a convertirse en un agente que, en su momento, fortalecerá las instituciones democráticas locales y globales en la consolidación de la participación de grupos sociales culturalmente en desventaja o excluidos; de ahí la pertinencia que tiene en los programas de estudio este concepto aglutinador.

La educación es considerada como un bien público de ancho espectro en el panorama de los derechos humanos y la igualdad sustantiva, según el documento Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? (^{Unesco, 2015}). En este tenor, la legislación mexicana recoge ese derecho como inalienable y lo plasma en el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, p. 5}).

En este artículo constitucional se incorporan las metas del cuarto ODS de la Agenda 2030, así también lo que establece la Ley General de Educación (^{Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2019}) en cuanto al carácter humanista que debe perseguir la educación pública:

En la educación que imparta el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza (artículo 59, p. 22).

En lo particular, el ODS 4.7 propone metas específicas orientadas hacia cuatro dimensiones básicas relacionadas directamente con contenidos de la ECM que la escuela debe atender:

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (^{ONU, 2015}).

Habría que decir que la preocupación por crear un enfoque educativo para la ciudadanía no es nueva; desde los años setenta, la Unesco presentó diversas propuestas para coadyuvar a las políticas educativas en el mundo cuyo cometido fue la construcción duradera de la paz y la convivencia; sus lemas fueron: bien común, aprender a ser, aprender a aprender y la casa común. Entre esas propuestas, destacamos “Aprender a ser: la educación del futuro” (^{Faure et al., 1980}; “La educación encierra un tesoro” (^{Delors et al., 1996}), que presentó un nuevo modelo para la sociedad occidental basado en los pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a aprender; y el documento Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? (^{Unesco, 2015}), en el cual se subraya el papel de la educación para la ciudadanía mundial.

En estos documentos emitidos a manera de exhortos, que solo han tenido pequeñas variaciones a lo largo del tiempo debido a la ampliación de nuevos derechos, se argumentó que la educación debía ampliar sus funciones sustantivas hacia la formación integral del individuo en sociedad, y priorizar la dimensión social y humana de las relaciones interpersonales para lograr una convivencia sana y armónica en las sociedades contemporáneas.

En un mundo interconectado como el actual, que va más allá de las identidades de un Estado-nación y donde nuevas formas de subjetividades posnacionales emergen para buscar su reconocimiento social y visibilidad como sujetos políticos y ciudadanos (^{Sassen, 2002}), es imprescindible que el Estado promueva políticas instituciones que fomenten espacios de socialización, ya sea formales o informales, para la práctica de las capacidades comunicativas y dialógicas entre los sujetos, más allá de las diferencias generadas por la diversidad y alteridad.

En América Latina se tiene una larga trayectoria alrededor de propuestas educativas para promover el diálogo y la convivencia en grupos escolares diversos como forma de crear una cultura para la paz y la ciudadanía iniciados desde la Declaración de Sevilla (^{Unesco, 1986}), en la cual quedó asentado que la violencia tiene orígenes culturales y no biológicos, por lo que se tenía que poner atención al ambiente social donde se desarrollan y forman los individuos. Esto nos lleva a concebir la ciudadanía desde la educación de la siguiente manera:

La capacidad de las personas para establecer buenas relaciones sociales y humanas, fundamentadas en la tolerancia y el respeto de los demás se define no solamente desde referentes éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y capacidades de los individuos para interactuar constructivamente y sin violencia en la búsqueda activa del bienestar de los demás y del propio (^{Cantor, 2018 p. 78}).

Por ello, la educación ha ligado los conceptos de ciudadanía mundial con la educación para la paz. Tenemos el referente de Colombia y Perú, países que, desde la década de los setenta del siglo pasado, vienen legislando en políticas públicas y trabajando sobre la paz debido a los movimientos guerrilleros internos; podemos citar la creación de la Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz del Ministerio de Educación de Perú, que, desde 1986, ha emprendido diversas acciones para promover la cultura de paz que han sentado un precedente en toda América Latina. De igual modo, el caso de Colombia resulta paradigmático porque ha impulsado desde diferentes instituciones un gran número de iniciativas para la cultura de la paz y el resarcimiento del tejido social dejado por la violencia. Ello ha producido un acervo valioso de investigaciones sobre nuevas pedagogías para la paz que son un modelo actualmente en las escuelas en esos países; en especial se resaltan tres tipos de modelos: pedagogías para los procesos de paz, pedagogía para la paz en la cultura y en la educación formal, y pedagogías para la paz comunitarias y de educación no formal (^{Adarve et al., 2018}; ^{Aguilar-Forero y Velásquez, 2018}).

En nuestro contexto, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha, en 2019, algunas medidas centradas en la prevención de la violencia escolar, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, basado en los derechos de las niñas y niños a ejercer su libertad de expresión y que, de igual modo, buscó informar y sensibilizar a los docentes sobre la problemática; sin embargo, según algunos estudios sobre su operación, no rindió los resultados esperados, pues, de acuerdo con los docentes, faltó sensibilizarlos antes de su aplicación y entregarles a tiempo los materiales correspondientes (^{Chaparro et al., 2019}; ^{Fierro-Evans y Carbajal-Padilla, 2021}).

Al ser la ciudadanía un concepto que se basa en la ética y en los valores o convenciones consensuados por el grupo social al que se pertenece, resulta crucial analizar el rol fundamental que tienen los adultos como guías y modelos de comportamiento para los más jóvenes, en particular en lo que se refiere al proceso de socialización (primaria y secundaria) que ocurre en las primeras etapas de vida, como lo sostienen psicólogos del desarrollo y pedagogos (Papalia et al., 2013).

Sin duda, la escuela es un microsistema (^{Bronfenbrenner, [1979] 1987}) en el que no solo se aprenden conocimientos, sino que favorece la socialización y el acompañamiento emocional de los pares, es el punto de reunión ideal donde se intercambian opiniones, se forman los primeros valores a través de lazos de solidaridad y afectos que pueden durar toda la vida, es decir, la escuela es un soporte socioemocional básico para la vida de los niños y las niñas. Al ser un espacio de convivencia, es comprensible que en su interior también se experimenten las tensiones y los conflictos que polarizan a la sociedad en su conjunto: bullying, discriminación por racismo y género o por tener capacidades diferentes, no olvidemos que los niños y las niñas reproducen los modelos familiares de sus contextos sociales, por lo que podemos imaginarnos la relevancia de la ECM que forma a través del diálogo y el razonamiento para erradicar estos males sociales que impiden la sana convivencia, la aceptación y el respeto de los demás.

¿Qué cambios a nivel educativo tenemos que hacer para formar a ciudadanos comprometidos con los procesos democráticos de la ciudadanía mundial? ¿Cómo incentivar la conciencia ciudadana y forjar educandos que colaboren en procesos globales y locales de paz?

LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA NEM

^{Portman (1996)} considera que el paradigma de la educación del siglo XXI debe promover en los educandos las habilidades humanas necesarias para enfrentar los desafíos venideros, como autonomía, colaboración, curiosidad, iniciativa y creatividad, así como para desentrañar los significados del mundo social; estas habilidades son producto del pensamiento posformal y son indispensables para la ECM. Como vemos, a medida que la ciencia y las problemáticas sociales se han agudizado, se requiere fortalecer más las habilidades en los educandos que tienen que ver con la convivencia social, como responsabilidad, empatía y solidaridad social con los otras.

Cabe destacar que el concepto “ciudadanía mundial” engloba una variedad de acepciones que son deudoras de las distintas disciplinas de las que proviene el término “ciudadanía” en su origen, por ejemplo, filosofía, educación, sociología, pedagogía y derechos humanos; su migración al campo educativo, por lo tanto, se ha configurado curricularmente de distintas formas y según el grado escolar o nivel de estudios a fin de que pueda ser integrada al resto de contenidos. Aquí debemos recordar lo que afirma ^{Morin (2001)}, cuando se trata de simplificar el profuso acervo de conocimientos generados en la actualidad por las disciplinas y la ciencia con el propósito de establecer los contenidos a impartir en la escuela:

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad está en saber ajustar nuestra forma de pensar para superar el desafío que nos presenta una realidad cada vez más compleja, impredecible y en constante cambio. Debemos replantearnos la manera de organizar el conocimiento (p. 5).

Aunque es factible diseñar un plan de estudios que considere la ECM, la tarea rebasaría los límites de una sola materia y del propio plan de estudio, por lo que, entonces, se tendrían que disponer los contenidos de manera transversal al resto de materias y disciplinas para que sea llevado al aula y aplicado desde un enfoque integral. Varios países anglosajones han decidido implementar la ECM como un tronco común de todas las materias de aprendizaje a lo largo del sistema educativo, partiendo desde los grados inferiores de preescolar hasta el bachillerato. Es el caso de la organización no gubernamental Oxfam para la ciudadanía mundial activa, la cual promueve un modelo participativo de aprendizaje basado en “aprender-pensar-actuar” con un enfoque educativo integral según el grado escolar (Unesco, 2016).

En nuestro contexto educativo mexicano, en los planes de estudio, si bien se impartían como materias aisladas la formación cívica y ética, ecología y medio ambiente, estas no contaban con el enfoque ni la dimensión global o planetaria con la que se enriqueció el concepto de ECM a partir de la Agenda 2030. Con el nuevo cambio de gobierno 2019-2024 en México, se echó a andar la NEM, inspirada en un movimiento pedagógico amplio y diverso de finales del siglo XIX y principios del XX, denominado “nueva escuela”, en la que participaron los pedagogos Dewey, Freinet, Decroly, Cousinet y Montessori. Sus propuestas transformaron la visión del educando pasivo y, en cambio, pugnaron por establecer, entre otros aspectos, las bases de un aprendizaje centrado en un alumno activo y con un docente mediador de los procesos que motiva los estilos de aprendizaje.

La NEM encuentra su inspiración en ese movimiento, junto con otros aportes, como los de Freire, con los que pretende transformar la enseñanza desde un enfoque integral del plan curricular que responda a las necesidades de los mexicanos de nuestro tiempo y, también, viendo hacia el futuro. Para ello, se diseñó un plan curricular flexible y abierto, en el cual el maestro asume el rol activo en la planeación de su clase de acuerdo con las condiciones específicas, necesidades y demandas de sus alumnos. En este enfoque, el diálogo entre los docentes y las disciplinas es clave para la integración de los saberes. La metodología del trabajo comprende un espacio de diálogo colectivo de la planta docente de la escuela llamado Consejo Técnico Escolar, en el que, a lo largo del ciclo escolar, se reúnen periódicamente para discutir de manera colegiada los temas y contenidos del programa, diseñar y planear los proyectos que deben trabajarse en clase por cada etapa; esto, con el propósito de llevar un proceso analítico y otras problemáticas que surgen de la escuela.

El nuevo plan de estudios resulta novedoso e innovador, ya que está basado en una dialéctica pedagógica entre la propuesta curricular de la Secretaría de Educación Pública y los aportes de los docentes; su estructura básica son cuatro campos formativos y siete ejes articuladores de conocimientos y habilidades que van entrelazados o combinados entre sí. Sucintamente, podríamos decir que su base epistemológica parte de la premisa de que la escuela debe retomar su papel como formadora de ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática.

Los cuatro campos formativos básicos comprenden cuatro dimensiones: lenguajes; ética, naturaleza y sociedad; saberes y pensamiento científico; y lo humano y comunitario, las cuales se conectan con siete ejes articuladores que desarrollan habilidades y actitudes en torno a las dimensiones: pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión, vida saludable, fomento a la lectura y escritura, igualdad de género y educación estética. La originalidad de este entramado curricular es la formación de los llamados “proyectos dialógicos de saberes”, que se activan con el aporte del docente según la materia o asignatura que se trate, además de que el tema de los valores o ética ciudadana, por ejemplo, se va a replicar transversalmente en todas las materias.

Tales ejes articuladores fueron propuestos para ser el punto de encuentro entre los docentes con los saberes de la vida cotidiana de sus alumnos, de ahí que cada docente deba poner en juego diversas estrategias didácticas para lograr los aprendizajes clave, es decir, que adquieran significado. Este papel relevante del docente en la formación del nuevo sujeto-ciudadano se reconoce de esta manera:

La nueva escuela mexicana reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan al saber en distintos espacios de formación, dentro y fuera de la escuela. Las maestras y los maestros son considerados por el Estado profesionales de la educación y la cultura, capaces de formar sujetos para una ciudadanía internacional solidaria y un entorno local que se emancipa y desarrolla desde la diversidad (^{Secretaría de Educación Pública, 2022, p. 22}).

Lo que caracteriza a este modelo es su fundamentación humanista e integradora de saberes que promueve procesos del pensamiento crítico en los educandos, en los cuales la vida comunitaria es el centro para asumir una posición consciente de los derechos ciudadanos y las responsabilidades ante los otros. Otro aspecto que resaltar es su enfoque metodológico basado en la investigación-acción, que favorece toma de acuerdos y ajustes a partir del pilotaje, en los que participan diversas comisiones y grupos de trabajo de docentes de diferentes niveles y grados a lo largo del país. Se espera que, una vez terminada esa fase pueda darse gradualmente su instrumentalización a nivel nacional prevista en 2023.

ANÁLISIS CRÍTICO

Con base en lo expuesto, podemos afirmar que la ECM requiere el trabajo conjunto de la escuela y la sociedad; si bien es cierto que las políticas educativas en México marcan el camino a seguir de los planes y programas, es con la participación y el empuje de la sociedad que se logran las transformaciones más duraderas y grandes. La educación gratuita y de calidad es un derecho inalienable y primordial de los ciudadanos, tal como lo expresa el artículo tercero constitucional; sin embargo, para que eso no sea letra muerta, es necesaria la participación activa de todos en la construcción de ese bien común. Aquí empieza la cultura escolar para la ciudadanía, en la que padres, maestros, asesores, autoridades y más actores sociales se sienten a dialogar sobre lo que hay que cambiar y tratar de mejorarlo mediante su participación activa, en el rol que a cada uno le corresponde. Ese bien común no es un don que se concede sin esfuerzo y solo porque está en la legislación, sino que se construye con el diálogo consensuado -como lo plantea Habermas- entre las distintas partes implicadas y en las diversas instancias institucionales.

Para cumplir con este mandato constitucional y atender las prioridades nacionales educativas de acuerdo con nuestra idiosincrasia, en el contexto mexicano se diseñó y puso en marcha el modelo educativo NEM para la educación básica, cuyo objetivo principal es la formación de ciudadanos con conciencia social, ecológica y valores éticos para la vida en comunidad. Sus fortalezas radican en su estructura y diseño, que ofrecen mayor flexibilidad a los docentes para conformar su planeación didáctica con mayor independencia y creatividad que los modelos educativos anteriores, lo cual representa por sí mismo un cambio de paradigma pedagógico.

En el nuevo plan de estudios se espera que los alumnos y maestros participen en la creación de propuestas de “proyectos” o temáticas de contenidos a trabajar de manera transversal según el grado, nivel y modalidad educativa, teniendo en cuenta los campos de formación y los ejes articuladores que atraviesan el mapa curricular de la educación básica: educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Con ello se propiciaría una dinámica de clase participativa y creativa, además de que los conocimientos se pueden aplicar al análisis de las problemáticas del contexto y del proyecto trabajado. Sin embargo, como todo nuevo modelo educativo, plantea aún dificultades didácticas y pedagógicas para instrumentalizarlo tanto por las particularidades regionales como por las diversas lenguas que se hablan en el territorio mexicano, en especial las zonas rurales apartadas donde no hay suficientes maestros formados con habilidades interculturales bilingües y solo existen escuelas multigrado. No hay que olvidar que nuestro país tiene una población estudiantil en educación básica de 24.1 millones, que cuenta con 1.2 millones de docentes y 228,803 escuelas esparcidas por todo el territorio nacional, de ahí que la implementación del nuevo plan de estudios no se completará sino hasta el segundo ciclo de 2023.

Otro aspecto relevante del modelo NEM y su éxito en los próximos años es la actualización y capacitación oportuna del magisterio. Los docentes deberán comprender la base pedagógica del nuevo plan de estudios y, del mismo modo, familiarizarse con los materiales y textos con los que desarrollarán los “proyectos dialógicos de saberes”, al mismo tiempo que se internan en un paradigma que les obliga a ellos mismos a ser creativos e innovadores, es decir, este plan de estudios requiere una nueva práctica docente que deberá instalarse más en sus mentes que en los textos. Por ello, consideramos de suma importancia que las autoridades educativas diseñen a la vez nuevos planes de formación docente a través de las escuelas normales para que puedan egresar los futuros docentes con una mentalidad más pertinente al nuevo modelo educativo y, en especial, se ofrezcan opciones de especialización en el tema de la cultura ciudadana. Solo de esa manera coordinada se facilitará incorporar a la práctica docente el enfoque integral y humanista del programa y se cumplirá el objetivo de formar ciudadanos con una conciencia ciudadana basada en el respeto y el sentido de justicia social recíproca.

CONCLUSIONES

Dadas las condiciones globales de complejidad social y desafíos que hoy se enfrentan, resulta comprensible el cambio de paradigmas educativos a nivel mundial. En el panorama de los sistemas educativos actuales, existe una variedad de enfoques con los cuales se pretende formar a los futuros ciudadanos del mundo; estos se centran en la promoción de habilidades “blandas” que hacen referencia a las dimensiones humanistas, comunicativas, ecologistas, holistas o integrales, que abonan al desarrollo del pensamiento posformal. De ahí que los modelos educativos que formarán a los ciudadanos en las próximas décadas estén basados en procesos creativos e innovadores, en los que la experiencia e intuición personal cuentan para interpretar la “realidad” de manera imaginativa, compleja, contextualizada, sensible, divergente, crítica, reflexiva y dialógica como formas permanentes de interacción humana y ciudadana.

La ciudadanía es un concepto que se basa en la ética y en los valores consensuados y argumentados por el grupo social al que se pertenece, por lo que resulta crucial analizar el rol fundamental que tiene la escuela para formar a los jóvenes dentro de estos valores, basados en un pensamiento posformal que promueva procesos de razonamiento verbal y crítico a través del diálogo permanente.

Nuestro país se encuentra en el camino de una transformación educativa real con este diseño que representa un antes y después en la educación para la ciudadanía, ya que busca incentivar esos procesos a través de roles sociales y estrategias que ejemplifiquen situaciones problemáticas reales que surgen de los contextos de los estudiantes; además, la flexibilidad curricular del plan de estudios permitirá poner en juego la inventiva para proponer soluciones basadas en el juicio ético normativo según la región a la que se pertenece; de ese modo, no solo se formarán actitudes y valores de justicia, sino que se promoverán conductas prosociales que fortalecerán la socialización en una cultura para la ciudadanía mundial.