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INTRODUCCIÓN
¿Qué aspectos de la universidad reconocemos que ingresan e impactan en la configuración de la vida cotidiana de la cárcel? ¿Cómo y de qué modo impacta en la subjetividad de quienes participan en sus propuestas? ¿Qué trazas se reconocen? ¿Qué textura presenta esa reescritura en las biografías y en el relieve del territorio de la cárcel? ¿Qué dimensiones habilitan y expanden las propuestas que promueven pensar el trabajo como derecho? Estos interrogantes dinamizaron un proceso de investigación destinado a indagar en la vida cotidiana de las cárceles de la zona centro de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Argentina, las trazas que se identifiquen en detenidos y detenidas que hayan tenido vínculos con las propuestas que desarrolla la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), sin perder de vista la complejidad que impone el encierro y las condiciones de violencia y tortura a las que se somete a la personas detenidas.
La violencia (material y simbólica) permea y emerge de múltiples formas durante la presencia de la universidad en la cárcel y tensiona propuestas, modos de gestión y administración, proyecciones y prácticas concretas por parte del personal penitenciario, que habilita, retiene, obtura o niega el acceso a derechos humanos (Manchado, 2022; Correa, 2019; Sozzo, 2016). La gestión de la cárcel -tomando como referencia las cárceles en estudio- se tensa en la medida que se contraponen modos, tiempos y espacios que disputan sentidos a lo naturalizado, a lo dominante, a una forma de gobierno que, de manera intermitente y disruptiva, reclama y transmuta choque por diálogo; individualidad por colectivo; sujetos parásitos por sujetos productivos (Umpierrez, 2020a, 2021; Sosa, 2022; Puppio, 2022).
Nuestro estudio abarcó cinco unidades penitenciarias localizadas en la PBA: una en la que se aloja más de un centenar de mujeres detenidas en un régimen cerrado (modalidad severa y atenuada) y en uno abierto que funciona desde 2005; una cárcel de hombres inaugurada en 1931, que aloja a un promedio de 200 a 250 detenidos entre el régimen cerrado y un sector abierto. Estas dos cárceles tienen su sede en la ciudad de Azul. A estas se suman tres unidades ubicadas en la localidad de Sierra Chica (Partido de Olavarría): una fue creada en 1882 y habitada por más de 2,000 hombres detenidos en un régimen cerrado; otra funciona desde 2003 y actualmente tiene una población que fluctúa entre 900 y 1,100 hombres detenidos en un régimen semiabierto y pabellones de mediana y máxima seguridad; y una de régimen abierto inaugurada en 1993 y que aloja un promedio de 200 a 250 hombres que están cercanos a obtener la libertad.
En este artículo exponemos una síntesis conclusiva de la investigación, por lo que remitiremos a trabajos del equipo en los que se encuentran los materiales de campo. Aquí incluimos solo algunas características del objeto de la investigación, su marco teórico-metodológico y sus resultados. Primero, abordamos algunas líneas de la presencia de la UNICEN en las cárceles de la PBA; en seguida, ofrecemos detalles del encuadre teórico y metodológico de la investigación; luego, abordamos cuatro ejes analíticos resultantes del proyecto que conducen a la caracterización de quiénes son los detenidos de las cárceles bonaerenses, quiénes son los estudiantes universitarios, qué trazas en la subjetividad y en las prácticas -durante el periodo de pandemia- son reconocidas como experiencia acumulada. Finalmente, exponemos los hallazgos de investigación vinculados a los procesos de negociación y disputa de los sentidos que adquiere el trabajo de los detenidos en la cárcel.
LA UNIVERSIDAD EN LA CÁRCEL
La PBA es la jurisdicción más poblada de Argentina; en ella se concentra el 51% de la población nacional, según los últimos datos disponibles correspondientes al censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadistica y Censo. La UNICEN es una de las 22 universidades nacionales situadas en esta demarcación; 15 están ubicadas en el Gran Buenos Aires y las demás, en ciudades del interior. Su presencia en las cárceles se remonta a la década de los noventa e incluye distintas acciones formativas. No obstante, el trabajo sostenido se logra dos décadas después cuando se consolida ante la posibilidad de dar continuidad al dictado de las carreras de grado de las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho, así como diferentes actividades de extensión (Umpierrez, 2016). Esto, como parte del programa “Universidad en la cárcel: desde la resistencia cultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión del rectorado, y de los programas que cada unidad académica diseña y gestiona.
Los hombres, las mujeres y las disidencias (hacemos con esta última categoría referencia a las personas que se autoperciben con diferencia a su genitalidad y las que no se reconocen dentro de las categorías binarias construidas para clasificar las preferencias sexuales) detenidos en las cárceles de la región son incluidos en una propuesta institucional de la UNICEN que se define tanto por la ampliación del derecho a la educación superior como de la cultura en sentido amplio (es decir, como un concepto sintético que apela a los niveles de humanización, los modos específicamente humanos de pensar, sentir y actuar en sociedad) de todos los habitantes de la zona centro bonaerense. La educación como derecho humano y la universidad pública como agente facilitador para su ejercicio configuran la perspectiva desde la cual la UNICEN define su intervención, así como un posicionamiento disruptivo frente a la “reinserción”, la “resocialización” o el “tratamiento” del detenido con que las políticas penitenciarias en Argentina, y en particular en la PBA, diseñan e implementan acciones en materia educativa.
Las acciones que se desarrollan desde la UNICEN abarcan las áreas de gestión, docencia, extensión y suponen una intervención que es co-construida con los centros universitarios, con el impulso de los propios detenidos y detenidas, tanto en su funcionamiento como en su gestión. La UNICEN cuenta con un número reducido de personas que asisten a realizar tareas a las cárceles, por lo que buena parte de las tareas organizativas las llevan a cabo estudiantes detenidos. Además, desde los centros universitarios se proponen y conducen actividades ofrecidas a otras personas detenidas (universitarios y no universitarios). Asimismo, durante el periodo 2018-2021 se conformó un primer grupo institucionalizado de investigación que prioriza un enfoque de la vida cotidiana de la cárcel, entendida como espacio material y simbólico, de los entramados de relaciones asociados al acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad, en particular la educación superior, las artes y el trabajo (Umpierrez, 2020a, 2021).
La producción de conocimiento nace de la necesidad de comprender y explicar situaciones que observamos, que nos impactan, que nos desafían en nuestras prácticas en las aulas universitarias con la mirada puesta en una intervención más precisa y respetuosa, que amplíe la capacidad de diálogo y participación.
APROXIMACIONES A NUESTRO OBJETO DE CONOCIMIENTO
La cárcel es parte de un entramado social, necesario en el devenir del capitalismo depredador (Giroux, 2013) y, como plantea Wacquant (2011), el neoliberalismo “es un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba” (p. 13); en esa reconstrucción, “un aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo” (Wacquant, 2011, pp. 13-14) es parte central de la gestión de la población. Queda claro que este es un problema global, pero que afecta sustantivamente a la población de la PBA en la que opera el Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la jurisdicción. La estructura del SPB se compone de 12 complejos integrados por 58 unidades carcelarias y distribuidos en 22 distritos del territorio provincial.
En Argentina, y en particular en la PBA, las condiciones de detención se han deteriorado de manera notable, ya que que la capacidad de alojamiento se ve sobrepasada, como informa el Comité contra la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria: 55,560 personas detenidas en agosto de 2022, cifra que representa un 113% de sobrepoblación en cárceles y alcaidías de la PBA.
Este es el marco sobre el que se construye nuestra búsqueda. Indagar en la vida cotidiana de las cárceles de la zona centro de la PBA las trazas en detenidos y detenidas que hayan tenido vínculos con las propuestas que desarrolla la UNICEN. Entendemos por trazas (Diamant et al., 2015) las huellas de las prácticas educativas de diferente grado de formalización (Sirvent, 2018) en la construcción subjetiva de las personas que transitan por los programas de esta universidad, sin perder de vista la complejidad que impone el encierro y las condiciones de violencia y tortura a las que se somete a las personas detenidas. Si bien no es un eje analítico estructurante de nuestra investigación, esta condición debe reconocerse como parte del escenario en el que transcurre la cotidianidad que pretendemos indagar.
La violencia (material y simbólica) permea y emerge de múltiples formas en relación con la presencia de la universidad en la cárcel y tensiona propuestas, modos de gestión y administración, proyecciones y prácticas concretas del personal penitenciario y de los propios detenidos. Los castigos en celdas de aislamiento; los traslados recurrentes; la falta de alimentos y de atención a la salud; la superposición de tareas de mantenimiento de la cárcel con los horarios de clases; y la limitada capacidad de los espacios destinados a la educación en relación con el número de personas que demandan estudiar son algunas de las principales situaciones que dificultan o impiden el pleno acceso al derecho a educarse en la cárcel.
La perspectiva analítica seleccionada se centra en la vida cotidiana, que de ningún modo es, según Reguillo (2000), “un contenido estático en el tiempo, sino (que es) un proceso dinámico y necesariamente histórico” (p. 6), que permite adentrarse en comprender que su “especificidad no está en las prácticas reiterativas, sino en los sentidos que esas prácticas representan y en los modos en que son representadas, para y por los grupos sociales en un contexto histórico y social” (Reguillo, 2000, p. 6).
Comprendemos la cotidianidad como aquello que incluye “todo tipo de actividades que constituyen desde cada sujeto particular procesos significativos de reproducción social y apropiación cultural” (Rockwell y Ezpeleta, 1995, p. 7) y como el lugar y el tiempo en el que se materializan las políticas públicas en el territorio local y a la vez son resignificadas, resistidas y adoptadas en su seno. En la vida cotidiana -situada, sociohistórica, atravesada por las tensiones que los diferentes actores (cercanos y lejanos) imprimen-, el acceso al derecho a la educación superior, a las artes y al trabajo se concretan como políticas públicas.
El segundo concepto central para el análisis, a partir de los hallazgos y análisis de los años previos de trabajo (Umpierrez, 2021, 2020a, 2020b), son las huellas de las prácticas educativas en la construcción subjetiva de las personas que asisten a los programas de la UNICEN. Al referirnos a las prácticas educativas, incorporamos las que se organizan desde la academia, las que se proponen como ofertas de extensión y las que surgen como intercambio de saberes entre personas detenidas. Si bien reconocemos que cuentan con diferente grado de formalización, las consideramos a todas como prácticas educativas.
Las propuestas académicas de las facultades de Ciencias Sociales (FACSO) y Derecho en las cinco unidades penales de referencia son: licenciatura en Comunicación Social, licenciatura en Antropología Social y la carrera de Abogacía. Las prácticas educativas académicas se llevan a cabo en espacios de uso exclusivo de la universidad: aulas con sede en cada una de las unidades penales. Ahí se dictan las clases, tutorías académicas y, desde la pandemia, la posibilidad de participar en clases virtuales y bimodales para el estudiantado en general, a las cuales se incorporaron algunos de los más avanzados privados de libertad (Umpierrez y Scipioni, 2022).
En cuanto a las propuestas de extensión, hacemos referencia a las que organiza el programa Universidad en la Cárcel, que depende de la Secretaría de Extensión de la UNICEN y cuyas actividades son coordinadas por el Centro Cultural Itinerante El Musguito, que es el articulador en el territorio (talleres permanentes de cine, teatro, literatura, informática, arte, alfabetización, espectáculos, charlas, festejos, publicación de revistas, producción de un programa de radio y presentación de resultados de talleres). Finalmente, incorporamos las prácticas educativas que se dan entre pares, como las actividades de apoyo académico que realiza el estudiantado orientador detenido y las propuestas extensionistas que se ofrecen en periodos de receso desde cada centro universitario para la población de la unidad penal, siempre pensadas y desarrolladas por quienes están alojados en las cárceles de referencia.
Por último, una categoría que permite una comprensión más compleja es incluir aquí el espacio universitario como figura clave en términos de territorialidad y capacidad de agencia. Entendemos por espacios universitarios no solo el enclave donde se instala el aula universitaria (Umpierrez, 2016) y permite desplegar actividades de la universidad en la cárcel, sino, además, el entramado socioafectivo, relacional y situado que esa presencia configura y se vuelve capilar en el territorio. La cárcel ingresa al aula de muchos modos. El ordenamiento de los pabellones y la cultura institucional de cada unidad penal orienta y moldea las prácticas y se filtra de modo explícito en la vida de los centros. Nos referimos a la capilaridad como una analogía a la función de los vasos capilares del sistema circulatorio; son la forma más pequeña y abundante de vasos sanguíneos y lo suficientemente pequeños como para penetrar en los tejidos del cuerpo y permitir el intercambio gaseoso entre arterias y venas, el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre los tejidos y la sangre.
Antes hemos definido ya las aulas universitarias como unidad pedagógica (Umpierrez, 2020a, 2020b). Los centros universitarios son los espacios propios de la universidad que requieren autogestión y organización del estudiantado detenido para sostener cada día las tareas, ya que son pocos los docentes que ingresan a trabajar y no se cuenta con cargos de personal administrativo. Desde ahí la universidad se proyecta, siempre con la participación necesaria de sus estudiantes privados de libertad, que son quienes no solo se vinculan desde su condición de matrícula estudiantil, sino, y especialmente, como los referentes de la universidad en el territorio de la cárcel.
Los centros universitarios son espacios neurálgicos -considerados como tales debido a que son áreas de conexión con la universidad y con la vida en la cárcel- que amplían y enraízan la presencia de esta en el territorio de la prisión. En el análisis de su despliegue cotidiano se reconoce cómo estos centros universitarios se conforman en espacios que disputan poder tanto a la universidad como a la cárcel y, en ese entrecruce, se construyen como un tercer actor (para saber más sobre esta construcción de relaciones, leer Umpierrez, 2020a).
Un aspecto reconocido como emergente que amplía los propósitos iniciales de los programas de la UNICEN -ofrecer carreras de grado y propuestas de extensión universitaria- es el acceso al trabajo en la detención y el regreso a la vida en libertad. Dedicaremos un apartado para presentar resultados de mapeos colectivos de los saberes laborales de los estudiantes detenidos y otras personas privadas de libertad con la finalidad de ofrecer una lectura diagnóstica que aporte comprensión a este campo novedoso por no haber estado en el horizonte de tareas previstas para el equipo -los modos en que se piensa y se aborda el trabajo en la cárcel- e indispensable para avanzar en la planificación de proyectos asociativos dentro y fuera de la cárcel.
Sujetos, experiencias y subjetividad: algunas precisiones conceptuales
Partimos del supuesto que la universidad como actor social imprime su forma en algo intangible: la subjetividad, que “está esencialmente fabricada y modelada en el registro de lo social” (Guattari y Rolnik, 2005, p. 38). De este modo, esclarece la inexistencia de un sujeto previo sobre el que las experiencias van influyendo con mayor o menor intensidad. En efecto, las experiencias son dispositivos con capacidad instituyente con las que, en procesos de subjetivación (Foucault, 1990), los sujetos definen su “estar en el mundo”, con sí mismos y con el otro. Este proceso, no exento de tensiones y contradicciones, permite objetivar a sí mismo como una convergencia entre los deseos que motorizan al sujeto y el modo en que es encauzado en sus acciones y aspiraciones por instituciones reguladoras.
Asimismo, las experiencias de los sujetos son el producto de la vinculación entre el hacer y el pensar, y suponen, para Dewey, una trama de nociones que han sido configuradas en experiencias previas y serán las que dotan de significado a las nuevas. De ello resulta “una visión general concreta y una determinada capacidad organizada para la acción” (Dewey, 1967).
En tal sentido, recuperamos la categoría de sujeto social con que Gramsci (1978) alude al “conjunto de relaciones sociales” que conforman su mundo particular y su carácter histórico y específico de aquellas relaciones. Incluso cuando la cárcel es una marca insoslayable en la historia de los sujetos que ingresan a ella y aun cuando la lógica de institución total (Goffman, 1961) busca operar en los sujetos y apunta a ser la experiencia definitiva, reconocemos la capacidad de agencia de los actores sociales y procuramos reconstruir las historias en las que se inscriben.
Identificar las trazas de la universidad en la subjetividad de quienes participan o han participado en sus propuestas da cuenta de una marca que es latente, por lo que hay que hacerla tangible no solo para redirigir su tarea si fuera necesario, sino para informar de un trabajo con resultados que requieren otros instrumentos para ser evaluados. Cuando nos referimos al impacto en la subjetividad de quienes participan en las propuestas universitarias, entendemos que ese impacto no está separado de los procesos que configuran grupalidad (Souto 2000) en estos espacios. No se trata exclusivamente de un proceso de interioridad, sino que transcurre, sucede, en una trama socioafectiva y política en la que hay otros: compañeros-pares, docentes, talleristas, que son parte consustancial del proceso.
Avanzar en el reconocimiento del impacto de la tarea de la universidad en las propuestas que despliega en las cárceles nos auxilia en la valoración de esa intervención, más allá de lo evidente y mensurable, y nos permite aproximarnos a un plano menos explorado: el impacto subjetivo.
En este contexto, pretendemos abordar el alcance de las intenciones ético políticas y posicionamientos asumidos formalmente desde los programas que se desarrollan en la cárcel y que se enuncian como propósitos. En primer lugar, incidir en la conformación ciudadana plena. Luego, aportar a la lectura crítica del mundo. Finalmente, promover la participación de quienes se incorporan a las propuestas como actores sociales críticos, colectivos y co-responsables del cuidado propio y de su entorno.
PERSPECTIVA METODOLÓGICA
Las definiciones y el abordaje del campo se hicieron en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio por la COVID-19. En relación con el trabajo de campo, que ayudó a recabar la información prevista, definimos que sería en forma virtual, ya que de otro modo no se hubiera podido avanzar en la indagación. La batería de instrumentos se fue construyendo colectivamente y se apeló a varias fuentes documentales disponibles, en trabajo colaborativo virtual y remoto. Optamos por trabajar desde un enfoque cualitativo, que busca una comprensión relacional, histórica y situada de las prácticas sociales y los procesos estudiados.
Un aspecto relevante en los intercambios y las definiciones que el equipo fue construyendo fue pensar en un reconocimiento de lo que las huellas de esas prácticas educativas dejan en quienes transitan por los espacios educativos de la universidad, por lo que uno de los primeros interrogantes fue sobre cómo hacerlas relevantes, dónde podían identificarse y de qué modo. Así, incorporamos al corpus materiales que estaban disponibles, a saber: encuestas autoadministradas a estudiantes (2020) y a quienes ingresaban (2021) a carreras de grado que ofrecían datos básicos cuantificables respecto del estudiantado (ciudad de origen y residencia antes de la detención, edad); algunas referencias a sus trayectorias educativas en libertad y en su privación; estado de avance en las carreras, si se trataba de estudiantes ya en curso; registros de clases de grado y de reuniones con centros universitarias grabadas con consentimiento de sus participantes, las cuales daban cuenta de los intercambios de los supuestos y puntos de vista de quienes participaban en temas centrados en la percepción del valor de la tarea y la perspectiva desde la cual organizaban la tarea los estudiantes orientadores; el lugar de la universidad en la vida de las personas que pasan por los espacios educativos; y las relaciones que se construyen en los centros universitarios.
Tomamos como material de campo algunos programas de radio Telarañas producidos por estudiantes privados de libertad y emitidos por la radio de la universidad; estos aportaron discursos de estudiantes detenidos que se vertieron allí a lo largo de todo el año y que exponían aspectos referidos al sentido de la educación en la cárcel y el impacto en sus subjetividades, además del trabajo que se hacía en y desde los centros universitarios que alcanzaba a la población detenida.
La construcción de un instrumento que permitiera abordar el trabajo de campo de modo colectivo fue parte del proceso de trabajo del grupo para este relevamiento: elaboramos un cuestionario para las entrevistas en profundidad en varias sesiones, siempre en formato virtual sincrónico y con herramientas de trabajo colaborativo digitales. Definimos temas que luego derivaron en preguntas que se aplicaron a estudiantes universitarios con trayectoria, algunos de los cuales, además, eran o habían sido parte de talleres de extensión (los talleres son abiertos a la población detenida, por lo que son tomados muchas veces por quienes ya son estudiantes y, en otros caso, hay quienes solo participan en propuestas de extensión).
Entendemos por estudiante con trayectoria a quienes han cursado y rendido materias aun cuando solo cuentan con el primer año aprobado. No entrevistamos a personas que hicieran únicamente actividades de extensión. La entrevista se enfocó en datos de base (edad, género, residencia previa a la detención, conformación familiar); trayectoria educativa en libertad y en la detención; identificación de aspectos en su persona que se hubieran modificado a partir de estar en alguna carrera de la universidad (modo de resolver conflictos, ordenar ideas y comunicarlas, organizar su pensamiento); y reconocimiento de los docentes que fueron significativos y por qué. Finalmente, propusimos caracterizar su participación en el centro universitario, es decir, la percepción respecto de cómo se construyen ahí las relaciones sociales y si esa participación afectó de algún modo su propia vida.
La definición de a quiénes entrevistar estuvo asociada a la disponibilidad de conexión a internet y a los vínculos de confianza con quienes entrevistábamos. Al pretender entablar un diálogo que superara las respuestas de forma y superficiales (un entrevistado que, por su posición respecto de una persona que posee autoridad, podría estar respondiendo aquello que supone es lo correcto o lo que se quiere escuchar, y evita decir lo que en verdad piensa), acordamos que solo los miembros del equipo que tenían contacto fluido con estudiantes realizarían esa tarea.
La referencialidad empírica como anticipamos se ubica en un grupo de cinco cárceles dependientes del SPB en las que la UNICEN contaba con aulas universitarias durante el ciclo lectivo 2021. Tomamos como fuentes primarias:
144 fichas de inscripción (43 de las aspirantes a la carrera de Abogacía y 101 de la FACSO).
53 encuestas a estudiantes ingresantes de la FACSO.
11 entrevistas semiestructuradas y en profundidad en formato virtual a estudiantes de las carreras de grado con trayectoria que se ofrecen en las unidades penales. Ocho de ellos son varones de entre 26 y 51 años y tres, mujeres de entre 36 y 53 años. Las entrevistas fueron realizadas por el colectivo de investigadores durante agosto de 2021. El equipo estaba conformado por catorce personas entre investigadores (9), colaboradores (3) y estudiantes( 2). Las entrevistas fueron aplicadas por ocho miembros del equipo.
Material relevado en campo como propuesta de la cátedra Introducción a las problemáticas educativas 2021 (materia correspondiente a las carreras de profesorados que se dictan en la FACSO y en las que laboran autores de este artículo). Mapeo colectivo de saberes laborales: incluyó 22 encuestas administradas por estudiantes privados de libertad que indagaron acerca de qué productos hacía, con qué materiales y su procedencia; qué finalidad tiene esa producción; si la producción es en solitario o con otros; dónde aprendió a hacer eso que produce y si enseña ese saber; tres entrevistas colectivas virtuales a estudiantes detenidos para conocer su vinculación con el trabajo y con la educación en la detención, su visión de futuro y proyecciones al recobrar la libertad; jornada de retroalimentación con estudiantes de la sede de la facultad y privados de libertad participantes de la propuesta sobre lo analizado y con el reconocimiento de tres ejes asociados a la educación y al trabajo en la cárcel: las configuraciones de género, la producción como forma de intercambio y las diversas representaciones de la tarea de la universidad en la cárcel. En una primera fase se relevó información mediante la aplicación de cuestionarios autoadministrados con 25 detenidos con diferentes niveles de educación (desde primaria incompleta hasta secundaria en curso durante la detención), de los cuales 15 son varones de entre 28 y 56 años y 10 mujeres de entre 39 y 52 años. La recolección y el análisis han formado parte de una propuesta formativa y, por tanto, ha tenido participación de estudiantes universitarios intra- y extramuros.
Registros de reuniones de trabajo con estudiantes: al tratarse de una tarea de investigación articulada desde una cátedra con un proyecto mayor, las actividades fueron a la vez parte del desarrollo curricular en el que se abordaron los contenidos de la asignatura, incluida la propuesta de investigación-acción en el proyecto en curso del grupo (puede leerse sobre esta experiencia en Barraza et al., 2021). Además, consultamos registros personales de los investigadores/as.
El trabajo de análisis se realizó mayormente desde una perspectiva cualitativa, aunque una parte del material requirió el análisis cuantitativo. El análisis socioantropológico nos abrió un campo de sentidos y significados que solo los actores que habitan y transitan el encierro pueden describir y explicar. También, nos permitió recuperar o profundizar no solo en las formas de nombrar, sino en la conformación de las tramas de relaciones y las tensiones que impactan en las trayectorias vitales y, en particular, el modo en que la presencia de las prácticas que provienen o se enmarcan en propuestas avaladas por la universidad enlazan, inciden, recubren o capilarizan la vida de las personas privadas de su libertad.
ALGUNOS RECONOCIMIENTOS
¿Quiénes son los detenidos de las cárceles bonaerenses?
A partir de las narrativas de los propios detenidos, asumimos una primera tarea de caracterización de quiénes son y cuáles son las prácticas en las que convergen. Esto nos conduce, en primer término, a una identificación que exhibe, al menos, tres grupos de detenidos (Sosa, 2022). El primero -del que no vamos a ocuparnos en este trabajo por atender a un criterio de accesibilidad (Guber, 2004)- se menciona con el nombre de “población”. Su rasgo distintivo es su permanencia en los pabellones durante la totalidad de la jornada y, por ende, su desvinculación con actividades educativas y laborales. “Son los que no salen a casi nada” y “se quedan todo el día ahí”; son las expresiones más usuales para describir a quienes constituyen la abrumadora mayoría de la totalidad de los internos, que viven lo que hemos denominado un “encierro a secas”, que circunscribe su tránsito por la cárcel a los espacios de encierro. Las referencias que de ellos y ellas hacen nuestros informantes aluden a una distinción entre quienes referencian su permanencia en el encierro con algún grado de decisión (“dicen que ellos no ‘le quieren’ trabajar ni estudiar al servicio”) y quienes “cayeron ahí y están viendo la manera de salir”. Asociado a este último grupo, se ha destacado que diferentes agentes (educativos o penitenciarios) en encuentros casuales e informales son “alertados” de la intención de “empezar a salir” aun cuando la distribución inicial los haya alojado allí.
Por otro lado, identificamos a quienes son parte de las acciones vinculadas a la educación y al trabajo en la cárcel y significan desde ahí tanto las actividades que realizan como las lógicas con que están pensadas e instrumentadas. Estos sujetos son quienes cada jornada salen del pabellón en la mañana y, aun cuando son requisados y monitoreados a través de una “pasada de lista” durante sus actividades varias veces al día, transitan los espacios que la prisión tiene destinados a “la escuela”, “los talleres” y otras áreas comunes como senderos, patios o recintos.
Por último, el tercer grupo lo integran quienes pugnan por ser parte de las actividades asociadas al trabajo y, junto con ello, de las ventajas vinculadas a su incorporación. Este proceso en el que batallan para “ser parte” cobra significatividad para nuestro interés y justifica centrar en él nuestra mirada acerca de los sentidos que tiene el trabajo para ellos.
Una vez tipificados a grandes rasgos los grupos de detenidos y detenidas que son identificados por los distintos actores consultados, debemos puntualizar que nuestro interés se enfoca en los dos últimos y en los sentidos que en estos se gestan asociados a la educación y al trabajo. Más aún, nuestro propósito es abordar la lógica que subyace a los mecanismos por los cuales estos agrupamientos se perfilan como tales.
¿Quiénes son los destinatarios de las propuestas de la UNICEN?
En 2021, la UNICEN recibió a 148 estudiantes privados de libertad entre nuevos estudiantes y rematriculados. Por su parte, en la FACSO se pone de relieve el 65% de inscritos en el contexto de privación de libertad provenientes del conurbano bonaerense, región densamente poblada y con aglomeración de problemas habitacionales, de infraestructura de servicios y acceso a derechos, aspecto que señalamos como relevante al comprender las trayectorias escolares en libertad, ya que da cuenta de trayectorias, que entendemos como “un recorrido en una determinada modalidad formativa. Ese recorrido genera diferentes cronologías de aprendizaje” (Terigi, 2010, p. 3), que han sido interrumpidas, y quienes las relatan se reconocen a sí mismos en reiterados casos con gusto e inclinación por el estudio, pero con dificultades en su vida personal o coyunturales, como las crisis económicas que afectaron al país, situaciones familiares inesperadas o embarazos.
A partir del análisis que ofrecen Giordano et al. (2022), es posible identificar que la mayoría de las personas detenidas inscritas en la FACSO (no se contó con datos de la Facultad de Derecho) completaron su educación primaria en libertad (alrededor del 80%), en tanto que solo un 20% culminaron sus estudios secundarios antes de su detención. Estos datos surgen de la encuesta de 2020 a estudiantes de tres de las cinco unidades penales de referencia, y se ven reforzados en las entrevistas individuales posteriores. Las encuestas reportan que el 79.24% cursaron su primaria por completo fuera de la unidad penitenciaria, solo el 11.32% lo hicieron en contextos de encierro, y el 5.66% la completaron estando detenidos. En el nivel secundario, por el contrario, un 22.64% la realizaron en su totalidad en libertad, un 24.52% cursaron parte en libertad y la completaron en una unidad penal, en tanto que un 52.83% hicieron sus estudios secundarios privados de libertad. En cuanto a la educación superior, únicamente el 15% dijo haber llevado a cabo estudios superiores en libertad y, en casi la mitad de los casos, formaciones vinculadas a oficios y no carreras de grado.
Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el 31 de diciembre de 2021, el 95% de las personas detenidas eran varones y el 95% eran argentinos. En la jurisdicción de la PBA, que es nuestro objeto de estudio, el 62% tenía estudios primarios o inferiores, el 10% acreditaba la secundaria completa y el 20% la tenía incompleta. Si contrastamos los datos de la población general detenida en PBA, podemos decir que es una porción particular la que llega a la universidad. Se trata de un grupo que ha alcanzado mayor nivel educativo previo a la detención o que tuvo la oportunidad de avanzar en el disfrute del derecho a la educación, aspecto no zanjado para toda la población detenida, como el propio SNEEP señala: solo el 51% de la población penitenciaria en Argentina participó en 2021 en un programa de educación (incluidas aquí propuestas no formales como cursos u otras ofertas por fuera del sistema educativo).
Algunas trazas en estudiantes universitarios
Del análisis de las entrevistas, de acuerdo con Giordano et al. (2022), podemos afirmar que la presencia de la universidad en las unidades penitenciarias contribuye a mejorar el valor social subjetivo asignado a la educación, el valor que los estudiantes le otorgan a la educación universitaria para mejorar su desarrollo personal y social durante su detención, así como sus vínculos familiares y afectivos.
De la lectura de las entrevistas, podemos inferir que el acceso a la universidad ha tenido un impacto positivo en los estudiantes privados de su libertad. En este sentido, sus discursos se estructuran a partir de tres ejes: la transformación en su modo de comunicarse con el resto: con su familia sobre lo que les sucede/sienten, con sus compañeros de pabellón sobre lo que pasa allí dentro y con las instituciones con las que deben vincularse; la transformación de su mirada sobre el contexto que los rodea y sobre sus propias experiencias; y la valoración de ayudar a otros desde su experiencia, tanto educativa como de vida.
Reforzando esta idea, Coronel (2022) señala que se reconoce que la universidad atraviesa la cárcel en sus distintos ámbitos y espacios (aula, pabellón, sujetos), y esto se observa en primera instancia en el lenguaje. Lo anterior no significa una homogeneización de las prácticas lingüísticas hacia el lenguaje académico, sino que, más bien, este último nutre a la jerga carcelaria, y dota a sus hablantes de herramientas que posibilitan una mejor comunicación en otros ámbitos para visibilizarse como sujetos de derechos, sin perder identidad y conservando las singularidades propias de la jerga que los hace parte de un grupo que convive en un pabellón.
Las voces de quienes fueron entrevistados sostienen discursos similares a los que hemos referido ya, al identificar al centro universitario como un continente y un espacio propio, de pertenencia, que les construye identitariamente a la vez que un puente entre el pabellón y el resto de la cárcel (Umpierrez, 2021, 2020a, 2020b), un acceso a espacios al que, desde otra posición en el campo de juego (Elías, 1999), no se puede llegar o es muy complejo hacerlo. Después de años de existencia, los centros universitarios logran instalarse con visibilidad en la cárcel. En 2009, destacamos que quienes eran parte del centro pedían salir a la hora de apertura y los guardias desconocían la existencia del aula universitaria (Óscar M.D, presidente del centro universitario, junio 2009, comunicación personal). Al pasar de estos años, ya no sucede de esa forma; se ha institucionalizado la presencia de la universidad y los universitarios han conquistado ciertas libertades que otros detenidos no tienen. Quienes acceden a los centros y tienen continuidad en el tiempo (Umpierrez, 2020b) alcanzan ciertas oportunidades e ingresos a espacios de atención de la salud, a otros pabellones, a tareas específicas que, para la población en general, es imposible o poco frecuente que suceda. Ir al centro, ser parte de él aunque no se estudie (es el caso de quienes colaboran o no han reunido toda su documentación, por lo que no son estudiantes regulares) habilita cierta condición (¿jerarquía?) que le permite tener más capacidad de movimiento dentro de la cárcel. Con ello, puede conseguir para sí o para otros algunas respuestas, accesos (a sanidad, a ver a compañeros de otros pabellones, a tener una audiencia con alguna autoridad del penal), insumos (llegar a buscar algun alimento, intercambio de mercaderías con otros presos), entre otros.
Por otro lado y mirando las inscripciones a la vida de los centros universitarios y las tramas de relaciones, hemos identificado con reiteración referencias a haber sido cambiados, modificados en su vida y forma de pensar, de relacionarse y proyectarse a partir de estar en la universidad en la detención. “Nosotros somos el centro” (entrevista 6, hombre, 39 años, cárcel de máxima seguridad), ahí se aprende a construir, dicen los estudiantes. Además, consideran esta inscripción social como una herencia, un mandato que se recibe y se continúa porque se siente parte. El centro universitario se constituye en el lugar de pertenencia, como lo es el propio hogar en la vida libre.
Puppio (2022) reconoce, al analizar las trayectorias educativas, que un denominador común de quienes llegan a las propuestas de la universidad es la confirmación una vez más de la selectividad del sistema penal. Además, en la vida cotidiana de la cárcel se identifica que acceder a la educación es “esa oportunidad que se nombra como ‘beneficio’ [y que] puede ser reconocida por primera vez como un derecho” (p. 65): se trata de una nueva selectividad “que opera también en la cárcel para llegar a poder acceder al derecho a la educación” (p. 65). El mismo Puppio concibe el centro universitario como un conjunto de relaciones en las que los sujetos que lo integran “se constituyen en sujetos de disputa por derecho [...]. En ese caso, la herramienta de disputa es el derecho a la educación superior. Dicho de otro modo, esta disputa por su derecho colectivo a la educación es su participación activa como ciudadanos o sujetos de derecho y de las posibilidades de ejercicio” (p. 70).
La gestión de la cárcel, sin duda, incide no solo en la vida diaria al abrir o cerrar rejas, habilitar accesos, permisos, recursos, sino en la gestión de la violencia como modo de gobierno. A lo largo de los años de trabajo del equipo de investigación y, en particular, de quienes escriben este artículo, hemos podido constatar cómo las universitarias/os disponen de otros recursos para crear diálogos que conduzcan a espacios de negociación con compañeros, con personal y con quienes llegamos desde “fuera”. En la disputa de sentidos, pudimos reconocer gestiones de centros que trabajaban en consonancia con los propósitos que se imprimen desde la universidad y, en algunos momentos, advertir cómo algunos de los centros son cooptados por la política de resocialización y selectividad del servicio penitenciario (Umpierrez, 2020b).
Los relatos del estudiantado revelan que el paso por el aula y por la carrera se referencia como “la universidad”. Ser parte de esos espacios, del centro universitario, hace que se sientan miembros de la comunidad universitaria, lo que se asocia a una huella en su construcción subjetiva. En este marco, es particularmente relevante que la identidad que la detención confiere como “preso” se transforma en “estudiante” y, junto con esto, las disputas que el pasaje de una identidad a otra oficia de habilitante en la trama de la vida cotidiana de la unidad penitenciaria.
Huellas de la experiencia acumulada
La emergencia sanitaria impuesta por la pandemia por la COVID 19 se constituyó en un tiempo/espacio en el que los saberes disponibles después de cursar las carreras de grado y su condición de “universitarios” originaron intercambios con el conjunto de la población alojada en las cárceles y con el personal penitenciario. Debemos destacar que el estudiantado privado de la libertad jugó un papel central en la gestión de la unidad penitenciaria, lo que produjo “una cuña” en la solidez de la cárcel (Umpierrez, 2021). Una cuña, según el diccionario de la Real Academia Española (2022), es una “pieza de madera o de metal terminada en ángulo diedro muy agudo. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar alguna raja o hueco”. El término aquí refiere la posibilidad de provocar, de algún modo, fisuras en las formas dominantes de gestionar la vida en la cárcel, que tuvo incidencia tanto en la identificación de problemas como en la construcción de estrategias para solucionarlos en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).
Una recurrencia que surgió en nuestro análisis del material de campo obtenido en tiempos del ASPO fue reconocer el papel que jugaron los universitarios/as en la gestión de gobierno de la cárcel. Se registraron prácticas sostenidas por los estudiantes universitarios en las que se perciben saberes aprendidos en su paso por la universidad. Asumieron tareas de asesoramiento y prácticas jurídicas al producir escritos dirigidos a otros detenidos para ser enviados a los juzgados; promovieron canales de comunicación con organismos de derechos humanos y con medios de comunicación; acompañaron tareas escolares, organizaron tareas en pabellones, promovieron la lectura mediante el préstamo de libros, entre otras tareas.
Observamos de fondo la disputa de sentidos entre ese grupo organizado y los modos de gestión de la cárcel: así como las autoridades de las unidades penales acuden a los estudiantes universitarios para ser parte de la gestión de la cárcel al constituirse en referentes de sus pares y conducir a la pacificación y gobierno, cuando la fuerza de esos grupos crece surgen varias posibilidades: la cooptación, el traslado o la búsqueda de destrucción. En la tensión de esa construcción de fuerzas políticas, las formas de gobierno dominantes de la cárcel asociadas a la represión y la violencia retornaron de modo extremo en la represión de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020 cuando personal penitenciario incendió dos centros de estudiantes de otras universidades en la PBA, según consta en imágenes tomadas por detenidos que cuidaban las instalaciones (ver nota “CUSAM: tras la represión, la reconstrucción” 4/11/20).
Durante el ASPO, notamos un proceso de construcción de poder y un final cruel, pero anunciado: la dispersión de los actores en diferentes unidades penales, que señalaba de modo tácito, pero pretendidamente disciplinador con ese movimiento, que ya no corría peligro el orden interno dominante de la unidad penal. Entendemos que el crecimiento numerario de los centros de estudiantes en distintas unidades penales de la PBA consolida la emergencia de un nuevo actor social que construye otras tensiones en la vida cotidiana de las cárceles del SPB. Este actor social es colectivo y organizado y, a través de sus prácticas, se incorporan e inyectan nuevos saberes a los construidos en la detención, los códigos que hay que respetar, a partir de su paso por la universidad. Un indicador de este emergente, en medio de tanta confusión, angustia y desolación, es la capacidad de diálogo y negociación alcanzada como grupo. Identificamos la grupalidad (Del Cueto y Fernández, 2000) como un resorte que reúne y sostiene a este colectivo de estudiantes detenidos en una situación crítica y extrema de aislamiento.
Esa grupalidad es entendida como una capacidad construida y sostenida colectivamente que permite canalizar la desesperación en un horizonte de bien común: acompañar a los más desamparados en la búsqueda de atención a sus derechos de acceso a la justicia y educación. No se trata de un liderazgo individual, sino el despliegue de fuerzas colectivas que enlazan al interior de pabellones con necesidades y búsquedas de sostén. Remite a una construcción política que pone en tensión la propia cultura institucional, y se construye por el término de unos meses en actores dinamizadores del espacio carcelario (Correa, 2019), interlocutores con los detenidos en los pabellones. A diferencia de otros actores, como son los de limpieza o los hermanitos (Ángel, 2016) -detenidos que son responsables de conducir la vida en los pabellones y que reciben autoridad delegada por los agentes del servicio penitenciario-, negocian, pero tienen lectura crítica y resisten ciertos patrones de dominación. Se disputa aquí uno de los organizadores que atraviesan la vida de la cárcel: ubicar a los detenidos y detenidas en la tensión entre lo individual frente a lo colectivo como construcción compartida de sentidos.
Asimismo, se registra el diseño e implementación de prácticas educativas y de investigación que conducen a la construcción compartida de conocimientos entre docentes y estudiantes universitarios que asumen una perspectiva de formación que desafía el modo dominante y tradicional de la educación encarnada en el cuerpo.
Lejos de pensar el espacio universitario como terapéutico, se advierte como campo que tensa las historias y experiencias vividas por quienes están detenidos y ofrece nuevas herramientas teórico-metodológicas que les permiten delinear nuevos/otros/revisitados sentidos para sus trayectorias vitales. Tales trayectorias, que van siendo tamizadas por procesos de reflexividad, los habilitan para una mayor comprensión de los procesos sociales en los que sus vidas se tejen y para identificar lo que pueden modificar (o al menos comprender). La proyección acerca de cómo transitar hacia esos horizontes apela más a la posibilidad de asumirse autores de sus propios destinos.
La textura del trabajo en el relieve del territorio de la cárcel
Un aspecto emergente respecto a los propósitos iniciales de los programas de la UNICEN y que amerita una intervención es el desarrollo de experiencias asociadas al trabajo en la detención y el regreso a la vida en libertad. Este apartado presenta resultados de mapeos colectivos de los saberes laborales de los estudiantes detenidos y otras personas privadas de libertad con la finalidad de ofrecer una lectura diagnóstica que aporte a la planificación de proyectos asociativos.
La creación y el fortalecimiento de unidades productivas en la cárcel desde una intervención institucional de la universidad pública nos condujo a indagar la forma en que acontecen los procesos de negociación y disputa acerca de los sentidos que adquiere el trabajo en la cárcel. El camino espinoso que transitan quienes procuran trabajar en la prisión ha sido una recurrencia de este relevamiento, cuestión que contrasta con las enunciaciones de la discursividad social que aluden a una composición parasitaria de las cárceles y que han sido problematizadas en trabajos anteriores (Sosa y Vázquez, 2019; Sosa, 2020, 2022).
En este marco, la exploración abordó tanto los sentidos promovidos por la institución carcelaria, asociados a las nociones de castigo y condena penal, como los que -resistiendo a ellos- generan y propician conceptualizaciones acerca tanto del trabajo en la cárcel como del sujeto que trabaja. Al respecto, señalaremos algunas cuestiones.
En primer lugar, la consideración de los mecanismos de gestión, modelaje y producción de los sentidos del trabajo en la cárcel nos ha permitido poner en evidencia las distintas operaciones mediante las cuales se escoge, se da tratamiento y se consolida la conformación de dos grupos de detenidos: uno seleccionado como destinatario de acciones enunciadas con la misión de resocialización y definidas por una lógica carcelaria que se inscribe más en el mérito que en la condición de derecho. Otro grupo, mayoritario, sometido a un encierro a secas y con escaso o nulo contacto con la antedicha misión.
El estudio en las prisiones bonaerenses -focalizado en el primero y restringido grupo- señala que los detenidos son instruidos e instruyen en la vida cotidiana en un mandato que, efectivamente, encuentra en el trabajo una instancia más en la que es posible cristalizar el castigo y la condena. Por ello, las experiencias de trabajo y las huellas en la subjetividad que les son atribuibles se asocian más a la conformación de un “buen preso” que a un sujeto de derecho.
Las expresiones que han sido puestas de relieve como narrativas de las personas encarceladas en el centro de la PBA exponen el accionar de una institución penitenciaria que opera mediante un despliegue sistemático de mecanismos institucionales, formales e informales, que confluyen en un estatuto del trabajo en el que es posible concebirlo como pieza de cambio de mejores condiciones de vida en la prisión, circunscribir al sujeto que lo realiza a la condición de detenido e imprimirle sentidos asociados a la improductividad aunque bajo la rúbrica de la resocialización como estructurante de la política penitenciaria. En efecto, la indagación proporciona datos que ponen en evidencia la conformación de un espiral vicioso que se retroalimenta hasta consagrar el trabajo en una aporía que se permite a medias, se restringe o se impide.
En segundo lugar, la pesquisa destinada a complejizar la categoría nativa (Boas, en Guber, 2001, p.10) “beneficio” ha permitido elucidar las operaciones mediante las cuales el trabajo, al adscribirse al ámbito de la resocialización, se encarga de subrayar en el sujeto que trabaja la condición de condenado y, por tanto, se asocia a la gestión de la pena en el ámbito judicial y penitenciario. Dada esta base, se impone una modalidad de valorización que prescinde de generar o ampliar mecanismos de sostenimiento y manutención propia o colectiva en las personas que trabajan, cuestión que los conduce a la dependencia de otros para ello. En ese marco, la retribución monetaria se percibe intrascendente al ser comparada con la retribución judicial en tanto esta última se relaciona con el egreso, o bien, el alcance de un mejor pasar tras las rejas.
Con esta base, la lógica de la cárcel opera mediante el trabajo consolidando dos procesos de expropiación. El primero, que expropia la condición de derecho del trabajo producto de inscribirlo en la condena y consagra como medio para la resocialización de un sujeto condenado. Con ello, se embarga la posibilidad de construir espacios de autonomía en la tarea de provisión individual o colectiva de los detenidos, y perfila como único destino la construcción de “pequeños logros” que potencialmente conduzcan a la redención.
El segundo, consta de una expropiación del producto del trabajo ingresándolo a un recorrido que aspira a la indulgencia en el ámbito social, y lo expone como penado que ha retomado el rumbo mediante la inclusión en acciones de donación que protagoniza, gestiona y exhibe la institución penitenciaria tanto en comunicaciones institucionales como mediáticas.
Ambos despojos consolidan una condición para el sujeto detenido que le impide asumir individual o colectivamente la gestión de la reproducción de su vida, y es esto el estructurante de la eficacia simbólica de las prisiones en la región centro-bonaerense del siglo XXl. En efecto, el trabajo -en función de la condena- garantiza la dependencia de otros que proveen.
En tercer lugar, el examen de los mecanismos de la cárcel y los modos en los que operan en la subjetivación de un estatuto del trabajo que, por estar principalmente asociado a nociones de castigo o resocialización, nos ha permitido sostener que es ahí donde se cristaliza la condición de sujeto improductivo con que las políticas carcelarias definen e igualan a los detenidos sin distinción de causas judiciales ni trayectorias delictivas. Así, los procesos socioculturales de los que son tributarios, la lógica en la que se inscriben las prácticas que se encarnan individualmente y las resistencias generadas nos ofrecen caminos de indagación y análisis de las intervenciones de la universidad.
En este punto, el análisis deriva en aportes que colaboran en comprender la objetivación de la dimensión vivencial de las nociones de trabajo instituidas en la prisión y la reproducción de un sujeto improductivo -limitado en la capacidad de autosustentarse-, y comprende tanto la aceptación como las resistencias, resignificaciones y puestas en cuestión por parte de sujetos particulares. En esta clave, la identificación de la figura del paria, al mismo tiempo que habilita espacios reales de negociación, lo hace sin poner en cuestión la lógica penitenciaria. La figura del “paria” es recuperada de las narrativas de quienes están detenidos y es un apelativo con el que se refiere a quienes no son visitados por familiares o allegados en su estancia en la cárcel. Se asoma ahí un mecanismo que merece ser profundizado y que nos lleva a hipotetizar acerca de la ductilidad con que esta figura alterna la resistencia y la adaptación.
En este punto, ha resultado crucial dar espacio a la conceptualización de la capacidad de agencia de los actores concretos -tanto el personal penitenciario como los propios detenidos- que en sus relaciones cotidianas definen, según las coyunturas, lo que implica trabajar.
Por último, y en el plano de identificar algunas huellas del trabajo promovido por la universidad, indagamos la complejidad con que los sujetos detenidos miran la sociedad. El extrañamiento, en primer lugar, la elucidación, luego, y la proyección se presentan como tres trazas reconocidas en las experiencias asociadas a la “otra mirada” del trabajo que ofrece la universidad. Una cuestión aún más importante reside en que tales reposicionamientos, aun cuando se reconoce la incidencia de un externo -la universidad-, se relacionan con procesos mentales que se explican por la condición de estudiante universitario, lo que revela que es el propio sujeto el que se visualiza reposicionado.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Los interrogantes que iniciaron la pesquisa buscaban reconocer la incidencia de la universidad en la configuración de la vida cotidiana de la cárcel, en particular, los impactos en la subjetividad de quienes participan en las propuestas académicas y de extensión y las reescrituras biográficas suscitadas a partir de una co-construcción que se inicia con el acceso al derecho a la educación, al trabajo y que converge en un reposicionamiento como sujeto de derecho.
Con base en el trabajo analítico, hemos señalados algunos resultados que se constituyen en nuevos sustratos para seguir indagando en la vida cotidiana de las cárceles y la incidencia que tiene la presencia y el trabajo de la universidad pública en las personas privadas de la libertad. Entre las huellas del trabajo promovido por la universidad, pudimos identificar en el estudiantado universitario detenido la construcción de una mirada más compleja de la sociedad, la cual es percibida como tributaria de las experiencias universitarias. El extrañamiento, la problematización y la práctica de proyectar son tres aristas de las trazas y huellas que deja la universidad en las personas privadas de la libertad. Todas ellas dan cuenta, además, de distintos reposicionamientos de los sujetos que son alertados de sus propias capacidades expandidas y que las atribuyen a un reposicionamiento inicial: el ser estudiante universitario.
Las reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje en espacios universitarios en privación de la libertad y los reconocimientos realizados en el marco del análisis nos conducen a destacar la importancia de las propuestas educativas de las universidades -a través de su visibilización- en contextos de privación de libertad como estrategias concretas de transformación de la vida cotidiana de la cárcel.
Vale la pena aquí presentar una última afirmación respecto a esa tensión que atraviesa la educación en la cárcel: es necesario pensarla como parte de una cuña para incidir en procesos de liberación de grandes sectores sociales que devienen en población prisionizada como parte necesaria del avance neoliberal.
La educación, en particular las propuestas de las universidades en contextos de privación de libertad, puede constituirse en el modo capilar de transformar la vida cotidiana de la cárcel, y en esa cuña que pueda hendirse y dividir la solidez de la cárcel. Sin embargo, esta será una tarea muy desigual sin la presencia sostenida de agencias del Estado que demanden el cumplimiento de las normas preestablecidas. Se advierte al espacio universitario como campo que tensa las historias y experiencias vividas por quienes están detenidos y ofrece nuevas herramientas teórico-metodológicas que les permiten delinear nuevos/otros/revisitados sentidos para sus trayectorias vitales. Tales trayectorias, que van siendo tamizadas por procesos de reflexividad, les dan la capacidad de una mayor comprensión de los procesos sociales en los que sus vidas se tejen e identificar aquello que pueden modificar (o al menos comprender). La proyección acerca de cómo transitar hacia esos horizontes apela más a la posibilidad de asumirse autores de sus propios destinos y, asociado a ello, percibirse a sí mismos como sujetos de derecho dentro y fuera de la cárcel.
