Derechos, representación y brecha informativa

La mediatización del discurso político punitivista contra las personas migrantes en Argentina no es exclusividad de los años recientes. Ya durante la década de 1990, los medios de comunicación habían representado a las migraciones boliviana, paraguaya y peruana como agentes disruptivos de la armonía social: enfermedades, desocupación y delincuencia eran atribuidas a una migración que no respondía a las aspiraciones del poder neoliberal argentino (^{Caggiano, 2005}). La criminalización de migrantes regionales se convirtió en una de las marcas distintivas de la articulación “medios de comunicación-poder político” de esos años (^{Halpern, 2009}, p. 64) y los constituyó como “causantes de los males del país” (^{García, 2009}, p. 20) y “representantes coyunturales de la alteridad” (^{Rodríguez, 2019}, p. 33). Ese discurso excluyente tuvo un fuerte espaldarazo con la sanción del ^{Decreto 1117/98}, que fortaleció aspectos securitarios de la política migratoria y restringió el ingreso de personas de bajos recursos.

Tal como se desprende del análisis desarrollado más adelante, esta perspectiva volvió a ser parte de la agenda mediática y pública en los últimos años. Las nuevas migraciones regionales, especialmente las provenientes de Colombia y Venezuela, tuvieron una dispar representación en los medios audiovisuales, a la vez que la situación política de los países de origen -sumadas a ocasionales demandas al Estado de recepción- llevó a protestas de colectivos migrantes en Argentina que no tenían antecedentes en la ocupación del espacio público (^{Beccaria, 2020}).

Por otro lado, el ejercicio del derecho a la migración es inseparable de una información accesible sobre la legislación en la materia, pero “la información producida y difundida por el Estado argentino respecto a la población migrante es insuficiente” (^{Ceriani Cernadas et al, 2014}, p. 241). Este derecho está contemplado en el artículo 9 de la Ley de Migraciones (^{Ley 25.871 de 2004}), que obliga al Estado a proporcionar información a las personas migrantes sobre derechos y obligaciones, requisitos para su admisión, permanencia y egreso y cuestiones que faciliten el cumplimiento de formalidades administrativas. Del mismo modo, y aunque la Ley no legisla en materia de derechos políticos, su artículo 11 establece que el Ministerio del Interior informará a las personas extranjeras sobre condiciones y requisitos para ejercer su derecho al voto. En esta línea de análisis, “^{la Ley 25.871} representa un caso típico del desfase entre vigencia de la norma e información adecuada con el fin de garantizar su aplicación” (Ceriani Cernadas et al., 2014, p. 246).

Así mismo, como respuesta a la criminalización mediática y la escasa presencia de voces migrantes que puedan contrarrestar esos discursos, es preciso referir tanto la importancia de los medios de comunicación migrantes para la construcción política e identitaria de estos grupos (^{Melella, 2016}; ^{Beccaria, 2020}) como la constitución de un conjunto de personas migrantes organizadas en tanto movimiento social (^{Modonesi y Rebón, 2011}).

En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) (^{Lanza, 2019}) ha concluido en un informe específico sobre protesta social que las manifestaciones son recursos utilizados por grupos sociales históricamente marginados y/o vulnerados -como los de personas migrantes- que no tienen acceso a canales mediáticos e institucionales para resolver sus demandas, y cuya acción puede repercutir en la implementación de políticas públicas por parte del Estado. Así, como reacción a la sanción del ^{Decreto 70 de 2017}, en marzo de 2017 se produjo el primer Paro Migrante, que se reeditó en 2018 y 2019, y contó con la articulación de distintos colectivos y organizaciones, en la cual trascendió el factor nacional y étnico de sus integrantes, con una identificación más anclada en términos de clase trabajadora (^{Rho, 2021}).

Estas acciones de ocupación del espacio público y visibilización constituyen aspectos de una ciudadanía comunicacional (^{Mata, 2006}; ^{Uranga, 2013}; ^{Venier, 2019}; ^{Beccaria, 2020}) que aspira a tomar parte en las decisiones políticas que involucran a las personas migrantes, y que requiere de la información como herramienta necesaria para su consecución.

Discursos mediáticos y políticos

A continuación, se expone el análisis de las noticias que constituyen el corpus del presente trabajo, detalladas en el cuadro 1. En primer lugar, se agrupan las vinculadas al borrador del proyecto de ley con el cual el gobierno de Macri buscó crear un fuero migratorio a través del Congreso, casi dos años después de sancionado el DNU (^{Decreto 70 de 2017}).

En segundo orden, se describen las noticias referidas a normas provinciales que restringían derechos en materia de salud, en la provincia de Jujuy, y en materia de defensa, en la provincia de Chubut. Por último, se da cuenta de una serie de noticias complementarias referidas a la aplicación del DNU (^{Decreto 70 de 2017}) y las consecuentes órdenes de expulsión contra personas extranjeras por la comisión de delitos.

Fuentes que legitiman políticas

Luego de la declaración de inconstitucionalidad y la apelación del gobierno nacional, el DNU (^{Decreto 70 de 2017}) quedó vigente, a la espera de una definición de la Corte. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo procuró habilitar otro mecanismo legal que restringía derechos migratorios, esta vez a través del Legislativo. Así, buscaba corregir uno de los puntos señalados en el fallo de inconstitucionalidad, referido a la falta de tratamiento parlamentario.

En octubre de 2018, durante la sesión que dio media sanción al presupuesto 2019, la represión de una protesta en los alrededores del Congreso, en la CABA, dejó un saldo de 27 personas detenidas; entre ellas, dos de nacionalidad venezolana, una paraguaya y otra turca. Algunas noticias se detuvieron en esa particularidad, en razón de las declaraciones de funcionarios/as nacionales acerca de que el gobierno pediría un juicio abreviado para luego deportar a los cuatro detenidos extranjeros.

El noticiero de la Televisión Pública emitió un fragmento de la conferencia de prensa ofrecida por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que resaltaron el aumento de deportaciones durante ese último año como un dato positivo y se asoció la extranjeridad con la delincuencia. “El incremento de las deportaciones de delincuentes en la Argentina ha sido exponencial […] Hubo más deportaciones este último año que en los últimos diez años”, sostuvo Frigerio (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2018, 2m7s}). La funcionaria, por su parte, dijo:

El decreto [70 de 2017] está en vigencia. No siempre se publica cada vez que se expulsa a alguien, pero hay expulsiones en frontera, hay expulsiones de personas que tienen antecedentes, no entran personas con antecedentes, cosa que antes entraban, es un avance muy importante. En este caso, estas personas no tenían antecedentes. En el caso de Venezuela, algunas veces no se accede a las bases de antecedentes de quienes entran (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2018, 2m22s}).

A continuación, el conductor presentó un audio con declaraciones del senador de la oposición, Miguel Ángel Pichetto:

Espero que los cuatro extranjeros […] y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos -con esta visión tan alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80 000-, el paraguayo y el turco ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así. Pero bueno, seguramente ya deben estar en su casa, no va a pasar absolutamente nada e irán a la próxima manifestación (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2018, 3m33s}).

Mientras Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich reivindicaban la vigencia del DNU (^{Decreto 70 de 2017}) y el aumento de deportaciones como “un avance muy importante” (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2018, 2m43s}), todavía señalaban deficiencias en el traspaso de información sobre antecedentes penales de migrantes que algunos países de la región no otorgaban. Por su parte, la declaración del senador Pichetto resaltó la crítica a la “visión tan alegre” (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2018, 3m47s}) del gobierno sobre las estadísticas vinculadas al ingreso y radicación de personas extranjeras y a la falta de políticas claras en torno a los potenciales delitos que éstas podían cometer. Cabe aclarar que tanto los requisitos para la radicación como los causales de expulsión ya estaban definidos por la propia Ley de Migraciones (^{Ley 25.871 de 2004}).

Sin embargo, este caso expuso la concordancia entre el Poder Ejecutivo y sectores de la oposición en el Poder Legislativo en relación con la criminalización de la protesta social, la cual se presentaba agravada por la condición nacional de las personas detenidas.

A partir de esos meses finales de 2018, el director Nacional de Migraciones, Horacio García, inició un extenso recorrido por los estudios de los canales de televisión abierta de la CABA, con el objetivo de justificar la estrategia gubernamental para modificar la ^{Ley 25.871 de 2004}. El 5 de noviembre de 2018, García fue entrevistado en el piso de la Televisión Pública sobre un proyecto enviado al Congreso. Allí dijo que no implicaba un endurecimiento en el marco de las deportaciones, sino que se trataba de “hacer efectiva una orden que el Estado ya había definido” (^{TVP Noticias 2da Edición, 2018, 0m29s}), en evidente alusión al ^{Decreto 70 de 2017}. A su vez, sostuvo que la expulsión de personas extranjeras que habían cometido un delito era algo que “pasa en todos los países del mundo: el tema es hacerlo en forma expedita” (^{TVP Noticias 2da Edición, 2018, 0m42s}). Por otro lado, aclaró que “estamos hablando de una pequeña población que viene a cometer delitos” (^{TVP Noticias 2da Edición, 2018, 1m38s}). También informó, como argumento de que no se trataba de una medida restrictiva, que Argentina había otorgado 587 000 radicaciones durante los dos años y medio de gestión que duró la Alianza Cambiemos. Ante la pregunta del conductor acerca de que personas migrantes de Venezuela habían denunciado dificultades para realizar los trámites de radicación y que eso suponía un doble estándar entre quienes contaban con la regularización y quienes no, García se refugió en el hecho de que era el grupo nacional mayoritario, con 100 000 radicaciones. Luego ponderó las ventajas de la nueva interfaz para realizar los trámites llamada Radex y sentenció: “nosotros peleamos contra la irregularidad” (^{TVP Noticias 2da Edición, 2018, 6m27s}). Un comentario por demás ambiguo, tratándose de una noticia sobre un proyecto de ley que restringía derechos y que no clarificaba si esa pelea era para realizar una mayor cantidad de regularizaciones o para penalizarlas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las organizaciones migrantes y de derechos humanos denunciaron que el Radex presentaba dificultades para las personas sin recursos o con dificultades de acceso a la conectividad, además de una demora en los turnos y un aumento de las tasas. Precisamente, el tercer Paro Migrante de 2019 consistió en una movilización a la DNM y sumó a sus consignas el reclamo para dar marcha atrás con el Radex (^{Rho, 2021}).

En otro pasaje de la entrevista, el conductor preguntó: “En otro caso donde hay ilegales o personas que no están regularizadas y cometen delitos, ¿también se está realizando [la regularización]?” (^{TVP Noticias 2da Edición, 2018, 4m31s}). Este comentario habitual en el discurso periodístico revela el desconocimiento de la Ley de Migraciones, la cual no refiere a la ilegalidad, sino a la irregularidad en los trámites de residencia (^{Ley 25.871 de 2004}). Este déficit en la calidad informativa tiene diversas implicancias. Por un lado, habilita la reproducción de discursos estigmatizantes contra la población migrante; y por el otro, desaprovecha una posibilidad de difundir derechos para un sector de la sociedad que no puede ejercerlos, precisamente, por no conocer su existencia.

En otro noticiero, meses más tarde, García sostuvo en una entrevista grabada:

Cuando hablamos de migraciones tenemos que hablar de la gran mayoría: de los que vienen a trabajar, producir, estudiar. Y no hablar constantemente de la restricción. Por eso tenemos que solucionar la parte restrictiva. En este caso, estamos hablando de personas que han venido con otros fines, que han sido condenadas en 101 casos y que nosotros vamos a producir la expulsión cuando los hallemos. Tenemos 254 que son personas que han infringido la ley migratoria y también vamos a lograr la expulsión. Y después tenemos 600 que vamos a pedir la retención a la justicia. Es un trabajo mancomunado que cumple los lineamientos del ministro Rogelio Frigerio (^{Telenoche, 2019a, 0m00s}).

El discurso oficial con respecto a la presencia de migrantes buenos y malos fue otro de los pilares que el Poder Ejecutivo construyó a la hora de fundamentar su política migratoria. En palabras del funcionario, para dejar de hablar de “la parte restrictiva” (0m07s) de esa política primero había que “solucionarla” (^{Telenoche, 2019a, 0m10s}).

Luego, dos periodistas en piso, reforzados por una pantalla que exhibía apoyo gráfico con fotografías de la ministra Patricia Bullrich, especificaron que serían “alrededor de 1 000 personas en condiciones de ser expulsadas” (0m53s), y que no sólo era por la comisión de delitos graves, sino también por “violación de la ley migratoria, que también es un motivo para ser expulsados del país” (^{Telenoche, 2019a, 1m10s}). Sin embargo, no se estipuló qué tipo de infracción a la ^{Ley 25.871} se había cometido en esos casos, ni se diferenció lo que establecía la norma migratoria antes de la sanción del ^{Decreto 70 de 2017} con respecto a los delitos que eran causal de expulsión.

Luego, con el titular «Delincuentes o que hayan entrado ilegalmente», el columnista informó:

El gobierno lo que quiere es expulsar, o deportar en verdad, a aquellas personas que cometieron delitos o que infringieron las normas que vos estabas diciendo, que entraron de manera ilegal al país [...] Esto va acompañado de un proyecto de ley que impulsa el gobierno y que lo va a enviar al Congreso en los próximos días y que plantea una reforma un poco más amplia (^{Telenoche, 2019a, 1m15s}).

Nuevamente, se generalizó en torno a un supuesto ingreso “ilegal al país” (^{Telenoche, 2019a, 1m15s}) que criminaliza a las personas migrantes y evita responsabilizar al Estado en su obligación de establecer mecanismos para la regularización. Por otro lado, la conductora aludió al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para crear un fuero migratorio en el ámbito del Poder Judicial y agilizar las deportaciones:

Hay algunas cosas que el gobierno ya puede empezar a aplicar sin necesidad de esta ley, que tiene que ver con un decreto y demás. La decisión de que haya un fuero específico, un tribunal específico que trate los temas migratorios tiene que ser aprobado por ley. Ahora, estamos hablando de qué universo, de cuánta gente, ¿es un problema que resolvería, por ejemplo, la delincuencia en Argentina? En principio, claro que no. Sólo el 20 por ciento de los detenidos en cárceles federales son extranjeros (^{Telenoche, 2019a, 1m35s}).

En este caso, la periodista mencionó el ^{Decreto 70 de 2017} tangencialmente y moderó la responsabilidad de las personas migrantes como determinante de la delincuencia en Argentina. Sin embargo, apeló a un dato tomado de los considerandos del DNU citado, según el cual la población extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se había incrementado en 2016 a

21.35 por ciento del total, y en delitos vinculados al narcotráfico aumentaba a 33 por ciento (^{Telenoche, 2019a}). Según el CELS (2017, p. 182), “el gobierno presentó datos estadísticos de forma engañosa” para invocar una presunta situación de emergencia securitaria en relación con las personas migrantes. Allí, con datos del Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, el organismo sostuvo que las personas extranjeras detenidas en cárceles federales y provinciales representaban seis por ciento del total.

La diferencia planteada entre personas extranjeras deseables e indeseables volvió a ser considerada en un informe de la Televisión Pública, en el que el conductor construyó un binomio entre turistas y delincuentes:

A partir de lo sucedido la semana pasada con el turista sueco baleado, al que le terminaron amputando una pierna, por un delincuente peruano, otra vez se instala esta idea del gobierno de acelerar la expulsión de delincuentes extranjeros. Hay alrededor de 1 000 personas en esta situación (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2019a, 0m00s}).

Poco después, en una entrevista grabada García nuevamente aludió a la parte restrictiva en materia migratoria: “Por supuesto que un sistema tan abierto tiene que tener una contraparte, que es un sistema muy rígido y muy claro con respecto a los que rompen el contrato de confianza” (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2019a, 1m48s}).

Como puede observarse, las fuentes oficiales fueron el recurso unánime de los programas informativos para la construcción de noticias sobre políticas migratorias y de representaciones sobre qué tipo de migrantes podían ejercer sus derechos. Por su parte, las referencias a la ley vigente fueron difusas, por lo que tampoco se especificó cuáles eran los derechos que efectivamente asistían a estos grupos.

Restricciones provinciales en la agenda noticiosa

A la par que el gobierno nacional buscaba institucionalizar su política migratoria, algunas provincias impulsaron medidas restrictivas de derechos migratorios por su propia cuenta. Así, el 6 de febrero de 2019, sin debate público ni parlamentario, la Legislatura de la provincia de Jujuy sancionó la Ley 6.116, que creaba el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Según la norma, las personas extranjeras sin residencia permanente y que permanecieran de manera transitoria en la provincia estarían obligadas a abonar servicios de salud pública en caso de necesitarlos (^{Ley 6.116 de 2019}). De esta forma, contradecía lo dispuesto por la Ley 25.871 y por la legislación internacional, que garantizan el acceso a la salud como derecho universal, más allá de condiciones de nacionalidad o estatus migratorios (^{Ley 25.871 de 2004}).

En los noticieros de canales de la CABA que informaron sobre esta medida, fue presentada como una respuesta a lo que había sucedido con un joven argentino accidentado en Bolivia, quien había tenido que hacerse cargo de los gastos de la atención médica en ese país. De tal modo, se justificaba la necesidad de una reciprocidad en la política de salud entre ambas naciones.

En una entrevista telefónica con el ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, el funcionario recalcó que nunca habían podido firmar un convenio de reciprocidad sanitaria con Bolivia, y denunció varios casos de turistas argentinos en ese país que no habían sido atendidos por no poder pagar los tratamientos (^{Buen Telefe, 2019a}). Con imágenes de la lectura del proyecto de ley en la Legislatura jujeña y su aprobación, otra presentadora aclaró que era un seguro que la provincia cobraría para personas extranjeras “en tránsito” y no para las residentes (^{Buen Telefe, 2019a, 0m15s}). Además, aludió a las negociaciones entre las cancillerías argentina y boliviana para plantear una reciprocidad (^{Telenueve Central, 2019a}).

A propósito de este hecho, otro noticiero exhibió un informe con testimonios de personas migrantes que opinaron positivamente sobre la atención en salud gratuita en nuestro país, a diferencia de lo que ocurría en sus países de origen donde debían pagar. Así mismo, se citaron datos de la Cancillería acerca de que la mayor parte de pacientes extranjeros provenían de Bolivia y Paraguay (^{Telefe Noticias, 2019a}).

Un día después de la sanción de esa ley en Jujuy, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó el Decreto Provincial 136/2019, que establecía la expulsión y la prohibición de ingreso a la provincia a aquellas personas extranjeras que tuvieran antecedentes penales (^{Decreto 136 de 2019}).

“Los extranjeros han sido protagonistas esta semana, por el uso que hacen de los servicios de salud, pero también por la inseguridad”, comentó un conductor para referirse a la medida (^{Telefe Noticias, 2019b, 0m00s}). Con placas en pantallas se mostraron cifras sobre “¿Cuántos extranjeros son delincuentes?” (^{Telefe Noticias, 2019b, 0m36s}). A continuación, según datos del Ministerio de Seguridad de la CABA, se informó que, en ese distrito, sobre 24 945 personas detenidas en 2018, 4 360 eran extranjeras (17 %); y en la provincia de Buenos Aires, sobre 105 933, 1.4 por ciento eran extranjeras. También dieron datos sobre personas detenidas a nivel nacional, esta vez tomando los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Penitenciarias (y no del ^{Decreto 70 de 2017}). “Con estos números nos tenemos que preguntar, ¿los extranjeros son realmente el problema de la inseguridad en Argentina?”, dijo el conductor (^{Telefe Noticias, 2019b, 1m39s}). Y luego enfatizó que era un tema riesgoso si se trataba de una medida electoralista, porque puede “alimentar la xenofobia y ese camino no es sano en democracia” (^{Telefe Noticias, 2019b, 2m49s}).

Por su parte, un columnista dijo que el decreto era “polémico” (^{Telenoche Noticias, 2019b, 0m03s}) porque era una potestad del gobierno federal. “Pero lo hizo, Chubut lo hizo”, completó la conductora en un claro gesto de apoyo a la medida (^{Telenoche, 2019b, 0m50s}). Otro programa mostró el testimonio del gobernador explicando la medida. El presentador dijo que se había abierto “una polémica por su inconstitucionalidad” (^{Telenoche, 2019b, 0m07s}), ya que habilitaba la expulsión sin condena firme y eso sólo podía legislarse a nivel nacional. Luego se exhibió una entrevista al constitucionalista Daniel Sabsay, quien criticó tanto el decreto de Chubut como la medida votada en Jujuy (^{Telenueve Central, 2019b}).

Un conductor, en tanto, editorializó: “La verdad que es una medida muy importante para Chubut, ha tenido por supuesto sus detractores y ha tenido mucha gente a favor […] Una gran medida por parte del gobernador de Chubut” (^{Buenos Días América, 2019b, 0m02s}). En otro segmento, una columnista amplió la información: “El argumento tiene que ver con el aumento del número de delitos en relación con el aumento de extranjeros. No se dieron números, fue una argumentación, pero no es que se dio una estadística” (^{Buenos Días América, 2019b, 2m01s}). Otro columnista especificó la potestad federal de la política, aunque el conductor dijo que la provincia podía disponer su expulsión de los límites provinciales: “¿Por qué con los impuestos de los chubutenses tienen que bancar los delitos de los extranjeros?”, sentenció. Por su parte, el columnista de policiales dijo que, de 188 personas detenidas en la CABA en lo que iba del año, 133 eran extranjeras (^{Buenos Días América, 2019b, 3m45s}). También comentaron que el jefe de gobierno, Horacio ^{Rodríguez Larreta}, se había manifestado en la misma línea (^{Buenos Días América, 2019c}).

Más adelante, volvieron al tema con un video editado con declaraciones de funcionarios, especialistas y víctimas de delitos, algunos de ellos cometidos por personas de nacionalidad argentina. Entre las frases resaltadas, destaca la emitida por el abogado penalista, Eduardo Gerome: “Y qué van a hacer a la calle, como el colombiano este, van a entrar a delinquir” (^{Buenos Días América, 2019d, 0m46s}). Así mismo, el senador Miguel Ángel Pichetto afirmó que “los colombianos que vienen acá vienen con antecedentes de narcotráfico, delitos peligrosos, la mayoría de ellos son los que andan por arriba de las motos, y también los peruanos” (^{Buenos Días América, 2019d, 0m57s}). El conductor, por su parte, dijo que “Chubut ha recibido la mayor cantidad de delincuentes extranjeros”, sin citar la fuente (3m14s), y luego añadió: “A mí me parece fantástico lo que hace el gobernador de Chubut” (^{Buenos Días América, 2019d, 4m10s}).

Por su parte, en la Televisión Pública citaron a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Frigerio acerca de que el decreto “tiene la misma filosofía que el gobierno nacional” (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2019b, 0m21s}). En otro segmento entrevistaron en piso al constitucionalista Félix Lonigro, quien se mostró “filosóficamente” a favor de la medida (3m52s), pero señaló que la facultad de decidir la expulsión de una persona extranjera era una potestad nacional que las provincias delegaron al momento de crear la Constitución. A su vez, emitieron un informe grabado con el testimonio de Diego Morales, abogado del CELS, quien calificó a la medida de “mamarracho jurídico” (6m55s) porque las provincias no podían establecer reglas en esa materia. El invitado, a pesar de que acreditó el argumento, disintió con el representante del CELS en la manera de concebir la Ley de Migraciones (^{Ley 25.871 de 2004}) como un derecho a la migración en tanto “derecho absoluto” (8m21s), y coincidió con la “buena política” del gobierno nacional (^{TVP Noticias 3ra Edición, 2019b, 9m20s}).

En estos casos, las opiniones y valoraciones periodísticas sobre las medidas fueron pendulares, aunque las amplias coberturas instalaron el tema en la agenda. En algunos casos, se tergiversaron los argumentos con el fin de justificar las medidas (“¿Por qué con los impuestos de los chubutenses tienen que bancar los delitos de los extranjeros?” ^{[Buenos Días América, 2019b, 3m45s]}). Por otro lado, la difusión de estadísticas fue divergente en los distintos canales y, en algunos casos, confusa. Como sucedió con las noticias sobre el proyecto de ley nacional, en este caso las fuentes también fueron predominantemente oficiales y a favor del espíritu de las normas. Aunque los testimonios de constitucionalistas pusieron en tela de juicio la validez de estas medidas, incluso cuando se identificaban con la línea de las políticas migratorias del gobierno nacional. La única fuente que se expresó en contra del decreto de Chubut fue parcialmente cuestionada por uno de los constitucionalistas. En tanto, apenas se registró la voz de personas migrantes en un informe sobre el acceso a la salud pública en Argentina, en contraste con la de sus países de origen.

Criminalización y castigo mediático

Paralelamente, como apoyo a este discurso oficial legitimado por los noticieros televisivos, estas emisiones pusieron en agenda distintos hechos policiales que vinculaban a personas extranjeras y suponían una acción del Estado para su expulsión. Esta lógica confirma la existencia de una matriz policializante en la construcción de noticias sobre personas migrantes.

Durante 2019, entre las noticias emitidas por programas informativos de televisión abierta que tematizaron las migraciones, proliferaron las referidas a deportaciones de personas extranjeras, en el marco de la vigencia del Decreto 70 de 2017 (DPSCA, 2019). Una noticia que marcó la agenda mediática al respecto fue la medida judicial por la cual se deportaría a una persona de nacionalidad colombiana acusada de cometer un robo, y que se encontraba prófuga. Sobre el hecho, un conductor señaló: “La verdad que no queremos tener delincuentes argentinos, y mucho menos importados” (^{América Noticias, 2019a, 0m02s}). Un titular expresó que “robó un celular y lo liberaron tras el pago de 700 [pesos argentinos]” y que sería deportado a petición de la DNM (^{América Noticias, 2019a, 0m39s}). En otro noticiero, el conductor dijo que el acusado había ingresado como turista y se le había vencido su plazo de estancia en el país. Luego completó, confundiendo ilegalidad con irregularidad migratoria: “Como seguía ilegal, y además se dedicaba a robar, era delincuente, por eso la expulsión” (^{Buenos Días América, 2019a, 1m40s}).

La semana siguiente, un noticiero dio cuenta del caso de “cuatro colombianos detenidos por robar autos”, con imágenes del operativo en el municipio de Vicente López (^{Telenueve al Amanecer, 2019a, 0m14s}). Los titulares informaron que “serán deportados” y que “los van a expulsar del país” (5m17s). Luego exhibieron fotos de las cuatro personas detenidas: “Tenían antecedentes por delitos en Colombia […] Por qué entró en 2016 si ya tenía antecedentes [...] Porque Colombia no lo informó a Interpol cuando Argentina solicitó la información”, comentó la columnista (^{Telenueve al Amanecer, 2019a, 6m20s}). De otra persona dijeron que “si bien no tiene antecedentes [...] está siendo investigada por la DNM porque aparentemente no estaría en una situación regular dentro de Argentina”, equiparando la irregularidad migratoria, una vez más, con delitos graves y desconociendo la ^{Ley 25.871} (^{Telenueve al Amanecer, 2019a, 7m42s}).

Todos en situación irregular y plantean nuevamente la situación de los extranjeros que delinquen, ¿no? Cuántas preguntas. Delinquen, ingresan al país, hay una situación que no queda claro por qué pueden ingresar, si por error u omisión, pero la cuestión es que, como había pasado con el uruguayo y tantos otros (^{Telenueve al Amanecer, 2019a, 8m04s}).

El foco se vuelve a poner sobre la nacionalidad de delincuentes para apoyar el discurso oficial y legitimar las medidas restrictivas en materia migratoria. Para complementar este mecanismo de articulación entre discurso mediático y político, la columnista cerró: “El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se refirió al tema [...] y dijo que los delincuentes que delinquen, él está apoyando la situación de deportación” (^{Telenueve al Amanecer, 2019a, 8m58s}).

En abril de 2019, los noticieros hicieron eco de la detención de dos artistas de nacionalidad chilena, quienes habían viajado para dar un taller en el marco del Congreso de la Lengua en la ciudad de Córdoba; se les acusó de dejar un artefacto explosivo en el hotel donde se alojaban. “Terminaron detenidos como presuntos terroristas o presuntos anarquistas”, describió un presentador de ^{Telenueve Central (2019c, 0m15s)}. La columnista política del noticiero criticó la detención de ambas personas desde hacía 48 horas, incomunicadas y sin defensa asignada, mientras mostraba portadas de diarios de Chile en la misma sintonía (^{Telenueve Central, 2019c}). A continuación, y a modo de serialización de casos, otro columnista se preguntó: “¿Hay un exceso de celo detrás de las fuerzas de seguridad, hay una sobreactuación?” (11m41s). Después informó sobre la retención del plantel pakistaní de futsal que había llegado a la Argentina para disputar el Mundial, “por razones de seguridad nacional”, y sobre las deportaciones de una ciclista colombiana y de una pareja de nacionalidad iraní (^{Telenueve Central, 2019d, 0m15s}).

La pregunta acerca de si los artistas chilenos realmente eran terroristas rondó permanentemente los discursos periodísticos, aun cuando ninguna información oficial los había presentado como tales, ni se había contrastado el contenido de la Ley Antiterrorista que define este tipo de delitos. Incluso un columnista dijo que ningún funcionario había aclarado “si son guerrilleros extremistas o no”, proponiendo un nuevo rótulo criminalizante (^{Telenueve al Amanecer, 2019b, 1m22s}).

En otro canal desmintieron que se tratara de terroristas, pero luego emitieron el testimonio de uno de los policías que realizó el operativo en el hotel, quien dijo que el elemento detonado era una bomba incompleta. Luego, desde un móvil en Palermo entrevistaron a una amiga de los artistas, con un punto de vista opuesto (^{Buen Telefe, 2019c}). Por su parte, un noticiero tildó el caso de “inexplicable” (^{América Noticias, 2019b, 0m38s}), mientras que otro emitió una noticia breve sobre la liberación por falta de pruebas (^{Síntesis, 2019}). Al día siguiente, informaron que las dos personas no podrían salir del país hasta que se cerrara la investigación. Así mismo, un columnista criticó “la actitud” (^{Buenos Días América, 2019f, 1m14s}) de los imputados por haberse retirado, presuntamente, sin pagar del hotel, porque dicha acción derivó en la activación del “operativo antiterrorista” (1m11s). Meses después, se informó acerca del sobreseimiento de ambas personas (^{Buen Telefe, 2019d}; ^{TVP Noticias 2da Edición, 2019}). Por su parte, se difundió una entrevista con la ministra Patricia Bullrich en la que defendió el accionar del gobierno en los casos de los/as deportistas y de los/as artistas (^{Arriba Argentinos, 2019}).

En una menor cantidad de casos, se ofrecieron algunas aristas sobre la restricción de derechos en tono de denuncia. Tal fue la cobertura de un noticiero sobre el caso de una mujer de nacionalidad peruana que había purgado una pena por narcotráfico en el Penal de Ezeiza y que, sin embargo, fue deportada con su hijo menor y separada de dos de sus hijos que quedaron en Argentina. El conductor presentó una entrevista en piso con el abogado de la mujer: “Hay un rediseño de la relación del Estado argentino con los extranjeros, ni qué hablar si tiene antecedentes” (^{Buen Telefe, 2019b, 0m00s}). El letrado, por su parte, aludió a las restricciones que el DNU (^{Decreto 70 de 2017}) produjo sobre los principios de “unidad familiar” (5m53s) y “reunificación familiar” (^{Buen Telefe, 2019b, 4m41s}). Sostuvo que “el procedimiento fue engañoso” y que los niños eran argentinos, con lo que debía hacerse lugar al mencionado principio de reunificación garantizado por la Ley de Migraciones, además de recordar que la mujer ya había cumplido su pena (^{Buen Telefe, 2019b, 1m41s}).

A propósito de esta cadena de hechos noticiados, el director Nacional de Migraciones volvió a ser entrevistado en los estudios de un noticiero. El segmento fue presentado con una edición de imágenes acompañadas por declaraciones de funcionarios/as criticando la supuesta flexibilidad del sistema migratorio, cuyo marco estuvo dado por los mencionados casos de deportaciones. El funcionario volvió a recurrir a las estadísticas para mostrar una faceta positiva en las políticas migratorias del gobierno, aunque con algunos aspectos que, según García, debían corregirse. Allí resaltó que llevaban 700 000 radicaciones en tres años, de las que 83 por ciento se había asentado en la CABA y el Gran Buenos Aires (GBA), lo cual era un problema demográfico para el cual propuso reorientar el flujo migratorio hacia las provincias, justamente cuando allí también se restringían derechos. Dijo que habían consultado a varios gobernadores para conocer la demanda insatisfecha y resaltó la migración “joven, pujante, instruida” de Venezuela (^{Buenos Días América, 2019e, 5m21s}). Los periodistas preguntaron sobre el sistema de seguimiento de personas extranjeras que cometen delitos y el de lucha contra el terrorismo, aludiendo al tema de los/as artistas chilenos/as, sobre lo cual el funcionario explicó que “1 637 personas fueron deportadas” (^{Buenos Días América, 2019e, 11m59s}).

Tal como sucede cuando un gobierno pretende establecer una medida regresiva en materia de derechos, debe buscar su legitimidad a través de canales mediáticos que reproducen sentidos muchas veces estigmatizantes y discriminatorios (^{Caggiano, 2005}). El aumento de noticias criminalizantes sobre personas migrantes en 2016 -un año antes de la sanción del DNU (^{Decreto 70 de 2017})- y 2019 -año en el que se dirimió la constitucionalidad del mismo- (DPSCA, 2019) da cuenta de la complementariedad de los discursos políticos y periodísticos a la hora de establecer agenda para validar determinadas medidas. De hecho, en este grupo de noticias policiales vuelven a resaltar las fuentes oficiales que defienden las políticas migratorias regresivas.

Por otra parte, no se registraron noticias sobre el Paro Migrante que llevaba como consigna “Migrar no es delito”, cuya primera manifestación se produjo en marzo de 2017, para reeditarse en 2018 y en 2019.

A continuación, en el cuadro 2 se describen los ejes a partir de los cuales se construyeron las noticias analizadas en los tres apartados precedentes.